Sentencia T-280 de 2016

T-280-16 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-280/16 SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO-Características y obligaciones del Estado DERECHO AL SANEAMIENTO BASICO-Evolución de la jurisprudencia constitucional e instrumentos internacionales DERECHO A LA VIVIENDA, INTIMIDAD Y SALUD-Vulneración cuando problemas del sistema de alcantarillado y residuos líquidos afectan de manera colectiva el derecho al ambiente sano SANEAMIENTO BASICO-Obligaciones específicas en materia de derechos fundamentales para garantizar la dignidad humana El saneamiento básico, entendido como el acceso a un sistema para la recolección, transporte, tratamiento y disposición o reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, genera obligaciones en materia de derechos fundamentales indispensables para garantizar la dignidad humana, pues las personas que no cuentan con sistemas adecuados para este fin, carecen de condiciones higiénicas y seguras que les permitan desarrollar sus proyectos de vida en espacios libres de enfermedades y olores nauseabundos. En efecto, quienes carecen de saneamiento básico se ven expuestos a epidemias y enfermedades prevenibles que aumentan los niveles de mortalidad infantil, así como a olores que hacen insoportable el ambiente en el que viven. Además, la carencia o deficiencia de los sistemas de saneamiento básico desincentiva la permanencia de niños y niñas en las escuelas obstaculizando su derecho a la educación, y hace indignos los lugares de trabajo. DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA, A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA SALUD-Vulneración por Alcaldía al no adoptar medidas técnicas para solucionar las inundaciones generadas por el desbordamiento de aguas negras y residuales al interior de viviendas DERECHO AL SANEAMIENTO BASICO-Orden a empresa de acueducto y alcantarillado continuar ejecutando medidas de limpieza de las redes de alcantarillado con efectos inter comunis Referencia: expedientes T-5389243 y T-5389244. Acumulados Acciones de tutela presentadas por Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P. Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos en el expediente T-5389243, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) y, en segunda instancia, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, Valle, el treinta (30) de septiembre del mismo año, dentro del proceso de tutela iniciado por Jorge Arturo Bermúdez Gallo contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P.; en el expediente T-5389244, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) y, en segunda instancia, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, Valle, el seis (6) de octubre del mismo año, dentro del proceso de tutela iniciado por Marco Fidel Cañaveral Guzmán contra las entidades antes arriba descritas. Los expedientes de la referencia fueron seleccionados para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres, mediante auto proferido el once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en donde se decidió su acumulación por presentar unidad de materia. I. ANTECEDENTES 1. Expediente T-5389243 Demanda y solicitud El once (11) de agosto de dos mil quince (2015), Jorge Arturo Bermúdez Gallo actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía del municipio de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, dignidad humana, integridad física, medio ambiente sano y salud. Lo anterior, a raíz de las continuas inundaciones de su vivienda generadas por la saturación de la red de alcantarillado con las aguas lluvias, debido a que estas últimas no cuentan con un sistema adecuado para su evacuación[1]. En consecuencia, solicitó que se ordene a quien corresponda la realización de las obras necesarias para resolver la problemática que en la actualidad está afectando su calidad de vida y la de su núcleo familiar, así como su salud y demás derechos fundamentales invocados; ya sea a la empresa de servicios públicos para que realice la adecuación de la infraestructura de alcantarillado o a la Alcaldía Municipal para que ejecute el Plan Maestro de Aguas para el municipio de Florida o construya los sumideros que sean necesarios para la evacuación de las aguas lluvias de la zona afectada. El accionante fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos: - Su vivienda está ubicada en la calle 7ª No. 18-09 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en la cual reside con su núcleo familiar[2]. - De un tiempo para acá en su barrio viene ocurriendo una problemática con las tuberías que conducen las aguas negras, las cuales al llover se saturan y se rebosan al punto de inundar su casa y la de sus vecinos con dichas aguas sucias, pues se desbordan por los sifones y los sanitarios. - Explicó que esta situación ocurre debido a que a pocas cuadras de su casa (entre las calles 8ª y 7ª y carreras 17 y 18), desemboca una alcantarilla más grande en una más pequeña que hace que colapse. - Señaló que esta problemática la han puesto en conocimiento de las entidades y la empresa prestadora de servicios públicos accionadas, a través de un derecho de petición, sin que hasta el momento se haya dado ninguna solución. - Explicó que las entidades solo han respondido en forma verbal y que evaden la responsabilidad haciendo remisiones de una dependencia a otra, sin dar solución al asunto de fondo. - Planteó que la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. carga en las facturas de servicios públicos el concepto de alcantarillado, el cual tiene un costo promedio mensual de siete mil quinientos pesos ($7.500)[3]. Pese a ello, dicho servicio no se está prestando adecuadamente. - Afirmó que su derecho fundamental a la salud y el de su familia “se ve vulnerado cada vez que [las] aguas negras se desbordan en el interior de [su] casa por los sifones y sanitarios ya que son los desechos no solo de [su] casa sino de gran parte de la comunidad”[4]. - Sostuvo que la problemática puede agravarse ya que con el desborde de las aguas negras de las alcantarillas a la superficie terrestre, se pueden generar humedades que pueden ocasionar grietas y el derrumbamiento de la vivienda en la que reside con su familia. Respuesta de las entidades accionadas Mediante auto No. 495 del once (11) de agosto de dos mil quince (2015), el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, admitió la demanda de tutela y le corrió traslado a las entidades accionadas a fin de que ejercieran su derecho de defensa[5]. El Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Florida, Valle[6], radicó escrito de contestación el trece (13) de agosto de dos mil quince (2015)[7], en el cual expuso lo siguiente: - El municipio de Florida, Valle, bajo convenio o contrato suscribió el manejo de las aguas servidas con la empresa de acueducto y alcantarillado del Valle del Cauca Acuavalle S.A., que tiene como función la operación, el mantenimiento y la reposición del sistema de acueducto y alcantarillado en el casco urbano. - El sistema de alcantarillado del municipio de Florida Valle opera solo el manejo de las aguas servidas y no funciona como un sistema mixto (aguas servidas y aguas lluvias), y el municipio no cuenta con un sistema paralelo de aguas lluvias. - En visitas realizadas se observa que los predios tienen conectados el sistema de recolección de aguas internas al sistema de alcantarillado, lo que ocasiona que en el momento de escorrentía se genere la colmatación de las tuberías sanitarias causando en algunos casos que estas se devuelvan por los orificios internos de las casas. - El municipio de Florida, Valle, la Gobernación del Valle del Cauca y la empresa vallecaucana de Aguas se encuentran gestionando un Plan Maestro de Aguas para el municipio de Florida. El catorce (14) de agosto de dos mil quince (2015), el primer suplente del representante legal de la sociedad Acuavalle S.A. E.S.P.[8], radicó escrito de respuesta a través del cual explicó que la empresa de servicios públicos en ningún momento ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, toda vez que no maneja las aguas lluvias del municipio sino solo el servicio de acueducto y alcantarillado, el cual está funcionando bien y se le hace el mantenimiento que corresponde[9]. Precisó: “Los hechos expuestos por el demandante y de los que no tiene conocimiento Acuavalle S.A. E.S.P., hacen referencia a que [este] y sus representados se ven perjudicados con las aguas lluvias que corren por las vías de su lugar de residencia; problema que le corresponde solucionar [al] municipio por ser de su competencia; ya que Acuavalle S.A E.S.P., no maneja las aguas lluvias no las tiene incluida[s] en su tarifa de servicios públicos porque no presta este servicio; es de anotar que según [el] demandante ha formulado solicitud a través de un derecho de petición [que el municipio no le contestó] y que además no le han solucionado el problema planteado que consistía en construir unos sumideros para evacuar las aguas referidas, que afectan la vía pública y las viviendas aledañas; lo cual […] constituye según el propio escrito del demandante una trasgresión de sus derechos constitucionales […]. El demandante ha planteado en su escrito la falta de atención del municipio, a las reclamaciones presentadas, de las cuales no tiene responsabilidad Acuavalle S.A. E.S.P. porque siguen afectados los vecinos del barrio con los problemas que se presentan y que han denunciado, aparentemente se trata de un problema en una domiciliaria de acueducto pero no en el sistema general de acueducto y alcantarillado, el cual es solucionable, tanto por el usuario y [por] Acuavalle S.A. E.S.P., hasta donde le corresponde. Es de anotar señor Juez, que Acuavalle S.A. E.S.P., no tiene el manejo de las aguas lluvias en el municipio, no las incluye como servicio en la factura que emite mensualmente a cada uno de sus usuarios, en esa población, [porque] sencillamente no presta el servicio, […]. El factor que afecta al sector del barrio donde reside el demandante y sus representados es la incidencia de las aguas lluvias que penetran el sistema de alcantarillado y causan el rebosamiento sobre las vías públicas; destacando que en tiempo de verano el sistema de alcantarillado funciona normalmente; lo que hace necesariamente indispensable la construcción de los sumideros por parte del municipio; para evacuar las aguas lluvias. Es de destacar que no existe red de alcantarillado pluvial en Florida, Valle, y las aguas provenientes de las lluvias, se manejan por escorrentía sobre las vías públicas y su disposición final se lleva [a] nuestro alcantarillado, de manera por demás irregular generando problemas de inundación que perjudican a la comunidad; por la no existencia de sumideros ubicados técnicamente que permitan su evacuación regular. […] En lo que respecta al alcantarillado Acuavalle S.A. E.S.P., realiza periódicamente el mantenimiento a la red y esta funciona perfectamente, es decir que evacua las aguas que conduce y no se reciben quejas en este sentido en tiempo de sequía”[10]. Finalmente señaló que no se opone a que se amparen los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues es la Alcaldía Municipal de Florida a quien corresponde dar solución de fondo al asunto puesto en conocimiento a través de la acción de tutela. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, ofició a las entidades de atención de emergencias que funcionan en el municipio para que informaran “si en tiempo de invierno o de lluvias o en alguna oportunidad han recibido solicitudes para atender emergencias por aguas lluvias y/o alcantarillados y en qué fecha han sucedido tales eventos”[11], en el inmueble ubicado en la calle 7ª No. 18-09, lugar de residencia del accionante, entre otros[12]. En respuesta a lo anterior, el Coordinador de Desastres del municipio de Florida[13] el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), comunicó “que en los últimos cinco (5) años no [recibió] solicitud alguna por afectación a viviendas ubicadas en la calle 7 con carrera 18 en cuanto a inundaciones por fuertes lluvias o aguas negras que afecten el alcantarillado del sector”[14]. En similares términos y en la misma fecha se pronunció el presidente de la Defensa Civil de Florida[15]. Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia El Juez Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, mediante sentencia No. 092 del dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015)[16], negó la acción de tutela interpuesta por Jorge Arturo Bermúdez Gallo contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P., al estimar que no se acreditó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados[17]. Impugnación El veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015), el señor Jorge Arturo Bermúdez Gallo en la diligencia de notificación personal de la sentencia No. 092 del dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), impugnó la decisión del Juez Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, sin hacer referencia a argumento alguno[18]. Decisión que se revisa del juez de tutela de segunda instancia El Juez Quinto Civil del Circuito de Palmira, Valle, mediante sentencia No. 093 del treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015)[19], confirmó el fallo de primera instancia al considerar que no hay prueba en el expediente de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales por parte de los entes accionados, y menos la ocurrencia de un perjuicio irremediable para efectos de conceder el amparo como mecanismo transitorio. Además, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiaridad, toda vez que el accionante puede acudir a los mecanismos que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, agregó que el accionante al impugnar el fallo de primera instancia no presentó argumentos distintos a los del escrito original ni tampoco aportó nuevas pruebas para controvertir dicha decisión. 2. Expediente T-5389244 Demanda y solicitud El trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), Marco Fidel Cañaveral Guzmán actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía del municipio de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, dignidad humana, integridad física, medio ambiente sano y salud. Lo anterior, a raíz de las continuas inundaciones de su vivienda generadas por la saturación de la red de alcantarillado con las aguas lluvias, debido a que estas últimas no cuentan con un sistema adecuado para su evacuación[20]. En consecuencia, solicitó que se ordene a quien corresponda la realización de las obras necesarias para resolver la problemática que en la actualidad está afectando su calidad de vida y la de su núcleo familiar, así como su salud y demás derechos fundamentales invocados; ya sea a la empresa de servicios públicos para que realice la adecuación de la infraestructura de alcantarillado o a la Alcaldía Municipal para que ejecute el Plan Maestro de Aguas para el municipio de Florida o construya los sumideros que sean necesarios para la evacuación de las aguas lluvias de la zona afectada. El accionante fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos: - Su vivienda está ubicada en la calle 7ª No. 18-70 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en la cual reside con su núcleo familiar[21]. - De un tiempo para acá en su barrio viene ocurriendo una problemática con las tuberías que conducen las aguas negras, las cuales al llover se saturan y se rebosan al punto de inundar su casa y la de sus vecinos con dichas aguas sucias, pues se desbordan por los sifones y los sanitarios. - Explicó que esta situación ocurre debido a que a pocas cuadras de su casa (entre las calles 8ª y 7ª y carreras 17 y 18) desemboca una alcantarilla más grande en una más pequeña, lo que hace que se rebosen las aguas residuales afectando su vivienda y la de sus vecinos. - Señaló que esta problemática la han puesto en conocimiento de las instituciones y la empresa prestadora de servicios públicos accionadas, a través de un derecho de petición, sin que hasta el momento se haya dado ninguna solución[22]. - Explicó que las entidades evaden la responsabilidad haciendo remisiones de una dependencia a otra, sin dar solución al asunto de fondo[23]. - Planteó que la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. carga en las facturas de servicios públicos el concepto de alcantarillado, el cual tiene un costo mínimo promedio mensual de siete mil quinientos pesos ($7.500)[24]. Pese a ello, dicho servicio no se está prestando adecuadamente. - Afirmó que su derecho fundamental a la salud y el de su familia “se ve vulnerado cada vez que [las] aguas negras se desbordan en el interior de [su] casa por los sifones y sanitarios ya que son los desechos no solo de [su] casa sino de gran parte de la comunidad”[25]. - También sostuvo que la problemática puede agravarse ya que con el desborde de las aguas negras de las alcantarillas a la superficie terrestre, se pueden generar humedades que pueden ocasionar grietas y el derrumbamiento de la vivienda en la que reside con su familia. Respuesta de las entidades accionadas Mediante auto No. 501 del trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, admitió la demanda de tutela y le corrió traslado a las entidades accionadas a fin de que ejercieran su derecho de defensa[26]. El Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Florida, Valle[27], radicó escrito de contestación el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015)[28], reiterando en iguales términos lo dicho en el caso del accionante Jorge Arturo Bermúdez Gallo (expediente T-5389243). El diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), la apoderada de Acuavalle S.A. E.S.P.[29], radicó escrito de contestación mediante el cual insistió en que la empresa no es trasgresora de los derechos constitucionales demandados, y que le corresponde al municipio de Florida, Valle, pronunciarse y dar solución de fondo a la problemática puesta en conocimiento a través de la acción de tutela instaurada por el señor Marco Fidel Cañaveral Guzmán[30]. En esa oportunidad nuevamente reitera los argumentos expuestos en la respuesta dada en el caso del accionante Jorge Arturo Bermúdez Gallo (expediente T-5389243). Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia El Juez Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, mediante sentencia No. 094 del dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015)[31], negó la acción de tutela interpuesta por Marco Fidel Cañaveral Guzmán contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P., al estimar que no se acreditó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados[32]. Impugnación El treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), el señor Marco Fidel Cañaveral Guzmán presentó escrito de impugnación de la sentencia No. 094 del dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) emanada del juez de primera instancia, reiterando parte de los hechos planteados en la solicitud de amparo[33]. Agregó que es falso que nunca se haya dado voz de auxilio a los cuerpos de socorro. Para demostrarlo anexó una constancia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015) suscrita por el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida[34], en la que se lee entre otras anotaciones: “Que en el Libro de Minuta de Guardia, Folio 27, con fecha Marzo 24 de 2014 se encuentra de manera textual la siguiente anotación: || […] || 18:23 Regresa la M5 e informa el Bri. Lemos Jhonny que desde la Cra 18 con Clle 7 hasta la Cra 20 las viviendas de este sector se encuentran inundadas a causa del agua que se está devolviendo del alcantarillado”[35]. Al final de este mismo documento aparece la siguiente nota: “Gran parte de las inundaciones fue debido a la falta de capacidad de la red de alcantarillado y red de aguas lluvias”[36]. Decisión que se revisa del juez de tutela de segunda instancia El Juez Quinto Civil del Circuito de Palmira, Valle, mediante sentencia No. 095 del seis (6) de octubre de dos mil quince (2015)[37], confirmó el fallo de primera instancia al considerar que no hay prueba en el expediente de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales por parte de los entes accionados, y menos la ocurrencia de un perjuicio irremediable para efectos de conceder el amparo como mecanismo transitorio. Asimismo señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiaridad, toda vez que el accionante puede acudir a los mecanismos que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3. Actuaciones en sede de revisión 3.1. La Sala de Revisión para efectos de adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, mediante auto del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016)[38], requirió a las entidades accionadas para que ampliaran la información relacionada con los hechos que son materia de investigación en los trámites de tutela, así: Requerir a la Alcaldía Municipal de Florida, Valle, para que informe: 1. El estado de la gestión del Plan Maestro de Aguas para el municipio de Florida, por parte de la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Valle del Cauca y la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. 2. Si ha realizado visitas técnicas en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, a raíz de las inundaciones reportadas por los accionantes y que afectan sus viviendas. Adjuntar los informes o conceptos técnicos de que disponga. 3. Si ha tomado medidas técnicas, ya sea provisionales o definitivas, para mejorar o resolver la problemática que reportan los accionantes en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en relación con la inundación de sus viviendas a raíz de la saturación de la red de alcantarillado con las aguas lluvias que no cuentan con un sistema adecuado para su evacuación. 4. Si ha coordinado acciones con su propio personal o con Acuavalle S.A. para mejorar o resolver la problemática que reportan los accionantes en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en relación con la adecuación, mejoramiento o construcción de la red de alcantarillado y de la red de aguas lluvias. Requerir a la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Causa S.A. E.S.P., Acuavalle S.A. E.S.P., para que informe: 1. Si ha realizado visitas técnicas en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, a raíz de las inundaciones reportadas por los accionantes y que afectan sus viviendas. Adjuntar los informes o conceptos técnicos de que disponga. 2. Si ha tomado medidas técnicas, ya sea provisionales o definitivas, para mejorar o resolver la problemática que reportan los accionantes en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en relación con la inundación de sus viviendas a raíz de la saturación de la red de alcantarillado con las aguas lluvias que no cuentan con un sistema adecuado para su evacuación. 3. Si ha coordinado acciones con su propio personal o con la Alcaldía Municipal de Florida, Valle, para mejorar o resolver la problemática que reportan los accionantes en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en relación con la adecuación, mejoramiento o construcción de la red de alcantarillado y de la red de aguas lluvias. 3.2. A través de oficio AC-3212, recibido el diez (10) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Director Jurídico de Acuavalle S.A. E.S.P.[39] informó: “1.- Visitas técnicas. || Acuavalle S.A. E.S.P., con oficio No. AC-6441, del 29 de septiembre de 2015 dirigido al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida, Valle[40], anexó copia del acta de visita de fecha 17 de septiembre, en la cual se describe las inspecciones técnicas y los hallazgos en cuanto a conexiones no autorizadas (rejillas y sumideros) al alcantarillado de aguas residuales (5 folios), al sitio donde residen los Accionantes haciendo énfasis en que ACUAVALLE S.A. E.S.P., en calidad de prestador de los servicios públicos en el municipio no es responsable de la recolección y transporte de las aguas lluvias; este servicio no lo presta y no lo tiene incorporado a la factura que emite para los ciudadanos de esa comarca[41]. 2.- Medidas técnicas, provisionales o definitivas. || La solución técnica definitiva planteada a la problemática del manejo de las aguas lluvias del municipio, [se encuentra incluida] en los estudios o diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado; trabajos contratados en el desarrollo del Convenio No. 0832 de 2009, celebrado entre la gobernación del Valle del Cauca y la Sociedad Acuavalle S.A. E.S.P., para el manejo del Plan Departamental de Agua PDA Valle del Cauca, del cual surgieron controversias que fueron sometidas a la definición del Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición de la Asociación de Ingenieros del Valle, que fue resuelto con fallo proferido [el] 11 de septiembre de 2015, en [el] que se dispuso entre otras cosas que la Gobernación del Valle debía girar dos meses después de la decisión los recursos económicos para que Acuavalle S.A. E.S.P., pagara los contratos de diseño de las futuras obras para el municipio de Florida, Valle, en el que se incluía el manejo de las aguas lluvias, compromiso que hasta la fecha no ha honrado la gobernación, lo que no ha permitido la continuación del proceso. || Una vez efectuados los traslados presupuestales Acuavalle S.A. E.S.P., podrá reiniciar la finalización de los estudios. 3.- Acciones con propio personal de redes de Acuavalle S.A. E.S.P. || Los técnicos del equipo de alcantarillado de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con asiento en el municipio de Florida, Valle, conocedores de la problemática existente en la zona donde residen los Accionantes; sin responsabilidad de la empresa a la que pertenecen realiza de manera regular la limpieza y descolmatación de las redes de alcantarillado; lo que permite la evacuación de las aguas residuales que se recogen y las aguas lluvias que el municipio deposita en la tubería de la empresa, ocasionando en épocas de invierno saturación de estas líneas de conducción”[42] (negrillas originales). 3.3. Mediante oficio DAM-1-8.02.071-2016, recibido el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Alcalde Municipal de Florida[43] informó: “1- El estado de gestión del Plan maestro de alcantarillado para el Municipio de Florida; este se encuentra en manos de la empresa Vallecaucana de Aguas, ya que a través de un convenio realizado entre la Gobernación del Valle y la Empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado en el Municipio –ACUAVALLE S.A. E.S.P.–, se elaboró dicho plan maestro, no obstante, debido a un litigio jurídico en el que se encuentra la Gobernación del Valle del Cauca y ACUAVALLE por el no pago del total del costo del plan, el Municipio no ha podido acceder al mismo por las circunstancias enunciadas y por lo tanto no ha podido gestionar los recursos para la ejecución del mismo. Una vez tengamos el plan maestro de alcantarillado se procederá a la ejecución del plan de acción definido en el mismo y serán priorizadas aquellas obras que mitiguen o pongan en riesgo la salud, bienestar y bienes de la comunidad. 2- Para efectos de verificación de la problemática presente en la calle 7 con carrera 18 del Barrio El Paraíso del Municipio de Florida, la secretaría de Planeación e Infraestructura ha realizado a través de un funcionario calificado visita de inspección, encontrando que en épocas de lluvias el sistema de alcantarillado cuenta con un sistema de drenaje insuficiente para la evacuación rápida de las aguas lo que ocasiona, efectivamente que se represen momentáneamente dichas aguas. Anexo informe[44]. 3- A la fecha nos encontramos realizando estudios y diseños que nos permitan realizar las obras de alcantarillado para la evaluación de aguas lluvias y servidas con suficiencia y así poder resolver el problema en forma definitiva, por ahora contamos con el apoyo de la empresa ACUAVALLE quien nos facilita el Vactor para el debido mantenimiento de las alcantarillas afectadas por la situación problemática que se presenta sobre todo en épocas de lluvia”[45] (negrillas fuera de texto). II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los trámites de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con los antecedentes expuestos en los casos acumulados, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneran la Alcaldía Municipal de Florida y Acuavalle S.A. E.S.P. los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vivienda digna de los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán, sus familias y demás residentes del sector ubicado en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso de Florida, Valle, quienes en episodios de lluvia se ven afectados por las inundaciones generadas a raíz del desbordamiento de aguas negras y residuales al interior de sus viviendas, a través de sifones y sanitarios, debido a que las redes de alcantarillado se saturan al recibir las aguas lluvias que no tienen un sistema independiente para su evacuación? Para resolver el problema jurídico, la Sala (i) analizará la legitimación para actuar y el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela de subsidiariedad e inmediatez; (ii) reiterará la jurisprudencia en relación con el alcantarillado como servicio público, las características del servicio y las obligaciones del Estado en la materia, y (iii) presentará la evolución de la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales en materia del derecho al saneamiento básico[46]. Finalmente, (iv) resolverá los casos concretos. 3. Legitimación para actuar 3.1. Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán actúan en defensa de sus derechos e intereses y los de su núcleo familiar, razón por la cual se encuentran legitimados para actuar en esta causa. 3.2. Legitimación por pasiva. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[47], “[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de ideas, la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P., están legitimadas como parte pasiva en los procesos de tutela, al atribuírseles por parte de los accionantes la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 4. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 4.1. La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por vía excepcional. De hecho, de manera reiterada, esta Corporación ha reconocido que la acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario[48], que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[49]. 4.2. Inmediatez. Ha planteado la Corporación que no obstante la inmediatez que reclama la interposición de la acción de tutela, se ha reconocido que la aplicación de este presupuesto no es absoluta debido a la existencia de situaciones de excepción como las que se presentan cuando “[…] se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual”[50]. En los casos que estudia la Sala se observa que hay una afectación que permanece en el tiempo, cual es el rebosamiento de aguas residuales al interior de las viviendas de los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán en episodios de lluvia, debido a que el sector ubicado entre la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, no cuenta con las obras requeridas para la evacuación de las aguas lluvias, las cuales van a parar a la red de alcantarillado colmatando el sistema. 4.3. Subsidiariedad. Los hechos descritos por los accionantes con ocasión del vertimiento de las aguas residuales al interior de sus viviendas en momentos de lluvia, y la inundación de las mismas, sugieren que se encuentran desprovistos de acceso físico a un sistema básico de recolección, transporte, tratamiento y disposición o reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, en condiciones de calidad, intimidad, seguridad e higiene. Lo anterior, genera afectaciones subjetivas y particulares que pueden ser atribuidas a la omisión de las entidades accionadas y pueden implicar el desconocimiento de derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la vivienda digna. En este escenario, la Sala considera que la acción de tutela es el medio más idóneo y eficaz para su protección, pues se requieren acciones urgentes para el restablecimiento de las condiciones de vida digna en los hogares de Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán. En el acápite 6, dedicado a la descripción de la evolución de la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales en materia del derecho al saneamiento básico, la Sala explicará con mayor detalle por qué la acción de tutela es procedente para proteger derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la vivienda digna en relación con las obligaciones de saneamiento básico, cuandoquiera que ha encontrado que la ausencia o deficiencia del sistema de alcantarillado desconoce dichos derechos de los accionantes. 4.4. Concluye la Sala que en los casos acumulados se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que se debe proceder a estudiar el fondo de los asuntos. 5. El alcantarillado como servicio público, las características del servicio y las obligaciones del Estado en la materia 5.1. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, el alcantarillado es un servicio público consistente en “la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos”, cuya regulación incluye las “actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos”. Además, por disposición de la misma ley, comparte el carácter de servicio domiciliario y esencial con el acueducto, el aseo (que se encarga de los residuos principalmente sólidos), la energía eléctrica, la telefonía pública básica conmutada y la telefonía móvil rural. En este sentido, el servicio público de alcantarillado es uno de “aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas”[51]. 5.2. Atendiendo a su naturaleza de servicio público, el alcantarillado cobra especial relevancia dentro del ordenamiento constitucional colombiano, pues su prestación contribuye directamente al cumplimiento de la finalidad social del Estado social de derecho prevista en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política que, de acuerdo con el artículo 366 ibíd., se concreta en el “bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. La consecuencia de estos postulados es tal que, como lo ha sostenido la Corte, la legitimidad y la eficacia sustantiva del Estado social de derecho “se mide por la capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas”[52]. Por eso cuando el servicio público de alcantarillado no se presta de manera eficiente (art. 365 C.P.), se pone en peligro la posibilidad de hacer realidad la igualdad material entre todos los integrantes de la comunidad y de garantizar la eficacia del Estado social de derecho. Para que un servicio público garantice los fines sociales previstos anteriormente, ha dicho la Corte que es necesario que se preste en condiciones de: (i) Eficiencia y calidad, es decir, “que se asegure que las empresas que proporcionen el servicio lo hagan de manera completa y atendiendo las necesidades básicas de la población. Para ello, también debe garantizar que dichas empresas recuperen sus costos y puedan invertir en el mismo sector con el fin de lograr una mayor competitividad, lo que se traduce en una mejor prestación del servicio”[53]. (ii) Regularidad y continuidad, características que hacen referencia a la ausencia de interrupciones colectivas o individuales injustificadas, de suerte que el tiempo en que se presta el servicio sea apto para satisfacer de forma permanente las necesidades de los usuarios. (iii) Solidaridad, que exige la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas de la población más vulnerable; y (iv) universalidad, que involucra la ampliación permanente de la cobertura del servicio hasta que llegue a cobijar a todos los habitantes del territorio nacional[54]. 5.3. El artículo 365 Superior establece en el inciso segundo que los servicios públicos pueden ser prestados “por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”. Sin embargo, para la Corte es claro que independientemente del tipo de entidad u organización encargada directamente de la prestación de los servicios públicos, la prestación a todos los habitantes del territorio nacional de los servicios públicos “es deber del Estado”, pues así lo prevé el primer inciso de la norma referida. Por esta razón ha considerado que existen unas obligaciones de carácter general en cabeza del Estado en materia de servicios públicos y otros deberes específicos que sujetan a las entidades del orden estatal que prestan directamente los servicios públicos en los entes territoriales. El artículo constitucional citado pone en cabeza del Estado las tareas de “regulación, el control y la vigilancia” de los servicios públicos. Estas funciones armonizan “con la facultad general que la Carta atribuye al Estado de dirigir la economía e intervenir en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes, obviamente sin perjuicio del reconocimiento de la libre iniciativa privada (CP arts. 333 y 334)”[55]. Ha dicho la Corte que es al legislador a quien compete definir el régimen general de los servicios públicos. Específicamente, corresponde a la ley “establecer el régimen jurídico de dichos servicios, definir las pautas, parámetros generales y los aspectos estructurales de los mismos, reservarse algunos de esos servicios según las necesidades y conveniencias del Estado, definir áreas prioritarias de inversión social, determinar el régimen de participación ciudadana y municipal e incluir en los planes y presupuestos de la Nación el gasto social”[56]. Adicionalmente, conforme al carácter descentralizado del Estado, los departamentos y los municipios pueden reglamentar las normas fijadas por el Congreso, del mismo modo que lo puede hacer el gobierno en ejercicio de la potestad reglamentaria. Por su parte, el gobierno en cabeza del Presidente de la República tiene la función de ejercer las tareas de control y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios, especialmente a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Las atribuciones que en este ámbito se cumplan deben propender por la prestación eficiente de los servicios públicos, en las condiciones técnicas previstas en la legislación, y con respeto de las garantías del debido proceso en la relación de las empresas prestadoras con los usuarios. 6. El derecho al saneamiento básico: evolución de la jurisprudencia constitucional e instrumentos internacionales 6.1. Además de considerar el sistema de disposición de líquidos residuales y aguas servidas como un servicio público domiciliario, la Corte ha entendido que el acceso a este en condiciones de eficiencia y calidad, regularidad y continuidad, solidaridad y universalidad, genera derechos subjetivos susceptibles de protección por medio de la acción de tutela. No obstante, la jurisprudencia se ha abstenido de considerar el saneamiento básico como un derecho autónomo y ha vinculado el acceso a sistemas de alcantarillado a diferentes derechos reconocidos, de acuerdo con el patrón fáctico de cada caso. Por lo general, la Corte ha reconocido que la ausencia de saneamiento básico desconoce el derecho colectivo al ambiente sano, razón por la cual es preciso acudir en primer lugar a la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución y solo de forma excepcional a la acción de tutela. En este último escenario, la Corte ha concedido tutelas relativas al servicio de alcantarillado en los casos en los que ha encontrado que la ineficiencia o inexistencia del servicio desconoce los derechos a la intimidad, la vida digna y la salud de los afectados[57]. En otros pronunciamientos más recientes, la Corte ha protegido el derecho a la vivienda digna cuando la ausencia de sistemas adecuados de saneamiento básico afecta el inmueble en el que habita una familia y, en otros, ha considerado que el acceso a estos sistemas es un componente del derecho fundamental al agua potable para el consumo humano. La ausencia de sistemas eficientes y adecuados de alcantarillado desconoce el derecho colectivo al ambiente sano[58] 6.2. Desde sus primeras sentencias diferentes salas de revisión de la Corte han abordado el estudio de tutelas instauradas para solicitar que se ordene a las autoridades estatales la construcción o mantenimiento de sistemas de alcantarillado, debido a que las aguas negras y servidas provenientes de los inmuebles o de predios vecinos, desembocan o rebosan en áreas abiertas o comunes provocando olores nauseabundos, proliferación de animales, insectos y microorganismos transmisores de enfermedades y afecciones físicas en las poblaciones de niños, niñas y adultos mayores que habitan en el sector afectado[59]. Para examinar estas situaciones, la Corporación comenzó por considerar que la ausencia de sistemas eficientes de disposición y tratamiento de los residuos líquidos desconoce el derecho previsto en el artículo 79 de la Constitución, de acuerdo con el cual “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”, y en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador que sostiene que “1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos [y] 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”[60]. Para la Corte, el ámbito de protección constitucional del ambiente sano se refiere a aquellos “aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural”[61]. En este sentido, el ambiente sano es un derecho colectivo, no solo por su pertenencia al capítulo 3 Título II de la Constitución, que se refiere a los derechos colectivos y del ambiente, sino por cuanto su contenido es tal que no puede ser asignado a ninguna persona en particular. Por ello, “la protección de estos aspectos ambientales consagrados en la Constitución, se realiza en estricto sensu mediante el mecanismo de las acciones populares, en virtud del artículo 88 de la Carta, que al haber sido estructuradas en la ley 472 de 1998, son la vía judicial acertada para proteger los derechos colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad, la salubridad y el medio ambiente”[62]. 6.3. Sin embargo, también desde sus providencias iniciales la Corte ha reiterado que la vulneración del derecho al ambiente sano no siempre es exclusiva del ámbito del derecho colectivo. Pueden presentarse situaciones en las que la afección de ese u otros derechos colectivos produzca efectos lesivos sobre derechos fundamentales. Así, “[e]n esos supuestos, las acciones populares previstas por el constituyente resultan sustancialmente insuficientes con miras a la protección de los derechos afectados y ante esa situación es claro que el Estado constitucional debe responder facilitándole al ciudadano instrumentos normativos que le permitan obtener la protección de tales derechos”[63]. Con ese propósito, en la sentencia de unificación SU-1116 de 2001[64] la Corte sistematizó las subreglas, señalando que la acción de tutela es procedente de forma excepcional para la protección de derechos colectivos siempre que se verifique: “(i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea “consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo”. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.”[65] “[…] la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados en el fundamento 4º de la presente sentencia, para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo”. Los problemas relativos a los sistemas de alcantarillado pueden vulnerar los derechos fundamentales a la vivienda digna, la intimidad y la salud[66] 6.4. Siguiendo la argumentación previa, la Corte ha sostenido que acaece una vulneración subjetiva e individual de derechos cuando se carece de sistemas de disposición de los residuos líquidos, principalmente cuando se hace evidente que la afectación colectiva del derecho al ambiente sano vulnera o amenaza con vulnerar la salud de los habitantes del sector; o cuando los desbordamientos de aguas lluvias y aguas residuales generan filtraciones a través del suelo de viviendas privadas, así como rebosamientos de agua en los inodoros de las casas[67], tal como acurre en los casos que son objeto de estudio por la Sala. 6.5. En relación con el primer punto, la Corte ha encontrado que el derecho fundamental que se vulnera con mayor frecuencia como consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho al ambiente sano es la salud[68]. Desde la sentencia T-207 de 1995[69], la Corte examinó diversos reportes científicos y encontró que un alto número de enfermedades y epidemias se derivan del contacto o la ingesta de aguas negras. Por eso señaló que “en abstracto, está plenamente probada la amenaza del derecho fundamental a la salud y a la vida cuando una persona se encuentra residiendo en un sector en el cual no hay [una] adecuada disposición de excretas”. Pero, dado que es necesario que se compruebe la afectación subjetiva y concreta de los derechos fundamentales de un accionante como consecuencia del desconocimiento del derecho colectivo, la Corte ha concedido el amparo al derecho al ambiente sano por vía de la acción de tutela solo cuando ha encontrado pruebas suficientes de la existencia de enfermedades en los accionantes, tal como brotes en la piel, enfermedades gastrointestinales, dengue y otras enfermedades asociadas. Además, ha prestado especial atención a estas situaciones cuando afectan a personas de la tercera edad y a niños y niñas, cuya especial protección constitucional exige mayor cuidado frente a las situaciones que generen riesgo de enfermedad[70]. Por el contrario, cuando no ha encontrado elementos que le permitan establecer de qué modo ello afecta en particular la salud de algún miembro de la comunidad, ha negado el amparo[71]. 6.6. Sobre el segundo evento, esto es, cuando los desbordamientos de aguas lluvias y aguas residuales generan filtraciones a través del suelo de viviendas privadas, así como rebosamientos de agua en los inodoros de las casas; en sentencias más recientes la Corte ha recordado que el derecho fundamental a tener una vivienda digna implica acceder a una vivienda “habitable”, característica que exige que la infraestructura física tenga condiciones mínimas que permitan salvaguardar a sus habitantes de los riesgos contra la salud y la vida[72]. Por eso, cuando los problemas del sistema de alcantarillado empiezan a causar rebosamiento de aguas, aumento de olores fétidos al interior de las viviendas y, como consecuencia de ello se genera la forzosa salida de sus habitantes o el inmueble se ve amenazado por derrumbe[73], se desconoce el derecho a la vivienda digna y su protección a través de la acción de tutela se hace inaplazable. Tal como lo sostiene la sentencia T-271 de 2010[74] la afectación al derecho a la vivienda digna desconoce el derecho a la intimidad de las personas, pues exponerse a malos olores de forma constante puede afectar la autodeterminación y la vida privada de los afectados, obligándolos en últimas a cambiar de sitio de habitación, pese a no contar necesariamente con los recursos para ello[75]. Cabe añadir que, dado que en estos casos no se invoca el derecho al ambiente sano, en ellos la Corte no ha hecho referencia a la relación entre la vulneración del derecho colectivo y el derecho fundamental, sino que ha concedido la tutela de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la intimidad de forma directa con base en la información obrante en el expediente. Específicamente, en las sentencias T-618 de 2011[76] y T-576 de 2012[77] diferentes salas de revisión ordenaron adoptar las medidas adecuadas y necesarias para “i. evitar que ingresen malos olores hacia la vivienda del actor; ii. garantizar un adecuado mantenimiento del pozo séptico o lugar de destino de los deshechos o aguas negras; y iii. controlar la presencia e ingreso de insectos vectores de enfermedad hacia la vivienda”. Las obligaciones específicas en materia de saneamiento básico[78] 6.7. De la jurisprudencia y la normativa hasta aquí reseñada se destaca la estrecha conexión entre el acceso a sistemas adecuados de disposición de excretas, entre ellas el alcantarillado, y diversos derechos fundamentales: el derecho a la salud, a la vida digna, a la vivienda digna y a la intimidad. Ello es explicable por el carácter indivisible e interdependiente de los derechos de acuerdo con el cual, en la medida en que comparten como fundamento y finalidad la eficacia de la dignidad humana[79], todos ostentan la misma jerarquía, y el avance o retroceso de uno influye en el desarrollo de los otros. Así las cosas, la jurisprudencia ha acertado al conceder la protección de dichos derechos cuandoquiera que ha encontrado que la ausencia o deficiencia del sistema de alcantarillado desconoce los derechos fundamentales de los accionantes. Pero, del mismo modo, la dificultad para integrar plenamente el objeto susceptible de amparo en alguno de los derechos mencionados, pues el saneamiento básico contribuye a la realización de los derechos a la vivienda digna, la salud y la intimidad, pero no se agota en ninguno de ellos, sugiere que el saneamiento básico contiene obligaciones específicas que generan derechos subjetivos, algunas de las cuales –conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte– son susceptibles de protección inmediata a través de la acción de tutela. 6.8. El saneamiento básico, entendido como el acceso a un sistema para la recolección, transporte, tratamiento y disposición o reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, genera obligaciones en materia de derechos fundamentales indispensables para garantizar la dignidad humana, pues las personas que no cuentan con sistemas adecuados para este fin, carecen de condiciones higiénicas y seguras que les permitan desarrollar sus proyectos de vida en espacios libres de enfermedades y olores nauseabundos. En efecto, quienes carecen de saneamiento básico se ven expuestos a epidemias y enfermedades prevenibles que aumentan los niveles de mortalidad infantil, así como a olores que hacen insoportable el ambiente en el que viven. Además, la carencia o deficiencia de los sistemas de saneamiento básico desincentiva la permanencia de niños y niñas en las escuelas obstaculizando su derecho a la educación, y hace indignos los lugares de trabajo. 6.9. Junto con el derecho al agua potable, el saneamiento básico ha venido siendo objeto de reconocimientos recientes en el ámbito del sistema internacional de Derechos Humanos a través de instrumentos vinculantes en el ordenamiento interno colombiano. Así por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) prevé que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: […] f. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”[80] (negrillas fuera del texto). Del mismo modo, el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño establece que: “2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; || c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; || d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; || e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; || f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia”[81]. Por otra parte, en julio de dos mil diez (2010) la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292, en la que “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; y exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”[82]. En la misma dirección, en noviembre de dos mil diez (2010), el Comité DESC declaró: “El Comité considera que el derecho al saneamiento exige su pleno reconocimiento por los Estados partes de conformidad con los principios de derechos humanos relativos a la no discriminación, la igualdad de género, la participación y la rendición de cuentas”[83]. 6.10. Así, el acceso a la disposición de sistemas adecuados para la disposición y tratamiento de los residuos, principalmente líquidos, se relaciona funcionalmente con la realización de la dignidad humana, y su importancia ha empezado a construirse a través de consensos dogmáticos y jur...