Sentencia T-279 de 2018

T-279-18 Sentencia T-279/18 DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS-Caso en que Secretaría de Educación negó designar un funcionario administrativo para prestar el servicio de aseo en institución educativa LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de los niños LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural actuando en calidad de rector de institución educativa y a favor de los niños y niñas que estudian en ella LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Autoridades públicas PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Inaplicación cuando violación de derechos persiste en el tiempo PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS-Procedencia de la acción de tutela para su protección En el asunto bajo estudio, la acción de tutela se erige como el único mecanismo idóneo para extender una protección oportuna y definitiva a las afectaciones o amenazas al derecho a la educación de los menores de edad. DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS-Derecho a acceder a una educación de calidad que garantice la prestación del servicio en condiciones dignas DERECHOS DE LOS NIÑOS-Carácter prevalente/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Prevalencia de los derechos de los niños DERECHOS DE LOS NIÑOS E INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Instrumentos internacionales MENORES DE EDAD-Protección constitucional reforzada EDUCACION-Derecho y servicio público con función social DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad Las obligaciones estatales en relación con el derecho a la educación, conforme fueron descritas en dicho instrumento, son: (i) asegurar el funcionamiento efectivo de instituciones educativas y programas en cantidad suficiente para atender la demanda educativa –disponibilidad-; (ii) ofrecer en los centros de educación condiciones para que toda la población acceda a los servicios sin ninguna discriminación, y asegurar que en independencia de los recursos económicos y la ubicación geográfica todos los menores de edad lo logren –accesibilidad-; (iii) garantizar que, de forma y de fondo, la enseñanza, los programas y los métodos pedagógicos sean de calidad y resulten pertinentes y adecuados de conformidad con la comunidad y la cultura a la que se dirigen –aceptabilidad-; y por último (iv) velar porque el sistema educativo se ajuste a las necesidades de los educandos y de su entorno para efecto de asegurar la permanencia de aquellos en los programas de educación -adaptabilidad-. ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Jurisprudencia constitucional DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS-Falta de aseo en institución educativa puede generar situaciones que amenacen o vulneren el derecho a recibir educación en condiciones dignas La falta de aseo prolongada en una institución educativa puede generar ambientes escolares insalubres y grave deterioro de la infraestructura, situaciones que pueden amenazar o vulnerar el derecho a la educación de sujetos de especial protección constitucional, como los niños y niñas. Lo anterior por cuanto un entorno hostil e insalubre desincentiva el aprendizaje de los menores de edad; pone en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa; limita el libre desarrollo de la personalidad; y corre el riesgo de promover en el estudiantado una cultura que no se compadece con el cuidado que merecen el medio ambiente y los bienes públicos, lo cual va en contravía del inciso segundo del artículo 67 Superior. Los niños y niñas aprenden del ejemplo, de aquello que ven y experimentan al interactuar con su entorno, razón por la cual los ambientes escolares son sin duda, un referente de comportamiento para ellos. PLANEACION PRESUPUESTAL Y COORDINACION DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN MATERIA EDUCATIVA-Deberes constitucionales y legales DESCENTRALIZACION TERRITORIAL DEL SERVICIO EDUCATIVO-Alcance DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS-Orden a Secretaría de Educación proveer provisionalmente a institución educativa de un auxiliar de servicios generales que desarrolle las labores de aseo Referencia: Expediente T-6.652.796 Acción de tutela instaurada por el rector de la Institución Educativa Llano Grande del municipio de Nuevo Colón de Boyacá contra la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Educación de Boyacá. Procedencia: Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja Asunto: El derecho a acceder al servicio educativo en condiciones de dignidad. Magistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia proferido el 28 de noviembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que confirmó la decisión que profirió, en primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja el 31 de octubre de 2017, mediante la cual se denegó el amparo. El asunto llegó a esta Corporación por la remisión que hizo la segunda instancia constitucional, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección N° 3, mediante auto del 23 de marzo de 2018, escogió el asunto para su revisión. I. ANTECEDENTES El 17 de octubre de 2017, Víctor Orlando González Villamil, rector de la Institución Educativa Llano Grande de Nuevo Colón, promovió acción de tutela contra la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Educación del mismo Departamento por considerar vulnerados los derechos a la educación y a la vida en condiciones de dignidad, a la salud, la integridad, y a un ambiente sano de toda la comunidad educativa, especialmente de los niños y niñas que estudian en la institución que dirige. Lo anterior, en tanto esas entidades se han negado a designar a un funcionario administrativo para que preste el servicio de aseo en el plantel. La Secretaría de Educación de Boyacá argumenta que no está obligada a efectuar dicha designación debido a que la Resolución 2314 del 2014, que establece la distribución de cargos administrativos según la asignación de recursos financieros por alumno, la autoriza a nombrar solo dos funcionarios administrativos en las instituciones con menos de 300 estudiantes, como la I.E. Llano Grande. A. Hechos y pretensiones 1. El rector de la Institución Educativa Llano Grande del municipio de Nuevo Colón de Boyacá – en adelante I.E. Llano Grande – adujo que, desde el comienzo del año 2012, cuando inició labores en el cargo, advirtió la ausencia de un auxiliar de servicios generales que atendiera las necesidades de los estudiantes, de la planta docente y del personal administrativo. 2. Señaló que la falta de este servicio administrativo en el plantel ha puesto en riesgo la salubridad de la institución educativa, y ha vulnerado los derechos a la educación, la vida digna, la salud, la integridad personal y el derecho a un ambiente sano de toda la comunidad educativa. 3. Debido a la necesidad de dicho servicio para el desarrollo de la labor educativa en condiciones de dignidad, indicó que desde esa fecha ha enviado múltiples peticiones a la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá (SEB en adelante) solicitándole la designación de una persona para que realice las labores de aseo. 4. Manifestó que las respuestas de la SEB han evadido responder de fondo o han negado expresamente su solicitud. Así, por ejemplo, en respuesta de febrero de 2012, la SEB indicó que “no se puede dar solución de fondo a la petición debido a que el número real de alumnos matriculados para el año escolar 2012 solo se consolida hasta el mes de abril, fecha en la cual se determinan los cargos excedentes para proceder a la respectiva reubicación o nombramiento provisional si hay lugar a ello”[1]. 5. Con el fin de regular la financiación del servicio educativo y organizar la planta de personal a nivel territorial, la SEB profirió la Resolución No. 2314 del 24 de abril de 2014 con fundamento en la Ley 715 de 2001, en cuyo artículo 3° se indicó que a las Instituciones Educativas de “hasta 300 Alumnos” les serían asignados 2 funcionarios administrativos. 6. Posteriormente, expidió la Circular informativa No. 111 del 30 de octubre de 2014 en la cual fijó criterios para la asignación de funcionarios de carácter administrativo y orientaciones sobre la aplicación de la Resolución No. 2314 del 24 de abril de 2014. Esta circular dispuso que el Consejo Directivo de las Instituciones Educativas debían reunirse para revisar el contenido de la Resolución 2314 y contrastar su contenido con las necesidades institucionales reales del plantel. Además, señaló que “de esta actividad saldrá la propuesta relacionada con la definición de la Planta de Personal Administrativa Institucional (cargos requeridos), casos especiales adicionales y/o excedentes”, la cual deberá ser presentada a la Secretaría de Educación, so pena de que esta última proceda a definir la Planta de Personal requerida en cada plantel. 7. El 12 de noviembre de 2014 el Consejo Directivo de la I.E. Llano Grande suscribió el Acta N° 11 en la cual, luego de evaluar la resolución como lo dispuso la circular, tomó la decisión de solicitarle al Comité Directivo de la SEB la provisión de tres cargos (1 Auxiliar Administrativo; 1 Auxiliar de Servicios Generales y 1 celador). Lo anterior por considerar que (i) la designación de una persona en el cargo de servicios generales es necesaria y urgente para que la institución educativa pueda prestar el servicio educativo en condiciones de dignidad e, igualmente, (ii) es indispensable la designación de un celador para salvaguardar los bienes y el patrimonio de la institución los cuales son propiedad del Estado colombiano y se encuentran en cabeza de la SEB. 8. En julio de 2015, la institución educativa solicitó un concepto jurídico a la Oficina Jurídica de la SEB, para que informara sobre la posibilidad de contratar el servicio de aseo de forma independiente o de asignar turnos de aseo a los estudiantes en las distintas dependencias del plantel. En respuesta de agosto de 2015, la SEB (i) recomendó al rector que no se recurriera a la colaboración de un particular para evitar responsabilidades de tipo laboral del Departamento. Además, (ii) manifestó que “la Corte Constitucional (…) ha dicho al igual que el Ministerio de Educación Nacional, que los estudiantes no pueden realizar labores de aseo mucho menos si ellas interfieren con las jornadas educativas, toda vez que la descentralización del servicio educativo en las entidades territoriales debe garantizar la prestación efectiva del mismo. Por lo anterior, esta dependencia remite copia de la solicitud del concepto y de este oficio, a fin de que la oficina de personal realice el trámite respectivo”[2]. Lo anterior en razón a que, previamente, la Asociación de Padres de Familia colaboraba con el suministro del servicio de aseo mediante el pago que se hacía a alguna de las madres para que desempeñara dicha labor. Sin embargo, desde que ésta dejó de prestar su apoyo, los estudiantes se encuentran en una situación de riesgo por la falta de higiene y salubridad en la sede central de la institución. 9. En octubre de 2015, el rector de la I.E. solicitó de nuevo la designación de dicho funcionario de acuerdo a los lineamientos de la nueva Circular N° 111 de 2014. En esta petición, se advirtió a la SEB que dado que los padres de familia no podrán continuar colaborando con el aseo “el servicio educativo seguramente se verá afectado, [e] inclusive puede conllevar a la suspensión de las actividades escolares”[3]. 10. En noviembre de 2015, la SEB respondió a otra petición e indicó que, luego de realizar un estudio técnico y de acuerdo con el número de estudiantes matriculados y reportados en la presente vigencia en la I.E. Llano Grande, a esta institución le corresponde la asignación de dos funcionarios administrativos los cuales ya se encontraban nombrados[4]. Con relación a la solicitud del rector para que se tuviera en cuenta a la persona que actualmente se desempeña como celador en el cargo de servicios generales solicitado, indicó que “a quien le asiste la competencia de realizar un estudio de acuerdo a la prioridad de la I.E. es al señor rector y justificarlo ante la administración de esta Secretaría, donde manifieste que no se requiere del cargo de celador y a cambio se nombre un funcionario como auxiliar de servicios generales. Por lo anterior, no es posible acceder a cambio de funciones o nombramiento de una auxiliar de servicios generales”[5]. 11. El rector sostuvo que, de llegar a trasladarse al celador con el fin de acceder a su solicitud, los bienes y equipos que se encuentran en la I.E. y son propiedad de la misma SEB quedarían desprotegidos, razón por la cual no podría hacerse responsable de su seguridad[6]. 12. En julio de 2017, el rector solicita a la SED la designación de un auxiliar de servicios generales con base en la resolución del 2014 y en el estudio que realizó el Consejo Directivo de la I.E., el cual fue radicado ante Sistema de Atención al Ciudadano (SAC). 13. En este mismo mes, la SEB respondió al rector que debía basar sus actuaciones en la normativa vigente y, en particular, en la Resolución 2314 del 24 de abril de 2014, la cual en su artículo noveno estipula: “[M]omento para el ajuste de las plantas de personal administrativo: Los ajustes que a nivel institucional surjan como consecuencia del presente acto administrativo (necesidades o excedentes) se adelantarán en un futuro inmediato y hasta cuando las circunstancias legales permitan llegar al equilibrio propuesto y exigido legalmente”[7]. De este modo, le advirtió que en el marco del proceso de reorganización que genera la Resolución 2314 de abril de 2014, “una vez las condiciones institucionales y legales que permitan efectuar los ajustes de planta en todos los planteles, fruto de los excedentes de cargos existentes en otras instituciones, se procederá a reubicar al funcionario o el cargo requerido por usted”[8]. 14. En escrito del 9 de agosto de 2017, la Jefe de la Oficina Jurídica de la SEB dio respuesta a una solicitud de concepto jurídico elevada por el rector de la I.E. Llano Grande. Indicó que, de conformidad con el Decreto 1286 de abril 27 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional, “[e]l patrimonio de la asociación de padres de familia y su gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo” (artículo 11) y, además, que dichas asociaciones tienen prohibido “[a]sumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos colectivos del establecimiento educativo” (artículo 12). Así mismo, reiteró a la I.E. Llano Grande abstenerse de contratar por medio de la Asociación de Padres de Familia a una madre de familia para que cumpla labores de aseo “toda vez que a futuro se pueden presentar demandas y reclamaciones”[9] que acarrearían la vinculación y responsabilidad de la institución educativa. 15. El 10 de octubre de 2017, la SEB también reiteró otra de sus respuestas e indicó que (i) basados en el artículo 3° de la Resolución No. 2314 de 2014 en el cual se establece la distribución de cargos administrativos según la asignación de recursos financieros por alumno y (ii) teniendo en cuenta que para la fecha hay 256 alumnos matriculados en la I.E. “Llano Grande” de Nuevo Colón, “le corresponde dos funcionarios administrativos, funcionarios que ya se encuentran en dicha institución. Por lo anterior sería necesario que usted le indicara a esta Secretaría si no existe la necesidad de los servicios que presta el celador y en su lugar requiere el auxiliar de Servicios Generales que menciona”[10]. 16. Por todo lo expuesto, el accionante considera que se vulnera el derecho a la educación y la vida en condiciones de dignidad, a la salud, la integridad, a un ambiente sano de los estudiantes, y el personal docente, directivo docente y administrativo de la institución. En consecuencia, solicita que (i) se ordene una inspección judicial con presencia de los organismos de control, la Alcaldía de Nuevo Colón, entre otras autoridades públicas; (ii) se ordene al departamento de Boyacá que designe o traslade de manera inmediata a un funcionario público en el cargo de servicios generales; y (iii) se conmine a las autoridades departamentales a que no vuelvan a incurrir en esas prácticas evasivas, ni a ignorar las peticiones que se dirijan a proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas de los establecimientos educativos del departamento de Boyacá[11]. B. Actuación de instancia y contestación de la acción de tutela Repartida la acción de tutela, el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Tunja, mediante auto del 18 de octubre de 2017[12], admitió el trámite y decidió (i) tener como pruebas las aportadas al escrito de tutela y (ii) solicitar a las demandadas que informaran al juzgado sobre todos los antecedentes que originaron la acción de tutela y, en especial, sobre lo relacionado con el nombramiento de un auxiliar de servicios generales para la I.E. Llano Grande de Nuevo Colón, Boyacá. La Gobernación de Boyacá guardó silencio dentro del término conferido por la autoridad judicial para ejercer su derecho de defensa. Respuesta de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá -SEB[13] En escrito del 23 de octubre de 2017, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación, por intermedio de apoderada judicial, dio contestación a la acción de tutela de la referencia y señaló que las respuestas dadas por la entidad a las peticiones de la I.E. Llano Grande se han fundamentado en lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 715 de 2001, la cual regula la distribución de recursos para el sector educativo. Agregó que esta norma establece que la asignación anual de recursos financieros a un plantel debe determinarse de acuerdo a la asignación por alumno, la cual se fija a su vez según el número de alumnos matriculados en una institución. Adujo que, con fundamento en ésta ley, la Secretaría de Educación de Boyacá profirió la Resolución 2314 del 24 de abril de 2014, por medio de la cual se determinan criterios para la asignación de funcionarios de carácter administrativo en cada institución, y conforme a la cual a la Institución Educativa “Llano Grande” de 256 alumnos le corresponde 2 funcionarios administrativos; los cuales ya están asignados a la institución. Por último, indicó que ha respondido a las peticiones del rector del plantel y le ha solicitado que informe si no necesita los servicios del ‘celador’ asignado en uno de dichos cargos administrativos, a fin de proceder a la terminación de su nombramiento por falta de necesidad del servicio, y abrir paso a la posibilidad de nombrar al auxiliar de servicios generales que requiere la institución. Por todo lo anterior, señaló que no ha vulnerado el derecho de petición del accionante ni el derecho a la educación de los estudiantes. C. Decisiones objeto de revisión Sentencia de primera instancia[14] Mediante sentencia del 31 de octubre de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja denegó el amparo al considerar que, de acuerdo a la Ley 715 de 2001, efectivamente le corresponde a las Secretarías de Educación y a los Departamentos determinar las plantas de personal de los municipios no certificados, según el número de alumnos matriculados. Además, consideró que el actor debió agotar otros medios de defensa judicial y demandar los actos administrativos que ordenaron la conformación de la planta de personal de la Institución Educativa Llano Grande, según las directrices del Ministerio de Educación. Impugnación[15] Mediante escrito del 8 de noviembre de 2017, el rector de la I.E. impugnó el fallo del juez de primera instancia, el cual fundamentó en que la falta del auxiliar de servicios generales ha generado condiciones de insalubridad que se han convertido en una situación de riesgo para la salud y la vida de la comunidad educativa, especialmente de los menores de edad que son todos los estudiantes. Adujo que el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), como indicador que maneja el Ministerio de Educación para medir la calidad educativa, se apoya en cuatro pilares fundamentales siendo uno de ellos el ‘ambiente escolar’, base fundamental del derecho a un ambiente sano en los planteles educativos del país. Agregó que el a quo desestimó las pruebas solicitadas por la parte demandante y por eso requirió para que en segunda instancia las mismas fueran decretadas. Sentencia de segunda instancia[16] Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja decidió sobre la impugnación interpuesta y confirmó la sentencia de primera instancia. El ad quem reconoció como justificada la inconformidad del rector de la I.E. al considerar que, efectivamente, no se ha implementado en estricto orden la Resolución No. 2314 del 24 de abril de 2014. No obstante, consideró que existían otros medios de defensa judicial que debieron ser usados por el accionante para que la Gobernación diera cumplimiento a la misma, como la acción de cumplimiento, la cual, según la sentencia C-1194 de 2001, tiene como finalidad lograr la efectividad de las normas jurídicas. II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN Mediante auto del 21 de mayo de 2018 esta Sala de Revisión ofició a las demandadas en este proceso para que aportaran copia de las peticiones radicadas por la I.E. Llano Grande ante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), y de algunos actos administrativos expedidos por dichas entidades los cuales constituyen material probatorio relevante para el caso que se analiza. Así mismo, se ofició a la I.E. Llano Grande del municipio de Nuevo Colón para que enviara un informe, con soporte fotográfico y de video, sobre la problemática de falta de aseo e insalubridad que atraviesa el plantel debido a la falta del auxiliar de servicios generales, y sobre la forma en que ésta ha impactado a la comunidad educativa y a la planta física. Respuesta de la Secretaría de Educación de Boyacá[17] En respuesta del 5 de junio de 2018, la entidad envió (i) copia de la Resolución No. 2414 de 2014 expedida por la SEB, la cual definió criterios técnicos para determinar el número de docentes y funcionarios administrativos que le corresponden a cada institución educativa, según el número de alumnos; (ii) copia de la Circular 111 de 2014 de la entidad, mediante la cual fijó orientaciones sobre la aplicación de la resolución anterior, en particular, en lo relacionado con la asignación de funcionarios administrativos[18]; y (iii) copia de algunos de los requerimientos radicados por la I.E. Llano Grande ante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de la entidad, así como de su respectiva contestación, los cuales son relacionadas en el anexo de esta sentencia. Respuesta de la I.E. Llano Grande de Nuevo Colón (Boyacá)[19] En respuesta del 25 de mayo de 2018, la institución educativa solicitó a esta Sala que se ordenara una inspección por parte de los organismos de control con el fin de que rindieran informe sobre el riesgo de salubridad que presenta la planta física y la grave situación de higiene de los baños de los estudiantes. Así mismo, solicitó que la respuesta de la SEB del 20 de noviembre de 2017 no fuera tenida como prueba debido a que, si bien la misma tiene esa fecha, fue entregada al auxiliar administrativo de la institución solo hasta el 30 de mayo de 2018. Además, informa que no es posible que la respuesta sea del 2017, dado que la petición del rector es del 1° de marzo de 2018. También aportó documentación relativa a las solicitudes registradas ante la SEB y las respuestas obtenidas, las cuales son relacionadas en el anexo de esta sentencia; y un informe escrito sobre la insalubridad que se vive en el plantel y la forma en que esto ha afectado los derechos fundamentales de la comunidad educativa y la planta física de la institución; a este informe adjuntó veintitrés fotografías y cuatro videos en medio magnético. III. CONSIDERACIONES Competencia 1. Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, los fallos proferidos dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Asunto objeto de revisión y planteamiento del problema jurídico 2. El rector de la I.E. Llano Grande interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación y la Gobernación de Boyacá por considerar que las mismas vulneraron los derechos a la educación, la vida digna, la salud, la integridad personal y el derecho a un ambiente sano de toda la comunidad educativa, al negarse a designar un funcionario administrativo que prestara el servicio de aseo en el plantel, pese a que en la actualidad sus instalaciones atraviesan una crisis de salubridad e higiene. 3. Por esta razón, una vez verificada la procedencia de la presente acción de tutela, la Sala deberá resolver el problema jurídico del presente caso, el cual consiste en determinar si ¿La Gobernación del Departamento de Boyacá y la Secretaría de Educación de Boyacá vulneraron el derecho a la educación de los niños y niñas de la Institución Educativa Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, al no adoptar medidas efectivas para asegurar la prestación de los servicios administrativos de aseo en sus instalaciones? 4. Para resolver el problema jurídico planteado resulta necesario para esta Corporación abordar los siguientes temas: (i) El análisis de procedencia de la acción de tutela; (ii) El derecho de los niños y niñas a acceder a una educación de calidad que garantice la prestación del servicio en condiciones dignas; (iii) Los deberes constitucionales y legales de planeación presupuestal y coordinación de las entidades territoriales en materia educativa, y finalmente el (vi) Análisis del caso concreto. Análisis de procedencia Legitimación por activa 5. El artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de esta Corporación han reiterado que todas las personas cuyos derechos fundamentales han sido amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular están habilitadas para solicitar el amparo constitucional. De este modo, conforme al desarrollo jurisprudencial que ha hecho esta Corte de esta disposición, estas personas podrán acudir a la acción de tutela para la garantía de sus derechos: (i) en forma directa, (ii) por medio de un representante legal (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos y los interdictos), (iii) a través de un apoderado judicial, (iv) por intermedio de un agente oficioso y (v) por cualquier persona cuando se trate de niños y niñas cuyos derechos fundamentales se encuentren en peligro (artículo 44 de la C.P.)[20]. El alcance de esta última hipótesis, es decir, de la capacidad procesal de cualquier persona para intervenir en representación de los menores de edad cuyos derechos amenacen con ser vulnerados o se hayan vulnerado, ha sido fijada por este Tribunal en reiteradas sentencias con el propósito de asegurar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la prevalencia del interés superior del menor de edad[21]. Sobre la misma, es preciso señalar, en primer lugar, que tiene sustento constitucional en el inciso 2º del artículo 44 de la Carta Política, el cual establece que “[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores” (Subrayas fuera del original). En desarrollo de esta disposición, la Corte ha indicado que, aunque la informalidad que caracteriza a la acción de tutela no se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimación por activa, ésta también permite consideraciones especiales[22], como que cualquier persona se encuentre legitimada “para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño”[23]. Esta flexibilización de la formalidad en casos que involucren menores de edad también está consagrada expresamente en el inciso 1° del artículo 11 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, conforme al cual “salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”. En interpretación de esta regla jurisprudencial, la Corte también se ha pronunciado sobre los presupuestos que deben acreditarse para que se configure la agencia oficiosa. La Sentencia T-197 de 2011 estipuló que cuando se trate de los derechos fundamentales de los menores de edad, un individuo puede presentar la solicitud de tutela sin hacer un estudio exhaustivo “de la correcta utilización de la agencia oficiosa cuando no es propiamente el representante legal quien actúa en su nombre, puesto que, la finalidad de esta figura jurídica consiste en salvaguardar, ante todo, los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección”[24]. 6. Pese a todo lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha sido clara en señalar que, de manera general y preferente, la representación legal de los niños y niñas corresponde a sus padres o a quien ejerza la patria potestad, debido a que son estas personas las llamadas a ejercer las acciones legales pertinentes, entre ellas la acción de tutela, cuando resulte necesario proteger sus derechos fundamentales[25]. Por eso, con el fin de evitar intervenciones ilegítimas o inconsultas derivadas de esta regla, ha fijado una subregla según la cual cualquier persona está legitimada para interponer acción de tutela en nombre de los niños o niñas, siempre y cuando en el escrito o petición conste la inminencia de la violación de sus derechos fundamentales, o la ausencia de representante legal. Este requisito fue fijado por la Sentencia T-498 de 1994 en los siguientes términos: “La ausencia de los representantes legales del menor, o la inminencia del daño a sus derechos fundamentales, son circunstancias, entre otras, cuya mención en el escrito de tutela bastaría para habilitar el agenciamiento de sus derechos”. Con la misma argumentación, la Sentencia T-736 de 2017[26] partió de la verificación concurrente de las dos circunstancias mencionadas y declaró la improcedencia de una acción de tutela interpuesta por dos practicantes de consultorio jurídico a favor de los niños y niñas que estudiaban en la Institución Educativa Normal Superior Manuel Cañizales de Quibdó, luego de encontrar que (i) no se acreditó la ausencia de los representantes que facultara a las demandantes a ejercer la acción de tutela en nombre de los menores de edad; (ii) ni tampoco se demostró la inminencia del daño a los derechos fundamentales de los niños y niñas. En esta sentencia se señaló que esa facultad que tienen quienes representan a los menores de edad y/o ejercen la patria potestad está compuesta, en lo que respecta a la agencia oficiosa, de dos elementos definidos: “En primer lugar, los padres y guardadores deben actuar, respecto de los derechos de acción de los niños y niñas, basados en el principio de beneficencia y bajo el cumplimiento del mandato de primacía del interés superior del menor. Por ende, resulta obligatorio que quienes ejercen la patria potestad adelanten, en nombre del niño, las acciones judiciales y administrativas que resulten necesarias y pertinentes para la protección de las garantías constitucionales. En segundo lugar, el ejercicio de la patria potestad también confiere un margen de apreciación a padres y guardadores, en lo que respecta a la decisión sobre cuándo es necesario hacer uso de los mecanismos judiciales y administrativo en nombre del menor”. En suma, en casos en los cuales la tutela ha sido interpuesta por una persona distinta al representante legal en favor de niños y niñas cuyos derechos fundamentales se encuentren en peligro, se observa que, en algunos casos, este Tribunal ha declarado procedente el amparo cuando concurran las dos circunstancias expresadas anteriormente (Sentencia T-736 de 2017), y en otras, ha exigido la satisfacción de tan solo uno de los supuestos (Sentencia T-498 de 1994), como por ejemplo, la inminencia del daño a los derechos fundamentales de los menores de edad. 7. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que en todos los casos la Corte ha sido consistente en señalar que la labor de escrutinio judicial, en especial cuando se trata de casos en los que exista duda acerca de la procedencia o no de la agencia oficiosa, “deb[e] siempre resolverse de manera que se otorgue eficacia al mandato de prevalencia del interés superior del menor, sin que el reconocimiento de los efectos de la patria potestad pueda operar como barrera para el cumplimiento de est[e] principio constitucional”[27]. Sobre el particular, la Corte ha aclarado que: “(…) la legitimación prevalente de los representantes legales para presentar la tutela en favor de menores de edad, no impide que otras personas, excepcionalmente, agencien sus derechos. En efecto, en casos límite en los cuales los derechos fundamentales invocados y la gravedad de los hechos demuestren que el niño está en riesgo de sufrir un perjuicio, es posible que otra persona, distinta de los representantes legales, actúe en calidad de agente oficioso”. Un ejemplo de estas circunstancias de emergencia es la afectación de la vida, la salud o la integridad física del menor de edad. En estos casos la agencia oficiosa procede incluso ante la negativa del padre o guardador[28]. 8. Por último, en el presente caso es preciso señalar que las actuaciones que adelanten los rectores de instituciones educativas públicas en defensa del derecho fundamental de los niños y niñas a la educación encuentran sustento en las funciones que la misma Ley les ha asignado a éstos. De este modo, además de las señaladas en otras normas, los rectores tienen la función de “[r]esponder por la calidad de la prestación del servicio en su institución” (artículo 10.14 de la Ley 715 de 2001) y “promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación” en el establecimiento que representan (artículo 25 del Decreto 1860 de 1994). Por esta razón, el rector tiene como misión legal velar por la calidad de la educación y, en esa medida, defender los derechos de los alumnos cuando la causa de la afectación se deba a la falta de calidad educativa[29]. 9. Por lo anterior, se observa que el señor Víctor Orlando González Villamil se encontraba facultado para interponer la acción de tutela en calidad de rector de la I.E. Llano Grande de Nuevo Colón y a favor de los niños y niñas que estudian en la institución debido a que sus derechos a la salud, a la vida, a la integridad personal y, especialmente, a recibir un servicio educativo de calidad y en condiciones de dignidad, se encuentran gravemente amenazados por las condiciones de salubridad que ha generado la falta de un funcionario administrativo que realice las labores de aseo. Además, la Corte encuentra que las circunstancias en mención también tienen la particularidad de amenazar los derechos fundamentales del mismo actor, en tanto trabajador de la institución educativa y, por ende, también afectado por la insalubridad que se vive en el plantel. Legitimación por pasiva 10. La legitimación pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada[30]. Según el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°[31] y 5°[32] del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública. En el caso objeto de estudio se advierte que la acción de tutela fue interpuesta en contra de la Gobernación y la Secretaría de Educación de Boyacá, entidades encargadas de administrar el servicio educativo en ese departamento, incluido el que se presta en Nuevo Colón que es un municipio no certificado. Esto quiere decir que las entidades demandadas son autoridades públicas motivo por el cual están legitimadas por pasiva para actuar en este proceso según los artículos 86 superior y 1° y 5° del Decreto 2591 de 1991. Inmediatez 11. Esta Corporación ha resaltado que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad[33]. No obstante, la Corte también ha sido consistente al señalar que la misma debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales[34]. El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”[35], de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados[36]. Sobre el particular es preciso señalar que, si bien la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se configuró desde el 2012 con la primera negativa de las autoridades departamentales para designar al funcionario administrativo adicional que prestara los servicios de aseo, la misma se ha extendido hasta la fecha pues no se ha verificado por esta Sala que la SEB haya adelantado alguna gestión tendiente a solucionar los hechos que dan origen a la afectación de los derechos de los niños y niñas de la I.E. Llano Grande. En este sentido, la Sentencia T-590 de 2014 fue clara al señalar que resulta admisible la dilación en la interposición de la acción de tutela en los casos en que “se produzca una vulneración que resulte permanente en el tiempo”[37]. Por ello, a pesar de que el hecho que originó la presente vulneración es lejano en el tiempo, la situación desfavorable del actor y de la comunidad educativa continúa y es verificable en la actualidad. Así lo advirtió esta Sala al verificar que la respuesta de la SEB a la última solicitud elevada por el rector tiene fecha del 10 de octubre de 2017, en la cual se reiteró la negativa con fundamento en que, según la distribución de cargos administrativos que hizo el departamento, a la institución solo le correspondieron dos funcionarios administrativos, los cuales ya se encuentran nombrados. Además, al advertir que en la Resolución N° 3283 de 23 de abril de 2018, mediante la cual la SEB efectuó recientemente la nueva distribución de la planta de cargos docentes y administrativos, consta que a la I.E. Llano Grande solo le corresponderán dos cargos administrativos. Esta Sala considera que, en este caso, la solicitud de amparo cumple con el requisito de inmediatez debido a que la presunta vulneración de los derechos invocados por el accionante es actual y permanente. Además, en razón a que la acción de tutela se presentó el 17 de octubre de 2017, es decir, una semana después de que el demandante recibió la última contestación desfavorable por parte de la SEB. Subsidiariedad[38] 12. Por último, es preciso señalar que la utilización de la acción de tutela, como mecanismo orientado a la defensa de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por una autoridad pública o un particular, es excepcional y su interposición solo es jurídicamente viable cuando no se encuentre un medio ordinario eficaz para la protección de los derechos y, por tanto, no exista un mecanismo judicial que brinde un amparo oportuno y evite una afectación grave e irreversible de las garantías constitucionales. El principio de subsidiariedad implica el resguardo de las competencias jurisdiccionales, de la organización procesal básica, del debido proceso y de la seguridad jurídica, propias del Estado Social de Derecho. De este modo, “siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”[39]. El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa[40], ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa[41]. La inobservancia de tal principio es causal de improcedencia de la tutela a la luz de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991[42], declarado exequible en la Sentencia C-018 de 1993[43]. La consecuencia directa de ello es que el juez constitucional no puede entrar a discernir el fondo del asunto planteado. 13. En los casos en que existen medios principales de defensa judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido dos excepciones a la improcedencia. Cada una tiene implicaciones sobre la forma en la que ha de concederse el amparo constitucional, en caso de que sea viable hacerlo. i) Si bien, en abstracto, existe otro medio de defensa judicial y el accionante cuenta con él para la defensa de sus derechos, desde la perspectiva de la relación entre el mecanismo y el fin constitucional perseguido por el actor, aquel no tiene la virtualidad de conjurar un perjuicio irremediable. De tal forma, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, mientras el interesado acude a la vía ordinaria para discernir el caso o esta resuelve definitivamente el asunto y, momentáneamente resguarda sus intereses. ii) Si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la tutela procede de manera definitiva. El análisis sobre la eficacia del medio ordinario se encuentra determinada por el contraste entre éste y las condiciones particulares del accionante. En el segundo supuesto, la Corte ha sostenido que para determinar si los medios de defensa judicial que existen son idóneos es necesario revisar “que los mecanismos tengan la capacidad para proteger de forma efectiva e integral los derechos de la persona”[44]. En especial, resulta imperativo verificar si el reclamo de quien merece especial protección constitucional puede ser tramitado y decidido de forma adecuada por la vía ordinaria, o si por su situación particular, no puede acudir a dicha instancia[45]. 14. En el presente proceso, los jueces de instancia declararon improcedente el amparo por considerar que el actor tenía otras vías judiciales para procurar la garantía de los derechos de los estudiantes. En primer lugar, el a quo indicó que el rector “debía demandar los actos administrativos que ordenaron la conformación de la señalada planta de personal de la Institución Educativa Llano Grande del Municipio de Nuevo Colón”. Sobre el particular, la Sala advierte que, efectivamente, la Resolución 2314 de 2014 proferida por la SEB es susceptible de ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, estima que la acción de nulidad carece de idoneidad y eficacia en el caso concreto para la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas invocados por el actor debido a que la mera declaratoria de nulidad no puede garantizar, en este caso, una mejora efectiva de la calidad de la educación que se brinda a los niños y niñas de la I.E. Llano Grande; para ello se requiere dictar otro tipo de órdenes a las autoridades departamentales, las cuales desbordan el marco de acción de la nulidad. De otra parte, el juez de segunda instancia señaló que existían otros medios de defensa judicial que debieron ser usados, como la acción de cumplimiento pues mediante la misma se podía exigir a las autoridades departamentales dar cumplimiento a la Resolución 2314 de 2014 proferida por la SEB. Si bien es cierto que en virtud de la acción de cumplimiento “toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial (…) para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”[46], en el presente caso la Corte descarta que dicha acción sea la más idónea y eficaz para amparar los derechos fundamentales invocados en el presente caso, por las siguientes razones: (i) En el escrito de tutela y otros aportados por el actor en el trámite de revisión ha quedado claro que la razón principal que motiva la vulneración de los derechos, en este caso particular, es la distribución de la planta de personal que la SEB realizó en la Resolución 2314 de 2014, ya que de dicho acto administrativo se desprende que a la I.E. Llano Grande le corresponden solo 2 funcionarios administrativos. Así consta en el informe enviado a esta Corporación por el rector del plantel en el cual solicita la inaplicación de la resolución por ser contraria a normas de rango constitucional[47]. Es decir, la vulneración de los derechos fundamentales tiene fundamento en el mismo acto administrativo por lo que, en este caso, la exigencia del cumplimiento del mismo no resulta eficaz para proteger derecho a la educación. (ii) De otra parte, el artículo 9° de la Ley 393 de 1997 señala que cuando el juez competente para conocer de las acciones de cumplimiento encuentre que los derechos invocados pueden ser protegidos por vía de tutela, debe darle a la solicitud el trámite que corresponda a esta acción. Es decir, la misma ley le da prioridad a la protección que la acción de tutela brinda a los derechos constitucionales fundamentales que resulten amenazados o vulnerados por las autoridades públicas o los particulares. La Sala encuentra que la acción de cumplimiento no procede en este caso porque la misma tiene la finalidad de proteger derechos que pueden ser garantizados por la vía de acción de tutela, como lo es el derecho a la educación, la salud, la vida, y la integridad personal. Por las razones expuestas anteriormente, en el asunto bajo estudio, la acción de tutela se erige como el único mecanismo idóneo para extender una protección oportuna y definitiva a las afectaciones o amenazas al derecho a la educación de los menores de edad. El derecho de los niños y niñas a acceder a una educación de calidad que garantice la prestación del servicio en condiciones dignas 15. Los niños y las niñas, debido a la situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad en la que se encuentran, necesitan de una protección y cuidado especial para desarrollarse de forma armónica e integral en la sociedad. Por eso, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, se ha dispuesto que sus derechos fundamentales deben prevalecer sobre los derechos de los demás y su garantía debe implicar la adopción de medidas efectivas que siempre tengan en cuenta el interés superior del menor de edad como criterio orientador principal[48]. Entre los instrumentos internacionales más relevantes que consagran este principio se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual dispone que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (artículo 3.1). De igual forma, señala que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar “y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas” (artículo 3.2). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24.1) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 19[49]) disponen que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor de edad requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Respecto a dicho deber estatal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ordena que los Estados “deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición” (artículo 10.3). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha dispuesto expresamente que, en la provisión de oportunidades y recursos para el desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social de los niños de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad “las autoridades tomarán en cuenta al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior de los niños como su principal criterio de orientación” (principio 2). Atendiendo a estos compromisos que traza el derecho internacional de los derechos humanos y a los cuales Colombia se ha obligado, los artículos 13[50] y 44[51] de la Constitución Política de Colombia han considerado que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los demás y que el Estado, la Sociedad y la Familia son corresponsables de su especial protección debido a las vulnerabilidades que rodean su proceso de formación y desarrollo, y al estado de indefensión y debilidad en el que se encuentran. La jurisprudencia constitucional también ha reconocido que los menores de edad tienen el status de sujetos de protección constitucional reforzada, “condición que se hace manifiesta -entre otros efectos- en el carácter superior y prevaleciente de sus derechos e intereses, cuya satisfacción debe constituir el objetivo primario de toda actuación”[52]. 16. Ahora bien, la garantía efectiva del derecho a la educación consagrado principalmente en el artículo 67 de la Carta Política también debe tener en cuenta, como principal criterio orientador del accionar del Estado, el interés superior del menor de edad. Así lo reconoció esta Corte al señalar que este criterio “[d]eberá orientar cualquier actuación que se tome al momento de determinar las políticas de acceso de los niños, niñas y adolescentes a [la] sociedad de la información y el conocimiento, a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral”[53]. El artículo 67 señala expresamente: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…)” (Subrayas fuera del texto original). Por lo tanto, como lo indicó la Relatora Especial sobre el derecho a la educación Katarina Tomaöevski, la educación debe diseñarse e implementarse partiendo del interés superior de cada niño y niña, lo cual requerirá que el Estado identifique las barreras que deben ser eliminadas para que éstos puedan aprender de forma efectiva y en condiciones de dignidad[54]. El alcance de esta disposición ha sido definido por la Corte en múltiples oportunidades. Este Tribunal ha señalado que la educación es un derecho y un servicio público de vital importancia para la sociedad colombiana[55]; es una herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la igualdad de oportunidades[56]; es un instrumento que permite la proyección social del ser humano y la realización de sus demás derechos fundamentales[57]; es un elemento dignificador de las personas[58]; es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico[59];(v) y es un instrumento para la construcción de equidad social[60], entre otros. 17. Por su parte, el derecho internacional también ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre este derecho. Así, su principal aporte ha sido el desarrollo de las cuatro dimensiones del derecho que hace la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). Las obligaciones estatales en relación con el derecho a la educación, conforme fueron descritas en dicho instrumento, son: (i) asegurar el funcionamiento efectivo de instituciones educativas y programas en cantidad suficiente para atender la demanda educativa –disponibilidad-; (ii) ofrecer en los centros de educación condiciones para que toda la población acceda a los servicios sin ninguna discriminación, y asegurar que en independencia de los recursos económicos y la ubicación geográfica todos los menores de edad lo logren –accesibilidad-; (iii) garantizar que, de forma y de fondo, la enseñanza, los programas y los métodos pedagógicos sean de calidad y resulten pertinentes y adecuados de conformidad con la comunidad y la cultura a la que se dirigen –aceptabilidad-; y por último (iv) velar porque el sistema educativo se ajuste a las necesidades de los educandos y de su entorno para efecto de asegurar la permanencia de aquellos en los programas de educación -adaptabilidad-. La distinción entre estas cuatro dimensiones favorece el análisis de los casos en los cuales el derecho a la educación de los menores de edad es amenazado o vulnerado, en el entendido de que solo su confluencia asegura el ejercicio integral de ese derecho por tratarse de garantías interconectadas e interdependientes[61]. 18. Respecto de esas cuatro dimensiones del derecho a la educación, para el caso objeto de estudio, esta Sala considera importante ahondar en la faceta de la accesibilidad. Esta faceta del derecho hace referencia a que tan al alcance tienen los niños y niñas colombianos las condiciones mínimas que se requieren para disfrutar del derecho a la educación. Sobre la faceta de la accesibilidad, la Sentencia T-207 de 2018 precisó que en las Sentencias T-690 de 2012[62] y T-458 de 2013[63] y T-008 de 2016[64] esta Corporación indicó que esta obligación-dimensión implica concretamente adoptar medidas que eliminen las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad de su proceso de aprendizaje, a pesar de las complejidades presupuestales[65]. El Comité DESC ha desarrollado esta faceta y ha dispuesto que una de las dimensiones de esta obligación de accesibilidad es la accesibilidad material, conforme a la cual la educación ha de ser asequible materialmente ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia)[66]. 19. Por su parte, este Tribunal Constitucional ha decidido numerosos casos relacionados con la falta de accesibilidad a la educación por ubicación geográfica. No obstante, también ha dispuesto que los servicios de restaurante escolar, transporte escolar, y administrativos generales (como por ejemplo los servicios de secretaría, aseo y vigilancia) constituyen condiciones de acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas[67]. En la sentencia T-273 de 2014[68], la Corte conoció de una tutela interpuesta por los padres de familia de más de 60 niños y niñas en contra del departamento del Casanare, el municipio de Yopal y el Ministerio de Educación Nacional debido a que instituciones educativas del departamento habían suspendido, permanente o intermitentemente, los servicios de transporte escolar, restaurante escolar, y servicios administrativos de aseo, vigilancia, secretaría y generales, lo cual obstruía el goce efectivo del derecho fundamental de los estudiantes. En esta oportunidad, la Corte concluyó que la prestación continúa y adecuada de estos servicios, además de desarrollar el compromiso del Estado de fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, concreta las garantías de acceso y permanencia en la educación. Este Tribunal precisó: “(…) los servicios de restaurante escolar, transporte escolar y administrativos generales son necesarios y constituyen condiciones concretas para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas, y su ausencia representa una barrera para poder recibir educación”[69]. Particularmente, con relación a los servicios administrativos, la misma sentencia señaló que éstos constituyen factores operativos que habilitan la prestación del servicio y que, por lo tanto, son requeridos para garantizar la accesibilidad material al sistema educativo sin obstáculos. Sobre esta subregla, la Corte precisó: “no cualquier ausencia de personal administrativo constituye una violación de la garantía de acceso a la educación debida a los menores estudiantes. No obstante, cuando la falta o interrupción de un servicio general o administrativo represente una barrera de acceso, obstruya la permanencia de los estudiantes en una institución educativa o afecte el derecho de los menores a recibir educación en condiciones dignas, dicha interrupción constituye una vulneración de su derecho fundamental a la educación. Así por ejemplo cuando la ausencia de personal de aseo conduzca a un grave deterioro de las condiciones de salubridad e higiene de una institución, el derecho a los menores a recibir educación en condiciones dignas se verá vulnerado”[70] (Subrayas fuera del original). De este modo, la Corte concluyó que cuando la falta del servicio administrativo de aseo en una institución educativa se traduzca en una afectación del derecho de los menores de edad a recibir educación en condiciones dignas, se deberá entender que existió una vulneración de su derecho a la educación. 20. De otra parte, en interpretación de esta dimensión para casos en los que se ha acreditado la existencia de barreras geográficas pa...