Sentencia T-267 de 2020

T-267-20 Sentencia T-267/20 ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS DE ENFERMO DE SIDA-Procedencia por ser sujetos de especial protección constitucional PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Desarrollo jurisprudencial Cuando se trata de verificar si un trato hacia una persona con VIH ha sido discriminatorio se invierte la carga de la prueba, de tal manera que es la contraparte la que debe demostrar que su conducta no obedece a un ánimo adverso al principio de igualdad, lo que en el ámbito del derecho a la estabilidad laboral reforzada se traduce en una presunción de discriminación hacia el trabajador; entonces, debe ser el empleador el que acredite que la decisión de desvinculación se produjo en virtud de una razón objetiva –mas no a causa del estado de salud del subalterno. DEBER DE SOLIDARIDAD DE LOS EMPLEADORES FRENTE A TRABAJADORES CON VIH/SIDA PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Reiteración de jurisprudencia Las personas que conviven con VIH/SIDA, independientemente de la fase en que se encuentre la patología, son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, del cual se desprenden, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, diferentes garantías asociadas a los principios de dignidad humana, igualdad y solidaridad, y al goce efectivo de los derechos a la salud, al mínimo vital, a la seguridad, y a la vida en condiciones dignas. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE ENFERMO DE VIH/SIDA-Protección especial Entre este conjunto de medidas de protección que ha decantado la Corte se encuentran el derecho a mantener en reserva su diagnóstico y no revelarlo al empleador, el derecho a ser reubicado para cumplir funciones compatibles con su estado de salud, así como el derecho mantener el trabajo o alternativa productiva –al margen de la modalidad de contratación de que se trate– y a no ser desvinculado debido a su condición y sin que medie una razón objetiva, so pena de que se presuma que el empleador ha incurrido en un trato discriminatorio proscrito por el Derecho; en este sentido, se exime de la carga de la prueba al trabajador y deberá ser el patrono quien demuestre ante el inspector de trabajo que se configura una causa auténticamente ajena a la enfermedad del trabajador que justifica la cesación de la relación laboral, y será dicha autoridad la que valore los motivos expuestos por el patrono y eventualmente autorice el despido o la no renovación del contrato. DERECHO A LA INTIMIDAD-Trabajador no está obligado a comunicarle al empleador que padece VIH/SIDA DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE ENFERMO DE VIH/SIDA EN CONTRATO DE OBRA O LABOR DETERMINADA DERECHO A LA SALUD DEL ENFERMO DE VIH/SIDA-Vulneración por falta de continuidad en el tratamiento de la patología REINTEGRO AL CARGO DE TRABAJADOR PORTADOR DE VIH/SIDA-Orden de reintegrar al accionante a un cargo similar al que ocupaba Referencia: Expedientes acumulados (i) T-7.747.740 y (ii) T-7.765.405 Acciones de tutela formuladas por (i) Giovanni contra Fuerzactiva EST S.A.S. y Construlog S.A.S., y (ii) Harold contra Ecopetrol S.A. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020). La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela que a continuación se relacionan: (i) Sentencia del 7 de noviembre de 2019, dictada en segunda instancia por el Juzgado 8° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, que confirmó parcialmente y adicionó la del 18 de septiembre de 2019, dictada en primera instancia por el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad, dentro de la demanda constitucional de amparo promovida por Giovanni contra Fuerzactiva EST S.A.S. y Construlog S.A.S. (expediente T-7.747.740). (ii) Sentencia del 14 de noviembre de 2019, pronunciada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ‒Sala Civil‒, que confirmó la del 16 de octubre de 2019, emitida por el Juzgado 43 Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro de la acción de tutela formulada por Harold contra Ecopetrol S.A. (expediente T-7.765.405). El proceso de la referencia fue escogido por la Sala de Selección de Tutelas número Uno[1], mediante auto del 31 de enero de 2020. Como criterio de selección se indicó la urgencia de proteger un derecho fundamental (criterio subjetivo), con fundamento en el literal b) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015. Aclaración preliminar Teniendo en cuenta que las acciones de tutela de la referencia gravitan en torno a la presunta vulneración de derechos fundamentales de personas diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana ‒en adelante VIH‒, esta Sala de Revisión estima pertinente suprimir de la publicación de la sentencia y de todas las actuaciones subsiguientes los nombres reales y demás datos que permitan la identificación de los demandantes, como una medida de protección de su derecho a la intimidad y de la confidencialidad que ampara sus historias clínicas. En consecuencia, en el texto de esta providencia la Sala ha reemplazado los nombres originales de los actores con los nombres ficticios de Giovanni (expediente T-7.747.740) y Harold (expediente T-7.765.405). I. ANTECEDENTES En los expedientes objeto de estudio los demandantes son ciudadanos portadores de VIH que fueron desvinculados de sus trabajos por sus respectivos empleadores y que, por lo tanto, solicitan por vía de acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida. Pasan a reseñarse los aspectos principales de cada proceso. 1. Expediente T-7.747.740 1.1. Hechos y solicitud de amparo 1.1.1. El señor Giovanni fue diagnosticado con VIH desde el 15 de junio de 2015. Viene siendo tratado con los medicamentos Abacavir 600 desde el 18 de junio de 2015 y Lamivudina 300 Efavirenz 600 desde el 16 de octubre de 2018, y debe asistir a control médico dos veces por mes[2]. 1.1.2. El 19 de junio de 2018 se suscribió un contrato de trabajo por duración de obra o labor[3] entre el accionante y Fuerzactiva EST S.A.S.[4], para desempeñar el cargo de soporte técnico como ingeniero, a fin de ser enviado como trabajador en misión a la empresa Construlog S.A.S.[5], por un salario mensual de $1’800.000. 1.1.3. En el marco de dicho contrato, el trabajador se obligó a practicarse los exámenes médicos de ingreso y los que periódicamente se le solicitaran, así como a entregar los resultados al empleador. Una vez le fueron practicados los exámenes de ingreso, la institución Laboratorio de Estudios Clínico Bacteriológicos expidió certificado de aptitud para el cargo el mismo 19 de junio de 2018[6]. 1.1.4. El 5 de septiembre de 2018 se suscribió un otrosí[7] entre el trabajador y la empresa Fuerzactiva EST S.A.S. en virtud del cual se acordó que el salario ascendería a la suma de $2’100.000 mensuales a partir del 1° de septiembre de 2018[8]. 1.1.5. El 9 de abril de 2019, sin contar con autorización del Ministerio del Trabajo, Fuerzactiva EST S.A.S. dio por terminado el contrato laboral con el señor Giovanni con el argumento de que había finalizado la obra o labor[9]. Sin embargo –afirma la demanda–, la labor se sigue desarrollando puesto que la empresa de servicios temporales sigue enviando trabajadores en misión a la empresa Construlog S.A.S., para que desempeñen la misma función que venía realizando el actor. 1.1.6. A raíz de la desvinculación, el promotor de la acción aduce que ve amenazados sus derechos a la salud y a la vida por no poder acceder al sistema de salud para proseguir su tratamiento, al tiempo que tampoco puede realizar los aportes al sistema de pensiones para eventualmente iniciar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y obtener una pensión por invalidez. Por lo tanto, invoca la protección de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, y solicita que, como consecuencia del amparo, se ordene su reintegro a un cargo de iguales o mejores condiciones, sin solución de continuidad, con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir y el pago de los respectivos aportes a seguridad social. Además, pide que se le reconozca el pago de la sanción por despido discriminatorio de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 1.2. Traslado y contestación de la acción de tutela 1.2.1. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla. Admitida la acción, se corrió traslado al extremo pasivo para que se pronunciara sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo[10]. 1.2.2. Fuerzactiva EST S.A.S.[11] se opuso a las pretensiones del accionante argumentando que no se cumplía el requisito de subsidiariedad al existir otro medio de defensa judicial idóneo ante la justicia laboral. Expuso que el reproche frente a la terminación del contrato, basado en que el servicio a favor de la empresa usuaria se sigue prestando, se sustenta en la ausencia de una causa objetiva para la desvinculación, mas no en el fuero especial del extrabajador. Ello –adujo–, demuestra que los motivos para solicitar el reintegro no son la presunta vulneración de derechos fundamentales, sino que se alega la terminación irregular del contrato, lo cual debe discutirse ante la jurisdicción ordinaria laboral. Agregó que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor, que este no goza de estabilidad laboral reforzada, que puede afiliarse al régimen subsidiado de salud para continuar recibiendo los servicios que requiera, y que en el ordenamiento jurídico existe un plan de protección al cesante. Afirmó que no es cierto que la empresa tuviera conocimiento acerca de su diagnóstico, pues el trabajador nunca lo manifestó y en el examen de ingreso solo se verifica si el aspirante es apto o no para el cargo, y que la terminación del contrato no tuvo nada que ver con su situación médica. Además, mientras el contrato estuvo vigente se le cancelaron sus salarios, prestaciones y se efectuaron los correspondientes aportes a seguridad social[12]. 1.2.3. Saludtotal EPS[13] aseguró que no había incurrido en vulneración de los derechos fundamentales del accionante en tanto siempre le ha prestado los servicios asistenciales que ha requerido, y que se presentaba respecto de esa entidad una falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que el señor Giovanni se encontraba en calidad de afiliado a la entidad en estado suspendido para ese momento[14] y que no mantuvo ninguna relación de tipo laboral con el citado, por lo que no era la llamada a responder por los derechos reclamados, los cuales, en todo caso, debían ser expuestos ante la justicia ordinaria laboral. 1.2.4. ARL Sura[15] manifestó que durante la afiliación del accionante[16] no se reportó ningún evento como accidente de trabajo ni ninguna enfermedad laboral, así como tampoco esa entidad fue notificada de ningún proceso de calificación de origen adelantado por alguna entidad de seguridad social. Anotó que la infección por VIH que describe el tutelante es una patología de origen común que no guarda relación con la actividad laboral y que, por tanto, las atenciones médicas debían ser asumidas por la EPS en que el mismo estuviera afiliado. En ese sentido, indicó que existía una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa aseguradora de riesgos laborales. Añadió que solo las limitaciones profundas y severas son merecedoras de la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada y que el actor no se encuentra en dicha condición, ni cuenta con calificación de pérdida de capacidad laboral, por lo que tampoco es susceptible de dicha garantía. 1.3. Fallos de tutela objeto de revisión 1.3.1. Agotado el trámite[17], mediante sentencia del 18 de septiembre de 2019[18], el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela. Como sustento de ello, afirmó que ni de los hechos narrados ni de las pruebas aportadas se podía demostrar la conexidad entre la enfermedad del actor y el motivo del despido, y que tampoco se puede inferir el conocimiento de la patología por parte del empleador a partir de permisos para asistir a citas médicas, incapacidades o recomendaciones. Expuso que le asistía razón a Fuerzactiva EST S.A.S. en cuanto a que no tenía obligación de conocer el historial médico del trabajador y agregó: “encuentra este Despacho con extrañeza que el actor en el momento de la realización de evaluación o examen médico de ingreso, no haya manifestado el diagnóstico que padece de VIH y solo hace referencia al mismo, posterior a su despido.” Así, para el juez de primera instancia “no existe prueba alguna irrefutable que demuestre a este Despacho que el despido del actor aconteció por su estado de salud, sino por el contrario se dio en atención a causa objetiva discriminada en las formas determinación (sic) del contrato de trabajo dispuesta (sic) en la normatividad laboral y en ese sentido deberá el actor señor GIOVANNI acudir a la justicia ordinaria laboral, si mantiene su pretensión en ese sentido, para que allá se determine si hay lugar a tal reintegro.” En cuanto a la atención en salud, agregó que la EPS Saludtotal ha garantizado la continuidad del servicio, la cual no puede ser indefinida y sólo se deberá mantener en lo que se relacione con las afectaciones diagnosticadas y/o atendidas mientras se mantuvo vigente la afiliación. Frente a la imposibilidad del actor de seguir cotizando por su desvinculación laboral, sostuvo que podía afiliarse al régimen subsidiado para que le sigan suministrando los servicios que requiera. Asimismo, concluyó que no le cabía responsabilidad a la ARL Sura, por cuanto no se trata de una enfermedad de origen laboral. 1.3.2. Inconforme con la anterior determinación, el accionante la impugnó[19], insistiendo esencialmente en que el empleador conocía su condición de salud y que, sin embargo, no solicitó permiso al Ministerio del Trabajo para proceder a su desvinculación. Añadió también que se debía aplicar una presunción de veracidad sobre sus afirmaciones respecto a la empresa Construlog S.A.S., en donde cumplía sus funciones como trabajador en misión, comoquiera que la referida sociedad no desvirtuó lo expuesto en la demanda. 1.3.3. Por sentencia del 7 de noviembre de 2019[20], el Juzgado 8° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla confirmó lo decidido en primera instancia en cuanto a la improcedencia de la acción de tutela frente a la pretensión de reintegro y pago de acreencias laborales, y adicionalmente resolvió tutelar el derecho a la salud del accionante, por lo que ordenó a la EPS Saludtotal emitir las órdenes tendientes a que al actor se le continúen prestando todos los servicios médicos necesarios para su tratamiento. Estimó que la controversia entre las partes de la relación laboral debía ser definida ante la jurisdicción ordinaria laboral, con el fin de que dentro de un proceso con el pleno de términos, etapas y pruebas se efectúe un análisis exhaustivo se establezca si le asiste algún derecho le corresponde al accionante. No obstante, señaló que una EPS no puede suspender un tratamiento o un medicamento necesario para salvaguardar la vida, la salud y la integridad de un paciente por el hecho de que ya no esté inscrito en la entidad a causa de una desvinculación laboral, por lo cual en esta oportunidad Saludtotal EPS debe garantizar al actor el servicio médico que le venía prestando para la patología de VIH, a pesar de su despido. 2. Expediente T-7.765.405 2.1. Hechos y solicitud de amparo 2.1.1. El 17 de octubre de 2006 se suscribió un contrato de trabajo a término fijo por un año[21] entre el señor Harold y Ecopetrol S.A., con el fin de que el primero prestara sus servicios como profesional en entrenamiento en la ciudad de Bogotá, por un salario de $2’102.079 mensuales. 2.1.2. El contrato fue prorrogado por un año más a partir de la fecha de su vencimiento, mediante otrosí[22] suscrito entre las partes el 17 de octubre de 2007. 2.1.3. El 24 de junio de 2008 Ecopetrol S.A. le comunicó[23] al accionante que había sido aprobada su designación como Profesional III. En virtud de lo anterior, el trabajador renunció a su cargo anterior[24] el 29 de agosto de 2008 (renuncia efectiva a partir del 15 de septiembre del mismo año) y fue nuevamente vinculado el 22 de septiembre de 2008, mediante contrato a término indefinido[25], para desempeñarse como Profesional III VEX por una remuneración de $3’998.000. Durante los años de su vinculación con Ecopetrol S.A., el demandante fue ascendido, recibió altas calificaciones en las evaluaciones de desempeño que le practicaban anualmente, así como también obtuvo reconocimientos por su excelencia, aportes y el logro de metas en diferentes ocasiones[26]. 2.1.4. En enero de 2014 el señor Harold presentó un brote en el cuerpo y asistió a la Regional de Salud de la empresa accionada, de donde fue remitido a dermatología. El mismo mes visitó al especialista y, al evidenciar síntomas de sífilis, le ordenaron unos exámenes. Como resultado de las pruebas dio reactivo para VIH el 15 de febrero de 2014, diagnóstico que fue confirmado por infectólogo adscrito a la Clínica Infectólogos de Colombia el 12 de mayo del mismo año. En consecuencia, inició tratamiento antirretroviral y seguimiento permanente por el especialista[27]. 2.1.5. Luego de conocer su diagnóstico, el actor decidió no mencionar nada sobre su condición en su entorno laboral, por temor a recibir discriminación o rechazo, y tampoco lo expresó en su hogar, para evitar el sufrimiento de sus familiares. Entretanto, continuó con el tratamiento y el control médico regular, lo que le permitió llevar una vida saludable y proseguir con su trabajo de manera normal –inclusive, recibió un reconocimiento por su excelencia en diciembre de 2018–. 2.1.6. Se afirma en el escrito introductorio que en agosto de 2019 la empresa accionada aumentó significativamente la carga laboral al accionante, situación que lo llevó a trabajar más de 12 horas diarias, fines de semana y festivos para lograr cumplir las metas trazadas y continuar con una óptima calificación de desempeño. 2.1.7. El 21 de agosto de 2019 Ecopetrol S.A. dio por terminado el contrato de trabajo con el señor Harold de forma unilateral y sin justa causa[28]. Asimismo, se le informó que el servicio de salud de la compañía se le prestaría a él y a sus familiares por el término de tres meses después de terminada la vinculación, esto es, hasta el 21 de noviembre de 2019. 2.1.8. El 23 de septiembre de 2019 el actor elevó petición[29] a la sociedad accionada solicitando que se le informara si en la Gerencia Corporativa de Asuntos Éticos y de Cumplimiento existió queja y/o denuncia en su contra y, en caso afirmativo, que se le remitiera copia del expediente disciplinario. Como respuesta, el 4 de octubre siguiente[30], la Oficina de Participación Ciudadana le indicó que el procedimiento ético era confidencial –salvo que debiera remitirse a las autoridades competentes– y que por tanto no era posible suministrarle información sobre el particular, y le aclaró que en todo caso los procedimientos éticos no generaban imposición de sanciones sino la formulación de recomendaciones si se encuentra que hay mérito para ello. La referida dependencia agregó que tras analizar los hechos y las pruebas se determina si se da traslado a la Oficina de Control Disciplinario Interno de Ecopetrol y a la Vicepresidencia de Talento Humano para lo de su competencia, y que las decisiones que allí se adopten no son del resorte de la Gerencia de Ética y Cumplimiento. 2.1.9. El demandante manifiesta que no comprende su despido a pesar de su buen rendimiento laboral y que para mantener un buen estado de salud no puede interrumpir su tratamiento antirretroviral diario, por lo cual la determinación de desvinculación de Ecopetrol S.A., que apareja la finalización de los servicios asistenciales que le suministra esta empresa, pone en peligro su salud y su vida. Afirma que sus padres dependen económicamente de él y son también beneficiarios del servicio de salud, de manera que el despido no sólo lo afecta a él, sino también a sus progenitores. Adicionalmente, expresa que, por tratarse de un régimen especial de salud, la misma empresa empleadora tenía pleno conocimiento de su estado de salud, y que sin embargo no justificó una causal objetiva de despido ni solicitó autorización al Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, invoca la protección de sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, a la intimidad, al buen nombre, a la no discriminación, y a la vida e integridad personal, y solicita que, en razón de la tutela, se ordene su reintegro a un cargo igual o de superior categoría con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, se disponga su afiliación y la de su núcleo familiar al régimen especial de salud de Ecopetrol S.A., se condene a la empresa al pago de la sanción por despido discriminatorio de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 2.2. Traslado y contestación de la acción de tutela 2.2.1. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá. Admitida la demanda, se dispuso la notificación a la empresa accionada para que se pronunciara sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo[31]. 2.2.2. Ecopetrol S.A.[32] se opuso a las pretensiones del accionante manifestando que el mismo no se encontraba en condición de debilidad manifiesta, toda vez que su condición de salud no le impide o dificulta sustancialmente el ejercicio de su profesión, teniendo en cuenta que él mismo afirma que lleva una vida normal, su diagnóstico jamás interfirió en sus funciones e incluso obtuvo buenas calificaciones de desempeño y reconocimientos. Afirmó que la entidad desconoce la historia clínica del trabajador, pero que de las copias aportadas por él junto con la acción de tutela se evidencia que desde el diagnóstico de VIH en el año 2014 no ha presentado otras afecciones significativas, aunado a que en el examen médico de egreso efectuado el 26 de agosto de 2019 se reportaron condiciones óptimas de salud al momento del retiro. Arguyó que la empresa desconocía el diagnóstico del accionante, puesto que las historias clínicas son confidenciales y no pueden ser consultadas por los jefes de los trabajadores, además de que no se trataba de un hecho notorio, el propio accionante señala que nadie sabía acerca de su estado de salud, ni se reportaron solicitudes de reubicación o incapacidades que permitieran inferir su condición. Además, aunque es cierto que los trabajadores cuentan con un régimen de salud de excepción, la prestación del servicio se realiza a través de instituciones ajenas a la empresa, las cuales no envían la historia clínica de los pacientes. En cuanto a la relación de causalidad entre la afección del actor y la desvinculación, manifestó que el extrabajador no demostró tal circunstancia. Expuso que Ecopetrol S.A. terminó el contrato sin justa causa conforme a las facultades que le otorga el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pagando la indemnización que la misma norma señala y sin tener indicios acerca del estado de salud del promotor de la acción, pues –insistió– él mismo ha aseverado que la enfermedad se encuentra controlada y es imperceptible para quienes lo rodean, de modo que no se puede hablar de un despido discriminatorio. Por otro lado, esgrimió que el demandante cuenta con la posibilidad de afiliarse al régimen contributivo o al subsidiado de salud para continuar con su tratamiento y afiliar también a sus padres, y que además es un profesional joven, sin hijos y con una buena calidad de vida, por lo que no es procedente la protección constitucional que solicita. 2.3. Fallos de tutela objeto de revisión 2. 3.1. Por sentencia del 16 de octubre de 2019[33], el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá concedió el amparo deprecado y, en consecuencia, ordenó a Ecopetrol S.A. reintegrar y reubicar al accionante al cargo que venía desempeñando al momento de su despido, sin solución de continuidad, o en un cargo de condiciones iguales o mejores, así como también restablecerle la atención en salud a él y a su núcleo familiar. Dispuso igualmente compensar las acreencias debidas al actor y lo recibido por este a título de indemnización, pero denegó la pretensión de pago de la sanción de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 indicando que “esta expedita vía constitucional no debe usarse para la declaración de derechos económicos”. Fundó su decisión en que el Estado, a partir del artículo 13 C.P., tiene un mandato de protección especial frente las personas portadoras de VIH/SIDA, en el sentido de proscribir todo tipo de discriminación y proporcionarles un trato igualitario por su estado de debilidad manifiesta. Ello se expresa en diferentes herramientas, entre las cuales se encuentran la Ley 361 de 1997, el Decreto 1543 de 1997 y el Ley 972 de 2005, que contemplan medidas para fortalecer las garantías de que son titulares, como la no obligación de informar a sus empleadores acerca de su condición, la estabilidad laboral reforzada y prohibición de discriminación a causa del diagnóstico. A su vez, subrayó que la jurisprudencia constitucional ha establecido reglas encaminadas a materializar la estabilidad laboral reforzada de los portadores de VIH/SIDA en estrecha relación con su derecho a la salud. Bajo esas premisas, sostuvo que el accionante es merecedor de un trato especial por la vulnerabilidad que le ocasiona su diagnóstico y que no tenía obligación de dar a conocer su estado de salud al empleador, aclarando que esta situación que no impide la protección. Así, como no existió causal objetiva del despido por parte de Ecopetrol S.A. y tampoco se contó con la autorización del Ministerio del Trabajo, concluyó que se abría paso el reintegro solicitado. 2.3.2. Ecopetrol S.A. impugnó el fallo[34], reiterando que el despido no tuvo fines discriminatorios, que desconocía el estado de salud del accionante y que no existió nexo causal entre la enfermedad y la decisión de desvinculación sin justa causa. Insistió en que el extrabajador no se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y que, por tanto, no es titular de estabilidad laboral reforzada. Por otra parte, señaló que, tras conocer el fallo condenatorio dictado en primera instancia, la empresa encontró información, recibida a través de la Línea Ética de Ecopetrol S.A. y que fue remitida a la Fiscalía General de la Nación[35], en relación con presuntos hechos de acoso sexual a practicantes del SENA por parte del accionante, por lo que se abrió una indagación que actualmente está activa en la Fiscalía 49 Seccional Unidad de Delitos Sexuales -Dirección Seccional de Bogotá-, y que la compañía no tolera este tipo de situaciones. Por ello, Ecopetrol S.A. solicitó subsidiariamente[36] que, en caso de confirmarse el amparo, no se ordenara el reintegro del trabajador sino solamente la prestación del servicio de salud por otros tres meses adicionales, mientras el citado gestiona su afiliación al sistema general de seguridad social. De manera simultánea a la impugnación, Ecopetrol S.A. allegó copia del acta de reintegro del señor Harold[37], con efectos a partir del 18 de octubre de 2019, a un cargo de la misma jerarquía al que venía desempeñando hasta antes de ser despedido. 2.3.3. Por sentencia del 14 de noviembre de 2019[38], la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó íntegramente lo decidido en primera instancia. Consideró que el supuesto desconocimiento del empleador respecto de la patología no daba al traste con la protección concedida, de acuerdo con lo sostenido en casos similares por la Corte Constitucional en que se ha referido al carácter objetivo del derecho a la estabilidad laboral reforzada y a que no es necesario que el trabajador comunique a su empleador sobre su enfermedad de VIH. Añadió que el diagnóstico basta para que la persona sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, de suerte que así Ecopetrol S.A. manifieste que no lo sabía, la presunción del despido discriminatorio le imponía a la empresa demostrar que la desvinculación se produjo por una justa causa, carga que no cumplió, teniendo en cuenta su defensa ha consistido en afirmar que el despido se dio como ejercicio de la facultad objetiva de terminar el contrato sin justa causa. Admitir lo contrario –afirmó el juez de segunda instancia– significaría dejar a la deriva la protección de rango constitucional y desconocer el principio de solidaridad y la calidad de sujeto de especial protección constitucional que tienen las personas con VIH/SIDA. 3. Actuaciones en sede de revisión Mediante memorial radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 12 de marzo de 2020[39], Ecopetrol S.A. reiteró los argumentos de defensa planteados ante los jueces de instancia y solicitó que se revocaran los fallos que le fueron adversos para, en su lugar, negar el amparo constitucional. Adicionalmente, indicó que el 19 de noviembre de 2019 se había recibido una comunicación[40] que informa acerca del acta de registro de constitución ante la autoridad de trabajo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Minero Energética –Sintramen– de fecha 8 de noviembre de 2019, donde el señor Harold fue designado en la junta directiva como secretario de organización. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Planteamiento del caso En el asunto bajo estudio, dos extrabajadores diagnosticados con VIH demandan a las empresas paras las cuales laboraban debido a que fueron desvinculados de sus empleos sin que para ello se contara con autorización previa por parte de la autoridad de trabajo. Aducen que el virus del que son portadores los ubica en un estado de debilidad manifiesta y que la ruptura unilateral de la relación laboral por parte de sus empleadoras acarrea una desprotección de sus garantías fundamentales, en particular, de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida. Con base en lo anterior, solicitan al juez constitucional que ordene a las empresas accionadas su reintegro a los cargos que solían desempeñar o a unos de mejores condiciones, y que se disponga el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento del despido, la satisfacción de las garantías asociadas a la seguridad social –en especial salud y pensión–, y el pago de la indemnización por despido discriminatorio de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En ambos casos las empresas demandadas se opusieron a las pretensiones de los accionantes, afirmando que desconocían el diagnóstico de los mismos y que su desvinculación no obedeció a su estado de salud. En las sentencias objeto de revisión se adoptaron decisiones distintas para cada uno de los casos: en la acción de tutela promovida por Giovanni se consideró que el mecanismo constitucional era improcedente para dirimir la controversia en torno al reintegro y el pago de acreencias laborales –aunque se concedió el amparo del derecho a la salud frente a la EPS donde aquel se encuentra afiliado–, al paso que en proceso promovido por Harold prosperaron las pretensiones del actor –salvo la relacionada con el pago de la indemnización por despido discriminatorio–. 3. Problema jurídico a resolver Como medida inicial, corresponde a la Sala verificar si en los casos bajo estudio se reúnen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en orden a establecer si, pese a tratarse de pretensiones que normalmente son del resorte de la jurisdicción ordinaria laboral, existe una afectación a derechos fundamentales que haga oportuna la intervención del juez de tutela. Si tras este análisis se comprueba que la intervención de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un estudio de fondo, la Corte deberá determinar si los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida, invocados por los ciudadanos Giovanni y Harold fueron vulnerados por parte de Fuerzactiva EST S.A.S. y por Ecopetrol S.A., respectivamente, al dar por terminados los contratos con dichos trabajadores diagnosticados con VIH, sin solicitar previamente autorización al Ministerio del Trabajo. Asimismo, tomando en consideración lo expuesto en el escrito de tutela por el señor Giovanni, la Corte deberá establecer si su derecho fundamental a la salud fue desconocido por parte de Saludtotal EPS al, presuntamente, interrumpir su acceso a los servicios asistenciales que su enfermedad requiere, como consecuencia de la finalización de su relación laboral. Para dar respuesta a estas cuestiones, la Sala Novena de Revisión procederá a efectuar el estudio de los siguientes ejes temáticos: i) la procedencia de la acción de tutela, y ii) el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas portadoras de VIH. Una vez agotado el estudio de los anteriores aspectos se abordará el análisis de los casos en concreto, luego de lo cual se adoptarán las determinaciones a que haya lugar frente a cada solicitud de amparo. i) Procedencia de la acción de tutela El artículo 86 de la Carta Política de 1991 consagró la acción de tutela como un mecanismo judicial de naturaleza excepcional orientado a brindar a toda persona una protección inmediata ante conductas de autoridades públicas o de particulares ‒en determinadas circunstancias‒, que ocasionan una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales del solicitante. Por su carácter excepcional, la acción de tutela no está destinada a sustituir los procedimientos a través de los cuales los jueces ordinarios resuelven normalmente las controversias, de modo que, en principio, sólo es procedente en los eventos en que el peticionario carezca de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para perseguir la salvaguarda de sus garantías constitucionales, salvo que, dada la inminencia de una lesión iusfundamental, se recurra a ella como mecanismo transitorio para conjurar un perjuicio irremediable. Así pues, a partir de los presupuestos fijados en el texto superior y en los artículos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991[41], la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela se satisface a partir de la concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) inmediatez; y, (iv) subsidiariedad. Es necesario, entonces, que antes de entrar a dilucidar el fondo del asunto sometido a su consideración, el juez constitucional se concentre en verificar el cumplimiento de cada uno de los presupuestos de procedencia. De ello pasa la Sala a ocuparse a continuación: Legitimación en la causa por activa. Según el artículo 86 superior, la solicitud de amparo constitucional puede ser formulada por cualquier persona, ya sea por quien soporta directamente el agravio de sus derechos fundamentales, o por alguien que actúe en nombre del afectado. Es menester constatar, por lo tanto, si quien promueve la acción de tutela está habilitado para hacer uso de este mecanismo judicial, bien porque es el titular de los derechos cuya protección reclama, ora porque actúa en procura de una persona que no se encuentra en condiciones de promover su propia defensa, en virtud de la figura de representación legal o a través de la figura de la agencia oficiosa[42]. En el sub júdice, se observa que, a través de apoderados especialmente constituidos[43], los señores Giovanni y Harold promueven la acción de tutela con el fin de que se les protejan sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida, los cuales consideran lesionados a raíz de la decisión de quienes eran sus empleadores de desvincularlos de sus trabajos. Resulta claro, entonces, que las solicitudes de amparo, al estar encaminadas a la protección de los derechos cuyos titulares son los propios demandantes, cumplen con las exigencias de la legitimación en la causa por activa. Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito de procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 de la Constitución[44], a cuyo tenor la acción de tutela puede dirigirse contra autoridades públicas y, en precisas hipótesis, contra particulares, según sea el caso, por su presunta responsabilidad –bien sea por acción o por omisión− en la transgresión iusfundamental que suscita la reclamación. En el asunto sometido a consideración de la Sala, son Fuerzactiva EST S.A.S. y Ecopetrol S.A. a quienes los actores atribuyen la conducta vulneradora de sus derechos fundamentales, por cuanto son dichas empresas las que dieron por terminadas sus respectivas vinculaciones laborales. Ambas son personas jurídicas, la una sociedad por acciones simplificada y la otra sociedad anónima –aunque su naturaleza jurídica es la de una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Minas y Energía[45]–, y como tales se encuentran sujetas al derecho privado[46]. Pues bien: aunque no se trate de autoridades públicas, las sociedades aquí demandadas pueden ser sujetos pasivos de la acción de tutela en atención a que el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[47] prevé la posibilidad de acudir a este mecanismo de protección cuando el solicitante se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del demandado. De acuerdo con lo que tiene dicho la jurisprudencia constitucional en torno a las referidas nociones de subordinación e indefensión[48], para la Sala es evidente que los accionantes se encuentran en el lado más débil de una relación asimétrica frente a las empresas accionadas, tanto por su estatus de trabajadores como por su condición especial de salud debido a su diagnóstico de VIH. Por otro lado, en cuanto a Saludtotal EPS, entidad que fue vinculada por los jueces de instancia al proceso identificado con número de radicación T-7.747.740 por ser la prestadora en donde se encuentra afiliado el allí demandante, se tiene que también el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 contempla que quienes están encargados de la prestación del servicio público de salud son pasibles de la acción de tutela. Bajo ese entendimiento, no cabe duda de que Fuerzactiva EST S.A.S. y Ecopetrol S.A., así como Saludtotal EPS, están debidamente convocadas para comparecer en el extremo pasivo del proceso. En consecuencia, ha de concluirse que también se encuentra acreditada la condición de legitimación en la causa por pasiva. Inmediatez. Puesto que el propósito del mecanismo de amparo radica en proveer una protección urgente frente a amenazas o afectaciones graves e inminentes de los derechos fundamentales, la formulación oportuna de la demanda de tutela es un presupuesto primordial para la procedencia de esta acción constitucional. En el presente caso, Giovanni fue desvinculado de Fuerzactiva EST S.A.S. el 9 de abril de 2019[49] y presentó la acción de tutela el 27 de mayo de 2019[50], al paso que Harold fue despedido de Ecopetrol S.A. el 21 de agosto de 2019[51] y radicó la demanda de amparo el 7 de octubre de 2019[52]. Se deriva de lo anterior que entre el presunto hecho vulnerador y la interposición de las acciones sub examine transcurrieron menos de dos meses, lo cual permite determinar que ambos peticionarios obraron con diligencia por cuanto acudieron dentro de un lapso razonable ante el juez constitucional. Subsidiariedad. La naturaleza excepcional de la acción de tutela está relacionada con la regla general conforme a la cual el amparo no puede ser empleado como mecanismo principal para ventilar asuntos cuyo conocimiento le ha sido deferido a la jurisdicción ordinaria ‒como la pretensión de reintegro y pago de acreencias laborales‒, lo que impone que, previo a acudir al juez constitucional, deban agotarse las etapas y las formas previstas en el ordenamiento jurídico para cada proceso, a menos que dichos medios se aprecien inidóneos o ineficaces para el caso concreto. Lo anterior se traduce en que, en principio, es el proceso ordinario laboral el escenario judicial donde los trabajadores que se consideran injustamente desvinculados deben encauzar sus reclamaciones frente a la decisión adoptada por sus respectivos empleadores, habida cuenta de así lo determinó el legislador en el numeral 1 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social al establecer que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Ahora bien: aun cuando el proceso laboral ordinario sea el espacio propicio y principal diseñado en el orden jurídico para que los jueces de la República diriman este tipo de controversias, adoptando los remedios jurídicos pertinentes y dispensando la protección institucional a que haya lugar, esta Corte Constitucional ha advertido que en determinadas circunstancias el mecanismo ordinario puede no ser lo suficientemente expedito para garantizar una protección oportuna e integral ante la situación de vulnerabilidad que aqueja a los demandantes al hallarse de por medio la efectividad de derechos constitucionales fundamentales, como ocurre, por ejemplo, con el derecho al mínimo vital de las personas afectadas por alguna condición de salud cuya subsistencia depende del trabajo: “[E]n el caso de los trabajadores, de los cuales se pueda predicar la estabilidad laboral reforzada, por las razones anotadas (anteriormente), y particularmente en el caso que nos ocupa, por razones de salud, lo que los coloca en una situación de incapacidad, de discapacidad, de indefensión, de debilidad o de vulnerabilidad, es posible, mediante la acción de tutela y de manera excepcional, (i) ordenar el reintegro al trabajo del trabajador, (ii) cuando se trate de trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, (iii) que hayan sido despedidos o desvinculados sin la autorización requerida por parte de la oficina de trabajo, (iv) aunque medie una indemnización; (v) con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas en situación de debilidad, vulnerabilidad o indefensión; (v) puesto que ante estas circunstancias los medios ordinarios de defensa judicial se tornan inidóneos e ineficaces para responder de manera oportuna ante estas vulneraciones de sus derechos fundamentales.” Por lo tanto, ha sostenido la Corte que procede la acción de tutela excepcionalmente para reclamar derechos laborales, cuando es interpuesta por un sujeto de especial protección toda vez que en sus pretensiones confinan el acceso al mínimo vital.”[53] Así, en virtud de los mandatos de igualdad real y efectiva y de protección especial derivados del artículo 13 constitucional, excepcionalmente el recurso de amparo puede llegar a ser procedente de manera prevalente para la salvaguarda de los derechos de sujetos que se hallen en un estado de debilidad manifiesta por su situación económica, física o mental, o que hagan parte de grupos discriminados o marginados. Bajo esta comprensión, la jurisprudencia ha admitido un análisis dúctil del requisito de subsidiariedad cuando se advierte que quien invoca el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, en la medida en que soportar las cargas asociadas a un proceso ordinario puede tornarse una exigencia excesiva dada su situación de desventaja en relación con el resto de la población. En este punto, es forzoso subrayar que, de vieja data y en reiteradas oportunidades[54], esta Corporación ha reconocido la protección especial de que son titulares las personas que conviven con VIH/SIDA, debido a que en ellas confluye la vulnerabilidad derivada de su condición médica con el hecho de ser históricamente discriminadas y estigmatizadas a raíz de los prejuicios sociales y el impacto del virus en la salud pública, lo que impone al Estado la obligación de robustecer las medidas orientadas a asegurar su inclusión y a garantizar el goce efectivo de sus derechos. En reciente pronunciamiento, la Sala Plena hizo un recorrido por la jurisprudencia consolidada por este Tribunal alrededor de la protección reforzada que merecen las personas diagnosticadas con VIH/SIDA con fundamento en principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad y la dignidad humana, así como en compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de derechos humanos de esta población. Además, recordó que la incidencia de la jurisprudencia constitucional en el accionar de las autoridades en este ámbito específico “ha estado principalmente centrada en (i) la protección y atención prestacional que, por su condición de vulnerabilidad, ameritan quienes padecen del VIH; y (ii) reprimir la discriminación social que sufren quienes padecen de tal patología.”[55] Conforme a esa perspectiva, esta Corporación ha establecido que la acción de tutela puede operar como instrumento de protección preferente cuando se trata de conjurar una amenaza o lesión iusfundamental de una persona con VIH/SIDA, en atención al amplio alcance y celeridad de este mecanismo, de cara a la debilidad manifiesta del solicitante que se encuentra en dicha condición: “[E]n aplicación de los principios que inspiran el Estado social de derecho y el mandato de igualdad material, por las circunstancias particulares en las que se desenvuelve el caso, la acción de tutela se torna en el mecanismo idóneo y eficaz para la salvaguarda de los derechos fundamentales de quienes han sido diagnosticados con VIH. Aunado a ello, resulta claro que el desarrollo jurisprudencial antes decantado no se orienta, de manera alguna, a condicionar la especial protección de estos pacientes a determinado estado clínico del diagnóstico, pues en general este Tribunal ha entendido que la naturaleza de la enfermedad en alusión se relaciona con su carácter catastrófico y degenerativo y, por consiguiente, con la vulnerabilidad de quien la padece, razón por la cual ha estructurado, como se evidenció con anterioridad, subreglas tendentes a configurar un estándar amplio de defensa de sus garantías constitucionales. En consecuencia, por la eficacia material del recurso de amparo éste constituye una mayor garantía para las personas afectadas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, haciendo de la acción de tutela el mecanismo prevalente para la protección de sus derechos fundamentales.”[56] Sin tomar distancia de esta orientación a propósito del estado de debilidad manifiesta en que se encuentran las personas diagnosticadas con VIH/SIDA, la Corte ha aplicado el mismo razonamiento acerca de la procedencia principal de la acción de tutela cuando aquellas reclaman por esta vía la resolución de controversias laborales que trascienden al plano de los derechos fundamentales: “Desde sus inicios, esta Corporación ha resaltado que los pacientes con VIH-SIDA son sujetos de especial protección constitucional debido al carácter de su enfermedad y al estado permanente de deterioro médico al que están expuestos; calidad que los hace merecedores de un ‘trato igualitario, solidario y digno ante las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran.’ Por lo tanto, teniendo en consideración la situación de urgencia en la que se encuentran, cuando exista un conflicto de índole laboral que comprometa significativamente sus derechos fundamentales y la acción ordinaria no garantice de manera oportuna y plena de las garantías constitucionales comprometidas; la acción de tutela se torna procedente de manera definitiva.”[57] Así pues, se observa que las demandas de amparo promovidas por los señores Giovanni y Harold son susceptibles de ser examinadas por el juez constitucional, toda vez que agotar un proceso ordinario ante el juez laboral podría resultar en sus circunstancias una carga desproporcionada, teniendo en cuenta la condición de sujetos de especial protección constitucional que se desprende de su diagnóstico de VIH y las obligaciones del Estado para con esta población, que han de concretarse, entre otras, en la garantía de un acceso oportuno y efectivo a la justicia[58]. Así las cosas, ha de concluirse que las acciones de tutela de la referencia satisfacen los requisitos mínimos de procedencia, por lo que hay cabida a un estudio de mérito en torno a las pretensiones. ii) El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas portadoras de VIH El artículo 53 de la Constitución consagra el derecho al trabajo e incorpora la estabilidad en el empleo dentro de sus principios mínimos fundamentales. En desarrollo de este mandato superior la Corte Constitucional ha consolidado a lo largo de su jurisprudencia un entramado de reglas orientadas a garantizar la protección de las trabajadoras y los trabajadores en las relaciones laborales, teniendo en cuenta que se trata de relaciones típicamente asimétricas donde el empleador es el extremo fuerte. Además, la Corte ha constatado que dicha asimetría entre las partes se ve profundizada en casos donde el lado débil de la relación laboral, que es justamente el trabajador, se encuentra en condiciones que lo colocan en una posición de mayor desventaja. Por ello, de conformidad con el principio de igualdad contemplado en el artículo 13 de la Carta, esta Corporación ha dispensado una salvaguarda especial en los eventos en que los trabajadores enfrentan diferentes circunstancias que exacerban su vulnerabilidad, como, por ejemplo, tratándose de quienes tienen algún tipo de limitación física, mental, sensorial o fisiológica, o de quienes padecen determinadas afecciones de salud aunque no se encuentren en condición de discapacidad. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha afianzado, de vieja data, una línea en torno al derecho a la estabilidad laboral reforzada de que son titulares las personas que conviven con VIH/SIDA. Ya en la sentencia SU-256 de 1996, la Sala Plena de la Corte Constitucional advertía que debido a la desinformación generalizada acerca de las formas de contagio, los portadores de VIH y enfermos de SIDA eran sujetos de discriminación social y laboral, situación que no podía ser aceptada en un Estado social de derecho por ser contraria a la dignidad humana y a la igualdad, de manera que estas personas no debían sufrir mengua alguna en sus derechos humanos debido a su condición. Conforme a ese enfoque protector –anotó la Corte– las leyes[59] prohíben que los empleadores exijan pruebas tendientes a determinar la infección por el VIH para acceder o permanecer en un trabajo, a la vez que establecen que los trabajadores con dicho diagnóstico no están obligados a informar a sus empleadores su condición de infectados por el virus. En aquella oportunidad, este Tribunal reafirmó que las personas con VIH/SIDA son titulares de derechos humanos irrenunciables e inalienables y que aunque la legislación laboral contempla la posibilidad del despido unilateral sin justa causa, “no por ello puede concluirse que el pago de la correspondiente indemnización por el injusto despido sea suficiente carta blanca para lesionar derechos fundamentales del trabajador.”[60] Bajo esta premisa, el diagnóstico en mención no puede erigirse jamás en motivo para desvinculación de un trabajador, pues semejante determinación se constituye en un acto de segregación inaceptable desde el punto de vista constitucional que no puede ser reconocido como ajustado a derecho y, por tanto, debe ser despojado de sus efectos legales. La Corte subrayó que el empleador respetuoso de los derechos fundamentales tiene una obligación especial de solidaridad frente al trabajador que convive con VIH y que, en ese sentido, le corresponde mantenerlo en su cargo o, de ser el caso, trasladarlo a otro de igual o mejor nivel, en lugar de rechazarlo y dejarlo desamparado sin trabajo, sin salud y sin seguridad social. Desde entonces y hasta el presente, la jurisprudencia de este Tribunal ha reafirmado el derecho de que son titulares los portadores de VIH a no ser discriminados en el ámbito laboral y preservar su trabajo, en estrecha relación con el goce efectivo de otros derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital y la seguridad social, toda vez que, como en reciente pronunciamiento se resaltó, “el VIH/SIDA es una patología que tiene consecuencias graves no sólo en las condiciones de salud del portador, las cuales se deterioran de forma permanente y progresiva, sino que también tiene un impacto en los ámbitos económico, social y laboral, por lo que el Estado y la sociedad en general tienen el deber de prestar una atención especial a quienes la padecen.”[61] Por consiguiente, el principio fundamental de estabilidad en el empleo, que –como se indicó al comienzo de estas consideraciones– gobierna todas las relaciones laborales a la luz del artículo 53 superior, adquiere una especial connotación al tratarse de trabajadores con diagnóstico de VIH/SIDA[62]. En desarrollo de esa línea, y sumando a la robusta fundamentación constitucional el avance legislativo plasmado en la Ley 361 de 1997[63], la Corte ha entendido que los portadores de VIH/SIDA son también beneficiarios de las medidas de protección en el trabajo previstas para las personas en condición de discapacidad. De este modo, la jurisprudencia constitucional[64] ha establecido que el derecho a la estabilidad laboral reforzada implica que ningún trabajador en estado de debilidad manifiesta –como en efecto lo son quienes adolecen de las citadas patologías– podrá ser desvinculado por su empleador sin contar con la autorización del Ministerio del Trabajo[65], autoridad a la cual le corresponde constatar la configuración de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato, so pena de la ineficacia del mismo y la consecuente obligación de pagar al trabajador una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio del reintegro y el pago de demás emolumentos a que haya lugar[66]. Asimismo, el derecho a la estabilidad laboral reforzada del trabajador con VIH se concreta a través de la reubicación por parte del empleador cuando las dolencias de aquel lo hagan necesario, de forma que se le brinde la oportunidad de continuar ejerciendo una actividad productiva mientras cumple unas funciones compatibles con su condición de salud[67]. Paralelamente, en aplicación de las normas constitucionales y legales[68] que protegen especialmente a esta población, y relievando los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en materia de protección de sus derechos humanos[69], la Corte ha recalcado que ningún empleador, sea público o privado, puede exigir pruebas de laboratorio sobre infección por VIH como condición de acceso o permanencia en un cargo, al paso que los trabajadores con este diagnóstico no están obligados a notificar a sus empleadores sobre el particular ni al inicio de la relación laboral ni en el transcurso de la misma, o en caso de que lo revelen, ello no podrá ser causal de despido[70]. Se ha sostenido, igualmente, que cuando se trata de verificar si un trato hacia una persona con VIH ha sido discriminatorio se invierte la carga de la prueba, de tal manera que es la contraparte la que debe demostrar que su conducta no obedece a un ánimo adverso al principio de igualdad, lo que en el ámbito del derecho a la estabilidad laboral reforzada se traduce en una presunción de discriminación hacia el trabajador; entonces, debe ser el empleador el que acredite que la decisión de desvinculación se produjo en virtud de una razón objetiva –mas no a causa del estado de salud del subalterno[71]–. Llegado este punto, es pertinente señalar que, conforme lo ha determinado la Corte, la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada no se circunscribe solamente al contrato de trabajo a término indefinido, sino que también comprende otras alternativas productivas[72] como los contratos a término fijo, de obra o labor e, inclusive, las vinculaciones por prestación de servicios, en las cuales no basta el vencimiento del término contractual como argumento para extinguir la relación: “[E]sta Corporación ha explicado que, en los contratos laborales celebrados a término fijo, al igual que en los contratos de obra o por prestación de servicios, el cumplimiento del término pactado o la culminación de la obra contratada no constituyen razón objetiva y suficiente para disolver el vínculo laboral, sino que debe demostrarse la extinción definitiva del objeto y/o la causa del contrato, así como el incumplimiento de las obligaciones laborales, por parte del empleado.[73]”[74] Así, esta Corte ha hecho extensiva la protección asociada a la estabilidad laboral reforzada que cobija a los trabajadores con VIH/SIDA a las personas que, encontrándose en la misma condición de salud, tienen relaciones originadas en otras formas de vinculación[75] –como sucede con el contrato de prestación de servicios a partir del concepto de estabilidad ocupacional reforzada[76]–, e inclusive en ciertos eventos cuando la discriminación por causa de esta patología se presenta frente a un servidor público[77], sin perjuicio del principio constitucional del mérito[78]. Ahora bien: dado que es legítimo que el trabajador con VIH/SIDA decida reservar la información relativa a su afección de su empleador y, en general, de su entorno laboral para evitar posibles escenarios de rechazo y discriminación, este Tribunal ha considerado que aunque el desconocimiento por parte del patrono impide que se predique un nexo causal entre la patología y la ruptura de la relación laboral, ello no excluye la posibilidad de que se adopten medidas afirmativas de protección con fundamento en los principios constitucionales de solidaridad y dignidad humana, así como en virtud de los compromisos internacionales del Estado, pues “a pesar de que no es posible conectar la condición del actor con su desvinculación, hay una desprotección de un sujeto de especial protección que se debe superar pues están en juego derechos fundamentales c...