Sentencia T-267 de 2009

T-267-09 SENTENCIA T-267/09 Sentencia T-267/09 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Alcance del defecto procedimental como causal de procedencia PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO-Titularidad de derechos fundamentales/PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PUBLICO-Legitimación por activa en tutela MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL EN PROCESO EJECUTIVO CONTRA INVIAS-La entidad pública acudió a éstos pero las excepciones propuestas no tuvieron oportunidad de ser decididas por el Tribunal por haberse surtido conciliación La entidad estatal debió haber interpuesto los recursos procedentes contra el auto aprobatorio de la conciliación, con miras a agotar las vías a su disposición para conseguir la protección de sus derechos fundamentales al interior del proceso ejecutivo, tal como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación. En efecto, como se consignó en un acápite precedente de esta decisión, una carga en cabeza del peticionario en sede de tutela cuando solicita el amparo contra una providencia judicial radica en haber acudido previamente a los recursos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión judicial. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha reconocido ciertas excepciones a esta regla, por ejemplo (i) cuando se trata de un sujeto especialmente vulnerable como menores de edad, (ii) cuando el sujeto perjudicado se encuentra en una situación de absoluta imposibilidad para ejercer los recursos que permiten su defensa, (iii) cuando hay una indebida defensa por la actuación negligente y descuidada del abogado defensor. Ninguna de las anteriores excepciones se configura en el presente caso, en el cual la entidad estatal contó con profesionales del derecho quienes la defendieron en el proceso judicial y además actuaron en la conciliación. Adicionalmente, la decisión de conciliar fue adoptada libremente por los órganos y funcionarios competentes de la entidad estatal durante el trámite del proceso ejecutivo, en esa medida no fue impuesta por la autoridad judicial ni por los demandantes, por lo tanto el argumento del juez de tutela de primera instancia carece de rigor lógico pues se queda en una etapa intermedia en su formulación. En efecto quien tiene ánimo conciliatorio no tiene interés en apelar pero tampoco le interesa acudir a mecanismos de protección de derechos fundamentales para atacar el acuerdo conciliatorio libremente celebrado. En el escrito de tutela presentado por el apoderado judicial de la entidad estatal no se consignan las razones por las cuales el Comité de Conciliación de la misma aprobó una conciliación que al parecer contrariaba abiertamente su patrimonio, ni se explica el porqué no se acudió oportunamente al medio de defensa judicial ordinario –el recurso de apelación contra el auto aprobatorio de la conciliación-, ni los motivos por las cuales dicho medio de defensa judicial resultaba a todas luces inoperante para la defensa de los derechos fundamentales del INVIAS. De haberse esgrimido argumentos en tal sentido el juez de tutela podría haber llegado a una decisión diferente en torno a la procedibilidad de la acción de tutela impetrada. Referencia: expediente T-1.746.840 Acción de tutela instaurada por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Bogotá D. C., tres (3) de abril de dos mil nueve (2009) La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Juan Carlos Henao Pérez y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela dictados en primera instancia por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el veintiocho (28) de junio de dos mil siete (2007) y, en segunda instancia, por la Sección Segunda Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el treinta (30) de agosto de dos mil siete (2007). I. ANTECEDENTES Rodrigo Puyo Vasco, en representación del Instituto Nacional de Vías –en adelante INVIAS-, impetró acción de tutela contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se protejan los derechos al debido proceso y la garantía de acceso a la justicia de la entidad estatal, los cuales estima vulnerados en virtud de algunas de las actuaciones adelantadas en el Proceso Ejecutivo No. 05-001-23-31-000-2000-02747-00, promovido por CONIGRAVAS y otros demandantes contra el INVIAS. Los hechos que sirven de fundamento a su solicitud se resumen a continuación: 1. Hechos. 1.1. El antiguo Ministerio de Obras Públicas-Fondo Nacional de Vías adjudicó, mediante Resolución 205 del ocho (8) de abril de 1983, un contrato de obra pública al Consorcio conformado por Botero Aguilar Ltda. y el Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas –CONIC-, por un valor de $ 600.113.760, para que se llevara a cabo en un plazo máximo de 24 meses. Este contrato fue adicionado en ocho ocasiones y las labores finalizaron el nueve (9) de noviembre de 1991. 1.2. Indica el accionante que por diferencias surgidas entre las partes, los Consorcios contratistas impetraron acción contractual contra el Fondo Vial Nacional, hoy INVIAS, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual se radicó bajo en No. 931984. Durante el trámite procesal los demandantes propusieron la conciliación judicial, actuación que fue autorizada por el Comité de conciliación y defensa judicial de INVIAS. 1.3. El doce (12) de noviembre de 1998 la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la conciliación a la que llegaron las partes en audiencia celebrada el treinta (30) de octubre de 1998. 1.4. Según el actor el acuerdo conciliatorio versó sobre tres aspectos fundamentales: · “Una suma de dinero que debía reconocérsele al contratista por cuenta de la reclamación técnica del contrato adjudicado en 1983, más el valor total de las moras y costos financieros por demora en los pagos que hacían parte del peritaje base de la conciliación, respecto a este último INVIAS se reservó el derecho de reconocerlo. Luego el único concepto reconocido y aprobado por INVIAS fue la mora por pagos tardíos”. · “…Una suma de dinero que el contratista debía reintegrarle a INVIAS, conforme a lo ordenado en las Resoluciones 006465 del 31 de Octubre de 1995 y 000922 del 16 de Febrero de 1996 del INVIAS, por haberle cancelado a CONIC S.A. un valor superior al que realmente estaba obligado, según sentencia proferida a favor de CONIC por parte del Consejo de Estado el 6 de Agosto de 1987…” · “…Se estableció un punto de igualdad entre las dos obligaciones en el sentido de que ambas se liquidarían de la misma manera. Metodología que consistía en traer a valor presente las cifras conciliadas, más los intereses que la Ley 80 de 1993 determina para esos casos. Además, se concedió a favor del Instituto un período de gracia, consistente en el no pago de intereses…” Bajo estos parámetros, argumenta el accionante, las partes en el año de 1998 se declararon paz y salvo, y el acuerdo conciliatorio alcanzó efectos de cosa juzgada. 1.5. El veinticuatro (24) de diciembre de 1998, el INVIAS expidió la Resolución 007012[1], mediante la cual ordenó el pago de la conciliación efectuada ese mismo año. Según el actor dicha resolución era un acto administrativo de ejecución, en el cual se procedió a: · “…Liquidar las dos obligaciones que se habían indicado en el acuerdo conciliatorio, trayéndolas a valor presente y aplicándoles la tasa del 6%, con fundamento en dos situaciones: i) La reserva que hizo CONIC S.A. y que dejó establecida en la parte considerativa del auto aprobatorio de la Conciliación. (literal b. de la Consideración 5°: que se liquide la obligación con base en la sentencia del 6 de agosto de 1987 del Consejo de Estado. La cual, establece que este tipo de obligaciones se liquiden con el 6% anual, correspondiente a lo que el Consejo de Estado en esta oportunidad denominó como interés puro. ); ii) La constancia que dejó la apoderada de INVIAS, en la consideración 10°, en el sentido de que las liquidaciones se adelantarían con la fórmula de actualización de la Ley 80 de 1993, y el interés puro que aplica esta norma, lo cual quedó aceptado por la contraparte…” · “…Reconocer la mora sobre las actas de obra, tal como se planteó en el concepto técnico emitido por INVIAS, y que en su momento la liquidó como lo establece la Ley 80 de 1993 (…)”. Sobre este punto el actor hace énfasis en que el valor de la mora por pago tardío de las actas del contrato fue liquidado dentro del concepto técnico base de la conciliación, con corte del 31 de Agosto de 1998, y que se actualizó el valor a la fecha de ejecutoria del auto que aprobó la conciliación en 1998, menos el 20%, arrojando así la suma que se registró en la Resolución 007012 de 1998. · La cuantía a la que ascendió la suma total liquidada fue de $ 25.321.858.753.61, discriminada así: $1.207.468.974.63 correspondientes al valor de la liquidación de las moras de las cuentas y $ 24.114.389.778.98 como liquidación a favor del contratista, menos el valor de $ 9.384.823.509.11 a favor del INVIAS, para un total de giro a favor del beneficiario de $ 15.937.035.244.50, suma que según el accionante se canceló porque el Consorcio beneficiario del fallo cumplió con los requisitos legalmente establecidos. · Al realizar el pago la entidad estatal tuvo en cuenta los documentos de cesión presentados por parte de las sociedades integrantes del Consorcio Contratista beneficiario del acuerdo conciliatorio, en los términos y literalidad de su contenido y acorde con las autorizaciones dadas por la Junta Directiva de las firmas beneficiarias del mismo. Advierte el actor “…que el INVIAS se notificó de unas cesiones como deudor, pero en ellas, el cedente no cedía derechos litigiosos, por lo que INVIAS no se notificó de esta calidad. De ahí lo inexplicable de las demandas ejecutivas interpuestas por los cesionarios contra INVIAS”. 1.6. Las firmas Sociedad Botero Aguilar & Cía. S. A. y el Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas CONIC S.A., así como algunos de los cesionarios, solicitaron al INVIAS la reliquidación de los créditos reconocidos mediante la Resolución No. 007012 de 1998, ya que no estaban conformes con lo dispuesto en dicho acto administrativo, pues consideraban que desconocía el acuerdo económico alcanzado en la conciliación judicial celebrada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. 1.7. El representante legal de CONIGRAVAS S.A. mediante derecho de petición radicado el catorce (14) de abril de 1999, presentó una solicitud al INVIAS para que le fuera entregada la primera copia auténtica que presta mérito ejecutivo del auto aprobatorio de conciliación, solicitud denegada por la entidad estatal mediante el Oficio OJ-08228 del veintiséis (26) de abril de 1999. Ante tal negativa, CONIGRAVAS S.A. impetró acción de tutela en contra de INVIAS, ante el Juzgado 42 Civil de Bogotá[2], para reclamar la entrega de dicho documento. Este proceso terminó con una decisión favorable a la entidad estatal demandada, al considerar el juez de primera instancia que había sido cancelada la obligación adeudada en su totalidad con la tasa de interés correcta. El fallo de primera instancia fue impugnado por CONIGRAVAS S.A. y el trece (13) de julio de 2000 el Juzgado Catorce Civil del Circuito confirmó la decisión tomada por el a-quo[3]. 1.8. El ocho (8) de junio de 2000, el Sr. Neil Eduardo Bustamante, cesionario parcial de los créditos a favor de la firma Botero Aguilar y Cía. S. A. y el Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas, presentó una demanda[4] en contra del INVIAS por considerar que la liquidación efectuada mediante la Resolución 007012 de 1998 no se realizó conforme a lo ordenado en la conciliación celebrada entre la entidad estatal y las firmas antes mencionadas. 1.9. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda por estimar que la acción impetrada no era procedente[5]. Dicho auto fue apelado y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante providencia de siete (7) de febrero de 2002[6], confirmó la decisión del a quo, no obstante indicó que la acción procedente era la ejecutiva. Además acotó que “[e]n cuanto a la afirmación del recurrente en el sentido de que no posee título ejecutivo, la Sala considera que el demandante tiene a su disposición las normas establecidas en el ordenamiento civil dirigidas a obtener previo el inicio de un proceso, los documentos y demás pruebas que no posea y que son necesarias para el trámite del mismo”. 1.10. El ocho (8) de junio de 2000, mediante apoderado judicial, se presentó una demanda ejecutiva por parte de la Sociedad CONIGRAVAS S. A. en contra del INVIAS, la que se radicó bajo el No. 2000-2747, cuya pretensión principal era el pago de la suma de $2.872.293.901.57. La firma demandante actuaba en calidad de cesionaria del 8% de la cuantía neta que debía reconocer y pagar la entidad estatal a las firmas Botero Aguilar y Cía. S. A. y del Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas CONIC S. A., en virtud de la conciliación aprobada mediante auto de doce (12) de noviembre de 1998. El fundamento de la pretensión era que la liquidación efectuada mediante la Resolución 007012 de 1998 no se realizó conforme a lo ordenado en la conciliación celebrada entre la entidad estatal y las firmas antes mencionadas. 1.11. El siete (7) de junio del 2002, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia libró mandamiento de pago a favor de CONIGRAVAS S.A. en contra de INVIAS[7]. Arguye el accionante que en este proceso la entidad estatal propuso la excepción de fondo de pago y alegó la nulidad de todo lo actuado, con fundamento en el pago total de la obligación y la inexistencia del título ejecutivo las cuales fueron desestimadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia. 1.12. El diecinueve (19) de noviembre de 2004, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la acumulación al proceso ejecutivo iniciado por CONIGRAVAS S. A. de once (11) demandas, todas ellas presentadas por quienes tenían la calidad de cesionarios y además por las sociedades que habían celebrado inicialmente la conciliación en el año 1998. En la misma providencia se libró mandamiento de pago a favor de los ejecutantes[8]. Aclara el accionante en este punto que “…en ninguno de los 11 procesos se propusieron excepciones de fondo por parte del Instituto…”. 1.13. El veintiuno (21) de noviembre del 2005, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó el embargo de las cuentas bancarias de las cuales era titular el INVIAS en Bancolombia, Banco BBVA y Banco Popular[9]. A este respecto indica el actor que “…Para el 25 de Octubre de 2006, la cantidad embargada de esas cuentas ascendía a la suma de $ 13.951.783.066.17. Y que en la actualidad pudo haber sido entregada dicha suma por el Tribunal de Antioquia a los demandantes (...)”. 1.14. El trece (13) de octubre de dos mil seis se radicó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia una solicitud de conciliación suscrita por el apoderado de todos los actores, coadyuvada por el INVIAS mediante memorial del diecisiete (17) de octubre del mismo año. La Sala Sexta de decisión programó la diligencia para el veintiséis de (26) de octubre del mismo año. 1.15. El veintiséis (26) de octubre del 2006, se llevo a cabo una nueva audiencia de conciliación (segundo acuerdo conciliatorio) entre el INVIAS e i) INVERSIONES KIERANS LTDA.; ii) Lucila Henao de Botero; iii) Botero Aguilar S.A.; iv) CONIC S.A.; v) CONCRECONIC; vi) INCIVIAL S.A.; vii) UNIMEZCLAS; viii) CONIGRAVAS S.A.; ix) Yelitza del Carmen Manjarrés. En dicha diligencia se aportó un documento en el cual se hacía un resumen de la liquidación del mandamiento de pago en el proceso ejecutivo de la referencia, actualizada hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2006, la cual arrojaba un valor total de $148.553.081.850.57. De acuerdo con las apreciaciones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del INVIAS, consignadas en el Acta No. 018 de 12 de octubre de 2006, las cuales fueron leídas en la audiencia de conciliación, se recomendó conciliar las pretensiones de los ejecutantes en la suma de $74.000.000.000. Concedida la palabra a los apoderados de las partes éstos aceptaron la propuesta de conciliación para dar por terminada la ejecución. 1.16. Mediante providencia de cuatro (04) de diciembre de 2006 la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la conciliación celebrada al considerar que existían elementos de juicio suficientes para una eventual condena del INVIAS, que los términos económicos del arreglo favorecían a la entidad demandada y que no existían posibilidades que prosperaran las excepciones propuestas, pues el pago realizado en el año 1999 era incompleto y el título aportado para la ejecución era la primera copia de la providencia que había aprobado la conciliación en el año 1998. 1.17. Arguye el accionante que “…durante la audiencia de conciliación de 2006, el representante del INVIAS, a su vez Director del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, Dr. Francisco Ramírez Vasco, manifestó su imposibilidad de aceptar la cesión de unos derechos a la Sra. Yelitza del Carmen Manjarrés, a favor de Inversiones TROY LTDA:, Luz Elena Novoa S. y Edgar A. Duque, así como las cesiones de Botero Aguilar a UNICONIC y de CONIC S.A. a UNIGRAVAS S.A., por carecer de facultades”.. 1.18. El veintisiete (27) de octubre de 2006, el en ese entonces Jefe de la Oficina Jurídica de INVIAS envió al magistrado ponente del proceso ejecutivo que se seguía ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el documento en el que aceptaba la cesión de crédito de la Sra. Yelitza del Carmen Manjarrés, por fuera de la respectiva audiencia de conciliación[10]. Explica el accionante que el Jefe de la Oficina Jurídica de INVIAS era incompetente para aceptar las cesiones de derechos litigiosos que se dieron dentro de la audiencia de conciliación, y que adicionalmente tal actuación “adolece de todos los vicios que venían ya dentro de la actuación procesal, porque se procedió a conciliar por una suma desbordada, a favor de quienes no eran los titulares del derecho litigioso y se aceptaron unas sub-cesiones de manera irregular…”. 2. Fundamentos de derecho invocados por el actor y solicitud de tutela. Los Fundamentos de Derecho en que basa el actor para decir que las garantías Constitucionales al debido proceso y al acceso a la justicia del INVIAS fueron violentadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia son los siguientes: 2.1. El primer cargo que formula el accionante contra la conciliación celebrada el veintiséis (26) de octubre del año 2006 entre INVIAS y CONIGRAVAS S. A. y otros, consiste en que el representante de la entidad estatal en dicha diligencia no estaba autorizado para conciliar. Al respecto señala: “… el primer error que invalida la conciliación adelantada por el INVIAS, CONIGRAVAS y Otros, aprobada el día 26 de Octubre del año 2006, consistió en la ausencia de las personas autorizadas para conciliar durante esa audiencia, eso se ve claramente de parte de INVIAS una vez que su apoderado, el Dr. Francisco Ramírez Vasco, se abstuvo de notificarse y de aprobar la cesión de derechos que le presentó la parte demandante, cualquiera que fuese su naturaleza, ya que expresamente manifestó que carecía de facultades para ello; y de parte de los cesionarios, ellos no tenían al momento de realizarse la conciliación tal calidad debido a que sólo al día siguiente (27 de Octubre de 2006) de haberse celebrado ésta fue que el Jefe Jurídico del INVIAS, se notificó y aceptó la cesiones de los derechos litigiosos otorgados a su favor. Actuando aquel en contravía con la ley, ya que para que hubiese tenido –que no las tiene- tales facultades de aceptación de notificaciones y de las cesiones, y estas hubiesen producido las consecuencias jurídicas llamadas a producir, debía haber realizado una nueva audiencia para que ya con la calidad de cesionarios hubiesen allí conciliado, lo cual nunca sucedió. De lo que se desprende que las partes que aparecen como cesionarios conciliando dentro del auto de la Sala sexta de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia nunca llegaron a conciliar, debido a que no asistieron a la audiencia de conciliación con tales calidades…” . 2.2. En segundo lugar afirma que la conciliación fue irregular porque se desconoció lo preceptuado por el parágrafo primero del artículo 59 de la Ley 23 de 1991 modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998[11]. Alega el actor que este enunciado normativo señala textualmente que sólo procederá la conciliación en los procesos ejecutivos cuando se hayan propuesto excepciones de mérito, y que en el caso objeto de estudio INVIAS sólo había propuesto excepciones de mérito respecto de uno de los demandantes –CONIGRAVAS S.A.- y no frente a los demandantes de los otros once (11) procesos ejecutivos que se acumularon al primero, por tal razón sostiene que la entidad estatal no podía conciliar frente a estos supuestos acreedores. Textualmente sostiene el demandante: “de las doce demandas ejecutivas que fueron objeto de la conciliación del 26 de Octubre de 2006, sólo una, la inicialmente presentada por CONIGRAVAS S.A., fue objeto de defensa procesal por parte de INVIAS, mediante la presentación de excepciones perentorias o de fondo. Por lo que sólo respecto de esa se cumplió con los preceptos legales[12], en tanto solo esa debía ser válida. Sin embargo, sobre todas las peticiones de los doce procesos ejecutivos acumulados se adelantó el acuerdo conciliatorio aprobado por la mencionada Sala Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, olvidándose de esta forma el Tribunal de sus funciones y deberes que lo obligaban a realizar un análisis de fondo sobre el acuerdo conciliatorio propuesto, de tal manera que no fuera violatorio de la ley o no resultare lesivo para el Patrimonio Público[13]. Por estas circunstancias no podía llevarse a cabo tal conciliación…”. 2.3. Así mismo, considera el apoderado del INVIAS que la actuación adelantada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el trámite del proceso ejecutivo vulneró el derecho fundamental al debido proceso de su representada, porque la Sala Sexta de Decisión libró un mandamiento de pago de manera abiertamente irregular pues no existía un título ejecutivo que sirviera de fundamento a la actuación procesal. Sobre este extremo anota: “…En primer lugar, el Tribunal había librado mandamiento de pago sin que existiera un título ejecutivo, pues en la modalidad de título complejo acogida por el Tribunal para sancionar a INVIAS, debió haberse surtido el procedimiento señalado por las normas procesales vigentes y lo dispuesto por el Consejo de Estado, sobre la necesidad de una previa exhibición del título. Situación que no se tuvo en cuenta por el Tribunal y en consecuencia dio por sentado que los cesionarios eran legítimos demandantes ejecutivos contra INVIAS y libró mandamiento de pago con base en los documentos de cesión y en la Resolución 007012 del 24 de Diciembre de 1998, sin que obrara la primera copia de la Resolución aprobatoria de la conciliación y sin que se hubiese realizado la respectiva exhibición…”. 2.4. Añade el accionante que los documentos presentados por CONIGRAVAS S. A. para iniciar el proceso ejecutivo no constituyen un título ejecutivo válido porque no se presentó la primera copia del auto expedido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 12 de noviembre de 1998, mediante el cual se aprobaba la primera conciliación realizada entre INVIAS y CONIGRAVAS S. A. Indica que según lo establecido en el inciso 2º del artículo 115 del C. P. C. sobre copias de actuaciones judiciales, “solamente la primera copia prestará mérito ejecutivo; el secretario hará constar en ella y en el expediente que se trata de dicha copia. Si la providencia contiene condenas a favor de diversas personas, a cada una de ellas se les entregará su respectiva copia…”. Circunstancia que en el caso concreto no se presentó, pues sostiene que “la constancia secretarial de expedición de la primera copia en original reposa en la Oficina Jurídica de INVIAS. Y además, corresponde a un documento que se expidió solamente a favor de Botero Aguilar & CIA. Limitada y el Consorcio Nacional de Ingenieros CONIC S.A., es decir, de quienes son los únicos titulares y beneficiarios del derecho. Llevando esto a concluir por parte del actor que se libró mandamiento de pago sin título ejecutivo y a favor de unos cesionarios que no tenían vinculación sustancial con INVIAS, reconociéndoles de esta manera la misma prerrogativa de los titulares de los derechos y la misma posición contractual del contratista del contrato de obra pública N° 205 de 14 de junio de 1983, sin tenerla”. 2.5. También alega el actor que el mandamiento de pago fue librado por una suma excesiva que ni siquiera corresponde a lo supuestamente debido por la entidad estatal. Sustenta tal aserto con base en los siguientes argumentos: “El Tribunal de Antioquia en los mandamientos de pago y en especial, en el auto que acumuló todas las demandas ejecutivas, se limitó a acoger en su integridad las pretensiones del demandante y libró por unos montos e ítems que estaban muy lejos de ser la realidad. Tal como se puede apreciar a renglón seguido: i) Se acogió plenamente un supuesto error en la tasa aplicada en la liquidación e interpretó que debió ser el 12% y no el 6%, sin analizar las condiciones literales del auto aprobatorio de la conciliación. ii) Suplió la inactividad del demandante, quién si en su momento consideró que el auto aprobatorio de la conciliación no había quedado acorde con su pretensión, debía haber solicitado la corrección del auto dentro del término de ejecutoria, pero no lo hizo, desconociendo la Jurisprudencia del Consejo de Estado al respecto[14]. iii) No se tuvo en cuenta la obligación de reintegro a favor de INVIAS, por parte de CONIC, liquidación que debía hacerse en igualdad de condiciones respecto a la que estaba a favor de esta última, tal como lo establecía la conciliación de 1998. Como consecuencia de la no reliquidación a favor de INVIAS, el saldo de capital adeudado a favor de CONIC se libró por un monto desbordado y además se incluyeron costos financieros que en la conciliación inicial no se habían aceptado, ya que estaba a cargo de INVIAS examinar su procedencia. iv) Se desconocieron los parámetros jurisprudenciales del Consejo de Estado al respecto de la no inclusión de costos financieros en la liquidación de créditos a cargo de una Entidad Estatal[15]. v) Se violó el principio de cosa juzgada, ya que sin ningún tipo de control jurisdiccional se suplieron las omisiones de los demandantes en la primera etapa y se inaplicaron las disposiciones que al respecto establece la ley 80 de 1993, y las sentencias del Consejo de Estado, con base en un título ejecutivo que no tenía una obligación clara, expresa ni mucho menos exigible”. Con fundamento en todo lo expuesto anteriormente el accionante solicita la protección de los derechos fundamentales de la entidad estatal supuestamente vulnerados a raíz de la expedición de las siguientes providencias judiciales: (i) auto fechado el cuatro (4) de diciembre de 2006, mediante el cual se aprobó el acuerdo conciliatorio realizado el 26 de Octubre de 2006; (ii) auto fechado el siete (7) de Junio de 2002, admisorio de la demanda y por medio del cual se libra mandamiento de pago; y (iii) auto fechado el diecinueve (19) de noviembre de 2004, mediante el cual ordenó la acumulación, al proceso ejecutivo iniciado por CONIGRAVAS S. A. contra el INVIAS, de otros once (11) procesos y ordenó librar un nuevo mandamiento de pago. En consecuencia, pide se declare sin efectos el primero de los autos antes reseñados y se ordene la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a su expedición. Igualmente solicita, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, que el amparo tutelar permanezca vigente mientras la autoridad competente decida de fondo las acciones de nulidad y las demás pertinentes, las cuales adelantará oportunamente el INVIAS. 3. Intervención de la autoridad judicial demandada. Los magistrados integrantes de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia contestaron la demanda en los siguientes términos: Señalan inicialmente que de acuerdo con el numeral 1° del artículo 6° del decreto 2591 de 1991, la tutela sólo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial o cuando a pesar de ello se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dada la naturaleza de medida subsidiaria de protección de los derechos fundamentales. Consideran entonces que la tutela incoada es improcedente porque existen otros mecanismos de defensa judicial y el perjuicio irremediable no está debidamente probado en el texto de la demanda. Aclaran que no puede la tutela convertirse en un instrumento para revivir instancias procesales precluidas ni para obtener un pronunciamiento de fondo respecto de cuestiones que no fueron propuestas cuando se tuvieron a la mano los medios ordinarios de defensa. En relación con las supuestas irregularidades adolecidas por el mandamiento de pago, explican que la primera copia del auto expedido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 12 de noviembre de 1998, mediante el cual se aprobaba la primera conciliación realizada entre INVIAS y CONIGRAVAS S. A. obra en el expediente en el cuaderno principal, situación de la cual se dejó constancia en la providencia aprobatoria de la conciliación, de manera tal que el mandamiento de pago se libró con base en un título ejecutivo plenamente válido. Sobre el alegato del actor, en el sentido que no procedía la acumulación de las once demandas ejecutivas, explican que en el proceso ejecutivo iniciado por CONIGRAVAS S. A. se interpusieron excepciones previas y de fondo, y que en virtud de la aplicación del artículo 540 del C.P.C., las demandas acumuladas debían tramitarse por el mismo procedimiento aplicado a la primera, razón por la cual era procedente la aprobación de la conciliación respecto de todos los ejecutantes. En consecuencia consideran que no se violó el artículo 70 de la Ley 446 de 1998. En lo que atañe a las supuestas irregularidades en relación con la cesión de los créditos, sostienen que el reconocimiento y aceptación de las cesiones de crédito obran en la Resolución N° 7012 de 1998, que es un acto de liquidación y de ejecución de la conciliación efectuada en el año 1998. Expresan, por último, que no era atribución del juzgador aprobar o improbar la liquidación efectuada en la conciliación, por cuanto se trata de un mecanismo anticipado de terminación del proceso, en el cual las partes tienen la potestad de definir los diferentes puntos del acuerdo. Afirman que al haberse constatado en la providencia aprobatoria de la conciliación que la metodología utilizada para liquidar la obligación se sujetó al numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, se garantizó la integridad del patrimonio del Estado. 4. Intervención de CONIGRAVAS S. A., UNIMEZCLAS S. A., CONCRECONIC S. A., INVERSIONES KIRENS LTDA. y Lucila Henao Botero. Las sociedades CONIGRAVAS S. A., UNIMEZCLAS S. A., CONCRECONIC S. A., INVERSIONES KIRENS LTDA. y Lucila Henao Botero intervinieron en el trámite de la acción de tutela para oponerse a la solicitud del actor. Manifiestan que la acción de tutela es improcedente pues no puede convertirse en un instrumento para deslegitimar las providencias judiciales proferidas en un proceso en el cual se garantizó a las partes el acceso a los diferentes mecanismos de defensa que la ley pone a su disposición para que defiendan sus legítimos intereses. Consideran que en el presente asunto no se configura una vía de hecho debido a que la actuación de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia estuvo siempre en consonancia con las disposiciones de la ley procesal. Destacan que la jurisprudencia reconoce la posibilidad de interponer acción de tutela contra una actuación arbitraria de la autoridad judicial y determina los requisitos para su procedencia, pero en el presente asunto estiman que dichos requisitos no se cumplen pues la discrepancia solo radica en la interpretación y aplicación que de las normas realizó el juez de conocimiento. En lo relacionado con el auto que libró el mandamiento de pago, sostienen que el título ejecutivo reposa en el expediente y se adjuntó a la demanda en la oportunidad correspondiente, razón por la cual consideran que no se configura el defecto procedimental alegado por el actor. Añaden que en el mandamiento de pago librado a favor de cada uno de los demandantes en el proceso ejecutivo se tuvo en consideración tanto la liquidación de los créditos aportados por cada uno de los demandantes como las sumas ya pagadas en cumplimiento de la Resolución N.° 7012 de 1998. La misma consideración expusieron respecto de la conciliación efectuada en octubre de 2006 y aprobada mediante auto del 4 de diciembre del mismo año, razón por la cual consideran que no le asiste razón al representante judicial del INVIAS cuando alega que la Sala Sexta de Decisión no tuvo en cuenta las sumas pagadas por la entidad estatal. Añaden que es erróneo considerar que la tasa de interés aplicable en el mandamiento de pago a la liquidación del crédito era del 6% anual establecido en el Código Civil, pues de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado la suma a pagar por el INVIAS debía ser liquidada, como en efecto se hizo, con base en el artículo 884 de Código de Comercio y aplicando las tasas de intereses moratorios máximos certificados por la Superintendencia Financiera. En relación con la cesión de créditos, indican que por mandato de los artículos 1959 y 1670 del Código Civil, el cesionario se subroga en los derechos del cedente y su ejercicio depende únicamente del incumplimiento de la obligación por parte del deudor y, en consecuencia, queda facultado para iniciar las acciones legales que considere necesarias para hacer valer su crédito, por lo que en el caso concreto, estaban plenamente legitimados por ser parte tanto en el proceso ejecutivo como en la conciliación adelantada en el año 1998. Para terminar indican que no es cierto que se haya violado el artículo 70 de la Ley 446 de 1998 con la aprobación de la conciliación en los procesos acumulados en los cuales no se presentaron excepciones de fondo, como quiera que es aplicable el artículo 540 del C.P.C., según el cual se deberá dar el mismo tratamiento a la demanda inicialmente planteada y a las que con posterioridad sean acumuladas. 5. Intervención de BOTERO AGUILAR y Cía. S. A. La sociedad Botero Aguilar y Cía. S.A., mediante apoderado judicial, reiteró los anteriores argumentos y señaló además que la acción de tutela incoada es improcedente en primer lugar, por que no existe un perjuicio irremediable para el INVIAS y, en segundo lugar, debido a que no se trata de un mecanismo de defensa judicial que permita tratar cuestiones que no fueron debatidas ni aprobadas en las instancias ordinarias. Para concluir hace referencia a la sentencia T-606 del 26 de Mayo de 2000, en la cual se indicó que la tutela resulta improcedente cuando se discuten derechos de tipo económico derivados de una conciliación, por tratarse de asuntos que carecen de relevancia constitucional. 6. Decisiones judiciales objeto de revisión. 6.1. Primera instancia. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso Radicado con N° 11001-03-15-000-1007-00236-00, mediante fallo de tutela del veintiocho (28) de junio de 2007 concedió el amparo solicitado, pues estimó vulnerados los derechos fundamentales del INVIAS al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con base en los argumentos que a continuación se resumen. En primer lugar consideró el a quo que se había incurrido en un defecto procedimental porque en el trámite del proceso ejecutivo se había expedido mandamiento de pago sin un título ejecutivo válido. Al respecto consideró que de la lectura de unos apartes de los mandamientos de pago librados por el Tribunal Administrativo de Antioquia el siete (7) de junio de 2002 y el diecinueve (19) de noviembre de 2004 se advertía que el título valor con fundamento en el cual se habían librado, estaban compuestos por “Las copias auténticas de la conciliación y el acta de aprobación de la mismas”; es decir, no por la primera copia como lo manda la ley, ya que ésta, según lo afirmaba el demandado reposaba en su poder. Cita el juez de primera instancia un aparte del artículo 497 del C.P.C., disposición que textualmente consigna que “[p]resentada la demanda con arreglo a ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librara mandamiento…”; considera por lo tanto que en el proceso ejecutivo adelantado contra el INVIAS dicho mandato legal solo se satisfaría con la presentación de la primera copia del acuerdo conciliatorio celebrado en el año 1998 y del acta aprobatoria del mismo, presupuestos que a su juicio no fueron cumplidos con ocasión de la demanda presentada por CONIGRAVAS S. A. contra la entidad estatal. Concluye entonces que la actuación surtida por el Tribunal, al adelantar el trámite de un proceso ejecutivo sin que hubiese sido presentado un título ejecutivo en debida forma, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de INVIAS ya que contraría abiertamente lo preceptuado por el artículo 497 C.P.C. Adicionalmente estima el a quo que esta conducta quebranta el derecho de acceso a la administración de justicia, entendido como el interés legítimo que le asiste a las personas que los jueces se sujeten a la ley procesal en sus actuaciones y a que la resolución del conflicto se haga sin quebranto alguno de la ley que los gobierna, expectativas que a su juicio fueron defraudadas en el presente caso por la ocurrencia de las supuestas irregularidades antes señaladas. Encuentra que también se incurrió en un defecto procedimental porque se admitió la conciliación en los procesos ejecutivos acumulados en los cuales no se habían presentado excepciones de mérito, con claro desconocimiento de lo prescrito por la ley. Indica el a-quo que tal como constaba en el auto aprobatorio del mandamiento de pago del cuatro (4) de diciembre de 2006, en los procesos acumulados no se habían propuesto excepciones de ningún tipo por parte de la entidad ejecutada, de manera tal que la acumulación ordenada contravino lo establecido en el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, cuyo parágrafo 1° textualmente consigna que “En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito…” (las negrillas y subrayados añadidos). Por lo tanto, para la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resulta evidente que el mandato expreso y claro de la precitada norma fue desconocido por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, como quiera que esta última aprobó un acuerdo conciliatorio en proceso ejecutivo en el cual no se presentaron excepciones. Al respecto opina el juez constitucional que, contrario a lo manifestado por el Tribunal, el hecho de haber sido propuestas excepciones en uno de los procesos acumulados (el proceso 002747) no significa que deban entenderse propuestas en todos los demás, pues cada proceso mantiene su especificidad propia. Considera el juez constitucional que esta circunstancia, aunada al hecho de que no se encontraba trabada la litis en forma por haberse dictado un mandamiento de pago sin el presupuesto procesal exigido para tal efecto, hace manifiesto el quebranto a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de INVIAS, pues el acuerdo conciliatorio aprobado en contra de las previsiones legales impidió que el proceso ejecutivo culminara con un fallo definitivo sustentado en las pruebas legalmente aportadas. Finalmente precisa la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que si bien contra el auto aprobatorio de la conciliación procede el recurso de apelación, el ejercicio del mismo no le era exigible al INVIAS, comoquiera que la entidad estatal mostró ánimo conciliatorio y resulta obvio que quien concilia no tiene interés en apelar, menos aún si el acuerdo recibe la aprobación del Tribunal, ya que tal circunstancia genera en las partes la confianza legítima de haber llegado a un arreglo ajustado a derecho. 6.2. Impugnación. El fallo anterior fue impugnado por la parte demandada y los terceros intervinientes, quienes alegaron que la Sección Primera del Consejo de Estado había errado en su apreciación respecto a la supuesta vulneración del debido proceso y del derecho de acceso a la administración de justicia. En primer lugar señalan los apelantes que de haber el a quo examinado el expediente del proceso ejecutivo hubiera podido verificar que se allegó la primera copia que presta mérito ejecutivo de la conciliación realizada en el año 1998, lo que deja sin fundamento la primera de las pretendidas afectaciones del debido proceso. Por otra parte, sostienen que no sufrió menoscabo el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, porque a INVIAS se le notificó del mandamiento de pago librado en su contra y la entidad estatal concurrió al proceso ejecutivo y contó con todas las garantías judiciales para su defensa. En cuanto a la procedencia de la conciliación en aquellos procesos ejecutivos acumulados en los cuales no se propusieron por INVIAS excepciones de mérito, anotan que el fallo impugnado desconoció que dentro del proceso ejecutivo tuvo lugar una acumulación de demandas -al tenor de lo previsto en el artículo 540 del C. P. C.- no de procesos y que estas figuras tienen efectos diferentes. Entienden que al haberse acumulado las once demandas ejecutivas presentadas contra el INVIAS al proceso iniciado por CONIGRAVA S. A. contra la entidad estatal, las excepciones de mérito propuestas en este primer proceso se aplicaban a todas y cada una de las demandas acumuladas, razón por la cual la conciliación realizada no infringe los requerimientos establecidos por el parágrafo 1° del artículo 70 de la Ley 446 de 1998. Finalmente, afirman que la acción de tutela no es procedente contra providencias judiciales toda vez que las previsiones legales al respecto fueron declaradas inexequibes, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado. 6.3. El fallo de segunda instancia. El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “B”, mediante decisión de treinta (30) de agosto de 2007, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar rechazó por improcedente la acción de tutela incoada por el INVIAS. Consideró el ad quem que esta garantía es procedente única y exclusivamente cuando el ordenamiento jurídico no haya previsto instrumentos para proteger los derechos fundamentales y no cuando se hubieren agotado los existentes, en esa medida no es un mecanismo idóneo para controvertir las providencias judiciales. También aduce el juez de segunda instancia que a partir de la sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, el cual regulaba la tutela contra providencias judiciales, por considerar que esta previsión contrariaba la cosa juzgada, la prevalencia del interés general y la voluntad del constituyente. Por tal motivo, señala que no es posible hacer uso del mecanismo constitucional para controvertir una providencia en firme y que cualquier “evolución” jurisprudencial sobre la materia contradice los fundamentos teóricos de la referida sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. 7. Pruebas. El actor allegó las siguientes pruebas en copia simple: · Resolución N.° 007012 del 24 de Diciembre de 1998, expedida por el INVIAS, por medio de la cual se ordena el pago total de un fallo judicial, Cuaderno # 2, folios 118-124. · Fallo de la Acción de Tutela interpuesta por CONIGRAVAS S. A. contra el INVIAS, ante el Juzgado 42 Municipal de Santa Fe de Bogotá, Cuaderno # 2 folios 101-104. · Fallo de Segunda Instancia, por parte del Juzgado Catorce Civil del Circuito, en la Acción de tutela interpuesta por la Sociedad CONIGRAVAS S. A. contra el INVIAS, Cuaderno #2 folios 105-113. - · Demanda Ejecutiva interpuesta por CONIGRAVAS S. A. en contra del INVIAS, radicada en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA el 8 de Junio de 2000, Cuaderno # 1, Folios 385-394. · Fallo de primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala tercera de decisión, en la demanda ejecutiva interpuesta por NEIL EDUARDO BUSTAMANTE contra INVIAS, Cuaderno # 3, Folios 414-420. · Fallo de segunda instancia por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Sr. NEIL EDUARDO BUSTAMANTE en contra de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 1° de Noviembre de 2000, mediante la cual se rechazó la demanda, Cuaderno # 3, Folios 421-431. · Auto por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Decisión libra mandamiento de pago a favor de CONIGRAVAS S. A. y a cargo de INVIAS, Cuaderno # 3, Folios 193-196. · Auto por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Decisión decreta la acumulación de 11 demandas ejecutivas en contra de INVIAS y libra mandamiento de pago a favor de los demandantes de éstas, Cuaderno # 2, Folios 195-219. · Auto por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Decisión decreta medida cautelar a favor de los ejecutantes CONIGRAVAS S. A. e INCIVIAL S. A., dentro del proceso ejecutivo radicado con N° 2000-2747, seguido en contra de INVIAS, Cuaderno # 3, Folios 288-292. · Aceptación de Derechos Litigiosos dentro del proceso ejecutivo 2000-02747, Cuaderno # 3, Folios 241-241. · Acta de la audiencia de conciliación celebrada el veintiséis (26) de octubre de dos mil seis entre INVIAS y CONIGRAVAS y otros, Cuaderno # 3 Folio 373 y ss. · Auto aprobatorio de la conciliación celebrada entre INVIAS Y CONIGRAVAS y otros, proferido por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia el cuatro (04) de diciembre de 2006, Cuaderno#3, folio 474 y ss. Pruebas solicitadas por el accionante y oficiadas por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado: · Copia completa del expediente, con Radicado N° 05-001-23-31-000-2000-02747-00, del proceso ejecutivo promovido por CONIGRAVAS S.A. y otros (demandas acumuladas) contra el INVIAS. · Copia de la sentencia emitida por el juez 42 Civil Municipal de Bogotá, dentro del proceso 931984, que adelantó CONIGRAVAS S.A. contra INVIAS. 8. Selección por la Corte Constitucional. Mediante auto de fecha catorce (14) de diciembre de 2007, la Sala de Selección Número Doce escogió para revisión el expediente T-1746840. 9. Actuación surtida ante la Corte Constitucional. En escrito del Representante legal de CONIC S.A. y Botero Aguilar S.A., Dr. Luis Fernando Mejía y recibido por la Corte Constitucional el día dos (2) de febrero de 2008, se allega al expediente el concepto técnico emitido por la Procuraduría General de la Nación de fecha 20 de Septiembre de 2007, donde el ente de control manifiesta estar de acuerdo con los términos económicos que sirvieron de base al INVIAS para conciliar. En auto del dieciséis (16) de abril de dos mil ocho, el Magistrado Sustanciador ordenó practicar una inspección judicial sobre el expediente N° 2000-02747-00 contentivo del proceso ejecutivo iniciado por CONIGRAVAS S.A. contra el INVIAS que cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia, M.P. Jairo Jiménez Aristizabal. A fin de practicar la anterior prueba, se comisionó al Magistrado Auxiliar Alejandro Ramelli Arteaga para que adelantara la mencionada diligencia de inspección judicial el día veintinueve (29) de abril de 2008, a las 10:00AM, en las instalaciones del Tribunal Administrativo de Antioquia. Como consecuencia de la práctica de la diligencia el INVIAS adjuntó al expediente la primera copia con destino a prestar mérito ejecutivo del auto que aprobó la conciliación celebrada en 1998 entre esta entidad y Botero Aguilar y Cia., dentro del proceso N° 931984. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico. Con fundamento en los hechos reseñados en el acápite pertinente el demandante, por medio de apoderado judicial, impetra acción de tutela contra la actuación surtida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en el trámite del proceso ejecutivo promovido por CONIGRAVAS S.A. contra INVIAS. Señala que en el trámite procesal se han incurrido en diversos defectos que vulneran el derecho al debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia de la entidad estatal. Específicamente señala los siguientes: (i) el Tribunal libró mandamiento de pago sin que el demandante hubiera aportado un título ejecutivo idóneo, (ii) el Tribunal aprobó la conciliación celebrada entre el INVIAS y distintos acreedores a pesar que esta diligencia era contraria a las normas procesales vigentes porque, por una parte, el representante de la entidad estatal carecía de capacidad para conciliar y, adicionalmente, INVIAS no podía conciliar respecto de aquellos acreedores cuyos procesos ejecutivos se habían acumulado al primer proceso promovido por CONIGRAVAS S. A. porque en dichos procesos ejecutivos no había formulado excepciones de mérito, requisito exigido por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998. El juez de primera instancia concedió el amparo solicitado por encontrar que los defectos en cuestión se habían configurado en detrimento de los derechos al debido proceso y al acceso de la administración de justicia de la entidad estatal, mientras que el juez de segunda instancia revocó la decisión de primera instancia por considerar que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales. De la anterior presentación se desprenden las cuestiones que serán abordadas en la presente decisión, a saber: (i) se reiterará la jurisprudencia de esta Corporación sobre procedencia de la tutela contra providencias judiciales, (ii) a continuación se hará un recuento de los alcances del defecto procedimental como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; finalmente (iii) se abordará el estudio del caso concreto. No obstante, antes de desarrollar las anteriores cuestiones previamente se hará una breve referencia a la jurisprudencia de esta Corporación en torno a la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas de derecho público y su legitimación para impetrar la acción de tutela. 3. Titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas de derecho público y legitimación activa para impetrar la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia. Desde sus primeros pronunciamientos[16] esta Corporación ha sostenido que las personas jurídicas, aún las de derecho público, están legitimadas para ejercer la acción de tutela debido a que son titulares de derechos constitucionales fundamentales por dos vías, directamente como titulares de aquellos derechos que por su naturaleza son predicables de estos sujetos de derechos, e indirectamente cuando la vulneración puede afectar los derechos fundamentales de la personas naturales que las integran[17]. Así por ejemplo, en la sentencia C-360 de 1996, la Corte reconoció que en determinados eventos las personas jurídicas -incluso las personas jurídicas de derecho público- pueden ser titulares de derechos fundamentales. En esa misma providencia señaló que dicha titularidad depende de (i) que así lo permita la naturaleza del derecho objeto de la vulneración o amenaza, y, (ii) que exista una relación directa entre la persona jurídica que alega la vulneración y una persona o grupo de personas naturales, virtualmente afectado. Advirtió también que las personas jurídicas de derecho público pueden ser titulares de aquellos derechos fundamentales cuya naturaleza así lo admita y, por lo tanto, están constitucionalmente habilitadas para ejercitarlos y defenderlos a través de los recursos que, para tales efectos, ofrece el ordenamiento jurídico[18]. En la sentencia SU-182 de 1998[19], al realizar un extenso análisis de la titularidad de derechos de las personas jurídicas de derecho público, esta Corporación señaló que dentro de la gama de aquellos garantizados en un Estado Social de Derecho a este tipo de sujetos hay algunos de naturaleza fundamental, “en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto[20],” por ende susceptibles de ser amparados por vía de tutela. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que pueden ser titulares, de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, a la libertad de asociación, a la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, al acceso a la administración de justicia, al derecho a la información, al habeas data y al derecho al buen nombre, entre otros[21], que son susceptibles de ser protegidos en cabeza de una persona jurídica, a condición de que en la relación jurídica concreta que origina la tutela tengan la condición de titulares de esos derechos. Específicamente en lo que concierne a las personas jurídicas de derecho público ha señalado la Corte que “[L]as estatales propiamente dichas así como las de capital mixto - público y privado- no están excluidas de los derechos fundamentales, en lo que se ajuste a su naturaleza, actividad y funciones, toda vez que, por conducto de sus órganos y con indudable repercusión en el interés y en los derechos de los seres humanos, son sujetos que obran con mayor o menor autonomía dentro del cuerpo social, que no puede menos de reconocer su existencia y su influjo, benéfico o perjudicial según cada caso, como tampoco ignorar sus obligaciones, deberes, cargas y prerrogativas. La persona jurídica pública no es un simple enunciado teórico ni una ficción, como durante algún tiempo lo aceptaron la ley y la doctrina, sino una incontrastable y evidente realidad que las normas no ignoran ejerce derechos y contrae obligaciones[22]”. De otra parte, en relación con la representación judicial ha señalado la Corte, que la instauración de una acción de tutela por parte de una persona jurídica debe respetar las reglas de postulación de manera que debe ser impetrada por su representante legal, directamente o a través de apoderado[23]. Específicamente en relación con la representación judicial de las personas jurídicas de derecho público, el principio general radica en que debe ser ejercida por su representante legal. Sin embargo, ha admitido la jurisprudencia que en el trámite de la tutela la representación judicial de las entidades públicas puede ejercerse por funcionarios distintos del representante legal a condición de que así lo dispongan las normas que definan la estructura funcional de la institución[24] . 4. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial. En una consolidada línea jurisprudencial[25], la Corte Constitucional ha establecido con precisión los requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. El artículo 86 dispone que el amparo de los derechos fundamentales tendrá lugar frente a cualquier autoridad pública, este concepto genérico abarca también a los funcionarios judiciales, quienes sin lugar a discusión son una autoridad pública, de manera tal que dentro del universo de actuaciones impugnables mediante el mecanismo de protección de los derechos fundamentales están incluidas las decisiones adoptadas por los miembros del poder judicial. No basta, entonces, esgrimir los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial, para negar al juez de tutela la posibilidad de determinar si una actuación judicial vulnera derechos fundamentales, pues existen razones de peso[26], además del tenor literal del precepto constitucional que justifican la procedencia de la garantía constitucional contra providencias judiciales. Ahora bien, esto no implica que la acción de tutela se transforme en una tercera instancia, ante la cual se puedan discutir nuevamente todos los asuntos ordinarios. Para salvaguardar los principios arriba mencionados de seguridad jurídica, autonomía judicial y cosa juzgada, la Corte ha especificado cuáles son las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela frente a decisiones judiciales. La condición necesaria, común a las diversas hipótesis, es la violación o amenaza de derechos fundamentales que hagan precisa la intervención inmediata del juez constitucional para contrarrestar los efectos vulneratorios de la decisión judicial en cuestión. Ha dicho esta Corporación que “la acción de tutela procede contra decisiones judiciales que violen derechos fundamentales, como se desprende de la sentencia C-543 de 1992. Este es el criterio básico que subyace a la jurisprudencia de la Corte Constitucional[27].” Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, los siguientes: a. Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional, pues el juez constitucional no puede analizar hechos que no tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones. b. Que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que perm...