Sentencia T-265 de 2016

T-265-16 Sentencia T-506/12 Sentencia T-265/16 ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Procedencia excepcional De manera excepcional, la tutela procede contra los actos de dicha naturaleza bajo dos supuestos: (i) como mecanismo transitorio, en los eventos en que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que procederá contra las actuaciones administrativas, cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez constitucional podrá suspender la aplicación del acto administrativo, mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y (ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción judicial ordinaria no sea idónea o eficaz para la protección de los bienes jurídicos involucrados. PROCESO DISCIPLINARIO-Naturaleza y características Esta Corporación ha señalado que el derecho disciplinario comprende, por un lado, el “poder disciplinario”, entendido como la facultad en virtud de la cual el Estado está legitimado para tipificar las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas; y por el otro, el “derecho disciplinario en sentido positivo”, esto es, el conjunto de normas a través de las cuales se ejerce ese poder disciplinario. PROCESO DISCIPLINARIO-Limitaciones de las atribuciones al quejoso VICTIMAS EN DERECHO DISCIPLINARIO-No existencia como regla general Por regla general, en el derecho disciplinario no pueden participar sujetos procesales en calidad de víctimas, en tanto las faltas disciplinarias que en él se investigan corresponden a infracciones de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares en el ejercicio de funciones públicas, más no a la lesión de derechos subjetivos. Sin embargo, solo de manera excepcional, es posible permitir que una persona participe como víctima de una falta disciplinaria en esa clase de procesos cuando de la infracción al deber funcional surge una vulneración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario. Esas víctimas o perjudicados pueden entonces intervenir en el proceso disciplinario, no como meros interesados sino como verdaderos sujetos procesales con un interés legítimo y directo en las resultas de ese proceso. ROL SOCIAL DE LA MUJER Y SUS DERECHOS-Evolución VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMO UNA VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos existen numerosas disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, algunos de los cuales han sido ratificados por Colombia, que buscan proteger los derechos de la mujer y prohibir todo tipo o acto de violencia y discriminación en su contra. ACOSO SEXUAL COMO ACTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS/ACOSO SEXUAL EN EL AMBITO LABORAL La violencia contra la mujer, y específicamente el acoso sexual en el ámbito laboral, constituye una forma de violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ACOSO SEXUAL-Obligación del Estado de garantizar una adecuada labor probatoria El Estado, a través de sus autoridades judiciales o administrativas, según sea el caso, deba desplegar todas las actuaciones necesarias conducentes a prevenir y sancionar cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar este tipo de agresiones. DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Vulneración por parte de la Procuraduría por cuanto la conducta endilgada sí representaba una presunta vulneración al Derecho Internacional de los Derechos Humanos PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Orden a la Procuraduría reconocer a la accionante como sujeto procesal dentro de proceso disciplinario, atendiendo los mandatos constitucionales e instrumentos internacionales sobre la violencia contra la mujer Referencia: expediente T-5193952. Acción de tutela interpuesta por la Corporación Sisma Mujer como representante judicial de la señora Stella García Núñez, contra la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría General de la Nación. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016) La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela emitido por el Juzgado 40 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en la acción de tutela instaurada por la Corporación Sisma Mujer como representante judicial de la señora Stella García Núñez en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES Stella García Núñez, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela el 3 de junio de 2015 con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría General de la Nación, ante la negativa de reconocerla como sujeto procesal en un proceso disciplinario en el cual actúa como quejosa y directa perjudicada de los hechos investigados. Para fundamentar la demanda relató el siguiente acontecer fáctico: 1. Hechos 1.1. Sobre la ocurrencia de un presunto acoso sexual en el ámbito laboral 1.1.1. Señala que el 18 de septiembre de 2012, época en la que se encontraba vinculada como contratista en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue víctima de acoso sexual por parte del señor Camilo Andrés Paramo Zarta, subgerente financiero y administrativo de esa entidad. Los hechos fueron denunciados por la accionante en los siguientes términos: “A comienzos del mes de septiembre del año en curso hubo un cambio de Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad llegando a ese cargo la Dra. Nathalia de la Vega Sinesterra la cual trae con ella al señor Camilo Andrés Paramo Zarta como Subgerente Financiero y Administrativo del Fondo. Este señor, pasados ocho días llama a la jefe de la oficina jurídica Dra. Mariela Pardo y le dice que si en la oficina jurídica ella tiene a una abogada llamada Stella García refiriéndose a mí, en ese momento la Dra. Mariela le dice que sí, que para qué necesita a la Dra. Stella y ella le dice que si es algo relacionado con el trabajo y él le dice que no, que es algo personal y le dice a mi jefe que me dijera que bajara a hablar con él. Yo bajé y ese día Andrés Paramo me dice que se alegra mucho de que yo esté trabajando ahí, me pregunta cuánto tiempo llevo trabajando ahí y yo le digo que voy a cumplir 5 meses y me pregunta cuánto gano y yo me negué a responderle cuánto ganaba. Me dijo que lo que sucedía era que él me quería ayudar laboralmente, yo salí de la oficina y él se quedó ahí. El día 18 de septiembre llega un contratista cuyo nombre no recuerdo el cual necesitaba que se firmara una supervisión del contrato de él y me pide que bajemos juntos a hablar con el subgerente administrativo y financiero que es el Dr. Paramo y al bajar yo llevo la carpeta y voy con el contratista y con otra compañera abogada y entonces cuando él me ve me hace con la mano que siga pero sola y me dijo que cerrara la puerta. Yo le dije que no que igual iba era con la carpeta para consultarle lo de la supervisión y él me dijo que cerrara que me iba a decir una cosa. Yo cerré la puerta pero no le puse seguro y me senté frente al escritorio de él y él en su puesto, no sé qué me susurró él desde su puesto y me dijo que esa puerta no tenía seguro, se levantó y aseguró la puerta, se devolvió al puesto de él y estando de pie se baja la cremallera del pantalón y saca sus genitales y me dice que le haga sexo oral entonces yo le dije que qué le pasaba y el de una vez me dice que pasara al baño, yo le dije que no, que él estaba loco y me levanté, cogí la carpeta y el me hace una señal desde el baño diciéndome que no responde lo que me va a pasar, yo abrí la puerta y salí de la oficina, la tiré duro y él se quedó en la parte del baño (…)”[1]. 1.1.2. Aduce que el 20 de septiembre de 2012 presentó una queja ante el despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, donde fue atendida por el funcionario Jairo Rubio Victoria, quien la entrevistó y grabó su declaración. Sin embargo, comenta, se demostró que esa persona nunca informó a la Alcaldía ni a ninguna autoridad competente sobre los hechos puestos en conocimiento. Por esa razón interpuso una queja ante la Procuraduría General de la Nación de la cual desconoce el estado procesal actual. 1.1.3. Afirma que el 8 de octubre de 2012 una persona que se identificó como Marisol Gamba radicó una queja ante la Personería de Bogotá contra el señor Camilo Andrés Paramo Zarta por los hechos de presunto acoso sexual cometidos en contra de la señora Stella García Núñez. 1.1.4. Refiere por otro lado que el 10 de octubre de ese año instauró una denuncia penal por acoso sexual, proceso que cursa actualmente en la Fiscalía 17 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual. 1.1.5. Sostiene que el 19 de octubre de 2012 radicó ante la Procuraduría General de la Nación un escrito solicitando que se iniciara la investigación correspondiente por los hechos descritos, así como por los distintos acontecimientos de hostigamiento y amenazas que estaba recibiendo luego de poner en conocimiento el presunto acoso sexual. Relata que esa misma comunicación fue remitida al Presidente del Concejo de Bogotá, al Alcalde Mayor de Bogotá, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Primera Delegada de Asuntos Disciplinarios y a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 1.1.6. Sobre los referidos acontecimientos de hostigamiento y amenazas expuestos por la accionante ante esas entidades la Sala extrae lo siguiente[2]: (i) Después de presentar las denuncias empezó a recibir llamadas por parte de un señor que se identificaba como Armando Perdomo, quien le dijo que estaban adelantando una investigación en su contra por plagio ante la indebida utilización de unos documentos en el Fondo de Vigilancia y Seguridad. (ii) Luego recibió llamadas anónimas en las cuales le decían que tenían cierta información que le podría servir para defenderse en esa investigación por plagio y que necesitaban su dirección para enviársela. Las llamadas fueron recibidas también por familiares de la accionante, a quienes además de lo anterior les solicitaban los datos personales de la actora. (iii) Posteriormente, recibió llamadas amenazantes contra su integridad y la de su mamá, a través de las cuales la obligaron a dirigirse a la calle 12 con carrera 9 de la ciudad de Bogotá y tomar una bolsa negra que supuestamente tenía un artefacto explosivo. Acto seguido, fue detenida por 20 policías que recibieron una llamada de un ciudadano que la había descrito y que decía que llevaba un arma de fuego. A pesar de haberle informado a los policías que lo sucedido fue con ocasión a que estaba siendo víctima de extorsión, fue arrestada y trasladada a la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao. (iv) Por otro lado, la accionante anexó una entrevista de Cecilia Orozco Tascón realizada el 11 de noviembre de 2012 para el diario El Espectador, donde manifestó, entre otros hechos, que aunque tenía el apoyo de casi todos sus compañeros, sintió mucha presión laboral cuando llegó el nuevo jefe jurídico, quien parecía estar enterado de lo sucedido por las frases que pronunciaba. Por ejemplo, en voz alta, decía que “a los enemigos hay que combatirlos con atentados para sacarlos del camino” y aclaraba que hablaba en sentido figurado. También hacía comentarios burlones sobre el acoso sexual diciéndoles a otras compañeras que no entraran a su oficina porque de pronto alguien iba a decir que él las estaba acosando[3]. 1.2. Sobre los procesos iniciados con ocasión de los hechos de presunto acoso sexual 1.2.1. Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá 1.2.1.1. El 30 de octubre de 2012 el Defensor del Ciudadano del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá corrió traslado de la queja presentada por la accionante a la Oficina de Control Interno Disciplinario, dependencia que el 6 de noviembre siguiente ordenó la apertura de indagación preliminar contra el señor Camilo Andrés Paramo Zarta. A esa investigación se acumuló una queja presentada por el Veedor Ciudadano ante las presuntas irregularidades cometidas por la Gerente del Fondo de Seguridad y Vigilancia en la investigación. 1.2.1.2. El 27 de noviembre de 2012 el Fondo remitió a la Personería de Bogotá las diligencias adelantadas para que se incorporaran al proceso que se estuviera adelantando en esa entidad. 1.2.2. Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá 1.2.2.1. El 16 de noviembre de 2012 la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios respondió la comunicación enviada por la accionante al Alcalde Mayor de Bogotá, informándole que ya tenía conocimiento del oficio remitido por el Veedor Ciudadano, para lo cual había dispuesto la apertura de una actuación disciplinaria. 1.2.2.2. Asimismo, le notificó el llamado a diligencia de declaración dentro de la investigación por el presunto hecho de acoso sexual. 1.2.3. Personería de Bogotá 1.2.3.1. El 24 de octubre de 2012 el Personero Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa ordenó la apertura de indagación en la investigación disciplinaria para esclarecer los hechos de presunta violencia sexual, teniendo como fundamento la queja presentada por quien se identificó como Marisol Gamba. De igual forma, el 31 de octubre de 2012 el Personero Delegado para Asuntos Disciplinarios informó que se estaba adelantando un proceso ante los hechos descritos en la queja presentada por la señora Marisol Gamba. 1.2.3.2. El 14 y 30 de noviembre de 2012 la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá realizó dos inspecciones al proceso adelantado por la Personería. Lo anterior, porque la Procuraduría conoció los hechos por remisión de la queja presentada por la señora Stella García Núñez y en ejercicio de su función de supervigilancia. 1.2.3.3. El 17 de diciembre de 2012 la Personería Distrital remitió las actuaciones realizadas por esa entidad a la Procuraduría General de la Nación para que esta asumiera el conocimiento del asunto si lo consideraba pertinente. 1.2.4. Procuraduría Primera Distrital de Bogotá 1.2.4.1. El proceso remitido por parte de la Personería Distrital fue asignado a la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, quien venía ejerciendo las labores de supervigilancia. 1.2.4.2. En el transcurso del proceso disciplinario la accionante radicó una solicitud de reconocimiento como sujeto procesal dentro de la investigación. El 25 de febrero de 2013, la Procuraduría Primera Distrital le notificó por correo electrónico a la actora y a su apoderada que en audiencia de descargos se había decidido lo siguiente: “[D]entro del radicado disciplinario IUC D-2013-119-566228 (Personería 52874-12) que se adelanta en contra del disciplinado Camilo Andrés Paramo Zarta, por queja impetrada por la señora Marisol Gamba y/o Stella García Núñez, les informo que NO fueron reconocidas como representantes de la presunta víctima ni sujeto procesal dentro del radicado de la referencia de conformidad con el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 y la sentencia C-014 de 2004. Igualmente su solicitud de pruebas será atendida dentro del marco legal, decisión que se le comunicará oportunamente”[4]. 1.2.4.3. El 22 de marzo de 2013 la accionante presentó una insistencia para la expedición de copias del expediente, así como una solicitud adicional para que se adoptaran las medidas necesarias dirigidas a prevenir la revictimización y la concurrencia de prejuicios y estereotipos de género en la investigación disciplinaria. El 3 de abril de 2013 la Procuraduría Primera Distrital emitió su respuesta, en lo referente a la solicitud de copias, en los siguientes términos: “[E]l Despacho le reitera que al no ser sujeto procesal se abstendrá de acceder a ello, empero (…) le manifiesto que por el momento no se expedirán las copias solicitadas ya que a juicio de este Despacho existen derechos fundamentales que le asisten al disciplinado que merecen especial protección, ya que se ventiló en algunos medios de comunicación televisiva y escrita los hechos que son materia de investigación sin que este fuera vencido en juicio, lo que para la Distrital es atentatorio de la presunción de inocencia, buen nombre y debido proceso del disciplinado, los cuales se podrían ver afectados nuevamente si se conocieran las piezas procesales. (…) Ahora bien, en garantía del derecho que le asiste a la peticionaria a obtener información de este órgano de control, ordenará remitir copia de la petición, del presente auto y las piezas procesales que sean del caso a los jueces administrativos para lo de su competencia. (…)”[5]. 1.2.4.4. En cuanto a la solicitud para que se adoptaran las medidas necesarias dirigidas a prevenir la revictimización y la concurrencia de prejuicios y estereotipos de género en la investigación disciplinaria, en la misma fecha la Procuraduría Primera Distrital le informó a la accionante: “[C]oincido con usted plenamente en el hecho de que este tipo de conductas merecen ser investigadas rigurosamente y con las prevenciones del caso, (…) por ello este Despacho ha adelantado las audiencias públicas hasta el momento solo con los sujetos procesales (…) además hemos evitado expedir copias a quienes legalmente no tienen acceso a ellas para evitar filtraciones indeseables que permeen la investigación y consecuencialmente, entre otras garantías, la no revictimización y estereotipos de género. (…) Para cerrar este capítulo es importante señalar que en materia disciplinaria constituye falta aquella acción y omisión del servidor público que esté descrita en la ley y esté provista de ilicitud sustancial, lo que de suyo nos coloca en el plano de los deberes funcionales del servidor público, situación que difiere ostensiblemente del tema penal; si bien es cierto, este Despacho es del mismo criterio esbozado en las consideraciones de su escrito, es claro que la Ley 1257 de 2008 decanta, entre otras formas de violencia, la sexual de género, si se permite el término, a situaciones que están íntimamente relacionadas al conflicto armado en Colombia las cuales tienen que ver con infracciones al DIH, a los DH y al DIDH, por lo que invito muy respetuosamente a la solicitante a revisar sus conceptos ya que al parecer se encuentran desenfocados y distantes de la situación fáctica puesta a consideración de este operador disciplinario, el cual acepta con beneficio de inventario y como obligación derivada de su función misional disciplinaria, que los parámetros de la norma en cita le son aplicables por extensión a los procesos originados en contextos como el que nos ocupa (…)”[6]. 1.2.4.5. El 5 de abril de 2013 la Procuraduría remitió ante los jueces administrativos las decisiones sobre la expedición de copias del proceso disciplinario para su pronunciamiento ante la insistencia presentada por la señora Stella García Núñez, cuyo conocimiento correspondió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca[7]. En providencia del 30 de mayo de 2013 ese cuerpo colegiado ordenó que se autorizaran las copias solicitadas, bajo el argumento de que el expediente administrativo en un proceso verbal disciplinario es reservado hasta cuando se profiera el auto que cita a audiencia y, en el caso concreto, el proceso ya se encontraba al Despacho para fallo, razón por la cual para ese momento la información contenida en el expediente ya no era reservada[8]. 1.2.4.6. Por otro lado, la Procuraduría solicitó a la EPS Famisanar remitir la historia clínica de la accionante resaltando las consultas médicas de sicología y/o siquiatría efectuadas en los últimos 18 meses. La accionante presentó oposición a esa solicitud al considerar que requerir información privada y de reserva legal que no tenía relación con los hechos constituía un acto de revictimización. 1.2.4.7. El 15 de octubre de 2014 se llevó a cabo la lectura del fallo por parte de la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, por medio del cual decidió absolver al señor Camilo Andrés Paramo Zarta por duda razonable. En primer lugar, se pronunció nuevamente sobre la petición de reconocimiento como sujeto procesal de la accionante. Señaló que la intervención del quejoso se limita, en estricto sentido, a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad de juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y fallo absolutorio. En este caso, precisó, no hubo necesidad de ampliar las manifestaciones iniciales por lo que consideró improcedente el reconocimiento de la abogada y la quejosa como víctimas en el asunto. De igual forma, señaló que si bien es posible el reconocimiento como víctima, ello se encuentra limitado a conductas que se relacionen con la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, lo que no sucede en este proceso disciplinario. Más adelante presentó los argumentos sobre la absolución del disciplinado que, en lo pertinente, fueron los siguientes: “Si bien es cierto, para la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa I, cuando se profirió el auto de citación a audiencia del 26 de noviembre de 2012, existía bajo el amparo de la norma disciplinaria, objetivamente la demostración de la falta, y prueba que comprometía la responsabilidad del disciplinado, además de una presunta ilicitud sustancial, surgida a partir del agotamiento de estos presupuestos, pues se había acreditado para la realidad procesal y el mundo de los sentidos, un presunto acto de violencia sexual en contra de la señora Stella García Núñez, en el transcurrir del debate probatorio y la relación jurídico procesal surgida, a partir de la imputación disciplinaria, se pudo establecer que no existen pruebas que apoyen la acusación disciplinaria, efectuada en la queja que dio origen a esta acusación. (…). [E]ntendiendo esta Distrital que el tema de las agresiones o abusos sexuales son de aquellas conductas que probatoriamente son más difíciles de acreditar, en razón a las circunstancias atentatorias de la dignidad humana, se partió inicialmente de la credibilidad a la queja de la señora García Núñez, pero paulatinamente esta fue perdiendo fuerza vinculante y verosimilidad, pues no se halló en todo el trasegar probatorio una sola pieza que corroborara lo dicho por esta (…) En conclusión, al no existir certeza sobre la existencia de la falta disciplinaria y de la presunta responsabilidad del disciplinado en la comisión de los hechos, que fueron reprochados en la acusación disciplinaria del 26 de noviembre de 2012, este Despacho lo absolverá por duda razonable”[9]. 1.2.4.8. Esta decisión fue apelada y mediante decisión del 3 de diciembre de 2014 la Procuraduría II Distrital Delegada para la Vigilancia Administrativa se abstuvo de dar trámite al recurso bajo el argumento de que la falta disciplinaria investigada no constituía una violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ni del Derecho Internacional Humanitario. En esa providencia se expuso: “[D]e la documentación remitida por el a quo, se tiene que la queja que dio origen a las presentes diligencias fue presentada por la señora Marisol Gamba, nombre con el que suscribió el escrito mediante el cual se informó sobre los hechos motivo e investigación. (…) Así las cosas, advierte esta Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa que el papel desempeñado por la señora Stella García Núñez en esta actuación no es la de quejosa, en sentido estricto, sino sobre quien al parecer recayó la presunta conducta; y tampoco ostenta la calidad de víctima, toda vez que la falta disciplinaria investigada no constituye violaciones del derecho internacional de los derechos humanos ni del derecho internacional humanitario”[10]. 1.3. Solicitud de la acción de tutela 1.3.1. Mediante escrito radicado el 3 de junio de 2015[11] la accionante manifiesta que se ha visto enfrentada a una multiplicidad de vulneraciones a sus derechos con posterioridad a la denuncia que interpuso por el acoso sexual del cual fue víctima. Además, sostiene que desde diciembre de 2012, cuando el Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá terminó su contrato, no ha podido conseguir un empleo o los ingresos que le permitan su sostenimiento y el de su madre. 1.3.2. Aclara que la investigación penal sigue en curso, pero que actualmente persiste la impunidad en materia disciplinaria. Al respecto, considera que las autoridades disciplinarias accionadas vulneraron sus derechos a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso. 1.3.3. Comienza por señalar que la ley 1257 de 2008[12] no tiene en su contenido ninguna restricción en cuanto a su aplicación a las distintas formas y ámbitos en los que se comenten actos de violencia sexual, lo que quiere decir que “no cuenta con la restricción alegada por la Procuraduría acerca de que su aplicación se limita a los casos de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado”. 1.3.4. Sostiene que aunque la investigación disciplinaria iniciada en la Personería de Bogotá tiene como origen la queja radicada por Marisol Gamba, tanto en la investigación de la Oficina de Control Interno del Fondo de Seguridad y Vigilancia, en la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y en el seguimiento por función de supervigilancia realizado por la Procuraduría Primera Distrital, fue ella quien figuró como víctima de los hechos y como quejosa. Sobre este punto, señala que la Procuraduría Primera Distrital en ocasiones la consideraba a ella como quejosa, como sucedió en la audiencia de descargos, y en otras oportunidades reconocía esa calidad a quien se identificó como Marisol Gamba, “sin esclarecer nunca dicha confusión y desconociendo que al acumularse los procesos provenientes de instancias disciplinarias inferiores se debía continuar reconociendo la calidad de quejosa a la señora García. Ni siquiera en la audiencia de fallo la Procuraduría pudo aclarar esta condición como interviniente, a pesar de que lo solicité expresamente, y en consecuencia concedió el recurso de apelación, advirtiendo confusamente que no garantizaba que el superior jerárquico se pronunciara al respecto”. 1.3.5. Estima que la falta disciplinaria gravísima de acoso sexual imputada al señor Camilo Andrés Paramo (art. 48, ley 734 de 2002) constituye una vulneración al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y por lo tanto, debió permitirse su participación en igualdad de condiciones que al investigado, como sujeto procesal. A raíz de lo anterior, la accionante expone las razones por las cuales considera vulnerado cada uno de los derechos cuya protección invoca: (i) Derecho al acceso a la administración de justicia: la Procuraduría vulneró su deber de diligencia, principalmente por negarle de manera reiterada la calidad de sujeto procesal y víctima directa de los hechos de violencia sexual, así como de no permitir su participación en la investigación con plenas facultades, entre ellas, el derecho a impugnar las decisiones. Esa entidad permitió además que se realizaran cuestionamientos sobre su versión de los hechos, fundados en prejuicios y estereotipos de género, e interfirió en su vida privada al solicitar su historia clínica sin ninguna justificación. Añade que, uno de los fundamentos del fallo absolutorio fue la ausencia de testigos durante el hecho de violencia sexual, sin tener en cuenta que esta es precisamente una de las características de esta forma de violencia. (ii) Derecho a la igualdad y principio de no discriminación: la decisión de abstenerse de resolver el recurso de apelación constituye una decisión discriminatoria contra la mujer, injustificada y arbitraria, en tanto “la diferenciación de trato y protección jurídica que le permitiera ejercer sus derechos y facultades como sujeto procesal en su calidad de víctima de violación del DIDH frente al hombre investigado, no tiene razón alguna”. (iii) Debido proceso: la Procuraduría no aplicó el artículo 90 de la ley 734 de 2002, sobre las facultades de los sujetos procesales, ni aplicó el marco jurídico que permite a toda persona que tiene la calidad de quejosa la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la decisión final de la investigación disciplinaria. 1.3.6. En virtud de lo anterior solicita que se ordene: (i) anular el procedimiento disciplinario adelantado por la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá desde el momento en que se notificó la decisión de no reconocer a la quejosa como sujeto procesal y víctima de violencia sexual; (ii) de manera subsidiaria, a la Procuraduría Segunda Distrital Delegada para la Vigilancia Administrativa resolver el recurso de apelación y pronunciarse de fondo sobre el asunto; (iii) advertir a la Procuraduría Primera Distrital que tiene la obligación de aplicar el marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres; (iv) advertir a la Procuraduría General de la Nación que los procesos disciplinarios que adelanta en caso de violencia contra las mujeres no resulten revictimizantes y se tomen las medidas para evitar que las decisiones judiciales se funden en estereotipos de género; y (v) advertir a la Procuraduría General de la Nación que, en el marco de sus funciones, debe respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos de las mujeres, particularmente a vivir una vida libre de violencia. 2. Contestación de las entidades accionadas 2.1. Procuraduría General de la Nación La Jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, en escrito allegado el 12 de junio de 2015, explicó que al quejoso, dentro de la acción disciplinaria, no le asiste la calidad de sujeto procesal, en tanto se trata de la persona que pone en movimiento el aparato administrativo o judicial con miras a la investigación de una falta disciplinaria y la sanción de los responsables. Sus facultades de intervención son limitadas, refirió la accionada, en la medida que solo puede presentar la queja, ampliarla, aportar pruebas y recurrir la decisión de archivo de las diligencias y el fallo absolutorio. Bajo ese entendido, sostuvo que en el caso de la accionante no era viable que esta fuera tratada como un sujeto procesal y por ende serle brindada información que solo incumbe a las partes del proceso. Por lo anterior, consideró que no existe prueba o argumento alguno que permita inferir que fueron vulnerados sus derechos fundamentales y mucho menos que se le haya impedido ejercer sus garantías dentro del proceso disciplinario como quejosa. 2.2. Procuraduría Primera Distrital de Bogotá El asesor de la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, en escrito allegado el 17 de junio de 2015, mencionó que la actuación disciplinaria en el caso bajo estudio se inició a raíz de la queja presentada a nombre de Marisol Gamba. Sin embargo, esa persona desconoció su autoría e informó que su nombre había sido utilizado de manera fraudulenta, razón por la cual en el proceso adelantado por la Procuraduría no fue reconocida como auténtica quejosa. Anexó diferentes documentos sobre las actuaciones surtidas en ese proceso disciplinario, entre ellos el acto administrativo donde se emitió el fallo de primera instancia dentro del proceso disciplinario. En esa decisión, entre otras consideraciones, se expuso que “el Despacho pese a que pone en duda la autoría del escrito de queja, en cabeza de la señora Marisol Gamba, da crédito al contenido pues es la misma afectada la que posteriormente acude a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Personería, a la Alta Consejería Presidencial para la Defensa de la Mujer, a la Veeduría Distrital, a la Fiscalía General de la Nación y posteriormente ante este órgano de control para iniciar el trámite disciplinario”. En ese mismo sentido, señaló que a pesar de que la queja inicial no fue signada por la señora Marisol Gamba, las afirmaciones de la señora García Núñez merecen credibilidad “en consideración a que no se trata de cualquier presunta irregularidad la que le imputa a su otrora compañero de entidad, sino a actuaciones donde estarían comprometidos derechos que merecen especial protección por parte del Estado colombiano y por tal motivo, a partir de la conjunción de otros medios probatorios, veremos si se puede acreditar bajo la sana crítica y su libre apreciación razonadamente, elementos de juicio, que nos permitan concluir si ello ocurrió como lo expuso la presunta víctima de acoso sexual”. 3. Decisiones objeto de revisión 3.1. Primera instancia Mediante sentencia del 25 de junio de 2015 el Juzgado 31 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá denegó la protección constitucional invocada al considerar que la accionante no agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales. A juicio del fallador, la señora Stella García Núñez aún puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o a la revocatoria directa del acto administrativo que considere nugatorio de sus derechos. De igual forma, mencionó que actualmente está en curso el proceso penal por el punible de acoso sexual, lo que excluye a la acción de tutela como el mecanismo principal para el ejercicio de sus derechos en calidad de víctima. Consideró que la actora pone de presente el aparente desconocimiento de sus derechos como víctima; sin embargo, olvida que, para el efecto, está haciendo uso de otro mecanismo judicial como lo es el proceso penal, donde se prepondera por el cumplimiento de los criterios de verdad, justicia y reparación que rigen a la justicia restaurativa. Finalmente, señaló el juzgado que en este caso no se presenta un perjuicio irremediable para la accionante que amerite el uso de la acción de tutela en lugar de los mecanismos previstos en la ley para resolver su situación. 3.2. Impugnación Mediante escrito calendado el 2 de julio de 2015 la apoderada de la accionante impugnó la decisión de primera instancia. Empezó por explicar las razones por las cuales los mecanismos judiciales sugeridos por el a quo no son idóneos para la defensa de los derechos fundamentales cuya protección se invoca: (i) acción de nulidad: es un mecanismo que solo se puede activar contra actos administrativos de carácter particular cuando de la nulidad no se genere el restablecimiento automático de un derecho; (ii) acción de nulidad y restablecimiento del derecho: el desarrollo y las complicaciones del proceso aunadas a las demoras injustificadas por congestión judicial conllevaría que tras varios años se obtenga una decisión; (iii) revocatoria directa: no se puede exigir a los ciudadanos insistir a las autoridades en forma indebida; en este caso se intentó en varias ocasiones que la entidad accionada adoptara una decisión distinta a la negación de la calidad de sujeto procesal de la accionante, lo cual desestimó en tres oportunidades. De igual forma, sostuvo que el juez de primera instancia erró al señalar que el proceso penal vigente por acoso sexual era el mecanismo de defensa llamado a garantizar los derechos fundamentales, “desconociendo que en el proceso disciplinario que es objeto de la acción de tutela también las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden exigir los derechos como la verdad”. Por otro lado, en cuanto a la ausencia de un perjuicio irremediable, mencionó que el juez omitió considerar la situación de la señora García Núñez como mujer víctima de la violencia de género y, por lo tanto, sujeto de especial protección constitucional. Así mismo, hizo referencia a tres situaciones que explican, a su juicio, la existencia de un perjuicio irremediable: (i) las decisiones de la Procuraduría negaron durante más de dos años toda forma de participación en el proceso, lo que se configuró además con la última acción de no dar trámite al recurso de apelación; (ii) el proceso se fundamentó en prejuicios y estereotipos de género, así como en acciones vulneradoras de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia, como cuestionar la inexistencia de testigos, “alegar que las víctimas de violencia sexual deben gritar, llorar o salir corriendo como evidencia de lo ocurrido” o vulnerar la reserva de la historia clínica de la accionante; y (iii) los efectos generados por la impunidad judicial en la estabilidad social y en la salud física y mental de la afectada. Con sustento en lo anterior, solicita revocar el fallo de primera instancia y en su lugar se reconozca a la peticionaria como mujer víctima de una violación de los derechos humanos. 3.3. Segunda instancia En sentencia del 24 de agosto de 2015 el Juzgado 40 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá confirmó el fallo proferido por el a quo. En primer lugar, señaló que no existe una vulneración del derecho a la igualdad, en tanto la apoderada de la accionante no hizo mención a qué personas en igual situación a la de su representada han recibido un trato preferencial. En segundo lugar, expuso que no se evidencia la transgresión del derecho al acceso a la administración de justicia, porque precisamente en la acción de tutela se indicaron las entidades a las cuales se puso en conocimiento el presunto hecho de acoso sexual, e incluso se iniciaron los respectivos procesos disciplinario y penal. Finalmente, sostuvo que la accionante no tiene calidad de quejosa porque, como lo mencionó la Procuraduría accionada, el documento mediante el cual se pusieron en conocimiento los hechos está firmado por la señora Marisol Gamba, por lo que “la señora Stella García fue la persona sobre la cual recayó el comportamiento ilícito disciplinario pero esto no la ubica en el plano de víctima como se entiende en el derecho penal. Por ende, ni ella ni su apoderada judicial tenían la calidad de sujeto procesal y por ello no podían participar de manera activa como lo pretendían en el trámite disciplinario adelantado y mucho menos impugnar la decisión anotada”. 4. Pruebas. Entre las pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes: - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Stella García Núñez. (Cuaderno principal, folio 113). - Copia de la historia clínica sobre la evaluación de siquiatría de la señora Stella García Núñez. (Cuaderno principal, folios 114 a 119). - Copia de la denuncia penal interpuesta el 10 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez contra el señor Camilo Andrés Paramo Zarta, por el delito de acoso sexual. (Cuaderno principal, folios 50 a 54). - Acta de la visita administrativa realizada el 11 de octubre de 2012 por la Personería I Delegada para la Vigilancia Administrativa en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. (Cuaderno principal, folios 43 a 49). - Queja presentada el 13 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez ante la Veeduría Distrital de Bogotá, en la cual solicita que se inicie una investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en su contra. (Cuaderno principal, folios 69 a 71). - Queja presentada el 19 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez ante la Procuraduría General de la Nación, en la cual solicita que se inicie una investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en su contra. (Cuaderno principal, folios 55 a 57). - Queja presentada el 19 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez ante la Personería I Delegada para Asuntos Disciplinarios, en la cual solicita que se inicie una investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en su contra. (Cuaderno principal, folios 62 a 64). - Queja presentada el 19 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez ante la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en la cual solicita que se inicie una investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en su contra. (Cuaderno principal, folios 66 a 68). - Respuesta emitida el 1º de noviembre de 2012 por la Personería I Delegada para Asuntos Disciplinarios a la petición de investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en contra de la señora Stella García Núñez. (Cuaderno principal, folios 75 a 78). - Copia de la entrevista realizada el 11 de noviembre de 2012 por la periodista Cecilia Orozco Tascón a la señora Stella García Núñez para el diario El Espectador, titulada “Quieren destruirme por denunciar”. (Cuaderno principal, folios 37 a 42). - Copia del correo electrónico enviado el 25 de febrero de 2013 por un funcionario de la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá a la Corporación Sisma Mujer, mediante el cual le informan la decisión de no reconocer a la señora Stella García Núñez como sujeto procesal. (Cuaderno principal, folio 81). - Respuesta emitida el 7 de marzo de 2013 por parte de la EPS Famisanar a la solicitud de la historia clínica de la señora Stella García Núñez que hiciera la Procuraduría I Distrital a esa entidad, en la cual informa que ese documento debe ser solicitado directamente por el paciente en la IPS en la cual es atendido. (Cuaderno principal, folios 72 a 74). - Escrito presentado por la apoderada de la señora Stella García Núñez ante la Procuraduría I Distrital de Bogotá, mediante el cual solicita que se adopten las medidas necesarias para prevenir que en el curso de la investigación disciplinaria se acuda prejuicios y estereotipos de género. (Cuaderno principal, folios 83 a 85). - Insistencia en la solicitud de copias del expediente contentivo del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta, radicada por la apoderada de la señora Stella García Núñez el 22 de marzo de 2013. (Cuaderno principal, folio 82). - Respuesta a la solicitud de copias del expediente contentivo del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta, emitida el 3 de abril de 2013 por la Procuraduría I Distrital de Bogotá. (Cuaderno principal, folios 86 y 87). - Respuesta a la solicitud de adopción de las medidas necesarias para prevenir que en el curso de la investigación disciplinaria se acuda prejuicios y estereotipos de género, emitida el 3 de abril de 2013 por la Procuraduría I Distrital de Bogotá. (Cuaderno principal, folios 88 a 92). - Solicitud de reconocimiento como sujeto procesal dentro de la investigación disciplinaria, presentada el 20 de mayo de 2013 por la apoderada de la señora Stella García Núñez ante la Procuraduría I Distrital. (Cuaderno principal, folios 96 a 100). - Providencia del 30 de mayo de 2013 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve el recurso de insistencia de solicitud de copias presentado por la apoderada de la señora Stella García Núñez. (Cuaderno principal, folios 101 a 106). - Oposición radicada el 8 de julio de 2013 por la apoderada de la señora Stella García Núñez a la solicitud de la historia clínica que hiciera la Procuraduría I Distrital a la EPS Famisanar. (Cuaderno principal, folios 58 a 61). - CD correspondiente a la audiencia de fallo realizada el 15 de octubre de 2014 por la Procuraduría I Distrital de Bogotá dentro del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta. (Cuaderno principal, folio 107). - Copia del fallo proferido el 15 de octubre de 2014 por la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá dentro del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta. (Cuaderno principal, folios 138 a 183). - Auto proferido el 27 de noviembre de 2014, mediante el cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa se abstiene de dar trámite al recurso de apelación presentado en contra del fallo proferido el 15 de octubre de 2014 por la Procuraduría I Distrital de Bogotá, dentro del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta. (Cuaderno principal, folios 109 a 112). - Respuesta proferida el 25 de octubre de 2015 por la Personería de Bogotá a la petición de la accionante sobre las presuntas irregularidades en las que incurrió Jairo Rubio Victoria, funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al no adelantar las gestiones pertinentes ante la denuncia realizada el 21 de septiembre de 2012 por los presuntos hechos de acoso sexual[13]. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 1. Competencia. Esta Sala es competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991. 2. Trámite en sede de revisión. 2.1. Mediante Auto del 28 de octubre de 2015 la Sala de Selección de Tutelas número Diez de esta Corporación seleccionó para su revisión el expediente de la referencia. Sometido el asunto a consideración de la Sala de Revisión por parte del magistrado designado para sustanciarlo, se advirtió que el señor Camilo Andrés Paramo Zarta, persona que fue investigada y posteriormente absuelta en el proceso disciplinario sobre el cual versa esta controversia, no fue vinculado durante el trámite de la tutela, ni en las instancias ni en sede de revisión. Visto lo anterior, la Sala Sexta de Revisión, a través del Auto 071A de 2016[14] declaró la nulidad de las actuaciones surtidas en el trámite de la tutela subsiguientes al auto mediante el cual fue seleccionado para su revisión y repartido al magistrado sustanciador; y vinculó al señor Camilo Andrés Paramo Zarta para que se pronunciara sobre los hechos expuestos por la accionante en la tutela y allegara los medios probatorios que considerara pertinentes para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 2.2. En escrito radicado el 22 de abril de 2016 el señor Paramo Zarta manifestó que la señora Stella García Núñez ha rendido versiones diferentes sobre los hechos de presunto acoso sexual, en las cuales se contradice. Señaló igualmente que el alcance de la sentencia C-014 de 2004 es el expresado por la Procuraduría Primera Distrital en su decisión “y no el que amañadamente pretende darle la accionante”. Sostuvo que en este caso no se presenta ninguna conducta desplegada por el funcionario disciplinario que pueda considerarse como arbitraria o de abierta contradicción con el orden constitucional y legal vigente. Al contrario, explicó, las decisiones disciplinarias “estuvieron conformes con el alcance otorgado al artículo 89 de la Ley 734 de 2002 por la Corte Constitucional en la ya referida sentencia C-014 de 2002 (sic), por lo que no resultan viables las pretensiones consignadas en la acción de tutela que se estudia”. Luego de hacer una transcripción de algunos apartes de la sentencia C-014 de 2004, el señor Paramo Zarta afirmó que la doctrina ha establecido unos criterios generales de determinación de vulneración de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, de los cuales ninguno se configuran con los hechos denunciados por la accionante. Al respecto indicó: “La accionante se equivoca, de forma grave, al pretender hacer ver un hecho de acoso sexual, que repito jamás ocurrió, como una afectación grave de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario por la simple razón de que la integridad sexual se encuentre protegida en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Por esta vía, cualquier infracción al régimen disciplinario implicaría una vulneración al derecho internacional de los derechos humanos pues desde el derecho a la propiedad pasando por las diferentes generaciones de derechos humanos prácticamente todos los bienes jurídicamente protegidos se encuentran reflejados en algún tratado o convención internacional de derechos humanos”. Por último, resaltó que la señora García Núñez nunca detentó la calidad de quejosa en el proceso disciplinario como quiera que el origen de la indagación fue la queja formulada por la señora Marisol Gamba. Sobre el particular señaló que “el hecho de que dentro del proceso disciplinario se viniera a demostrar que no era cierto que la señora Gamba hubiera interpuesto dicha queja no genera que se traslade la calidad de quejosa a cualquier otro interesado, sino solamente que alguien, con el objetivo de perjudicar a Camilo Andrés Paramo Zarta, incurrió en el ilícito de suplantación”. Con sustento en lo anterior, solicitó negar las pretensiones consignadas en la acción de tutela y confirmar las sentencias adoptadas por las instancias. 2.3. Una vez se corrió traslado de las pruebas aportadas por el señor Paramo Zarta, la Corporación Sisma Mujer allegó un documento el 13 de mayo de 2016, mediante el cual manifestó, en primer lugar, que las aludidas mentiras e inexactitudes en las que presuntamente incurrió la señora García Núñez son aspectos que deben ser valorados por el juez natural del proceso disciplinario y no por el juez constitucional. A su juicio, lo que se está debatiendo en la acción de tutela no es la credibilidad de las denuncias presentadas por la accionante sino el reconocimiento de la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y por esa vía su participación en el proceso disciplinario. Consideró que no debe tenerse en cuenta la valoración que hace la defensa del señor Páramo Zarta, en tanto se sustenta en criterios de discriminación contra las mujeres y en el empleo de estereotipos de género, por ejemplo, que aquellas denuncian la violencia sexual únicamente con el objetivo de perjudicar a sus agresores. En su parecer, las víctimas deben contar con la garantía de participación en el proceso en condiciones de dignidad, sin ser constantemente atacadas, señaladas ni revictimizadas por ningún sujeto procesal. Puso de presente una presunta actuación irregular por el “empleo ilegal a la denuncia que realizó la señora García ante el funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá Jairo Rubio Victoria”. Lo anterior, por cuanto el señor Paramo Zarta en su escrito de defensa hizo referencia a ese documento aceptando que tiene conocimiento del mismo, sin tener en cuenta que la Alcaldía nunca le dio el trámite correspondiente a esa denuncia. Con sustento en lo señalado, solicitó a esta Corporación: (i) Continuar con el conocimiento de fondo de la presente acción de tutela. (ii) Advertir a los profesionales del derecho que ejercen la defensa técnica de procesados penal y disciplinariamente por hechos de violencia contra las mujeres y, en el caso concreto de violencia sexual, que les está proscrito adelantar esta labor empleando estereotipos de género o afirmaciones revictimizantes. (iii) De encontrar mérito para ello, compulsar copias contra el señor Jairo Rubio Victoria por presuntamente dar a conocer a la defensa en el proceso disciplinario, los hechos denunciados por la accionante, en lugar de impulsar la investigación disciplinaria como era su deber. 3. Planteamiento del problema jurídico. Con base en los hechos descritos corresponde a esta Sala Sexta de Revisión establecer si una autoridad administrativa vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y al debido proceso de una persona que actúa como quejosa y directa perjudicada en un proceso disciplinario donde se investigan presuntos hechos de acoso sexual, al no reconocerla como sujeto procesal y, por lo tanto, no permitirle participar en el proceso, bajo el argumento de que la falta disciplinaria no constituye una vulneración al Derecho Internacional de los Derechos Humanos ni al Derecho Internacional Humanitario. Para resolver el problema jurídico planteado la Corte analizará los siguientes tópicos: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto; (ii) naturaleza y características del proceso disciplinario; (iii) justificación de la limitación de la intervención del quejoso en el proceso disciplinario. La violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario como excepción a dicha limitación; (iv) violencia contra la mujer como una vulneración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Con base en ello, (v) resolverá el caso concreto. 4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. Reiteración de jurisprudencia[15] 4.1. El artículo 86 de la Constitución Política[16] prevé la acción de tutela como un mecanismo constitucional para la defensa inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La misma norma dispone que ese instrumento de amparo es de carácter subsidiario y residual, lo que significa que procede solo en los casos en que el ciudadano no cuente con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos. La citada disposición establece una excepción a dicho carácter subsidiario, al señalar que la acción de tutela es procedente, aun cuando el accionante cuente con otra vía judicial, en los casos en que se instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[17]. Asimismo, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Estatutario 2591 de 1991 adiciona otra excepción según la cual la acción de tutela es procedente cuando el mecanismo no sea eficaz, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. La jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado esta última excepción al principio de subsidiariedad, al disponer que la acción de tutela procede como mecanismo definitivo de protección, en los eventos en que si bien el actor cuenta con otras instancias judiciales para la protección de sus derechos, estos últimos no son idóneos ni eficaces para tal fin[18]. Sin embargo, la Corte no quiso significar con ello que sea posible desplazar los mecanismos ordinarios dispuestos por el legislador para la protección de los derechos fundamentales, ni permitir que la acción de tutela se convierta en un mecanismo paralelo o ajeno a las vías con que cuentan los ciudadanos como medios de defensa. Una interpretación de este tipo conduciría a desfigurar el papel institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección y negar el papel del juez ordinario en idéntica tarea[19]. En ese sentido, este Tribunal ha precisado que, en primer lugar, “cuando el juez de tutela deba decidir en relación con la vulneración o amenaza de un derecho fundamental habrá de verificar si existe o no otro medio de defensa judicial ante el cual pueda ventilarse el conflicto”[20]. Es preciso que los jueces constitucionales estudien las particularidades propias de cada caso concreto para determinar la idoneidad y eficacia del mecanismo judicial alterno, más allá de la simple existencia del mismo y sin olvidar que con ello no puede suplantarse la competencia del juez ordinario. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente: “Sin embargo, y con el primordial objetivo de preservar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo de protección jurídica de los derechos fundamentales, en numerosas ocasiones y de manera constante se ha manifestado por la jurisprudencia constitucional que es necesario realizar un análisis sustancial, y no simplemente formal, al evaluar la existencia de mecanismos ordinarios para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado. En este sentido se ha insistido en que dicha evaluación no debe observar únicamente que el ordenamiento prevea la existencia de recursos o acciones para la solución por la vía jurídica de determinada situación, sino que en el contexto concreto dicha solución sea eficaz en la protección del derecho fundamental comprometido”[21] Lo anterior significa que el otro mecanismo de defensa judicial al que hace referencia el artículo 86 de la Constitución debe tener, por lo menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos fundamentales que por su naturaleza tiene la acción de tutela[22]. En otras palabras, el otro medio de defensa judicial ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr que la protección sea inmediata[23]. 4.2. En el caso específico de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto, este Tribunal ha puntualizado que, en principio, es improcedente, en tanto la persona cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Incluso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé en sus artículos 229 y siguientes la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto administrativo para evitar la vulneración de los derechos fundamentales. No obstante, se ha sostenido que, de manera excepcional, la tutela procede contra los actos de dicha naturaleza bajo dos supuestos: (i) como mecanismo transitorio, en los eventos en que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que procederá “contra las actuaciones administrativas, cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez constitucional podrá suspender la aplicación del acto administrativo, mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”[24]; y (ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción judicial ordinaria no sea idónea o eficaz para la protección de los bienes jurídicos involucrados[25]. 4.3. En suma, la acción de tutela fue instituida para proteger los derechos fundamentales de manera inmediata, por regla general, en los eventos en que la persona no cuente con otro medio de defensa judicial. Sin embargo, excepcionalmente, tal mecanismo es procedente de manera definitiva o transitoria cuando a pesar de contar con otras vías judiciales, como sería el caso de las acciones de tutela contra actos administrativos, se pretende evitar la causación de un perjuicio irremediable o aquellas no son idóneas ni eficaces para garantizar de manera efectiva el derecho amenazado o conculcado. 5. Naturaleza y características del proceso disciplinario. 5.1. Esta Corporación ha señalado que el derecho disciplinario comprende, por un lado, el “poder disciplinario”, entendido como la facultad en vir...