Sentencia T-263 de 2004

T-263-04 SENTENCIA No Sentencia T-263/04 ENTIDAD BANCARIA-Error en la reliquidación de un crédito/ACTO PROPIO-Respeto/ACTO PROPIO-Condiciones para su aplicación/DEBIDO PROCESO-Vulneración por Granahorrar por error en la reliquidación de un crédito por cuento alivio sólo operaba para financiación de vivienda/ACCION DE TUTELA-Improcedencia en caso de reliquidación de crédito por cuanto demandante inició proceso civil En el presente caso se observa por la Corte, que al parecer el Banco Granahorrar al aplicar un alivio al crédito del demandante cometió un error, porque la aplicación de dichos alivios opera frente a créditos hipotecarios para financiación de vivienda, según lo dispone la Ley 546 de 1999, encontrada ajustada al ordenamiento superior por ese aspecto en la sentencia C-955 de 2000. Sin embargo, no puede desconocerse por la Sala de Revisión, que el Banco Granahorrar al percatarse de su error, procedió a modificar en forma unilateral la situación inicialmente creada, desconociendo con ello el derecho al debido proceso del demandante, cuando para ello contaba con otros medios, pues como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte, en múltiples acciones de tutela instauradas precisamente en contra de la entidad ahora accionada. En los eventos aludidos resultaba indiscutible la procedencia de los alivios otorgados a los afectados, pues se encontraba plenamente acreditada la adquisición del inmueble para vivienda y, por ello, de imperativa aplicación la Ley 546 de 1999. Sin embargo, esa certeza no se tiene en el presente caso, circunstancia que impide a la Corte ordenar la aplicación de un alivio cuya procedencia es incierta. En tales circunstancias, como ya se advirtió, en principio podría concederse el amparo solicitado por violación del derecho al debido proceso. No obstante, teniendo en cuenta que el actor ya inició un proceso de carácter civil para que por sentencia judicial se defina si tiene o no derecho al alivio de su crédito en los términos establecidos en la Ley 546 de 1999, la acción de tutela que se examina no puede ser concedida pues resulta evidente la idoneidad del medio judicial impetrado para llegar al mismo resultado que ahora se persigue. Referencia: expediente T-820862 Peticionario: Fermín Sánchez Moreno Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro (2004). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente : SENTENCIA El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que se hizo en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección número once ordenó la selección del mencionado expediente por auto de 25 de noviembre de 2003. I. ANTECEDENTES El ciudadano Fermín Sánchez Moreno interpuso acción de tutela contra el Banco Granahorrar, por considerar que dicha entidad le ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con fundamento en los hechos que se sintetizan así: 1. Que el 9 de diciembre de 1994, en compañía del señor Guillermo León Orozco Vásquez, celebró un contrato de mutuo con interés con la entidad demandada, y para garantizar las obligaciones contraídas con el banco accionado se suscribió el pagaré Nro. 10868-7 y una hipoteca abierta sin límite de cuantía mediante la Escritura Pública Nro. 4832 de 12 de noviembre de 1994 de la Notaría Unica de Rionegro- Antioquia. En virtud del contrato celebrado, Granahorrar les entregó la suma de $9.960.000 “equivalentes a un mil quinientas setenta y cinco UPAC con dos mil seiscientos ochenta y nueve diezmilésimas de UPAC”. Con el dinero prestado adquirieron un inmueble ubicado en la Cra. 50 N° 48-46 Oficina 306 del municipio de Rionegro. 2. Manifiesta el demandante que el Banco Granahorrar le informó mediante comunicación de 15 de marzo de 2000 lo siguiente: “Hemos culminado el proceso de reliquidación de su crédito hipotecario de vivienda. Sobre su saldo de capital a la deuda al 31 de Diciembre de 1999 que era de $021249650.82 se aplicará una disminución de $004924137.85 correspondiente al alivio”. El alivio aplicado al crédito implicó una ligera disminución del saldo y de las cuotas mensuales que debía cancelar. No obstante lo anterior, añade el actor, la entidad accionada de manera unilateral desconoció el valor del alivio inicialmente aplicado a su crédito, descontando su valor y abonando la suma que había sido restada, lo cual generó un incremento en el saldo de capital, además del aumento de las cuotas mensuales. Adicionalmente, el banco le cobró intereses frente a la suma que había sido abonada como alivio, circunstancia que desconoció su derecho fundamental al debido proceso, como quiera que el alivio había quedado en firme “generando en mi certeza frente al saldo de la obligación”. Después de citar jurisprudencia de esta Corte frente a algunos casos en los que Granahorrar ha sido demandado, manifiesta el accionante que acude a la acción de tutela, con el objeto de que se ordene a la accionada a aplicar el alivio inicialmente concedido y que reste a la obligación garantizada con el pagaré N° 10868-7 el valor de los intereses corrientes que le fueron cobrados con ocasión del alivio concedido. Respuesta del Banco Comercial Granahorrar S.A. El apoderado de la entidad accionada expresa que el ámbito de aplicación de la Ley 546 de 1999, es regular un sistema de financiación de vivienda a largo plazo, en consecuencia los créditos que tienen derecho al alivio que consagra el artículo 40 de la citada ley, deben cumplir tres condiciones, a saber: i) que se tratara de un crédito individual para vivienda, ii) que estuviera vigente a 31 de diciembre de 1999, y iii) que hubiere sido otorgado por un establecimiento de crédito. En el caso que se examina, aduce el apoderado de la entidad accionada, el crédito del demandante no fue adquirido para vivienda sino para la compra de una oficina, razón por la cual al crédito del actor no se le aplica el alivio establecido en la Ley 546 de 1999. Acepta que inicialmente se le remitió una comunicación informándole de un alivio, pero ello obedeció a un error y por ello el alivio no fue aplicado al verificar la línea de crédito del accionante. Añade que en consideración a las condiciones que establece la ley para la aplicación de los alivios y la naturaleza de ser dineros públicos, no se puede aplicar un alivio a un crédito que no es de vivienda, pues se estaría prohijando la apropiación de recursos públicos en beneficio del deudor. Finalmente, manifiesta que la acción de tutela impetrada en contra de Granahorrar resulta improcedente, porque el actor ha iniciado un proceso ordinario contra el banco, en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, lo cual torna improcedente la tutela. II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, negó la tutela presentada por el señor Fermín Darío Sánchez Moreno, bajo el argumento de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial. En efecto, aduce el juez constitucional que la acción de tutela no ha desplazado ni sustituido las demás jurisdicciones ordinarias, razón por la cual los diferentes procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, deben ser aplicados para los fines que cada uno persiga, circunstancia que es desconocida en el presente caso, pues lo pretendido por el actor es la declaración de validez de un pago para lo cual existen otros mecanismos de defensa judicial. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. La competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991. 2. El caso concreto. Aplicación del principio del respeto al acto propio como desarrollo del derecho al debido proceso. Procedencia de otro mecanismo de defensa judicial para solucionar el asunto que se examina. 2.1. El señor Fermín Sánchez Moreno, interpuso acción de tutela contra el Banco Granahorrar, por considerar vulnerado su derecho al debido proceso, como quiera que el banco accionado desconoció unilateralmente un alivio inicialmente aplicado a su crédito hipotecario, aduciendo para ello que el crédito del accionante no había sido adquirido para vivienda y, en consecuencia no podía ser objeto de los alivios establecidos por la Ley 546 de 1999. En efecto, como se desprende de las pruebas que obran en el proceso, el demandante adquirió un inmueble que al parecer se encontraba destinado a un uso distinto del de vivienda, pues en la Escritura Pública 4832 de 12 de noviembre de 1994, mediante la cual se suscribió hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de Granahorrar, se lee que se trata de la oficina 306 de la Cra. 50 No. 48-46 de la ciudad de Medellín “[D]estinada a usos comerciales, oficina o despacho profesional”. No obstante lo anterior el Banco Granahorrar, en comunicación de marzo 15 de 2000, informa al demandante que se le aplicará una disminución de $004924137.85 “correspondiente al alivio”, lo que implicó, según informa el demandante una ligera disminución del saldo y de las cuotas mensuales que debía cancelar. Con todo, el banco accionado al advertir el error, procedió a descontar el valor del alivio aplicado, abonando la suma que había sido restada del crédito del demandante, situación que obviamente generó un incremento en el saldo y un aumento de las cuotas mensuales. Adicionalmente, el banco en forma unilateral decidió cobrar intereses al demandante sobre la suma que había sido abonada como alivio. Ahora, a folio 5 del expediente, aparece un extracto de crédito hipotecario expedido por Granahorrar, en el cual se observa que para el período liquidado de octubre 12 de 2002 a noviembre 14 del mismo año, se realizaron unos abonos al crédito del accionante, a saber: por concepto de capital $433.196; por intereses corrientes $525.502; y, seguros $36.162. Además, se le informa que “En cumplimiento de la Ley Marco de Vivienda, a partir de la fecha el sistema de amortización de su obligación ha sido adecuado a aquel de cuota más baja de los sistemas autorizados por la Superintendencia Bancaria”. 2.2. En el presente caso se observa por la Corte, que al parecer el Banco Granahorrar al aplicar un alivio al crédito del demandante cometió un error, porque la aplicación de dichos alivios opera frente a créditos hipotecarios para financiación de vivienda, según lo dispone la Ley 546 de 1999, encontrada ajustada al ordenamiento superior por ese aspecto en la sentencia C-955 de 2000. Sin embargo, no puede desconocerse por la Sala de Revisión, que el Banco Granahorrar al percatarse de su error, procedió a modificar en forma unilateral la situación inicialmente creada, desconociendo con ello el derecho al debido proceso del demandante, cuando para ello contaba con otros medios, pues como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte, en múltiples acciones de tutela instauradas precisamente en contra de la entidad ahora accionada, “[E]s claro que en virtud de esa relación contractual entre acreedor y deudor, con la anuencia de éste, podría haberse convenido una reliquidación del crédito a propuesta del acreedor si consideraba que en la primera existía un error. El mutuo consentimiento como se sabe, es una de las formas en que pueden modificarse las obligaciones contractuales. No obstante, si el deudor no otorga su consentimiento, el ordenamiento jurídico le otorga a la entidad financiera la posibilidad de acudir al juez competente para dirimir la controversia así suscitada en torno a las obligaciones contractuales”.[1] A juicio de la Sala de Revisión, el procedimiento utilizado por la accionada para enmendar su error, desconoció el derecho al debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución Política, el cual comprende el principio del respeto al acto propio. A pesar de que en el asunto sub examine, se concluya en una sentencia confirmatoria de la de primera instancia, por las razones que más adelante se explicarán, resulta indispensable recordar lo que en desarrollo de dicho principio ha expresado la Corte Constitucional, particularmente, cuando el desconocimiento del mismo proviene de una entidad financiera dada su posición dominante frente a los usuarios del sistema financiero, pues son ellas las que establecen y fijan las condiciones de los créditos, las tasas de interés, los sistemas de amortización y, porque son ellas “[l]as depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos gozan de la presunción de veracidad por parte de sus clientes”[2]. El principio del respeto del acto propio “[o]pera cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro. Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto que creó situaciones particulares y concretas a su favor. De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por si mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos. El principio del respeto del acto propio resulta aplicable cuando i) se ha proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y verificable que conceda confianza a su beneficiario e la titularidad de una posición jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y jurídicamente vinculante; ii) la decisión sea revocada unilateralmente por su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base en parámetros irrazonables o desproporcionados y iii) exista identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la disposición inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma situación jurídica subjetiva. El argumento aducido por Granahorrar en todas las acciones de tutela que se revisan, para justificar su actitud frente a deudores hipotecarios, no sólo en las que ahora se analizan, sino en las anteriores oportunidades en las que la Corte se ha pronunciado en acciones contra la misma entidad, se centra en el error en la aplicación de la metodología, circunstancia que “obligó” a esa entidad financiera a reversar las reliquidaciones inicialmente aplicadas. De ahí, manifiesta la entidad demandada, que si existe inconformidad al respecto, los afectados cuentan con las acciones legales pertinentes ante la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la posición de la Corte ha sido la siguiente: No se discute la posibilidad que se haya cometido un error en la reliquidación del crédito, error que en caso de ser cierto, es imputable a Granahorrar, entidad que cuenta con toda la infraestructura técnica y humana requerida para ese tipo de labores. Con todo, independientemente de que tal error se haya o no presentado, lo que es absolutamente claro es que se trata de una entidad crediticia que está sujeta a la Constitución y a la ley y que está en la necesidad de agotar los mecanismos jurídicos que tiene a su alcance si lo que pretende es el reconocimiento de sumas adicionales a aquellas que fueron pagadas por el actor y que le llevaron a certificar la extinción de la obligación. Ello es así por cuanto en una sociedad civilizada nadie cuenta con la atribución de administrar justicia por su propia mano; esto es, de generar a su arbitrio obligaciones a cargo de quien fue deudor en razón de un vínculo jurídico ya extinto; de determinar la fecha en la cual tal obligación se hizo exigible y a partir de la cual se deben reconocer intereses moratorios; de promover cobros prejurídicos; de coaccionar para la constitución de títulos ejecutivos para garantizar la obligación así constituida y de negarse a la cancelación de una garantía hipotecaria constituida en razón de obligación diferente, anterior y ya extinta. (...) Para la Sala es claro que semejante proceder conculca el derecho fundamental al debido proceso pues basó el solo abuso de la posición dominante en que se halla una entidad financiera para constituir una obligación contra el actor, pretender el reconocimiento de intereses moratorios y negar la cancelación de la garantía prestada en razón de una obligación diferente. A una persona a la que se le había generado certeza sobre la extinción de una obligación y que se hallaba amparada por el principio del respeto del acto propio, en este caso emitido por Granahorrar, se la sorprendió no sólo con la imputación de una nueva deuda, sino con su cobro prejurídico pese a que no existia título alguno en el que tal obligación constara”[3] 2.3. Definido como se encuentra la importancia del respeto del principio al acto propio como componente fundamental del derecho al debido proceso, se exige que las autoridades públicas, en este caso, la entidad financiera acusada, respete en todo momento “el plexo de garantías fundamentales de sus clientes, en especial el derecho fundamental al debido proceso”[4]. No obstante lo anterior, encuentra la Corte que en el asunto sub iudice surge una dificultad que no puede pasar inadvertida por este Tribunal Constitucional, como lo es la posibilidad de que el alivio aplicado al crédito del demandante, fuera improcedente dada la destinación del inmueble adquirido, como ya se señaló. Indiscutiblemente el banco accionado al actuar unilateralmente al retrotraer la aplicación del alivio concedido al crédito del actor, desconoció con ello el debido proceso porque no obtuvo la anuencia de éste para dejar sin efecto el alivio inicialmente aplicado, ni tampoco acudió a las instancias legales respectivas a fin de obtener por ese medio, la posibilidad de resarcir el error cometido si ello fuere así, todo debido al increíble desorden administrativo que se evidencia y que los usuarios del sistema financiero no están en la obligación de soportar, razón por la cual la Corte en la mayoría de los casos en que se ha solicitado el amparo constitucional frente a actuaciones de las entidades financieras como la que ahora se censura, ha procedido a conceder dicho amparo, ordenando aplicar el primero de los alivios otorgados, o expedir los paz y salvos que correspondan, todo ello de conformidad con el caso concreto que se analice[5]. Con todo, en los eventos aludidos resultaba indiscutible la procedencia de los alivios otorgados a los afectados, pues se encontraba plenamente acreditada la adquisición del inmueble para vivienda y, por ello, de imperativa aplicación la Ley 546 de 1999. Sin embargo, esa certeza no se tiene en el presente caso, circunstancia que impide a la Corte ordenar la aplicación de un alivio cuya procedencia es incierta. En tales circunstancias, como ya se advirtió, en principio podría concederse el amparo solicitado por violación del derecho al debido proceso. No obstante, teniendo en cuenta que el actor ya inició un proceso de carácter civil para que por sentencia judicial se defina si tiene o no derecho al alivio de su crédito en los términos establecidos en la Ley 546 de 1999, la acción de tutela que se examina no puede ser concedida pues resulta evidente la idoneidad del medio judicial impetrado para llegar al mismo resultado que ahora se persigue. En efecto, el proceso aludido se encuentra en trámite en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, radicado bajo el No. 2002-0062, de ahí que la solución en derecho es esperar el fallo del juzgado de conocimiento a fin de que se defina o no la procedencia del alivio que se reclama, no sin antes prevenir al Banco Granahorrar que se abstenga de realizar conductas violatorias de los derechos fundamentales de los usuarios del sistema financiero, so pena de incurrir en las sanciones correspondientes. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, el 14 de julio e 2003, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: PREVENIR al Banco Granahorrar para que se abstenga de realizar conductas violatorias de los derechos fundamentales de los usuarios del sistema financiero, so pena de incurrir en las sanciones correspondientes. Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALFREDO BELTRAN SIERRA Magistrado MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Secretario General (e) EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E) DE LA CORTE CONSTITUCIONAL HACE CONSTAR: El Honorable Magistrado doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, no firma la presente sentencia, por encontrarse de comisión oficial. IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO Secretario General (e) [1] Sent. T-141/03 M.P. Alfredo Beltrán Sierra [2] Cfr. T661/01, T-1085/02, T-083/03, T-346/03, entre muchas otras. [3] Cfr.T-475/92, T-265/99; T-083/03, T141/03, T-346/03 [4] Sent. T-079/02 M.P. Clara Inés Várgas Hernández [5] Cfr. T-661/01, T-1085/01, T-1085/02, T-083/03, T-141/03, T-323/03, T-346/03, T-423/03, T-544/03, T-546/03, T-705/03, T-727/03, T-959/03, T-079/04, T-060/04.