Sentencia T-252 de 2008

T-252-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-252/08 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Jurisprudencia constitucional consolidada sobre procedencia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES -Requisitos generales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defectos ACCION DE TUTELA DE COLPATRIA CONTRA SENTENCIA DEL TRIBUNAL-Existencia de título ejecutivo ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no evidenciarse presencia de defectos o vicios dentro de la providencia objeto de análisis Referencia: expediente T-1.741.581 Acción de tutela instaurada por Nubia Vera de Pinilla contra Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela dictados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el veinticinco (25) de julio de dos mil siete (2007) y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el veintiocho (28) de agosto de dos mil siete (2007). I. ANTECEDENTES La señora Nubia Vera de Pinilla presentó acción de tutela ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en contra de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso hipotecario No. 2001 – 1043 adelantado en su contra por parte del Banco AV Villas S. A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a (i) la vivienda digna en conexidad con el derecho a la vida, la familia y al libre desarrollo de la personalidad, (ii) el debido proceso, (iii) la igualdad, y (iv) la prevalencia del derecho sustancial. De la lectura del expediente se pueden extraer los siguientes hechos: 1.- El día dos (2) de marzo de 1993, la peticionaria, Nubia Vera de Pinilla, adquirió un crédito hipotecario mediante pagaré No. 90653 – 0 – 10 con la entonces Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas hoy Banco AV Villas, por el valor de 6.510.3630 UPAC, equivalentes a $30.000.000, para ser pagados en 180 cuotas sucesivas desde el dos (2) de abril de 1993, con un interés de plazo del 15% y de mora del 30% anual. 2.- En garantía del mencionado crédito se constituyó hipoteca abierta de primer grado sobre el inmueble ubicado en la carrera 29 A No. 158 – 80 (interior 114) por medio de la escritura pública No. 914 del ocho (8) de febrero de 1993 de la Notaria 29 del Circulo de Bogotá[1]. 3.- El referido crédito hipotecario fue objeto de la reliquidación que ordena la ley 546 de 1999 por parte del Banco AV Villas, por un valor de $5.711.296 pesos, los cuales presuntamente se imputaron al capital que se le está cobrando. 4.- A partir del día dos (2) de septiembre de 2001 la señora Vera de Pinilla incurrió en mora en el pago de la obligación adquirida, lo cual facultó al acreedor hacer uso de la cláusula aceleratoria contenida en el pagaré, para dar por vencido el plazo y exigir el pago total de la obligación. 5.- Como consecuencia de lo anterior, el Banco AV Villas el día nueve (9) de noviembre de 2001 inició proceso ejecutivo hipotecario en contra de la accionante a fin de que se librara mandamiento ejecutivo a favor de AV Villas y a cargo de la demandada por las siguientes cantidades: I. Por pagaré No. 90653 – 0 16 a favor de AV Villas 1. Por saldo insoluto de la obligación, del capital consistente en 593.22,1488 UVR, según su equivalencia en pesos al momento del pago, que el día 9 DE NOVIEMBRE DE 2001 los UVR mencionados corresponden a $71.815.414 pesos. 2. Por los intereses moratorios, sobre el capital anterior, convenidos a la tasa del 20.87% efectivo anual, desde la presentación de la demanda y hasta cuando el pago se haga efectivo, sin exceder el máximo legal permitido. Por capital de cada una de las cuotas que a continuación relaciono: 02/09/01 4952.1916uvr $599.310 20.87% 02/10/01 4952.1916uvr $599.310 20.87% 02/11/01 4952.1916uvr $599.310 20.87% 3. Costas del proceso según regulación de su Despacho[2]. 6.- El día diez (10) de diciembre de 2001 el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito libró mandamiento de pago a favor del hoy Banco AV Villas S. A. contra Nubia Vera de Pinilla[3], el cual fue notificado a la demandada, quien dentro del término de ley propuso las siguientes excepciones de fondo: 1. Inexistencia de la obligación que se cobra a título de capital e intereses (no son claras, expresas ni actualmente exigibles). 2. Inexistencia de la obligación de pagar intereses corrientes y de mora por objeto ilícito pactado en la forma de aplicarlos. 3. Excepción de pago total de la obligación en demanda por compensación[4]. 7.- Junto con el escrito de excepciones de mérito la accionante aportó un peritazgo realizado por el economista José Alejandro Milla Avellaneda[5], dirigido a demostrar la forma en que debe reliquidarse el crédito y la imputación de los distintos pagos realizados desde 1993. Lo anterior, a fin de concluir que la deuda de la señora Vera de Pinilla había sido pagada en exceso y por tanto tenía un saldo a favor. 8.- Con el propósito de corroborar el peritazgo de parte, la accionante solicitó al Juez de conocimiento la realización de otro dictamen pericial, el cual fue decretado y practicado por el contador, Alfonso Duque González en su calidad de auxiliar de la justicia, quien luego de un estudio[6], explica el proceso para liquidar el mencionado crédito llegando, entre otras, a la siguiente conclusión: “Del cuadro anterior se desprende con absoluta claridad que el crédito No. 90653-0 por valor de $30.000.000, presenta un SALDO A FAVOR DE LA DEMANDADA NUBIA VERA DE PINILLA POR VALOR DE $46.056.641, al día 02 de diciembre del año 2.003”[7] (Negritas dentro del texto original) 9.- En consonancia con las normas procesales, del anterior peritaje se corrió traslado al Banco AV Villas, quien no lo objetó ni tampoco presentó solicitud de complementación o aclaración, con lo cual quedó en firme. 10.- De acuerdo con lo anterior, el día cuatro (4) de febrero de 2005, el Juez Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia por medio de la cual resolvió: “PRIMERO- Declarar probada la excepción de “Inexistencia de la obligación que se cobra a título de capital e interés”, por no haber claridad en el monto y estructuración de la misma, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Respecto de las demás excepciones, el Juzgado se abstiene de decidir por tener la primera prosperidad que enerva la totalidad de las pretensiones ejecutivas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 del C. de P. Civil. SEGUNDO- En consecuencia, se declara terminado el presente proceso como consecuencia de la anterior determinación TERCERO- Levantar las medidas cautelares decretadas y practicadas con ocasión de este asunto. Ofíciese a quien corresponda. Secretaría verifique la existencia del embargo de remanentes. CUARTO- Condenar en costas y perjuicios a la parte demandante. Tásense las primeras y los segundos liquídense conforme a lo establece el art. 307 del C. de P. Civil”[8] 11.- La anterior providencia fue apelada por el Banco AV Villas S. A. Así, una vez sustentado el recurso y presentado los respectivos alegatos de conclusión el expediente fue enviado al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga a fin de que decidiera sobre este asunto, el cual mediante auto del dos (2) de octubre de 2006 manifestó de manera clara: “En este orden de ideas, existiendo diferencias entre el saldo de la reliquidación presentada con la contestación de la demanda, el dictamen rendido dentro del proceso, y las solicitudes de la ejecutante, se hace necesario practicar un nuevo dictamen pericial que determine con claridad y precisión el estado de la obligación a 31 de diciembre de 1999, las tasas de interés aplicable y el saldo del crédito luego de aplicar el alivio De este modo siendo necesario un nuevo experticio sobre el estado de la obligación crediticia, tal proceder está a cargo del Magistrado Sustanciador del presente asunto. Lo anterior siguiendo los lineamientos del Acuerdo No. PSAA06-3430 del 26 de mayo de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura, pues el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, sólo fue designado para proferir sentencia dentro de los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud del proceso de descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, fallo que no se puede dictar al ser obligatorio decretar de oficio la práctica de dicha prueba” 12.- Así pues, mediante providencia del primero (1º) de marzo de 2007 la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá decidió el recurso de apelación presentado revocando la sentencia proferida por el Juez Veinte (20) Civil Municipal de Bogotá, y ordenando la continuación del proceso ejecutivo hipotecario. A su juicio, en el caso bajo análisis las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, tal y como están planteadas, se dirigen a criticar la financiación de vivienda por medio del sistema UPAC, por tal motivo no podrían acogerse en principio dado que contienen un trasfondo ideológico que esconde el verdadero estado de la obligación. Adicionalmente, estima el ad quem que de acuerdo con las reglas del onus probandi corresponde a la ejecutada probar con los respectivos soportes pagó el total de la obligación. En el caso concreto, el Tribunal consideró que “a la vista fluye que la obligación contraída por la ejecutada no ha sido cancelada en su totalidad, porque conforme al pagaré se acordó pagar en 180 cuotas mensuales a partir del 02 de abril de 1993 y al momento de introducirse la demanda el término convenido no se había agotado”[9]. En este orden de ideas manifiesta el Tribunal que “(…)a partir de las afirmaciones del ejecutante en el sentido de que la ejecutada incurrió en mora de pagar las cuotas mensuales convenidas desde el 02 de septiembre de 2001, esto significa que desde el o2 de abril de 1993 hasta esa fecha había cubierto en total 100 cuotas mensuales” (…) “Viene de la anterior conclusión que la discusión en este caso se reduce a establecer el monto de la obligación, labor que corresponde al juez hacer en su momento y de acuerdo con el trámite dispuesto para tal fin, al margen de las posiciones en abstracto que conduzcan a decir sin mas que la obligación es inexistente o algo parecido”[10] Así, con base en los anteriores argumentos la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogota mediante sentencia del primero (1º) de marzo de 2007 decidió (i) revocar la providencia proferida por el juez de primera instancia dentro del proceso ejecutivo, (ii) declarar no probadas las excepciones formuladas por la ejecutada, (iii) ordenar la continuación del proceso de acuerdo con los lineamientos contenidos en el mandamiento de pago, (iv) decretar la venta en pública subasta, previo avalúo del inmueble hipotecado, y (v) liquidar el crédito como lo ordena el artículo 521 del C. de P. C. 13.- Dentro del término legal establecido por el estatuto procesal civil la actora por intermedio de su representante legal solicitó adición, aclaración y corrección de errores aritméticos de la sentencia antes referida, la cual fue negada. Como consecuencia de ello, se interpuso recurso de reposición contra la mencionada decisión, el cual fue igualmente negado por improcedente. 14.- A partir de la pruebas recaudadas en el proceso de tutela pudo evidenciarse que mediante escrito de fecha siete (7) de agosto de dos mil siete (2007), el Banco AV Villas por intermedio de apoderado, presentó ante el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 521 del C. P. C. En esa oportunidad precisó la demandante que, los intereses se liquidaron a la tasa del 19.05% efectivo anual a fin de no superar los máximos legales. Así mismo, indicó que la demandada había efectuado abonos a la obligación, y que a la fecha se encontraba en mora desde el dos (2) de noviembre de 2002. Finalmente, expresó que lo adeudado por la ejecutada asciende a la suma de $194.450.956 de pesos[11]. 15.- Vencido el término del traslado del memorial anterior, la señora Nubia Vera de Pinilla, mediante escrito de treinta (30) de agosto de dos mil siete (2007) objetó la liquidación presentada por el Banco AV Villas, concretamente (i) solicitó al Juez tener en cuenta el peritazgo realizado por el auxiliar de la justicia, Alonso Duque González el cual obra dentro del proceso, (ii) en el evento de no prosperar la anterior solicitud, pidió al Despacho rehacer la liquidación conforme a las instrucciones establecidas en la Circular Externa 7 de 2000 de la Superintendencia Financiera de Colombia[12]. 16.- Por medio de providencia de veintiuno (21) de septiembre de dos mil siete (2007) el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá resolvió la objeción formulada por la demandada y decidió: PRIMERO: Declarar fundada la objeción a la liquidación del crédito formulada por la parte demandada, por los motivos expuestos en el cuerpo considerativo de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia, apruébese la liquidación del crédito en la suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($23.642.969,72) MDA . CTE., a favor de la parte demandante[13]. 17.- Estando dentro del término legal, la apoderada del Banco AV Villas interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue declarado desierto mediante auto de trece (13) de noviembre de dos mil siete (2007), por no haber sido canceladas las copias para surtir la alzada. Solicitud de tutela 18.- La actora solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la vivienda digna en conexidad con el derecho a la vida, la familia, el libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso, la igualdad, y la prevalencia del derecho sustancial, al considerar que han sido vulnerados por las decisiones proferidas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 2001 – 1043 adelantado en su contra por parte del Banco AV Villas S. A. A juicio de la accionante las providencias emitidas por la Sala accionada constituyen una “vía de hecho” por cuanto se incurrió en (i) un defecto fáctico, toda vez que omitió la valoración de las pruebas periciales que se encuentra en el proceso, las cuales se dejan de lado caprichosamente sin que medie la sana crítica y mucho menos sin que exista otra prueba que permita desestimarlos, (ii) un defecto sustantivo, dado que el Tribunal no siguió los mandatos legales y constitucionales que deben tenerse en cuenta para decidir una apelación de acuerdo a las pruebas del proceso y (iii) un defecto procedimental por cuanto desconoció los mandatos del código de procedimiento civil, de la ley 546 de 1999 y las sentencias de la Corte Constitucional. Como consecuencia de lo anterior, solicita se revoque la sentencia proferida el Tribunal accionado y en su lugar se confirme el fallo de primera instancia del Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se ordena la terminación del proceso ejecutivo hipotecario por encontrar probada la excepción de “inexistencia de la obligación que se cobra a título de capital e interés”. Trámite procesal 19.- Mediante auto del once (11) de julio de dos mil siete (2007), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso, a su vez, comunicar sobre esta decisión a (i) la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial, (ii) el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá y (iii) quienes fueron parte dentro del proceso ejecutivo hipotecario en el que presuntamente se origina la presente acción. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, puede verificarse que vencido el término para contestar la presente acción de tutela no se recibió respuesta alguna por parte de la Entidad demandada y vinculada. Actuación surtida ante la Corte Constitucional 20.- Por medio de auto de veintidós (22) de febrero de dos mil ocho (2008) el Magistrado ponente a fin de lograr un mejor proveer en el asunto de la referencia, ordenó que por Secretaría General de esta Corporación se solicitara al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá que en el término de dos (2) días remitiera a ese Despacho el expediente contentivo del Proceso Ejecutivo Hipotecario No. 2001 – 1043 seguido por el Banco AV Villas S. A. contra Nubia Vera de Pinilla. Así mismo, informara a sobre el estado actual del mencionado proceso. Mediante oficio No. C431 de veintisiete (27) de febrero de 2008, la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá informó a esta Corporación que el proceso No. 20-2001-1043-01 Ejecutivo Hipotecario de Banco Comercial AV Villas contra Nubia Vera de Pinilla fue devuelto al Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito el cuatro (4) de julio de 2007 mediante oficio 2731 a quien se le dio comunico la presente solicitud para su cumplimiento. El día veintinueve (29) de febrero de 2008 por medio de oficio No. 0577 el secretario del Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá remitió a este Corporación el expediente del proceso ejecutivo hipotecario No. 1043. Decisiones Judiciales Objeto de Revisión Fallo de primera instancia. 21.- La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que obró como juez de conocimiento de la acción de tutela en primera instancia negó el amparo solicitado debido a que no encontró acreditada la vulneración de los derechos fundamentales de la solicitante. En opinión de la Corte la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial no constituye una vía de hecho toda vez que tuvo sustento objetivo conforme a la regla probatoria del onus probandi. En efecto, se tiene que la ejecutante al aportar el pagaré que contiene la obligación y la escritura que asegura el pago del crédito se encuentra relevada de probar la falta de pago de las cuotas, pues se trata de una afirmación indefinida; en cambio, corresponde a la ejecutada demostrar que canceló el total de la obligación. A juicio de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resulta acertada la apreciación del Tribunal accionado cuando afirma que “a la vista fluye que la obligación contraída por la ejecutada no ha sido cancelada en su totalidad, porque conforme al pagaré se acordó pagar 180 cuotas mensuales a partir del 2 de abril de 1993 y al momento de introducirse la demanda el término convenido no se había agotado. Esta realidad insoslayable obliga a desestimar por entero el análisis financiero y el peritazgo que le sirvieron al juez para afirmar que la obligación carecía de claridad, pues en ambos casos las operaciones que realizaron arrojaron sumas a favor de la ejecutada, cuando no había transcurrido, se repite, el término para cubrir en su totalidad la obligación”.[14] Agrega la Sala que, la discusión en este caso se reduce a establecer el monto de la obligación, lo cual le corresponde solucionar al juez en su momento, al margen de las posiciones que en abstracto conduzcan a decir sin mas que ésta es inexistente. Finalmente, puso de presente que la decisión proferida por el Tribunal accionado en virtud de la cual se negó la solicitud de aclaración, complementación y corrección aritmética presentada por la ejecutada fue igualmente acertada, toda vez que los argumentos expuestos por la demandada se dirigían a replantear el litigio y por ese sendero a rehacer el fallo, petición que desborda la finalidad que se busca con esta medida. De igual forma, avaló la decisión de negar el recurso de reposición interpuesto contra el anterior auto por resultar improcedente de conformidad con el artículo 348 del código de procedimiento civil. Fallo de segunda instancia. 22.- La tutelante presentó recurso de impugnación en contra del fallo de tutela de segunda instancia, cuyo trámite correspondió a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Así, en sentencia de veintiocho (28) de agosto de 2007, confirmó el fallo emitido por el a quo, bajo el argumento según el cual no procede la acción de tutela contra providencias judiciales debido a que supone una erosión de los principios constitucionales del respeto a la cosa juzgada y a la autonomía judicial. No obstante lo anterior, precisó la Sala que en el caso concreto “el organismo accionado, consideró que la deuda por la que se inició la ejecución, no había sido cancelada, toda vez que de las 180 cuotas pactadas, se habían cubierto únicamente 100, y en este orden de ideas expuso que, era el juzgado de instancia, al momento de la liquidación del monto de la obligación, a quien le correspondía determinar cuál era su monto, a través del procedimiento idóneo para ello, esa decisión no se vislumbra arbitraria o inconsulta, sino que es el resultado de su libertad de apreciación”[15] II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. Competencia. 1.- Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Asunto a tratar 2.- De la lectura del expediente que ahora ocupa la atención de la Sala, se encuentra como problema jurídico a resolver, el de si la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá incurrió en una de las causales de procedencia de tutela contra providencias judiciales al proferir la sentencia de primero (1º) de marzo de 2007 con la que revocó la decisión dictada por el Juez Veinte Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo iniciado por el Banco AV Villas contra Nubia Vera de Pinilla. Para tal efecto, la Corte (i) reiterará los argumentos que se han desarrollado en torno a la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, y (ii) resolverá el caso concreto. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial 3.- En una consolidada línea jurisprudencial[16], la Corte Constitucional ha establecido con precisión los requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Antes de analizar cada uno de ellos, es preciso detenerse sobre algunas consideraciones. En efecto, la Sala recuerda que uno de los primeros pronunciamiento sobre este tema lo constituye la sentencia C- 543 de 1992 en virtud de la cual se estudiaron los cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 12 del decreto 2591 de 1991 que regulaban la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales fueron declarados inexequibles, sin embargo, esta Corporación en aquella oportunidad matizó los efectos de su decisión de manera que abrió la posibilidad para que de modo excepcional procediera la tutela contra providencias judiciales en el evento en que tales decisiones, revestidas desde el punto de vista formal de un aparente sustento jurídico, constituyeran, de facto, una vía de hecho[17]por haber sido dictadas sin fundamento ni justificación y por obedecer, en ese sentido, a actuaciones caprichosas y arbitrarias del juzgador. La Corte se pronunció en aquella ocasión a favor del principio de seguridad jurídica, pero no dejó de lado las consideraciones de justicia y estimó que en casos en los cuales se presente dilación injustificada en la adopción de un fallo; o no se observen con diligencia los términos procesales; o incurra el funcionario competente para fallar en actuaciones de hecho por medio de las cuales se amenace vulnerar o se vulneren los derechos constitucionales fundamentales; o la decisión amenace causar o cause un perjuicio irremediable, procedería la acción de tutela contra providencias judiciales. 4.- Según lo expresado por la Corte Constitucional en innumerables ocasiones, existe un estrecho nexo entre la posibilidad de ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales y varios de los principios establecidos en la Constitución. Ello es así, ha dicho este Tribunal, por cuanto no puede admitirse que las autoridades públicas actúen de manera manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. Esto no solo significaría cuestionar seriamente la legitimidad de las decisiones estatales sino que representaría, a un mismo tiempo, desconocer el principio de legalidad que es el fundamento sobre el cual deben surtirse todas las actuaciones de las autoridades públicas (artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional) y a partir del cual se deriva su responsabilidad (artículos 6 y 90 de la Constitución Nacional). La Corte ha insistido en que tolerar actuaciones arbitrarias infringe también el principio de igualdad (artículo 13 de la Constitución Nacional)[18]. Además de lo anterior, ha insistido la Corporación en que es preciso reparar, al tenor de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional, en que la protección de los derechos constitucionales fundamentales por vía de acción de tutela procede “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” (Subrayas fuera de texto). De conformidad con está línea de pensamiento ha dicho este Tribunal Constitucional, “[l]os jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal forma de acción. (...) la Corte Constitucional en sus salas de revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo sentido.” (Énfasis dentro del texto)[19]. 5.- La procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ha sido reconocida de manera expresa y detallada por la Sala Plena de la Corporación en varias sentencias de unificación[20] y ha sido confirmada, desarrollada y profundizada por las distintas Salas de Revisión de Tutela. Así por ejemplo, en la sentencia T-441 de 2003, la Sala Séptima de Revisión hizo una síntesis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. En aquella ocasión, la Sala puso énfasis en que la procedencia de la acción de tutela se fundamenta también en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos e insistió en que por medio de la jurisprudencia constitucional se han fijado los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales[21]. 6.- En sentencia T-231 de 1994 se establecieron cuáles eran los defectos que hacían posible la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales por configurar vías de hecho. Dicho fallo estableció que estos defectos eran: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que tiene lugar cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (iv) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 7.- En sentencia T-327 de 1994, la Corte precisó los requisitos que deben ser verificados en cada caso concreto a fin de determinar la procedencia de la tutela contra una actuación judicial. Estos deben ser, de conformidad con la jurisprudencia: (i) que la conducta del juez carezca de fundamento legal; (ii) que la actuación obedezca a la voluntad subjetiva de la autoridad judicial; (iii) que conlleve la vulneración grave de los derechos fundamentales; y, (iv) que no exista otro mecanismo de defensa judicial, o que de existir, la tutela sea interpuesta como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable; o que, de la valoración hecha por el juez constitucional surja que el otro mecanismo de defensa no es eficaz para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado[22]. 8.- Posteriormente, en sentencia T-462 de 2003 se elaboró una clara clasificación de las causales de procedibilidad de la acción. En dicho fallo, la Sala Séptima de Revisión indicó que este mecanismo constitucional resulta procedente únicamente en aquellos casos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados los derechos fundamentales al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y, (vi) desconocimiento del precedente. Requisitos Generales de procedibiliad de la acción de tutela contra providencias judiciales 9.- De conformidad con lo anterior, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para restablecer los derechos fundamentales conculcados mediante una decisión judicial, en principio, cuando se cumplan los siguientes requisitos generales[23]: a. Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional, pues el juez constitucional no puede analizar hechos que no tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones. b. Que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[24]. De allí que sea un deber del actor agotar todos los recursos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales. c. La verificación de una relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En este último caso, se ha determinado que no es procedente la acción de tutela contra sentencias judiciales, cuando el transcurso del tiempo es tan significativo que sería desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía de la acción de tutela. d. Cuando se presente una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que afecta los derechos fundamentales del actor. e. El actor debe identificar los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales, y éstos debió alegarlos en el proceso judicial, si hubiese sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela, porque la protección de los derechos fundamentales no puede prolongarse de manera indefinida. Requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 10.- De igual forma, esta Corporación ha señalado que, la procedencia del amparo constitucional contra providencia judiciales, exige no sólo la verificación de los requisitos generales anteriormente mencionados, sino que adicionalmente es necesario que esté plenamente probado dentro del proceso la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, las cuales han sido identificadas como posibles vicios o defectos que al estar presentes en la decisión judicial, permiten que el juez constitucional revise el fallo cuestionado.[25] En efecto, la Corte Constitucional ha desarrollado toda una extensa línea jurisprudencial acerca de este tema, la cual ha ido precisando con el propósito de definir el concepto y campo de acción de cada uno de los vicios o defectos que pueden presentarse en las providencias judiciales, cuya enunciación no pretende ser exhaustiva, pero si registra los principales casos en los que este Tribunal ha encontrado “una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial”.[26] A continuación se hará un breve explicación de algunos de estos defectos, no sin antes mencionar que, en esta oportunidad se hará referencia especial al llamado defecto fáctico por su importancia en la solución del caso que hoy nos ocupa. 9.- En lo que atañe al denominado (i) defecto orgánico, se ha establecido que se presenta “cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello”[27]. Respecto del (ii) defecto procedimental absoluto, se ha expresado que surge “cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido”[28], es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de cada juicio”[29], con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de las partes. En estos casos, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado[30]. 10.- Por su parte, el llamado (iii) defecto fáctico, ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que surge “cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[31]. La Corte Constitucional en sentencia T-458 de 2007 enunció diversos casos en los que se configura de manera clara un defecto fáctico a saber: (i) Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas; (ii) Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio (iii) Defecto fáctico por desconocimiento de las reglas de la sana crítica.[32] De igual forma, esta Corporación ha explicado que el defecto fáctico se presenta cuando están de por medio problemas relacionados con soportes probatorios. En efecto, este concepto fue desarrollado recientemente en sentencia T-086 de 2007 de la siguiente manera: “(ii) Se produce un defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”. En una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede apreciar, sin desconocer la Constitución”. Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.). En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”. 11.- De igual forma, esta Corporación ha establecido otros tipos de defectos, entre los cuales encontramos (iv) el error inducido “Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”; (v) decisión sin motivación, “que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”; (vi) desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[33]”; (vii) Violación directa a la Constitución[34]. (Subrayado fuera del texto). 12.- Finalmente, debe mencionarse otro tipo de vicio que ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como (viii) defecto sustantivo, el cual en términos generales, se presenta “cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable”. En relación con este defecto, recientemente en sentencia T-087 de 2007 precisó que: “Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable[35], ya sea porque[36] (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[37], (b) es inconstitucional[38], (c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso[39]. También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma[40], el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución[41]. Así mismo, en la mencionada sentencia se precisó que se considera también que existe un defecto sustantivo en las providencias judiciales que tenga problemas determinantes relacionados: “(e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación[42] que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[43] sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[44]; o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso[45]. (Subrayado fuera del texto) Análisis del caso concreto 13.- El día dos (2) de marzo de 1993, la peticionaria, Nubia Vera de Pinilla, adquirió un crédito hipotecario mediante pagaré No. 90653 – 0 – 10 con la entonces Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas hoy Banco AV Villas, por el valor de 6.510.3630 UPAC, equivalentes a $30.000.000, para ser pagados en 180 cuotas sucesivas desde el dos (2) de abril de 1993, con un interés de plazo del 15% y de mora del 30% anual. Debido a que la accionante incurrió en mora en el pago de la obligación, el Banco AV Villas el día nueve (9) de noviembre de 2001 inició proceso ejecutivo en su contra, en el que el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogota libró mandamiento de pago el día diez (10) de diciembre de 2001, contra el cual la demandada propuso las siguientes excepciones de mérito: (i) inexistencia de la obligación que se cobra a título de capital e interes (no son claras, expresas ni actualmente exigibles); (ii) inexistencia de la obligación de pagar intereses corrientes y de mora por objeto ilícito pactado en la forma de aplicarlos; (iii) Excepción de pago total de la obligación en demanda por compensación[46]. Junto con lo anterior, la accionante aportó un peritaje realizado por el economista José Alejandro Milla Avellaneda[47], dirigido a demostrar la forma en que se debía liquidar su crédito. Así mismo, el Juez de primera instancia decretó la practica de otro dictamen pericial, el cual fue practicado por el contador, Alfonso Duque González en su calidad de auxiliar de la justicia, quien luego de un estudio[48], explicó el proceso de liquidación del mencionado crédito llegando, entre otras, a la siguiente conclusión: “Del cuadro anterior se desprende con absoluta claridad que el crédito No. 90653-0 por valor de $30.000.000, presenta un SALDO A FAVOR DE LA DEMANDADA NUBIA VERA DE PINILLA POR VALOR DE $46.056.641, al día 02 de diciembre del año 2.003”[49] (Negritas dentro del texto original) De acuerdo con lo anterior, el día cuatro (4) de febrero de 2005, el Juez Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia por medio de la cual resolvió: “PRIMERO- Declarar probada la excepción de “Inexistencia de la obligación que se cobra a título de capital e interés”, por no haber claridad en el monto y estructuración de la misma, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Respecto de las demás excepciones, el Juzgado se abstiene de decidir por tener la primera prosperidad que enerva la totalidad de las pretensiones ejecutivas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 del C. de P. Civil. SEGUNDO- En consecuencia, se declara terminado el presente proceso como consecuencia de la anterior determinación TERCERO- Levantar las medidas cautelares decretadas y practicadas con ocasión de este asunto. Ofíciese a quien corresponda. Secretaría verifique la existencia del embargo de remanentes. CUARTO- Condenar en costas y perjuicios a la parte demandante. Tásense las primeras y los segundos liquídense conforme a lo establece el art. 307 del C. de P. Civil”[50] La anterior providencia fue apelada por el Banco AV Villas S. A., recurso que fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia del primero (1º) de marzo de 2007, mediante la cual se dispuso: (i) revocar la providencia proferida por el juez de primera instancia dentro del proceso ejecutivo, (ii) declarar no probadas las excepciones formuladas por la ejecutada, (iii) ordenar la continuación del proceso de acuerdo con los lineamientos contenidos en el mandamiento de pago, (iv) decretar la venta en pública subasta, previo avalúo del inmueble hipotecado, y (v) liquidar el crédito como lo ordena el artículo 521 del C. de P. C. Seguidamente, el siete (7) de agosto de 2007, el Banco AV Villas por intermedio de apoderado, presentó ante el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 521 del C. P. C, vencido el término del traslado de este memorial, la demandada objetó la liquidación, la cual fue resuelta por el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá mediante providencia de veintiuno (21) de septiembre 2007 en la que se decidió: “PRIMERO: Declarar fundada la objeción a la liquidación del crédito formulada por la parte demandada, por los motivos expuestos en el cuerpo considerativo de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia, apruébese la liquidación del crédito en la suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($23.642.969,72) MDA . CTE., a favor de la parte demandante”[51]. 14.- Ahora bien, debe la Sala precisar que, a partir de los argumentos esgrimidos por la actora en su escrito de tutela, puede colegirse que ellos se dirigen principalmente a destacar la presencia de un defecto fáctico en la decisión del Tribunal accionado, al considerar omitió valorar los dictámenes periciales a fin de tomar su decisión. A juicio de esta Sala de Revisión, en el caso concreto no se verificó la presencia de algún vicio o defecto dentro de la decisión proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, toda vez que estructuró su decisión de acuerdo con un análisis objetivo de las circunstancias jurídicas y fácticas, a partir del cual desestimó cada una de las excepciones de mérito de la contestación de la demanda presentada por la accionante dentro del proceso ejecutivo hipotecario. Respecto de la excepción de “inexistencia de la obligación que se cobra a título de capital e interés por no ser claras, expresas y exigibles”, el Tribunal desestimó en derecho, los argumentos planteados por el juez de primera instancia, fundamentando principalmente su decisión en la regla probatoria del onus probandi, según la cual corresponde a las partes demostrar los supuestos fácticos en los que apoyan sus pretensiones o excepciones. Entonces, al aplicar la mencionada regla al asunto objeto de examen se tiene que, el ejecutante, Banco AV Villas aportó junto con la demanda el pagaré que contiene la obligación y la escritura que asegura el pago del crédito, con lo cual, se encuentra relevado de probar la falta de pago dado que esta circunstancia constituye una afirmación indefinida. En cambio, corresponde a la ejecutada, señora Nubia Vera de Pinilla demostrar que ya canceló lo adeudado, con base en los respectivos instrumentos. De acuerdo con las anteriores consideraciones, concluyó el Tribunal de Bogotá que: “a la vista fluye que la obligación contraída por la ejecutante no ha sido cancelada en su totalidad, porque conforme al pagaré se acordó pagar en 180 cuotas mensuales a partir del 02 de abril de 1993 y al momento de introducirse la demanda el término convenido no se había agotado. Esta realidad insoslayable obliga a desestimar por entero el análisis financiero y el peritazgo que le sirvieron de base al juez para afirmar que la obligación carecía de claridad, pues en ambos casos las operaciones que realizaron a objeto de establecer el saldo arrojaron sumas a favor, cuando no había trascurrido, se repite, el término para cubrir en su totalidad la obligación” Para esta Corte, la decisión de revocar la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra la señora Vera de Pinilla estuvo bien fundamentada toda vez que en ella se tuvieron en cuenta los elementos probatorios pertinentes y necesarios para resolver de fondo los problemas jurídicos objeto de debate. En ese sentido resulta claro que el asunto planteado por la accionante, referido a la determinación concreta del monto de la obligación, es decir, los elementos que hacen parte de la liquidación, como por ejemplo el monto de la obligación, intereses, aplicación de alivios etc, se debía discutir y valorar en otra oportunidad dentro del proceso ejecutivo, tal y como se hizo en este caso. De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que en el momento procesal en el que se dictó sentencia por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, los dictámenes periciales no gozaban de relevancia alguna en la medida que la discusión relativa determinar el monto de la obligación correspondía en un período posterior de acuerdo con el artículo 521 del C. P. C. [52] Ahora bien, los anteriores argumentos encuentran respaldo en la jurisprudencia de esta Corporación, que mediante sentencia T-212 de 2004 precisó que los pagaré firmados bajo la denominación en UPAC, continúan reuniendo todas las características de un título valor, con la única diferencia que se entenderán denominados en su equivalente en UVR “por ministerio de la ley”[53], lo que en últimas significa que la obligación contenida en ellos sigue siendo clara, expresa y exigible, y en esa medida presta mérito ejecutivo[54], independientemente de la determinación del monto de la obligación, que estará sujeta a la aplicación de una fórmula aritmética y que será resuelta en una instancia procesal específica. En el presente caso, se encuentra que junto con la demanda ejecutiva, el Banco AV Villas aportó el pagaré suscrito por la señora Nubia Vera de Pinilla en donde consta que el día dos (2) de marzo de 1993, adquirió un crédito hipotecario mediante pagaré No. 90653 – 0 – 10 con la entonces Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas hoy Banco AV Villas, por el valor de 6.510.3630 UPAC, equivalentes a $30.000.000, para ser pagados de forma incondicional en 180 cuotas sucesivas desde el dos (2) de abril de 1993, con un interés de plazo del 15% y de mora del 30% anual En tal sentido, para esta Corporación resulta evidente que el Tribunal no incurrió en un defecto fáctico pues acorde con los argumentos expuestos no omitió valorar pruebas importante y trascendentales para tomar su decisión, pues, como ya se señaló el asunto relativo al esclarecimiento del monto de la obligación es propio de la etapa de liquidación del crédito, la cual de acuerdo con las normas procesales civiles ocurre mucho después de fallo objeto de revisión. Adicionalmente, a partir de un análisis del expediente pudo establecerse que dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra la señora Vera de Pinilla, la liquidación del crédito de la cual se viene hablando, fue decidida mediante providencia de veintiuno (21) de septiembre de dos mil siete (2007) en virtud de la cual el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá resolvió la objeción formulada por la demandada con base en las siguientes consideraciones: “Revisada detenidamente la liquidación aportada por la parte demandante, observa el Juzgado que la misma no contiene las inconsistencias que expone la extrema pasiva, pero si presenta ciertas falencias respecto a la cantidad de UVR ordenada en el mandamiento de pago, y las contenidas en la liquidación aportada y que ahora se objeta En efecto en la demanda se solicitó librar mandamiento de pago por la cantidad de 593.22.1488 UVR, que según la parte actora a la fecha del 9 de noviembre de 2001, supuestamente equivalían a $71.815.414; empero, en la liquidación del crédito señala una cantidad de UVR diferente a la ordenada en el mandamiento de pago, como es 553.418.6398. En este aspecto se vislumbra la primera falacia de la liquidación del crédito de la extrema actora. Pero el error mas grande que se presenta en este caso, es que la cantidad de UVR que se solicitó en la demanda y por el cual se libró mandamiento de pago, no concuerda en modo alguno con la suma en pesos que se indicó en el libelo (…[55]) En razón a lo expuesto, el Juzgado resolvió: PRIMERO: Declarar fundada la objeción a la liquidación del crédito formulada por la parte demandada, por los motivos expuestos en el cuerpo considerativo de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia, apruébese la liquidación del crédito en la suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($23.642.969,72) MDA . CTE., a favor de la parte demandante[56]. A partir de lo mencionado, puede concluirse que el análisis de los peritazgos que hecha de menos la tutelante en la sentencia del Tribunal accionado, finalmente fueron objeto de estudio en su momento por parte del Juez Veinte (20) Civil del Circuito, de acuerdo con el artículo 521 del CPC que regula de manera puntal la “liquidación del crédito dentro de los procesos ejecutivos”. En virtud de lo expuesto anteriormente, esta Corporación estima que en el caso concreto no se evidenció la presencia de defectos o vicios dentro de la providencia objeto de análisis que permitieran la procedencia de la acción de tutela, toda vez que no hubo vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionada. Así las cosas, por las razones previstas, la Sala habrá de confirmar las sentencias de tutela sometidas a revisión proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el veinticinco (25) de julio de 2007 y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el veintiocho (28) de agosto de 2007. III. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: Por las razones expuestas en esta sentencia, CONFIRMAR las sentencias de tutela sometidas a revisión proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el veinticinco (25) de julio de 2007 y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el veintiocho (28) de agosto de 2007. SEGUNDO.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación enviar de vuelta al Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Bogotá enviar el expediente de del proceso ejecutivo hipotecario No. 2001 – 1043 iniciado por el Banco AV Villas S. A contra la señora Nubia Vera de Pinilla TERCERO.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada JAIME ARAUJO RENTERÍA Magistrado Con salvamento de voto MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-252 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO FACTICO-Procedencia cuando el ad quem sin razón valedera da por no probada la excepción de pago total de la obligación (Salvamento de voto) Referencia: Expediente T-1.741.581 Acción de tutela instaurada por la señora Nubia Vera de Pinilla contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Magistrado Ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de esta Sala de Revisión, presento Salvamento de Voto a esta sentencia, y para ello expongo a continuación las diversas razones de mi disenso: 1. En primer término, me permito reiterar mi posición jurídica respecto del tema de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales que ha sido siempre la de que dentro del marco normativo del Estado social y constitucional de Derecho está plenamente justificada la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, frente a las tentativas de tratar de eliminar este amparo constitucional, bajo el argumento de la preservación de la seguridad jurídica, respecto de lo cual he sostenido que no es la seguridad o el bien común, el fin supremo del derecho, sino la justicia. En mi concepto, la tentativa de tratar de eliminar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es insostenible, tanto desde el punto de vista iusfilosófico, como desde la teoría constitucional, por la contundente razón de que todas las ramas del poder público –legislativa, ejecutiva o judicial- tienen tanto el deber de respetar los derechos fundamentales, como también pueden llegar a vulnerar estos derechos, escenario en el cual debe proceder la garantía constitucional de la tutela[57]. Considero que el fin primordial y supremo del derecho es la justicia y que la seguridad jurídica debe servir esencialmente para que los ciudadanos conozcan sus derechos. Por tal razón, es esencial que exista una entidad jurisdiccional superior que cumpla la función de órgano de cierre del sistema de derechos, para que los ciudadanos tengan certeza sobre sus derechos [58]. En este sentido he sostenido que la procedencia de la acción de tutela se basa en que la Constitución es la máxima norma del orden jurídico, con la máxima eficacia jurídica; en que todos los poderes públicos deben respetar los derechos fundamentales; y en que el supremo interprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional[59]. Por consiguiente, la procedencia del amparo constitucional de tutela frente a las providencias judiciales, se justifica porque: “(i) los derechos fundamentales vinculan por igual a todas las ramas del poder público y demás órganos del Estado; (ii) la justicia prevalece sobre los demás fines del derecho, incluida la seguridad jurídica; y (iii) la acción de tutela procede contra todas las autoridades públicas”[60]. De conformidad con lo anterior, considero que hay que volver a la regla general, hay que invertir la regla aplicada por la Corte, en el sentido que la regla general es que la tutela procede contra providencias judiciales, otorgándole prioridad al valor de la justicia frente al de la seguridad jurídica, en las relaciones dialécticas entre estas últimas dentro del marco del Estado social y constitucional de Derecho. Los requisitos básicos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994[61], en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental. Esta línea jurisprudencial ha sido ratificada y desarrollada en numerosa jurisprudencia reciente de esta Corte como por ejemplo en las sentencias T-169/05, T-289/05, T-390/05, 391/05, T-494/05, T-1203/05, T-1211/05, T-579/06, T-590/06, T-797/06, T-909/06, T-949/06, T-1026/06, T-1078/06, T-1084/06 entre otras. En el caso de revisión de tutela que dio origen a la sentencia T-252 de 2008, la accionante le imputó al Tribunal Superior de Bogotá un defecto fáctico por haber omitido, dentro del proceso ejecutivo hipotecario, valorar pruebas importantes y trascendentes para adoptar la decisión de revocar la sentencia emitida por el Juez Veinte Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, teniendo en cuenta que, la accionante aportó un estudio financiero dirigido a demostrar la forma en que debía liquidarse el crédito y un dictamen pericial practicado por auxiliar de la justicia contador, de los cuales pudo deducir que existía un saldo a favor de la demandada. 2. De conformidad con lo anterior, considero que en este caso la Acción de Tutela debe prosperar, por cuanto en múltiples oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con su viabilidad en contra de providencias judiciales, cuando la decisión del juez implica una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia, es decir, cuando constituye una vía de hecho, la cual se configura cuando en la decisión judicial se presenta o un grave defecto sustantivo, fáctico, orgánico, o procedimental, como ya se anotó. En tal sentido, la sentencia T-087 de 2007 precisó los eventos en los que las providencias judiciales pueden adolecer de defectos sustantivos, cuando los problemas de que adolezcan estén relacionados con: “ (e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales, (f) cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia; o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso ”. En este caso, debieron p...