Sentencia T-251 de 2014

T-251-14 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-251/14 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia constitucional del requisito general de subsidiariedad para su procedencia excepcional La Corte Constitucional ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, solo se podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial, toda vez que ésta no puede entrar a sustituir los recursos ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho. Con todo, esta corporación ha precisado que esta regla tiene algunas excepciones que se presentan cuando: “(i) [l]os medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) [a]ún cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales; (iii) [e]l accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela. ACCION DE REVISION-Procedencia para determinar prescripción de la acción penal A grandes rasgos, la acción de revisión es de naturaleza extraordinaria y se perfila como un medio de impugnación idóneo dirigido a modificar providencias amparadas por la cosa juzgada, es por excelencia, el mecanismo de impugnación de las sentencias de casación proferidas por la Corte Suprema de Justicia en atención a su importancia constitucional y naturaleza especial. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por existir acción de revisión penal Es improcedente la acción de amparo cuando se configura alguna de las causales de procedencia de la acción de revisión, en atención a que esta última está catalogada como un mecanismo extraordinario de defensa judicial que resulta idóneo y eficaz para la defensa de los derechos fundamentales en tensión al interior del proceso penal, de acuerdo con lo consignado taxativamente en el artículo 220 del de la Ley 600 del 2000. ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL-Ejercicio hace improcedente tutela Se torna improcedente la acción de tutela cuando no se ha agotado previamente la acción de revisión, a menos que existan circunstancias excepcionalísimas que justifiquen la intervención del juez constitucional Referencia: expediente T-3393201 Acción de tutela interpuesta por Sergio Alejandro Rada Rodríguez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, como vinculados, Fresenius Medical Care Colombia S.A. y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014). La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los artículos 33 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que a su vez confirmó el proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. I. ANTECEDENTES El 19 de octubre de 2011, el señor Alejandro Rada Rodríguez interpuso acción de tutela en contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, libertad personal e igualdad; que en su sentir estaban siendo vulnerados con la expedición y eventual ejecución de sendas providencias[1] dentro del proceso penal seguido en su contra. A juicio del peticionario, las entidades judiciales accionadas, erróneamente lo condenaron a 54 meses de prisión y el pago de 200 salarios mínimos, al encontrarlo culpable por la comisión de los delitos de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal, sin tener en cuenta que dentro de dicho proceso (i) operó la prescripción de la acción penal, (al haber transcurrido más de 5 años desde la ejecutoría de la resolución de acusación); y, (ii) se incurrió en defecto fáctico, al no haber valorado en debida forma las pruebas allegadas al proceso. 1. Hechos que dieron origen al proceso penal objeto de reproche 1.1. Se abrió invitación pública para participar en el proceso de contratación del arrendamiento de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas. 1.2. Surtido el trámite correspondiente, se postuló como único proponente la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, integrada por la Clínica Uribe Cualla, la Clínica Rada, el Centro de Especialidades Neurológicas Ltda., Facsalud Ltda. y el Hospital El Tunal E.S.E..[2] Este último, autorizado por la Secretaría de Salud (en calidad de autoridad administrativa distrital en asuntos de salud) y el Fondo Financiero Distrital de Salud, en atención a su naturaleza de “entidad con patrimonio público”. 1.3. El 1° de octubre de 2001 la Secretaría de Salud del Distrito Capital suscribió el contrato núm. 392-01, mediante el cual dicha entidad entregó a la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, a título de arrendamiento, el inmueble aludido. 1.4. A raíz de la adjudicación del contrato de arrendamiento, el Concejo Distrital de Bogotá, en ejercicio de su facultad de control político, decidió discutir en sesiones plenarias las consecuencias de la participación del Hospital El Tunal en la Unión Temporal; e instó a la Veeduría y a la Personería Distrital para que con su intervención investigaran los hechos que dieron origen a dicha participación.[3] Al punto que se iniciaron varias acciones disciplinarias en contra de los directivos de la ESE. 1.5. Ante la presión de las diferentes entidades distritales, el señor Sergio Alejandro Rada (en calidad de representante de la Unión Temporal) y el señor Camilo Uribe Granja (como su colaborador), se vieron en la obligación de excluir al Hospital El Tunal de la Unión Temporal. 1.6. Rada y Uribe Granja entraron en conversaciones con Rodrigo Díaz Sendoya, quien para aquel entonces se desempeñaba como presidente de la multinacional Fresenius Medical Care Colombia S.A. (en adelante Fresenius). 1.7. De acuerdo con la información obrante el expediente, el presidente de la Multinacional Fresenius inicialmente quería adquirir no sólo el 20% de los derechos que le pertenecían al Hospital El Tunal, sino el 60% de la totalidad de la UT. No obstante, dicha situación nunca se materializó debido a que la iniciativa fue rechazada por la junta directiva de Fresenius. 1.8. El 11 de junio de 2002 la Unión Temporal presentó ante el Fondo Financiero Distrital de Bogotá la documentación correspondiente a la potencial firma cesionaria de los derechos del Hospital El Tunal. 1.9. El 12 de junio de 2002 el Fondo Financiero Distrital requirió al representante legal de la Unión Temporal para que le allegara dos documentos: (i) de una parte, la autorización de la junta directiva de Fresenius que acreditara su interés por hacer parte de la UT; y, de otra, (ii) una certificación expedida por Fresenius en la que se indicara que la multinacional no se encontraba inhabilitada para hacer parte de la Unión Temporal y de los contratos suscritos con el Estado. 1.10. El requerimiento fue atendido por el representante de la Unión Temporal, quien mediante oficio del 18 de junio de 2002, remitió a la Secretaría de Salud una copia de la certificación expedida por el presidente de Fresenius, en la cual se manifestaba que la multinacional no se encontraba incursa en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. 1.11. La Secretaría de Salud verificó el cumplimiento de los requisitos solicitados a la Unión Temporal y el 3 de julio de 2002 dio su aprobación para la celebración del contrato de cesión entre el Hospital El Tunal y Fresenius. Situación que fue comunicada a la Unión Temporal el 31 de julio del mismo año. 1.12. Pasaron alrededor de 2 meses desde la aprobación de la negociación de la sesión por parte de la Secretaría de Salud, cuando esta institución advirtió que no se había allegado el contrato de cesión en el que se acreditaba que la parte del Hospital El Tunal había pasado a la Multinacional Fresenius. Razón por la cual, el 24 de septiembre del 2002, la aludida Secretaría emitió una comunicación con destino a la Unión Temporal, requiriéndola para que informara sobre los trámites adelantados con ocasión al contrato de cesión de los derechos de la ESE, recordándole que legalmente el Hospital El Tunal aún hacía parte de la Unión Temporal. 1.13. El 25 de septiembre de 2002, el señor Sergio Alejandro Rada actuando como representante legal de la Unión Temporal, dio respuesta al requerimiento de la Secretaría de Salud, manifestando que se había ratificado la cesión derechos realizada entre el Hospital El Tunal y Fresenius[4] y que en atención a ello allegaba el contrato de cesión firmado por el representante legal del Hospital El Tunal, en calidad de cedente; el representante legal de Fresenius Medical Care, como entidad cesionaria; y su firma (Alejandro Rada), como representante legal de la Unión Temporal, avalando el negocio jurídico. Así mismo, indicó que adjuntaba la copia del recibo de caja que soportaba la consignación en efectivo realizada por un valor de trece millones trescientos ochenta y nueve mil ciento dieciocho pesos ($ 13.389.118), correspondientes, según las declaraciones del peticionario, al valor de los derechos objeto de cesión. 1.14. El 26 de septiembre de 2002, el Director Ejecutivo y Financiero Distrital de Salud, en su condición de arrendador del inmueble donde funcionaba la Clínica Distrital, comunicó al señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez que a partir de ese momento se consideraba a Fresenius Medical Care como integrante de la Unión Temporal, reconociéndole una participación del 20 % de la cesión en reemplazo de la parte que le pertenecía al Hospital El Tunal. Así mismo, le indicó que era necesario remitir a la Secretaría de Salud del Distrito la copia de la comunicación enviada a la compañía de seguros La Previsora a efectos de que tuviera conocimiento sobre el perfeccionamiento de la cesión. 1.15. En enero de 2003, Fresenius fue notificada de la existencia de una reclamación económica promovida por la empresa Melody Ltda., quien sostenía que dicha entidad debía entregarle la suma de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000), en virtud el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, de la cual era cesionaria, según las certificaciones emitidas por la Secretaría de Salud. 1.17. Como consecuencia de dicha reclamación, Fresenius se comunicó con la Secretaría de Salud y le informó que no tenía conocimiento sobre su inclusión en la Unión Temporal en calidad de cesionario, manifestándole además que no entendía por qué razón se le había indicado a aquel acreedor de la Unión Temporal, que la multinacional hacía parte de la misma. 1.18. La Secretaría de Salud empezó a indagar y determinó que efectivamente existían algunos documentos que soportaban la cesión de derechos entre la UT, el Hospital El Tunal y Fresenius, teniendo como principales instrumentos, el supuesto contrato firmado por los respectivos representantes legales y la consignación por el valor de los derechos de cesión entregados al Hospital El Tunal. 1.19. La Secretaría de Salud inmediatamente informó sobre dicha situación a Fresenius, y este a su vez, le dio contestación mediante comunicación emitida el 13 de enero de 2003, indicándole que nunca había suscrito el contrato de cesión con el Hospital El Tunal y que, por ende, los documentos a los que hacía mención eran falsos. 1.20. Ante dicha situación, el Secretario de Salud del Distrito procedió a presentar la correspondiente denuncia que permitió dar inicio a la acción penal surtida en contra del señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez. 2. Proceso Penal seguido en contra del señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez, contra el cual se dirige la presente acción de tutela. 2.1. Con fundamento en la denuncia elevada por el Secretario de Salud del Distrito, se dio inicio a la fase de investigación preliminar. 2.2. Durante esta etapa (i) se escuchó en versión libre a los señores Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja como personas encargadas de representar a la Unión Temporal; y, (ii) se estableció que la firma del representante legal de Fresenius, obrante en el contrato de cesión de derechos allegado a la Secretaría de Salud del Distrito, era una imitación cuya autoría era rechazada por el señor Rodrigo Díaz Sendoya, quien para aquel entonces se desempeñaba como presidente de la Multinacional Fresenius. 2.3. Dispuesta la apertura de instrucción, se vincularon mediante indagatoria a los señores Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja. 2.4. Se desarrolló la práctica probatoria, se clausuró la etapa de instrucción y, mediante resolución del 21 de enero de 2005, la Fiscalía de conocimiento 211 Delegada de la Unidad Segunda de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, decidió calificar el mérito del sumario, declarando la preclusión de la investigación a favor de los señores Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja, respecto de las conductas delictivas de Falsedad en Documento Privado y Fraude Procesal. 2.5. Contra dicha decisión la Procuraduría Delegada y el apoderado de la Parte Civil interpusieron recurso de apelación. 2.6. El 25 de mayo de 2006, la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, resolvió el recurso revocando la resolución de preclusión y acusando a título de determinadores a los señores Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja.[5] 2.7. Esta providencia fue notificada el 4 de julio de 2006 y quedó ejecutoriada el 7 de julio del mismo año.[6] 2.8. El 31 de agosto de 2010, luego de agotar la etapa del juicio, el Juzgado 4º Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá condenó a los procesados a las penas principales de 54 meses de prisión y multa equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales, al encontrarlos responsables de los delitos por los cuales habían sido acusados. [7] 2.9. El fallo condenatorio fue recurrido y confirmado en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2010. 2.10. El 26 de mayo de 2011, el representante legal de Sergio Alejandro Rada Rodríguez solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la declaratoria de la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, aduciendo que ya habían transcurrido más de 5 años desde el momento de la ejecutoria de la resolución de acusación. 2.11. Con proveído del 2 de junio de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de cesación de procedimiento y ordenó la remisión de la actuación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para dar trámite al recurso de casación interpuesto por el mismo sujeto procesal. 2.12. El 20 de junio de 2011, el apoderado del peticionario elevó una nueva solicitud de declaratoria de prescripción de la acción penal ante la Corte Suprema de Justicia. 2.13. La Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 22 de junio de 2011, inadmitió las demandas de casación interpuestas por los defensores de Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja. 2.14. La Sentencia de Casación fue notificada personalmente el 23 de junio de 2011[8]. Ese mismo día se profirió un nuevo Auto en el cual se denegó la solicitud de cesación del procedimiento por prescripción, retomando lo indicado por el Tribunal. 2.15. En contra de esta decisión se interpuso recurso de reposición, y este a su vez fue resuelto negativamente. 3. Fundamentos jurídicos de la acción de amparo El señor Alejandro Rada Rodríguez acudió mediante acción de tutela con el fin de dejar sin efectos las sentencias condenatorias proferidas el 31 de agosto y 15 de diciembre de 2010 (en primera y segunda instancia dentro del proceso penal radicado número 110013104 006 2006 00428 04), así como los Autos del 2 y 11 de junio de 2011 emitidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; en donde se negaron las solicitudes de prescripción de la acción penal. Lo anterior con el objeto de que se declare que en el transcurso del proceso penal se configuró una “vía de hecho” por: a) Defecto sustantivo[9]: En razón a que, al habérsele negado la solicitud de declaratoria de la cesación del proceso penal por prescripción de la acción penal, se realizó una interpretación contraria a la ley, al principio de favorabilidad y a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional sobre la ejecutoria de los Autos dictados en segunda instancia, conforme a lo contemplado en el artículo 187 de la Ley 600 del 2000. De igual manera, argumenta que las demandadas quebrantaron su derecho a la igualdad, al haberse apartado de varias decisiones favorables al procesado, proferidas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en casos similares al planteado, generándose así una vulneración clara de los derechos a la dignidad humana, debido proceso y libertad personal. Básicamente el peticionario indicaba que tanto el Tribunal Superior de Bogotá como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, erraron al establecer que la ejecutoría de las providencias que deciden los recursos de apelación o queja, contra las providencias interlocutorias, tiene lugar tras la última notificación de las mismas, por cuanto el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, en su segundo inciso establece “que quedan ejecutoriadas el día en que [son] suscritas por el funcionario correspondiente”. Finalmente, el señor Rada manifiesta que las entidades accionadas acudieron a una interpretación equivocada de la Sentencia C-641 de 2002, al advertir que la ejecutoriedad de los Autos interlocutorios proferidos en virtud del recurso de apelación tiene lugar al momento de la notificación, cuando la Corte Constitucional ha establecido que la ejecutoriedad de los mismos se materializa a partir del momento en que son proferidos por el funcionario competente. b) Defecto fáctico: en atención a que se dictó una sentencia condenatoria sin contar con las pruebas suficientes que demostraran, en grado de certeza, que el peticionario era el responsable de los delitos por los que había sido acusado. Requisito exigido por la Ley 600 del 2000 como aplicación del principio de necesidad de la prueba en materia penal y como elemento fundamental del derecho constitucional al debido proceso. Respecto a este defecto, puntualmente el peticionario manifestó lo siguiente: “La sentencia proferida el 15 de diciembre de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá- Sala Penal, por la cual se confirma la condena de 54 meses de prisión interpuesta por el juzgado de primera instancia a SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ por los delitos de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal, se basa únicamente en pruebas indiciarias sin la fuerza suficiente para establecer, en grado de certeza, la responsabilidad de mi poderdante como determinador de las conductas punibles por las que fue condenado. Es necesario resaltar que la Ley 600 de 2000 en su artículo 232, como desarrollo del principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, establece el principio de necesidad de la prueba para arribar a un fallo condenatorio, indicando que ¨ (…) No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado¨ La presunción de inocencia, como derecho fundamental y constitucionalmente protegido, sólo puede derribarse cuando, en grado de certeza se establece la responsabilidad del procesado. Esto quiere decir que la existencia de la menor duda razonable obrante en el proceso sobre la responsabilidad del procesado, implica que la presunción de inocencia de éste no haya sido abatida y que por lo tanto, no pueda se condenado. En el caso que nos ocupa, se vulneró el derecho al debido proceso al dictarse una sentencia condenatoria con base en una débil prueba indiciaria, pues en efecto, no existe, y así lo reconoce el Tribunal, una sola prueba directa en el proceso que permita inferir la responsabilidad en grado de certeza. (…) Sin embargo el Tribunal Superior de Bogotá- Sala Penal, lejos de acreditar la certeza de la responsabilidad penal de mi representado en la valoración del acervo probatorio, se limita a especular y a realizar juicios de valor sesgados y alejados de la realidad, con el fin de legitimar la decisión de condenar. Señala el Tribunal ¨Fue así como, una vez practicadas las pruebas en la fase preliminar, incluida la versión libre de CAMILO URIBE GRANJA y de SERGIO RADA RODRÍGUEZ, se fue incrementando la sensación de que éstas personas pudieron ser los protagonistas de los actos delictivos señalados.¨ La sensación a la que se refiere el Tribunal, término gravemente especulativo en materia penal, nunca se convirtió en pruebas ciertas, verídicas y suficientes para proferir la condena. (…) No se discute la veracidad de las afirmaciones mencionadas, pues ello se encuentra probado en la medida en que el procesado desplegó su actividad para el perfeccionamiento del contrato mencionado. Evidentemente, era claro el interés de LA UNIÓN TEMPORAL, representada legalmente por SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ, e incluso, de los miembros de ésta y del presunto cesionario, en la firma del contrato, por cuanto las repercusiones económicas de la salida del Hospital El Tunal de la Unión Temporal eran considerables e iban a afectarlos directamente a todos. El interés mencionado por el Tribunal, no se puede atribuir directamente a Sergio Rada como persona natural, sino a la Unión Temporal a la que representaba legalmente.” Agregó que en ese caso operaba la solidaridad de los miembros de las uniones temporales, y manifestó que el mero interés en la firma del contrato no probaba la responsabilidad penal. Ello en atención a que en su sentir, lo que se encontraba tipificado no era como tal la intención de la consecución de un resultado sino el perfeccionamiento en el ámbito fáctico de una acción jurídicamente relevante en materia penal. Finalmente, manifestó que dicha fundamentación constituye una “valoración irrazonable del acervo probatorio.”, en razón a que, si en el caso particular no se probó el dolo, no puede predicarse la existencia de una acción típica y jurídicamente relevante para el derecho penal, ya que esto implicaría la aplicación de la responsabilidad objetiva o derecho penal de acto, prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. 4. Respuesta de las entidades accionadas y vinculados 4.1. Fresenius Medical Care Colombia S.A. (FMC) Mediante escrito radicado el 24 de noviembre de 2011, el apoderado de la entidad, Fresenius Medical Care Colombia S.A., se manifestó respecto a los hechos de la acción de amparo[10], solicitó la vinculación de “la Secretaría de Salud de Bogotá D.C.; la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público”, al considerar que eran terceros con interés legítimo en la solución del caso[11] y, pidió al juez de instancia que declarara la improcedencia de la acción, advirtiendo básicamente tres situaciones: - Primera: Que no se había incurrido en defecto sustantivo como lo alegaba el peticionario, en atención a que, a su juicio, la acción penal nunca prescribió. Para sustentar esta afirmación, el representante legal de Fresenius aduce que independientemente de que el accionante interprete de manera forzada que la ejecutoria se adquirió el día de la suscripción, jurisprudencialmente la Corte ha establecido que los efectos jurídicos de la misma solo se producen al ser notificada la respectiva providencia. Por ende, el efecto jurídico de la interrupción del término prescriptito se produjo únicamente cuando la providencia fue notificada. Considera que contrario a lo pretendido por el peticionario, cuando la Corte Constitucional en la Sentencia C-641 de 2002, realizó la interpretación condicionada del artículo 187, no dejó duda sobre el hecho de que los efectos jurídicos de las providencias de segunda instancia se produjeron al momento de su notificación. Refiere que en este caso la parte actora no se ciñó en debida forma a la interpretación jurisprudencial y por el contrario, bajo el esquema de deslealtad procesal, realizó la cita descontextualizada de varias sentencias que ni siquiera contemplaban presupuestos fácticos similares al caso bajo examen. - Segunda: Que con la interpretación desarrollada por el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia no se desconoció el principio de favorabilidad en la interpretación de la ley penal, en razón a que “la aplicación de esta garantía constitucional encuentra lugar en eventos donde existe una sucesión de leyes en el tiempo, y no cuando simplemente existe una vacilación interpretativa sobre una disposición como lo sugiere el accionante”. Sobre la interpretación del principio de favorabilidad, el apoderado de Fresenius indicó que el peticionario en su escrito no discutió una cuestión relacionada con los presupuestos procesales de la acción penal atinentes al término de prescripción, sino que se refirió de manera contradictoria a una “interpretación favorable” atinente a la producción de efectos jurídicos de la resolución de acusación proferida en segunda instancia. Es decir, se basó en el precepto de que una supuesta duda en su interpretación se debía absolver a favor del reo, sin tener en cuenta que en este caso existe una interpretación clara sobre la materia, emitida por la Corte Constitucional. - Tercera: que tampoco se configuró un defecto fáctico, por cuanto se realizó una investigación “concienzuda, seria y extensa” por parte de la Fiscalía, dando aplicación a las garantías constitucionales que rodeaban el asunto. El representante de Fresenius resaltó la labor investigativa desarrollada por la fiscalía durante el proceso penal, indicando que se llevó a cabo con apego a la ley, y bajo las garantías procesales pertinentes. Como conclusión de su intervención, el vinculado indicó que lo que pretendía el peticionario con la acción de amparo era reabrir un debate ya agotado debidamente en sede de instancias y dar un alcance equivocado a lo prescrito en el artículo 187 de la Ley 600 del 2000. 4.2. Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá El Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá manifestó que en este caso no se vulneraron los derechos fundamentales del peticionario, en atención a que, tanto en el desarrollo del proceso como en la resolución de las solicitudes de prescripción elevadas por el apoderado del peticionario, se obró con apego a la ley y a la jurisprudencia constitucional.[12] 4.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de descongestión de Bogotá no se manifestaron durante el desarrollo de la acción de tutela. 5. Pruebas relevantes que obran en el expediente - Sentencia proferida el 15 de diciembre de 2010, en segunda instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso penal radicado núm. 110013104 006 2006 00428 04, seguido en contra de los señores Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja.[13] - Solicitud de cesación del procedimiento penal por prescripción, elevada el 28 de mayo de 2011 por el defensor del señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez, ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.[14] - Auto proferido el 2 de junio de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el cual: (i) se resolvió negativamente la solicitud de cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal impetrada por la defensa del señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez (ii) se declaró desierto el recurso extraordinario de casación interpuesto por los apoderados de la Secretaría de Salud del Distrito Capital y del Hospital El Tunal ESE; y, (iii) se remitió el proceso a la Sala de Casación Penal con el objeto de dar trámite al recurso extraordinario de casación impetrado por los defensores de Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Unribe Granja.[15] - Solicitud de cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal elevado el 20 de junio de 2011 por el defensor del señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.[16] - Providencia proferida el 22 de junio de 2011 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se inadmitió la demanda de casación interpuesta por los defensores de Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja, dentro del proceso penal radicado núm. 006 2006 00428 04.[17] - Respuesta emitida el 23 de junio de 2011 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en contestación a los memoriales de solicitud de declaración de prescripción de la acción penal presentados por el apoderado de Sergio Alejandro Rada Rodríguez. En esta oportunidad la Sala de Casación Penal negó la solicitud de prescripción de la acción. [18] - Auto proferido el 4 de noviembre de 2011 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se inadmitió la presente acción de tutela por estar dirigida contra la Corte Suprema de Justicia y se negó la remisión del expediente a la Cote Constitucional. [19] - Copia del proceso penal radicado número 006 2006 00428 04, respecto del cual se alega la ilegalidad en la presente acción de amparo.[20] 6. Trámite en sede de tutela 6.1. La acción de tutela fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia el 19 de octubre de 2011 y se asignó por reparto a la Sala de Casación Civil, quien mediante proveído del 4 de noviembre de 2011, resolvió inadmitirla, negando de paso su remisión a la Corte Constitucional.[21] 6.2. El apoderado del peticionario, invocando lo prescrito por esta corporación en el Auto 100 de 2008, radicó la presente acción de amparo ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en donde finalmente se estudió el caso. 7. Decisión objeto de revisión 7.1. Primera instancia La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante providencia del 29 de noviembre de 2011, declaró improcedente la acción de tutela argumentando que lo que pretendía en este caso el peticionario, era revivir un debate debidamente clausurado por el juez natural.[22] Así mismo, hizo especial énfasis en la improcedencia de la solicitud de la prescripción de la acción penal, señalando que dicha valoración no era susceptible de desarrollo en sede de tutela, en atención a que existía una vía idónea denominada acción de revisión.[23] Los apartes más importantes de la decisión se trascriben a continuación: Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, lo que en el fondo el actor pretendió aquí fue revivir un debate que quedó debidamente clausurado, pues, además de que pide que se revoquen los autos por los cuales se negó la cesación de procedimiento, solicita que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 15 de diciembre de 2010. Así las cosas, la acción de tutela, como se anunció, se revelan manifiestamente improcedente. Pero además, porque con ella lo que se pretende es salvar situaciones fallidas, como si fuera una última posibilidad de instancia, al punto que vuelve a ventilar elementos de su defensa que, evidentemente, fueron objeto de debate al interior del proceso penal, incluyendo lo relacionado con el fenómeno de la prescripción de la acción; cuando en realidad, como lo ha explicado la Corte Constitucional, es un medio judicial de derechos fundamentales único. (…) Ahora bien, siendo consecuentes con las conclusiones contenidas en el apartado anterior, la Sala está relevada de entrar a hacer consideraciones y pronunciamientos de fondo sobre la materia objeto de la demanda.” 7.2. Impugnación El señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez impugnó la decisión manifestando su inconformidad con las afirmaciones del Consejo Seccional de la Judicatura, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela y solicitando la revocatoria del fallo de instancia. Señaló que los fundamentos de la decisión proferida por el Consejo Seccional contrariaban los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales garantizados por la Carta en el marco del proceso penal, en atención a que el debate de la prescripción era una disertación de la teoría jurídico-penal con repercusiones directas en sus derechos fundamentales, especialmente en el de libertad personal y por ende era viable garantizar su materialización vía acción de amparo.[24] 7.3. Segunda Instancia La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 8 de febrero de 2012, confirmó la sentencia de primer grado argumentando que en este caso el medio judicial idóneo es el recurso de revisión y no la acción de amparo.[25] II. TRÁMITE DE REVISIÓN Teniendo en cuenta que dentro del expediente no existía total claridad sobre la situación fáctica del asunto objeto de revisión, la Sala Quinta mediante Auto del 13 de julio de 2012, solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la remisión de la copia del expediente identificado con el radicado núm. 36677, dentro de la causa seguida en contra de Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe. El proceso solicitado fue allegado a esta corporación y vinculado al expediente en 49 cuadernos con el contenido que se relaciona a continuación: Cuadernos - Folios Cuadernos - Folios Cuadernos - Folios Cuadernos - Folios Cuaderno 1 = 143 Cuaderno 14 = 181 Cuaderno 27 = 163 Cuaderno 40 = 46 Cuaderno 2 = 185 Cuaderno 15 = 148 Cuaderno 28 = 154 Cuaderno 41 = 72 Cuaderno 3 = 97 Cuaderno 16 = 163 Cuaderno 29 = 128 Cuaderno 42 = 126 Cuaderno 4 = 104 Cuaderno 17 = 96 Cuaderno 30 = 176 Cuaderno 43 = 206 Cuaderno 5 = 34 Cuaderno 18 = 215 Cuaderno 31 = 150 Cuaderno 44 = 240 Cuaderno 6 = 96 Cuaderno 19 = 137 Cuaderno 32 = 117 Cuaderno 45 = 114 Cuaderno 7 = 200 Cuaderno 20 = 175 Cuaderno 33 = 134 Cuaderno 46 = 28 Cuaderno 8 = 188 Cuaderno 21 = 152 Cuaderno 34 = 188 Cuaderno 47 = 215 Cuaderno 9 = 92 Cuaderno 22 = 257 Cuaderno 35 = 30 Cuaderno 48 = 198 Cuaderno 10 = 94 Cuaderno 23 = 161 Cuaderno 36 = 114 Cuaderno 49 = 268 Cuaderno 11 = 84 Cuaderno 24 = 148 Cuaderno 37 = 44 Cuaderno 12 = 190 Cuaderno 25 = 149 Cuaderno 38 = 69 Cuaderno 13 = 171 Cuaderno 26 = 153 Cuaderno 39 = 74 III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Corte es competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con los presupuestos fácticos anteriormente reseñados, corresponde a la Corte Constitucional examinar previamente si en este caso el actor cuenta con otro medio defensa judicial para hacer valer los derechos presuntamente vulnerados, teniendo en cuenta que aún le asiste la posibilidad de acudir a la acción de revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para resolver la problemática citada, la Corte abordará la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, enfocándose especialmente en el principio de subsidiariedad de la acción de amparo y la idoneidad de la acción de revisión. De superarse el anterior presupuesto, la Sala de Revisión entrará a establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, igualdad y libertad personal del peticionario e incurrieron en defecto sustantivo y fáctico: (i) al haberse abstenido de decretar la prescripción de la acción penal, argumentando que la contabilización de dicho término se iniciaba a partir de la notificación de la resolución de acusación y no desde su suscripción; y, (ii) al haber realizado una inadecuada valoración del material probatorio “basándose en meras pruebas indiciarias sin la fuerza suficiente para establecer, en grado de certeza, la responsabilidad [del peticionario] como determinador de las conductas punibles por las que fue condenado”. 3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia. [26] 3.1. En la Sentencia C-543 de 1992 esta corporación declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Dicha decisión significó la excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando quiera que estas configuren una “actuación de hecho”. La Corte sostuvo, en atención a los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada, que sólo bajo esa condición era posible evidenciar la amenaza de los derechos fundamentales por parte de los funcionarios jurisdiccionales. La decisión en comento expresó lo siguiente: “Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”. Conforme con tal razonamiento, a partir de la sentencia T-079 de 1993, se empezaron a desarrollar los criterios de procedibilidad excepcional que rigen la acción de tutela en contra de las providencias que dictan los diferentes servidores judiciales. Para ello ha sido necesario precisar un conjunto de causales constitucionalmente relevantes, adscritas al goce efectivo de los derechos fundamentales en los diferentes trámites de carácter jurisdiccional. En las primeras decisiones sobre el tema esta corporación indicó que el punto sobre el que giraba la viabilidad del examen de las decisiones judiciales a través de la tutela, lo constituía la “vía de hecho”, definida como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario, producto de la carencia de fundamentación legal y constitucionalmente relevante. [27] 3.2. No obstante, la experiencia acumulada a partir de los diferentes casos atendidos por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, dieron un impulso a la jurisprudencia avanzando hacia los denominados “criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales”. Al respecto la sentencia T-949 de 2003 señaló lo siguiente: “Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.). En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado.” La sistematización de los criterios a partir de los cuales es posible justificar la procedencia de una tutela contra una decisión judicial ha generado varias obligaciones específicas en cabeza de los jueces. En efecto, en paralelo a su deber de aplicar la ley y de dar alcance a las pruebas que hayan sido aportadas legalmente dentro del proceso, la jurisprudencia ha reforzado la obligación de respetar los precedentes, así como guardar armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales[28]. Cada una de dichas directrices ha llevado a que esta corporación adscriba al ejercicio jurisdiccional el compromiso de argumentar lo suficiente cada una de las decisiones y ponderar con claridad los valores superiores que se encuentren en disputa, en cada caso. 3.3. Sumado a ello, la jurisprudencia ha señalado que existen unos lineamientos generales de procedencia de la acción, que hacen las veces de presupuestos previos a través de los cuales se determina la viabilidad del examen constitucional de las providencias. Al respecto, en la sentencia C-590 de 2005 se hizo un ejercicio de sistematización sobre este punto y se indicaron como presupuestos los siguientes: (i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. (ii). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. [29] (iii). Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (iv). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[30]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-590 de 2005, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v). Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos violentados y que hubiere alegado dicha situación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[31]. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.[32] 3.4. . Adicional a dichos elementos, se estableció que una vez se superan estos presupuestos generales, es necesario acreditar la existencia de por lo menos una causal o defecto específico de procedibilidad. Sobre el particular, en la Sentencia C-590 de 2005 se enunció lo siguiente: “25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. “b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. “c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. “d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[33] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. “e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. “f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. “g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[34]. “h. Violación directa de la Constitución.” (Subrayas fuera del texto original.)”. Así mismo, se advierte que la sistematización de los defectos sirve como herramienta base para definir la existencia de un fallo judicial ilegítimo y que son estos los presupuestos base que se deben tener en cuenta para acudir ante un juez de tutela. En efecto, en la sentencia C-590 de 2005 se afirmó que los anteriores vicios “involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”. 3.5. En conclusión, dichos criterios constituyen el catálogo mínimo a partir del cual es posible justificar de manera excepcional si procede o no la tutela contra providencias judiciales. 4. El principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. [35] 4.1. El artículo 86, inciso 3º, de la Constitución le asigna un carácter subsidiario a la acción de tutela al precisar que ésta solo es procedente cuando no se disponga de otros medios de defensa judicial. La norma en comento dispone: “ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)” (Subrayas fuera de texto original). En desarrollo del anterior precepto, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece: “ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)” (Subrayas fuera de texto). 4.2. Tomando como fundamento estas normas la Corte Constitucional ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, solo se podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial, toda vez que ésta no puede entrar a sustituir los recursos ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho. Sobre este punto, en Sentencia T-406 de 200, dijo: “El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales. En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” Con todo, esta corporación ha precisado que esta regla tiene algunas excepciones que se presentan cuando: “(i) [l]os medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) [a]ún cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales; (iii) [e]l accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela (Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003)”[36]. En cuanto a la primera excepción, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la sola existencia de otro mecanismo judicial no es razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, ya que el mismo debe ser idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados. Al respecto la Corte, en Sentencia T-795 de 2011, señaló: “Es así como en aquellos casos en que se logra establecer la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, debe ponderarse la idoneidad de dicho medio de protección, valorando el caso concreto y determinando su eficacia en las circunstancias específicas que se invocan en la tutela[37]. Por esta razón, el juez constitucional debe establecer si el procedimiento alternativo permite brindar una solución ‘clara, definitiva y precisa’[38] a las pretensiones que se ponen a consideración del debate iusfundamental y su eficacia para proteger los derechos invocados. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha considerado necesario apreciar frente al medio de defensa alternativo, entre otros aspectos: ‘(a) el objeto del proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de tutela y (b) el resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales’[39]. Estos elementos, aunados al análisis de las circunstancias concretas del caso, permiten corroborar si el mecanismo judicial de protección alterno es eficaz para la defensa de los derechos presuntamente conculcados. (…)” (Subrayas fuera de texto original). En lo que tiene que ver con la segunda situación excepcional, la Corte Constitucional ha afirmado que puede acudirse a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, definiéndolo así: “[U]n perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen.”[40] Asimismo, esta corporación ha señalado como elementos configurativos del perjuicio irremediable los siguientes: “A)… inminente: ‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...) B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. (...) C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. (…) D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (...)”[41] De igual forma, la Corte Constitucional ha aclarado que, a pesar de la informalidad del amparo constitucional, el actor debe presentar y sustentar los factores a partir de los cuales pretenda derivar el perjuicio irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela. Así lo sostuvo en Sentencia T-436 de 2007, al indicar: “En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como mecanismo de defensa transitorio, se requiere también verificar que dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre este particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no está habilitado para conceder el amparo transitorio, que por expresa disposición constitucional se condiciona a la existencia de un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece acreditado en el expediente, toda vez que el juez de tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable[42]. La posición que al respecto ha adoptado esta Corporación, reiterada en distintos fallos, no deja duda de que la prueba o acreditación del perjuicio irremediable es requisito fundamental para conceder el amparo. Por ello, ha señalado la Corte que quien promueva la tutela como mecanismo transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario, además, que el afectado ‘explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión’ (Sentencia T-290 de 2005).” 4.3. En consonancia con lo anterior, es posible concluir que la procedencia de la acción de tutela depende de la observancia estricta del principio de subsidiariedad, “comoquiera que este se encuentra ordenado a garantizar importantes principios de la función jurisdiccional, y asegura el fin contemplado por el artículo 86 de la Carta, que no es otro que el de brindar a la persona garantías frente a sus derechos constitucionales fundamentales. En este orden de ideas, en los casos en los que no sea evidente el cumplimiento de este principio, la tutela deberá ser declarada improcedente”[43]. 5. Idoneidad de la acción de revisión, cuando se pretende verificar la prescripción de la acción penal. Reiteración de jurisprudencia. 5.1. La acción de revisión se encuentra prevista en el artículo 220 de la Ley 600 del 2000[44] de la siguiente manera: Acción de revisión Artículo 220. Procedencia. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: 1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por una misma conducta punible que no hubiese podido ser cometida sino por una o por un número menor de las sentenciadas. 2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal. (resaltado fuera del texto original) 3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. 4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero. 5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa. 6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria. Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria. 5.2. Al respecto, se debe resaltar que esta corporación ha señalado que la acción de revisión se encuentra revestida de: (i) importancia constitucional al estar consagrada en el ordenamiento interno como un mecanismo judicial extraordinario para la defensa de los derechos fundamentales[45] y, (ii) como medio idóneo y eficaz de defensa cuando se configura alguna de las causales de procedencia taxativamente contempladas en le Código de Procedimiento Penal, salvo que se verifique la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Caso en el cual, solo es viable la acción de amparo en aquellos eventos en los que resulte desproporcionada la afectación a la libertad personal, porque se vislumbra un detrimento grave del disfrute de este y otros derechos constitucionales, como sucedió en el caso emblemático analizado por la Corte en la sent...