Sentencia T-251 de 2006

T-251-06 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-251/06 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia excepcional PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Reliquidación del crédito da lugar a la suspensión o terminación del proceso según la ley 546 de 1999 PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Alcance de la sentencia C-955 de 2000/PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Reliquidación automática/PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación y archivo de procesos en curso a 31 de diciembre de 1999 Referencia: expediente T-1254960 Acción de tutela instaurada por Salomé Pico de Lache contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, hoy Banco Granahorrar S.A. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, el 21 de octubre de 2005, en la acción de tutela presentada por Salomé Pico de Lache contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, hoy Banco Granahorrar S.A. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número Uno de la Corte, en auto de fecha 19 de enero de 2006 eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia. I. ANTECEDENTES. La actora presentó acción de tutela contra la entidad demanda con el fin de que se le amparen los derechos al debido proceso, a la igualdad y a recibir un mismo trato de las autoridades, tal como lo establecen los artículos 29 y 13 de la Constitución y el 8 de la Declaración universal de los derechos del hombre. 1. Hechos. La actora expone los siguientes hechos : El día 10 de junio de 1994 suscribió un pagaré a favor de Granahorrar, para garantizar un préstamo por la suma de $19.600.000, en upac, para la adquisición de vivienda. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga profirió mandamiento de pago por valor del saldo insoluto de la obligación, más los intereses de mora dentro del proceso ejecutivo radicado 1998-0546. El motivo de la demanda fue la mora, mora que con la aplicación del alivio otorgado con la Ley 546 de 1999, se modificó sustancialmente. Cita y transcribe las sentencias de constitucionalidad y de tutela de la Corte, pertinentes a este tema. Señala que le solicitó al Juzgado demandado la terminación y archivo de este proceso, pero el Juzgado no accedió, incurriendo en una vía de hecho al desconocer el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pide al juez de tutela que se conceda esta acción por violación del debido proceso, ya que existe una vía de hecho en el mismo. En consecuencia, se declare la nulidad del proceso a partir de las actuaciones surgidas después de la aprobación de la reliquidación del crédito y decretar la terminación del mismo sin más trámites, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999. 2. Trámite procesal. El 10 de octubre de 2005, la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar a cada uno de los demandados y dispuso, con el fin de practicar inspección judicial, el envío del proceso ejecutivo correspondiente. Obra una constancia secretarial en el sentido de que el Banco Granahorrar cedió el crédito a la Central de Inversiones S.A. y que también es demandado Eccehomo Lache Colmenares. (fl. 8 vuelto) 3. Respuestas de los demandados. Los demandados en esta acción de tutela se opusieron a la misma con base en los escritos individuales que presentaron, los cuales se resumen así : 3.1 Respuesta del Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga. Explicó que la Corporación Granahorrar, hoy Banco Granahorrar S.A. demandó en proceso ejecutivo hipotecario a Eccehomo Lache Colmenares y Salomé Pico de Lache para el recaudo de los valores insolutos. La demanda fue presentada el 22 de julio de 1998. El 6 de mayo de 1999 se profirió sentencia de primera instancia ordenando seguir con la ejecución, el remate de los bienes trabados en el diligenciamiento, se condenó en costas a los accionados y se ordenó la liquidación del crédito. El 22 de marzo de 2001, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, el despacho suspendió el proceso con el fin de que se allegara la respectiva reliquidación del crédito “trabajo que fue agregado al plenario el 16 de mayo de 2002, sin que se hubiera comunicado la existencia de acuerdo o reestructuración del crédito” (fl. 10) En relación con el objeto de la tutela, señala : “4. Respecto del escrito de tutela es claro para el despacho que lo pretendido por el accionante es volver sobre el tema de la interpretación del parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, para lograr por la vía constitucional la terminación del proceso sin haber cancelado la totalidad de lo adeudado a la parte demandante. En efecto, la extensa cita jurisprudencial y el único ataque frontal que hace al comportamiento desplegado por el Juzgado a lo largo del trámite del proceso así lo indican. Sin embargo no observa la tutelista que dentro del proceso se ha dado cabal cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 546 de 1999, como atrás quedó sintetizado, y con fundamento en los artículos 179 y 180 del C. de P.C. el despacho designó perito experto financiero para evaluar la liquidación del crédito presentada por la accionante, y con fundamento en dicho experticio se aprobó la liquidación del crédito cobrado”. (fls. 10 y 11) En cuanto a la solicitud de los demandados de proceder a la terminación del proceso, el Juez manifiesta que en efecto fue negada esta petición por el despacho “por las razones ampliamente conocidas por la accionante sin que en la actualidad y en sentir de este despacho existan razones de hecho o de derecho que obliguen a modificar lo decidido”. (fl. 11) Remitió el expediente al Tribunal para los efectos requeridos. 3.2 Respuesta de la Central de Inversiones S.A. La abogada asesora de la Gerencia Jurídica de la Central de Inversiones S.A. indicó que la obligación hipotecaria objeto de esta demanda fue transferida a esta Central en virtud del convenio interadministrativo celebrado con el Banco Granahorrar. Por ello, acude a responder esta tutela. En primer lugar, señala que no se advierte irregularidad alguna en el trámite del proceso. Sobre el crédito cuyo recaudo se solicita en el proceso ejecutivo, informa que fue otorgado para vivienda y “redenominado en su oportunidad a UVR, en virtud de las disposiciones legales contenidas en la Ley 546 de 1999, que configuraron el régimen de transición previsto para los créditos otorgados antes de las sentencias que declararon la inexequibilidad del sistema Upac”. (fl. 27). Observa que la actora de esta tutela, no obstante haberse notificado en el proceso, jamás participó en el mismo para enervar las pretensiones de la entidad demandante, proceso del cual se profirió la sentencia correspondiente. En cambio, ahora promueve esta acción subsidiaria para que estudie una controversia ya desatada. Afirma que no se entiende cómo, luego de una mora de más de 6 años, 83 cuotas en mora, se aleguen hechos que ya fueron resueltos en un proceso judicial que estuvo rodeado de todas las garantías procesales. Expresa la interpretación que tiene del inciso tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, en el sentido de que como el alivio por concepto de la reliquidación, en el caso de la actora, no resultó suficiente para saldar la mora de las obligaciones ejecutadas, era lícito continuar adelante con el proceso ejecutivo hipotecario instaurado. 3.3 Respuesta del Banco Granahorrar. El abogado Unidad de soporte legal del Banco Granahorrar informó que el crédito a cargo del señor Eccehomo Lache Colmenares es actualmente propiedad de la Compañía Central de Inversiones – CISA S.A., por cuanto se trasladó a dicha entidad, mediante la figura de venta de cartera. Por consiguiente, solicita que se declare improcedente la acción contra Granahorrar. 4. Sentencia que se revisa. En sentencia del 21 de octubre de 2005, el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil–Familia, denegó esta acción de tutela. Para el Tribunal que revisado el proceso ejecutivo con título hipotecario, se observa que mediante auto del 27 de julio de 1998 se libró mandamiento de pago en contra de los ejecutados, providencia que fue notificada a los demandantes, quienes dejaron pasar en silencio el término para proponer excepciones, dando paso a la sentencia proferida el 6 de mayo de 1999, decretando la venta en pública subasta del inmueble hipotecado. Por auto del 22 de marzo de 2001, el Juzgado decretó la suspensión del proceso hasta que la parte ejecutante allegara la reliquidación del crédito en la forma indicada en la Ley 546 de 1999. Requerimiento atendido el 16 de mayo de 2001. El 26 de noviembre de 2001 se anexó certificación del Banco dando cuenta del estado de la obligación a 31 de diciembre de 1999, el valor del alivio y el saldo del crédito después de aplicada la reliquidación. El 22 de mayo de 2002 se ordenó reactivar el proceso, se corrió traslado a la parte ejecutada, quien guardó silencio. El 27 de junio de 2003, la parte ejecutante allegó liquidación actualizada del crédito, de la que corrió traslado a la demandada, quien la objetó. Para efectos de resolver la objeción, el Juzgado designó perito financiero, quien presentó su dictamen el 25 de septiembre de 2003. El 17 de octubre de 2003, la demandante solicitó el decreto de nulidad de lo actuado desde el 31 de octubre de 2001, al continuarse tramitando el proceso ejecutivo, en desconocimiento de lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000. El 15 de diciembre de 2003 insistió en la petición. Estas solicitudes de terminación del proceso las denegó el Juzgado por auto del 19 de diciembre de 2003. Contra esta decisión, el demandado interpuso recurso de apelación, que fue declarado desierto, en razón a que el apelante no suministró las expensas para las copias. El 25 de julio de 2005 (sic), el demandado en el proceso ejecutivo reclamó el beneficio de retracto, que denegó el Juzgado por auto del 28 de febrero de 2005, decisión contra la que no se interpuso ningún recurso. El 11 de octubre de 2005 se realizó la diligencia de remate del inmueble hipotecado, que fue declarada desierta por falta de postores. De este recuento de lo sucedido en el proceso ejecutivo, el Tribunal observa que la actitud de la actora fue negligente en el curso del trámite. No formuló ninguna excepción contra las pretensiones, y, no obstante solicitar la terminación del proceso, frente a la negativa del Juzgado de acceder a ello, no suministró las expensas correspondientes, para surtir la apelación que presentó. Además, la parte demandada no acreditó que con la aplicación del alivio de la Ley 546 de 1999 hubiere quedado al día en el pago de la obligación. Por el contrario, el alivio no fue suficiente par saldar la mora y como la reliquidación no da lugar por sí sola a la terminación del proceso, lo procedente era continuar su trámite, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia de tutela del 18 de noviembre de 2003. Criterio que ha sido ratificado en otras oportunidades por dicha Corporación. Finalmente, considera que la actora tiene otro medio de defensa judicial, lo que hace improcedente esta acción que es de carácter residual o subsidiario. Lo mismo para controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus providencias. En consecuencia, el Tribunal señala que no evidencia la vulneración de ninguno de los derechos fundamentales que reclama la demandante en esta tutela, por lo que se deniega. El ejecutivo se adelantó conforme a las disposiciones legales, máxime que en este caso “no es aplicable el precedente constitucional que reitera la sentencia T-472 de 2005, por cuanto la petente no contestó la demanda ejecutiva, ni propuso excepciones, incurriendo a la vez en la omisión de pagar las expensas para que se surtiera el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la petición de nulidad y terminación del proceso, descuido que impidió el pronunciamiento del ad-quem que negó la petición de nulidad y terminación del proceso, descuido que impidió el pronunciamiento del ad-quem en la materia tratada”. (fl. 24) II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia. La Corte es competente para conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del decreto 2591 de 1991. 2. Lo que se debate 2.1 El objeto de esta acción de tutela consiste en que se examine su procedencia, pues, la actora considera que el Juzgado demandado incurrió en una vía de hecho al negar la terminación del proceso ejecutivo hipotecario iniciado antes del 31 de diciembre de 1999, no obstante obrar en el expediente la solicitud de terminación y haberse allegado la reliquidación del crédito por la parte ejecutante. Es de observar que el proceso ejecutivo que se estudia se inició el 22 de julio de 1998 y el día 11 de octubre de 2005 se realizó la diligencia de remate del bien inmueble hipotecado, la que fue declarada desierta por falta de postores (fl. 22). 2.2 El Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, denegó esta acción de tutela por las razones que se sintetizan así : (i) No obstante la reliquidación del crédito ordenada por la Ley 546 de 1999, las obligaciones objeto de cobro no quedaron al día, por lo cual no es procedente la terminación del proceso. Señaló que esta es la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al interpretar el parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley en mención, en el sentido de que si el alivio no fue suficiente para saldar la mora, el proceso puede continuar. (ii) Además, la actora de la acción de tutela no hizo uso de varios de los recursos previstos en la ley y, como esta acción no es una herramienta alternativa a los medios de defensa judiciales ordinarios, no es procedente la misma. (iii) La actora tiene otro medio de defensa judicial, como es pedir la nulidad del proceso. 2.3 Así planteada la presente demanda, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional observa que el presente tema ha sido ampliamente estudiado y decidido por esta Corporación; que se ha interpretado con autoridad constitucional el alcance del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, tanto en acciones de constitucionalidad como de tutela; y que, por consiguiente, existe jurisprudencia consolidada al respecto, lo que implica que en el presente caso sólo hay lugar a atenerse a lo ya dicho y adoptar la misma decisión. Por estas razones, esta demanda será brevemente justificada, en la forma indicada en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991. 3. Reiteración de jurisprudencia. La Corte, en la sentencia T-1181 de 2005, en la que fueron acumuladas numerosas acciones de tutela semejantes a la que ahora se examina, resumió el estado actual de la jurisprudencia en esta materia y concluyó que para que se pueda dar por terminado un proceso ejecutivo hipotecario iniciado para el cobro de un crédito destinado a la financiación de vivienda individual de largo plazo, deben reunirse únicamente las siguientes condiciones : “(i) que el proceso haya sido iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y (ii) que la entidad acreedora haya aportado a él la reliquidación del crédito. Se infiere que no es necesario que el ejecutado solicite al juez la terminación del proceso[1], ya que ésta se produce por “ministerio de la ley” y por tanto aquel debe “declararla oficiosamente.”[2] Por consiguiente, advierte la misma sentencia que “Como consecuencia de lo anterior, es dable afirmar que respecto de los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999, la decisión judicial de no darlos por terminados, constituye una clara vía de hecho por defecto sustantivo, no solo por ampararse en una interpretación equivocada del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, sino además, por desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional sentada en las Sentencias C-955 de 2000, T-606 de 2003, T-701 de 2004, T-199 de 2005, T-217 de 2005, T-258 de 2005 y T-282 de 2005.” (sentencia T-1181 de 2005, MP, doctora Clara Inés Vargas Hernández) En el presente caso, tal como se señaló en los antecedentes y lo confirmaron quienes intervinieron en esta acción, el proceso ejecutivo hipotecario se inició antes del 31 de diciembre de 1999, concretamente, el 22 de julio de 1998. El 16 de mayo de 2001 la parte ejecutante allegó la reliquidación del crédito, de acuerdo con lo indicado en la Ley 546 de 1999. Y la parte demandada, en dos oportunidades solicitó el decreto de nulidad del proceso, al continuar tramitándose el mismo, en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley citada. Además, la Sala toma en consideración que a la fecha de presentar esta acción de tutela, el bien no había sido rematado, ni mucho menos adjudicado, pues obra en el expediente que el día 11 de octubre de 2005 se realizó la diligencia de remate, que fue declarada desierta por falta de postores. Todo lo anterior indica que la situación de hecho de la actora de esta acción de tutela reúne las condiciones para la procedencia de esta tutela. La cual se concederá en las mismas condiciones en que lo ha hecho la Corte en la jurisprudencia citada, jurisprudencia que se reitera en esta ocasión. Por consiguiente, se revocará la sentencia de fecha 21 de octubre de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en la acción de tutela presentada por Salomé Pico de Lache contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, hoy Banco Granahorrar S.A, a la que se vinculó también la Central de Inversiones S.A. Cisa, en virtud del convenio interadministrativo celebrado entre las ambas entidades. En consecuencia, se protegerá el derecho al debido proceso en la misma forma que lo hizo la Corte en la sentencia citada, en especial, la T-1181 de 2005, profiriendo las órdenes pertinentes. III. DECISIÓN. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE : Revocar la sentencia de fecha 21 de octubre de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en la acción de tutela presentada por Salomé Pico de Lache contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, hoy Banco Granahorrar S.A. a la que se vinculó también la Central de Inversiones S.A. Cisa, en virtud del convenio interadministrativo celebrado entre las ambas entidades. En consecuencia, se protege el derecho al debido proceso de la actora de esta tutela. Por lo tanto, se decreta la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se adelanta contra la actora a partir de la actuación siguiente a la reliquidación del crédito. El Juzgado demandado, dentro de un término de cinco (5) días contado a partir de la notificación de la presente sentencia, deberá declarar la terminación del proceso y ordenar el archivo del expediente. Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALFREDO BELTRAN SIERRA Magistrado MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado CON SALVAMENTO DE VOTO JAIME CORDOBA TRIVIÑO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA A LA SENTENCIA T-251 de 2006 JUEZ DE TUTELA-Discrepancias entre jueces por interpretación diferente no puede ser calificada como vía de hecho/PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Las providencias que no terminen los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 no siempre constituyen vía de hecho (Salvamento de voto) PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Interpretación de la ley 546 de 1999 y la sentencia C-955/00 no conduce a la terminación de todos los procesos (Salvamento de voto) ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia por no haberse utilizado los recursos de ley dentro del proceso ejecutivo (Salvamento de voto) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Interpretación de la Sala de Casación Civil sobre continuación de procesos ejecutivos con saldos insolutos (Salvamento de voto) TRIBUNAL SUPERIOR-Interpretación de la sala unitaria sobre terminación de procesos ejecutivos con saldos insolutos (Salvamento de voto) PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Hipótesis fácticas que deben darse para que el proceso continúe (Salvamento de voto) ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia por no haber ejercido los recursos de ley (Salvamento de voto) Referencia: expediente T-1254960 Acción de tutela instaurada por Salomé Pico de Lache contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda (GRANAHORRAR S.A.) Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, salvo mi voto. Mi disidencia se funda en las razones que expondré después de resaltar los hechos del caso que han debido merecer mayor consideración en la sentencia. En este caso particular y de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la deudora se encuentra en mora desde hace más de seis (6) años y a la fecha no ha manifestado su intención de reestructurar el crédito hipotecario, no obstante haberse adelantado diligencia de remate del inmueble hipotecado el pasado 11 de octubre de 2005, el cual fue declarado desierto por la ausencia de postores. Se constata adicionalmente que durante el trámite del proceso ejecutivo hipotecario la accionante no recurrió a los mecanismos procesales contemplados en la ley con el fin de que sus derechos fueran protegidos dentro del proceso ejecutivo adelantado en su contra. En efecto el 27 de julio de 1998 se libró mandamiento de pago en contra de la deudora, contra el cual – una vez notificado- no fue propuesto el recurso de reposición previsto en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 458 de la Ley 794 de 2003. Tampoco fueron propuestas excepciones de mérito. En consecuencia, el juzgado accionado procedió a dictar sentencia el 6 de mayo de 1999, la cual no fue apelada a pesar de que este recurso está consagrado en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1 numeral 169 del Decreto 2282 de 1989. En este sentido, se ha debido seguir lo dispuesto recientemente en la sentencia T-144 de 2006, a la cual se hará referencia en el apartado tercero de este salvamento. Sin perjuicio de lo anterior, debido a que no se había aportado la reliquidación del crédito hipotecario ordenada por la Ley 546 de 1999, mediante auto del 22 de marzo de 2001 el juzgado ordenó la suspensión del proceso hasta el momento en el cual la entidad financiera la aportara. Una vez allegada la reliquidación de la obligación, el Juzgado Sexto reactivó el proceso ejecutivo, procediéndose a la liquidación de la obligación en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1 numeral 289 del Decreto 2282 de 1989. En consecuencia, considero que el auto del 19 de diciembre de 2003, por medio del cual se niegan las solicitudes de terminación del proceso del 17 de octubre y el 15 de diciembre de 2003, se fundamentó en una interpretación razonable del Artículo 42 de la Ley 546 de 1996, según la cual cuando no ha habido acuerdo de reestructuración, ni solicitud por parte del deudor en dicho sentido, y continua la mora prolongada (6 años en este caso) con posterioridad a la reliquidación, no hay lugar a la terminación del proceso ejecutivo hipotecario. Reitero de manera general las consideraciones básicas que he consignado en algunas sentencias de tutela sobre este mismo tema. Estimo que ni de la ley ni de la jurisprudencia de la Corte sobre la misma se deduce que la terminación de los procesos ejecutivos vigentes antes del 31 de Diciembre de 1999 deba ser automática. Corresponde a los jueces civiles verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en dicha ley, y si éstas se dan, ordenar la terminación. Pero pueden darse casos en que no se reúnan tales condiciones o en los cuales es preciso esperar a que dentro del mismo proceso ejecutivo se esclarezcan ciertos hechos determinantes para definir si tales condiciones se reúnen. En este evento el juez civil no está obligado por la ley a decretar la terminación del proceso y el juez de tutela no puede concluir que la continuación del proceso, en el entretanto, es una vía de hecho del juez civil. Estas son las razones que sustentan mi posición, consignadas en los salvamentos de voto a las sentencias T–357 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería y T–391 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra: Si bien comparto algunos apartes de la sentencia y considero que en ciertos casos los procesos ejecutivos iniciados antes de la Ley 546 de 1999 debieron haberse terminado, disiento de varios elementos centrales de la parte resolutiva y de la parte motiva de la presente providencia. Primero, no comparto las afirmaciones tajantes, así puedan ser leídas como obiter dicta, que se han consignado en la parte motiva de la sentencia en el sentido de que todos los procesos ejecutivos con obligaciones denominadas en UPAC debieron haberse terminado. Ni de la ley ni de la sentencia de la Corte Constitucional pertinente se deduce dicha regla absoluta e incondicionada. Estimo que la terminación de tales procesos fue sometida por el legislador a condiciones. Algunas de estas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, pero otras fueron declaradas exequibles. Por lo tanto, la terminación de los procesos ejecutivos sólo esta legalmente ordenada cuando se reúnan dichas condiciones exequible. Posteriormente en este salvamento se desarrollará el punto. Segundo, estimo que en los eventos en que los procesos ejecutivos han debido ser terminados, la Corte debe incluir en la parte resolutiva de sus sentencias una orden en el sentido de que si el acreedor decide iniciar un nuevo proceso ejecutivo, las pruebas que obraban en el anterior han de ser trasladadas al nuevo proceso en aras de la celeridad y para evitar que el cumplimiento de las obligaciones sea postergado por más de cinco o siete años.[3] Al proteger a los deudores que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia deban recibir los beneficios establecidos, la Corte ha de valorar que los alivios y remedios creados en 1999, no fueron una patente de corzo para no pagar las deudas. Tercero, considero que como cada proceso ejecutivo tiene sus especificidades, los jueces civiles competentes tienen, como cualquier juez, un margen razonable para aplicar a los hechos particulares de cada caso las normas vigentes. Por eso, me preocupa que a partir de un caso específico se sienten por vía de una sentencia de tutela reglas que no se derivan de la Constitución, ni de la ley, ni de la jurisprudencia constitucional. Además, en sede de tutela le corresponde a la Corte definir si la providencia del juez acusada incurrió en una vía de hecho. La acción de tutela contra providencias judiciales permite controlar la validez de las mismas, no remplazar a los jueces de instancia para corregir sus decisiones. Las consideraciones generales en las que se funda mi disidencia en este caso concreto se pueden desagregar en tres partes, a saber: 1. En la primera parte se enfatiza la diferencia, depurada y pacífica, entre una interpretación de la ley razonable, pero no compartida, de un lado, y una vía de hecho judicial, de otro lado. 2. En la segunda parte se muestra que la Ley 546 de 1999, aún después de la sentencia C-955 de 2000, no ordena la terminación de todos los procesos ejecutivos con garantía hipotecaria anteriores a 31 de diciembre de 1999, puesto que establece condiciones para que ello ocurra, algunas de las cuales fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional. 3. En la tercera parte se indican ciertas hipótesis en que el juez civil puede razonablemente decidir que el proceso ejecutivo ha de continuar, pero para cobrar la deuda reliquidada, convertida a UVR y disminuida con los alivios establecidos por el legislador. Por lo tanto, se presentarán hipótesis de improcedencia de la acción de tutela contra providencias en los cuales se ha continuado el proceso ejecutivo. 1. Diferencia entre una interpretación de la ley razonable y una vía de hecho judicial del otro lado La Corte ha fijado unos parámetros para determinar si una providencia judicial incurrió en una vía de hecho que la hace inválida. Estos parámetros permiten que los jueces ordinarios ejerzan el margen de interpretación que la Constitución les reconoce y apliquen las normas pertinentes a los hechos particulares de cada caso. Bien puede suceder que dos jueces tomen decisiones diferentes, pero que ninguna de las dos providencias constituya una vía de hecho porque no se ha colocado en los extramuros del derecho. Ello ha sucedido muchas veces, en especial cuando el juez de primera instancia decide en un sentido, pero el de segunda revoca y decide en un sentido diferente o, inclusive, contrario. La Corte no toma esa discrepancia judicial como indicadora de una vía de hecho. Admite que los jueces civiles, penales, laborales, o contencioso administrativos, pueden llegar a conclusiones diversas habida cuenta de los hechos del caso y de la valoración de las pruebas, así como de los márgenes razonables de interpretación de las normas aplicables. Pues bien, a la Corte pueden llegar tutelas contra providencias que ordenaron terminar un proceso ejecutivo, pero también providencias que dispusieron que otro diferente continuara. No todas las segundas constituyen automáticamente una vía de hecho. Por eso, la Corte ha negado acciones de tutela contra providencias que dispusieron la continuación de procesos ejecutivos relativos a obligaciones denominadas en UPAC e iniciados antes de la Ley 546 de 1999. El anterior fue por ejemplo el caso analizado en la sentencia T-535 de 2004[4], en la cual la Sala Segunda de Revisión declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por un deudor que había omitido solicitar al juez civil que decidiera sobre la terminación del proceso ejecutivo. En éste caso, la Corte consideró que el juez civil no incurrió en violación del debido proceso alegado por el accionante–parte demandada en el proceso ejecutivo -, puesto que en el transcurso del proceso ejecutivo éste no hizo uso de los recursos legales previstos y no solicitó la terminación del mismo[5]. En consecuencia, para este caso la Corte consideró que la no terminación del proceso ejecutivo no constituía por si misma una vía de hecho. De tal manera que afirmar que las providencias que no ordenen la terminación de tales procesos son, sin más consideraciones, vías de hecho, no solo es difícilmente armonizable con la jurisprudencia de la Corte sobre las vías de hecho, sino que contradice precedentes específicos en los cuales no se invalidó la providencia de un juez que decidió no dar por terminado un proceso ejecutivo atendiendo a las especificidades del caso[6]. Se dirá que la ley ordenó terminar todos los procesos ejecutivos o que, si bien la ley no lo ordenó, esta es la consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional sobre dicha ley. A mi entender, esa conclusión no es clara, por lo menos no lo suficientemente clara como para decidir que los jueces que tengan una interpretación distinta y por las circunstancias del caso decidan no dar por terminado procesos ejecutivos incurren en una arbitrariedad constitutiva de vías de hecho. 2. La interpretación de la Ley 546 de 1999 y de la sentencia C-955 de 2000 no conduce a una regla absoluta que ordena la terminación de procesos ejecutivos sin condiciones y sin importar la conducta del deudor. Jurisprudencia constitucional. Sentencia C-955 de 2000. 2.1 La interpretación de la Ley 546 de 1999 debe ser sistemática, a la luz de todas las decisiones adoptadas en la sentencia C-955 de 2000. La afirmación según la cual todos los procesos ejecutivos hipotecarios que estuvieren en curso a 31 de diciembre de 1999 se deben dar por terminados automáticamente, sin importar las condiciones de cada proceso ni la conducta del deudor, no resulta compatible con la idea de búsqueda de acuerdos de reestructuración que está desarrollada en la Ley 546, por las siguientes razones: (i) En primer lugar, en el inciso primero del Artículo 42 de la Ley 546 de 1999, se establece que la entidad procederá a “condonar los intereses de mora y reestructurar el crédito si fuere necesario”, de lo cual se desprende que existe una diferencia normativa entre reliquidación de la obligación, como consecuencia de aplicar los abonos previstos en el Artículo 41 de la Ley 546, y reestructuración de la misma. Así, se tiene que como consecuencia de la reliquidación se podrán presentar eventos tales como saldos insolutos a favor del acreedor, sobre los cuales se podrá proceder a una eventual reestructuración del crédito. Conviene mencionar, por tanto, que al ser conceptos diferentes, las consecuencias jurídicas derivadas de la reliquidación y la reestructuración habrán de ser diferentes. (ii) En segundo lugar, en el Parágrafo 3 del Artículo 42 se emplea la expresión condicional “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación para que proceda la terminación del proceso”[7]. Al respecto, debe decirse que una lectura sistemática de la Ley 546 y en particular del Artículo 42 permite concluir que cuando el legislador utilizó en el Artículo 42 el concepto “reliquidación” en el Parágrafo 3 se estaba refiriendo a la reliquidación posterior a un acuerdo de “reestructuración”. Esto por cuanto la reliquidación la debe efectuar el establecimiento de crédito siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo 41, y por tanto en dicho procedimiento no media “acuerdo” entre la entidad financiera y el deudor del crédito hipotecaria. En tanto que la reestructuración supone un expresión de voluntad del deudor, él cual acuerda con la entidad financiera las nuevas condiciones del crédito hipotecario, en aspectos tales como plazo y monto. Así, el deudor puede decidir aceptar o no las condiciones de reestructuración. El Parágrafo 3 se refiere entonces al evento en el cual el deudor “acuerda” con el acreedor las nuevas condiciones del crédito, en cuyo caso habrá lugar a la terminación y archivo del proceso judicial. Por tanto, la norma estableció un claro condicionamiento para la terminación del proceso: que medie acuerdo de reestructuración de la obligación entre deudor y entidad financiera. En consecuencia, las demás hipótesis no contempladas en el Parágrafo 3 no pueden sujetarse a lo previsto en el mismo. (iii) En tercer lugar, el Artículo 43 que regula la excepción de pago, fue interpretado por la Corte en la sentencia C-1140 de 2000[8], en el sentido de que la aplicación de los abonos a las deudas hipotecarias a los que se refiere la Ley 546 de 1999 no eximía al deudor de que contra él se entablaran reclamos judiciales por lo que quedara debiendo. Dijo la Corte en dicha sentencia al admitir que cabía la compensación de deudas entre la entidad financiera y el deudor hipotecario: “Para la Corte el precepto legal en cuestión es exequible, pues no vulnera ningún texto constitucional y, por el contrario, se considera que las medidas establecidas en el artículo 43 tienden a desarrollar eficazmente el derecho consagrado en el artículo 51 de la Carta Política, y a reconocer a la compensación por mutuas deudas el efecto judicial consiguiente. No obstante, con el fin de evitar una situación injusta, se estima pertinente advertir que, desde luego, la excepción que puede oponer una entidad financiera ante demanda del deudor, debe entenderse como de carácter relativo, ya que cobija sólo la parte efectivamente pagada o compensada, y, por tanto, la norma no puede interpretarse en el sentido de que resulten excluidas para el deudor las posibilidades de entablar nuevos reclamos judiciales por lo que todavía considera que se le debe y que ha de ser compensado con lo que él adeuda a la institución financiera”. (Subrayado agregado al texto) 2.2. Jurisprudencia constitucional: la importancia de las especificidades de cada caso de tutela. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional no ha resuelto que en todos los casos el juez civil ha de dar por terminado el proceso. La Corte Constitucional ha procedido a analizar las especificidades de cada caso a fin de decidir si hay lugar o no a la terminación y archivo del proceso judicial como consecuencia de la aplicación del Artículo 42 de la Ley 546. Lo anterior se constata al observar el resumen realizado en la sentencia T-1243 de 2004[9], mediante la cual la Sala Tercera de Revisión declaró improcedente una acción de tutela en la cual el accionante, deudor en el proceso ejecutivo había solicitado al juez civil terminar el proceso de manera extemporánea[10]. La sentencia T-1243 de 2004 se cita en extenso a continuación: “3.1. Aun cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a los derechos de los deudores y de los acreedores de créditos hipotecarios cuyo valor se calculaba bajo la figura del UPAC es abundante, en relación con los dos problemas jurídicos planteados, la Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones cuando se controvierten, alegándose la existencia de vías de hecho, providencias proferidas en procesos ejecutivos adelantados contra deudores hipotecarios que se encontraban en mora a la fecha de expedición de la Ley 546 de 1999. “3.2. Primero, en la sentencia T-606 de 2003[11] la Sala Octava de Revisión resolvió una acción de tutela presentada por el Banco Comercial AV Villas S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el cual había anulado el proceso ejecutivo promovido por la entidad bancaria contra la propietaria de un inmueble sobre el cual se había constituido una hipoteca de primer grado. La Sala Octava partió de la base de que la tutela sí era procedente y analizó lo decidido por el Tribunal de Medellín a la luz de la sentencia C-955 de 2000 así como de las expresiones contenidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 relevantes para decidir la tutela.[12] Para el caso concreto, la Corte concluyó lo siguiente: “Así las cosas, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia deberá se confirmada, en cuanto revocó la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero por las consideraciones expuestas en esta providencia, como quiera que – como se vio- esta Corporación encontró ajustadas a la Carta Política las previsiones de Parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que dispuso la suspensión de los procesos en curso, para que la entidad prestamista procediera a convertir los créditos de vivienda concedidos en UPACS, que el 31 de diciembre de 1999 se encontraban en ejecución, como también la terminación de los asuntos, por ministerio de la ley. “A fin de que los deudores contaran con la posibilidad de reestructurar el crédito, previa la adecuación de los documentos contentivos de la obligación “De manera que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debía revocar la sentencia de primera instancia, como efectivamente lo hizo, pero por las motivaciones que quedaron expuestas.” “3.3. Segundo, en la sentencia T-535 de 2004,[13] la Sala Tercera de Revisión revisó una tutela interpuesta por una deudora hipotecaria contra el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, por considerar que éste había incurrido en una vía de hecho al no dar por terminado el proceso ejecutivo adelantado en su contra. La Corte consideró que la tutela era improcedente para invalidar lo actuado dentro del proceso ejecutivo, porque la accionante y deudora del crédito hipotecario, luego de haber solicitado la reliquidación del crédito, no había hecho uso oportuno de los recursos ordinarios disponibles para la defensa de sus derechos. En efecto, luego de hacer el recuento de las distintas etapas del proceso ejecutivo,[14] la Corte señaló lo siguiente: “De este recuento, se puede concluir: no existe ninguna solicitud de la actora encaminada a que el juez dé por terminado el proceso y la única actividad que ha realizado en el largo proceso ejecutivo, se encuentra en la objeción que presentó en contra del avalúo del inmueble, objeción que fue resuelta desfavorablemente mediante auto de 14 de julio de 2003. Pero antes de esto no se observa otra actuación procesal, no obstante haber sido notificada personalmente del mandamiento de pago, tampoco compareció como parte demandada a la audiencia de conciliación, ni objetó la liquidación del crédito. Sólo faltando 4 días antes de la fecha señalada para la diligencia de remate, la actora presentó esta acción de tutela. “En estas condiciones, para esta Sala de Revisión, no se da la violación al debido proceso por parte de la Juez 16 Civil del Circuito de Bogotá, de la manera como lo presenta la peticionaria, pues si no ha hecho uso de las herramientas que la ley procesal ha puesto a su disposición dentro del proceso, ni ha pedido la terminación del mismo, no puede sostenerse válidamente la violación mencionada. “Otra cosa distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la terminación del mismo, y la decisión del juez, aceptando o no la petición, constituye una vía de hecho, evento en el que si se dan los elementos que conforman la denominada vía de hecho, según la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela puede proceder. Pero este no es el caso.”[15] “3.4. En la sentencia T-701 de 2004[16] la Sala Séptima de Revisión declaró procedente la acción pero, en cuanto al fondo, negó la tutela interpuesta por la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda contra una providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en el proceso de ejecución que la entidad financiera seguía en contra una persona propietaria de un bien inmueble hipotecado.[17] “La Sala Séptima de la Corte Constitucional procedió a resolver los problemas jurídicos expuestos a continuación: “(i) ¿vulneró la decisión de la Sala demandada los derechos fundamentales invocados por la entidad demandante al haber resuelto, en grado jurisdiccional de consulta, declarar la nulidad y la terminación y archivo del proceso de la referencia? (ii)¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia C-955 de 2000?” “La Sala respondió a ambas preguntas de forma negativa y respecto del caso concreto concluyó: “[T]eniendo en cuenta que la interpretación del Tribunal es no sólo razonable, sino que es la que más se adecua a la Carta, es obvio que el demandado no incurrió en una vía de hecho. No se activa, pues, la competencia del Juez Constitucional para modificar la resolución de la justicia ordinaria –en punto del defecto sustantivo alegado-, por cuanto en el trámite del proceso, el juez de conocimiento actuó de manera razonable como garante de los postulados superiores. Es más, por los argumentos señalados en los fundamentos anteriores de esta providencia, la Corte Constitucional que la interpretación adelantada por la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal de Medellín es la hermenéutica correcta y constitucionalmente más adecuada del significado del parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la sentencia C-955 de 2000. En consecuencia, la solicitud de amparo elevada por Conavi, no será concedida.” “3.5. En una reciente decisión, mediante sentencia T- 1207 de 2004[18], la Sala Cuarta resolvió, declarar procedente la acción y “tutelar el derecho al debido proceso” de la entidad financiera CONAVI, quien había interpuesto una acción de tutela contra una providencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en la cual se ordenó la anulación de un proceso ejecutivo iniciado por la entidad bancaria mencionada contra un deudor hipotecario.[19] La Sala Cuarta resaltó que, a pesar de que la deuda hipotecaria había sido inicialmente contraída en UPAC, el proceso ejecutivo había sido iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 546 de 1999, lo cual constituye una especificidad de este caso”. A partir de lo anterior, frente al primer problema jurídico planteado en la sentencia T-1243 de 2004, esto es, la procedibilidad de la acción de tutela, la Corte afirma: “3.6. Del resumen anterior, en punto a la procedibilidad de la acción de tutela, se puede apreciar que: (i) la Corte ha analizado caso por caso si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad; (ii) en algunas sentencias concluyó que sí los cumplía, y en otras que no; (iii) en ninguna de éstas sentencias la Corte ha impartido órdenes con efectos inter pares, inter comunis, u otra modulación de los alcances de sus órdenes, las cuales están contenidas en sentencias que responden a las especificidades de cada caso y que explican cada resultado; (iv) en dos de los casos en que se reunieron los requisitos de procedibilidad de la acción, la Corte decidió confirmar las respectivas sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero por las razones expuestas en cada providencia, las cuales negaron las acciones de tutela. En otra sentencia la Corte concedió la tutela interpuesta por la entidad financiera contra la providencia del juez civil que anuló el proceso ejecutivo”. Del resumen anterior, es pertinente detenerse en lo establecido por la sentencia T-701 de 2004 precitada. En esta providencia, la Corte reconoció que de la Ley 546 de 1999 surgían varias interpretaciones[20], no una sola, respecto de la terminación de los procesos ejecutivos. Al respecto dijo: “[C]orresponde a la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ocasión de la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo seguido contra la ciudadana Molina Sanín a partir del 31 de diciembre de 1999 y ordenar, así mismo, la terminación y archivo del expediente, previo levantamiento de las medidas cautelares, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial, a la defensa y a la tutela efectiva de los derechos del banco CONAVI. En concreto, la Sala responderá las siguientes preguntas: (i) ¿vulneró la decisión de la Sala demandada los derechos fundamentales invocados por la entidad demandante al haber resuelto, en grado jurisdiccional de consulta, declarar la nulidad y la terminación y archivo del proceso de la referencia? (ii) ¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia C-955 de 2000? […] “[…] [L]a controversia esencial en el presente caso gira en torno al alcance del parágrafo 3 de este artículo, pues dos interpretaciones de la norma que define las condiciones de procedencia de terminación y archivo de los procesos en curso a 31 de diciembre de 1999 han sido sustentadas por los diversos operadores jurídicos.” […] “La terminación de los procesos ejecutivos en curso, como consecuencia jurídica adjudicable a ciertos supuestos de hecho, es un punto coincidente en ambas interpretaciones de la norma. Así, los jueces aceptan uniformemente que el proceso ejecutivo debe terminar cuando luego de efectuada la reliquidación del crédito (a) no quedan saldos insolutos a favor de la entidad bancaria, (b) aunque hay saldos insolutos, los mismos son cancelados por el deudor y (c) hay saldos de la deuda, pero los extremos de la obligación acuerdan la reestructuración del crédito. El punto de controversia se circunscribe a aquellos casos en los cuales, luego de efectuada la reliquidación del crédito –ya sea a petición de parte o ya sea de manera oficiosa por el juez- hay saldos insolutos a favor del acreedor y el deudor no acuerda la reestructuración del crédito con la entidad financiera. En ese evento, conforme a la interpretación del actor y de la Sala de Casación Civil, el ejecutivo debe proseguir; por el contrario, según la interpretación de la sentencia impugnada del Tribunal Superior de Medellín, también en este caso, el proceso ejecutivo cesa. “Para una mejor ilustración de la existencia de esta doble hermenéutica, la Sala procederá a exponer las tesis que respaldan cada una de ellas, para luego determinar si la sentencia del Tribunal demandado constituye o no una vía de hecho “Primera interpretación: continuación de los procesos ejecutivos con saldos insolutos no sometidos a reestructuración “[…] Para la Sala de Casación Civil y para el actor de la presente tutela, el efecto jurídico de la no reestructuración de los créditos objeto de procesos ejecutivos debe ser el levantamiento de la suspensión y la continuación del mismo en la etapa en que se encontraba. Fundamentan su posición en los siguientes argumentos: "a) Lo “racional” en casos como el que provocó la demanda de tutela era que, presentada la reliquidación y sometida al trámite pertinente, las consecuencias procesales que de ello se deriven, debían estar en consonancia con la finalidad del proceso ejecutivo (art. 535 C.P.C.), cual es, el pago total de la obligación. "b)La Ley 546 de 1999 dispuso que, si las partes involucradas en el cobro compulsivo llegan a un acuerdo de refinanciación o reestructuración–para el evento en que el alivio fuera menor al monto de la deuda- el proceso se terminaría por tal circunstancia. No es viable, entonces, dar por terminados procesos ejecutivos con título hipotecario con la mera aprobación de la reliquidación de los créditos. "c) Aunque la norma empleó indistintamente los términos “reliquidación” y “reestructuración”, un entendimiento sistemático de la misma permite concluir que, cuando el parágrafo dice “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación”, está haciendo mención no sólo al nuevo monto de la obligación (reliquidación), sino también a las condiciones de pago de la misma (reestructuración). No puede, entonces, derivarse la misma consecuencia jurídica de supuestos de hecho diversos. "d)Si la finalidad del legislador hubiera sido terminar todos los procesos ejecutivos en curso, sin distinción alguna, así lo habría consignado expresamente. Pero no. Su estrategia para hacer frente a la crisis fue aplicar –de conformidad con las reglas por él mismo fijadas- un alivio a todos los créditos de vivienda. Si el abono fue la estrategia para ayudar a los deudores, no se entiende cómo es derivada, sin más, la obligación de dar por terminados procesos ejecutivos con saldos a favor del deudor respecto de los cuales no hubo acuerdo de pago. "e) La tesis de conformidad con la cual todos los procesos ejecutivos terminaron por ministerio de la ley no se sigue ni de la Ley 546 de 1999 ni de la sentencia C-955 de 2000. Por tal razón, la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones judiciales realizadas después del 31 de diciembre de 1999, además de configurar un defecto sustantivo de las providencias, vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las entidades bancarias, las cuales, además, no cuentan con otro medio de defensa ordinario. "f) La frase condicional no declarada inexequible por la sentencia C-955 de 2000: “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación”, implica que, si no hay acuerdo, entonces no habrá lugar a la terminación de los procesos. El acuerdo se refiere a lo que técnicamente es denominado reestructuración. Cuando la norma hace referencia a la reliquidación, no establece condicionamiento alguno, por cuanto la misma opera aún sin el concurso de voluntades de deudor y acreedor. "g) Si la ley hubiese querido dar por terminados todos los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999, así lo habría consignado expresamente. No hay lugar, entonces, a hacer extensivo el efecto de terminación por ministerio de la ley a hipótesis no contempladas por la misma. “Segunda Interpretación: terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999. “[…] Por su parte, el Tribunal demandado y numerosos operadores jurídicos defienden la hipótesis contraria, esto es, que los procesos ejecutivos también terminan en ese caso, lo cual fundamentan en los siguientes argumentos: "a) La sentencia C-955 de 2000 prescribe que los procesos ejecutivos cuya causa fuera un título valor consignado en UPAC, debían terminar a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Los tres meses más otorgados por la ley –hasta marzo 31 de 2000-, era el plazo con que contaban las entidades bancarias y los deudores para reestructurar la forma de pago del saldo insoluto del crédito de vivienda. La única condición que señaló el fallo de control para terminar y archivar los procesos en curso era la reliquidación de los créditos, y aquella, en todo caso, debía realizarse –por petición del interesado o de manera oficiosa por el Juez de conocimiento-. "b) Las decisiones judiciales que establecieron la terminación y archivo de los procesos judiciales en curso a 31 de diciembre de 1999, acogieron la hermenéutica expuesta en la sentencia C-955 de 2000 del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Por tal razón, no se configura en aquellos casos una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra actuaciones judiciales por indebida interpretación normativa. "c) El 31 de diciembre de 1999, los procesos ejecutivos en los que una entidad financiera cobraba un crédito concedido en UPAC para adquirir vivienda, se suspendieron a efectos de permitir la reliquidación del crédito, de oficio o a petición del deudor. Una vez efectuada la reliquidación del crédito, el proceso finalizó y la actuación fue archivada. "d)El parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 no estableció una modalidad de terminación por pago total de la obligación, sino la finalización de los procesos ejecutivos en curso por ministerio de la ley, sin consideración al estado del mismo, ni la cuantía del abono especial, como tampoco las “gestiones” del deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito. Señaló la sentencia de control: “(…) la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma que, en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento del orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principio de prevalencia del derecho sustancial (art. 288C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)”[21] "e) La conversión de los créditos al sistema UVR, significa que, en adelante, se adeuda el capital correspondiente y se entiende saneada la mora anterior a ello. Cuando se acelera el plazo (cláusula aceleratoria) la mora se cuenta desde que se toma esa decisión. A 31 de diciembre de 1999, se adeudaba tan sólo un capital concebido en UVR. Se sigue de lo anterior, que los procesos judiciales iniciados con ocasión de la mora en que incurrieron los deudores, terminan necesariamente. Si la causa para acelerar el plazo era la mora, desaparecida ésta, desaparece el pleito que la apoyaba. "f) Y tal y como lo destacó la sentencia T-606 de 2003 de esta Corte, la ley 546 de 1999 fue una normatividad expedida con el objeto de solucionar una crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos ejecutivos en curso (i) dado que las obligaciones superaron el monto e pago de los deudores, y en muchos casos el valor de las viviendas (ii) en razón de que los deudores fueron compelidos a trasladar a las entidades prestamistas sumas superiores a lo realmente adeudado; (iii) toda vez que los deudores no conocían el mondo de sus obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como también solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales condiciones de pago. “Razonabilidad y adecuación constitucional de la interpretación de la sentencia atacada. “[…] El defecto sustantivo de las providencias judiciales –como causal de procedibilidad de la acción de tutela- se configura cuando el operador jurídico aplica de manera arbitraria e infundada una norma, y de tal aplicación, se sigue la vulneración de derechos fundamentales, no subsanable con los medios de defensa ordinarios. De conformidad con la exposición hecha en párrafos anteriores, la interpretación del Tribunal demandado no puede calificarse como caprichosa o injustificada, en tanto expone como base de su decisión argumentos admisibles, de conformidad con la normatividad y la jurisprudencia vigentes. Ese sólo hecho ya es suficiente para negar el amparo solicitado, pues la interpretación del Tribunal es razonable.” En concordancia con la jurisprudencia precitada, considero que no es irrazonable una interpretación del parágrafo 3º del Artículo 42 de la Ley 546 de 1999, según la cual, en algunos casos específicos, el proceso ejecutivo en contra del deudor hipotecario que se encuentra en mora, pueden proseguir, aún después de reliquidado el crédito. La misma jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los argumentos para apoyar la tesis según la cual el parágrafo 3º no ordena de manera incondicional y automática la terminación de todos los procesos ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, no son irrazonables. Según dicha jurisprudencia, la vía de hecho se configura en el momento que el operador jurídico aplica una norma de manera “arbitraria e infundada”. A la vez, menciona argumentos a partir de los cuales el parágrafo 3º puede ser interpretado en varios sentidos. Ello significa que existe un fundamento razonable para concluir que la Ley no ordena la terminación automática e incondicionada de los procesos ejecutivos hipotecarios en todos los casos. Al menos algunos de dichos argumentos son no solo plausibles sino convincentes. Dentro de estos se encuentra el de que el legislador, al expedir la Ley 546 precitada, no ordenó de manera exp...