Sentencia T-242 de 2013

T-242-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-242/13 ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia excepcional La Corte Constitucional se ha ocupado en varias ocasiones del estudio de la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho al agua, teniendo en cuenta que tiene una doble naturaleza, de derecho fundamental y al mismo tiempo colectivo, dependiendo del uso que se haga del mismo. Así pues, cuando se verifica que el amparo solicitado está encaminado a proteger el derecho al agua en su faceta de fundamental, la acción de tutela puede ser el mecanismo procedente para el efecto, de lo contrario, se debe acudir a la acción popular que fue consagrada en la ley 472 de 1998, para la protección de los derechos colectivos. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA TUTELA DEL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO AL AGUA-Límites DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido y normatividad El estudio del derecho fundamental al agua debe hacerse a la luz de lo preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico, los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, en conjunto con las garantías contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como las interpretaciones y recomendaciones que de éste realiza el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que están encaminadas a lograr que todas las personas y en especial aquellos sujetos que han sido tradicionalmente excluidos tales como las mujeres, los ancianos, los niños, las personas con discapacidades físicas o mentales entre otros, gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además se prevengan problemas de salud y en general sanitarios. DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de agua/DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección internacional EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Suspensión del servicio por mora en el pago de dos facturas sucesivas, siempre y cuando no vulneren el debido proceso La suspensión de los servicios públicos domiciliarios es un deber y un derecho de las empresas prestadoras, el cual deben efectuar cuando pasados dos periodos sucesivos de facturación el usuario no realice el pago correspondiente; no obstante, esto no podrá tener lugar si (i) se violan las garantías al debido proceso; (ii) aún cuando se respete el debido proceso pero se desconozcan derechos constitucionales de sujetos que merecen una especial protección constitucional, se impida el funcionamiento de hospitales u otros establecimientos igualmente protegidos o se afecten gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Condiciones para que no se puedan suspender los servicios públicos en viviendas de sujetos de especial protección constitucional ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE ACUEDUCTO-Casos en que se suspendió prestación del servicio de agua potable por incumplimiento de pago de las facturas en viviendas donde habitan sujetos de especial protección EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-En caso de incumplimiento en el pago del servicio de agua, deben elaborar acuerdos de pago, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden al Acueducto para que reconecte el servicio de agua donde residen sujetos de especial protección constitucional y garantice el suministro diario por lo menos de 50 litros de agua potable por persona DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden al Acueducto garantice suministro por lo menor de 50 litros de agua potable donde reside menor de edad, y se advierte a la accionante para no incurrir nuevamente en reconexión fraudulenta que afectó derechos de terceros Referencia: Expedientes T- 3.718.557 y T-3.723.692 Acciones de tutela instauradas por María del Carmen Mejía Landinez, contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. y, Tulia Londoño Holguín contra Empresas Públicas de Medellín. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se surte el trámite de revisión de los expedientes relacionados en el asunto de la referencia. Expediente Fallos de tutela T-3.718.557 Primera Instancia: sentencia emitida el 1º de agosto de 2012 por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bucaramanga. Segunda instancia: sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bucaramanga, el 5 de septiembre de 2012. T-3.723.692 Sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Once Civil Municipal de Medellín el 5 de octubre de 2012. I. ANTECEDENTES Acumulación de procesos La Sala de Selección de Tutelas Número Doce, mediante auto del 7 de diciembre de 2012, escogió para su revisión y acumuló entre sí los expedientes T-3.718.557 y T-3.723.692 para que fuesen fallados en una sola sentencia, tras considerar que presentan unidad de materia. 1. Expediente T-3.718.557 1.1 Hechos y demanda de tutela El 13 de julio de 2012, la señora María del Carmen Mejia Landinez interpuso acción de tutela contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. porque consideró que le estaba vulnerando sus derechos a la salud a la vida digna, y a recibir la prestación del servicio público de agua potable, de acuerdo con los siguientes hechos: 1.1.1 Manifestó que vive en la Urbanización Villa Rosa del Municipio de Bucaramanga, padece de diabetes y es insulinodependiente razón por la cual se encuentra incapacitada para laborar desde hace 5 años. Dicha enfermedad le causó una úlcera crónica en una de sus piernas que se “sobre-infectó” y por lo tanto fue necesario que le hicieran un injerto que no fue del todo exitoso; en consecuencia, tiene dificultad para caminar, y para asistir a los controles y tratamientos que le son programados. 1.1.2 Ante la falta de ingresos económicos, empezó a atrasarse en el pago de las facturas del servicio de agua, hasta el punto en que actualmente tiene una deuda con la entidad demandada que asciende a $4’364.585. En septiembre de 2010 realizó una financiación de la misma, pero las cuotas fueron demasiado altas y no las pudo cumplir. 1.1.3 Por otra parte, informó que vive con su hijo de 37 años de edad, quien trabaja como auxiliar de obra y gana un salario mínimo legal al mes, del cual $200.000 corresponden a la cuota alimentaria de sus menores hijos. 1.1.4 Relató que el 10 de julio de 2012, la empresa demandada le suspendió por completo el suministro del servicio de agua a su inmueble, lo cual le causa graves perjuicios porque en razón a su enfermedad debe realizarse baños en las piernas permanentemente y mantener una asepsia e higiene total en su casa para evitar que su herida se le vuelva a infectar. Para poder satisfacer sus necesidades principales, optó por comprar bolsas de agua para hacer la comida pero asegura que su economía pronto no podrá sufragar más ese costo, y que, la cantidad de líquido que alcanza a conseguir por ese medio no es suficiente para mantener una higiene adecuada en su hogar. 1.1.5 Afirmó que se ha dirigido varias veces a la empresa demandada para que le acepten una nueva financiación que tenga en cuenta sus especiales condiciones, pero le han respondido que esto no es posible porque ya incumplió con el primer acuerdo que hizo, también dijo que se percató de que se han hecho mediciones incorrectas de su consumo de agua y esto ha generado sobre costos en su deuda. 1.1.6 Por otra parte, mencionó que anteriormente habían intentado suspenderle el servicio pero ella hablaba con los funcionarios y les explicaba y demostraba su condición de vulnerabilidad ante lo que desistían de realizar la diligencia. Sin embargo, el 10 de julio de 2012 tuvo que ausentarse de su hogar y cuando regresó el servicio ya no estaba funcionando, agregó que el trabajo quedó mal hecho y ahora el agua se derrama dentro de la cajilla y el medidor está suelto, situación que ya puso en conocimiento de la entidad demandada. 1.1.7 Finalmente, manifestó que podría costear cuotas mensuales de $20.000 o $30.000 pero que le es imposible pagar de contado $1’762.278 tal como se lo propuso la empresa. Solicitó entonces que sean amparados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y al agua potable y, en consecuencia se ordene a la empresa demandada no suspender por completo el servicio y realizar un acuerdo de pago de conformidad con su capacidad económica, teniendo en cuenta que es una persona que está próxima a la tercera edad, enferma y que necesita el líquido para sobrevivir. 1.2. Intervención de la parte demandada Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. La apoderada del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga[1] solicitó que fuera negado el amparo pedido por la actora, toda vez que a su juicio la entidad a la que representa no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados. Informó que en efecto la actora tiene una deuda con el Acueducto de Bucaramanga por la suma de $4’459.759 y que el 11 de julio de 2012 se procedió a realizar la suspensión del servicio con fundamento en los artículos 140 y 141 de la ley 142 de 1994. Así mismo, afirmó que el 2 de septiembre de 2010 la señora Mejía realizó una financiación de la deuda que tenía hasta esa fecha, y suscribió un acuerdo de pago a 60 cuotas de las cuales solo canceló 5, por lo que a su juicio no demostró voluntad de pago. Sin embargo, manifestó que la empresa está dispuesta a colaborar con la accionante y ofreció la siguiente alternativa de financiación: Deuda factura: $2’407.070 Deuda financiación realizada en 2010: $2’049.956 Descuento 100% intereses por mora: $100.162 Valor a financiar: $4’356.864 Cuota inicial del 10%: $435.686 60 cuotas mensuales de: $75.807 + consumo mensual Finalmente manifestó que la actora ha realizado reconexiones ilegales y que, el 18 de julio de 2012 le efectuó una visita técnica para verificar los daños que denunció y, encontró que se trata de un deterioro interno que debe ser reparado por ella misma (art. 135 de la ley 142 de 1994). 1.3. Pruebas relevantes aportadas al proceso 1.3.1 Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María del Carmen Mejía Landínez, en la que consta que nació el 5 de abril de 1954, es decir que actualmente tiene 59 años de edad. (Folio 6, cuaderno principal). 1.3.2 Copia de la hoja de evolución y órdenes médicas del Hospital Universitario de Santander, en la que consta que la actora padece de diabetes y que tiene una “ulcera crónica sobreinfectada con pseudomono aerogunoso multiresistente en tratamiento completo con imipenem, con injerto de piel viable sin signos de infección ni SIRS, con control metabólico adecuado con Insulina NPM, acetaminofem, cita control por medicina Interna y curaciones interdiarias en centro de salud con fitostimoline.” (Folio 6, cuaderno principal). 1.3.3 Copia del requerimiento de pago por cobro prejurídico enviado a la accionante por parte del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga el 26 de abril de 2012, en el que se estableció que debía pagar un total de $2’023.780, siendo el valor mínimo a cancelar $1’.762.278, so pena de remitir el caso para cobro judicial. (Folio 7, cuaderno principal). 1.4 Sentencias objeto de revisión 1.4.1 Sentencia de primera instancia El 1° de agosto de 2012, el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de Control de Garantías de Bucaramanga, profirió el fallo de primera instancia en el que resolvió negar el amparo solicitado por la actora. Lo anterior con base en que a su juicio el AMB estaba habilitado para suspender el servicio de agua en el inmueble de la accionante, “ante el incumplimiento del pago en las condiciones establecidas por la ley” adicionalmente, expuso que de conformidad con el precedente trazado en la sentencia T-717 de 2010 de la Corte Constitucional, “las Empresas responsables de la Prestación de Servicios Públicos tienen el derecho y el deber de suspender el servicio de agua ante la no cancelación de las obligaciones facturadas, en virtud de la Ley 142 de 1994, porque de esto depende el alcanzar tres objetivos constitucionales: (i) Asegurar la prestación de este servicio público a los demás usuarios; (ii) Materializar el deber de solidaridad; y (iii) Prevenir que los propietarios no usuarios de los bienes sufran los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios o tenedores.” Así las cosas, concluyó que la entidad demandada no vulneró los derechos fundamentales de la actora. 1.4.2 Impugnación La accionante impugnó el fallo del juez de primera instancia, y expuso que no es cierto que se haya reconectado ilegalmente al servicio pues no existe prueba de ello toda vez que hasta el mes de julio de 2012 jamás se lo habían suspendido porque ella lo impedía al demostrar su estado de vulnerabilidad. También reiteró que no está conforme con la facturación que está efectuando la empresa pues considera que se están cobrando consumos que no corresponden a la realidad. Finamente, recordó que por su enfermedad debe mantener una higiene y asepsia constantes en su hogar, pues de lo contrario la herida que tiene en la pierna puede empeorar, afectando su derecho a la salud y a una vida en condiciones dignas. Bajo estas consideraciones, solicitó que fuese revocada la sentencia de primera instancia y se concediera el amparo a sus derechos fundamentales. 1.4.3 Sentencia de segunda instancia El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bucaramanga, dictó sentencia el 5 de septiembre de 2012 y resolvió confirmar el fallo de primera instancia. Fundamentó su decisión principalmente en la sentencia T-752 de 2011, en la que la Corte señaló que las personas deben probar e informar sobre su estado de vulnerabilidad a la empresa que presta el servicio, consideró que en este caso si bien la actora “se declara persona de especial protección, para tal situación debe cumplir con 2 cargas: INFORMAR Y PROBAR que requiere protección especial y que la suspensión del servicio apareje el desconocimiento de derechos constitucionales de ese sujeto y que el incumplimiento de las obligaciones facturadas sean por razones involuntarias, insuperables e incontrolables. (…) En caso concreto la condición de sujeto de protección especial NO se ha probado, situación necesaria para la aplicación de lo dispuesto en la sentencia T-752 de 2001, [sic] cual no es posible considerarla como tal, llegando a solicitar que se declare improcedente la Acción de Tutela.” 2. Expediente T-3.469.991 2.1 Hechos y demanda de tutela El 24 de septiembre de 2012, la ciudadana Tulia Londoño Holguín interpuso acción de tutela contra Empresas Públicas de Medellín, porque considera que están siendo vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital de agua, el derecho a la salud, y los derechos de los niños de conformidad con los siguientes hechos: 2.1.1 La accionante manifestó que es una persona de la tercera edad, actualmente cuenta con 73 años de edad y vive con una hija que no puede trabajar debido a problemas siquiátricos y su nieta. Aseguró que se sostienen a diario de la caridad de sus vecinos. 2.1.2 Aseguró que hace aproximadamente 6 años le suspendieron el servicio público de agua por falta de pago, y que la deuda que tiene con la empresa demandada supera su capacidad económica. Dijo que sus necesidades y gastos de sobrevivencia son mayores a los pocos ingresos que logra obtener de la caridad de sus vecinos, no recibe ningún subsidio del gobierno y por lo tanto, no ha podido cancelar los $460.000 que debe. 2.1.3 Con base en lo anterior, le solicitó al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al agua potable y a la salud y, en consecuencia ordene a Empresas Públicas de Medellín que reconecte el servicio de acueducto a su hogar, ubicado en la Calle 81 A Carrera 87-37 del municipio de Medellín. 2.2 Intervención de las partes demandadas 2.2.1 Empresas Públicas de Medellín Mediante apoderada especial, Empresas Públicas de Medellín[2] dio respuesta a la acción de tutela y solicitó denegar el amparo. En primer lugar, informó que el 5 de marzo de 2012 la hija de la aquí tutelante Martha Isabel Londoño también interpuso una acción de tutela en la que manifestó vivir con su madre y su hija, y solicitó que se amparara su derecho a la vida digna y al agua pues el mismo había sido suspendido por la falta de pago. En dicha oportunidad el Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Garantías de Medellín mediante sentencia del 20 de marzo de 2012 negó la acción de tutela radicada bajo el No. 201200035. En cuanto a la suspensión del servicio, afirmó que dejó de prestarse desde el 2008, en virtud de la facultad-deber consagrada en la ley 142 de 1994, sin que su actuar pueda ser considerado arbitrario. También dijo que no encontró en el sistema que la tutelante o en general cualquier persona –relacionada con el inmueble en el que habita la actora-, se hubiese acercado a EPM para solicitar una financiación de la deuda, sin embargo, existe registro de que se ha reconectado ilegalmente al servicio múltiples veces, ocasionando perjuicios a sus vecinos, quienes se han quejado vía telefónica de su actitud pues aseguran que disminuye la presión del líquido que llega a sus hogares y en otros casos produce filtraciones en las viviendas aledañas. A raíz de estas denuncias, la empresa realizó una visita al inmueble el 29 de febrero de 2012 y “taponó la acometida desde el tubo madre porque encontró fraude en la instalación y desperdicio del líquido, además que causó con la reconexión un perjuicio a sus vecinos…” Finalmente, dijo que como alternativa para que la accionante pueda tener de nuevo el servicio de acueducto, puede acercarse a solicitar la financiación en Intercobros teniendo en cuenta que en ella se atienden todos los clientes que se encuentran en cobro jurídico. 2.2.2 Municipio de Medellín Una vez fue vinculado al trámite de la acción de tutela[3], el Municipio de Medellín dio respuesta a la demanda, en la cual manifestó que no le asiste ningún tipo de responsabilidad en los hechos que la sustentan, toda vez que la entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios en Medellín es precisamente EPM, empresa ésta que cuenta con estatutos propios, lo que indica que el Municipio es ajeno a las decisiones que dicha entidad tome en cuanto a la suspensión de la prestación de los servicios públicos por falta de pago. No obstante lo anterior, manifestó que “al Municipio de Medellín le caben ciertas responsabilidades y competencias de rango constitucional y legal, que propenden por el bienestar social y una mejor calidad de vida de los habitantes, pues tal como lo indica el artículo 367 de la Constitución, los servicios públicos deben atender, entre otros, a los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos, e igualmente, el artículo 368 ibídem, faculta a los municipios a otorgar los subsidios que tienen como finalidad garantizar el acceso de las personas de escasos recursos a los servicios públicos básicos…”. En este orden de ideas, hizo un recuento de todos los acuerdos municipales en los que se dictan normas para el otorgamiento de subsidios en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Medellín. Así mismo explicó en qué consiste el programa mínimo vital de agua potable, el cual busca garantizar 2.5 metros cúbicos por persona al mes de forma gratuita, informó que para ser beneficiario del mismo se deben cumplir ciertos requisitos, que le permiten al Municipio focalizar la ayuda otorgada, los cuales son: (i) estar inscrito en el programa Medellín Solidaria, (ii) que se trate de hogares que tienen el suministro de agua potable por red de alcantarillado y saneamiento básico legal, (iii) estar al día con el pago de las facturas de acueducto y alcantarillado y, (iv) estar clasificados en el Sisbén versión 3 con puntaje igual o inferior a 47,99 puntos, o como población en situación de desplazamiento, debidamente registrados en el RUPD. Finalmente, mencionó que la accionante no se encuentra inscrita en el programa Medellín Solidaria y por lo tanto no puede acceder al plan del mínimo vital de agua, pues no ha realizado gestión alguna para pertenecer al mismo. 2.3 Pruebas relevantes aportadas al proceso 2.3.1 Copia de la factura del servicio de acueducto, del mes de agosto de 2012, en la que se evidencia que el valor a pagar era de $452.332 por el consumo del mes y las cuentas vencidas. En esta se advirtió que tiene 4 cuentas pendientes por pagar, de manera que con 2 cuentas adicionales no pagadas, “perdería definitivamente el derecho al servicio, ocasionando el corte definitivo”. Negrita dentro del texto. (Folio 5, cuaderno principal). 2.3.2 Copia de la cédula de ciudadanía de la actora, en la que consta que nació el 9 de marzo de 1941, es decir que actualmente tiene 73 años de edad. (Folio 6, cuaderno principal). 2.3.3 Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 20 de marzo de 2012, dentro del proceso de acción de tutela instaurada por la señora Martha Isabel Londoño contra Empresas Públicas de Medellín, en el que pidió que se ampararan sus derechos fundamentales al agua potable , a la salud y la vida, y en consecuencia se ordenara reconectar el servicio de acueducto en su vivienda, ubicada en la Calle 81 A Carrera 87-37 del Municipio de Medellín. En ésta, luego de realizar un recuento sobre los pronunciamientos de la Corte Constitucional en torno al derecho al agua potable, el Juez de instancia concluyó que, en ese caso la entidad demandada EPM había vulnerado los derechos fundamentales de la actora y su núcleo familiar compuesto por su menor hija y su madre, pues se encontraban en un estado precario por lo que no podían asumir la deuda. Sin embargo, no concedió el amparo puesto que se probó que la actora se había reconectado de forma ilegal varias veces y que esto incluso estaba perjudicando a sus vecinos. Afirmó: “Éste despacho, mal haría con respaldar un hecho fraudulento, a pesar de entender el desespero inicial que tenía ésta familia al verse sin el servicio, pero advierte que ni las condiciones de pobreza, ni la debilidad manifiesta facultan a las personas para acudir a una vía de hecho, pues es menester la observancia de las normas legales, a fin de lograr una convivencia pacífica y de preservar el orden.” (Folios 40 a 52, cuaderno principal). 2.4 Sentencia que se revisa El Juzgado Once Civil Municipal de Medellín, profirió sentencia de única instancia el 5 de octubre de 2012, mediante la que denegó el amparo solicitado por la señora Tulia Londoño Holguín de sus derechos a la vida en condiciones dignas, a la salud y al agua potable. Su decisión se fundamentó en que la actora cuenta con otros mecanismos administrativos para obtener la reconexión del servicio de agua, así mismo que no encontró probada la ocurrencia de un perjuicio irremediable porque la señora Londoño se ha reconectado fraudulentamente numerosas veces de manera que ha contado con el líquido. Finalmente, sostuvo que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que la suspensión del servició tuvo lugar en el 2008 y solo 6 años después acudió a la acción de tutela para la protección de sus derechos. 2.5 Trámite surtido en sede de revisión Mediante auto del 27 de febrero de 2013, esta Corporación le solicitó a la señora Tulia Londoño Holguín, que informara bajo la gravedad del juramento lo siguiente: a) Cuántas personas componen su núcleo familiar, sus edades y oficios. Así mismo, indique si alguno de los integrantes de su núcleo familiar desempeña labores de las cuales deriven su sustento diario. En caso afirmativo señale qué función ejerce y el monto de la remuneración otorgada por dicha labor. En caso negativo, determine la razón por la cual no se encuentran trabajando. Así mismo, informe el estado de salud de las mismas, para lo cual puede adjuntar las pruebas que considere pertinente. b) Informe si actualmente se encuentra recibiendo el servicio público de acueducto, de lo contrario, manifieste de qué fuente obtiene el agua necesaria para la subsistencia suya y de su familia. c) Exponga cualquier información adicional que considere relevante para la definición del asunto de la referencia. Así mismo, se comisionó al juez Once Civil Municipal de Medellín -primera instancia en el presente proceso de tutela- para que practicara una inspección en la vivienda en la cual habita la señora Tulia Londoño Holguín con el objetivo de que: a. Verifique las condiciones sanitarias actuales del lugar, específicamente, identifique si el predio recibe el servicio de agua potable. b. Si la respuesta al anterior literal es negativa, constate de qué lugar obtienen el líquido necesario para sus necesidades básicas, en caso de que éste sea almacenado, identifique qué tipo de envase se utiliza para el efecto (aljibes, baldes, hoyas, otros), en qué estado se encuentran los recipientes y el agua en ellos almacenada. c. Cuántas personas viven en el lugar, tenga en cuenta la presencia de sujetos de especial protección constitucional (niños, adultos mayores, personas enfermas, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, entre otros) y establezca de ser posible, el estado de salud mental y física de los mismos. d. Indague, cuál es el promedio de ingresos y egresos de la familia que habita allí y, en segundo lugar, si la salud de alguno de ellos se ha visto afectada después de la suspensión del servicio de agua. Este mismo cuestionario le fue remitido a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Finalmente se pidió al representante legal de Empresas Públicas de Medellín S.A. o a quien haga sus veces, que informara si se ha realizado algún seguimiento a las quejas presentadas por los vecinos de la accionante. También se le ofició a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín con el fin de que indicara, si la señora Tulia Londoño Holguín, cuenta con alguna propiedad a su nombre. La Sala hará alusión a las respuestas obtenidas, en el desarrollo del análisis del caso en concreto. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Esta Sala es competente para revisar la presente decisión de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes. 2. Planteamiento del problema jurídico En esta oportunidad son dos los problemas jurídicos que deben ser resueltos por la Sala: En primer lugar, le corresponde estudiar si el AMB vulneró los derechos fundamentales al agua, la salud y la vida en condiciones dignas de la señora María del Carmen Mejía Landinez, al suspender el suministro de agua por mora en el pago de las facturas, sin tener en cuenta el estado de salud de la actora, quien padece de diabetes y vive de la ayuda económica que le presta su hijo. En segundo lugar, deberá analizar si EPM vulneró los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y al agua potable de la señora Tulia Londoño Holguín que actualmente cuenta con 73 años de edad, por suspender el suministro de agua potable ante la ausencia del pago de facturas, teniendo en cuenta que ésta se reconectó ilegalmente al servicio en varias ocasiones afectando así derechos de terceras personas. Para dar solución a los cuestionamientos planteados, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional sobre (i) la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua, (ii) el contenido del derecho fundamental al agua y la normatividad sobre la materia y, (iii) la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, en los casos de mora en el pago de dos facturas sucesivas. Finalmente, (vi) analizará cada caso en concreto. Procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua. Reiteración de jurisprudencia.[4] 1. La Corte Constitucional se ha ocupado en varias ocasiones del estudio de la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho al agua, teniendo en cuenta que tiene una doble naturaleza, de derecho fundamental y al mismo tiempo colectivo, dependiendo del uso que se haga del mismo. Así pues, cuando se verifica que el amparo solicitado está encaminado a proteger el derecho al agua en su faceta de fundamental, la acción de tutela puede ser el mecanismo procedente para el efecto, de lo contrario, se debe acudir a la acción popular que fue consagrada en la ley 472 de 1998, para la protección de los derechos colectivos. 2. En Colombia, existen varias categorías jurídicas en las que se ha enmarcado el agua, por ejemplo en el artículo 79 de la Constitución Política se estableció que hace parte del derecho a un ambiente sano y por lo tanto se le atribuyó la naturaleza de un derecho colectivo; así mismo, en el artículo 366 ibídem se encuentra consagrado como un servicio público cuya prestación está a cargo del Estado. Paralelamente, desde su primera jurisprudencia, la Corte Constitucional sostuvo que el agua es un derecho fundamental si la misma está destinada al consumo humano. Así fue instituido en la sentencia T-578 de 1992[5] en la que se afirmó: “En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art.11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental”. 3. Esta posición ha sido reiterada en múltiples providencias[6] por este Tribunal, en las que ha dicho que el agua que utilizan las personas diariamente es imprescindible para garantizar la vida misma y la dignidad humana, entendida esta como la posibilidad de gozar de condiciones materiales de existencia que le permitan a las personas desarrollar un papel activo en la sociedad[7]. Así mismo, el agua es un presupuesto esencial para garantizar el derecho a la salud[8], así como del derecho a una alimentación sana entre muchos otros, de manera que, cuando se encuentra identificado el derecho individual y fundamental al agua la acción de tutela resulta procedente para su salvaguarda. 4. Sobre el particular se pronunció recientemente esta Corte en la sentencia C-220 de 2011[9], en donde al analizar la constitucionalidad de los apartes demandados de la Ley 99 de 1993, reiteró la naturaleza jurídica fundamental del derecho al agua potable, y estudió la faceta tanto subjetiva como objetiva del mismo: “Como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencia amplia de protección por medio de la acción de tutela. La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello la jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho individual y colectivo. El derecho al agua es un derecho colectivo, por ejemplo, respecto de la obligación de protección y conservación de las fuentes hídricas para las generaciones futuras. Estas obligaciones serán, en consecuencia, reclamables por medio de acciones judiciales como las acciones populares. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales hace referencia a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. En efecto, los derechos fundamentales constituyen un sistema de valores positivizado por la Constitución que guía las decisiones de todas las autoridades, incluido el Legislador. Dada esta doble dimensión de los derechos, la Corte ha reconocido que su realización depende tanto de la actividad judicial, como de la existencia de leyes, normas administrativas y, en general, de políticas públicas que desarrollen sus contenidos y prevean mecanismos de seguimiento y vigilancia de la realización de los derechos.” 5. Visto lo anterior, es necesario recordar que este alto Tribunal ha establecido como regla general de improcedencia para la acción de tutela, la existencia de otro medio o recurso judicial de defensa excepto cuando éste no es eficaz e idóneo, o cuando la tutela se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora bien, aplicando dicha regla a los asuntos en los que se solicita la protección del derecho al agua, la Corte ha señalado que es importante estudiar las particularidades de cada caso en concreto, con el fin de determinar si una falla en la prestación del servicio de agua potable (que puede activar otros mecanismos judiciales), incide directamente en una vulneración del derecho fundamental individual al agua. Así, una vez se han analizado los hechos y el contexto de cada petición, puede ser la acción de tutela el instrumento más idóneo y eficaz para poner fin a la violación o amenaza del derecho en comento. 6. Cabe aclarar que la acción de tutela es procedente aún bajo la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, ya sea por la complejidad material o jurídica del caso, o porque no se trata del derecho al agua en su carácter de fundamental, cuando es evidente la posible consumación de un perjuicio irremediable[10] en cabeza del actor. 7. Adicionalmente, debe señalarse que dada la complejidad del tema y, teniendo en cuenta que el derecho fundamental al agua no es un derecho absoluto, éste puede estar restringido por ciertas condiciones específicas y razonables, pues son muchas las hipótesis que se pueden presentar ante el juez de tutela en los casos en donde se pretende el amparo del derecho fundamental al agua. Atendiendo a estas consideraciones, en la sentencia T-418 de 2010[11] se realizó un listado de los límites trazados por la jurisprudencia de la Corte a la tutela del goce efectivo de este derecho: “3.6.10.2. La jurisprudencia constitucional también ha fijado un límite a la posibilidad de exigir mediante acción de tutela la protección del derecho al agua: (i) cuando la entidad encargada de prestar el servicio adopta la decisión de suspender el servicio de agua, dentro de las reglas establecidas y con el respeto debido a los derechos fundamentales de la persona y en especial a su mínimo vital,[12] pues en tal caso no viola un derecho sino que cumple un deber;[13] (ii) cuando el riesgo de las obras pendientes, inconclusas o deterioradas constituyen una amenaza que no representa un riesgo real para los derechos fundamentales de las personas;[14] (iii) cuando se pretenda reclamaciones de carácter puramente económico, que pueden ser reclamadas por otros medios de defensa judicial, y no impliquen la afectación de derechos fundamentales;[15] (iv) cuando no se constata que la calidad del agua a la que se accede no es adecuada para el consumo humano;[16] (v) cuando una persona está disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo, pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela.[17] En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento constitucional de la tutela.[18] (vi) cuando una persona pretende acceder por sus propios medios al agua disponible, pero de una forma irregular, desconociendo los procedimientos y afectando el acceso de las demás personas de la comunidad que dependen de la misma fuente de agua.[19] (vii) cuando la afectación a la salubridad pública, como obstrucción a tuberías de alcantarillado, no afecta el mínimo vital en dignidad de las personas; en tal caso, se trata de una afectación que puede ser reclamada judicialmente, pero que no es objeto de acción de tutela.[20] ” 8. En suma, una vez verificados los presupuestos de procedencia formal de la acción de tutela para la protección del derecho al agua, al estudiar el fondo del asunto deben observarse cuidadosamente los límites que se acaban de señalar, pues no “todos los ámbitos del derecho constitucional al agua, [son] objeto de protección mediante acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.”[21] Contenido del derecho fundamental al agua y normatividad sobre la materia 9. Tal como se señaló previamente, el derecho al agua es un presupuesto fundamental de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud entendido como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”[22], el derecho a la educación, puesto que para que un plantel educativo entre en funcionamiento como mínimo debe contar con los servicios de acueducto y electricidad; así mismo, hace parte del derecho a un ambiente sano[23], y de los derechos a la protección de la diversidad étnica y cultural[24], teniendo en cuenta que algunas comunidades indígenas y afrocolombianas tienen especiales vínculos con la naturaleza[25]. En virtud de lo anterior, esta Corte ha protegido el derecho al agua en su carácter fundamental, de acuerdo con las garantías mínimas de disponibilidad, accesibilidad, calidad y no discriminación en la distribución. (i) Disponibilidad. 10. El aspecto de la disponibilidad ha sido tutelado en varias ocasiones por la Corte, por ejemplo, en la sentencia T-616 de 2010[26], se estudió un caso en el que el accionante interpuso acción de tutela en razón a que el inmueble en el que habitaba junto con su familia no tenía acceso al servicio de agua potable, porque la entidad demandada (Empresas Públicas de Medellín – EPM), se negó a realizar la conexión del mismo argumentando que en la vivienda del actor no se encontraban instaladas las redes locales de acueducto y alcantarillado; en consecuencia, el peticionario obtenía el líquido vital de una tubería instalada por él mismo conectada a la llave de agua de la casa contigua. La Corte consideró que la forma en que el peticionario se procuraba el agua para satisfacer sus necesidades básicas, no aseguraba los niveles mínimos de disponibilidad del líquido a su hogar[27] y, en esta medida el amparo fue concedido; se ordenó a EPM que, conectara el inmueble en que residía el accionante al servicio público domiciliario de acueducto. Frente a este aspecto, también ha dicho que existen circunstancias especiales en las que pese al incumplimiento en el pago de los servicios públicos, no se puede efectuar la suspensión del mismo por cuanto no se garantizaría la disponibilidad del derecho al agua, esto tiene lugar en los casos en los que “los efectos de la suspensión se concretan en un desconocimiento desproporcionado a los derechos constitucionales de sujetos o establecimientos especialmente protegidos o en una grave afectación en las condiciones de vida de una comunidad”[28]. Así pues, la Corte Constitucional ordenó la reconexión del servicio a una madre cabeza de familia, que tenía a su cargo 8 hijos, 5 de los cuales eran menores de edad quien no había cancelado oportunamente una serie de facturas[29]. En esta ocasión, se dijo que no resultaba constitucionalmente admisible ignorar que con la falta de agua potable se afectaban gravemente las condiciones de vida de nueve personas, entre las cuales se encontraban varios menores de edad que por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, deben recibir una especial protección constitucional.[30] (ii) Accesibilidad. 11. Esta Corte ha sostenido que se vulnera el derecho al agua, cuando se impide el acceso a las instalaciones necesarias y adecuadas para la prestación del servicio de acueducto. Así ha ocurrido en casos en los que por ejemplo, las entidades prestadoras se niegan a instalar las acometidas correspondientes, o cuando imponen unos costos desproporcionados como condición para suministrar la infraestructura de las redes locales o las acometidas domiciliarias, y esto se traduce en una afectación de la estabilidad financiera y el mínimo vital de la familia del accionante. Ante esa situación, ha ordenado a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios la conexión de los usuarios al mismo, autorizando el cobro de la instalación a los particulares pero sin que se les pueda exigir que cubran los gastos correspondientes a los estudios técnicos, planos, licencias o cualquier otro procedimiento necesario para el efecto, ya que eso solo lo puede llevar a cabo la empresa. De acuerdo con lo anterior, en la sentencia T- 279 de 2011[31] se estudió un caso en el que el accionante compró un lote de terreno que hacía parte de otro de mayor extensión y en él construyó una vivienda para habitarla en compañía de su menor hijo, al solicitar la instalación del servicio de agua con medidor independiente para su inmueble la empresa de servicios públicos negó la petición porque el contrato del cual pretendía la independencia, tenía una deuda correspondiente a 70 facturas. En esta ocasión se resolvió amparar los derechos del actor y de su menor hijo a la vida digna, a la salud y al agua y, se ordenó a la demandada realizar las obras necesarias para instalar el medidor independiente en el inmueble del accionante, sin que para el efecto le pudiera cobrar más que los costos de la instalación del servicio y las dos primeras facturas que se adeudaban del contrato anterior, del cual se ordenó su completa independencia.[32] (iii) Calidad. 12. De igual forma, a través de la acción de tutela se ha protegido el derecho a recibir el agua en condiciones químicas y físicas aceptables. En la sentencia T-410 de 2003[33], se revisó un caso en el que la Empresa de Servicios Públicos de Versalles – Valle del Cauca, no trataba el agua que destinaba para el consumo de la población y tampoco realizaba labores de mantenimiento y limpieza en los tanques de almacenamiento, y por lo tanto el agua que se distribuía no era potable. Para la Corporación, “el comprobado suministro de agua contaminada y no apta para el consumo humano por parte de las autoridades accionadas, constituye un factor de riesgo y de vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud y el ambiente sano”[34]. Por esta razón, en aras de garantizar el abastecimiento de agua en condiciones de potabilidad a municipios, veredas y barrios, la Corte ha requerido a las autoridades para que adelanten los estudios técnicos necesarios, o en general para que se tomen las medidas pertinentes en un término decisivo para superar el estado de riesgo de los derechos fundamentales de los habitantes.[35] (iv) No discriminación en la distribución. 13. Así mismo, la salvaguarda del derecho fundamental al agua se ha concedido en casos en los que es necesario garantizar que no exista ningún tipo de discriminación en la distribución, de manera que todas las personas puedan acceder a cantidades suficientes del líquido. Esta fue la posición adoptada por la Corte al establecer que ninguna fuente de agua puede ser utilizada de manera que el líquido logre abastecer solo a algunas personas, y se deje sin provisión a otros. Lo anterior se dijo en un caso en el que unos particulares habían construido un embalse que recibía en la práctica un porcentaje de agua más alto que el aprobado por las autoridades; esto generó una reducción significativa del agua disponible para el resto de la comunidad y aún existiendo un acto administrativo que ordenaba la destrucción de la represa, sus propietarios se negaban a acatarlo. Por ello, esta Corte ordenó la adecuación del sistema de surtido del embalse y, la construcción de un acueducto con el cual se permitiera el acceso equitativo al servicio de agua potable de toda la población, mientras se adelantaban los trámites judiciales para obtener el cumplimiento coactivo del acto administrativo[36]. - Parámetros internacionales. 14. Ahora bien, todo lo que hasta aquí se ha expuesto, debe ser analizado e interpretado de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales pues, específicamente en sus artículos 11 y 12 consagró la obligación de los estados partes de garantizar los mejores niveles posibles de condiciones de vida, así como el desarrollo sano de todas las personas y en especial de los niños[37]. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, mediante la Observación general No.15 estableció que de las garantías de un nivel de vida adecuado y el disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental, se deriva que el agua es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por los Estados. De esta manera, en el aparte destinado al fundamento jurídico del derecho al agua, la mencionada Observación general No. 15 establece: “2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.” También dispuso que los elementos del derecho al agua deben ser adecuados para la salud, la dignidad y la vida, sin embargo, afirmó que los niveles de satisfacción pueden variar de acuerdo con diferentes factores que siempre deben estar presentes en el suministro del líquido[38]. 15. Adicionalmente, y de acuerdo con los lineamientos expuestos por dicho Comité, cuando se trata de personas que deben recibir una especial protección, como las mujeres en estado de embarazo o lactancia, los niños, los ancianos, los discapacitados, los enfermos, entre otros, el derecho el agua también tiene el carácter de fundamental, toda vez que, la protección reforzada que deben recibir estos grupos poblacionales incluye la garantía de una efectiva satisfacción del mismo, con el fin de que puedan llevar a cabo sus respectivos proyectos de vida. 16. Estos son pues los contenidos mínimos que deben ser garantizados por los Estados respecto del derecho al agua, sin embargo, la observación del Comité de DESC que se viene citando[39], también contempla la existencia de otras obligaciones a cargo del Estado que van más allá de estos componentes, las cuales exigen acciones como apropiación de presupuesto, procesos legislativos, planeación económica y, estrategias políticas con el fin de fijar metas y unir esfuerzos para lograr la mayor cobertura posible del derecho al agua frente a toda la población. [40] 17. En suma, el estudio del derecho fundamental al agua debe hacerse a la luz de lo preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico, los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, en conjunto con las garantías contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como las interpretaciones y recomendaciones que de éste realiza el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que están encaminadas a lograr que todas las personas y en especial aquellos sujetos que han sido tradicionalmente excluidos tales como las mujeres, los ancianos, los niños, las personas con discapacidades físicas o mentales entre otros, gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además se prevengan problemas de salud y en general sanitarios. La suspensión de los servicios públicos domiciliarios, en los casos de mora en el pago de dos facturas sucesivas. Reiteración de jurisprudencia.[41] 18. La Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”, regula el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios y en su artículo 128 lo define como un acuerdo de voluntades “en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados”. 19. De la anterior definición, se extrae con claridad que el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios es oneroso y por lo tanto, en virtud de dicha característica, la ley facultó expresamente a las empresas de servicios públicos para cobrar un precio a la parte suscriptora o al usuario como contraprestación por el servicio que le suministra.[42] Así mismo, les otorgó la facultad y el compromiso de suspender el servicio público “[s]i el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación”[43].[44] 20. Por lo tanto, resulta constitucional, por lo menos en principio, que se suspenda un servicio público cuando no se ha cancelado el monto correspondiente, pues la ley que regula la materia facultó a las empresas de servicios públicos para detener la prestación de estos, en determinadas hipótesis de incumplimiento en el pago de las obligaciones facturadas. 21. En concordancia con lo anterior, al analizar la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, como un derecho y deber de las empresas prestadoras de estos frente al acreedor – usuario que ha incurrido en mora en el pago del servicio, esta Corte ha encontrado que persigue tres metas constitucionales: “(i) la de garantizar la prestación del servicio público a los demás usuarios; (ii) la de concretar el deber de solidaridad, que es un principio fundamental del Estado; y (iii) la de evitar que los propietarios no usuarios de los bienes, sean asaltados en su buena fe por arrendatarios o tenedores incumplidos en sus obligaciones contractuales.” [45] 22. Entonces, con base en la relación existente entre los dos primeros objetivos señalados, es necesario un mecanismo para prevenir a los usuarios al pago efectivo de los servicios públicos domiciliarios. Así pues, la suspensión del servicio ha sido considerada como el medio por el cual se advierte a los ciudadanos usuarios de los servicios la importancia de evitar el incumplimiento en el pago de los mismos.[46] 23. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todo el ordenamiento jurídico colombiano debe ser observado y aplicado de acuerdo con la Constitución Política, por lo tanto, ese derecho-deber no es absoluto y, cuando su ejercicio conlleva una grave afectación a derechos fundamentales, la facultad no puede aplicarse sin consideración alguna al caso específico, pues no resulta admisible constitucionalmente, observar únicamente los beneficios de la ejecución de la suspensión, y dejar de lado las razones que justifican el uso condicionado de esta facultad, pues tal como lo ha dicho la Corte anteriormente, “los usuarios de los servicios públicos son personas, no un recurso del cual se puede periódicamente extraer una suma de dinero”.[47] 24. Precisamente bajo esta premisa, en la sentencia C-150 de 2003[48], esta Corporación sostuvo que en algunas situaciones especiales, la afectación de las condiciones de vida de los usuarios es tal, que no resulta admisible realizar la suspensión del servicio, toda vez que comprometería seriamente sus derechos fundamentales y terminaría siendo una afectación desproporcionada a los mismos si se compara con los beneficios que supone la suspensión del mismo, en consecuencia, resolvió condicionar la exequibilidad de la norma siguiente manera: “las normas acusadas serán declaradas exequibles, en el entendido de que se respetarán los derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando se vaya a tomar la decisión de cortar el servicio. Tales derechos, como el respeto a la dignidad del usuario (art. 1° de la C.P.) son, entre otros: (i) el debido proceso y el derecho de defensa, que permite a los usuarios o suscriptores contradecir efectivamente tanto las facturas a su cargo[49] como el acto mediante el cual se suspende el servicio[50] y también obligan a las empresas prestadoras de servicios públicos a observar estrictamente el procedimiento que les permite suspender el servicio.[51] El derecho al debido proceso incorpora también el derecho a que se preserve la confianza legítima del usuario de buena fe en la continuidad de la prestación del servicio si éste ha cumplido con sus deberes;[52] y (ii) el derecho a que las empresas prestadoras de servicios públicos se abstengan de suspender el servicio cuando dicha interrupción tenga como consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos o, impida el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus usuarios,[53] o afecte gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad.[54]”. 24.1 En suma, la suspensión de los servicios públicos domiciliarios es un deber y un derecho de las empresas prestadoras, que debe ser usado cuando pasados dos periodos sucesivos de facturación el usuario no realice el pago correspondiente; no obstante, esto no podrá tener lugar si (i) se violan las garantías al debido proceso; (ii) aún cuando se respete el debido proceso pero se desconozcan derechos constitucionales de sujetos que merecen una especial protección constitucional, se impida el funcionamiento de hospitales u otros establecimientos igualmente protegidos o se afecten gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad. 25. Adicionalmente, en cuanto a la condición de la afectación de derechos fundamentales de personas especialmente protegidas, en la Sentencia T-717 de 2010[55], se estipuló que el cumplimiento de las obligaciones debe ser involuntario, “debido a circunstancias insuperables e incontrolables por el sujeto especialmente protegido o por quienes cuidan de él.” Esto no significa que cada vez que una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios vaya a ejercer su derecho y deber, tenga que entrar a estudiar específicamente las condiciones de cada vivienda, por el contrario, los usuarios tienen la mínima carga de informar las condiciones de vida y subsistencia, que consideren relevantes para poder evitar una ausencia del líquido. 25.1. Al respecto, en la citada sentencia T-717 de 2010, se dijo que “(…) es necesario que el usuario cumpla al menos con la carga de informar a la empresa de servicios públicos la concurrencia de esas tres condiciones: 1) que la suspensión recaería sobre un sujeto de especial protección constitucional, 2) que de esa suspensión podría sobrevenir un desconocimiento de sus derechos fundamentales, y 3) que el incumplimiento se produjo por circunstancias involuntarias, insuperables e incontrolables. (…)” (Cursiva dentro del texto). 26. Con todo, al observarse que están cumplidos los requisitos que ha sentado la jurisprudencia constitucional frente a la imposibilidad de suspender el servicio existiendo mora en el pago, lo que puede hacer la empresa es “cambiar [la forma] en que se suministra el servicio y ofrecerle al destinatario final unas cantidades mínimas básicas e indispensables, en este caso, de agua potable”[56]. En razón a esto, la Corte ha ordenado que se instale un reductor de flujo que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día, siguiendo lo estipulado por la Organización Mundial para la Salud (OMS), en el informe sobre la cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud y el 1er Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: Agua para todos, agua para la vida de las Naciones Unidas/Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos. 27. De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que (i) el cobro de los servicios públicos domiciliarios persigue unos fines constitucionalmente válidos y se encuentra amparado por la ley; (ii) es un derecho y un deber de las empresas prestadoras de los servicios suspender el suministro del mismo, cuando han transcurrido dos periodos de facturación sucesivos en los que el usuario no haya efectuado el pago de lo debido; (iii) no resulta constitucionalmente aceptable realizar la suspensión del servicio si con esto, se afectan otros derechos fundamentales de sujetos en estado de vulnerabilidad, que merecen una especial protección constitucional aún si el usuario se encuentra en mora con la empresa prestadora; (iv) los usuarios del servicio tienen el deber de informar a la empresa por lo menos el hecho de que con la suspensión del servicio se afectarían derechos fundamentales de personas especialmente protegidas y, que la falta del pago del mismo se debió a razones involuntarias o incontrolables y, (v) verificada la anterior situación, las empresas no pueden suspender el servicio, pero si cambiar la forma en que se realiza, para garantizar una cantidad mínima de agua. Habiendo señalado los fundamentos necesarios para abordar los problemas jurídicos que fueron planteados, a continuación la Sala estudiará cada caso en concreto. 3. Análisis de los casos en concreto 1. Expediente T-3.718.557 - Presentación del caso. 28. La señora María del Carmen Mejía Landinez vive en la Urbanización Villa Rosa del Municipio de Bucaramanga, actualmente tiene 59 años de edad y padece de diabetes. Esta enfermedad le causó una úlcera crónica en una de sus piernas que se “sobre- infectó” y fue necesario que le realizaran un injerto en la misma, el cual no arrojó los resultados esperados y por lo tanto tiene dificultades para caminar, y para acudir a los controles y tratamientos que le son programados por su médico. A causa de lo anterior, lleva varios años sin poder trabajar, y sin poder pagar oportunamente las facturas del servicio de acueducto, hasta el punto en que ahora tiene una deuda con el AMB que asciende a $4’.364.585. En septiembre de 2010 se dispuso a hacer una financiación de la misma, pero solo pudo asumir el valor de las primeras 5 cuotas, por exceder su capacidad de pago. Como consecuencia de lo anterior, el 10 de julio de 2012 el AMB le suspendió por completo el suministro de agua, causándole un grave perjuicio porque en razón a su enfermedad debe...