Sentencia T-240 de 2016

T-240-16 Sentencia T-240/16 ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia excepcional cuando prestan un servicio público o actividad de interés público Contra este tipo de compañías podrá ejercerse de manera excepcional la acción de tutela cuando el juez constitucional logre demostrar que: (i) los mecanismos ordinarios no son idóneos o eficaces para proteger un derecho fundamental; (ii) el accionante está ante la amenaza de un perjuicio grave e irremediable, cuya valoración deberá ser flexible en el caso de sujetos con especial protección constitucional; y (iii) cuando de la relación contractual se observe que el actor se encuentra en estado de indefensión. CONTRATO DE SEGUROS-Enfoque constitucional CONTRATO DE SEGUROS-Definición y contexto Este contrato es una figura jurídica concebida como un acuerdo de voluntades por el cual una persona llamada tomador –en algunas ocasiones también beneficiario- se obliga al pago de un prima a favor de otra llamada asegurador, con el fin que esta última cubra los daños causados por la ocurrencia de riesgo –siniestro- que afecta la integridad física o el patrimonio del primero. CONTRATO DE SEGUROS-Reiteración de jurisprudencia CONTRATO DE SEGUROS-Definición acogida por la Corte Constitucional CONTRATO DE SEGUROS EN EL DERECHO COMPARADO-Importancia CONTRATO DE SEGUROS-Prohibición de cláusulas abusivas CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Naturaleza/CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Elementos Esta modalidad contractual hace referencia al acuerdo de voluntades que realizan el tomador de póliza y la entidad aseguradora, donde el primero se obliga al pago de una prima destinada a integrar un fondo que, en caso de invalidez o muerte, habrá de amparar los perjuicios que sufran aquellos que estaban a su cargo, que serán llamados beneficiarios de la póliza. El desarrollo legal de este contrato se enmarca dentro del régimen establecido en los artículos 1151 a 1162 del Código de Comercio. Igualmente, el artículo 1045 del mismo estatuto menciona los elementos que integran esta modalidad contractual, discriminados así: (i) el interés asegurable; (ii) el riesgo asegurable; (iii) la prima o precio del seguro, y (iv) la obligación condicional del asegurador. RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO Es una irregularidad en la manifestación de voluntad al momento de suscribir el contrato de seguro. Se presenta cuando el adquirente, al instante de tomar la póliza, rinde una declaración sobre su estado de riesgo que no se encuentra ajustada a la realidad, con lo cual induce a la entidad aseguradora a expedir una cobertura que no corresponde con su verdadera condición. PREEXISTENCIA EN EL CONTRATO DE SEGURO-Concepto Este fenómeno hace alusión a circunstancias que se presentaban con anterioridad a la etapa contractual y constituyeron un factor determinante en el acaecimiento del riesgo cubierto. En seguros de vida, permite a la entidad aseguradora abstenerse de ejecutar el pago de la póliza una vez haya verificado que el tomador sufría de padecimientos previos al momento en que el contrato comenzó a surtir efectos, y que además tuvieron relación directa con su afectación. DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL-Protección constitucional El concepto de mínimo vital implica que el Estado sea responsable por brindar condiciones sociales que permitan reducir la miseria a su más exigua expresión, de manera que toda persona cuente con garantías mínimas de acceso a bienes, productos y servicios que les posibiliten satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. ENTIDAD ASEGURADORA-Deber de solidaridad frente a las personas en estado de vulneración o indefensión La jurisprudencia constitucional ha establecido que frente a las personas en estado de vulneración o indefensión existe un deber constitucional en cabeza de entidades financieras y bursátiles, que les impone la necesidad de ser solidarios y considerar la condición apremiante que puede estar afrontando el tomador, pues su desatención podría generar una afectación a los derechos fundamentales de la persona y provocar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Orden a compañía aseguradora hacer efectiva la póliza de seguro de vida adquirida por el accionante Referencia: expediente T-5.283.342 AC. Acción de Tutela instaurada por Hamid Aljure Gaviria contra Liberty Seguros S.A. (Exp. T-5.283.342); y Brayan Alexander Yusti Mellizo contra Colpatria Multibanca – seccional Cali (Exp. T-5.335.030). Derechos fundamentales invocados: salud, vida, educación, vivienda digna, debido proceso, igualdad, vida digna, mínimo vital y petición. Temas: (i) procedencia de la acción de tutela contra entidades bursátiles; (ii) estructura del contrato de seguro de vida; (iii) definición de preexistencia y reticencia en los contratos de seguro; (iv) derecho al mínimo vital; y (v) deber de solidaridad constitucional. Problema jurídico: determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes al negar la ejecución de las pólizas de seguros de vida adquiridas bajo el argumento de una presunta reticencia y preexistencia. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de las sentencias: (i) del día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, que confirmó en todas sus partes la sentencia dictada el día dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva, que declaró improcedente la acción de tutela incoada en el expediente T-5.283.342; y (ii) del día trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Santiago de Cali, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada en el expediente T-5.335.030. Los expedientes T-5.283.342 y T-5.335.030 fueron escogidos para revisión por parte de esta Corporación mediante auto del doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Dos, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortíz y el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. 1. ANTECEDENTES 1.1. EXPEDIENTE T-5.283.342. El señor Hamid Aljure Gaviria interpuso acción de tutela contra Liberty Seguros S.A., por considerar que sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la educación, la vivienda digna, la igualdad, la vida digna, el mínimo vital y de petición fueron vulnerados por dicha entidad financiera al haber negado la ejecución de la póliza de vida colectiva adquirida bajo el argumento de preexistencia y reticencia al momento de perfeccionar el contrato. El accionante sustentó su escrito sobre los siguientes: 1.1.1. HECHOS. 1.1.1.1. El accionante manifiesta que tiene cincuenta y seis (56) años de edad y se desempeña como funcionario del INPEC, con un salario de $1.088.393. Agrega que a la edad de cincuenta y dos (52) años adquirió una póliza de seguro de vida colectiva con Liberty Seguros S.A., de referencia GC-91200662 - ramo grupo contributivo -, con fecha de perfeccionamiento del contrato el día 1º de abril de 2012. 1.1.1.2. Explica que dicha póliza amparaba los siguientes riesgos: (i) muerte, cualquiera fuera su causa; (ii) incapacidad total y permanente, cualquiera fuera la causa; (iii) muerte accidental; y (iv) enfermedades graves, como infarto del miocardio, cáncer, accidente cerebro vascular, insuficiencia renal y esclerosis múltiple. 1.1.1.3. Declara que el día doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014), mientras estaba en su casa, sufrió una fuerte picada en la cabeza que le dejó inmediatamente descompuesto. Por esta razón, fue llevado a la clínica Saludcoop, donde le operaron el cerebro por derrame, pero le quedaron secuelas como: pérdida de la periferia izquierda de ambos ojos, sordera, problemas de locomoción, propenso a convulsionar (epilepsia) y problemas mentales. 1.1.1.4. Expone que el día 9 de abril de dos mil catorce (2014), solicitó ante Liberty Seguros S.A. la indemnización por el 50% del valor asegurado por enfermedad profesional; sin embargo, mediante escrito del veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014) le fue negada la petición, bajo el argumento que tenía hipertensión arterial antes de adquirir la póliza. Arguye que no le fueron practicados ni exigidos exámenes médicos al momento de perfeccionar el contrato y, además, en el oficio dirigido por la entidad demandada a todos los funcionarios del INPEC, dieron a entender que el amparo incluía todas las formas de enfermedad grave, sin importar el padecimiento previo de alguna de ellas. 1.1.1.5. Sostiene que la EPS Cafesalud lo remitió a COLPENSIONES por llevar más de ciento ochenta (180) días incapacitado, donde fue calificado con un 53.11% de pérdida de la capacidad laboral, con fecha de estructuración el día veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014). Expresa que luego de esta valoración, el día cuatro (04) de diciembre de ese mismo año solicitó nuevamente la indemnización ante Liberty Seguros, pero esta vez por incapacidad total y permanente, aunque otra vez le fue negada por la misma causa. 1.1.1.6. Afirma que consultó a sus médicos tratantes, Álvaro González y Jhon Jairo Abella, especialistas en neurocirugía, quienes le explicaron que el derrame que sufrido no fue causado por hipertensión arterial, sino por una lesión llamada “angiopatía amiloidea patología”, la cual no se asocia con la primera debido a que representan expresiones clínicas distintas y producen hemorragias en una zona distinta. 1.1.1.7. Narra que el doce (12) de febrero de dos mil quince (2015), con las certificaciones de sus médicos tratantes, solicitó nuevamente ante Liberty Seguros la ejecución de la póliza adquirida; sin embargo, le informaron que reconsiderarían su petición y le darían respuesta dentro del término legal del artículo 1080 del Código de Comercio. Agrega que luego de transcurrido un mes no recibió respuesta alguna. 1.1.1.8. Señala que en los días dieciséis (16), diecisiete (17) y dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015) llamó a la entidad accionada para averiguar por su reclamación, pero el último día le dieron respuesta negativa a su petición, bajo el argumento que sufría hipertensión arterial antes de adquirir el seguro y que en su historia clínica no aparecía el diagnostico de angiopatía amiloide cerebral. 1.1.1.9. Indica que Comfamiliar Huila le otorgó un subsidio familiar para vivienda por valor de $13.000.000. aproximadamente, con un plazo de cancelación hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015). No obstante, debe solicitar un crédito a una entidad financiera para la adquisición de vivienda y así completar el total, pero se encuentra amenazado en perder el subsidio porque ninguna entidad financiera le va a dar crédito a un discapacitado que devenga una pensión del mínimo. 1.1.1.10. Asegura que en la actualidad se encuentra en trámite su pensión de invalidez, pero considera que la misma saldrá por el mínimo, de manera que sufre una condición apremiante para brindarle a su familia la satisfacción de sus necesidades básicas, como son los estudios universitarios de su hijo. Además, aduce que su esposa se encuentra desempleada y, en caso de no obtener el subsidio familiar, se verán expuestos a la pobreza absoluta, sin recursos para su sostenimiento. Por esta razón, interpuso acción de tutela el día ocho (08) de julio de dos mil quince (2015). 1.1.2. PRUEBAS DOCUMENTALES. Obran en el expediente las siguientes pruebas documentales: 1.1.2.1. Copia de la póliza de seguro de vida colectiva adquirida por el accionante ante Liberty Seguros S.A. (Cd. 3, Fl. 13). 1.1.2.2. Copia de respuesta emitida mediante correo electrónico el día diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) por Liberty Seguros al accionante, donde le expresan que “[s]u solicitud fue recibida exitosamente para ser analizada y tramitada para el seguro correspondiente por el departamento encargado del trámite” (Cd. 3, Fl. 14). 1.1.2.3. Copia de oficio presentado por Libor Agencia de Seguros Ltda a los funcionarios del INPEC, donde les ofrecen una póliza de seguro con las siguientes coberturas: (i) muerte, cualquiera fuera su causa; (ii) incapacidad total y permanente, cualquiera fuera la causa; (iii) muerte accidental; (iv) enfermedades graves (infarto del miocardio, cáncer, accidente cerebro vascular, insuficiencia renal y esclerosis múltiple), con adelanto del 50% del valor asegurado; (v) auxilio funerario de $2.500.000.; y (vi) renta de libre destinación por fallecimiento del asegurado. (Cd. 3, Fl. 18) 1.1.2.4. Copia de formulario de solicitud individual de seguro de vida grupo presentado por el accionante ante Liberty Seguros de Vida S.A. (poco legible) (Cd. 3, Fl. 19). 1.1.2.5. Copia de escrito remitido por COLPENSIONES al accionante, donde le informan le fue determinada una pérdida de la capacidad laboral del 53.11% de origen enfermedad y riesgo común, con fecha de estructuración el día 25 de agosto de 2014, con los respectivos anexos descriptivos (Cd. 3, Fl. 21-24). 1.1.2.6. Copia de reclamación de póliza de seguro de vida presentada por el accionante ante Liberty Seguros S.A. el día 3 de diciembre de 2014 (Cd. 3, Fl. 26). 1.1.2.7. Copia de respuesta remitida por Liberty Seguros S.A. el día cuatro (04) de diciembre de dos mil catorce (2014) a la reclamación presentada por el accionante el día tres (03) de diciembre de ese mismo año, mediante la cual le informan que “la compañía toma la presente solicitud como aviso de siniestro, para iniciar el respectivo análisis de la documentación aportada, por lo cual se tendrá pronunciamiento dentro del mes siguiente a la fecha en que se acredite la ocurrencia del hecho, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio” (Cd. 3, Fl. 27). 1.1.2.8. Copia de escrito remitido el día treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014) por Liberty Seguros S.A. al accionante, donde le manifiestan que objetarán la reclamación debido a que “[d]e la revisión efectuada a los documentos que hacen parte de la póliza citada en la referencia, nuestro departamento médico pudo establecer de la historia clínica del 31 de diciembre de 2011, que Usted viene con un antecedente de HIPERTENSIÓN ARTERIAL, antecedente que preexiste al ingreso del seguro” (Cd. 3, Fl. 28). 1.1.2.9. Copia de concepto médico dictado por el Dr. Jhon Jairo Abello, neurocirujano de la Universidad del Rosario, en el cual expresa que: “[p]aciente a quien se le revisa historia clínica e imágenes diagnosticas observando que presenta secuelas permanentes – Discapacidad- de un Infarto Hemorrágico Temporopariental derecho (…) En mi experiencia clínica estsa lesión corresponde generalmente con una angiopatía Amiloidea- patología no asociada con HTA ya que estas lesiones producen hemorragia de otra localización y tiene otra expresión clínica” (Cd. 3, Fl. 30). 1.1.2.10. Copia de respuesta emitida por Liberty Seguros de Vida S.A. al accionante el día veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), en la cual expresan que reconsiderarán su solicitud a raíz de los nuevos conceptos médicos aportados y se dará respuesta de conformidad a lo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio (Cd. 3, Fl. 54). 1.1.2.11. Copia de escrito del diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015), por el cual Liberty Seguros de Vida S.A. informó al accionante que los nuevos conceptos médicos aportados no son suficientes para reconsiderar la decisión de no ejecutar el amparo de la póliza de vida (Cd. 3, Fls. 56-57). 1.1.2.12. Copia de la historia clínica del accionante (Cd. 2, Fls. 80-259). 1.1.2.13. Copia de certificado expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el día seis (06) de febrero de dos mil quince (2015), en el que expresan que le accionante no se encuentra inscrito en su base de datos catastral (Cd. 3, Fl. 259). 1.1.2.14. Documentos relacionados con el trámite de la acción de tutela. 1.1.3. ACTUACIONES PROCESALES. Repartida la acción de tutela, correspondió al Juzgado Décimo Civil Municipal de Menor Cuantía de Neiva conocer sobre el asunto. En este sentido, mediante auto proferido el día 8 de julio de 2015, asumió el conocimiento del proceso y ordenó correr traslado a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones contenidos en el expediente. 1.1.3.1. Respuesta de Liberty Seguros S.A. Mediante escrito presentado el día 15 de julio de 2015, esta entidad presentó sus consideraciones acerca del asunto de la referencia. Sobre el particular, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, por cuanto: (i) se dio respuesta dentro de los términos del artículo 1080 del Código de Comercio a la solicitud de pago de la indemnización radicada por el accionante; (ii) no existe derecho alguno de pago de la indemnización solicitada, ya que el hecho que originó la reclamación no es objeto de la cobertura; y (iii) la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver estos conflictos y además existen otros mecanismos de reclamación judicial. 1.1.3.1.1. En primer lugar, explicó que la solicitud de pago de la indemnización presentada por el accionante fue objetada debido a que no se declararon los antecedentes médicos relevantes al momento de adquirir la póliza, proceder que da lugar a la aplicación de la sanción contenida en el artículo 1058 del Código de Comercio. En este sentido, indicó que el actor padecía de hipertensión arterial desde el año 2011, anterior a la fecha de adquisición de la póliza el día 23 de marzo de 2012, por lo cual, de conformidad con las cláusulas del contrato, la afección no era amparable. 1.1.3.1.2. En segundo lugar, indicó que el Departamento Médico de Liberty Seguros S.A. encontró que la hipertensión arterial sufrida por el accionante con anterioridad al perfeccionamiento del contrato de seguro de vida, se encuentra plenamente relacionada con la posterior ocurrencia del accidente cerebro vascular. Asimismo, agregó que en el concepto médico rendido por dicho departamento encontró que: “no se hace mención en la historia clínica de la degeneración amiloide mencionada por los especialistas en los certificados aportados (…)”. 1.1.3.1.3. En tercer lugar, aseguró que de conformidad con lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1058 del Código de Comercio, el contrato de seguro de vida pactado con el accionante devino nulo por reticencia. Además, afirmó que el artículo 1158 del mismo Código se refiere al seguro que es otorgado sin examen médico, respecto de lo cual establece que: “el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058, ni de las sanciones a que su infracción da lugar”. 1.1.3.1.4. En cuarto lugar, sostuvo que la acción de tutela no fue concebida por el legislador como un mecanismo de reclamación de pretensiones patrimoniales, sino para la protección inmediata de derechos fundamentales e inalienables amenazados. Asimismo, aseguró que por no ser una entidad que preste un servicio público o de salud, sus litigios se resuelven dentro del marco establecido por el Código de Comercio y no por aquel dispuesto en el Decreto 2591 de 1991. 1.1.4. DECISIONES JUDICIALES. 1.1.4.1. Sentencia de primera instancia – Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva, Huila. 1.1.4.1.1. Mediante sentencia proferida el día veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015), esta dependencia judicial resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Hamid Aljure Gaviria. Sobre el particular, sustentó su decisión sobre el argumento según el cual, si bien fue cierto el hecho que el accionante demostró ser un sujeto de especial protección constitucional, no fue menos cierto el hecho que el despacho no podía pronunciarse sobre el asunto en referencia. 1.1.4.1.2. En este orden de ideas, sostuvo que según el Decreto 2591 de 1991, si el accionante cuenta con otro medio para el reclamo de su pretensión judicial, no procede la acción de tutela a no ser que se encuentre ante un perjuicio grave e irremediable. En este mismo sentido, agregó que la acción de tutela constituye un medio eficaz para evitar la arbitrariedad en la administración de justicia, pero en ningún momento puede considerarse como mecanismo alternativo que supla las funciones del juez ordinario. 1.1.4.1.3. En virtud de lo anterior, el despacho aseguró que en el proceso el accionante no logró aportar pruebas donde demostrara que, al no recibir el pago inmediato de la póliza reclamada, se encuentran afectados los derechos invocados y bajo la amenaza de un perjuicio irremediable. De esta manera, indicó que el actor cuenta con una pensión y no ha perdido el crédito de vivienda que enuncia en la petición, por lo cual debe agotar los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance. 1.1.4.2. Impugnación. Inconforme con la decisión adoptada por el a quo, la parte actora presentó escrito de impugnación el día veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015), a través del cual reiteró las descripciones fácticas y los argumentos por los cuales considera que debe recibir la indemnización reclamada. Asimismo, el día dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), remitió escrito en el que manifestó que el doce (12) de agosto de ese mismo año le fue reconocida su pensión de invalidez, por valor de $757.168, la cual constituye una fuente de ingresos que no le alcanza para cubrir sus gastos y los de su familia, así como para acceder al crédito bancario para una vivienda digna. 1.1.4.3. Decreto de nulidad de todo lo actuado. Una vez recibido el escrito de impugnación presentado por la parte actora, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva profirió auto el día treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015), a través del cual declaró la nulidad de todo lo actuado, en consideración a que debió vincularse al Instituto Penitenciario y Carcelario –INPEC-, a Cafesalud EPS y a COLPENSIONES para que pronunciaran sobre el asunto. Una vez efectuado dicho trámite, fueron allegadas las siguientes intervenciones: 1.1.4.3.1. Respuesta de Cafesalud EPS. A través de escrito presentado el día diez (10) de agosto de dos mil quince (2015), esta entidad solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela en relación con sus funciones, pues no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante y, además, la entidad encargada de resolver este asunto es Liberty Seguros S.A. De igual forma, agregó que la acción de tuela no es un mecanismo diseñado para el reclamo de sumas de dinero como las que pretende el actor en esta ocasión. 1.1.4.3.2. Respuesta del Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC. Mediante escrito presentado el día veintidós (22) de agosto de dos mil quince (2015), esta entidad pública solicitó su desvinculación de la acción de tutela, en razón a que de los hechos y pretensiones contenidas en el expediente se desprende que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor por no ser la entidad encargada de resolver el asunto de la petición. 1.1.4.4. Segunda sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva. Una vez vinculadas las partes al proceso y recibidas sus consideraciones sobre el asunto, esta dependencia judicial profirió nuevamente sentencia de primera instancia el día dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), en la cual reiteró la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por las mismas consideraciones y razones expuestas en la sentencia que había sido anulada. 1.1.4.5. Sentencia de Segunda instancia – Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, Huila. Mediante sentencia proferida el día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), este despacho judicial confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia, con fundamento en los mismos argumentos expuestos por el a quo en su providencia. En este sentido, estimó que el accionante no demostró encontrarse ante un perjuicio grave e irremediable cuya urgencia permitiera prescindir de los medios de reclamación judicial ordinaria que dispone el ordenamiento para estos efectos. 1.2. EXPEDIENTE T-5.335.030. El señor Brayan Alexander Yusti Mellizo, por conducto de apoderado judicial, interpone acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la entidad financiera Colpatria Multibanca –seccional Cali- al haber negado la ejecución de la póliza de seguro de vida adquirida con el argumento de preexistencia y reticencia al momento de perfeccionar el contrato de seguro. En este sentido, el accionante plantea su inconformidad de acuerdo a los siguientes: 1.2.1. HECHOS. 1.2.1.1. El peticionario relata que adquirió un crédito con Colpatria Multibanca –seccional Cali- con referencia No. 207400081516, por valor de $11.000.000, desembolsado el día veintisiete (27) de junio de dos mil catorce (2014). Agrega que con la solicitud de crédito diligenció un formulario de inclusión individual de póliza de seguro de vida grupo deudor, expedida con la aplicación al crédito de consumo aprobado con la compañía de seguros AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. 1.2.1.2. Señala que desde el mes de marzo del año dos mil catorce (2014) se encuentra en tratamiento de quimioterapia debido a que padece de un tumor maligno en el testículo que le ha hecho metástasis a otros órganos. Indica que el día en que el asesor comercial de la entidad accionada le llevó los formularios para ser diligenciados, él se encontraba hospitalizado en el Hospital Militar de Bogotá, donde ingresó el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014) hasta el día veintiséis (26) de junio del mismo año, de manera que el funcionario pudo percatarse de su condición. 1.2.1.3. Expone que el día diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014), a raíz de la patología que padece, fue calificado con incapacidad total y permanente por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, razón por la cual solicitó a la entidad accionada la ejecución de la póliza de seguro adquirida. Indica que, a pesar de ello, mediante oficio del 30 de diciembre de 2014 le fue negada dicha petición, con el argumento que presentó reticencia al momento de declarar su estado de riesgo. 1.2.1.4. Declara que mediante oficio del nueve (09) de enero de dos mil quince (2015), Colpatria Multibanca le informó que la póliza de seguro de vida grupo deudores que protege el saldo total de la obligación y que se encontraba contratada con AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., fue contratada con Cardif Colombia Seguros Generales S.A. a partir del catorce (14) de enero de dos mil quince (2015). Menciona que presentó nuevamente escrito ante la entidad accionada por el cual solicitó la ejecución de la póliza, en consideración a que la funcionaria encargada del trámite conocía sobre su estado de salud. 1.2.1.5. Manifiesta que por oficio del diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), Cardif Colombia Seguros Generales S.A. le informó que no tiene obligación de indemnizar el siniestro alegado, toda vez que la ocurrencia del hecho se produjo el día diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014), mientras que la vigencia del seguro referido inició con esta compañía el catorce (14) de enero de dos mil quince (2015), de manera que el evento reclamado se presentó cuando la vigencia de la póliza aún no había comenzado a operar. 1.2.1.6. Expresa que el veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015), otra vez presentó escrito ante la entidad accionada con el propósito de obtener la indemnización contenida en el contrato suscrito, en el cual indicó que para la época en que adquirió el crédito con Colpatria Multibanca –seccional Cali-, la póliza de seguro se encontraba contratada con AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. y continuó con Cardif Colombia Seguros Generales S.A. sin interrupción alguna. 1.2.1.7. A raíz de lo anterior, aduce que no se entiende por qué le niegan el pago bajo el argumento que el siniestro no se encuentra amparado por la póliza, por ello interpuso acción de tutela el día treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015). 1.2.2. PRUEBAS DOCUMENTALES. Obran en el expediente las siguientes pruebas documentales: 1.2.2.1. Copia de poder especial para interponer la presente acción de tutela otorgado por Brayan Alexander Yusti Mellizo a favor de María Loren Morillo Coronado (Cd. 2, Fl. 1). 1.2.2.2. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante, a partir de la cual se desprende que cuenta con veinticinco (25) años de edad (Cd. 2, Fl. 2). 1.2.2.3. Copia del estado de cuenta del crédito de libranza No. 207400081516 otorgado por Colpatria Multibanca a favor del accionante, donde se plasma la obligación de pagar cuotas de $267.609,04, con un saldo total de $10.560.344,32 a la fecha de corte del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015) (Cd. 2, Fl. 3). 1.2.2.4. Copia de certificado de póliza de seguro de vida grupo deudores otorgado por Seguro de Vida Colpatria S.A. a favor del accionante el día catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014) (Cd. 2, Fl. 4). 1.2.2.5. Copia del informe de epicrisis del accionante, expedido el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014) por el Hospital Militar Central, donde se encuentra plasmado que padece de “TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO, NO ESPECIFICADO (…) Plan: QUIMIOTERAPIA BEP CICLO 3 (…)” (Cd. 2, Fls. 5-8). 1.2.2.6. Copia de oficio remitido el día treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014) por AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. al Banco Colpatria Multibanca S.A., mediante el cual informan que niegan la reclamación de la ejecución de la póliza adquirida por el accionante debido que al momento de perfeccionar el contrato no declaró fielmente su estado de riesgo, sino que afirmó: “[m]i estado de salud es normal, no padezco, ni he padecido enfermedades de tipo congénito o que incidan sobre los sistemas cardiovascular, respiratorio, urogenital (…)” (Cd. 2, Fls. 10-11). 1.2.2.7. Copia de oficio remitido el día nueve (09) de enero de dos mil quince (2015) por Colpatria Multibanca S.A. al accionante, donde le manifiestan que la póliza de seguro de vida aduqiirda había sido contratada con AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., pero que a partir del catorce (14) de enero de dos mil quince (2015) ésta se contrató con Cardif Colombia Seguros Generales S.A. “manteniéndose la cobertura sobre el saldo total de la deuda a la fecha de la ocurrencia del siniestro, bajo estas condiciones: (…) Muerte por cualquier causa o incapacidad Total y Permanente” (Cd. 2, Fl. 12). 1.2.2.8. Copia de derecho de petición presentado el accionante a Colpatria Multibanca - seccional Cali - por medio del cual expresó que la funcionaria encargada del trámite conocía sobre su estado de salud y, además, solicitó el pago de la indemnización contenida en la póliza (Cd. 2, Fls. 13-14). 1.2.2.9. Copia de escrito remitido el día trece (13) de abril de dos mil quince (2015) por Colpatria Multibanca S.A. al accionante, a través del cual se pronuncian sobre la reclamación presentada y solicitan aportar examen de calificación por la Junta Regional de Invalidez, ya que los documentos aportados no fueron suficientes para la formalización del reclamo (Cd. 2, Fl. 16). 1.2.2.10. Copia de escrito remitido por el accionante a Cardif Colombia Seguros Generales S.A. (sin fecha) mediante el cual da respuesta al requerimiento para aportar prueba de calificación de invalidez y anexa el examen realizado por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. En este informe, emitido el diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014), se deja constancia que el señor Brayan Alexander Yusti Mellizo no se encuentra apto para actividad militar, ya que padece una afección que “LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL CIEN POR CIENTO (100%)” por enfermedad común, de manera que “25% DEL PACIENTE REQUIERE LA AYUDA DE OTRA PERSONA PARA SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS” (Cd. 2, Fls. 18.19). 1.2.2.11. Copia de escrito remitido por BNP PARIBAS CARDIF al accionante el día diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), por el que le hacen saber que en atención a la reclamación presentada: “[S]e observa que la ocurrencia del siniestro se produjo el día 10 de septiembre de 2014 y la vigencia del seguro aquí referido inició con CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A., el día 14 de enero de 2015, lo que significa que el evento reclamado ocurrió cuando la vigencia de la póliza no había comenzado a operar (…) Por el motivo expuesto, a CARDIF no le asiste la obligación de indemnizar el siniestro aquí referido”. (Cd. 2, Fl. 20). 1.2.2.12. Documentos relacionados con el trámite de la acción de tutela. 1.2.3. ACTUACIONES PROCESALES. Repartida la acción de tutela, correspondió al Juzgado Décimo Civil Municipal de Cali conocer sobre el asunto. En este sentido, mediante auto proferido el día primero (1º) de octubre de dos mil quince (2015), asumió el conocimiento del proceso y ordenó correr traslado a las partes interesadas para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones contenidos en el expediente. 1.2.3.1. Respuesta de AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. El día siete (07) de octubre de dos mil quince (2015), la Representante Legal de esta entidad financiera presentó escrito de contestación a la acción de tutela y se opuso a los hechos y pretensiones contendidos en ella. Sobre el particular, solicitó la declaratoria de improcedencia de la petición y señaló las siguientes consideraciones: 1.2.3.1.1. En primer lugar, aseguró que en virtud de la sentencia T-392 de 1999, el pago de la indemnización emanada de un seguro de vida corresponde a una obligación derivada de un contrato privado de seguro, razón por la cual, las controversias que se deriven sobre el asunto no son susceptibles de ser discutidas a través de la acción de tutela. 1.2.3.1.2. En segundo lugar, afirmó que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela procede única y exclusivamente a falta de otro medio judicial de defensa. En este sentido, señaló que el accionante dispone de otro medio de resolución judicial de carácter ordinario y adecuado para abordar estos conflictos, de manera que en esta ocasión pretende sustraerse de la sanción con nulidad contractual que imponen los artículos 1058 y 1158 del Código de Comercio. 1.2.3.1.3. En tercer lugar, alegó que por el artículo 1044 del Código de Comercio, la formulación de la objeción y la conducta observada por la aseguradora se encuentran ajustadas a la ley, toda vez que hacen parte del marco de facultades que le permiten esgrimir al reclamante del seguro las excepciones contractuales o legales a que haya lugar. En este sentido, adujo que no puede considerarse dicha conducta como violatoria de los derechos constitucionales del tomador. 1.2.3.2. Respuesta del Banco Colpatria Multibanca S.A. Mediante escrito presentado el día ocho (08) de octubre de dos mil quince (2015), la Representante Legal para Asuntos Judiciales de esta entidad dio contestación a la acción de tutela y se opuso a los hechos y pretensiones contendidos en ella. De esta manera, solicitó declarar improcedente el reclamo judicial efectuado y para ello presentó los siguientes argumentos en soporte a su petición: 1.2.3.2.1. En primer lugar, sostuvo que en virtud de lo dispuesto en la sentencia T-416 de 1997, existe una falta de legitimidad en la causa por pasiva frente al Banco Colpatria, toda vez que no es el llamado a pronunciarse respecto de las pretensiones de la demanda, pues en su objeto social no se encuentra contemplada ni autorizada la posibilidad de expedir pólizas de seguro. 1.2.3.2.2. En segundo lugar, adujo que se presenta una violación al principio de subsidiariedad de la acción de tutela, en consideración a que la reclamación realzada por el accionante se enmarca dentro de las facultades de la jurisdicción ordinaria. En este sentido, sostuvo que aún no se han agotado los mecanismos de defensa que dispone el ordenamiento para estos efectos. 1.2.3.2.3. En tercer lugar, alegó que según lo dispuesto en sentencia T-155 de 2010, los asuntos de carácter económico en los que se pretenda el pago de sumas de dinero no corresponden a la órbita del juez constitucional. Por esta razón, aseguró que la problemática planteada debe resolverse en el marco de la jurisdicción ordinaria. 1.2.3.3. Respuesta de BNP PARIBAS CARDIF – CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. El Representante Legal de esta entidad financiera presentó escrito de contestación el día ocho (08) de octubre de dos mil quince (2015), a través del cual se opuso a los hechos y pretensiones alegados por el actor dentro de este proceso. En este sentido, solicitó al juez declarar la improcedencia de la acción de tutela en virtud de las siguientes consideraciones: 1.2.3.3.1. En primer lugar, sostuvo que no se configura alguna de las causales de procedencia de la acción de tutela contra particulares contempladas en el artículo 86 de la Constitución Política. Afirmó que: (i) el contrato de seguro no reviste el carácter de servicio público; (ii) el accionante no se encuentra sometido a un estado de indefensión o subordinación frente a Cardif Colombia Seguros Generales S.A.; y (iii) no puede considerarse que la objeción de la ejecución de la póliza del actor afecte en forma grave y directa el interés colectivo. 1.2.3.3.2. En segundo lugar, aseguró que en esta ocasión no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, esta sólo procederá cuando el interesado no disponga de otro medio legal idóneo para plantear su reclamación. En este sentido, señaló que el accionante cuenta con dos acciones ordinarias adecuadas para resolver este tipo de controversias, que son la acción ordinaria o declarativa y la acción ejecutiva. 1.2.3.3.3. En tercer lugar, aseveró que en este caso se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva frente a esta entidad. Adujo que la jurisprudencia constitucional ha señalado la necesidad que tiene el juez de identificar correctamente a las partes y/o autoridades involucradas en un conflicto, para de esta forma evitar sentencias desestimatorias o decisiones inhibitorias. 1.2.4. DECISIÓN JUDICIAL. 1.2.4.1. Sentencia de Única instancia – Juzgado Décimo Civil Municipal de Santiago de Cali. El día trace (13) de octubre de dos mil quince (2015), esta dependencia judicial profirió sentencia mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela. La decisión se fundamentó en un único argumento, enfocado en sostener que el accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, pues no agotó los mecanismos civiles ordinarios que dispone el ordenamiento para resolver este tipo de controversias; además, agregó que tampoco demostró la existencia de vulneración al derecho a la igualdad. 2. CONSIDERACIONES 2.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, con base en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación. 2.2. PROBLEMA JURÍDICO. 2.2.1. Los casos que fueron acumulados en esta ocasión plantean una problemática que gira en torno a pólizas de seguros de vida que fueron negadas con el argumento de preexistencia y reticencia al momento en que las partes accionantes suscribieron los respectivos contratos con las entidades demandadas. Los actores consideran que son sujetos de especial protección constitucional debido a la condición de salud que afrontan y solicitan que se ordene la ejecución de los amparos que cubren los créditos adquiridos. 2.2.2. Dentro del expediente T-5.283.342, el señor Hamid Aljure Gaviria asegura que tiene derecho a la ejecución de la póliza de vida adquirida con Liberty Seguros S.A., ya que después haber suscrito el contrato de seguro sufrió un derrame cardiovascular y fue calificado con pérdida de la capacidad laboral de un 53.11%. Agrega que la entidad accionada negó su petición por tener hipertensión arterial antes del contrato, sin considerar que, según los conceptos médicos aportados por él, ello nada tiene que ver con el padecimiento que funda la solicitud. 2.2.3. En el expediente T-5.335.030, el señor Brayan Alexander Yusti Mellizo afirma que Colpatria Multibanca –seccional Cali- vulneró sus derechos fundamentales al negar la póliza de seguro adquirida. Declara que padece de un tumor maligno en el testículo que le ha hecho metástasis a otros órganos y le llevó a ser calificado con un 100% de pérdida de la capacidad laboral, pero ésta circunstancia no fue valorada por la entidad accionada, quien, a pesar de conocer su estado de salud, negó el amparo del crédito por reticencia y preexistencia. 2.2.4. En este orden de ideas, la Sala Séptima de Revisión deberá determinar si Liberty Seguros S.A. y Colpatria Multibanca –seccional Cali- vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes al negar la ejecución de las pólizas de vida que amparan los créditos adquiridos, con fundamento en una supuesta preexistencia y reticencia al momento de declarar el estado de riesgo. 2.2.5. Para definir el asunto, la Sala debe analizar, en primer término, la procedencia de la acción de tutela contra entidades bursátiles o aseguradoras; en segundo lugar, el contrato de seguro; en tercer lugar, el seguro de vida como relación contractual vinculada con los derechos fundamentales; en cuarto lugar, la preexistencia y la reticencia como elementos que excluyen el cubrimiento del riesgo; en quinto lugar, el derecho fundamental al mínimo vital; en sexto lugar, el deber de solidaridad constitucional que recae sobre la actividad financiera, aseguradora y bursátil; y, finalmente se solucionará el caso concreto. 2.3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. La acción de tutela ha sido definida como un mecanismo constitucional subsidiario y expedito que permite extender la protección judicial en aquellos eventos en los cuales existe vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y se requiriere de una intervención pronta e inmediata de la autoridad pública. Puede ser ejercida por toda persona en defensa de sí misma o en representación de un tercero cuando éste no se encuentre en condiciones físicas, mentales o circunstanciales para la defensa de sus derechos fundamentales. A su vez, esta herramienta jurídica puede interponerse contra personas naturales y jurídicas cuando exista violación o amenaza a los derechos fundamentales de quien solicita la protección; no obstante, el ejercicio de esta acción requiere, por regla general, que se reúnan ciertos elementos. Por esta razón, en la metodología del examen que se adelantará a continuación se expondrán los siguientes temas: (i) la subsidiariedad de la acción de tutela; (ii) la inmediatez en su presentación; y (iii) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra entidades aseguradoras. 2.3.1. Subsidiariedad. 2.3.1.1. Significa que la acción de tutela es una herramienta residual del sistema jurídico, es decir, que para valerse de la misma es necesario emplear previamente las demás acciones que el ordenamiento ha previsto para cada situación jurídica concreta. De esta forma, el desconocimiento de este requisito conlleva, por regla general, a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela como consecuencia que emerge de haber desplazado las funciones de las otras jurisdicciones del ordenamiento jurídico[1]. 2.3.1.2. A través de sentencia SU-599 de 1999[2], esta Corporación declaró que la subsidiariedad implica la imposibilidad de ejercer la acción de tutela cuando: (i) no se hizo uso de las herramientas jurídicas dispuestas por la legislación para el reclamo de derechos en la situación concreta; (ii) se ejercieron en forma extemporánea los mecanismos de defensa o reclamo jurídico; o (iii) con el propósito de pretermitir las instancias ordinarias en busca de una pronta respuesta de la justicia[3]. 2.3.1.3. De igual forma, mediante sentencia T-406 de 2005[4], esta Corte expresó que el fundamento constitucional de este requisito consiste en evitar que la naturaleza restrictiva de la acción de tutela se vea desnaturalizada por un uso ordinario y común que la convierta en una herramienta principal de protección de derechos, toda vez que la Constitución y la ley han estructurado todo un amplio sistema de competencias para el empleo de la jurisdicción y la defensa de los derechos, el cual se desarrolla en forma coherente con todo el cuerpo constitucional y ofrece diversos mecanismos jurídicos de acuerdo a la naturaleza de cada asunto[5]. 2.3.1.4. Sin embargo, el artículo 86 Superior estableció una excepción a la regla de subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela, al permitir hacer uso de éste mecanismo como herramienta transitoria para evitar la consolidación de un perjuicio grave e irremediable para el actor[6]. Igualmente, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 adicionó otra excepción a la regla de subsidiaridad, al considerar la procedencia de la acción de tutela cuando el mecanismo de defensa ordinario no resulte idóneo para la protección de los derechos fundamentales. 2.3.1.5. En suma, la acción de tutela es un mecanismo judicial efectivo que se encuentra orientado a la protección de los derechos fundamentales y cuyo ejercicio requiere de la utilización previa de todos los mecanismos ordinarios con los cuales se cuenta para resolver cada caso concreto. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado dos eventos en los cuales es posible prescindir de este requisito, a saber: (i) cuando el actor se encuentra en una situación apremiante por la posible configuración de un perjuicio irremediable; y (ii) porque los mecanismos de reclamo judicial con los que cuenta no alcanzan a ser eficaces e idóneos para lograr una protección constitucional oportuna[7]. 2.3.2. Inmediatez. 2.3.2.1. A partir de la lectura del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico a favor de los ciudadanos para el reclamo inmediato de sus derechos fundamentales, por ello se enmarca dentro de un procedimiento expedito y sumario que busca proteger derechos cuya vulneración representa una grave afectación a la integridad física o mental de una persona. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable, valorado desde la ocurrencia del hecho generador de la afectación y la presentación de la solicitud ante la justicia, por medio del cual el juez constitucional pueda advertir la existencia de una situación apremiante para el actor y su urgente necesidad de recibir medidas frente a ello[8]. En otras palabras, corresponde a cada juez observar las particularidades de cada caso y determinar si la acción de tutela fue ejercida oportunamente para la defensa de los derechos fundamentales[9]. 2.3.2.2. Sobre la razonabilidad del plazo, mediante sentencia SU-961 de 1999[10], que se constituye como la primera providencia en desplegar un análisis concreto sobre el asunto, la Sala Plena manifestó que la inexistencia de un término de caducidad para el ejercicio de la acción de tutela no implica que ésta no deba presentarse en un plazo razonable, es decir, dentro de un lapso que no afecte derechos de terceros y evite desnaturalizar la acción. Este término se encuentra determinado por la finalidad misma que persiga el escrito de tutela y será ponderado por el juez constitucional de conformidad a las características de cada caso concreto[11]. De igual forma, la Sala indicó que no es posible acceder a la admisión de una acción de tutela en aquellos eventos en los que no se ejercieron oportunamente los mecanismos de reclamo judicial ordinarios que ha contemplado la legislación para la naturaleza jurídica de cada caso, por cuanto es procedente aplicar analógicamente el principio establecido en la sentencia C-543 de 1992[12], según el cual no puede alegarse en beneficio propio la omisión. 2.3.2.3. Posteriormente, la Sala Plena de esta Corte reiteró dicha tesis mediante sentencia C-590 de 2005[13], cuando definió los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela. Al respecto, sostuvo la Sala que las acciones de tutela deben cumplir con un plazo inmediato, es decir, que deben presentarse dentro de un término proporcional desde el momento en que se presentó la vulneración del derecho para evitar que se afecten los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, ya que en sentido contrario se generaría una confusión en las decisiones judiciales que opacaría la eficacia de las herramientas institucionales para el reclamo y defensa de los derechos[14]. 2.3.2.4. En síntesis, la Constitución Política y el precedente constitucional han establecido que la acción de tutela se enmarca dentro de un procedimiento preferente y sumario, dirigido a evitar o interrumpir la afectación que sufre un ciudadano respecto a sus derechos fundamentales. De esta forma, el juez constitucional debe evaluar en cada caso concreto la diligencia desplegada por el peticionario en relación con la urgencia de la medida y establecer si el actor realmente se encuentra ante una vulneración presente de sus derechos fundamentales[15]. 2.3.3. Procedencia de la acción de tutela contra entidades aseguradoras. 2.3.3.1. Las actividades financiera, bursátil y aseguradora han sido calificadas por la Constitución Política como un servicio público basado en la captación, manejo e inversión de grandes cantidades de dinero procedentes de toda la población[16], razón por la cual, las entidades y empresas que ejercen esta actividad comercial se encuentran sujetas a una serie de responsabilidades particulares, que las someten a obligaciones susceptibles de ser demandadas ante las autoridades judiciales de carácter civil y comercial. Sin embargo, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece la posibilidad que tienen las personas de ejercer la acción de tutela, en aquellos eventos en los cuales consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por un particular que presta un servicio público[17], no obstante el juez deberá valorar cada caso concreto. 2.3.3.2. Lo anterior significa que el ejercicio de la acción de tutela siempre deberá encausarse dentro de los márgenes procesales dispuestos para ella, es decir, que siempre será necesario agotar los mecanismos ordinarios que se tienen al alcance para el reclamo y defensa de los derechos, especialmente en aquellos asuntos que tienen una jurisdicción particular para resolver sus litigios, pues la protección constitucional ha sido concebida por el legislador como un amparo que debe extenderse en circunstancias donde efectivamente exista una violación a derechos fundamentales. 2.3.3.3. Ahora bien, como sucede en todos los eventos relacionados con acciones de tutela que versan sobre asuntos de carácter ordinario, la jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia excepcional de las mismas cuando en ellas se encuentre demostrada: (i) que el mecanismo judicial con el cual se cuenta no es eficaz o idóneo para lograr la protección; y (ii) cuando sea para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable para el actor[18]. Además, la jurisprudencia ha reconocido que en los eventos en que se presentan acciones de tutela por sujetos que gozan de especial protección constitucional, la valoración sobre la ocurrencia del perjuicio irremediable debe ser más comprensiva o flexibilizarse de acuerdo a las condiciones del peticionario[19]. 2.3.3.4. Así las cosas, si bien es cierto que para problemas surgidos con entidades bursátiles, financieras o aseguradoras se encuentra concebido un marco procesal civil y comercial dirigido a canalizar el estudio de estos asuntos a través de la vía ordinaria, no es menos cierto el hecho que los negocios pactados con dichas compañías revisten la particularidad de recaer sobre una relación contractual en la cual puede presentarse un desbalance que ubique a las mismas en una condición de ventaja frente a la otra parte del acuerdo, casos en los que se configura un estado de indefensión que permite prescindir de la vía ordinaria y admitir la acción de tutela de manera excepcional. 2.3.3.5. En ese sentido, para la procedencia de este tipo de acciones de tutela, la jurisprudencia constitucional ha agregado otro elemento, de acuerdo al cual, el juez deberá examinar en cada caso concreto si existe un relación de desigualdad negocial que ubique al actor en un plano de indefensión[20]. Adicionalmente, también ha determinado que el accionante debe demostrar que no cuenta con recursos económicos suficientes para continuar con el pago de la deuda[21]. 2.3.3.6. De igual forma, a través de sentencia T-751 de 2012[22], la Sala Primera de Revisión de esta Corte explicó que a partir de la lectura del precedente constitucional, se logra desprender que en materia de acciones de tutela contra compañías aseguradoras, el juez deberá considerar su procedencia cuando en ellas logre advertir una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales a la vida, a la salud o al mínimo vital. De esta manera, expuso que si el litigio involucra asuntos estrictamente económicos, el mismo deberá ventilarse por medio de la vía ordinaria, aunque deberá avocarse el conocimiento de la acción cuando sea con el propósito de proteger estos derechos fundamentales, pues el proceso civil puede no ser idóneo[23]. 2.3.3.7. En este orden de ideas, mediante sentencia T-136 de 2013[24], esta Corporación conoció de una acción de tutela interpuesta por un peticionario que había adquirido una póliza de seguro de vida para amparar un crédito hipotecario, aunque su ejecución había sido negada por la entidad aseguradora demandada pues había sobrepasado la edad de 69 años que debe tenerse para este tipo de pólizas. En esta oportunidad, la Sala consideró que el accionante era un sujeto de especial protección constitucional que se hallaba en estado de indefensión frente a la entidad aseguradora, pues del contrato se había demostrado que la entidad demandada nunca puso la edad de 70 años como límite para hacer efectiva esta póliza y esto lo estaba colocando frente a un posible perjuicio irremediable porque amenazaba con perder su casa. 2.3.3.8. En el mismo sentido de lo expuesto, por medio de sentencia T-865 de 2014[25], la Sala Sexta de Revisión de esta Corporación explicó que frente a la procedencia de acciones de tutela contra entidades aseguradoras, será necesario analizar si la reclamación en la ejecución de la póliza puede generar una consecuencia que materialice un perjuicio irremediable para el tomador, puesto que no cuenta con recursos suficientes para garantizar su mínimo vital. En estos eventos, el Estado no puede exigirle al individuo el agotamiento de vías judiciales que no serían idóneas para resolver rápidamente el asunto, sino que se encuentra en la obligación de tramitar de forma urgente la petición para con ello evitar la afectación[26]. 2.3.3.9. En síntesis, la actividad aseguradora es una labor de carácter financiero que debe resolver sus litigios en el marco de la jurisdicción ordinaria. No obstante, contra este tipo de compañías podrá ejercerse de manera excepcional la acción de tutela cuando el juez constitucional logre demostrar que: (i) los mecanismos ordinarios no son idóneos o eficaces para proteger un derecho fundamental; (ii) el accionante está ante la amenaza de un perjuicio grave e irremediable, cuya valoración deberá ser flexible en el caso de sujetos con especial protección constitucional; y (iii) cuando de la relación contractual se observe que el actor se encuentra en estado de indefensión. 2.4. ENFOQUE CONSTITUCIONAL DEL CONTRATO DE SEGURO. En este acápite la Sala procederá a realizar un análisis del contrato de seguro a partir de una perspectiva constitucional, de manera que se logren extraer conclusiones que ayuden a identificar puntos de tensión entre la conformación de este acuerdo de voluntades con los postulados fundamentales de la Carta Política. Esto permitirá determinar cuándo es necesario extender una protección sobre un caso que reviste circunstancias particulares de especial relevancia constitucional. Para efectos de lo anterior, el examen de la Sala se desarrollará de la siguiente forma: (i) se definirá el contrato de seguro; (ii) se observará lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional al respecto; (iii) se realizará una breve referencia sobre este contrato en el derecho comparado; (iv) se expondrán las cláusulas abusivas de estos contratos; (v) se abordará el contrato de seguro de vida; y (vi) se analizarán las figuras de reticencia y preexistencia en estos contratos. 2.4.1. Contrato de seguro – definición y contexto. 2.4.1.1. Este contrato es una figura jurídica concebida como un acuerdo de voluntades por el cual una persona llamada tomador –en algunas ocasiones también beneficiario- se obliga al pago de un prima a favor de otra llamada asegurador, con el fin que esta última cubra los daños causados por la ocurrencia de riesgo –siniestro- que afecta la integridad física o el patrimonio del primero. 2.4.1.2. Su creación ha sido el producto de la evolución que han sufrido las costumbres mercantiles en occidente, las cuales partieron de la misma necesidad que tiene el ser humano por desarrollar mecanismos que le brinden condiciones de protección y seguridad en cada uno de los aspectos de su vida, para con ello obtener el mayor grado de prevención posible frente daños a su integridad física, salud, patrimonio, bienes y demás factores que afectan su existencia. 2.4.1.3. Sus antecedentes nacen en las antiguas asociaciones que formaron griegos y romanos para que sus integrantes se prestaran ayuda mutua frente a las adversidades y contingencias que sufrieran. De éstas se destaca la Collegia Funeratica como una modalidad de asociación por la que sus miembros realizaban aportes a un fondo que atendí...