Sentencia T-235 de 2017

T-235-17 Sentencia 235/17 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Precedente de la Corte Constitucional En materia de pensión de sobrevivientes la condición más beneficiosa es un mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditan el requisito de semanas mínimo de algún régimen derogado, así como los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. En virtud de ese postulado, es posible aplicar una norma anterior a la que estaba vigente al momento de la muerte del causante, sin necesidad de que los regímenes sean inmediatamente sucesivos, siempre y cuando el afiliado haya cumplido plenamente con su deber de solidaridad al sistema bajo la vigencia de la norma anterior. Por tanto, es viable invocar la condición más beneficiosa para inaplicar la Ley 797 de 2003, en vigencia de la cual fallece el causante, y conceder el derecho en virtud de lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, si antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se aportaron trescientas (300) semanas en cualquier tiempo. APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Cambio de precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo, por cuanto se debía aplicar la condición más beneficiosa bajo el Decreto 758 de 1990 Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto sustantivo al dejar de aplicar al derecho pensional reclamado por la actora un régimen que no es inmediatamente anterior al del fallecimiento del causante, desconociendo así la condición más beneficiosa en materia laboral. APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Orden a Colpensiones reconocer pensión de sobrevivientes Referencia: Expediente T-5996087 Acción de tutela instaurada por Islena Mejía de Valencia contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quindío). Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de la sentencia proferida, en primera instancia, por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el día catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en el proceso de tutela iniciado, a través de apoderado, por la señora Islena Mejía de Valencia contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, y a la cual se vinculó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión mediante auto del veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Dos.[1] I. ANTECEDENTES 1. Demanda y solicitud La señora Islena Mejía de Valencia, a través de apoderado[2], interpuso acción de tutela contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al principio de favorabilidad y condición más beneficiosa, la igualdad, la tercera edad, el debido proceso, el derecho a acceder a la administración de justicia y el desconocimiento del precedente constitucional contenido en la sentencia T-584 de 2011 y T-144 de 2013. A continuación, se presentan los hechos de la acción, la respuesta de las entidades accionadas y las decisiones objeto de revisión: 2. Hechos 2.1. La señora Islena Mejía de Valencia estuvo casada desde el 25 de diciembre de 1971[3], con el señor Iván de Jesús Valencia Trejos, hasta el 20 de septiembre de 2006, fecha del fallecimiento de este último[4]. 2.2. En su condición de cónyuge sobreviviente, la señora Islena Mejía de Valencia reclamó al Instituto de Seguros Sociales – hoy Colpensiones-, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pero la entidad, a través de la Resolución No. 09035 del 28 de junio de 2009[5], le negó el derecho pensional, afirmando que sólo se acreditaron 345 semanas de cotización de las cuales ninguna correspondía a los tres años anteriores al fallecimiento, además de negarle el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, por prescripción. Contra esta decisión no se interpuso recurso alguno. 2.3. El 15 de abril de 2013[6], la señora Islena Mejía de Valencia, en virtud de la corrección de la historia laboral de su esposo fallecido, en la que se precisó que el total de semanas realmente cotizadas por el señor Iván de Jesús Valencia Trejos, era de 651.71 en todo el tiempo, de las cuales 583.5714[7] se habían cotizado antes del 1º de abril de 1994, reclamo nuevamente su derecho con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, y en la sentencia T-584 del 27 de julio de 2011 que, en su criterio, constituye precedente aplicable. 2.4. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, mediante Resolución No. GNR 180664 del 11 de julio de 2013[8], le niega a la señora Islena Mejía de Valencia el reconocimiento y pago del derecho pensional de sobreviviente, argumentando que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el causante cotizó al ISS -hoy Colpensiones-, cero semanas en los tres años anteriores al momento de su fallecimiento. 2.5. Contra esta nueva negativa se interpuso recurso de apelación, que se resolvió de manera desfavorable a la recurrente mediante Resolución No. VPB 475 del 14 de enero de 2014[9], al considerar que los artículos 6 y 25 del Acuerdo No. 049 de 1990 y la jurisprudencia que cita la peticionaria, no resultaban aplicables porque para que ello fuera así, el deceso debía darse entre el 1º de abril de 1994 (fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993) y el 29 de enero de 2003 (fecha en que entró a regir la Ley 797 de 2003[10]), lo cual no ocurrió, pues está demostrado que el hecho generador del derecho pensional reclamado, se presentó el 20 de septiembre de 2006. 2.6. Interpuesta acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso amparar el derecho pensional[11] y en tal virtud se venía cancelando la mesada pensional, pero en forma abrupta el pago fue suspendido, por lo que se acudió a la jurisdicción ordinaria laboral para decidir de manera definitiva la controversia. El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, quien decidió negar el reconocimiento en razón a que la solicitud debía estudiarse con base en los postulados consagrados en la Ley 100 de 1993, que exigían al afiliado haber cotizado 26 semanas en los tres últimos años anteriores a la fecha del fallecimiento. 2.7. Con ocasión del recurso de apelación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia –Sala Civil Familia Laboral-, se pronunció el 30 de agosto de 2016, confirmando la sentencia apelada, al considerar que la norma bajo la cual se reclamaba el derecho pensional, esto es, el Decreto 758 de 1990, no resultaba aplicable. 3. Pruebas Con el escrito contentivo de la acción de tutela, el actor aportó copia de la totalidad del expediente ordinario laboral radicado al No. 63-001-31-05-003-2014-00342-00 en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, y que contiene el proceso que tramitó y decidió la demanda interpuesta por la señora Islena Mejía de Valencia contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-. Del material probatorio aportado al expediente ordinario, se infieren los siguientes supuestos: 1. El matrimonio celebrado entre los señores Islena María Mejía Marín y el señor Iván de Jesús Valencia Trejos, el 25 de diciembre de 1971, con el acta de matrimonio anexa al folio 16. 2. La muerte del señor Iván de Jesús Valencia Trejos ocurrida el 20 de septiembre de 2006, con la copia del registro civil de defunción anexo al folio 27. 3. La edad de 65 años de la señora Islena Mejía de Valencia, quien nació el 25 de mayo de 195, se infiere de la copia de la cédula de ciudadanía anexa al folio 14. 4. El total de semanas cotizadas por el señor Iván de Jesús Valencia Trejos, lo certifica el Seguro Social a folios 18 a 26. Según este reporte, el causante cotizó al sistema 583.5714 al 14 de agosto de 1993 y un total de 651.71 al 31 de agosto de 2001 (folios 18 a 26). 5. El 15 de abril de 2013 la señora Islena Mejía de Valencia radica petición a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, solicitando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (folios 33 a 39). 6. Resolución No. GNR 180664 del 11 de julio de 2013, negando el reconocimiento pensional, al no cumplir el causante con el requisito de las 50 semanas de cotización dentro de los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Como norma aplicable se cita por la entidad, la Ley 797 de 2003 en sus artículos 12 y 13 (folios 40 a 43). 7. Resolución No. VPB 475 del 14 de enero de 2014 confirmando la negativa al reconocimiento pensional, bajo el argumento de que no es posible dar aplicación a la condición más beneficiosa contemplado en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, toda vez que el causante falleció el 20 de septiembre de 2006 y la normativa aplicable es la Ley 793 de 2003 (fol. 48 a 54). 4. Respuesta de las entidades demandadas 4.1. El Juez Tercero Laboral del Circuito de Armenia, manifiesta que el trámite dado a la demanda interpuesta por la accionante, se verificó bajo el respeto de las garantías que orientan el debido proceso, por lo que considera que la acción constitucional debe negarse[12]. 4.2. La Sala Civil Familia Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, afirma que la acción de tutela es improcedente porque no concurren los presupuestos generales o especiales que la jurisprudencia constitucional ha previsto en razón a la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, con motivo de las actuaciones o expedición de providencias judiciales[13]. 4.3. La Administradora de Pensiones Colpensiones, a través del Gerente General Nacional de Defensa Judicial, solicita que se declare improcedente la tutela, en cuanto no es la vía adecuada para elevar una reclamación pensional[14]. 5. Sentencia que se revisa En fallo de primera instancia del 14 de diciembre de 2016, La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado por Islena Mejía de Valencia. Esta decisión estuvo fundamentada en la existencia de otro mecanismo judicial de defensa de los derechos que la accionante pretende le sean amparados a través del medio excepcional de tutela, y que no es otro que el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del 30 de agosto de 2016, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia. Adicionalmente, afirma la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, que revisado el audio que contiene la decisión objeto de censura, se advierte que el juez del proceso ordinario hizo un recuento probatorio adecuado que lo llevó a concluir que el derecho pensional se regía por las disposiciones de la Ley 100 de 1993, dado que el causante falleció el 20 de septiembre de 2006. Así mismo, concluye que no se reunieron el total de semanas de cotización que exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y por tanto, no era posible aplicar el criterio de la condición más beneficiosa que la Corte ha expuesto en sus diversas sentencias. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para revisar el fallo de tutela referido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2. Planteamiento del caso y problema jurídico 2.1. La accionante, a través de apoderado, pretende que se dejen sin efecto las decisiones judiciales que, en el marco de un proceso laboral ordinario, negaron el reconocimiento de su pensión de sobrevivientes en razón a que el causante no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma que regulaba el derecho y que, para los jueces de instancia, era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su expresión original. Para la actora, los jueces de instancia en sus decisiones incurrieron en un defecto sustantivo, porque la norma aplicable, a su caso, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, toda vez que su esposo cotizó el número de semanas mínimo exigido en ese régimen para garantizar la pensión de sobrevivientes (300 semanas), antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones. 2.2. A su vez, los jueces del proceso ordinario, precisaron que lo pretendido era el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y por ello los requisitos que se deben cumplir para tener derecho a dicha prestación, son los que están previstos en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, en razón a que el fallecimiento del causante Iván de Jesús Valencia Trejos, afiliado al régimen de prima media, ocurrió el 20 de septiembre de 2006. En este orden, cada una de las instancias argumentó lo siguiente: 2.2.1. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, señaló que de conformidad con el artículo 46 numeral 2º con la modificación del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los beneficiarios del causante que hubiere cotizado un total de 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento. Respecto a la condición más beneficiosa, estableció que no es admisible aducir como parámetro para su aplicación, cualquier norma que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona en el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable según las reglas generales del derecho. Teniendo en cuenta el criterio precedente y que el causante falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003, el juez realiza el estudio conforme la norma inmediatamente anterior, esto es, el texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que establecía que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los beneficiarios del causante, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: i) que se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de la muerte, o si dejo de cotizar, ii) que hubiera efectuado aportes de por los menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al que se produzca la muerte. Que para el caso, el causante señor Iván de Jesús Valencia Trejos, no cumplió con ninguno de los requisitos y por tanto, no dejó causado el derecho, lo que hace improcedente la reclamación de su cónyuge sobreviviente. 2.2.2. La segunda instancia estuvo a cargo del Tribunal Superior del Distrito de Armenia –Sala Civil Familia Laboral-, órgano judicial que el 4 de septiembre de 2015, y luego de plantearse el problema jurídico, señala que es pertinente destacar en primer lugar, que la Sala ha insistido en el sometimiento del juez al principio del efecto general e inmediato de la ley, señalando que la norma aplicable al derecho que se reclama, es aquella que se encuentre vigente al momento de su causación, por ello la fecha de la muerte del afiliado o pensionado es la que determina la norma que regula el derecho a la pensión de sobrevivientes, tesis refrendada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido y debido a que el causante falleció el 20 de septiembre de 2006, en principio la disposición que regula el derecho pensional pretendido es el artículo 46 numeral 2º de la ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, que establece que los miembros del grupo familiar del afiliado, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando el causante hubiere cotizado al menos 50 semanas con anterioridad a la fecha del fallecimiento. De otra parte, y sobre la aplicabilidad del principio de la condición más beneficiosa, la segunda instancia cita los criterios que sobre el punto ha expuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que señalan que no es admisible aducirse como parámetro para su aplicación cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se desarrolló la vinculación de la persona al sistema de seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable según las reglas generales del derecho. Para el caso, concluyo el tribunal que la disposición de la cual es destinataria la demandante en aplicación de la condición más beneficiosa, es la prevista en el texto original de la Ley 100 de 1993 que establece como beneficiarios para la pensión de sobrevivientes a los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que estuviere afiliado y cotizado 26 semanas al momento de la muerte, o que habiendo dejado de cotizar haya cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior al deceso. Encontró el tribunal que examinada en detalle la historia laboral del causante Iván de Jesús Valencia Trejos, se infiere que éste no cotizó tan siquiera una semana al sistema pensional, ya que la última cotización la reportó el 31 de agosto de 2001, lo que significa que entre el 20 de septiembre de 2003 y el 19 de septiembre de 2006, no hizo aportes, por lo tanto, no se cumple el primer requisito previsto en el numeral 2 del artículo 46 de la ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003. Sumado a lo anterior, tampoco se cumple con las previsiones contenidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original pues el afiliado al dejar de cotizar el 31 de agosto de 2001, no dejo causada la prestación, pues es evidente que al permanecer inactivo en el sistema desde ese momento, se comprueba la ausencia de las 26 semanas requeridas para reconocer la prestación sin que sea dable aplicar el Decreto 1758 de 1990, como se solicitó en la demanda, pues como ya se dijo es improcedente aducir como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal precedente que haya regulado el asunto en alguno momento pretérito, sino la inmediatamente anterior. Finalmente y frente al argumento relativo a la aplicación de la sentencia de tutela 584 de 27 de julio de 2011, para desatar la controversia, concluyó el tribunal de segunda instancia que la sentencia de tutela sólo tiene efectos inter partes, y por lo tanto, no podía considerarse la decisión como precedente aplicable. Recordó que las providencias adoptadas en este sentido no trascienden a la comunidad en general y que corresponde a la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la justicia ordinaria unificar la jurisprudencia paria, cuyos pronunciamientos son los que se tienen en cuenta para adoptar la decisión, por ello se niega el derecho con base en el principio de la condición más beneficiosa como lo determinó la sentencia objeto de alzada. 2.3. En este contexto, la Sala Primera de Revisión deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera una autoridad judicial, los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, a la aplicación de la condición más beneficiosa, al negar a una persona el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por no cumplir el causante los requisitos previstos en el literal b) del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, norma inmediatamente anterior a la vigente para el momento del fallecimiento – Ley 797 de 2003-, a pesar de que la mayoría de las cotizaciones se efectuaron al Sistema de Pensiones, bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990[15] reglamentado por el Decreto 758 de 1990[16]? 2.4. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala examinará si la acción de tutela es procedente para censurar las providencias judiciales referenciadas; y luego, de cumplirse los requisitos generales de procedibilidad, verificará si efectivamente las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, partiendo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 3. Condiciones de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 3.1. El artículo 86 de la Carta establece que los ciudadanos pueden acudir a la acción de tutela cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. En tanto los jueces son autoridades públicas y algunas de sus acciones toman la forma de providencias, si con una de ellas se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de los mismos. 3.2. Desde la sentencia C-543 de 1992,[17] la Corte Constitucional sostuvo que la acción de tutela procede contra providencias judiciales si de manera excepcional se verifica que la autoridad que la profirió incurrió en una vía de hecho.[18] Y actualmente, tras un desarrollo jurisprudencial que decantó esta postura, dentro del cual debe mencionarse la sentencia C-590 de 2005,[19] se sustituyó el concepto de vía de hecho por el de causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 3.3. Según los anteriores criterios jurisprudenciales, la tutela contra providencias judiciales está llamada a prosperar siempre y cuando satisfaga todo un haz de condiciones. En primer lugar, que cumpla con los requisitos de procedibilidad general, a saber: (i) si la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); (iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si (de haber sido posible) lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la providencia impugnada no es una sentencia de tutela.[20] 3.4. Sólo después de superados los requisitos anteriores, el juez de tutela debe verificar en segundo lugar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo, o causales especiales de procedibilidad.[21] En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en alguno de los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la Constitución.[22] Además, debe definir si el haber incurrido en alguno de esos defectos supuso la violación de derechos fundamentales. 4. La acción de tutela presentada por Islena Mejía de Valencia es procedente para controvertir las providencias judiciales emitidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia La Sala observa que en este asunto concurren los requisitos generales de procedibilidad mencionados, por lo que la acción de tutela presentada por la señora Islena Mejía de Valencia, es idónea para controvertir las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. 4.1. En efecto, (i) la cuestión debatida resulta de evidente relevancia constitucional, toda vez que se discute si las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al negarle la pensión de sobrevivientes en aplicación de una norma que, en criterio de la tutelante, no era la que debía utilizarse para resolver su situación pensional, desconociendo con ello la previsión constitucional 53 que consagra el principio de la condición más beneficiosa en material laboral. De la definición de ese punto no solo depende el alcance del derecho reclamado, sino también la protección del derecho a la seguridad social y al mínimo vital de la peticionaria, quien además es sujeto de especial protección constitucional debido a que la mesada pensional se constituye en su única fuente de ingreso y a su avanzada edad (65 años).[23] Es una persona cuya fuerza de trabajo está limitada de manera notable, y la garantía de un ingreso económico regular se torna indispensable para llevar una vida en condiciones mínimas de dignidad. Ingreso que sin duda alguna varía sustancialmente cuando fallece el titular del derecho pensional. 4.2. Igualmente, (ii) la accionante agotó todos los recursos eficaces para la protección de sus derechos fundamentales. Acudió a la jurisdicción ordinaria buscando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su esposo, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, que no accedió a las pretensiones en sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015).[24] Esta decisión fue apelada por la hoy accionante, y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, la confirmó mediante sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016).[25] Ahora bien, en lo que hace referencia a la posibilidad que tenía la actora de interponer el recurso extraordinario de casación contra la sentencia que le fue adversa en el proceso ordinario, y el cual según lo evidenció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no fue interpuesto[26], debe esta Sala Primera de Revisión destacar que dicho recurso resultaba improcedente dado que el interés para recurrir en el año 2016 era de $82.734.480.oo equivalente a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal y como lo señala el artículo 86 del C. P. L.[27], y la cuantía de la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario de fecha 30 de agosto de 2016 no superaba esta suma[28]. En consecuencia, puede afirmarse que la actora agotó todos los medios de defensa judiciales eficaces[29] para la protección de sus derechos fundamentales, por lo que debe entenderse cumplido el requisito de subsidiariedad de la tutela. Este requisito de la subsidiariedad no puede traducirse en un exceso de ritualismo que aleje a los ciudadanos del disfrute efectivo y pleno de sus derechos, por lo que, en casos como el presente en el que además de tratarse de una persona que por su edad, 65 años, y la dependencia económica de su cónyuge fallecido –se afirma en la demanda de tutela y se demuestra con la prueba testimonial recaudada en el trámite del proceso ordinario-, necesita que su derecho pensional de sobreviviente le sea definido prontamente y en condiciones de igualdad frente a sujetos a los que, como se precisó en párrafos precedentes, se les reconoció por la jurisprudencia constitucional el derecho a la pensión aplicando la máxima de la condición más beneficiosa. 4.3. En lo referente al principio de inmediatez, la Sala encuentra que la acción de tutela cumple con este presupuesto, pues fue interpuesta el 28 de noviembre de 2016, tres (3) meses siguientes a la fecha de emisión de la sentencia de segunda instancia[30], que se acusa como vulneradora de los derechos fundamentales de la señora Islena Mejía de Valencia. Es decir, en un plazo razonable. 4.4. Por lo demás, se observa que (iv) la accionante no alega una irregularidad procesal como fundamento de la solicitud de tutela, sino que la sentencia censurada incurrió en un defecto sustantivo por haber aplicado una norma que no regulaba el caso; (v) en el trámite del proceso ordinario se argumentó que la pensión de sobrevivientes debía otorgarse bajo los lineamientos y requisitos previstos en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en aplicación de la condición más beneficiosa, precisamente porque el causante cotizó más de trecientas (300) semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.[31] En consecuencia, la accionante no pretende esgrimir nuevos argumentos o presentar elementos de prueba adicionales a los que se expusieron en el proceso ordinario. Y por último, (vi) la providencia censurada no es una sentencia de tutela. Cumplidos los presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y de conformidad con la metodología propuesta, la Sala procederá a examinar el problema jurídico planteado. 5. Aplicación jurisprudencial de la condición más beneficiosa en pensión de sobrevivientes 5.1. La condición más beneficiosa establece que si bajo las reglas vigentes no se cumplen los presupuestos para acceder al reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra normativa derogada del ordenamiento jurídico es posible conceder el derecho, si es que el interesado cumplió con el requisito de densidad de semanas del régimen anterior para garantizar el acceso a la prestación reclamada.[32] Este postulado encuentra su fundamento en la confianza legítima de los usuarios que están próximos a adquirir o garantizar el acceso a algún derecho pensional porque cumplen el requisito mínimo de semanas cotizadas,[33] pero a raíz de un tránsito legislativo ven frustradas sus aspiraciones, ya sea porque los requisitos se tornan más rigurosos o porque no se acredita alguna de las condiciones restantes. Pero también está soportado en los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, en tanto sería desmedido aceptar que una persona que cumplió cabalmente con su deber de solidaridad al sistema, aportando un monto considerable de semanas, se quede sin garantizar su derecho a la seguridad social o el de sus beneficiarios cuando se presente el riesgo protegido, precisamente porque sucede un tránsito legislativo que lo perjudica. Así lo explicó la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en sentencia del trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), rad. 9758,[34] al invocar en un caso el principio de la condición más beneficiosa para efectos de aplicar una norma anterior y conceder un reconocimiento pensional: “[…] ante una contradicción tan evidente, impone el sentido común el imperio de una solución cimentada en una interpretación y aplicación sistemática de normas y en el espíritu de las mismas, consultando los principios de equidad y proporcionalidad. Y en tal orden de ideas se apartaría de estos postulados la decisión jurisdiccional que sin ningún análisis contextual aplicara al caso el artículo 46 de la ley 100 de 1.993, y so pretexto de haberse producido el deceso a los 3 meses y 23 días de entrar en vigencia el nuevo régimen de seguridad social y de no tener cotizadas el causante 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, se negase a sus derechohabientes la pensión de sobrevivientes, que edificó el afiliado durante más de 20 años, las que le daban derecho a causar no sólo pensión de sobrevivientes sino aun a estructurar el requisito de aportes para la pensión de vejez. Si se acogiera tal solución fría y extremadamente exegética se llegaría al absurdo que un mínimo de cotizaciones efectuadas durante solo 6 meses anteriores a la muerte dan más derecho que el esfuerzo de aportes durante toda una vida laboral efectuado por quien cumplió con todos los cánones estatuidos en los reglamentos vigentes durante su condición de afiliado, lo cual no solamente atenta contra los principios más elementales de la seguridad social, sino también contra la lógica y la equidad. Por tanto, siendo indiscutible el cumplimiento de todas las cotizaciones estatuidas por el régimen vigente durante la vinculación de SAUL DARIO MESA RODRIGUEZ al seguro de invalidez, vejez y muerte, luego de lo cual se produjo su muerte y ante la presencia de dos sistemas normativos de seguridad social de posible aplicación razonable, a juicio de la Corte, como son el Acuerdo 049 - decreto 0758 de 1.990- y la ley 100 de 1.993, debe inclinarse el juzgador, con arreglo al texto 53 supralegal por la norma de seguridad social vigente al momento de culminación de la afiliación, esto es el primero de los estatutos mencionados, por ser el régimen más favorable a quien en vida cumplió en desarrollo de su labor con el sistema de seguridad social, para su protección y la de su familia”. Así mismo, la condición más beneficiosa está encaminada a materializar las garantías mínimas del estatuto del trabajo (art. 53, CP), la protección especial a personas en situación de debilidad manifiesta (art. 13 inciso 3º CP), la presunción de buena fe de las actuaciones de los particulares (art. 83, CP), y los convenios sobre derechos humanos laborales ratificados por Colombia, especialmente el artículo 19.8 de la Constitución de la OIT, que dispone que “en ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación”.[35] 5.2. Sobre la aplicación de la condición más beneficiosa en casos en los que se reclama el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, existe una línea jurisprudencial sólida en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en el sentido de que se puede aplicar el régimen inmediatamente anterior al vigente al momento de la muerte del causante. Se ha sostenido que una persona tiene derecho a que la situación pensional se resuelva con base en la norma anterior inmediata, si se acredita que el afiliado fallecido cumplió con el requisito de densidad de semanas cotizadas de dicho régimen antes de la entrada en vigencia del nuevo. Es decir, si antes de que se produzca el tránsito legislativo el causante completa el número mínimo de aportes para garantizar la pensión de sobrevivientes, sin importar que no se haya producido el siniestro. Así por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ha protegido en múltiples ocasiones el derecho a la pensión de sobrevivientes de aquellas personas que, habiendo muerto el causante en vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, y no cumpliendo las exigencias de esa normatividad, le son aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1990 (norma inmediatamente anterior), si para el momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 se daba el supuesto del número de semanas cotizadas para que sus beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de sobrevivientes (300 semanas).[36] En sentencia del veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010), rad. 36948,[37] la Sala de Casación Laboral explicó que: “[e]l principio de la condición más beneficiosa en materia pensional ha tenido extensa aplicación por parte de la jurisprudencia, respecto a aquellas personas que habiendo cumplido con un nivel elevado de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, (150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época con anterioridad a ese estado) tal como lo determinaba el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990 del I.S.S., no cumplían con las 26 semanas para el momento de la invalidez o de la muerte exigidas por la Ley 100 de 1993, pero en razón a que se consideró que la nueva legislación traía una exigencia menor en número de cotizaciones respecto de la legislación anterior. Esta Corporación en asuntos semejantes, en relación con el punto de derecho que se discute, ha dejado claro, que pese a haber fallecido el afiliado en vigencia de la Ley 100 de 1993, son aplicables, por virtud del principio de la condición más beneficiosa, las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si para el momento de entrar en vigencia la citada ley, se daba el supuesto del número de semanas cotizadas para que sus beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de sobrevivientes.” De igual forma lo han establecido diversas salas de revisión de la Corte Constitucional, al resolver casos de personas que pretendían el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en aplicación de una norma inmediatamente anterior a la que estaba en vigencia al momento de la muerte del causante, entre las cuales pueden observarse las sentencias T-008 de 2006,[38] T-645 de 2008,[39] T-1074 de 2012[40] y T-563 de 2012.[41] En todas ellas, con base en la condición más beneficiosa, se resolvió aplicar el Decreto 758 de 1990 para efectos de conceder el derecho a la pensión de sobrevivientes de las personas interesadas, a pesar de que los causantes habían fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su versión original. Un elemento común a todos los casos, es que los afiliados fallecidos habían acreditado el número mínimo de semanas del régimen derogado para garantizar el acceso a la prestación, antes de que entrara en vigor la nueva normatividad. 5.3. Está claro entonces que, en materia de pensión de sobrevivientes, la condición más beneficiosa puede invocarse para dejar de aplicar la normativa vigente al momento de la muerte del causante a favor de la norma inmediatamente anterior, si es que se cumple el requisito de densidad de semanas de esta última para garantizar el derecho. Sin embargo, surge la pregunta de si se puede utilizar este postulado para aplicar un régimen diferente al inmediatamente anterior (otro más antiguo). Es decir, si se puede, como lo pretende la accionante, dejar de aplicar la Ley 797 de 2003 para examinar su caso bajo el Decreto 758 de 1990, a pesar de que no son inmediatamente sucesivos porque en el medio está la Ley 100 de 1993 en su versión original. Al respecto, las posiciones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional son contrarias. 5.3.1. El alto tribunal de lo ordinario sostiene que en virtud de la condición más beneficiosa no es posible aplicar un régimen que no sea inmediatamente anterior, porque dicho principio “no es una habilitación a quien no cumple los requisitos de la normatividad que le es aplicable, para efectuar una búsqueda histórica en la legislaciones anteriores para ver cual se ajusta a su situación, pues, esto desconoce el principio según el cual las leyes sociales son de aplicación inmediata y en principio rigen hacia el futuro.”[42] Y precisamente bajo esta tesis le fue denegada la prestación a la accionante. Esta postura se fundamenta principalmente en una acepción de la condición más beneficiosa como un postulado que solo protege las expectativas legítimas de los usuarios frente a cambios intempestivos de normatividad. Bajo este entendimiento, la condición más beneficiosa únicamente ampara al afiliado que tenía la confianza de que al morirse podía transmitir el derecho porque había cotizado el número mínimo de semanas, pero no contaba con que se introdujera un cambio en la regulación. Por eso se limita la protección frente la primera modificación normativa, porque la segunda ya no es sorpresiva y debe entenderse que los afiliados deben acomodarse a las condiciones del nuevo régimen y empezar a modular sus expectativas conforme al mismo. 5.3.2. Por su parte, la Corte Constitucional ha establecido que sí es posible confrontar regímenes jurídicos que no son inmediatamente sucesivos para efectos de aplicar la condición más beneficiosa, porque “no basta efectuar reformas legislativas sucesivas para suprimir la protección de las expectativas legítimas. Una medida tal desconocería la necesidad de tomar en consideración aspectos como la proximidad entre el cambio legislativo que varió los presupuestos de reconocimiento de la garantía pretendida y el instante en que la persona adquiriría definitivamente la pensión, la intensidad del esfuerzo económico desplegado por el afiliado, entre otros elementos indispensables para determinar una protección razonable y proporcionada de los derechos eventuales como por ejemplo los índices de desempleo, los niveles de informalidad laboral o la ausencia o presencia de mecanismos de protección social supletorios.” [43] Esta posición admite una definición más amplia de la condición más beneficiosa, no solo como un mecanismo que protege a los usuarios de cambios intempestivos en la regulación, sino también como un postulado que los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados en relación con otros afiliados que cumpliendo requisitos menos exigentes tienen derecho a un beneficio pensional, lo cual es incompatible con la Constitución. Con base en esta postura, la condición más beneficiosa también busca proteger a quienes habiendo cotizado un número amplio de semanas se desvincularon del sistema con la confianza de que, por haber asumido con total responsabilidad su carga de solidaridad hacia el mismo, podían esperar idéntica retribución en caso de presentarse el evento protegido (la muerte). Es decir, el objeto principal de este postulado es evitar que un tránsito legislativo genere una afectación desproporcionada de los intereses legítimos de los afiliados, en el sentido de que personas que han aportado una cantidad considerable de semanas se verían privadas del derecho, mientras que la nueva regulación permitiría el acceso al mismo a ciudadanos que han satisfecho cargas de menor entidad. 5.3.3. En virtud de lo anterior, diferentes salas de revisión de esta Corte han señalado que en materia de pensión de sobrevivientes es válido invocar la condición más beneficiosa para inaplicar la Ley 797 de 2003, en vigencia de la cual fallece el causante, y conceder el derecho en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. En la sentencia T-584 de 2011,[44] la Sala Séptima de Revisión amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social de una persona que reclamaba el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes con fundamento en el Decreto 758 de 1990, a pesar de que el causante había fallecido el ocho (8) de agosto de dos mil cuatro (2004), cuando estaba vigente la Ley 797 de 2003. En este caso, la Sala explicó que en virtud de la condición más beneficiosa era dable aplicar la norma derogada, así no fuera la inmediatamente anterior a la que estaba vigente cuando murió el causante, porque este último había efectuado un total de cuatrocientas cuarenta y siete (447) semanas antes de que entrara en vigor la Ley 100 de 1993, y ese monto era suficiente para financiar el beneficio pensional. Además, porque la ausencia de la prestación tenía sometida a la accionante a un estado de precariedad económica, que le impedía satisfacer sus necesidades básicas y las de sus hijos.[45] En palabras de la Corte: “[…] el ISS no podía exigir el cumplimiento de un requisito al que no estaba sometida la pensión solicitada por cuanto el causante cotizó, según el reporte de la Vicepresidencia de pensiones, desde el año 1978 hasta 1988 un número de 447.43 semanas, es decir, antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y no registró aportes posteriores. En este caso, los requisitos exigidos debieron examinarse a la luz de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990, para efectos de obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes, los cuales consisten en reunir 150 semanas de cotización realizadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo, condiciones éstas que cumplía el señor José Albeiro Parra Ospina, como se desprende del acervo probatorio obrante en el expediente, en especial de la Resolución 0961 del 2006 que niega el derecho solicitado Por lo anterior, es menester concluir que la presente acción de tutela resulta procedente ante la afectación de los derechos fundamentales de la accionante, por un lado, para amparar un derecho de rango fundamental, en tanto que se trata de proteger el mínimo vital de una persona que resultó afectada con la muerte de su esposo; y por otro, porque los requerimientos actuales de la actora exigen una intervención inmediata del juez constitucional”[46]. En sentencia T-228 de 2014,[47] la Sala Sexta de Revisión concedió el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a una persona con base en lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, a pesar de que el causante había fallecido el veintisiete (27) de diciembre de dos mil ocho (2008), en vigencia de la Ley 797 de 2003. Se explicó que en este caso debía invocarse la condición más beneficiosa para aplicar la norma anterior más favorable, así no fuera inmediatamente sucesiva, porque se comprobó que el afiliado fallecido “(i) cotizó para pensión entre abril 3 de 1970 y octubre 18 de 1983 (f. 32 cd. Inicial), esto es, previamente a la vigencia del Acuerdo 049 de 1990; (ii) no realizó cotizaciones posteriores al 1º de abril de 1994 y (iii) su deceso ocurrió en diciembre 27 de 2008 (f. 22 ib.), es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Por tanto, la preceptiva aplicable al caso objeto de estudio no es la Ley 100 de 1993, vigente cuando murió Armando de Jesús De La Rosa Barros, sino la anterior, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa en esta materia.” Así mismo, se indicó que el mínimo vital de la peticionaria se encontraba en riesgo, pues era una señora de ochenta y cinco (85) años de edad que no tenía fuentes de ingresos. En consecuencia, la Corte amparó los derechos fundamentales de la accionante y ordenó el reconocimiento pensional. En la sentencia T-566 de 2014,[48] se sostuvo que era pertinente invocar la condición más beneficiosa para inaplicar la Ley 797 de 2003, en vigencia de la cual falleció el causante, y examinar la solicitud de reconocimiento de una pensión de sobrevivientes bajo lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990. En concepto de la Sala Séptima de Revisión, no interesaba si los regímenes eran o no inmediatamente sucesivos, porque “lo importante al momento de dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, no es tanto la cantidad de normas que hacia atrás hayan regulado la misma situación, sino que se cumplan a cabalidad los requisitos exigidos por la que es considerada la más favorable, así esta sea anterior o tras anterior a la vigente.”[49] En ese caso se verificó que el causante había cotizado el mínimo de trescientas (300) semanas que exigía el Decreto 758 de 1990 para garantizar el derecho a la pensión de sobrevivientes, inclusive antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, por lo que se encontró válido aplicar la condición más beneficiosa y conceder el derecho[50]. 5.4. Esta Sala de Revisión considera que la posición sostenida por la jurisprudencia constitucional es acertada, por cuanto se ajusta en mayor medida a los postulados superiores. En efecto, no es razonable que se elimine la protección de las expectativas legítimas de los usuarios con la simple adopción de medidas legislativas sucesivamente, sin que se tenga presente la época en que el causante realiza todas sus cotizaciones, la densidad de aportes que efectúa al sistema y, principalmente, las circunstancias del caso concreto que eventualmente evidencian una afectación desproporcionada a los derechos fundamentales. La condición más beneficiosa, tal y como se puede interpretar de su aplicación en la jurisprudencia, no solo protege las expectativas legítimas de los ciudadanos de cambios normativos intempestivos, sino que adicionalmente los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados respecto de otros usuarios que gozan de una pensión completando presupuestos de menor exigencia.[51] Por tanto, limitar su uso a la norma inmediatamente anterior, desconoce que la aplicación “fría”[52] de las reglas jurídicas puede conducir a situaciones de inequidad, en las cuales una persona que realizó un gran esfuerzo por aportar al sistema, en un contexto de desempleo e informalidad, eventualmente puede quedarse sin acceder a algún derecho pensional, aun cuando el sistema ampara a personas en situaciones menos gravosas, que inclusive contribuyeron en menor medida a su sostenibilidad. En este punto toma especial importancia el principio de equidad, pues la aplicación de la ley general a casos concretos evidencia situaciones de desprotección inaceptables desde el punto de vista de una Constitución basada en la solidaridad social, el derecho al trabajo y el principio de igualdad material. La equidad permite enmarcar las decisiones judiciales en los principios constitucionales y de justicia para adoptar respuestas más cercanas a los postulados superiores, en tanto invitan a tomar en cuenta las particularidades de los casos concretos que son relevantes para evitar situaciones incompatibles con la Carta Política. Así entonces, la equidad no sólo es un parámetro para llenar vacíos de regulación, sino también para compensar la necesidad de adecuar la ley a todos los asuntos que materialmente se presentan en la vida social. 5.5. En suma, puede afirmarse que en materia de pensión de sobrevivientes la condición más beneficiosa es un mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditan el requisito de semanas mínimo de algún régimen derogado, así como los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. En virtud de ese postulado, es posible aplicar una norma anterior a la que estaba vigente al momento de la muerte del causante, sin necesidad de que los regímenes sean inmediatamente sucesivos, siempre y cuando el afiliado haya cumplido plenamente con su deber de solidaridad al sistema bajo la vigencia de la norma anterior. Por tanto, es viable invocar la condición más beneficiosa para inaplicar la Ley 797 de 2003, en vigencia de la cual fallece el causante, y conceder el derecho en virtud de lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, si antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se aportaron trescientas (300) semanas en cualquier tiempo. 6. Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto sustantivo al dejar de aplicar al derecho pensional reclamado por la actora un régimen que no es inmediatamente anterior al del fallecimiento del causante, desconociendo así la condición más beneficiosa en materia laboral La Sala debe establecer si las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto sustantivo en sus providencias, al negarle a Islena Mejía de Valencia el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes aplicando la norma vigente al momento del deceso del causante, esto es, la Ley 797 de 2003, a pesar de que, a juicio de la actora, su demanda podía examinarse conforme a lo dispuesto en la normativa que estaba vigente al momento en que su esposo efectuó todos los aportes al sistema, el Decreto 758 de 1990, en tanto así lo dispone el postulado de la condición más beneficiosa. Las autoridades judiciales accionadas alegan que solo puede examinarse el caso bajo la normatividad vigente al momento de la muerte del causante, la Ley 797 de 2003, porque la pensión de sobrevivientes nace precisamente cuando sucede el siniestro y las disposiciones laborales tienen efecto general inmediato. Además, explican que no es posible invocar la condición más beneficiosa para solicitar la aplicación del Decreto 758 de 1990 cuando el afiliado fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, porque dicho postulado solo remite a la norma “inmediatamente anterior”, que para el caso sería la Ley 100 de 1993, concretamente el artículo 46 en su versión original. 6.1. Un defecto material o sustantivo se configura, entre otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión con base en una norma inaplicable al caso concreto, desbordando el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen para el ejercicio de su función jurisdiccional. Se ha sostenido que dicho defecto se produce cuando, por ejemplo, la decisión se funda en una norma que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible y no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico;[53] cuando su aplicación al caso concreto es inconstitucional;[54] o, cuando a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, comoquiera que se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.[55] Las providencias que incurren en este tipo de defecto desconocen primordialmente el principio de legalidad que orienta toda actividad judicial, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes […] con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (art. 29, CP). En un Estado de Derecho, los conflictos de intereses entre ciudadanos solo pueden definirse en aplicación de las normas vigentes y las respectivas interpretaciones jurisprudenciales de las autoridades competentes, por lo que actuar en contra de ellas supone desconocer la voluntad del constituyente primario y el Legislador democráticamente elegido. Así entonces, los jueces dentro de sus competencias cuentan con autonomía e independencia para aplicar e interpretar las reglas de derechos aplicables a los casos concretos, pero dicha facultad no es absoluta, pues debe ejercerse dentro los límites que imponen el ordenamiento jurídico y los principios constitucionales que lo integran. 6.2. En materia de pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha establecido que cuando una autoridad judicial niega ese derecho dejando de aplicar la condición más beneficiosa, debiéndolo hacer, incurre en un defecto sustantivo. Como se vio en el apartado quinto de las consideraciones de esta sentencia, la condición más beneficiosa implica que, por respeto a la confianza legítima y el principio de proporcionalidad, la situación pensional de una persona no se examine bajo las reglas vigentes al momento que se causa el derecho, sino con base en un régimen anterior que está derogado. Entonces, si una autoridad judicial deja de utilizar ese postulado injustificadamente, termina analizando la controversia bajo una regulación que no gobierna el caso, incurriendo en un defecto sustantivo en su providencia. Por ejemplo, en la ya citada sentencia T-228 de 2014,[56] la Sala Sexta de Revisión señaló que dos autoridades judiciales habían incurrido en un defecto sustantivo, al negarle a una persona el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes sin examinar el caso a la luz de una norma anterior, como lo disponía la condición más beneficiosa. En su concepto, la disposición aplicable no era la Ley 797 de 2003, vigente al momento de la muerte del causante, sino que “realmente la disposición adecuada para resolver este asunto [era] el Acuerdo 049 de 1990”, por lo que devenía “ostensible la vía de hecho, por inadvertencia del defecto sustantivo, en que incurrió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Segunda de Descongestión Laboral.” Argumentó la Sala que el afiliado fallecido tenía una expectativa legítima de dejar garantizado el derecho a la pensión de sobrevivientes bajo el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, porque había cotizado cuatrocientas tres (403) semanas antes de que entrara a regir el sistema general de pensiones, cumpliendo así el presupuesto de las trescientas (300) semanas previstas en dicha norma. Indicó que esa confianza legítima contaba con la protección de la condición más beneficiosa, porque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que sería violatorio “del principio constitucional de la proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de la ley 100 - que redujo drásticamente el requisito de intensidad de semanas -, quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que […] habían cumplido todas las cotizaciones exigidas […] y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al momento de su deceso.”[57] En consecuencia, la Corte amparó el derecho al debido proceso de la accionante y le otorgó la pensión de sobrevivientes, dejando sin efectos las sentencias ordinarias censuradas. 6.3. En el caso objeto de estudio la Sala observa que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo, pues debían aplicar la condición más beneficiosa y no lo hicieron, por lo que terminaron examinando la situación pensional de la accionante bajo un cuerpo normativo que a pesar de ser el vigente para el momento del fallecimiento del causante, le resultó desfavorable a la beneficiaria del derecho. 6.3.1. En materia de pensión de sobrevivientes debe aplicarse la condición más beneficiosa, si el afiliado fallecido acredita el requisito de densidad de semanas de un régimen anterior antes de que entre en vigor el nuevo. La implicación directa de la condición más beneficiosa es que el asunto se examina bajo la norma derogada, en perjuicio de aquella que estaba vigente al momento de la muerte del causante. 6.3.2. En el caso de Islena Mejía de Valencia se reúnen los presupuestos para dar aplicación a la condición más beneficiosa, pues el causante cumplió con el requisito de densidad de semanas dispuesto en el Decreto 758 de 1990 antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994). En el régimen del Decreto 758 de 1990 se exige que el afiliado cotice trescientas (300) semanas en cualquier tiempo para garantizar la pensión de sobrevivientes,[58] y a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se puede observar que el señor Iván de Jesús Valencia Trejos aportó al sistema un total de 583.5714 semanas entre el 1º de julio de 1970 al 14 de...