Sentencia T-230 de 2024

T-230-24 NOTA DE RELATORÍA: De acuerdo con lo ordenado en el Auto 1931 del 26 de noviembre de 2024, el cual se anexa en la parte final de esta providencia, se procede a reemplazar en el fundamento jurídico 161 de su parte considerativa y en el numeral quinto de su parte resolutiva , la frase “Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” por “Consejo Superior de la Judicatura”. TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-230/24 ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES EN INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL-Configuración de los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, violación directa de la Constitución y no aplicación de la perspectiva de género [i] defecto sustantivo al no aplicar la integración normativa que está prevista en el Código de Procedimiento Penal. Esa herramienta jurídica les permitía decretar las medidas cautelares en el marco del incidente de reparación integral. [ii] defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al interpretar -de manera literal y en exceso rigurosa- los artículos 102 a 108 del CPP que regulan el incidente de reparación integral, en lugar de interpretar dicha normatividad de manera armónica con el ordenamiento civil dada la naturaleza jurídica del incidente. [iii] violación directa de la Constitución por omitir tanto el deber de toda autoridad judicial de aplicar los estándares internacionales de protección de derechos humanos en los asuntos de su conocimiento como la obligación de atender a la perspectiva de género en sus decisiones. [iv] desconocimiento del precedente constitucional, en tanto la Corte ha decantado su postura pacífica y reiterada orientada a reafirmar que toda autoridad judicial tiene el deber de aplicar un enfoque de género en los casos en que se adviertan circunstancias de violencia contra la mujer. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisito de subsidiariedad RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN MATERIA PENAL-Incidente de reparación integral de perjuicios, regulado en la Ley 906 de 2004 INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL-Trámite INCIDENTE DE REPARACION-Naturaleza y alcance INTEGRACION NORMATIVA-Aplicación INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL-Facultad del juez penal de decretar medidas cautelares (...) el juez penal se encuentra facultado para decretar medidas cautelares dentro del incidente de reparación integral en aplicación por analogía del artículo 92 del CPP y por integración normativa de conformidad con lo señalado en el artículo 25 del CPP. En primer lugar, en aplicación del artículo 92 de esa normatividad, la cual le permite decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito. Entre ellas, las medidas de embargo y secuestro. En segundo lugar, en caso de no ser efectivas las medidas del CPP, el juez penal está facultado para decretar las medidas cautelares previstas en el artículo 590 del CGP para los procesos declarativos. DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL-Estándares internacionales DERECHO A LA REPARACION DE LAS VICTIMAS-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición PRINCIPIO PRO PERSONA-Aplicación En virtud del principio pro persona y por mandato del artículo 93 de la Constitución, los jueces penales tienen el deber de ajustar las decisiones que adoptan en el marco del incidente de reparación integral no solo a los parámetros legales que regulan ese mecanismo, sino a los estándares constitucionales e internacionales de protección de los derechos humanos en favor de las garantías de las víctimas del delito. En concreto, esta obligación conduce al operador judicial a adoptar todas las medidas pertinentes para materializar una reparación pronta, integral y efectiva. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Forma de combatir la violencia contra la mujer ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Deber constitucional y legal de todos los jueces de administrar justicia con enfoque de género, siempre que se encuentren frente a un caso de violencia intrafamiliar o sexual REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-230 DE 2024 Referencia: expediente T-9.669.516. Acción de tutela instaurada por Alejandra, en representación de su hija Lorena y de su nieta Rocío, en contra del Juzgado Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior. Magistrado ponente: José Fernando Reyes Cuartas Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024). En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, profiere la siguiente SENTENCIA 1. Dentro del trámite de revisión de los fallos del 28 de marzo y 3 de agosto de 2023, que fueron proferidos por las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia. Estas decisiones declararon improcedente, en primera y segunda instancia, respectivamente, la acción de tutela. 2. Aclaración previa. Este asunto se relaciona con la posible vulneración de los derechos fundamentales de dos víctimas de violencia sexual; una de ellas actualmente es una niña. Como medida de protección a la intimidad, es necesario suprimir tanto los nombres de las víctimas y los de sus familiares como los datos y la información que permitan conocer su identidad. La Sala emitirá dos copias de esta providencia. En aquella que se publique se utilizarán nombres ficticios que aparecerán en letra cursiva[1]. I. Síntesis de la decisión 3. La Sala Novena de Revisión estudió una acción de tutela que fue interpuesta por una ciudadana contra las decisiones emitidas por dos autoridades judiciales que negaron la solicitud de decretar una medida cautelar en el marco de un incidente de reparación integral iniciado por los daños ocasionados por una conducta criminal. Lo anterior porque la normatividad que regula el referido incidente no prevé la posibilidad de solicitar ese tipo de medidas. 4. La Corte reiteró su jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las providencias judiciales y se refirió específicamente a los defectos endilgados. Se pronunció sobre la naturaleza del incidente de reparación integral en el proceso penal, las facultades del juez penal en el referido trámite incidental y al derecho a la reparación integral en las normas internacionales. Finalmente, recordó la obligación de las autoridades judiciales de analizar los asuntos bajo la perspectiva de género. 5. Al analizar el caso concreto, encontró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en cuatro defectos específicos. 6. Primero, en un defecto sustantivo al no aplicar la integración normativa que está prevista en el Código de Procedimiento Penal. Esa herramienta jurídica les permitía decretar las medidas cautelares en el marco del incidente de reparación integral. Segundo, en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al interpretar -de manera literal y en exceso rigurosa- los artículos 102 a 108 del CPP que regulan el incidente de reparación integral, en lugar de interpretar dicha normatividad de manera armónica con el ordenamiento civil dada la naturaleza jurídica del incidente. Tercero, en una violación directa de la Constitución por omitir tanto el deber de toda autoridad judicial de aplicar los estándares internacionales de protección de derechos humanos en los asuntos de su conocimiento como la obligación de atender a la perspectiva de género en sus decisiones. Cuarto, en un desconocimiento del precedente constitucional, en tanto la Corte ha decantado su postura pacífica y reiterada orientada a reafirmar que toda autoridad judicial tiene el deber de aplicar un enfoque de género en los casos en que se adviertan circunstancias de violencia contra la mujer. 7. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocó las decisiones de instancia que declararon improcedente el amparo. En su lugar, concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso de las víctimas y dejó sin efectos las decisiones cuestionadas, así como cualquier actuación que se hubiere surtido con posterioridad a dichas providencias. En consecuencia, le ordenó al juzgado accionado emitir una nueva decisión en la que reconociera la posibilidad de las víctimas de solicitar medidas cautelares en el marco del incidente de reparación integral en atención a los parámetros establecidos en la providencia. 8. La Corte también declaró que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y satisfacción moral. Le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura difundir la versión anonimizada de esta sentencia a todos los despachos judiciales y, en particular, a los jueces de la jurisdicción penal. De otra parte, les solicitó a varias entidades publicar la sentencia en las páginas oficiales y de manera accesible al público; y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla le solicitó iniciar un curso sobre medidas cautelares para la reparación integral en los incidentes de esa naturaleza. Llamó la atención de las accionadas para que, en lo sucesivo, apliquen los estándares internacionales de protección de derechos humanos en los asuntos de su conocimiento y atiendan la perspectiva de género en sus decisiones. Finalmente, le ordenó al juzgado accionado que remita un informe de cumplimiento al juez que conoció el asunto en primera instancia, autoridad que deberá verificar el estricto cumplimiento de esta decisión. II. Antecedentes 9. El 17 de febrero de 2023, Alejandra, en representación de su hija Lorena y de su nieta Rocío [2], instauró una acción de tutela en contra Juzgado Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior. Esto con el fin de solicitar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la prevalencia del interés superior de las niñas. 1. Hechos[3] 10. La señora Alejandra indicó que, en 2013, cuando su hija Lorena tenía once años, y en 2018, cuando su nieta Rocío tenía cuatro años, ambas fueron enviadas a otra ciudad para pasar las vacaciones en la casa de la abuela paterna[4]. La accionante señaló que ese lugar era frecuentado por el señor Roberto “quien aprovechándose de esa situación abusó sexualmente de estas dos menores y de otra tercera”[5]. 11. En noviembre de 2018, una vez tuvo conocimiento de estos hechos, la señora Alejandra presentó la denuncia correspondiente. La actora señaló que, mediante sentencia del 4 de junio de 2020, el Juzgado Penal del Circuito condenó al señor Roberto a la pena de 150 meses de prisión por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo sucesivo[6]. 12. La demandante adujo que el 12 de junio de 2020, el apoderado judicial de las víctimas solicitó la apertura del incidente de reparación integral en contra de Roberto. Precisó que, al advertir que el señor Roberto estaba vendiendo sus bienes, le consultó a su abogado sobre la posibilidad de solicitar una medida cautelar. 13. El 4 de noviembre de 2022, el Juzgado Penal del Circuito desarrolló la segunda audiencia del incidente de reparación integral. En esta diligencia, el apoderado de las víctimas solicitó el decreto de las medidas cautelares “consistentes en el embargo del bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 074-101746 y la retención de los dineros que el incidentado posea en el banco BBVA, AV VILLAS, BANCO AGRARIO, entre otros”[7]. 14. La señora Alejandra mencionó que el juzgado negó la solicitud porque “como ya se había admitido el incidente no era procedente la medida cautelar”[8]. También relató que esa decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior el 7 de diciembre de 2022. Lo anterior porque “en el incidente de reparación no puede existir la medida cautelar y (…) no se puede apelar por integración el artículo 25 de la LEY 906 de 2004[9], ni por los trámites de una demanda civil”[10]. 15. A juicio de la actora, las decisiones mencionadas vulneraron los artículos 44, 93 y 94 de la Constitución, 228 y 229 de la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1719 de 2014. Por eso solicitó el amparo de los derechos fundamentales tanto de su hija como de su nieta y pidió “asegurar con medidas cautelares, el pago de los daños y perjuicios y sus indemnizaciones, sin obstáculo de ninguna forma”[11]. 2. El trámite procesal 16. Por Auto del 15 de marzo de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (en delante SCPCSJ) avocó el conocimiento de la acción constitucional de la referencia. Adicionalmente, vinculó al presente trámite a las partes e intervinientes dentro del proceso penal con radicado número 11001600072120180182400[12]. 3. Las contestaciones a la acción de tutela 17. Juzgado Penal del Circuito[13]. Se remitió a lo expuesto en la audiencia del 4 de noviembre de 2022 que se desarrolló dentro del incidente de reparación. 18. La Procuraduría en asuntos penales[14]. Indicó que actuó dentro del proceso penal que fue referido en la demanda de tutela. Señaló que las razones por las cuales la Sala Penal del Tribunal Superior confirmó la decisión de negar la medida cautelar “corresponden a un razonamiento respecto del cual este Agente del Ministerio Público no tiene bases para señalarlo de transgresor de los derechos fundamentales de los afectados con tales decisiones”[15]. 4. Las sentencias objeto de revisión 19. Primera instancia. En providencia del 28 de marzo de 2023, la SCPCSJ declaró improcedente el amparo[16]. La corporación sostuvo que el trámite incidental que fue seguido en contra del señor Roberto no había culminado porque estaba pendiente la audiencia de pruebas y alegaciones. El juez de primer grado advirtió que el apoderado de las víctimas podría apelar la decisión en el referido trámite en caso de resultar adversa a los intereses de estas. También consideró que no se probó “la existencia de circunstancia alguna que haga pensar en la inminencia de sufrir un daño irreversible o un perjuicio que tenga la virtualidad de comprometer o amenazar de manera concreta, grave y específica derechos fundamentales de la promotora del resguardo o los de sus representadas”[17]. 20. Impugnación. La accionante aseguró que la decisión de primera instancia fue contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Según esta, cuando sea necesario evitar la ocurrencia de un daño irreparable es posible adoptar las medidas de protección aun cuando el trámite ordinario esté en curso[18]. También cuestionó que el a quo no tuviera en cuenta el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1719 de 2014 y los instrumentos internacionales sobre la materia. La señora Alejandra insistió en que no tenía otro mecanismo de defensa judicial porque presentó el único recurso que está previsto en la ley contra la decisión que le negó la medida cautelar. 21. Segunda instancia. En sentencia del 3 de agosto de 2023, la de Casación Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia[19]. El juez de segundo grado hizo un recuento de los argumentos expuestos por la Sala Penal del Tribunal Superior para confirmar la decisión que negó la medida cautelar. Destacó que, según el Tribunal accionado, en el incidente de reparación integral están proscritas las medidas cautelares. Respaldó su tesis en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[20]. Por eso concluyó que dicha providencia no fue contraria al ordenamiento jurídico. 5. Las actuaciones en sede de revisión 22. La selección del asunto. El 18 de agosto de 2023, la señora Alejandra le solicitó a la Corte que seleccionara el expediente de la referencia para su revisión. La accionante adujo que este asunto era novedoso e involucraba los derechos fundamentales de dos niñas que fueron abusadas sexualmente. 23. Mediante Auto del 30 de octubre de 2023, notificado el 14 de noviembre siguiente, la Sala de Selección de Tutelas número Diez escogió el presente asunto para su revisión. 24. Auto del 15 de diciembre de 2023. El magistrado sustanciador vinculó a Lorena al trámite de tutela porque, para el momento en que se presentó la acción de tutela, ya era mayor de edad[21]. De igual forma, le solicitó al Juzgado Penal del Circuito que le remitiera una copia de la totalidad del expediente correspondiente al proceso penal, un informe en el que le explicara el estado actual del trámite incidental y la copia de la carpeta con la totalidad de las actuaciones que fueron adelantadas en el referido incidente hasta la fecha. Por último, el magistrado invitó tanto a las universidades Nacional, Externado de Colombia, Autónoma de Bucaramanga, Libre y de Caldas como al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a la Comisión Colombiana de Juristas para que presentaran un concepto sobre el caso[22]. 25. En respuesta al Auto del 15 de diciembre de 2023 se recibieron las siguientes comunicaciones: Parte o interviniente Respuesta Juzgado Penal del Circuito[23] El despacho indicó las actuaciones adelantadas en el marco del incidente de reparación integral: - El 4 de junio de 2020, Roberto fue condenado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado “en concurso homogéneo de persona y a su vez en concurso (sic)”[24]. - El 9 de junio de 2020 el apoderado de las víctimas solicitó la apertura del incidente de reparación integral. - Debido a diversas situaciones como solicitudes de aplazamiento por parte del condenado y la apoderada de las víctimas, la primera audiencia se realizó el 30 de marzo de 2022. En esta el apoderado de víctimas solicitó “PRIMERO: Se declare que Roberto es responsable de reparar todos los perjuicios ocasionados (…). SEGUNDO: En relación con los perjuicios materiales, no se va a hacer reclamación por parte de la víctima. En cuanto a los perjuicios de orden moral solicita (…) se tasen (…) de conformidad con el artículo 97 del Código Penal y la sentencia C-916 de 2002 (…). Solicita que se tengan en cuenta los elementos probatorios allegados al despacho al momento de proferir la sentencia, que se tenga en cuenta los hechos allí esbozados y la calidad de hija de la víctima y que para el evento de una conciliación los daños de perjuicio moral subjetivados los tasan en la suma de 50 SMLMV. || (…) Solicita como perjuicios materiales basados en los gastos que ha incurrido la madre de las menores de transportes, viajes de Bogotá a Cartagena, medicamentos, tasados en 50 millones por cada menor. Respecto de los daños morales solicita sean tasados por el señor juez”. - El 4 de noviembre de 2022 se realizó la segunda audiencia. Los apoderados de las víctimas solicitaron la imposición de medidas cautelares sobre los bienes del condenado, pretensión que fue negada por el despacho. - El 7 de diciembre de 2022 la Sala Penal del Tribunal Superior confirmó el auto del 44 de noviembre de 2022. - Por diversas circunstancias como solicitudes de aplazamiento de los apoderados y cambio del juez titular del despacho se reprogramó la realización de la tercera audiencia para el 15 de febrero de 2024. Alejandra[25] La accionante suministró el correo electrónico de su hija Lorena, con el fin de iniciar el trámite correspondiente de vinculación al proceso de tutela. Con dicha información, la Secretaría General de la Corte vinculó a Lorena, según consta en los oficios remitidos el 19 de enero de 2024 al correo electrónico suministrado por la señora Alejandra. Sin embargo, no se recibió ninguna comunicación. Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP)[26] El instituto indicó que el incidente de reparación integral es un mecanismo al que acude la víctima del delito, de manera posterior al trámite penal. Este mecanismo busca una indemnización material, inmaterial o simbólica derivada del daño causado por el delito con el fin de satisfacer las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición[27]. Señaló que no existe una facultad expresa para que el juzgador decrete medidas cautelares en el trámite del incidente, pero tampoco existe una prohibición. Lo anterior genera una laguna jurídica frente a la cual el juez penal se encuentra facultado para decretar medidas cautelares dentro de la actuación, “agotando las posibles medidas cautelares que el procedimiento penal le permita bajo un test de valoración de necesidad y proporcionalidad para evitar, por ejemplo, la insolvencia del condenado a través del embargo y secuestro conforme al artículo 92 del Código de Procedimiento Penal”[28]. El ICDP sostuvo que, en caso de no ser efectivas las medidas referidas en el estatuto procesal penal y conforme al principio de integración, pueden ser acogidas aquellas medidas cautelares que regulan el proceso declarativo civil conforme al artículo 590 del Código General del Proceso en armonía con la naturaleza del incidente de reparación integral. Esto siempre y cuando se cumplan los presupuestos normativos existentes para cada caso en concreto. Finalmente, precisó que las medidas cautelares en el marco del incidente de reparación integral deben considerarse no solo para salvaguardar el daño material, sino también del daño moral, a partir de medidas no pecuniarias o simbólicas. 26. Auto del 15 de enero de 2024. Debido a que el Juzgado Penal del Circuito informó que les remitió el expediente del proceso penal a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, pero no indicó en qué juzgado se encontraba el proceso, el despacho del magistrado sustanciador le ordenó informar a qué juzgado de ejecución de penas le correspondió el conocimiento del cumplimiento de la pena. Además, le ordenó al Juzgado Penal del Circuito que, una vez celebrada la audiencia programada para el 15 de febrero de 2024, en el marco del incidente de reparación integral, le remitiera de manera inmediata una copia de la decisión adoptada. 27. Auto del 22 de enero de 2024. En respuesta al anterior proveído, el Juzgado Penal del Circuito informó que el conocimiento sobre el cumplimiento de la pena está a cargo del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Por lo anterior, el despacho del magistrado sustanciador le ordenó al referido juzgado remitir a la Corte una copia digital de la totalidad del expediente contentivo del proceso penal. Esta información se allegó el 25 de enero de 2024. 28. Auto del 2 de febrero de 2024. La Sala Novena de Revisión decretó la suspensión de los términos para fallar el presente asunto por un lapso de dos meses. Esto debido a que se debía registrar el proyecto de fallo el 14 de febrero de 2024, esto es, un día antes de la fecha programada para la realización de la tercera audiencia en el marco del incidente de reparación integral; actuación que podría tener alguna incidencia en el resultado del proceso de tutela. 29. El 15 de marzo de 2024, el Juzgado Penal del Circuito le informó a esta corporación que el 15 de febrero de 2024 se realizó la audiencia mencionada. De acuerdo con lo reportado en el acta remitida por el despacho accionado, en la diligencia se declaró fracasada la conciliación, se decretaron las pruebas correspondientes y se programó la audiencia de pruebas y alegaciones para el 18 de abril de 2024[29]. 30. Información remitida el 19 de abril de 2024. El magistrado ponente registró el proyecto de sentencia el 12 de abril de 2024. Con posterioridad a esa fecha, mediante correo electrónico del 19 de abril de 2024, el Juzgado Penal del Circuito le informó a esta corporación que en la audiencia celebrada el 18 de abril de 2024 se puso fin al incidente de reparación integral. Según el acta de la audiencia, el juzgado declaró que al señor Roberto “civil y patrimonialmente responsable (…) por los perjuicios causados a las menores víctimas” y le ordenó pagar una suma por los perjuicios morales subjetivos causados a cada una de ellas. Esta decisión fue apelada por el apoderado de las víctimas[30]. III. Consideraciones de la Corte Constitucional 1. Competencia 31. La Sala Novena de Revisión es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Delimitación del caso, formulación del problema jurídico y esquema de la decisión 32. La presente acción de tutela cuestiona las decisiones emitidas por dos autoridades judiciales que negaron la solicitud de decretar una medida cautelar en el marco de un incidente de reparación integral. Este fue iniciado por los daños ocasionados por una conducta criminal. 33. Aunque la accionante no enunció expresamente las causales específicas de procedibilidad con las denominaciones que ha adoptado la jurisprudencia constitucional[31], la Corte tiene la facultad de identificar, con sustento en lo señalado en el escrito de tutela y en las demás intervenciones, los defectos que podrían configurarse en el asunto bajo estudio[32]. 34. La Sala observa que la inconformidad planteada por la accionante involucra principalmente la posible configuración de cuatro defectos específicos por parte del Juzgado Penal del Circuito y de la Sala Penal del Tribunal Superior. Primero, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque las autoridades judiciales accionadas basaron su decisión en la inexistencia de la medida cautelar en el incidente de reparación integral regulado en la Ley 906 de 2004. Segundo, el defecto sustantivo ante la inaplicación de otras normas procesales previstas en el Código General del Proceso (en adelante CGP) que regulan las medidas cautelares. Tercero, la violación directa de la Constitución debido al presunto desconocimiento de las normas superiores y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Finalmente, el desconocimiento del precedente constitucional en virtud de cual toda autoridad judicial tiene el deber de aplicar un enfoque de género en los casos en que se adviertan circunstancias de violencia contra la mujer. 35. A partir de lo anterior, le corresponde a la Sala Novena de Revisión evaluar si la acción de tutela cumple con las condiciones generales de procedibilidad. Posteriormente, en el estudio de fondo, este Tribunal deberá determinar si el Juzgado Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior desconocieron el derecho fundamental al debido proceso de Lorena y de Rocío al negar la solicitud de una medida en el marco de un incidente de reparación integral iniciado por los daños ocasionados por una conducta criminal. En particular, si incurrieron en los defectos previamente reseñados. 36. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes núcleos temáticos: la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y la caracterización de los defectos endilgados (sección 3); la naturaleza del incidente de reparación integral en el proceso penal (sección 4); la perspectiva de género como un elemento de análisis en las decisiones judiciales (sección 5); y finalmente, se resolverá el caso concreto (sección 6). 3. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales: reiteración de jurisprudencia[33] 37. La acción de tutela es un instrumento eficaz para la protección de los derechos fundamentales cuando estos se vean en riesgo o sean afectados por hechos u omisiones de una autoridad -incluidas las autoridades judiciales- e inclusive de particulares[34]. 38. La procedibilidad de la acción de tutela contra las decisiones judiciales precisa de un mayor rigor dadas las presunciones de acierto y validez que les acompañan; por eso tiene un carácter excepcional enmarcado a partir de requisitos de procedencia. Estos presupuestos fueron distinguidos en dos categorías: requisitos generales de procedencia con naturaleza procesal y causales específicas de procedibilidad de naturaleza sustantiva. 39. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[35] “constituyen restricciones de índole procedimental o parámetros imprescindibles para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo”[36]. 40. Estos requisitos exigen: i) que la cuestión sea de relevancia constitucional[37]; ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se acredite el requisito de inmediatez; iv) que se demuestre la legitimación por activa y por pasiva[38]; v) cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga la potencialidad de causar un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que la parte actora identifique de manera razonable los hechos que generaron la afectación, los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal lesión en el proceso judicial (siempre que esto hubiere sido posible) y vii) que no se trate de sentencias de tutela. 41. Los requisitos específicos de procedibilidad[39] de la tutela contra providencias judiciales son parámetros con los cuales es posible establecer si se vulneraron los derechos invocados[40]. Teniendo en cuenta la delimitación del asunto a la posible configuración de los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo, la violación directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente constitucional, es necesario ampliar la conceptualización sobre estas categorías según se explica en la siguiente tabla. Causal Descripción Defecto sustantivo[41] Se presenta cuando el juez se aparta del marco jurídico aplicable a un caso concreto. Se puede configurar en las siguientes hipótesis: i. Existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma claramente inaplicable al caso, que no existe, que ha sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional, o deja de aplicar la norma que es evidentemente aplicable. ii. La aplicación de una norma requiere una interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada. iii. Por aplicación de normas constitucionales, pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional, pero al ser aplicada al caso concreto, vulnera derechos fundamentales de manera que debe ser inaplicada. iv. Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. v. Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. Defecto procedimental[42] La Corte Constitucional ha identificado, como modalidades de este defecto, los defectos procedimentales absoluto y por exceso ritual manifiesto. El primero se configura cuando la vulneración proviene del desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y de contradicción, y por desconocimiento del principio de legalidad. El segundo, cuando se vulnera en esencia al acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Este último se presenta cuando el operador judicial obstaculiza “la efectividad de los derechos constitucionales por motivos formales”[43]. En otras palabras, el procedimiento es una barrera para la eficacia del derecho sustancial y, en ese sentido, los jueces deniegan el derecho a la justicia. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se puede configurar en las siguientes hipótesis. Primero, por la aplicación de disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto. Segundo, por la exigencia del cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada. Tercero, por incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas. Violación directa de la Constitución[44] Este defecto se puede configurar en diferentes hipótesis. En primer lugar, porque no se aplica una norma constitucional al caso. Esto ocurre porque: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En segundo lugar, este defecto se configura cuando se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución Desconocimiento del precedente constitucional[45] Esta causal se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia. La Corte ha establecido que “el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta, y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones de igualdad”[46]. Entre otras razones, se presenta cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela. 42. En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias es una posibilidad de carácter excepcional que está sujeta al cumplimiento de los parámetros formales y materiales fijados por esta corporación. Para el efecto, se deben acreditar cada uno de los requisitos generales que le permitan al juez de tutela realizar un examen constitucional de las decisiones judiciales puestas en su conocimiento. Luego de ello, habrá de demostrarse la existencia de, por lo menos, una de las causales específicas. 43. En la siguiente sección, la Sala hará referencia a la naturaleza del incidente de reparación integral en el proceso penal con el fin de contextualizar la materia objeto de debate. 4. El incidente de reparación integral en el proceso penal 44. El artículo 11 de la Ley 906 de 2004 establece que el Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. La referida disposición indica que las víctimas tendrán, entre otros, el derecho a “una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código”. 45. Bajo esa línea, el legislador reguló el incidente de reparación integral en los artículos 102 a 108 de la Ley 906 de 2004; el trámite se sintetiza en la siguiente tabla. Incidente de reparación integral – Ley 906 de 2004 Procedencia (art. 102) En firme la sentencia condenatoria y previa solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, el juez fallador convocará a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal. Trámite (art. 103) Iniciada la audiencia, el proponente formulará oralmente su pretensión con expresión concreta de la forma de reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará valer. || El juez deberá rechazar la pretensión si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y esta fuera la única pretensión formulada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto de los recursos ordinarios en los términos del código. || Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del condenado y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al incidente. En caso contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse, el sentenciado deberá ofrecer sus propios medios de prueba. Audiencia de pruebas y alegaciones (art. 104) El juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones. Decisión (art. 105) En la misma audiencia el juez adoptará la decisión que ponga fin al incidente, mediante sentencia. Caducidad (art. 106) La solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca 30 días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio. Tercero civilmente responsable (art. 107) Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado. Podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. Citación del asegurador (art. 108) Para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado. 46. En esta sección, la Sala se referirá de manera específica a la naturaleza jurídica del incidente de reparación integral en el proceso penal de acuerdo con la jurisprudencia ordinaria, la jurisprudencia constitucional y la doctrina sobre la materia. También se advertirán las facultades del juez penal en el marco del referido incidente; y se enfatizará en el derecho a la reparación integral en las normas internacionales. 4.1. La naturaleza jurídica del incidente de reparación integral 47. La SCPCSJ ha indicado que el incidente de reparación integral es un mecanismo procesal, independiente y posterior al trámite penal. Este busca garantizar de manera efectiva y oportuna la reparación integral de la víctima del daño causado con el delito[47]. 48. Esa corporación también ha señalado que la obligación de reparar los daños ocasionados con el delito “es una forma de responsabilidad civil extracontractual consagrada en el art. 2341 del C.C”[48] y que encuentra fundamento en los artículos 94, 95[49] y 96 del Código Penal. Por lo tanto, según la SCPCSJ, la acción de reparación integral es una acción civil al final del proceso penal que ocurre una vez se ha declarado a un sujeto como penalmente responsable. 49. Para ese tribunal, cuando se busca “la valoración de los daños causados con la ilicitud que se declaró cometida, procede la aplicación de los criterios generales consagrados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 para su establecimiento”[50]. Sobre este punto, la SCPCSJ precisó que el incidente de reparación integral tiene un efecto homologante en el sistema procesal de indemnización de perjuicios. El análisis para obtener estos perjuicios, “independientemente del juez ante quien se surta, debe consultar, en la medida de lo posible, aspectos comunes, encaminados siempre a la realización y materialización de la justicia”[51]. 50. Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que uno de los principales aportes del constitucionalismo al sistema penal fue “reforzar como bien jurídico por proteger, los derechos de la víctima, sujeto a quien el delito ha afectado lesivamente y a quien el Estado debe cuidar a través del establecimiento de las garantías sustanciales y formales que velen por su reparación integral”[52]. 51. Sobre el alcance de esta figura jurídica, este Tribunal indicó que deja de ser un procedimiento sobre cuestiones accesorias o secundarias y se constituye en “la oportunidad final, única, brevísima, dentro del proceso penal, para reclamar (…) la reparación integral de la víctima por el daño causado por el hecho típico, antijurídico y culpable de un declarado penalmente responsable”[53]. La Corte también ha sostenido que en un Estado social de derecho y en una democracia participativa “los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima”[54]. 52. Asimismo, ha destacado que la indemnización económica no es el único medio de reparación ni mucho menos el que protege plenamente el daño causado por el hecho punible porque una interpretación en ese sentido vulneraría gravemente el derecho a la dignidad humana de las víctimas. Al respecto, esta Corte indicó que: “El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal (…) sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano”[55]. 53. Esta corporación también ha reiterado que el Legislador tiene un amplio margen de configuración normativa para la determinación de los procedimientos judiciales y administrativos. Entre ellos, la reparación integral de la víctima y, en general, la definición del procedimiento o las garantías judiciales para hacerla efectiva[56]. Sin embargo, ha señalado que la libre configuración normativa no le es reconocida al legislador como una facultad absoluta. Esto porque dicha facultad está restringida “cuando resulte evidente que la ordenación legal del derecho y/o del rito procesal con que se garantiza su eficacia o protección, han sido dispuestos con desconocimiento de la Constitución”[57]. 54. La Corte precisó que la amplia facultad de configuración del legislador en esta materia, “con intención evidentemente garantista y producto de la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis”[58], condujo a encontrar herramientas para alcanzar los propósitos del incidente[59]. Tales herramientas consisten en intentar inicialmente la conciliación entre las partes o, en su defecto, “reconocer y practicar las pruebas aportadas o solicitadas por quienes han participado en el incidente y en definitiva adoptar la decisión que ponga fin al incidente (arts. 104 y 105 CPP) y reconozca la reparación integral (material, moral, simbólica, entre otras) de la víctima del delito”[60]. 55. Finalmente, de acuerdo con el concepto rendido por el ICDP, el incidente de reparación integral, como mecanismo restaurativo de los derechos de la víctima en el proceso penal, es de naturaleza civil. El Instituto puso de presente que, en tanto la declaratoria de responsabilidad del sujeto activo de una conducta punible está demostrada para el momento en que se promueve el incidente, no existe duda de que “se trata de un juicio de carácter civil derivado de un proceso penal y adelantado por jueces penales, como mecanismo de reparación integral a la víctima”[61]. 56. El ICDP señaló que el incidente de reparación integral busca la materialización de una reparación o indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales debido a las secuelas que le son ocasionadas en la víctima por el delito. En el concepto se precisó que, si bien este trámite accesorio tiene como propósito “definir la ocurrencia del daño y su estimación pecuniaria”[62], no toda reparación es de carácter económico pues “se pueden presentar soluciones de otra índole, incluyendo las reparaciones morales, inmateriales o simbólicas”[63]. 57. Una vez determinada la naturaleza del incidente de reparación integral, la Sala se referirá a las facultades del juez penal en dicho trámite. Ello incluye la posibilidad de decretar las medidas cautelares con el fin de evitar la insolvencia de la persona condenada y la viabilidad de decretar medidas no pecuniarias o simbólicas. 4.2. Las facultades del juez penal en el marco del incidente de reparación integral 58. Al verificar el trámite de reparación integral según lo dispuesto en los artículos 102 a 106 de la Ley 906 de 2004, se observa que esta regulación no establece de manera expresa la posibilidad o la prohibición de decretar medidas cautelares. Por eso es necesario acudir a lo previsto en el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal (CPP) referente a la integración normativa. 59. Ante la laguna jurídica generada por la falta de permisión o prohibición expresa, el juez penal se encuentra facultado para decretar medidas cautelares dentro del incidente de reparación integral en aplicación por analogía del artículo 92 del CPP y por integración normativa de conformidad con lo señalado en el artículo 25 del CPP. En primer lugar, en aplicación del artículo 92 de esa normatividad, la cual le permite “decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito”. Entre ellas, las medidas de embargo y secuestro. En segundo lugar, en caso de no ser efectivas las medidas del CPP, el juez penal está facultado para decretar las medidas cautelares previstas en el artículo 590 del CGP para los procesos declarativos[64]. 60. Sobre esta segunda posibilidad, es importante recordar que el incidente de reparación integral es un trámite de naturaleza civil independiente del proceso penal que culminó con la condena. La legislación civil suple los vacíos en un trámite que es de su propia naturaleza. Así lo ha entendido SCPCSJ: “Parece evidente que en nuestra legislación, aunque se puede tabular en un mismo proceso el aspecto penal y el civil, se ha querido separar ambos tipos de responsabilidad, mucho más con las recientes modificaciones al trámite del incidente de reparación integral, al punto de demandar, para que este pueda tener lugar, del pronunciamiento previo de responsabilidad penal en sentencia ejecutoriada[65]. || Esa ostensible separación de objetos también conlleva la distinción de trámites, al punto que se consagra en la Ley 906 de 2004, la forma incidental para el cobro de perjuicios, destinando un capítulo para su regulación, en el cual, cabe anotar, solo se establecen pautas generales, para efectos de que sea la normativa especial, dígase el procedimiento civil, la que cubra los vacíos, o mejor, de forma general regule el asunto propio de su naturaleza. || (…) [P]ara que tenga buen suceso el incidente en cuestión, debe recurrirse a la vía integrativa regulada en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004 (…). || Precisamente por corresponder, la definición de los perjuicios civiles, a un procedimiento especial, no resulta procedente aducir que esa integración normativa puede oponerse a la naturaleza del procedimiento penal. Todo lo contrario, ya culminado lo correspondiente a la responsabilidad penal, mal puede decirse que la tabulación del componente reparatorio afecta negativamente esa definición, precisamente porque en lugar de controvertirla, la complementa”[66]. 61. Ahora bien, con el fin de garantizarles a las víctimas el derecho a una “pronta e integral reparación de los daños sufridos” -en los términos del artículo 11 de la Ley 906 de 2004- es deber del juez penal adoptar las medidas pertinentes para evitar la insolvencia de la persona condenada. 62. En el artículo 590 del CGP, el legislador destacó como un hecho jurídicamente novedoso la introducción de las medidas cautelares innominadas o atípicas[67]. Esta clase de medidas “se caracterizan porque no están previstas en la ley y responden a la variedad de circunstancias que se pueden presentar”[68]. Estas solo se pueden imponer para “proteger ciertos derechos litigiosos, prevenir daños o asegurar la efectividad de las pretensiones, dentro de parámetros que para su imposición, son claramente delineados por el legislador”[69]. 63. Por lo tanto, para garantizar la efectividad de la reparación integral, es necesario que el juez adopte cualquier otra medida “que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”[70]. Entre ellas están las medidas simbólicas, no pecuniarias y de no repetición. 64. El análisis sobre la adopción de medidas cautelares en el incidente de reparación integral debe comprender los estándares internacionales sobre protección de derechos humanos. Por eso, en el siguiente acápite, la Sala se referirá al derecho a la reparación integral en las normas internacionales. 4.3. El derecho a la reparación integral en las normas internacionales 65. El artículo 93 de la Constitución establece que “los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 66. La Declaración Americana de Derechos del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos fueron los primeros instrumentos internacionales en desarrollar herramientas dirigidas a garantizar “el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus derechos lo cual comprende una indemnización justa y adecuada”[71]. La primera indicó que toda persona “debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente” (artículo XVIII). La segunda señaló que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” (artículo 8). 67. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder[72]. Según esta declaración, las víctimas “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido”[73]. Para ello es necesario permitir “que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente”[74]. 68. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)[75] ha considerado como un principio de derecho internacional “que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”[76]. Asimismo, ha señalado que la obligación de reparar integralmente las violaciones de derechos humanos consiste en la plena restitución (restitutio in integrum): “lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”[77]. 69. Esa Corte ha precisado que la regla de la restitutio in integrum se refiere a una de las formas de reparación, pero no es la única modalidad porque puede haber casos en que esta no sea posible, suficiente o adecuada[78]. En una de sus decisiones, se refirió a los actos humanos y sus consecuencias como una forma de ilustrar que no es posible borrar todos los efectos generados por el daño e interpretó el artículo 63.1 de la siguiente manera: “Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo dice en este sentido: causa causae est causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos. || Obligar al autor de un hecho ilícito a borrar todas las consecuencias que su acto causó es enteramente imposible porque su acción tuvo efectos que se multiplicaron de modo inconmensurable. || 49. (…) La solución que da el Derecho en esta materia consiste en exigir del responsable la reparación de los efectos inmediatos de los actos ilícitos, pero solo en la medida jurídicamente tutelada. Por otra parte, en cuanto a las diversas formas y modalidades de reparación, la regla de la in integrum restitutio se refiere a un modo como puede ser reparado el efecto de un acto ilícito internacional, pero no es la única forma como debe ser reparado, porque puede haber casos en que aquella no sea posible, suficiente o adecuada”[79]. 70. La Corte IDH ha reconocido que el modo más usual de reparar el daño es la indemnización. Sin embargo, también ha sostenido que la reparación integral no puede ser reducida al pago de una compensación a las víctimas o sus familiares. Por eso, el tribunal de San José ha adoptado múltiples formas de reparación no monetarias o simbólicas. 71. Al respecto, destacó la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, por lo que “además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados”[80]. Incluso ha mencionado que en algunos casos las reparaciones deben tener una vocación transformadora de la situación de manera que “tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo”[81]. Lo anterior es importante porque de ello depende el efecto útil de las decisiones[82]. 72. A continuación, la Sala se referirá a algunas de las medidas de reparación que han sido aplicadas en el derecho internacional de los derechos humanos. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación integral Clase de medida Estándar interamericano aplicado por el tribunal Medidas de restitución[83] La Corte ha dispuesto dejar sin efectos las sentencias internas que vulneran los derechos humanos y adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efectos las consecuencias derivadas de dichas sentencias. También ha dispuesto medidas de restitución a la situación anterior a la vulneración. Por ejemplo, el restablecimiento al ejercicio de un cargo o, en caso de no ser posible, al pago de una indemnización que corresponda a la terminación de la relación laboral. Asimismo, la adopción de medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para asegurar a los miembros de la comunidad su derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales de los que fueron expulsados. O la obligación de tramitar de manera prioritaria una solicitud de pensión de sobrevivencia. Medidas de rehabilitación[84] En muchos casos, la Corte ha avalado medidas de rehabilitación. Por ejemplo, el pago de los servicios de salud y el tratamiento médico y sicológico gratuito. Medidas de compensación[85] La Corte IDH ha estimado “procedente acordar el pago de una «justa indemnización» en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida”[86]. Por ejemplo, el pago de una indemnización que cubra el daño emergente y el lucro cesante, las costas y gastos acreditados, así como los perjuicios materiales e inmateriales. De igual forma, ha adoptado medidas de compensación nacionales, esto es, ha ordenado a los Estados a pagar determinadas sumas de dinero. También ha recordado que cuando “los Estados deben asumir su deber de reparar masivamente a números de víctimas que exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación”[87]. Medidas de satisfacción[88] En muchas ocasiones, la Corte IDH ha dispuesto publicar sus sentencias en un diario oficial y en otro de circulación nacional o en una emisora radial de amplia cobertura. Asimismo, ha ordenado realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad en relación con las violaciones declaradas. De otra parte, ha ordenado erigir monumentos o actos de preservación de la memoria. Sobre esto último, ha dispuesto establecer en las instituciones educativas de educación superior, materias o cátedras sobre derechos humanos. Medidas de garantías de no repetición[89] La Corte ha ordenado modificar los ordenamientos jurídicos internos para que sean adaptadas a lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También ha considerado necesario implementar programas y cursos permanentes de capacitación y educación para los funcionarios públicos. También ha ordenado implementar mecanismos institucionales de protección y monitoreo, como la creación de bases de datos o la realización de campañas de concientización y sensibilización. 73. De manera paralela a todas las formas de reparación previamente expuestas, la Corte IDH ha reconocido -en muchas ocasiones- que la sentencia emitida por ese órgano constituye per se una forma de reparación y satisfacción moral[90]. Esto se atribuye a que “los actos u obras de alcance o repercusión públicos que se detallan en el siguiente apartado significan una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención”[91]. No obstante, por la gravedad de los daños, además de lo anterior, ha dictado otras medidas que acompañan dicha determinación, como las señaladas en la anterior tabla[92]. 74. En virtud del principio pro persona y por mandato del artículo 93 de la Constitución, los jueces penales tienen el deber de ajustar las decisiones que adoptan en el marco del incidente de reparación integral no solo a los parámetros legales que regulan ese mecanismo, sino a los estándares constitucionales e internacionales de protección de los derechos humanos en favor de las garantías de las víctimas del delito. En conc...