Sentencia T-213 de 2012

T-213-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-213/12 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad La Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció de forma unánime un conjunto sistematizado de requisitos estrictos, de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales afectados por una providencia judicial. Ellos se dividen en dos grupos: (i) los requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos, que se refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la Constitución. DEFECTO ORGANICO-Se configura cuando la autoridad responsable de la providencia objeto de tutela no era competente para conocer del asunto DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO Defecto procedimental, el cual dependiendo de las garantías procesales que involucre puede ser de dos tipos: (i) de carácter absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho al debido proceso, o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso concreto; y, (ii) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda. CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia La Sala considera que (i) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una verdadera denegación de justicia; (ii) si bien los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial. Dicho exceso se puede dar por incurrir en un rigorismo procedimental en la valoración de la prueba que lleve incluso a que la misma sea desechada, o por exigir el cumplimiento de requisitos sacramentales que pueden resultar siendo cargas excesivas o imposibles de cumplir para las partes; y, (iii) generalmente el exceso ritual manifiesto tiene relación directa con el defecto fáctico, al punto que el error en la valoración de la prueba lleva al juez natural a una errada conclusión que incide directamente en el resultado del proceso judicial. DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva La Sala concluye que el defecto fáctico se presenta por dimensión positiva o por dimensión negativa; cuando se invoca ésta última, la mera inconformidad con la apreciación de la prueba que haya hecho el juez dentro del ámbito de la razonabilidad, no constituye un error que habilite el amparo constitucional, ya que es necesario que se advierta un yerro excepcional y protuberante relacionado con la actividad probatoria y que además tenga incidencia en la decisión adoptada. DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL-Casos en que se configura El defecto sustantivo se presenta cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o que claramente son inaplicables al caso concreto. Frente a este último caso que se subraya, el defecto sustantivo se configura (i) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, (ii) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada o (iii) cuando a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó. VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS DENTRO DE PROCESO JUDICIAL-Importancia del poder oficioso que en materia probatoria tiene el juez civil cuando existen dudas sobre la autenticidad de la copia DOCUMENTOS PRIVADOS DENTRO DE PROCESO JUDICIAL-Forma de allegar los documentos originales al expediente judicial y las excepciones de aportar copias al proceso El artículo 268 del CPC establece como regla general que las partes deben allegarlos al expediente judicial en original cuando reposen en su poder, pero a su vez contempla tres excepciones en las cuales es viable aportarlos en copias al proceso. Estas se presentan cuando: (i) los documentos que hayan sido protocolizados; (ii) los documentos originales forman parte de otro proceso del que no pueden ser desglosados, siempre que la copia sea expedida por orden del juez; y, (iii) aquellos cuyo original no se encuentre en poder de quien los aporta, caso en el cual, para que la copia preste mérito probatorio, es necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario, entre otras formas de certificación que contempla nuestra ley de enjuiciamiento civil. JUEZ CIVIL-Deber legal de decretar pruebas de oficio DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por Tribunal al no dar valor probatorio a copia autenticada de una copia autenticada del original que reposaba en expediente de proceso penal Referencia: expediente T-3206395 Acción de tutela instaurada por la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.” contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2012) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 19 de mayo de 2011, y la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, el 9 de agosto de 2011, que resolvieron la acción de tutela promovida por la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.” contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena. I. ANTECEDENTES 1. Hechos y acción de tutela interpuesta El 4 de mayo de 2011, actuando por medio de apoderado judicial, el representante legal de la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.” instauró acción de tutela contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, por considerar que con la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso cuestionado, le vulneró los derechos de acceso a la administración de justicia en conexidad con el de tutela judicial efectiva, de debido proceso y defensa, de igualdad y de confianza legítima, atendiendo a los siguientes hechos: 1.1. El Instituto de Fomento Industrial IFI, a través de apoderado judicial, formuló el 17 de julio de 2000, demanda ejecutiva mixta de mayor cuantía[1] contra la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, para el cobro de la acreencia contenida en el pagaré No. 17479 con fecha de creación 31 de octubre de 1996, el cual tiene dos otrosí de fechas 3 de noviembre de 1998 y 28 de junio de 1999. El capital mutuado fue la suma de $3.028’800.000 y se pactó que el mismo se cancelaría en un plazo de 10 años así: tres años de periodo de gracia para la cancelación del capital, en siete cuotas anuales de $432’685.714, pagadera la primera el 9 de septiembre de 2000, y a partir del 9 de septiembre de 1996 se comprometió a pagar sobre los saldos adeudados y por semestres vencidos, intereses corrientes a la tasa del 32.06% anual[2]. La ejecutada incurrió en mora de cancelar las cuotas de intereses desde el 9 de septiembre de 1999 y, en consecuencia, se aceleró el plazo para recaudar forzosamente la totalidad de la obligación. 1.2. Para respaldar la obligación mutuada, la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, constituyó hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor del Instituto de Fomento Industrial IFI, tal como consta en la escritura pública No. 1404 del 10 de junio de 1997 corrida en la Notaría 1° del Circulo Notarial de Cartagena, y registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-0108326 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. El inmueble corresponde a un lote de terreno de 71.886,50 mts2 y de acuerdo con el avalúo que en el año 2001 hizo la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena, su valor comercial es de $7.188’650.000[3]. 1.3. Por reparto, la demanda correspondió al Juzgado 2° Civil del Circuito de Cartagena, quien libró mandamiento de pago el 1° de agosto de 2000, el cual se notificó por estado al ejecutante el 9 de agosto de esa anualidad. En principio, la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C se tuvo por notificada por conducta concluyente, pero ante la formulación de un incidente de nulidad por indebida notificación de parte de ésta, el cual prosperó en auto del 23 de mayo de 2002, se declaró la nulidad de todo lo actuado excluyendo el auto de apremio, por lo cual la notificación a la ejecutada se surtió en debida forma el 24 de septiembre de 2003. 1.4. Dentro de la oportunidad procesal, la abogada de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C propuso varias excepciones de mérito, dentro de ellas, la de prescripción de la acción cambiaria, la cual hizo consistir en que la obligación contenida en el pagaré No. 17479 se tornó exigible a partir del 9 de septiembre de 1999, y que entre dicha fecha y el día en que se notificó el mandamiento de pago a la deudora (24 de septiembre de 2003), transcurrieron más de tres años sin que se hubiese dado la interrupción del término prescriptivo con la presentación de la demanda, tal como lo indica el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. 1.5. En escrito radicado el 13 de julio de 2004, el apoderado judicial del Instituto de Fomento Industrial IFI, descorrió el traslado de las excepciones planteando la interrupción natural de la prescripción de la acción cambiaria, por cuanto la sociedad deudora había reconocido, directamente por medio de su representante legal o a través de personas autorizadas por la compañía, la existencia de la deuda. Así, señaló que después de presentada la demanda en el año 2000, la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C hizo un abono a la deuda por $2.000’000.000 a través de su empresa JD Petroleum S.A., luego en diciembre de ese año hizo una dación en pago de unos locales comerciales en Barranquilla sobre los cuales se hizo minuta notarial en Bogotá, y finalmente, una propuesta que según el accionante es la relevante para la tutela, por cuanto el 6 de junio de 2001 la sociedad ejecutada decidió entregar en dación en pago el inmueble hipotecado ubicado en Marmoral. 1.6. El Instituto de Fomento Industrial IFI para demostrar el reconocimiento expreso de la deuda, aportó copia autenticada de la copia autenticada del documento de fecha 6 de junio de 2001, suscrito por la representante legal de la sociedad ejecutada, en el cual ésta indica lo siguiente: “La presente es con el fin de presentar a ustedes una propuesta real y formal, consistente en presentarles un avalúo corporativo del lote Marmoral para que ustedes reciban este bien inmueble en dación del pago total de la deuda. // Por otra parte, les ruego el favor que cuando ustedes reciban este inmueble, cesen todas las acciones judiciales en nuestra contra con el respectivo desembargo de nuestras propiedades”[4]. 1.7. En forma adicional, la sociedad accionante esgrime que la deuda también fue reconocida por la representante legal de la sociedad ejecutada, en dos oportunidades dentro del proceso, así: (i) el 11 de septiembre de 2002, al absolver el interrogatorio de parte durante el trámite del incidente de nulidad por indebida notificación, reconoció la existencia de la obligación que era objeto de ejecución, pues al responder la pregunta cuatro indicó: “sí fue cierto que me otorgó un préstamo por valor de $3.028’800.000, sí fue con intereses DTF más 4 puntos, yo firmé un pagaré que me presentaron en blanco no más estaba el encabezamiento y la suma de $3.028.8000.000, yo lo firmé como hacen todas las entidades bancarias y yo creyendo en la buena fe del IFI firmé el pagaré en blanco”; y, (ii) el 5 junio de 2007, María Margarita Toro Camacho en su condición de representante legal de la sociedad deudora, al absolver el interrogatorio de parte dentro del proceso ejecutivo mixto, reconoció nuevamente la existencia de la obligación al responder en la pregunta dos lo siguiente: “Sí es cierto que le otorgó ese pagaré, pero yo firmé un pagaré en blanco como lo hacen todas las entidades bancarias pensando en la buena fe del IFI. Lo que tengo conocimiento del DTF más cuatro puntos como aparece en la escritura”. 1.8. El día 18 de enero de 2005, el Juzgado 2° Civil del Circuito de Cartagena aceptó la cesión de los derechos incorporados en el título base de la ejecución, que efectuó el Instituto de Fomento Industrial IFI a la sociedad Central de Inversiones S.A., por lo cual tuvo a ésta como cesionaria del ejecutante. Y, mediante auto del 8 de marzo de 2006, el Juez 2° Civil del Circuito de Cartagena se declaró impedido para seguir conocimiento del proceso ejecutivo mixto, por lo que el asunto correspondió al siguiente juzgado en turno numérico, quien aceptó el impedimento y avocó conocimiento del caso. 1.9. Cuenta la sociedad accionante que mediante sentencia del 19 de agosto de 2008, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Cartagena dictó sentencia declarando no probadas las excepciones de mérito propuestas por la ejecutada y, por consiguiente, ordenó seguir adelante con la ejecución. Narra que en dicha sentencia se “valoró con los efectos de un documento original la copia autenticada del documento que a su vez era copia autenticada del original”, por lo cual se tuvo por probada la interrupción natural de la prescripción de la acción cambiaria derivada del título base de la ejecución[5]. 1.10. Apelada esa decisión por parte de la sociedad ejecutada, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, ordenó a la sociedad ejecutante que aportara el original del documento de fecha 6 de junio de 2001, y le concedió el término de 5 días para allegarlo[6]. Según informa la accionante, “ante la manifiesta imposibilidad de aportar el original solicitado por el Despacho, se aportaron copias autenticadas por la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos contra la Administración Pública y otros de Cartagena, de los documentos de fechas 6 de junio de 2001 y 20 de junio de 2002, así como las copias de la constancia procesal suscrita por el doctor Laureano José Gómez García, Fiscal Coordinador, de fecha 18 de febrero de 2011, que certifica la existencia en original de los documentos anteriormente mencionados dentro del expediente penal número 81.666”[7]. 1.11. Durante el trámite del recurso de apelación ante el Tribunal, Central de Inversiones S.A. cedió el crédito ejecutado a la sociedad Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., y ésta a su vez lo cedió a la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A., lo cual fue debidamente aceptado mediante auto del 12 de enero de 2010. Por consiguiente, esta última como acreedora perjudicada es la que formula la presente acción de tutela. 1.12. Cuenta la sociedad accionante que surtido el trámite de segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena profirió sentencia el 25 de marzo de 2011, en la que revocó, por decisión mayoritaria[8], el fallo ejecutivo dictado por el juez a-quo y, en su lugar, declaró probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria que propuso la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C y, decretó el desembargo de los bienes de propiedad de ésta, entre otras decisiones. Para tal fin, el Tribunal accionado consideró lo siguiente: (i) Que en principio, la parte ejecutada debió aportar el documento original de fecha 6 de junio de 2001, y que si el mismo no estaba en su poder, sólo podía aportar la copia del mismo según indica el artículo 268 del CPC, siempre y cuando hubiere sido protocolizada, o hubiere sido expedida por el juez que lleva el proceso donde obra el original del documento sin posibilidad de desglose, o hubiere sido demostrada su autenticidad mediante certificación de notario o secretaria de oficina judicial, o que hubiere sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrado su valor probatorio mediante cotejo. Así, señaló que la parte ejecutante “no cumplió con el rigorismo de lo allí dispuesto”, pues se limitó a allegar el documento en copia autenticada de la copia autenticada, sin expresar en qué hipótesis se encontraba para que la copia tuviera valor probatorio. (ii) Que la parte ejecutante no afirmó que los documentos presentados en copia hubieren sido firmados o manuscritos por la parte contraria, para que operara el reconocimiento tácito. Por consiguiente, al incurrir en irregularidades al introducir al proceso el documento de fecha 6 de junio de 2001, el mismo no tiene ningún valor probatorio. (iii) Que en el interrogatorio de parte de fecha 5 de junio de 2007, la representante legal de la sociedad ejecutada, cuando se le puso de presente la copia del documento de fecha 6 de junio de 2001, indicó que a simple vista veía que esa firma no era la suya y, por ende, solicitó que se le mostrara el documento original. Según el Tribunal, ante este desconocimiento expreso del documento por parte de tal representante, correspondía a la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. demostrar la autenticidad del documento. (iv) Que a pesar de obrar prueba trasladada de la totalidad del acervo probatorio que reposa en el proceso penal No. 81.666, las copias procedentes de la Fiscalía Seccional 41 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública no podían ser tenidas en cuenta, por cuanto son copias simples y no se adjuntó la orden del funcionario judicial que autorizó su expedición. Y que, a pesar de haberse cumplido esos requisitos después de que el Tribunal solicitó aportar el documento en original, sólo se allegó la copia auténtica del documento y no se pidió el desglose del mismo en original, siendo ello procedente por cuanto el proceso penal estaba archivado. (v) Que en el interrogatorio de parte de fecha 11 de septiembre de 2002, tampoco se vislumbra la interrupción natural de la prescripción, pues la representante legal de la sociedad ejecutada no reconoció expresamente la obligación dineraria, ni que tuviera una deuda pendiente con la sociedad ejecutante. Bajo ese norte, el Tribunal accionado concluyó que la copia del documento de fecha 6 de junio de 2001 carecía de valor probatorio y que, por ende, no había operado el fenómeno de la interrupción natural de la prescripción cambiaria del título base de la ejecución, propuesta por la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.”. 1.12. La sociedad accionante aduce que el Tribunal acusado, en la sentencia del 25 de marzo de 2011, incurrió en violación al debido proceso por los siguientes argumentos: (i) Defecto fáctico por vía negativa, el cual hizo consistir en tres puntos estructurales, a saber: * En la arbitraria, irracional, caprichosa e injustificada omisión en la valoración probatoria del documento de fecha 6 de junio de 2001, que fue aportado por la parte ejecutante en copia autenticada de la copia autenticada, como prueba de la interrupción natural de la prescripción de la acción cambiaria del título base de la ejecución, documento al cual se le negó el mismo valor probatorio del original conforme lo dispuesto en el artículo 254-2 del CPC, a pesar de ser determinante para el resultado del proceso judicial. Precisa que durante el trámite del proceso ejecutivo mixto, el original del documento reposaba en la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Delitos contra la Administración Pública y otros de la ciudad de Cartagena, por lo cual le era imposible aportarlo al expediente. Así, cuenta que anexó en un primer momento copia autenticada de una copia auténtica de tal documento, y en una segunda oportunidad, copia del mismo con la certificación expedida por el Fiscal Coordinador, quien constató la existencia del documento original dentro del acervo probatorio del proceso penal radicado bajo el número 81.666. * En que el Tribunal desestimó el reconocimiento tácito que hizo la sociedad ejecutada de la copia del documento de fecha 6 de junio de 2001, habida cuenta que no lo tachó de falso dentro de la oportunidad que establece el artículo 289 del CPC, sino que se limitó a cuestionar su autenticidad en el interrogatorio de parte, es decir, por fuera del término procesal. En este orden de ideas, esgrime que operó el reconocimiento tácito ante el silencio de la parte demandada, según lo establece el artículo 252-3 del CPC. * En la omisión de valorar probatoriamente los interrogatorios de parte que rindió la representante legal de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, en los cuales reconoció la existencia de la obligación dineraria y que la adeudaba. Señala concretamente que tal reconocimiento se consigna en las respuestas No. 4 de la diligencia de fecha 11 de septiembre de 2002, y No. 2 del interrogatorio de fecha 5 de junio de 2007, los cuales en sentir de la accionante, se tornan suficientes para que medie la interrupción natural de la prescripción cambiaria del pagaré ejecutado. (ii) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto el Tribunal no tuvo en cuenta el reconocimiento tácito que hizo la ejecutada del documento de fecha 6 de junio de 2001, aportado en copia autenticada de la copia autenticada, ya que exigió al ejecutado que al momento de allegar tal documento debió afirmar expresamente que había sido suscrito o firmado por la deudora ejecutada contra quien se oponía, lo que en sentir del actor, configura una carga adicional al demandante que en materia probatoria no estatuye la ley procesal civil. Así, señala que para el Tribunal, esa afirmación es un aspecto esencial para que sea posible predicar el reconocimiento táctico y que al no haber sido expresada por el ejecutante, no puede operar dicho reconocimiento. (iii) Defecto procedimental por inaplicación de reglas probatorias, el cual hizo consistir en que el Tribunal se limitó a aplicar únicamente el artículo 268 del CPC, obviando por completo la interpretación sistemática de los artículos 249, 252-3, 253 y 254-2 de la misma obra procesal, que regulan los efectos jurídicos de los documentos aportados en copia y el comportamiento de la parte cuando no tachan de falso el documento debidamente allegado. (iv) Defecto sustantivo por inaplicación consecuencial de las reglas de derecho civil sobre la interrupción natural de la prescripción extintiva de la acción cambiaria, frente al cual esgrime si el Tribunal hubiere admitido como lo ordena el artículo 254-2 del CPC, que las copias tienen el mismo valor probatorio del original cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente, habría llegado a la conclusión de que la comunicación de fecha 6 de junio de 2001 remitida por la parte ejecutada a su acreedor de la época (Instituto de Fomento Industrial IFI), interrumpió naturalmente la prescripción extintiva de la acción cambiaria del título valor base del recaudo ejecutivo, en los términos previstos en el artículo 2539 del Código Civil. (v) Desconocimiento del precedente judicial, por cuanto la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 4 de noviembre de 2009, expediente número 15001311030042001001270, con ponencia del Magistrado Pedro Octavio Munar Cadena, otorgó valor probatorio a las copias que provienen del original, cuando se está en presencia de alguna de las hipótesis que establece el artículo 254 del CPC. Indica que este precedente fue abiertamente desconocido por el Tribunal accionado. 1.13. Finalmente, la accionante expone que la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, a pesar de mediar la cautela de embargo sobre el bien hipotecado, lo prometió en venta a Bio Max Biocombustibles S.A., lo que en su sentir configura un “afán defraudatorio” y evidencian “la planeación de conductas de franca insolvencia en detrimento de los intereses de la sociedad tutelante”. 1.14. En este orden de ideas, el accionante solicita protección constitucional de los derechos de acceso a la administración de justicia en conexidad con el de tutela judicial efectiva, de debido proceso y defensa, de igualdad y de confianza legítima y que, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida el 25 de marzo de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena – Sala Civil-Familia, para que en su lugar, se le ordene dictar un nuevo fallo acorde con la realidad probatoria y procesal. 2. Respuestas del Tribunal accionado y de la sociedad vinculada 2.1. La Magistrada Betty Fortich Pérez del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena – Sala Civil-Familia, en escrito de fecha 10 de mayo de 2011, dio respuesta a la tutela defendiendo la legalidad de la providencia de fecha 25 de marzo de 2011. Para tal efecto, señala que el artículo 268 del CPC, por ser norma posterior y especial frente a lo relacionado con la aportación de documentos privados en poder de las partes, resulta ser la aplicable al caso por encima del artículo 254 del mismo estatuto procesal. Precisa “que tampoco podía hablarse de reconocimiento táctico de dicho documento [el de fecha 6 de junio de 2001], al no expresar la parte demandante, al allegarlo, que había sido suscrito por la parte contra la cual se adujo; ello, teniendo en cuenta que en el interrogatorio formulado a la señora María Margarita Toro Camacho, representante legal de la sociedad demandada (diligencia de fecha 5 de junio de 2007), al ponérsele de presente el referido escrito manifestó: ‘No es cierto y a simple vista puedo observar que esta no es mi firma, solicito que me muestren el original’, operando un desconocimiento expreso del mismo”. Así, señala que no podía dársele valor probatorio al documento de fecha 6 de junio de 2001 por irregularidades en la producción e introducción al proceso por la parte que lo adujo en su favor. Agrega que por decisión de la mayoría de la Sala de Decisión, se decretó como prueba de oficio el que la parte ejecutante aportara al proceso el original del documento de fecha 6 de junio de 2001, pero explica que la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. sólo aportó copia autenticada del mismo por parte de la Fiscalía General de la Nación, sin que se pidiera su desglose, “observándose que la parte demandante insistió en aportar el documento en copia autenticada y no su original, contraviniendo la orden dada de acuerdo a las normas que en materia de pruebas regulan su aportación y valoración al proceso, encontrándose así, que la adjunción de la prueba referida al presente asunto no se ciñó igualmente al ordenamiento legal, pues al encontrarse el original de la documentación requerida en el proceso penal aludido, y al estar éste archivado, lo conducente era solicitar su desglose (art. 268 en su numeral 2°) aportándose a esta actuación en original, tal como fue decretada y solicitada, lo cual se omitió contrariando lo dispuesto en dicha norma y lo ordenado en el auto que decretó la prueba”. Adicionalmente, indica que por encontrarse el original del documento de fecha 6 de junio de 2001 en la Fiscalía General de la Nación, al momento de descorrerse el traslado de las excepciones, la parte ejecutante debió allegar copia auténtica de dicha prueba documental expedida por orden del funcionario judicial en cuyo despacho se adelantaba el proceso penal, lo cual incumplió. Bajo los anteriores argumentos, solicita negar el amparo constitucional porque en la providencia cuestionada no se incurrió en los defectos procedimental ni fáctico por indebida valoración de las pruebas por juicio contraevidente. 2.2. Al trámite de tutela se vinculó a la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, quien a través de su representante legal solicitó rechazar el amparo por improcedente, al estimar que las causales de procedibilidad de la acción de tutela que alega la parte accionante, son inexistentes porque el Tribunal pidió de oficio que se adosara el original del documento de fecha 6 de junio de 2001, por cuanto en el interrogatorio de parte la ejecutada desconoció el contenido y la firma de tal documento, lo cual fue desatendido por la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “por la sencilla razón de que tal documento no existe”. Precisa que el documento original debió aportarlo el ejecutante porque estaba en su poder y porque es el único documento que sirve pHara hacerle la prueba grafológica de autenticidad ante una posible tacha de falsedad, no pasando lo mismo con una copia autenticada de una copia autenticada. Indica que el Tribunal acertó al no otorgar valor probatorio a la copia autenticada de una copia autenticada del documento de fecha 6 de junio de 2001, pues no resulta suficiente para convencer y demostrar que en efecto se interrumpió naturalmente la prescripción de la acción cambiaria del título que se cobra, ya que no existe certeza sobre la persona que lo suscribió. Finaliza diciendo que los 10 años de vida del proceso no fueron suficientes para que la parte ejecutante aportara aquel documento en original y que las pruebas que presentó como si fueran de la Fiscalía General de la Nación, las anexó en copia simple desconociendo los artículos 185 y 268 del CPC. 3. Sentencias objeto de revisión 3.1. Primera Instancia La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de mayo de 2011, concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso a favor de la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A., al considerar que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico en contra de los intereses de aquella, máxime cuando la parte motiva de la sentencia cuestionada “es contradictoria, confusa e insuficiente”. Puntualmente, señaló que el Tribunal “no explicó por qué si precisamente el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, que dijo aplicar a ultranza, permite allegar copia de aquellos documentos privados ‘cuyo original no se encuentre en poder de quien los aporta’, caso en el cual ‘para que la copia preste mérito probatorio será necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario (…)’, -condición que cumplía la reproducción anexada-, en el caso juzgado tenía que haberse incorporado al expediente el original de la comunicación de 6 de junio de 2001, en la que según la parte acreedora la obligada reconoció la obligación y, en consecuencia, operó la interrupción civil (sic) de la prescripción”. Dijo que no era clara semejante exigencia cuando el mismo Tribunal había dado por probado que para la fecha en que el ejecutante descorrió el traslado de las excepciones de mérito, el original del documento de fecha 6 de junio de 2001, obraba en el proceso penal, “o sea, a sabiendas de que no podría hacerlo, pasando por alto que se estructuraba, en principio, la hipótesis genérica del ordinal tercero de dicha disposición [artículo 268 del CPC], de no tener en su poder el respectivo escrito”. Indicó que el Tribunal no explicó por qué se limitó a impartirle a la sociedad acreedora la orden de aportar el documento en original, si ya tenía certeza que no estaba en sus manos y siendo que directamente, en ejercicio de sus facultades instructivas y en aras de buscar la verdad, podía haberlo pedido a la Fiscalía, disponer el cotejo necesario o decretar una inspección judicial con exhibición del mismo. Agregó que nada se dijo sobre la viabilidad de que la parte actora solicitara el desglose de tal documento. Identificó la ausencia de estudio frente a la aplicabilidad del reconocimiento tácito del documento de fecha 6 de junio de 2001 que no fue tachado de falso por la sociedad ejecutada, en la medida en que se limitó a las exigencias meramente formales del escrito con el cual se presentó, contenidas en el numeral 3° del artículo 252 del CPC, más omitió toda consideración respecto a la aplicación del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 o incluso de la Ley 1395 de 2010. Así las cosas, estimó que los graves defectos ameritaban conceder el amparo constitucional, por cuanto impidieron que el Tribunal acusado escudriñara si el documento de fecha 6 de junio de 2001, contenía la aceptación de la obligación del cobro ejecutivo y si con el mismo se produjo la interrupción natural de la prescripción cambiaria. Frente a esta sentencia se pidió aclaración y complementación por parte del Tribunal, las cuales fueron negadas por improcedentes en auto del 24 de junio de 2011. 3.2. Impugnación presentada por la sociedad vinculada Por medio de apoderado judicial, la representante legal de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, solicitó revocar la decisión tutelar y negar el amparo por improcedente, bajo los siguientes argumentos: (i) En primer lugar, adujo que la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.” carece de legitimación en la causa por activa para ser accionante en la presente tutela, porque si bien en el proceso ejecutivo mixto existió una cesión del crédito por parte de la compañía Gerenciamiento de Activos Ltda a favor de aquella, no lo es menos que la parte ejecutada nunca aceptó tal cesión, requisito procesal que debe darse para que el crédito pueda ser oponible frente a terceros de acuerdo con el artículo 1550 del Código Civil. (ii) En segundo lugar, esgrimió que la sentencia del Tribunal accionado es clara, lógica, coherente, sistemática y, por tanto, razonada, de modo que el debate que se presenta es una divergencia de criterio del juez de tutela frente a lo resuelto por el accionado, “posición que eventualmente pudiera hacer prevalecer como instancia superior, pero nunca como juez de amparo excepcional, pues escapa a sus precisas funciones convertirse en revisor de las decisiones de otros funcionarios y sobre el prurito de no estar de acuerdo con los planteamientos que, en virtud de la independencia y autonomía de que están revestidas todas las autoridades judiciales, aquellos expongan, se pretenda justificar la imposición de su criterio, por más respetuoso que sea, bajo el sofisma de un amparo constitucional que, por las demás razones expuestas, insisto, no es procedente”. Indicó que el Tribunal al concluir que la copia autenticada de la copia autenticada no fue debidamente introducida al proceso y que no podía dársele el mismo valor probatorio de un documento original, realizó un estudio juicioso a nivel doctrinal y jurisprudencial en procura de cimentar su decisión; es más, decretó una prueba de oficio que no aprovechó la parte ejecutante pues olvidó allegar el original del documento previo desglose o la copia auténtica del mismo. Lo anterior, distancia a la providencia atacada de ser constitutiva de violación al derecho fundamental de debido proceso. Agregó que la Sala de Casación Civil del Corte Suprema de Justicia se apartó de sus lineamientos sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya que su criterio unívoco es que la tutela no es una instancia adicional para proponer o insistir en la aplicación de una tesis que favorezca a quien propone el amparo, ni tampoco un nuevo escenario para propiciar debates que desborden el proceso. Adujo que dicha Corte olvidó que fungía como juez constitucional, no como superior funcional del Tribunal a quien le pueda imponer un criterio ordinario de autoridad. Precisó que en caso de colisión de interpretaciones entre el juez accionado y el juez de tutela, la jurisprudencia constitucional ha sido diáfana en reconocer la autonomía judicial del funcionario accionado porque la tutela se restringe a los casos en que el fallo cuestionado carezca de razonabilidad. (iii) En tercer lugar, señaló que la sentencia del Tribunal estudió de forma conducente y pertinente, siguiendo los principios de la sana crítica en materia probatoria, los temas de prescripción de la acción cambiaria, de interrupción de la misma y de autenticidad del documento de fecha 6 de junio de 2001, por lo cual, no incurrió en defecto fáctico capaz de habilitar la procedencia del amparo constitucional. Precisamente, frente al tema de la autenticidad del documento de fecha 6 de junio de 2001, la impugnante adosó informalmente un expercio grafológico en el cual se concluyó que “la firma que como Margarita Toro de Navarro aparece en el documento dubitable no procede del puño y letra de dicha señora, quien ofrece muestras de su signatura habitual en los documentos indubitables arriba relacionados”; de esta forma, pretendió dar mayor valor al fallo del Tribunal acusado, en procura de demostrar que el mismo se ajusta a derecho y a la realidad probatoria. 3.3. Segunda Instancia La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de agosto de 2011, confirmó la decisión de conceder el amparo constitucional, al estimar que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico “por cuanto no es clara la exigencia del Tribunal accionado cuando requirió la aportación del documento original, como bien lo asentó la Sala de Casación Civil, ya que a la luz del numeral 3° del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo preceptuado por el artículo 254 numeral 2° del mismo estatuto procesal, es posible aportar copia de los documentos privados que no se encuentren en poder de quien los aporta, como ocurre en este caso”. Por consiguiente, estimó que el accionado al restarle valor probatorio al documento en copia y al omitir la correspondiente apreciación de la prueba, afectó el derecho fundamental de debido proceso que le asiste a la sociedad accionante. Frente a la falta de legitimación por activa de la sociedad actora, al no haber sido reconocida expresamente la cesión por la parte ejecutada, el ad-quem planteó que es un tema eminentemente legal que debió discutirse al interior del proceso natural, porque de las pruebas documentales que obran en el expediente de tutela se evidencia que mediante auto del 12 de enero de 2010, se admitió la cesión a favor de Recuperadora y Cobranzas S.A., lo cual la habilita con interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Finalizó diciendo que respecto de la prueba pericial grafológica que se anexó con el escrito de tutela y en la cual se concluyó que la firma que aparece en el documento no procede de puño y letra de la señora María Margarita Toro de Navarro, representante legal de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, la misma no es de recibo porque ese argumento debió plantearse en el proceso ejecutivo mixto mediante la tacha de falsedad del documento. II. INSISTENCIA PRESENTADA POR EL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO El Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 51 del Acuerdo 05 de 1992, insistió en la selección del expediente de la referencia, al considerar que el caso “(…) prima facie parece mostrar una situación recurrente y censurable, según la cual el juez de tutela se convierte en juez de instancia del proceso ordinario. La valoración del juez de amparo que dio lugar a la revocatoria de la decisión del juez de ejecución en el proceso de la referencia, parece representar una interpretación posible relativa al manejo probatorio de los documentos que en los procesos ejecutivos se alleguen en copias y no en original. Y, el juez de tutela presenta una posición hermenéutica alternativa a la del juez ordinario y da la impresión de utilizarla para revocar su decisión; lo anterior podía entenderse como la actitud propia de un juez de instancia y no de uno de amparo”. III. TRÁMITE EN SEDE DE REVISIÓN Ante la solicitud que elevó el día 2 de marzo de 2012, el apoderado judicial de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, mediante la cual pidió que, como medida provisional, mientras se resuelve definitivamente la acción de tutela de la referencia, se ordene la suspensión del proceso ejecutivo hipotecario que se cuestiona, “en atención al grave perjuicio que se cierne sobre el demandado con ocasión de la proximidad de la decisión de remate de los bienes dados en garantía”, el Magistrado Sustanciador mediante auto del 15 de marzo de 2012 accedió al decreto de la medida provisional y dispuso que la misma fuese comunicada por Secretaria General de esta Corporación, al Tribunal accionado y al Juzgado 3° Civil del Circuito de Cartagena, para lo de su cargo. IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 1. Competencia Esta Corte es competente para revisar las decisiones judiciales antes descritas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a la selección y el reparto efectuado el 15 de noviembre de 2011. 2. Problema Jurídico De acuerdo con los hechos expuestos, en este caso se plantean los siguientes problemas jurídicos a resolver: ¿El Tribunal accionado incurrió en los defectos fáctico y procedimental, capaces de lesionar el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a la sociedad accionante, al restar valor probatorio a la copia autenticada de una copia autenticada del original de un documento que reposa en un expediente penal, la cual resulta determinante para establecer si operó la interrupción natural de la prescripción de la acción cambiaria de un pagaré, cuyo recaudo forzoso se intenta? ¿En caso de que tal copia no haya sido tachada de falsedad por la parte contra quien se opone, incurrió el juez natural en exceso ritual manifiesto al exigir a la ejecutante una afirmación sacramental sobre quién suscribió o firmó el documento original, para definir si procedía o no el reconocimiento tácito de aquella copia? ¿El Tribunal acusado incurre en defecto fáctico por dimensión negativa al omitir el decreto de pruebas oficiosas cuando tenga serias dudas sobre la existencia y autenticidad de una prueba documental que se le adosa al expediente judicial? Para resolver las cuestiones planteadas, estima la Sala la necesidad de ocuparse de los siguientes temas: (i) Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Especial profundización en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico por dimensión negativa. Reiteración de jurisprudencia; (ii); El valor probatorio de los documentos privados aportados en copia dentro de un proceso judicial y la importancia del poder oficioso que en materia probatoria detenta el juez civil cuando existen dudas sobre la autenticidad de tal copia; y, luego analizará (iii) el caso concreto. 3. Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Especial profundización en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en el defecto fáctico por dimensión negativa. Reiteración de jurisprudencia: 3.1. Esta Corporación, actuando como guardiana de la integridad y supremacía del texto constitucional, ha determinado unas reglas claras sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea se basa en la búsqueda de una ponderación adecuada entre dos elementos fundamentales del orden constitucional: la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial[9]. Precisamente, en desarrollo del principio de supremacía de la Constitución, todos los servidores públicos que ejercen funciones jurisdiccionales, deben garantizar y proteger los derechos fundamentales de los sujetos procesales que intervienen en los diferentes procesos ordinarios. Por consiguiente, las normas de la Carta Política y, en especial, aquellas que prevén tales derechos, constituyen parámetros ineludibles para la decisión judicial. La jurisprudencia de esta Corte ha establecido dos presupuestos básicos para determinar si una actuación judicial goza de legitimidad desde el punto de vista constitucional, a saber: (i) que el procedimiento surtido para adoptar una decisión haya preservado las garantías propias del debido proceso, de las que son titulares los sujetos procesales; y, (ii) que la decisión judicial sea compatible con el conjunto de valores, principios y derechos previstos por la Constitución. Si se acredita con suficiencia que la decisión judicial cuestionada incumple estos presupuestos de legitimidad, surge la necesidad de restituir y de preservar la eficacia de los preceptos constitucionales en el caso concreto, mediante la intervención excepcional del juez tutelar. De acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia, la acción de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado[10], lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia, más aún cuando las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para combatir las decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta Política. Empero, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad judicial; en esos especiales casos es que se habilita el amparo constitucional. 3.2. En desarrollo de esas premisas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005[11], estableció de forma unánime un conjunto sistematizado de requisitos estrictos, de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales afectados por una providencia judicial. Ellos se dividen en dos grupos: (i) los requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos, que se refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la Constitución. 3.3. Así, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son los siguientes, siguiendo lo definido por esta Corte en la mencionada sentencia C-590 de 2005: 3.3.1 Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.[12] 3.3.2 Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-, de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[13]. 3.3.3 Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[14]. 3.3.4 Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.[15] 3.3.5 Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[16] Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuenta al fundamento de la afectación de derechos a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. 3.3.6 Que no se trate de sentencias de tutela.[17] Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida. 3.4. Como se dijo anteriormente, los requisitos específicos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, aluden a la configuración de defectos que, por su gravedad, tornan insostenible el fallo cuestionado al ser incompatible con los preceptos constitucionales. Estos defectos son los siguientes: 3.4.1. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carecía absolutamente de competencia para hacerlo. La estructuración de esa causal, ha sido considerada por la jurisprudencia como de carácter calificado “pues no basta con que la competencia del funcionario judicial sea un asunto sometido a debate, sino que debe estarse en un escenario en el que, a la luz de las normas jurídicas aplicables, resulte manifiestamente irrazonable considerar que el juez estaba investido de la potestad de administrar justicia en el evento objeto de análisis”[18]. En la sentencia T-929 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil) se advirtió, con base en reiterada jurisprudencia constitucional, que la probada incompetencia del funcionario judicial configura un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen”. Y agregó “la extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando “los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde”[19] y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones.”[20] En consecuencia, la actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia funcional y temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el desconocimiento del derecho al debido proceso. 3.4.2. Defecto procedimental, el cual dependiendo de las garantías procesales que involucre puede ser de dos tipos: (i) de carácter absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho al debido proceso[21], o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso concreto[22]; y, (ii) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda[23]. En esta oportunidad, la Sala encuentra pertinente profundizar en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, apoyándose para tal efecto en varias sentencias de la línea que se han referido puntualmente al tema. En línea de principio, importa mencionar que según establecen los artículos 228 de la Constitución Política y 4° del Código de Procedimiento Civil, en las actuaciones de la administración de justicia debe prevalecer la aplicación del derecho sustancial, al punto que el juez al momento de interpretar la ley procesal, debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en las normas sustanciales. Quiere ello decir que, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Pues bien, la providencia fundadora de la línea sobre exceso ritual manifiesto es la sentencia T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra)[24], en la cual se señaló que si bien los jueces deben regirse por un marco jurídico preestablecido en el que se solucionen los conflictos de índole material que presentan las partes, no lo es menos que “si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material”. En esa sentencia, se definió el exceso ritual manifiesto como “aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material”. Posteriormente, en la sentencia T-974 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), la Corte amparó los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en armonía con los principios constitucionales de celeridad procesal y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, al concluir que el juez (i) al ignorar manifiesta y ostensiblemente una prueba, cuya valoración tenía la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo y, (ii) al hacer una interpretación incorrecta y desproporcionada de las normas aplicables al caso y otorgarle a la oponibilidad mercantil un efecto sancionatorio no previsto en el ordenamiento procesal, había incurrido en una vía de hecho “en la interpretación judicial”, en desmedro de los derechos sustantivos en litigio. En aquel entonces indicó: “Por consiguiente, aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge clara y objetivamente su existencia. 38. Adicionalmente, el sistema de libre apreciación resulta proporcional cuando su ejercicio no supone el sacrificio de otros principios o derechos constitucionales más importantes. Por ejemplo, la sujeción a la libre apreciación no puede conducir a un interpretación formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos sustantivos en litigio. Así, en Sentencia C-029 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte sostuvo que: ‘(...) Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio’. (…) 46. Como se dijo anteriormente, se incurre en una vía de hecho en la interpretación judicial cuando el juez adopta una decisión en desmedro de los derechos sustantivos en litigio[25].” Al año siguiente, en la sentencia T-973 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería) la Corte analizó una acción de tutela que cuestionaba el actuar de un juez civil dentro de un proceso de responsabilidad extracontractual, en el que las partes eran dos sociedades comerciales y en donde aquél decretó la perención del proceso por la inasistencia del suplente del representante legal de una de las entidades, a una audiencia, aunque la afectada probó mediante un acta de la asamblea de accionistas, que el mencionado suplente había sido removido del cargo dos años antes de que se programara fecha para la celebración de tal audiencia. Para el juez accionado en esa oportunidad, la prueba aportada no era idónea porque la decisión resultaba inoponible hasta su inscripción en el registro mercantil. La Corte, tras reiterar la ratio decidendi de la sentencia T-1306 de 2001, señaló que si bien los jueces gozan de libertad para valorar las pruebas dentro del marco de la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial, y que el sistema de libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales más importantes. Por lo tanto, concluyó la Corte que la correcta administración de justicia supone: “(1º) Que en la aplicació...