Sentencia T-210 de 2014

T-210-14 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-210/14 PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad Si bien la jurisprudencia constitucional ha establecido que, aunque no existe término expreso de caducidad para la acción de tutela, la inmediatez en su interposición sí constituye un requisito de procedibilidad de la misma, lo que equivale a que debe ser intentada dentro de un plazo razonable luego de que tiene ocurrencia la presunta amenaza o vulneración del derecho fundamental, lo cual es coherente con su fin. El inciso 3, del artículo 86 de la Constitución, somete la acción de amparo al principio de subsidiariedad, al señalar que la misma “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, sin embargo, establece como excepción a la regla de improcedencia, que la misma se utilice “como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. ACCION DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORDENAN TRASLADOS LABORALES-Procedencia excepcional Esta Corporación ha sostenido que, en principio, la acción de tutela resulta improcedente cuando se utiliza para controvertir las decisiones de la administración relacionadas con traslados de servidores públicos, en atención a que el ordenamiento jurídico ha delineado un sistema de control judicial mediante acciones y recursos especiales que admiten el cuestionamiento de actos de esa naturaleza, como lo es el caso de las acciones laborales y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, esta Corte ha reconocido la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir decisiones relacionadas con la reubicación de trabajadores del Estado, cuando se trate de situaciones en las que se pretende reconsiderar una decisión de reubicación producto de la potestad discrecional de la entidad nominadora, o cuando una parte solicita un traslado que la misma entidad se niega a conceder; siempre que en tales eventos se acredite la amenaza o la vulneración a los derechos fundamentales. EJERCICIO DEL IUS VARIANDI Y SUS LIMITES CONSTITUCIONALES EN CASOS DE TRASLADO DE DOCENTES Este Tribunal ha considerado que el ius variandi es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo. Asimismo, esta Corporación ha recalcado que el ius variandi no tiene carácter absoluto, pues esta potestad se encuentra limitada por las disposiciones de orden superior, en atención a las cuales el trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y justas para el trabajador. DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA-Reiteración de jurisprudencia Tanto las normas internacionales, como la Constitución Política y la legislación interna, le otorgan a la familia una especial protección con base en el principio de solidaridad propio de un Estado Social de Derecho. Tales disposiciones llevan de suyo como finalidad, garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El otorgamiento del amparo en caso de generarse una separación familiar con ocasión de un traslado laboral, está supeditado a que aparezcan probadas la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales del docente o de sus hijos menores de edad, o de las personas que de él dependen, por lo que, cada caso concreto debe ser analizado cuidadosamente por la entidad responsable de tomar tal decisión. MADRE CABEZA DE FAMILIA-Protección constitucional especial Esta Corporación no ha sido ajena al reconocimiento de la especial situación de las mujeres que desempeñan el rol de madres cabeza de familia, y ha desarrollado una consistente línea jurisprudencial que resalta la necesidad de que la sociedad en general las proteja y les ofrezca múltiples opciones para hacer más llevadera la difícil tarea de asumir en forma solitaria las riendas del hogar. Las mujeres que tienen bajo su cargo en forma permanente la responsabilidad de la crianza o el cuidado de hijos menores propios o ajenos y/o de personas incapacitadas para trabajar, que dependan de ellas en el plano afectivo y económico, gozan de una especial protección constitucional. MADRE CABEZA DE FAMILIA COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA PARA TRASLADO DE DOCENTE-Procedencia excepcional por vulneración de derechos del trabajador o su núcleo familiar DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA-Orden a Secretaría de Educación Departamental dar prelación a la solicitud de reubicación de la actora en un centro educativo de un municipio próximo al municipio de residencia Referencia: Expediente T-4.150.543 Demandante: YULY PAULIN VILLADIEGO SÁNCHEZ Demandados: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá D.C., primero (1) de abril de dos mil catorce (2014) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 Num. 9 de la Constitución Política y, 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún Córdoba, el 9 de septiembre del año 2013, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Yuly Paulin Villadiego Sánchez contra la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba. I. ANTECEDENTES La señora Yuly Paulin Villadiego Sánchez, presentó acción de tutela en su nombre y en representación de su hija menor, para que se les ampararan sus derechos fundamentales a la vida digna, al desarrollo armónico e integral, a la protección familiar y a la dignidad humana, con base en los siguientes hechos: 1.1. Hechos 1.1.1. Manifiesta que su hija, Alejandra Arroyo Villadiego, de 10[1] meses de edad, presenta un cuadro de hidronefrosis derecha con patrón obstructivo bilateral y deterioro de la función renal izquierda. Que a causa de tal cuadro clínico, su menor hija necesita mensualmente ecografías renales, urocultivos y urotacs, como también citas médicas con el nefrólogo pediatra que la atiende en la ciudad de Sincelejo y, con el urólogo pediatra que la atiende en la ciudad de Barranquilla. 1.1.2. Expone que tiene su domicilio en la ciudad de Sahagún Córdoba. Sin embargo, dado que mediante Decreto No. 1312 del 21 de abril de 2009, fue nombrada como docente en propiedad para básica primaria en la institución educativa “La Inmaculada”, del municipio de Ayapel Córdoba, tuvo que trasladarse provisionalmente a tal municipalidad con su menor hija. 1.1.3. Informa que en el municipio de Ayapel no hay un centro médico en el que su hija pueda ser tratada apropiadamente, y además que, tal municipio se encuentra a cuatro horas de viaje de Sahagún Córdoba, lo cual dificulta seriamente que en caso de emergencia, su menor pueda ser atendida con prontitud. 1.1.4. Dice que el municipio de Sahagún, aparte de ser su lugar de domicilio, es el adecuado para que su menor reciba atención médica y es más cercano a Sincelejo y a Barranquilla, ciudades en las que la menor debe ser revisada por el nefrólogo y el urólogo pediatras, respectivamente. 1.1.5. Señala que es madre soltera, que mientras labora, su menor debe quedar al cuidado de una empleada del servicio doméstico, pues en Ayapel, no hay algún familiar cercano que se haga cargo de ella. Según su dicho, esta situación hace que la relación afectiva que existe entre ella y la menor Alejandra Arroyo Villadiego, sea inestable. 1.1.6. Aduce que puso en conocimiento de la entidad accionada su situación, manifestándole que la atención y la valoración médica adecuada para su hija se encuentra en la ciudad de Sahagún[2]. Así, mediante derecho de petición,[3] le pidió a la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba que la trasladara a zonas cercanas a tal municipalidad, como lo son “Chinú, Tuchin y Ciénaga de Oro - Córdoba”[4], pero tal solicitud le fue negada, en los siguientes términos: “Su petición solicitando un traslado por razones familiares para una institución educativa cercana al municipio de Sahagún, no se encuentra amparada en las causales estipuladas (sic) del numeral 3º del Artículo 5º del Decreto 520 de 17 de febrero de 2010, que establece las reglas para los traslados denominados extraordinarios, igualmente tampoco esta causal se encuentra señalada en la circular No. 05 del 11 de Junio de 2011 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil que explica lo relacionado con la provisión de empleos del Sistema Especial de Carrera docente, por tal razón, la situación planteada no se puede tener en cuenta para realizarle un traslado de carácter extraordinario. De otro lado, me permito informarle que en la página web de la Gobernación de Córdoba, anualmente se publica un listado de plazas vacantes para efectos del proceso ordinario de traslados en la cual la causal que usted alega en el derecho de petición se encuentra dentro de los parámetros establecidos para dicho concurso, por lo tanto, usted deberá inscribirse en el mismo para efectos de su traslado, y seguir las instrucciones que se le den en la página web. Lo anterior de conformidad con el decreto 520 de 2010, artículo 2 (…) Con los argumentos expuestos se responde de fondo el derecho de petición de la referencia y no se acceden favorablemente a sus peticiones”[5]. 1.1.7. Sostiene que la EPS del sitio en el cual labora no cuenta con lo necesario para el cuidado de la salud y el tratamiento renal de su hija, por lo que se ha visto obligada a separarse de ella para dejarla en el municipio de Sahagún. Sobre este particular expuso: “Me he visto obligada a separarme de ella en ciertas ocasiones y enviarla a un lugar apropiado para su cuidado en salud y tratamiento renal, por sus condiciones de salud ya que a (sic) presentado en ciertas ocasiones quebrantamientos que han afectado su salud tanto física como emocional; ubicándola a ella en la calle 14 No 5B – 53 Barrio San Pedro de la ciudad de Sahagún Córdoba donde reside en la actualidad un pariente cercano a mi consanguinidad y es un lugar neutral para su cuidado y valoración médica donde se encuentra la entidad prestadora a su (sic) servicio en salud, cercana a esta residencia”[6]. 2. Solicitud de la acción de tutela Con base en los hechos antes relacionados, solicita al juez de instancia tutelar los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al desarrollo armónico e integral, a la protección integral y familiar y, a la dignidad humana, los cuales le están siendo vulnerados tanto a ella como a su hija. En consecuencia, solicita se le ordene a la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, que disponga su traslado a los municipios de Chinú, Tuchin o Ciénaga de Oro, en consideración a la condición de salud de su menor hija. Esta petición fue elevada también como medida provisional en la acción de amparo. 3. Actuaciones Mediante auto del 28 de agosto de 2013, el Juzgado Promiscuo de Familia de Sahagún Córdoba, admitió la presente acción de tutela, ordenando su notificación a la entidad accionada por el medio más expedito. En la misma providencia denegó la solicitud de medida provisional, con base en los siguientes argumentos: “Por otro lado, en cuanto a la medida preventiva solicitada, concerniente en que se ordene a la accionada que se surta el traslado de la accionante en su calidad de docente, a una zona de fácil acceso, debe el Despacho indicar que ello no es posible toda vez que el tiempo necesario para hacer efectiva tal medida, supera el término de 10 días establecido para decidir la presente acción constitucional, conforme lo dispone el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a que tal traslado amerita trámites o procedimientos como lo de disponer un docente que reemplace a la accionante, a más de crear una plaza en los municipios solicitados por aquella” [7]. 4. Contestación de la accionada, Secretaría de Educación Departamental de Córdoba 4.1. En la oportunidad concedida en el auto admisorio, la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, solicitó no acceder a las pretensiones de la tutela[8]. Expuso la normatividad vigente en materia de traslados[9] y los casos en los cuales el traslado de docentes se sujeta al procedimiento extraordinario, para luego señalar que, dado que el asunto bajo examen no estaba inmerso en tales circunstancias, el mismo debía circunscribirse al trámite reglado para los traslados ordinarios. La argumentación la hizo la tutelada en los siguientes términos: 4.1.1. La autoridad nominadora puede efectuar el traslado de docentes o de directivos docentes, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al proceso ordinario de traslados de que trata el Decreto 520 de 2010, siempre que se originen en las necesidades dispuestas por el artículo 5 de tal norma[10]. 4.1.2. Por su parte, la Circular No. 005 de junio 7 de 2011, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sobre la provisión de empleos del Sistema Especial de Carrera Docente, expone los casos que ameritan el traslado de los docentes, sujetos o no a un proceso ordinario[11]. 4.1.3. Es de resaltar que el caso expuesto por la señora Yuly Paulin Villadiego Sánchez, no encaja dentro de las eventualidades descritas en el Decreto 520 de 2010, ni en la Circular No. 005 de 2011 de la CNSC, por lo cual, la administración departamental no puede proceder a autorizar un traslado que no esté justificado en las normas que regulan la materia. Nótese que cuando el decreto en cita habla de los traslados por razones de salud, establece que el afectado sea el docente mas no sus familiares y, en el presente caso, no es la señora Villadiego Sánchez quien padece problemas en su salud. 4.1.4. La accionante afirma que en Ayapel Córdoba, mientras labora, su hija queda al cuidado de una empleada del servicio doméstico, pero, de llegar a autorizarse el traslado solicitado a Sahagún Córdoba, sitio de su domicilio, la menor también tendrá que quedar al cuidado de un tercero, por lo cual, la petición elevada en la acción de tutela no cambiará la circunstancia de la enfermedad de su hija. 4.1.5. La situación expuesta por la tutelante no entraña para ella una carga desproporcionada o insoportable, y, tampoco se cumplen las reglas y las respectivas subreglas dispuestas por la Corte Constitucional para que proceda el amparo solicitado. 4.1.6. En gracia de discusión, y en el eventual caso de autorizarse su traslado, el mismo no puede hacerse para el municipio de Chinú dado que en éste sobran docentes. Tampoco puede ser trasladada al municipio de Tuchin, en el entendido de que es un territorio de población indígena, que tiene una normativa especial sobre ese particular y, finalmente, en el municipio de Ciénaga de Oro, no hay vacantes disponibles en el área de desempeño de la accionante. 4.1.7. Eventualmente, la actora podría ser trasladada a otros municipios de Córdoba como lo son San Carlos, San Pelayo, Purísima, Momil, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Cotorra, San Bernardo del Viento, San Antero, Los Córdobas, o Canalete, que son municipios que tienen buenas vías de acceso al municipio de Sahagún en el que reside la accionante. 4.1.8. De otro lado, no se puede acceder de manera inmediata al traslado solicitado, pues hay traslados de docentes, ordenados también mediante fallos de tutela, los cuales aún no se han podido cumplir, ya que se está en la consecución de una plaza para tal fin. De igual forma, hay solicitudes de traslado previas a la de la accionante, las cuales tampoco se han resuelto y a las que se les debe dar prioridad en razón a que son anteriores. 4.1.9. Además, las vacantes definitivas en la planta de personal de esta entidad no se generan de un día para otro, sino poco a poco conforme con situaciones administrativas tales como: la renuncia, el retiro forzoso o el fallecimiento de algún docente, entre otras. Tales vacantes son las utilizadas para efectos de traslados de docentes y no están disponibles en los municipios a los cuales solicita ser enviada la señora Yuly Paulin Villadiego Sánchez. Al mismo tiempo, de autorizarse un traslado de un docente sin que exista la vacante, se generaría un detrimento patrimonial, pues se tendría a un maestro devengado salario sin que se le pueda asignar carga académica. 4.1.10. Esta entidad territorial tampoco puede crear plazas de docentes ya que no tiene esa facultad discrecional, pues depende directamente del Ministerio de Educación Nacional, para lo cual además, es necesario realizar estudios técnicos y financieros. 4.1.11. De otro lado, de llegarse a concretar la petición de la actora, se desconocería el derecho a la educación de niños y niñas que viven en lugares apartados de los centros urbanos. Si bien, la accionante alega que el derecho a la salud de su hija menor está siendo transgredido, con su traslado se afectaría el derecho a la educación de los niños que están a su cargo, dado que al igual que ella, todos los docentes solicitan ser trasladados a un municipio cercano al lugar de su domicilio. 4.1.12. Finalmente, los derechos alegados como vulnerados por parte de esta Secretearía de Educación Departamental, no han sido tales, menos aún el derecho a la salud de la menor Alejandra Arroyo Villadiego, a quien la EPS Unión Temporal del Norte, según se desprende de los documentos aportados por la accionante, le ha suministrado todos los servicios requeridos. 5. Decisiones judiciales objeto de revisión 5.1. Primera instancia. Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún Córdoba El a quo declaró improcedente la acción de tutela[12]. Sustentó su decisión con los siguientes argumentos: 5.1.1. Es evidente el problema de salud que padece la menor Alejandra Arroyo Villadiego, sin embargo, no se aprecia en el expediente una orden de remisión a urgencias o a centros médicos especializados para tratar una falencia que haya afectado súbitamente la salud de aquella, de manera que lo expuesto por la accionante en ese sentido no tiene respaldo probatorio, son apenas suposiciones. 5.1.2. Además de lo anterior, la actitud de la entidad accionada no ha sido arbitraria al negar el traslado solicitado, pues el mismo, debe sujetarse al procedimiento ordinario existente para tal, así como lo disponen los artículos 2 y 5 del Decreto 520 de 2010. 5.1.3. De tal forma, luego de analizarse la respuesta emitida por la entidad accionada al derecho de petición interpuesto por la actora, la misma no se encuentra arbitraria o injustificada, pues con base en las normas vigentes sobre la materia, su traslado debe sujetarse al proceso ordinario. Además, la entidad accionada tratando de darle solución a la situación personal de la accionante, le dio la posibilidad de inscribirse en un concurso que publicó la gobernación de Córdoba en su página web, concerniente a un listado de plazas que se encontraban vacantes para que aquella aplicara, con sujeción a los requisitos e instrucciones del mismo. 5.1.4. El Despacho considera que la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba no ha vulnerado los derechos fundamentales relacionados con la salud o con la seguridad personal de la accionante ni de su hija. Si bien es cierto que la menor tiene problemas renales, esta sola circunstancia no es suficiente para ordenar el traslado solicitado, omitiendo el procedimiento ordinario reglado para el efecto, menos aún sin haber prueba en el expediente que indique que la menor no puede ser tratada en los centros de salud que se ubican en el municipio de Ayapel. 5.1.5. El fallo de primera instancia no fue impugnado. 6. Pruebas relevantes que obran en el expediente 6.1. Copia del derecho de petición presentado el 29 de julio de 2013 ante la accionada, mediante el cual la señora Yuli Paulin Villadiego Sánchez solicita ser trasladada a un municipio cercano a Sahagún Córdoba, sitio donde tiene definido su domicilio[13]. 6.2. Copia de la respuesta del cinco de agosto de 2013, proferida por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, al derecho de petición presentado por la actora el 29 de julio de 2013. 6.3. Copia de la historia clínica de la menor Alejandra Arroyo Villadiego, en la cual aparece el diagnóstico de hidronefrosis bilateral, algunos exámenes médicos que se le han realizado, así como cirugías y valoraciones médicas[14]. 6.4. Copia del registro civil de nacimiento de la menor[15]. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del Auto del 28 de noviembre de 2013, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Once de esta Corporación. 2. Problema Jurídico La problemática de índole jurídica por resolver en sede de revisión, se contrae a la necesidad de establecer si, efectivamente, la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, trasgredió los derechos fundamentales de la señora Yuli Paulin Villadiego Sánchez y de su hija Alejandra Arroyo Villadiego, al no acceder al traslado solicitado por la docente a un municipio cercano a Sahagún Córdoba, en atención a su condición de madre soltera y al estado de salud de su menor hija. De esta manera, corresponde a la Sala entrar a determinar, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales de la acción de tutela, que conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y primero del Decreto 2591 de 1991, se pueden sintetizar de la siguiente manera: i) legitimación en la causa, ii) inmediatez y iii) subsidiariedad. En segundo lugar, de resultar procedente el amparo reclamado, habrá de revisarse la figura del ius variandi y el alcance que de la misma se ha fijado en la jurisprudencia constitucional, para después estudiar el derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella y, como cuarto punto, el concepto de madre cabeza de familia. Luego de tales consideraciones, se procederá a resolver el problema jurídico anteriormente planteado. 3. Procedibilidad de la Acción de Tutela 3.1. Legitimación en la causa La legitimación en la causa es un requisito de procedencia para invocar la acción de tutela. Así las cosas, es necesario reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para interponerla (legitimación en la causa por activa) y, la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho (legitimación en la causa por pasiva). Se ha dicho así por esta Corporación: “La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.”[16] 3.1.1. Legitimación por activa 3.1.1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]”. 3.1.1.2. En desarrollo de dicho mandato, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, dispone: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”. 3.1.1.3. Teniendo en cuenta los criterios mandados, la Corte ha establecido las diferentes situaciones en las que se puede satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa en materia de acciones de tutela [17]: i) el ejercicio directo de la acción de tutela, ii) el ejercicio a través de representantes legales, como es el caso de menores de edad, incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; iii) el ejercicio por medio de apoderado judicial, en cuyo caso debe ostentar la condición de abogado titulado y anexar un poder para ejercer la defensa del caso; y iv) el ejercicio por medio de agente oficioso. 3.1.1.4. En armonía con las mencionadas notas, se tiene que la señora Yuli Paulin Villadiego Sánchez, está legitimada en la causa por activa para interponer la acción de tutela en su nombre y en el nombre de su hija menor de edad. En relación con lo primero, tenemos que la señora aboga por la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, al desarrollo armónico e integral, a la protección familiar y a la dignidad humana, los que en su sentir están siendo transgredidos por la accionada, al no autorizar su traslado al sitio que ha definido como su domicilio, en razón de la condición de salud de su hija menor. En relación con lo segundo, es claro que la actora también está legitimada por activa para promover la defensa de los derechos fundamentales de su hija Alejandra Arroyo Villadiego, por ser su legítima representante legal, dado que su congénere es menor de edad. 3.1.2. Legitimación por pasiva 3.1.2.1. La entidad demandada, en calidad de autoridad pública encargada de la prestación del servicio público de la educación, se encuentran legitimada como parte pasiva en el presente proceso, de conformidad con los artículos 5 y 42 del Decreto 2591 de 1991, y en vista de que se le endilga la violación de los derechos fundamentales en discusión. 3.1.3. Con base en las consideraciones expuestas, en la acción de amparo de la referencia se satisface el presupuesto de la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, sobre la base de que la acción de tutela se interpuso por las personas a quienes la Constitución y la ley facultan para reclamar el derecho conculcado y, en contra de la entidad pública a quien se le atribuye la presunta violación de los derechos fundamentales reclamados. 3.2. Inmediatez 3.2.1. De la lectura del artículo 86, se deriva como una de las características y objeto de la tutela, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados, siendo por tanto inherente a la acción “la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos”[18]. Con esta exigencia, se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial, se emplee como una herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica[19]. 3.2.2. Si bien la jurisprudencia constitucional ha establecido que, aunque no existe término expreso de caducidad para la acción de tutela, la inmediatez en su interposición sí constituye un requisito de procedibilidad de la misma, lo que equivale a que debe ser intentada dentro de un plazo razonable luego de que tiene ocurrencia la presunta amenaza o vulneración del derecho fundamental, lo cual es coherente con su fin[20]. 3.2.3. En el caso bajo estudio, tenemos que la señora Yuli Paulin Villadiego Sánchez, presentó la acción de amparo el 27 de agosto de 2013[21], luego de que el cinco de agosto de la misma anualidad, la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba hubiera negado el traslado por ella solicitado mediante derecho de petición del 29 de julio de 2013. Así también, se acredita entonces este requisito de procedibilidad de la acción de amparo de la referencia, pues el plazo transcurrido entre que la accionante conoce la nugatoria del traslado solicitado e interpone la acción constitucional, es de 17 días, es decir, es un plazo corto y razonable, que hace denotar la necesidad de protección de los derechos fundamentales por ella reclamados. 3.3. Subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir decisiones que resuelven traslados de docentes. Reiteración de jurisprudencia 3.3.1. El inciso 3, del artículo 86[22] de la Constitución, somete la acción de amparo al principio de subsidiariedad[23], al señalar que la misma “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, sin embargo, establece como excepción a la regla de improcedencia, que la misma se utilice “como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 3.3.2. Sobre el mismo asunto, el numeral 1, del artículo 6, del Decreto 2591 de 1991[24], sujeta la acción de tutela al principio de subsidiariedad, al señalar que aquella será improcedente siempre que existan “otros recursos o medios de defensa judiciales”, salvo que los mismos, atendiendo las circunstancias del caso concreto, sean ineficaces para enfrentar la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales. 3.3.3. Entonces, la primera de las excepciones a la regla general de improcedencia se concibe cuando a pesar de existir otros medios ordinarios de defensa, la acción de amparo se promueve como mecanismo transitorio, siempre y cuando el demandante demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable (Artículo 86 de la Constitución Política), en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado. Dicho perjuicio, a partir de los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, debe reunir los siguientes elementos: ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza y; ser impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales[25]. 3.3.4. La segunda de las excepciones, permite acudir a la acción de tutela aún existiendo un medio judicial ordinario para dirimir el asunto, siempre que este resulte ineficaz para hacer cesar la amenaza o la vulneración a los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias en que se encuentra el solicitante (Numeral 1, del artículo 6, del Decreto 2591 de 1991)[26]. En este caso, la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía[27]. 3.3.5. Así bien, con relación a la segunda de las excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, esta Corporación ha expuesto que el juez debe analizar las condiciones particulares del actor[28] y establecer si el medio de defensa judicial ordinario existente es lo suficientemente idóneo para proteger de manera integral sus derechos fundamentales[29], ya que, en caso de no serlo, el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional[30]. 3.3.6. Dentro de este contexto, esta Corporación ha sostenido que, en principio, la acción de tutela resulta improcedente cuando se utiliza para controvertir las decisiones de la administración relacionadas con traslados de servidores públicos, en atención a que el ordenamiento jurídico ha delineado un sistema de control judicial mediante acciones y recursos especiales que admiten el cuestionamiento de actos de esa naturaleza, como lo es el caso de las acciones laborales y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho[31]. 3.3.7. No obstante, esta Corte ha reconocido la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir decisiones relacionadas con la reubicación de trabajadores del Estado, cuando se trate de situaciones en las que se pretende reconsiderar una decisión de reubicación producto de la potestad discrecional de la entidad nominadora, o cuando una parte solicita un traslado que la misma entidad se niega a conceder; siempre que en tales eventos se acredite la amenaza o la vulneración a los derechos fundamentales[32]. 3.3.8. En relación con esto último, este Tribunal se ha preocupado por fijar las condiciones[33] que deben acreditarse para que tenga eco la protección constitucional impetrada. Sobre esa base, ha dispuesto que, para que haya lugar a la protección constitucional con relación a una decisión de traslado laboral, se requiere: “(i) que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de trabajo[34] y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar”[35]. Sobre este particular, esta Corporación ha dispuesto que la afectación clara, grave y directa de los derechos fundamentales del peticionario o de su núcleo familiar, puede tener lugar en diversas circunstancias que deben aparecer debidamente acreditadas en el respectivo expediente. En este sentido, cabe apuntar que de la misma jurisprudencia constitucional emergen las sub-reglas a partir de las cuales se puede entender como afectado en forma grave un derecho fundamental. Al respecto, se ha indicado que: a. Cuando el traslado laboral o su negativa genera serios problemas de salud, “especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones para brindarle el cuidado médico requerido”[36]. b. Cuando el traslado laboral o su negativa pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia[37]. c. Cuando las condiciones de salud de los familiares del trabajador, pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la necesidad del traslado. d. Cuando el traslado laboral se produce intempestiva y arbitrariamente y tiene como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar[38]. En relación con los parámetros antes expuestos, la jurisprudencia ha destacado que los mismos deben corresponder a situaciones en las que se evidencien cargas desproporcionadas e irrazonables, “y no que por sí solas impliquen cambios o alteraciones que puedan ser considerados insubstanciales o soportables en las condiciones de vida y en la cotidianidad de las labores que a diario se ejercen”[39]. En todo caso, de configurarse alguno de ellos, es imperativo que la administración, y de ser el caso el juez de tutela, “reconozcan un trato diferencial positivo al trabajador”[40], a fin regarantizar sus derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, a la unidad familiar y a la salud. 3.3.9. Luego de las anteriores anotaciones, queda por señalar que la intervención excepcional del juez de tutela frente a las controversias que se susciten en torno al tema de traslados laborales, bien sea por reubicación o por la negativa a realizarla, está supeditada al análisis de las circunstancias del caso concreto, para determinar, finalmente, si existe una amenaza o vulneración grave de los derechos fundamentales reclamados. 3.3.10. Entonces, a partir del precedente jurisprudencial expuesto, pasará la Sala a estudiar si la acción de amparo relacionada en el asunto es procedente o, si por el contrario, la accionante debe hacer uso de otros recursos judiciales. 3.3.11. De esta manera, se tiene que en la acción de tutela de la referencia, se le atribuye a la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, la vulneración prima facie, de los derechos fundamentales radicados en cabeza de la señora Yuli Paulin Villadiego Sánchez, quien actúa directamente y en representación de su hija menor Alejandra Arroyo Villadiego, por responder negativamente su derecho de petición del 29 de julio de 2013[41], mediante el cual solicitó su traslado en calidad de docente, a un establecimiento educativo de un municipio cercano a Sahagún Córdoba, que es su lugar de domicilio, en atención al estado de salud de su menor hija. 3.3.12. En el mentado derecho de petición, la señora Yuli Paulin Villadiego Sánchez, fundó su solicitud de traslado partiendo del reconocimiento de su condición de madre soltera y dado que tiene bajo su exclusivo cuidado a la menor Alejandra Arroyo Villadiego, a quien debe procurarle no solamente el sustento y los cuidados propios de su edad, sino la debida protección y asistencia por padecer de hidronefrosis derecha con patrón obstructivo bilateral y deterioro de la función renal izquierda. Expuso que en razón a su estado de salud, la menor requiere estar en Sahagún, sitio en el que, a diferencia de Ayapel, sí hay centros médicos adecuados para su atención médica, y a su vez, es cercano a las ciudades en las que se encuentran los especialistas a los que visita mensualmente. Manifestó la accionante en el mismo escrito, que el hecho de encontrarse con su hija menor en Ayapel y tener que viajar a Sahagún, sitio en el que sí hay centros médicos adecuados para atender la enfermedad que aquella padece, o eventualmente una urgencia; le impone la necesidad de soportar cuatro horas de viaje, tiempo que resulta demasiado extenso en caso de necesitar asistencia médica inmediata. Tanto es así, que en ocasiones ha debido dejar a su hija viviendo con un familiar cercano en Sahagún y separarse de ella para poder cumplir con su trabajo de docente en Ayapel y que al mismo tiempo su pequeña pueda recibir la atención médica requerida. 3.3.13. No obstante los argumentos expuestos en el derecho de petición, en el cual se anexó copia de la historia clínica de la menor, la secretaría de educación accionada, mediante oficio No. 2928, del cinco de agosto de 2013, negó la solicitud de traslado impetrada, porque la misma no se encontraba amparada en las causales estipuladas en el numeral 3, del artículo 5, del Decreto 520 del 2010. Según tal disposición normativa, la autoridad nominadora puede efectuar el traslado de docentes o de directivos docentes, mediante un acto administrativo motivado, en cualquier época del año, sin sujeción al proceso ordinario para tal, si el mismo se origina en razones de salud del docente o del directivo docente, pero, dado que el traslado solicitado por la educadora se fundamentaba en razones de salud de su hija, el mismo debía sujetarse al procedimiento ordinario reglado para el efecto. 3.3.14. En decir de la accionante, la decisión de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, de no acceder a su solicitud bajo el argumento de que su caso no reúne los requisitos para tramitar en su favor un traslado extraordinario, desconoció por entero las específicas particularidades de su situación personal y familiar, y trasgredió sus derechos fundamentales y los de su hija menor. Por lo anterior, solicita la intervención del juez constitucional. 3.3.15. Para esta Sala, si bien la decisión de la secretaría de educación accionada adoptada mediante oficio No. 2928, del cinco de agosto de 2013, no fue arbitraria[42], pues la misma fue motivada y se fundamentó en la legislación vigente en materia de traslados de docentes, en todo caso la misma sí afecta en forma clara, grave y directa[43] los derechos fundamentales de la accionante y de su pequeña hija. 3.3.16. Esto último es así, porque ciertamente la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba no tuvo en cuenta primero, la condición de madre soltera de la señora Yuli Paulin Villadiego Sánchez, quien clama por laborar en un sitio cercano al municipio en el que tiene su domicilio, para dejar a su menor hija al cuidado de algún pariente que le brinde la protección y el cariño necesario, mientras ella cumple con su horario laboral. Así, la accionante se rehúsa a tener que dejar a su menor hija al cuidado de una persona extraña, dado que en Ayapel no hay alguien de su núcleo familiar que le pueda brindar a su pequeña Alejandra el calor de hogar, que puede ser solamente dispensado por su madre, como cabeza de hogar, o por sus parientes más próximos que se encuentran a cuatro horas de distancia del municipio en el que actualmente residen. 3.3.17. Además de lo anterior, la entidad accionada también pasó por alto la delicada condición médica padecida por Alejandra Arroyo Villadiego, la cual le fue puesta en conocimiento mediante los documentos anexos al derecho de petición. Efectivamente, la hidronefrosis derecha con patrón obstructivo bilateral y deterioro de la función renal izquierda que padece la menor, amerita que aquella resida en un municipio que tenga un centro médico especializado para atenderla en caso de alguna urgencia, el cual no existe en Ayapel Córdoba, tal y como lo denunció su madre, dicho que no fue desvirtuado por la accionada. 3.3.18. En tercer lugar, la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, no reparó en el razonable pedimento de la madre, según el cual su hija menor de edad debe residir con ella en un municipio cercano a las ciudades de Sincelejo y Barranquilla, a las que debe asistir mensualmente para ser revisada por pediatras nefrólogos y urólogos, quienes controlan rigurosamente la evolución de su enfermedad. 3.3.19. Así las cosas, la nugatoria sostenida por la tutelada puede poner en peligro el estado de salud de la pequeña Alejandra Arroyo Villadiego, quien tiene un delicado diagnóstico médico y debe residir junto con su madre en un municipio distante de las ciudades en las cuales puede recibir una adecuada atención médica. Esta situación puede convertirse en una carga desproporcionada[44] a soportar por la familia compuesta por la señora Yuli Paulin Arroyo Villadiego y su menor hija, que a su vez puede amenazar el derecho a la salud de la menor de edad quien es un sujeto de especial protección constitucional. Por las razones precedentes, el caso sub examine amerita la intervención del juez constitucional, dado que se cumplen ampliamente las reglas y las subreglas trazadas por esta Corporación para tales efectos. 3.3.20. Si bien, en principio podría pensarse que la accionante tiene otros mecanismos judiciales a los cuales acudir para satisfacer su pedimento, -en particular, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la decisión de negar el traslado que ha sido adoptada por la administración-, para la Sala en el caso concreto ese medio de defensa resulta ineficaz. Esto, en consideración al delicado estado de salud de la menor hija de la accionante, de apenas 19 meses de edad, el cual exige de atención inmediata que no puede ser garantizada si se somete a la docente a la espera de las resultas de un proceso contencioso administrativo para resolver su solicitud de traslado. 3.3.21. Considerado lo anterior, concluye esta Sala que la acción de tutela, pese a su carácter excepcional, en el caso sub examine resultaría procedente de manera definitiva, dado que los medios judiciales de defensa con los que cuentan la señora Yuli Paulin Villadiego Sánchez y su hija menor, no son idóneos ni eficaces para salvaguardar sus derechos fundamentales a la vida digna, al desarrollo armónico e integral, a la protección familiar y a la dignidad humana. 4. Ejercicio del ius variandi frente a las solicitudes de traslado de los docentes. Relación de la administración pública con los derechos fundamentales. Reiteración jurisprudencial 4.1. Este Tribunal ha considerado que el ius variandi “es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo”[45]. 4.2. Asimismo, esta Corporación ha recalcado que el ius variandi no tiene carácter absoluto[46], pues esta potestad se encuentra limitada por las disposiciones de orden superior, en atención a las cuales el trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y justas para el trabajador tal y como lo dispone el artículo 53 de la Carta. Con base en esa figura, el empleador no goza de “de atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del patrono”[47]. 4.3. Así las cosas, el empleador a la hora de disponer sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, debe consultar “(i) las circunstancias que afectan al trabajador; (ii) la situación familiar; (iii) su estado de salud y el de sus allegados; (iv) el lugar y el tiempo de trabajo; (v) las condiciones salariales; (vi) el comportamiento que ha venido observando y el rendimiento demostrado”[48]. 4.4. Frente al sector público, ha señalado la Corte que la administración goza de un amplio margen de discrecionalidad para modificar la ubicación funcional o territorial de sus funcionarios, con miras a una adecuada y mejor prestación del servicio. Ha sostenido: “[…] que la estructura interna que tienen muchas de las entidades del Estado, en razón a los fines que constitucionalmente les ha sido confiados, requieren de una planta de personal de carácter global y flexible, que les permita tener la capacidad suficiente para cumplir cabalmente con las funciones a su cargo, pudiendo por lo tanto, reubicar o trasladar a sus funcionarios en cualquiera de sus diferentes sedes o dependencias, en el nivel territorial o nacional”[49]. 4.5. En lo que concierne al servicio público de educación, la Corte en sentencia T- 065 de 2007 consideró lo siguiente: “Tratándose del servicio público de educación que interesa a esta causa, se viene afirmando que el mismo guarda una íntima relación con los derechos fundamentales de los niños y debe prestarse a nivel nacional, sin tener en cuenta la categoría y grado de desarrollo de los municipios o regiones. Por estas razones, y en atención al mandato constitucional impartido al Estado de solucionar las necesidades insatisfechas de la población en materia de educación y de garantizar tanto la continuidad como el funcionamiento eficaz del mismo, resulta apenas obvio que la administración pública pueda contar con amplias facultades para trasladar a sus funcionarios y docentes de acuerdo con las necesidades del servicio[50], constituyéndose tales facultades en instrumentos para el desarrollo del mandato educativo institucional. No obstante lo anterior, si bien este Tribunal ha admitido que el margen de discrecionalidad del empleador resulta ser más amplio cuando así lo demandan las funciones atribuidas a algunas entidades o la propia naturaleza de ciertos servicios, como ocurre por ejemplo con el servicio público de educación, igualmente ha aclarado que, el hecho que sea la propia Constitución la que prohíba cualquier atentado contra la dignidad de los trabajados, implica que la decisión de traslado no puede ser en ningún caso arbitraria, con lo cual, también en estas hipótesis el ius variandi debe ejercerse por el patrono dentro de un marco de razonabilidad, sometido al cumplimiento de las siguientes condiciones[51]: (i) que los traslados se realicen a cargos similares o equivalentes al que venía desempeñando el trabajador, e igualmente, (ii) que la decisión, en la medida en que modifica las condiciones de trabajo, consulte el entorno social del trabajador y tenga en cuenta factores como la situación familiar, su lugar y tiempo de trabajo, el rendimiento demostrado, el ingreso salarial y el estado de salud, entre otros[52], a fin de impedir que por su intermedio se causen perjuicios de cierta significación. Y es que, lo ha sostenido la Corte[53], la figura del traslado no está prevista únicamente como una herramienta del empleador -público o privado- para ajustar su planta de personal a los requerimientos que imponen las necesidades del servicio. Para la Corte, el traslado también comporta un derecho de los trabajadores íntimamente relacionado con otros derechos como la vida, la dignidad, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, en la medida que el mismo puede ser solicitado por éstos para garantizar su seguridad o sus condiciones de salud, e, igualmente, como un medio idóneo para implementar autónomamente sus proyectos de vida a nivel personal o familiar. En este sentido, la discrecionalidad de la administración no sólo debe consultar los límites establecidos expresamente por la legislación, sino que debe procurar la realización de los derechos fundamentales de los docentes conforme a los mandatos previstos en la Constitución Política”. 4.6. Para que el Estado pueda cumplir a cabalidad con la prestación del servicio público de educación, el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, le otorga al nominador la facultad discrecional de trasladar a docentes o directivos docentes, siempre que se requiera para la debida prestación del servicio educativo, “por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial”. Esta disposición normativa establece que en el caso de que se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados, se requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales. 4.7. Es de resaltarse que en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 1278 de 2002, con el cual se aclaró que la situación administrativa del traslado se presenta “cuando se provee un cargo docente o directivo docente vacante definitivamente, con un educador en servicio activo que ocupa en propiedad otro con funciones afines y para el cual se exijan los mismos requisitos aunque sean de distintas entidades territoriales”[54], especificando, para el efecto, los eventos en que procedía[55]. 4.8. Posteriormente, el Decreto No. 3222 del 2003, reglamentó el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 y en su artículo 2º dispuso que el traslado de los docentes depende del nominador. Además, que el traslado por necesidad del servicio puede tener origen en la disposición del nominador o, en la solicitud de los docentes o de los directivos docentes[56]. 4.9. Asimismo, el decreto en cita dispuso que las solicitudes de traslado que se sustenten en razones de salud, y estén verificadas por la entidad territorial teniendo en cuenta el concepto de la EPS, pueden ser atendidas en cualquier época del año y no estarán sujetas a los siguientes criterios: “Para los traslados solicitados por los docentes o directivos docentes, la entidad territorial certificada hará pública la información sobre los cargos de docentes y directivos docentes disponibles en los establecimientos educativos de su jurisdicción, como mínimo dos (2) meses antes de la finalización del año lectivo, conforme al calendario académico adoptado. Estos traslados se harán efectivos en el primer mes del año lectivo siguiente. Para decidir sobre los traslados solicitados por los docentes o directivos docentes, la autoridad nominadora tendrá en cuenta los siguientes criterios: a) El docente o directivo docente debe haber prestado como mínimo tres (3) años de servicio en el establecimiento educativo, b) La evaluación de desempeño del año anterior debe ser satisfactoria de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de Educación Nacional”[57]. 4.10. El antes citado Decreto 3222 de 2003, fue derogado por el Decreto 520 de 2010, que nuevamente reglamentó el proceso de traslado de los docentes del sector público y de los directivos docentes, que prestan el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, administrados por cada una de las entidades territoriales certificadas en educación. 4.11. De esta forma, el Decreto 520 de 2010, establece un procedimiento ordinario[58] de traslados para que cada entidad territorial certificada en educación implemente el proceso para tramitar aquellos que tengan origen en las solicitudes de los docentes o de los directivos docentes. Para la inscripción en dicho proceso, la entidad territorial certificada respectiva garantizará condiciones objetivas de participación y adoptará, entre otros, los siguientes criterios: i) lapso mínimo de permanencia del aspirante en el establecimiento educativo en el cual se encuentra prestando el servicio como docente o directivo docente y ii) postulación a vacantes del mismo perfil y nivel académico. 4.12. De igual manera, en el acto administrativo de convocatoria deberán hacerse explícitos, a lo sumo, los siguientes criterios para la adopción de las decisiones de traslado y orden de selección: i) Obtención de reconocimientos, premios o estímulos por la gestión pedagógica, ii) Mayor tiempo de permanencia en el establecimiento educativo en el cual se encuentra prestando el servicio docente o directivo docente el aspirante, iii) Necesidad de reubicación laboral del docente o directivo docente a otro municipio, por razones de salud de su cónyuge o compañero (a) permanente, o hijos dependientes, de conformidad con la ley y iv) Cuando dos o más docentes o directivos docentes estén en igualdad de condiciones para ser trasladados al mismo lugar de desempeño de funciones, el nominador adoptará la decisión previo concepto del rector o director rural del establecimiento educativo receptor cuando se trate de docentes, o del consejo directivo del establecimiento educativo receptor cuando se trate de directivos docentes. Si tal concepto no se produce dentro de los cinco (5) días siguientes a su requerimiento, el nominador adoptará la decisión del caso. 4.13. Pero además, el Decreto 520 de 2010 también comprende aquellas situaciones en que pueden llevarse a cabo traslados sin sujeción al procedimiento ordinario recién comentado. Particularmente, en el artículo 5º se revelan las siguientes situaciones: “(…) Artículo 5°. Traslados no sujetos al proceso ordinario. La autoridad nominadora efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante acto administrativo debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al proceso ordinario de traslados de que trata este decreto, cuando se originen en: 1. Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo, que deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo. En tal caso, el nominador de la entidad territorial debe adoptar la decisión correspondiente considerando, en su orden, las solicitudes que habiendo aplicado al último proceso ordinario de traslado no lo hayan alcanzado. 2. Razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo adoptada con base en la reglamentación que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud. 4. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro de un establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo directivo”. 4.14. Como se puede apreciar, las disposiciones legales aludidas permiten el traslado del personal docente del sector público, bien sea por virtud de la decisión discrecional de la administración o por vía de solicitud del interesado, a través de un procedimiento ordinario o por fuera de él, conforme a la acreditación de unos específicos criterios y requerimientos, que se supeditan, en todo caso, no solamente a las necesidades del servicio y a la protección de principios tales como la igualdad, la transparencia y la objetividad[59], sino a la observancia y verificación, entre otros aspectos, de las circunstancias que afectan al trabajador, la situación familiar, su estado de salud y el de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, el comportamiento que ha venido observando y el rendimiento demostrado[60]. 5. El derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella 5.1. Tanto las normas internacionales, como la Constitución Política y la legislación interna, le otorgan a la familia una especial protección con base en el principio de solidaridad propio de un Estado Social de Derecho. Tales disposiciones llevan de suyo como finalidad, garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 5.2. Sobre esa base, los Estados y organismos internacionales han proferido diversos instrumentos tendientes a proteger a la familia, resaltando que la sociedad y el Estado deben proporcionar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, una especial protección a efectos de garantizarles un proceso de formación y desarrollo acorde con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 5.3. De la protección especial de los niños, se ocupó inicialmente la Declaración de Ginebra de 1924, sobre los Derechos del Niño. Posteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, estableció en el numeral 2 del artículo 25 que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. 5.4. Siguiendo el hilo anterior, el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, dispone que: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. 5.5. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y aprobado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968, dispone en el numeral 1º del artículo 24 que “Todo niño tiene derecho, sin discriminación algun...