Sentencia T-189 de 2016

T-189-16 Sentencia T-189/16 ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA-Procedencia para lograr conexión del servicio en una vivienda de interés social que necesitan ocupar personas en condición de vulnerabilidad Es procedente la acción de tutela para garantizar la protección de los derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares y no existan otros mecanismos judiciales de defensa, salvo la inminencia de un perjuicio irremediable. Con relación a este perjuicio, el mismo debe ser: (i) inminente o próximo a suceder; (ii) grave; (iii) requerir medidas urgentes para superar el daño o la inminencia del perjuicio; y finalmente, (iv) estas medidas de protección deben ser impostergables para evitar la consumación del daño. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Condición de habitabilidad incluye disponibilidad de servicios e infraestructura adecuada (i) el acceso al servicio público de energía eléctrica en condiciones de seguridad es una exigencia necesaria para el goce efectivo del derecho a la vivienda digna; (ii) cuando la cercanía de una vivienda con postes de energía o líneas de alta tensión genere riesgos en la vida, la salud o la seguridad de las personas que allí vivan, las empresas responsables de esta infraestructura eléctrica tienen el deber de evaluar el riesgo y adoptar las medidas necesarias y pertinentes para minimizar el peligro. PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social del Estado El artículo 365 de la Carta Política consagra como deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo, dispone que independientemente de que dichos servicios sean prestados directa o indirectamente por el Estado (a través de comunidades organizadas o por particulares), este tiene el deber de mantener la regulación, el control y la vigilancia de los mismos. En igual sentido, el artículo 311 de la Constitución puntualiza que le corresponde al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley. PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Corresponde al Alcalde ejercer funciones de control urbano a fin de vigilar y sancionar aquellas intervenciones y desarrollos urbanos que se ejecuten contraviniendo el ordenamiento jurídico DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS PUBLICOS-Los municipios deben ejercer con eficacia y eficiencia el deber de control urbano y en caso de detectar infracciones urbanísticas iniciar los procesos administrativos sancionatorios correspondientes El control urbano deriva del poder que tiene el municipio de intervenir en la ordenación del territorio, con la finalidad de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y garantizar el uso equitativo y racional del suelo. Implica un deber y una obligación de trascendencia social, en cabeza de quienes tienen la representación legal de las entidades territoriales locales y a la cual no se puede renunciar caprichosa ni selectivamente. Por otra parte, las entidades territoriales tienen un rol fundamental a través del control urbano para garantizar que el diseño y ejecución de la política pública de vivienda logre cumplir su cometido de proveer condiciones habitacionales dignas en las cuales las personas puedan vivir. Los municipios para lograr ese propósito deben ejercer con eficacia y eficiencia el deber de control, ya que cuenta con las herramientas necesarias para exigirle a los constructores y urbanizadores cumplir con las cargas urbanísticas impuestas por el orden jurídico. POTESTAD SANCIONATORIA URBANISTICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES-Autoridades deben atender con enfoque diferencial sensible a aquella población que se encuentre en especial situación de indefensión, incluso contemplando alternativas de solución diferentes a la sanción urbanística EFECTOS INTER COMUNIS-Se adoptan para proteger derechos de todos los afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de igualdad De conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, “las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto”. No obstante, en algunas ocasiones la Corte Constitucional ha extendido los efectos de sus decisiones a personas que a pesar de no haber acudido a la acción de tutela en calidad de accionantes, se encuentran en las mismas condiciones de éstos, es decir, les ha otorgado un efecto inter comunis. Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad entre las personas a las que se les conculcan sus derechos fundamentales y acuden a la acción de tutela y aquellas que a pesar de encontrarse en la misma situación no tienen la calidad de accionantes, es preciso que la decisión del juez de tutela sea uniforme y tenga los mismos efectos para unos y otros. EFECTOS INTER COMUNIS-Requisitos Para dictar fallos con efectos inter comunis deben observarse los siguientes requisitos:“(i) que la protección de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva”. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a autoridades diseñen y financien un plan específico, con el fin de asegurar el suministro de energía eléctrica en condiciones de seguridad en la casa de la accionante y de la comunidad del barrio afectado SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Efectos inter comunis para comunidad afectada por la falta de acceso al servicio público de energía eléctrica Referencia: expediente T-5297176 Acción de tutela presentada por Mónica Carolina Guerrero López contra la Electrificadora de Santander S.A - E.S.P y el Municipio de San Gil (Santander) Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2016) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión[1] del fallo proferido en la acción de tutela instaurada por Mónica Carolina Guerrero López contra la Electrificadora de Santander S.A - E.S.P y el municipio de San Gil (Santander), en primera instancia, por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil (Santander) el veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015), y en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil (Santander) el veintiocho (28) de septiembre de dos mil quince (2015). I. ANTECEDENTES La ciudadana Mónica Carolina Guerrero López interpone acción de tutela el día dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015), porque considera que la Electrificadora de Santander S.A - E.S.P y el municipio de San Gil le están vulnerando su derecho fundamental a la vivienda digna, al negarle la prestación del servicio público de energía eléctrica a la casa que construyó y desea habitar, ubicada en el municipio de San Gil en la urbanización conocida como Villas de Monchuelo. Con el fin de exponer los antecedentes de forma precisa, a continuación la Sala procederá a narrar los hechos en los que se sustenta la acción de tutela incoada, la respuesta de las entidades vinculadas y las decisiones de instancia objeto de revisión. 1. Hechos 1.1 Mónica Carolina Guerrero López es una mujer de treinta (30) años de edad[2]. Afirma ser beneficiaria del proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villas de Monchuelo” (estratos 1 y 2), promovido por la Asociación de Vivienda Asoprosander[3]. Agrega, que el 5 de mayo de 2014 suscribió un contrato de promesa de compraventa para la compra de un lote de terreno. En la cláusula sexta del contrato se pactó el precio del inmueble y la forma de pago[4]. 1.2 Indica que para la construcción de la urbanización Villas de Monchuelo la Secretaría de Planeación de San Gil expidió licencia de construcción No. 2004 del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012)[5]. Igualmente, que la Electrificadora de Santander certificó en aquel entonces que se encontraba en posibilidad de prestar el servicio de energía eléctrica en la mencionada urbanización[6]. 1.3 Pese a que en un comienzo algunas viviendas de la urbanización fueron abastecidas provisionalmente con energía eléctrica desde un transformador cercano al proyecto de vivienda, mediante oficio de fecha 3 de octubre de 2014, la Electrificadora de Santander puso en conocimiento del Alcalde de San Gil que existían tres (3) viviendas ubicadas en el corredor de servidumbre de la línea de transmisión de las cuerdas de alta tensión, por lo que la empresa electrificadora dejó de prestar el servicio eléctrico a toda la urbanización. 1.4 Según la accionante, actualmente los habitantes de la urbanización Villas de Monchuelo[7] que han construido sus viviendas no cuentan con el servicio público de energía eléctrica[8]. 1.5 Sostiene que la falta del servicio de energía amenaza gravemente sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar, compuesto por su abuela Celmira Gutiérrez Vda. de López de 79 años de edad, con la que vive en arriendo. También señala que carece de recursos económicos, que hizo un enorme esfuerzo para adquirir una vivienda y que no la ha podido habitar (ni antes ni ahora) por la falta del servicio de energía eléctrica. 1.6 Considera que los errores y omisiones de las entidades accionadas están generándole un grave perjuicio que no tiene el deber de asumir, por lo que son ellas quienes deben solucionar la problemática. 1.7 Con base en lo anterior, solicita se ampare su derecho a una vivienda digna y se ordene la prestación del servicio público de energía en su casa y en las demás ubicadas en la urbanización Villas de Monchuelo. 1.8 Para respaldar sus afirmaciones la accionante aporta como pruebas al escrito de tutela los siguientes documentos: (i) Copia del derecho de petición presentado por habitantes de la urbanización Villas de Monchuelo a la oficina jurídica del municipio de San Gil, señalando que quienes viven en la urbanización Villas de Monchuelo es una comunidad de estrato 1 y 2 que necesita en forma urgente la prestación del servicio de energía eléctrica[9]. (ii) Copia de la respuesta dada a la petición por parte del Secretario de Planeación[10]. (iii) Copia del documento presentado por la subgerente de distribución de la zona sur de la Electrificadora de Santander al Alcalde del municipio de San Gil el día 3 de octubre de 2014. En él, se afirma que la urbanización Villas de Monchuelo en construcción, se encuentra invadiendo la “zona de servidumbre y seguridad del corredor de línea LN 306 Piedecuesta – San Gil de transmisión de energía en alta tensión, energizada 115.000 voltios (115kv)”[11]. En la comunicación también se explica que en la visita técnica llevada a cabo a la urbanización se encontró que: “1. Existen tres viviendas construidas y están dentro del corredor de servidumbre de la línea de transmisión, a menos de 7,5 metros (…). 2. Se está construyendo una nueva unidad habitacional de 3 niveles dentro del corredor de servidumbres incumpliendo con las distancias de seguridad (…). 3. Dos de las casas construidas se encuentran a 5,5 m y 5,8 m del eje central de la línea. 4. Las distancias de la línea a los paramentos de las casas en varios sectores no cumplen con el RETIE[12]. 5. Hay varios lotes demarcados, los cuales tampoco cumplen con las distancias de seguridad eléctrica[13].” En esta comunicación la Electrificadora de Santander recomienda la demolición de los predios. (iv) Copia de la licencia expedida por la Secretaría de Planeación de San Gil, que se otorga para urbanismo de 188 lotes y construcción de 188 viviendas de la urbanización Villas de Monchuelo. (v) Copia del oficio presentado por el Alcalde Municipal de San Gil al Gerente de la Electrificadora de Santander el día 28 de abril de 2015 y en el que solicita se estudie y viabilice el traslado o reubicación de la línea de conducción de cuerdas de alta tensión que pasa contigua a la urbanización Villas de Monchuelo del municipio de San Gil[14]. (vi) Copia del contrato de compraventa del lote donde está ubicada la vivienda de la accionante en la urbanización Villas de Monchuelo, de fecha 5 de mayo de 2014[15]. (vii) Copia del plano donde está ubicada la urbanización Villas de Monchuelo[16]. (viii) Copia del acta de servicio de energía provisional para la urbanización Villas de Monchuelo de fecha 5 de septiembre de 2013, expedida por la Electrificadora de Santander[17]. Este documento denominado “Registro acta área de distribución de energía sureste”, fue suscrito por el Ingeniero Oswaldo Mancilla Hernández empleado de la electrificadora de Santander y Luis María López Rueda representante legal de Asoprosander. En el mismo se deja constancia de una reunión en la que se trató el estado de avance del convenio entre la asociación de vivienda y la empresa de energía para la construcción de activos en la urbanización Villas de Monchuelo. Según quedó consignado en el acta, el precitado convenio se encontraba para ese momento en revisión del área jurídica de la electrificadora y una vez aprobado se firmaría y se procedería a su legalización. En igual sentido, se hizo constar en el acta que la empresa de energía se comprometía a prestar provisionalmente el servicio de energía desde el transformador más cercano. 1.9 Por otra parte, la accionante allegó ante esta Corporación documentos con el fin demostrar la situación de precariedad en la que viven tanto ella como varios de sus vecinos[18]. Del análisis de lo aportado se extrae lo siguiente: (i) la accionante[19] se encuentra sin empleo, está inscrita junto a su abuela en el sisben, paga un arriendo donde reside equivalente a la suma de trescientos mil pesos ($300.000) y tiene una deuda en la Cooperativa Coomuldesa por valor de trece millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos ($13.424.000) la que debe cancelar en cuotas mensuales[20], tal deuda la adquirió cuando estaba empleada, pero su trabajo terminó y ahora vive de realizar labores de aseo por días; (ii) la abuela de la accionante Celmira Gutiérrez Vda de López[21] tiene un tumor maligno en la piel; y (iii) en relación con los habitantes de la urbanización Villas de Monchuelo, la falta de suministro del fluido eléctrico está perjudicando la realización de sus actividades cotidianas y está acentuando las condiciones de inseguridad de la urbanización, afectando a niños y adultos mayores que padecen quebrantos de salud[22]. Asimismo, de acuerdo con el relato de algunos vecinos de la urbanización, la falta de una respuesta eficaz por parte de la Electrificadora de Santander ha llevado a que algunos residentes eventualmente realicen conexiones no autorizadas por la compañía electrificadora para obtener el suministro energético. 1.10 La accionante también manifestó que obtuvo un título como auxiliar de enfermería en el año 2006 de un instituto de educación técnica y que ha trabajado en el hospital de Socorro, Curití y en la Clínica San Cruz de San Gil. Dijo que una tía identificada como María del Carmen López Gutiérrez que es fiadora del crédito que tramitó en la cooperativa Coomuldesa, ocasionalmente le colabora con sus gastos. 2. Respuesta de la Secretaría de Planeación Municipal de San Gil[23]. 2.1 El funcionario encargado de la Secretaría de Planeación del municipio dio respuesta al escrito de tutela, solicitando declarar improcedente el amparo, pues en su criterio existen otros mecanismos judiciales para proteger los derechos de la actora. 2.2 Como sustento de tal solicitud, manifiesta que (i) no es cierto que la dependencia a su cargo hubiese garantizado la prestación de servicios públicos, pues la disponibilidad de estos es expedida por las empresas prestadoras de los mismos; (ii) el urbanizador no se ajustó a lo autorizado en la licencia, donde se exigía que “para no invadir el corredor de la línea de alta tensión, la calle 30 con carreras 5 y 6 de la Urbanización del Monchuelo tuviese 15 metros, incluidos dos andenes de 1,50 cada uno, dos carriles de 5 metros de ancho cada uno, y un separador de 2 metros de acho. Distancias que el urbanizador no respeto[24] (…) con la construcción de los inmuebles se invadió el corredor de la línea de alta tensión de 115kv Piedecuesta – San Gil, violando los planos aprobados por la Secretaría de Planeación Municipal de San Gil para el proyecto denominado Urbanización Villas de Monchuelo[25].”; (iii) no existe ningún error en lo que autorizó la Secretaría de Planeación, pues aprobó que “bajo la línea de alta tensión se dejara una vía (andenes incluidos) de 15 metros de ancho, para evitar invadir el corredor de servidumbre de energía respetando las distancias establecidas en el REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS – RETIE - (…)[26].” Sin embargo, el urbanizador no acató esta restricción. 2.3 Agrega la dependencia de Planeación, que existe falta de legitimación por pasiva pues no ha realizado ninguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales de la accionante. Por último, allega los anexos correspondientes a su escrito de contestación de la tutela[27]. 3. Respuesta de la Electrificadora de Santander S.A. ESP[28]. 3.1 La apoderada judicial de la empresa de energía pide que se declare la improcedencia de la tutela, dado que sus actuaciones no han vulnerado ningún derecho fundamental y lo que han pretendido es salvaguardar la integridad física de las personas; además los derechos que están en discusión son derechos colectivos cuyo medio judicial idóneo es la acción popular. 3.2 Fundamenta su solicitud con base en los siguientes argumentos: (i) que otorgó disponibilidad de servicio por media tensión con fecha 07/09/2011, asignando el código No. 780639 “conexión que se indicó debía cumplir con las normas ESSA[29] y RETIE”[30]; (ii) a través de comunicación ESSA-27317 BGA del 3 de octubre de 2014, la compañía electrificadora de Santander le comunicó al Alcalde de San Gil que la urbanización Villas de Monchuelo “invadía el corredor de seguridad de la servidumbre de la línea de alta tensión LN 306 Piedecuesta – San Gil de transmisión de energía a 115kv”[31], lo cual incumple el reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE - que “proscribe el otorgamiento de licencias o permisos de construcción en las zonas de servidumbre de energía eléctrica”[32]. (iii) si bien la urbanización Villas de Monchuelo solicitó un convenio de construcción de activos ante la empresa de energía, el mismo no fue aprobado porque las viviendas eran insuficientes con relación al consumo de energía, sin embargo, se dio un servicio provisional para algunas viviendas construidas de un transformador cercano a la urbanización pero “como quiera que la urbanización presenta el inconveniente de invasión de la franja de servidumbre del circuito de 115 kv que va de la subestación Piedecuesta a la subestación San Gil (…) se les vetó el servicio de energía (…)”[33] ; (iv) sin embargo la electrificadora teniendo en cuenta el perjuicio para las personas que construyeron viviendas con mucha dificultad, y como respuesta a la solicitud del Alcalde en el sentido de buscar una solución para los compradores de buena fe, mediante comunicación ESSA-14185-BGA del 12 de junio de 2015, señaló: “el Comité de Gerencia de ESSA aprobó modificar la disposición de la línea propiedad de la ESSA y pasarla horizontalmente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad previstas en el RETIE, siempre y cuando se asuma por parte del Municipio los costos relativos a mano de obra, materiales y demanda no atendida”[34]; de esa comunicación la Alcaldía no ha dado respuesta[35]. Tal medida, en criterio de la empresa electrificadora, permitiría solucionar en forma definitiva la problemática de desabastecimiento del fluido eléctrico en toda la urbanización. 4. Trámite y decisión del juez de tutela de primera instancia 4.1 Mediante auto de fecha 30 de junio de 2015[36], el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil ordenó la práctica de la siguiente prueba: requerir al Secretario de Planeación para que: (i) informe si el proyecto conocido como urbanización Villas de Monchuelo al cual se le otorgó licencia de urbanismo y construcción fue modificado; (ii) remita copia del certificado de ocupación del que trata el artículo 53 del Decreto 1469 de 2010, indicando si la asociación de vivienda Asoprosander comunicó la fecha de fundición de todas las estructuras de concreto; (iii) indique si tiene conocimiento de la existencia de modificaciones arquitectónicas o estructurales que no hayan sido presentadas o autorizadas antes de ejecutar la obra y si ha iniciado acciones para la imposición de sanciones. 4.2 La respuesta del funcionario al requerimiento enunciado en el numeral anterior fue:[37] (i) no había acto que hubiese modificado la resolución por medio de la cual se otorgó la licencia de urbanismo y construcción; (ii) el acto administrativo contentivo de la licencia urbanística fue expedido cumpliendo el ordenamiento jurídico; (iii) el certificado de ocupación no fue expedido dado que no fue solicitado por el titular de la licencia, tal y como lo exige el artículo 53 del Decreto 1469 de 2010; (iv) Asoprosander no comunicó a la Secretaría de Planeación la fecha de fundición de las estructuras en concreto; (v) se conoció la invasión a la zona de servidumbre porque así lo comunicó la empresa de energía el 3 de octubre de 2014; y (vi) no se inició el procedimiento administrativo sancionatorio “con miras a preservar precisamente los derechos fundamentales de la accionante y de otras personas en la misma situación”[38]. 4.3 Así, a través de sentencia de fecha 2 de julio de 2015[39] el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil falló en primera instancia concediendo a la accionante la protección de sus derechos a la igualdad y vivienda digna[40]. 5. Impugnación[41] 5.1 El Municipio de San Gil impugnó la decisión judicial, con base en las siguientes consideraciones:[42] (i) la incongruencia de la sentencia, dado que el accionante manifestó en el escrito de tutela que habita en arriendo en un lugar distinto del inmueble que aqueja la falta del servicio público en mención. Se ampararon los derechos fundamentales a la igualdad y a la vida digna y la medida de protección ordenada fue llevar a cabo un proceso administrativo sancionatorio, lo cual riñe con la protección inmediata que se debe dar a través de la acción de tutela. (ii) La falta de legitimación por activa, pues no se demostró la propiedad, posesión o tenencia sobre el inmueble que carece del servicio de energía. (iii) La falta de integración del litisconsorcio necesario por omitirse la vinculación de Asoprosander perjudicada con el fallo cuestionado. 6. Decisión del juez de tutela en segunda instancia 6.1 En segunda instancia el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, mediante auto de 5 de agosto de 2015[43], decreta la nulidad de lo actuado en la tutela desde la sentencia de primera instancia y ordena vincular a la asociación de vivienda Asoprosander[44]. Respuesta de la Asociación de Vivienda 6.2 Asoprosander, contestó la tutela y sostuvo que[45] (i) la Electrificadora de Santander aprobó la disponibilidad del servicio de energía eléctrica para las casas de habitación de la urbanización Villas de Monchuelo, de acuerdo con los planos presentados[46]. (ii) La asociación al momento de tramitar la compra del terreno se percató de la existencia de las líneas de alta tensión en 115 kv que estaban en el predio. (iii) Se solicitó a la Electrificadora de Santander los documentos relacionados con la constitución de la servidumbre que autorizaba el paso de la infraestructura eléctrica por el predio, sin obtener respuesta, además “no se está dando disponibilidad del servicio de energía a las personas que ya compraron su lote y han construido viviendas”[47]. (iv) La asociación cumplió sus obligaciones con los propietarios de los lotes entregándoles la factibilidad del servicio de energía, la pre disponibilidad del servicio de acueducto y la licencia urbanística expedida por Planeación. Intervención del Municipio de San Gil, luego de la declaratoria de nulidad 6.3 El Municipio de San Gil, también intervino luego de la declaratoria de nulidad, para señalar que el actuar de la administración municipal estuvo motivado por el principio de buena fe, la prevalencia del interés general y la aplicación de los fines esenciales del Estado, pues se trataba de un proyecto de vivienda de interés social y no le quería causar traumatismos con un proceso sancionatorio. Adicionalmente, invocó en su defensa los siguientes argumentos: (i) La Electrificadora de Santander omitió constituir la servidumbre para el paso de la infraestructura eléctrica, siendo “absurdo” que ahora se le exonere; (ii) no existen pruebas de la presunta posición dominante de la Secretaría de Planeación que se menciona en la sentencia cuestionada; (iii) no es posible cumplir el fallo, pues ordena iniciar y culminar un procedimiento administrativo sancionatorio en 48 horas; (iv) lo ordenado vulnera la presunción de inocencia, dado que el juzgador ordena imponer “medidas correctivas”, sugiriendo entonces el sentido de la decisión en el proceso. 6.4 Mediante sentencia de fecha 24 de agosto de 2015[48], el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil, luego de haber subsanado la nulidad advertida por el Ad quem, falló en primera instancia concediendo a la actora la protección de sus derechos a la igualdad y vivienda digna. 6.5 El 25 de agosto de 2015, el servidor público responsable de la Secretaria de Planeación municipal de San Gil manifestó su inconformidad con la decisión judicial y solicitó revocarla con base en las mismas consideraciones ya expuestas en el numeral 6.3 de este capítulo[49]. 6.6 Finalmente, en sentencia del 28 de septiembre de 2015, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil decidió revocar el fallo impugnado y declarar improcedente la acción de tutela impetrada, considerando que la accionada cuenta con otros medios de defensa judicial[50]. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[51] 2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico 2.1 Mónica Carolina Guerrero López interpuso acción de tutela contra el municipio de San Gil y la Electrificadora de Santander S.A. - E.S.P, por considerar que al negársele la prestación del servicio de energía eléctrica en la casa que construyó en un inmueble que le compró a la Asociación de Vivienda Asoprosander, ubicada en la urbanización Villas de Monchuelo, estas entidades han vulnerado el derecho fundamental a la vivienda digna, tanto a la accionante como a su núcleo familiar, compuesto por su abuela Celmira Gutiérrez Vda. de López, de 79 años de edad (quien padece cáncer de piel) y ella. Agrega que la falta de suministro de energía eléctrica se extiende a otras viviendas de la urbanización. 2.2 De las pruebas obrantes en el expediente se infiere que la situación económica de la accionante es precaria, se encuentra desempleada, con deudas y vive en arriendo con su abuela, ante la imposibilidad de ocupar la vivienda que construyó con mucha dificultad. Esto debido a que no tiene luz. 2.3 Durante el trámite de la tutela la Electrificadora de San Gil sostuvo que no ha permitido la conexión de su vivienda al servicio público de energía, y la de otros inmuebles porque estos hacen parte de la franja de servidumbre del circuito 115kv que va de la subestación Piedecuesta a la subestación San Gil. Incumpliéndose con las distancias mínimas de seguridad exigidas en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas[52]. 2.4 Sin embargo, la Electrificadora le manifestó al Alcalde del Municipio que: “el Comité de Gerencia de ESSA aprobó modificar la disposición de la línea propiedad de la ESSA y pasarla horizontalmente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad previstas en el RETIE, siempre y cuando se asuma por parte del Municipio los costos relativos a mano de obra, materiales y demanda no atendida”.[53] Según la empresa electrificadora, así solucionaría en forma definitiva la problemática de desabastecimiento del fluido eléctrico en toda la urbanización 2.5 El municipio de San Gil señala en su respuesta a la tutela que: (i) la prestación del servicio público de energía eléctrica depende de la empresa de servicios públicos domiciliarios; (ii) la Electrificadora Santander omitió constituir la servidumbre para el paso de la infraestructura eléctrica; (iii) el urbanizador no se ajustó a lo autorizado en la licencia urbanística que exigía no invadir los espacios de servidumbre correspondientes al corredor de la línea de transmisión de energía a través de los cables de alta tensión. 2.6 La asociación de vivienda Asoprosander, vinculada oficiosamente al trámite de tutela, en su respuesta sostiene que la empresa electrificadora no está dando disponibilidad del servicio de energía a quienes ya compraron lotes y han construido viviendas en la urbanización cuestionada, argumentando que existe una servidumbre para el paso de los cables de alta tensión. Anota que le ha solicitado a la Electrificadora los documentos de constitución de la servidumbre sin obtener respuesta. 2.7 Con base en lo expuesto, corresponde a la Sala Primera de Revisión ocuparse de resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿Vulneran el municipio de San Gil y la Empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P el derecho a una vivienda en condiciones de dignidad, de la accionante (Mónica Carolina Guerrero López) y de su abuela (una persona de la tercera edad que además padece de cáncer de piel), por no garantizarles el acceso al servicio de energía eléctrica en la vivienda de interés social que construyeron y no han podido ocupar por falta del suministro de dicho servicio? ¿Viola la Asociación de promotores para el desarrollo integral de las comunidades de Santander – ASOPROSANDER, el derecho a una vivienda digna, de la accionante (Mónica Carolina Guerrero López) y de una persona de la tercera edad que además padece de cáncer de piel, como promotora y ejecutora de la urbanización Villas de Monchuelo al omitir el cumplimiento del reglamento técnico que consagra las distancias mínimas que deben dejarse para garantizar la seguridad en relación con el corredor para los cables de alta tensión? 2.8 Con el fin de resolver este interrogante, la Sala: (i) reiterará las reglas firmadas por esta Corporación relativas a la procedencia de la acción de tutela para lograr la conexión del servicio de energía eléctrica en una vivienda de interés social que necesitan ocupar dos personas en condición de vulnerabilidad; (ii) desarrollará una sucinta reiteración jurisprudencial sobre el servicio público de energía eléctrica como condición del derecho a la vivienda digna; y a partir de lo expuesto, (iii) se resolverá el problema jurídico planteado y la solicitud de efecto inter comunis que se ha pedido para este fallo. 3. Procedencia de la acción de tutela para lograr la conexión del servicio de energía eléctrica en una vivienda de interés social que necesitan ocupar dos personas en condición de vulnerabilidad. 3.1 En relación con la protección del derecho a la vivienda digna por vía de tutela, inicialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional la consideró improcedente, argumentando que al igual que otros derechos de contenido social, económico o cultural, este no otorgaba a la persona un derecho subjetivo para exigir al Estado en una forma directa e inmediata su plena satisfacción. La jurisprudencia constitucional lo calificaba como un derecho de carácter asistencial que debía ser desarrollado por el legislador y promovido por la administración y que solo podía producir efectos cuando se cumplían ciertas condiciones jurídico-materiales que podían hacerlos posibles, por lo cual en principio no era posible su protección por vía de tutela[54]. 3.2 Aquella tesis fue moderada posteriormente por la Corte al señalar que era procedente la acción de tutela pese al carácter no fundamental del derecho a la vivienda digna, siempre que existiera una relación de conexidad con la vulneración de otros derechos fundamentales[55]. Adicionalmente, se fueron incluyendo casos en los que atendiendo a criterios de justicia y equidad se hacía procedente en forma excepcional la acción de tutela para amparar el derecho a la vivienda digna. En el mismo sentido, el juez constitucional aplicó principios como el de la solidaridad para procurar la protección[56]. 3.3 Finalmente, en lo que se ha considerado una tercera fase de la jurisprudencia constitucional con relación al derecho a la vivienda digna, este ha sido entendido como un derecho fundamental en sí mismo.[57] Así se sostuvo en sentencia T-530 de 2011[58], en la que se resuelven dos casos acumulados relacionados con situaciones de desastre generadas por la ola invernal[59]. Dentro de las consideraciones de la sentencia se sostiene que al juez constitucional no le está dado, sin más, desconocer la procedibilidad de la tutela argumentando el supuesto carácter no fundamental del derecho a la vivienda digna. Tampoco es apropiado que recurra al criterio de conexidad para negar la admisibilidad del amparo. Será a partir del análisis particular del caso concreto, el momento en el cual el juez debe hacer efectiva la protección constitucional valorando las circunstancias de debilidad manifiesta en las que se encuentre la persona en razón de sus condiciones físicas, mentales o económicas[60]. 3.4 Conforme a la tesis acogida por esta Corporación, es procedente la acción de tutela para garantizar la protección de los derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares y no existan otros mecanismos judiciales de defensa, salvo la inminencia de un perjuicio irremediable[61]. Con relación a este perjuicio, el mismo debe ser: (i) inminente o próximo a suceder; (ii) grave; (iii) requerir medidas urgentes para superar el daño o la inminencia del perjuicio; y finalmente, (iv) estas medidas de protección deben ser impostergables para evitar la consumación del daño. Procedencia de la tutela en el caso concreto (i) La accionante y su abuela son personas frente a las cuales el análisis de procedibilidad debe realizarse en forma más flexible. En el caso de Mónica Carolina Guerrero López se trata de una mujer que afirma no tener recursos y encontrarse actualmente desempleada; a pesar de esta situación debe procurar su existencia y la de su abuela Celmira Gutiérrez Vda. de López con la que vive. Esta última, tiene 79 años de edad y padece quebrantos de salud debido al tumor maligno de piel que le fue diagnosticado[62]. En medio de estas condiciones de precariedad la actora realizó un enorme esfuerzo para adquirir una vivienda digna a través de un crédito que tramitó en la Cooperativa Coomuldesa[63]; sin embargo, no ha podido habitar la vivienda por la falta del servicio de energía eléctrica. Además, manifiesta que paga un arriendo de trescientos mil pesos ($300.000) en el lugar en el que actualmente vive con su abuela, pero que le es imposible continuar sufragando este gasto por su situación de insolvencia económica. Las circunstancias particulares que este caso plantea hacen prever un estado de debilidad manifiesta de la accionante, que se materializa en una inminente afectación a su mínimo vital por carencia de recursos económicos para subsistir dignamente. Asimismo se evidencia la necesidad urgente de brindar protección constitucional a la señora Celmira Gutiérrez Vda. de López, una mujer de la tercera edad, con una enfermedad que requiere cuidados y atenciones especiales, pero sobre todo un lugar adecuado para alojarse. (ii) Una condición imprescindible para el goce pleno del derecho a la vivienda digna es que exista una adecuada infraestructura de servicios públicos[64], que atienda los requerimientos más elementales de la existencia. Uno de estos servicios es el de energía eléctrica con el cual las personas satisfacen muchas de sus necesidades cotidianas como son: conservar alimentos, tener una adecuada iluminación, asegurar condiciones de higiene y aseo, entre otros. La Corte ha recalcado que las dificultades en el acceso al fluido eléctrico tiene consecuencias “en la agudización de la pobreza extrema y pone a la ciudadanía en condiciones de especial vulnerabilidad”[65]. De acuerdo con lo anterior, en el caso bajo examen se advierte que la falta de suministro del servicio de energía eléctrica en la casa de la accionante situada en la Urbanización Villas de Monchuelo del municipio de San Gil, por causas no imputables a ella, refuerza su condición de vulnerabilidad. La situación descrita es reprochable pues la actora efectuó un esfuerzo económico significativo en atención a su capacidad económica, y sin embargo, se le ha impedido acceder a una vivienda en condiciones de dignidad por los presuntos errores de las accionadas. (iii) El juez constitucional tiene el deber de materializar el goce efectivo de los derechos cuando existan personas en condiciones de desigualdad material. La presencia de un sujeto de especial protección constitucional como es el caso de la abuela de la accionante Celmira Gutiérrez Vda. de López, o incluso la inminente afectación del mínimo vital de la actora, impone al juez constitucional el deber de escoger la acción de tutela como mecanismo para salvaguardar sus derechos fundamentales. No se trata por tanto de una facultad discrecional o facultativa del juez constitucional, sino de un compromiso que emana de la cláusula de Estado Social de Derecho y que le demanda dar un tratamiento preferencial a quien esté en condiciones de debilidad manifiesta para que pueda acceder a mecanismos judiciales de protección de derechos y gozar de igualdad material. (iv) La accionante cuenta, en principio, con otro mecanismo judicial eficaz para salvaguardar la amenaza que se cierne sobre su derecho a gozar de una vivienda digna, afectado por la ausencia del servicio público de energía eléctrica. Este mecanismo para garantizar el acceso al servicio en mención es la acción popular[66]. Sin embargo, esta Corporación ha señalado que en casos excepcionales la acción de tutela puede servir para la protección de derechos e interés colectivos “cuando el juez observe que la eventual vulneración de estos derechos puede implicar, en conexidad, la violación de derechos fundamentales individuales o de un colectivo”[67],[68]. Por ejemplo, en sentencia T-081 de 2013, se determinó la procedencia de la tutela como recurso principal para proteger derechos de carácter colectivo a el goce del espacio público, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente amparados por la acción popular, dada su conexidad con la vulneración de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal. Así, en aquella decisión se ordenó la realización de una obra pública, que pese a beneficiar no solo a la parte actora, se justificaba en virtud de la evidente vulneración de sus derechos fundamentales[69]. En igual sentido, la sentencia T-197 de 2014 indicó que las subreglas desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, son claras al establecer las dos circunstancias en las cuales procede la acción de tutela para proteger derechos fundamentales cuya afectación se derive de la violación de derechos colectivos: “(i) cuando la tutela actúe como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y (ii) Cuando la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, produce la afectación directa de un derecho fundamental.”[70] En el presente caso, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, la tutela resulta procedente como mecanismo transitorio en aras de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Así, tal y como se ha reiterado, las circunstancias que actualmente asedian a la accionante como lo son: la condición de desempleo que enfrenta, las deudas que adquirió para construir la vivienda en la urbanización Villas del Monchuelo (inhabitable por falta de fluido eléctrico), la imposibilidad que tiene de continuar pagando el arriendo donde reside y la necesidad de mantener a su abuela de 79 años que sufre cáncer de piel; son razones evidentes para demostrar la debilidad manifiesta y vulnerabilidad de la actora. La amenaza a su mínimo vital es latente y por tanto, la Sala estudiara de fondo el amparo invocado. 3.5 Asimismo, la Sala de Revisión concluye que si bien la accionante y su abuela no residen actualmente en la casa que adquirieron en el proyecto de vivienda de interés social Villas del Monchuelo, afectada por la ausencia del servicio de energía eléctrica, tal circunstancia no puede convertirse en obstáculo para denegar la procedencia de la acción de tutela. En el presente caso confluyen realidades económicas y sociales adversas para Mónica Carolina Guerrero López que hacen procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, previo análisis de fondo de las acciones y omisiones tanto del ente territorial (municipio de San Gil), la empresa de energía (Electrificadora de Santander S.A E.S.P) y la asociación de vivienda Asoprosander, pues las mismas están repercutiendo negativamente en las condiciones de vida de la accionante. 4. El servicio de energía eléctrica como condición del derecho a la vivienda digna 4.1 Según el artículo 51 de la Constitución Política todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. Por tanto, es responsabilidad del Estado establecer las condiciones para la efectividad del derecho y, en esa medida, debe promover planes de vivienda de interés social y una política pública dirigida a la creación de formas asociativas de ejecución de programas para el efecto y de sistemas de financiación a largo plazo adecuados para permitir la materialización de este derecho. 4.2 A partir de la sentencia C-936 de 2003[71], la Corte reconoce que el artículo 51 de la Carta Política si bien establece la existencia del derecho a la vivienda digna y fija algunos deberes estatales en relación con este, no comprende los elementos que permitieran caracterizar de forma completa su contenido[72]. Por tal razón, la Corte en la precitada decisión de constitucionalidad recurre al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, precepto a partir del cual reconoce el derecho a una vivienda adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desarrollado por la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Este último instrumento internacional se ha convertido en un referente interpretativo para dilucidar el contenido del derecho a la vivienda digna, pues describe siete condiciones que configuran el derecho a la vivienda adecuada, a saber: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.[73] 4.3 Conforme a lo expuesto, se comprende que el contenido y entendimiento del derecho a la vivienda digna no se agota únicamente con la posibilidad de adquirir un inmueble de habitación, sino que es necesario que se trate de un lugar adecuado para que las personas y sus familias puedan desarrollarse en condiciones de dignidad. 4.4 En relación con la disponibilidad de servicios e infraestructura se ha explicado en la precitada observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la misma se refiere a elementos que son indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”.[74] 4.5 Igualmente, al referirse a la condición de habitabilidad que integra el contenido del derecho a la vivienda adecuada, el mencionado Comité en la Observación General 4° manifestó: “d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.” 4.6 Con base en estas consideraciones, una vivienda será adecuada cuando garantice el acceso al servicio de energía eléctrica y el mismo se preste en condiciones de seguridad para las personas que allí moren. 4.7 La Corte ha resaltado la importancia de garantizar este servicio en el lugar donde las personas viven, pues la situación de pobreza energética materializada en no contar con el suministro de energía eléctrica damnifica, especialmente, a poblaciones vulnerables. Es extensa la jurisprudencia de esta Corporación que reconoce la importancia de contar con el acceso a este servicio en la vivienda, especialmente, (i) en aquellos casos en los cuales quienes no pueden acceder al servicio son personas en condición de debilidad manifiesta; y (ii) cuando la falta del abastecimiento de energía eléctrica repercute en el disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, y la integridad personal. 4.8 Por ejemplo, en la sentencia T-408 de 2008[75], la Corte estudió el caso de una mujer que presentó acción de tutela con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales, presuntamente, transgredidos por las Empresas Públicas de Medellín al negarse a instalar el servicio público de energía eléctrica en su vivienda, con base en que ésta se encontraba ubicada en una zona de alto riesgo. Si bien en la decisión se declaró la carencia actual del objeto porque en el trámite del amparo le fue instalado el servicio de energía a la vivienda, la Sala previno a la entidad territorial para que reubicara a la accionante en un lugar en el que pudiera tener una vivienda digna y donde le prestaran en forma efectiva el servicio público domiciliario de energía. 4.9 En sentencia T-281 de 2012[76], una accionante solicitaba la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y acceso a los servicios públicos domiciliarios contemplados en los artículos 13 y 365 de la Constitución Política, por la negativa de una empresa de energía eléctrica en conectarle el servicio a su vivienda. Según la compañía de servicios públicos accionada, el motivo para negar el servicio era, entre otras cosas, que el inmueble que pretendía la instalación tenía “una caja de circuitos vieja que debía ser cambiada por una nueva”. Dentro de las consideraciones realizadas por la Sala de Revisión para conceder el amparo se reprochó el proceder de la empresa de energía al mantener por más de un año sin el servicio de energía a una persona de escasos recursos y que con mucho esfuerzo contrató los servicios de un técnico avalado por el Ministerio de Minas para adecuar su vivienda a los requerimientos exigidos por la empresa. Añadió la Sala que la exclusión de los servicios públicos a ciertas personas que se encuentran en estado de pobreza y precariedad es contrario al artículo 13 de la Carta. 4.10 Una situación similar se decidió en la sentencia T-793 de 2012[77], que conminó a una empresa de servicios públicos domiciliarios para que se abstuviera de suspender el servicio de energía eléctrica por falta de pago, en una vivienda habitada por sujetos de especial protección. En aquella decisión, un grupo de personas consideraba que una empresa de servicios públicos domiciliarios había violado sus derechos al suspender el servicio de energía eléctrica, pese a la mora en el pago de las facturas del servicio. En el trámite del amparo se constató que en algunas de las viviendas de los accionantes habitaban menores de edad, personas de la tercera edad y una persona en condición de discapacidad. Luego del análisis del caso por parte de la Sala de Revisión, esta determinó que la suspensión del servicio público no podía tener lugar, pese al incumplimiento reiterado en el pago del servicio, sí implicaba “el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos”. 4.11 Recientemente en sentencia T-761 de 2015[78], se amparó el derecho al agua potable y energía eléctrica de una adulta mayor y su familia por su conexidad con la vida en condiciones dignas. En la decisión se afirmó que sería “incoherente” tutelar el derecho fundamental al agua y no proteger el acceso a la energía eléctrica, cuando los dos son necesarios en actividades como la conservación y cocción adecuada de los alimentos, el aseo, la vigilancia, la educación o el entretenimiento de quienes habitan una vivienda. 4.12 Ahora bien, en otros casos analizados por la Corte también se han examinado las dificultades y peligros que surgen cuando una vivienda sin dificultades en el suministro de energía eléctrica se encuentra junto a postes de energía o líneas de alta tensión, cuya exposición puede generar riesgos en la vida, la salud y la seguridad de las personas. 4.13 Tal es el caso de la sentencia T-634 de 2005[79], que resuelve la acción de tutela interpuesta por una mujer cuyos hijos estaban siendo expuestos a un riesgo en su seguridad personal por parte de una empresa de energía que se negaba a trasladar un poste de luz contiguo al balcón del segundo piso de su residencia. Dentro de los aspectos fácticos relevantes se encuentra que el segundo piso de la vivienda de la accionante fue construido luego de instalados los postes de luz y presuntamente sin la correspondiente licencia urbanística expedida por la autoridad de planeación. La Corte siguiendo la línea jurisprudencial trazada en la sentencia T -719 de 2003[80], amparó el derecho a la seguridad personal de los menores y ordenó a la compañía electrificadora realizar una evaluación de riesgo que incluyera como mínimo: “(i) Número de menores de edad que habitan en el mencionado domicilio, edad, y si alguno de ellos tiene alguna condición especial que haya de tenerse en cuenta. (ii) Posibilidades reales de que los cables en cuestión sean manipulados hasta el punto en el cual queden al descubierto las líneas de transporte eléctrico. (…) (iii) Probabilidad de que el eventual deterioro de la protección de los cables eléctricos cause un daño a la integridad física de los menores. (iv) Implicaciones de la proximidad del poste de energía aunada a la humedad que afecta a la construcción de la accionante.” 4.14 Un caso similar fue abordado en la sentencia T-824 de 2007[81] donde una mujer pedía el amparo de sus garantías fundamentales a la integridad física y a la propiedad, porque dos torres de distribución de energía de la línea Aranzazu-Neira ocupaban una franja de terreno de su propiedad, de manera que el terreno no podía ser utilizado para labores agrícolas y sus moradores vivían en constante zozobra por las tormentas eléctricas que sucedían en el lugar. La compañía hidroeléctrica sustentó que la servidumbre de distribución gravaba el inmueble hace más de 40 años y que cumplía con la normatividad sobre ubicación de torres de energía prescrita por el Ministerio de Minas y Energía. Por lo tanto, ordenó a la compañía de energía evaluar los riesgos y elaborar un plan de contingencia con el fin de minimizar los peligros que se derivan de la exposición a las torres de distribución de energía de la línea Aranzazu-Neira, disponiendo la construcción de barreras físicas permanentes, de ser ello necesario, previa la negociación con los titulares de derechos sobre el inmueble o la constitución y ampliación de la servidumbre, de ser ello preciso. 4.15 En los mismos términos la Corte decidió la sentencia T-122 de 2015[82], cuyo problema jurídico giraba en torno a determinar si una empresa de energía eléctrica vulneraba el derecho a la vida y la seguridad personal de una mujer al negarse a cambiar el poste de energía ubicado cerca de su residencia, a pesar de que el mismo se encontraba en mal estado. La conclusión a la que llegó la Sala de Revisión en este caso, es que existía una amenaza presente que lesionaba bienes jurídicos como son la vida y la integridad personal de la accionante y su familia. Además, era un riesgo que “no se ajusta a las cargas normales que los asociados deban asumir”. 4.16 En síntesis, de la jurisprudencia constitucional mencionada puede inferirse que (i) el acceso al servicio público de energía eléctrica en condiciones de seguridad es una exigencia necesaria para el goce efectivo del derecho a la vivienda digna; (ii) cuando la cercanía de una vivienda con postes de energía o líneas de alta tensión genere riesgos en la vida, la salud o la seguridad de las personas que allí vivan, las empresas responsables de esta infraestructura eléctrica tienen el deber de evaluar el riesgo y adoptar las medidas necesarias y pertinentes para minimizar el peligro. 5. Caso concreto 5.1 Luego de valorar el material probatorio obrante en el expediente, puede precisarse que: (i) inicialmente existió un problema relacionado con el corredor de servidumbre de la línea de transmisión de las cuerdas de alta tensión eléctrica, por cuanto según aduce la electrificadora, en la urbanización Villas de Mochuelo, no se dejaron los espacios necesarios para garantizar la seguridad de los habitantes, por lo cual la Electrificadora de Santander dejó de prestar el servicio eléctrico a toda la urbanización; (ii) sin embargo, la propia compañía electrificadora determinó, a través del Comité de Gerencia, aprobar la modificación de la disposición de la línea de su propiedad y pasarla horizontalmente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad previstas en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE, siempre y cuando se asuma por parte del municipio los costos relativos a mano de obra, materiales y demanda no atendida[83]. 5.2 El municipio no ha atendido la solución planteada por la Electrificadora de Santander, la cual requiere de su apoyo y soporte para dar solución definitiva a la carencia del servicio de energía eléctrica en la urbanización. 5.3 La asociación de vivienda menciona que: (i) obtuvo la licencia urbanística para el proyecto, previo el lleno de los requisitos legales; (ii) la electrificadora le certificó que tenía capacidad instalada para proveer los servicios públicos en el predio donde se desarrollaría el proyecto; (iii) no se le informó previamente a la asociación sobre la servidumbre relativa al corredor de los cables de alta tensión; y (iv) han solicitado a la electrificadora que les facilite los documentos de constitución de la servidumbre, sin obtener respuesta. Pasa entonces la Sala a darle solución al caso, analizando cada uno de los deberes y de las actuaciones desplegadas por las entidades vinculadas. En relación con el Municipio de San Gil. 5.4 El artículo 365 de la Carta Política consagra como deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo, dispone que independientemente de que dichos servicios sean prestados directa o indirectamente por el Estado (a través de comunidades organizadas o por particulares), este tiene el deber de mantener la regulación, el control y la vigilancia de los mismos. En igual sentido, el artículo 311 de la Constitución puntualiza que le corresponde al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley. Esta Corporación ha sostenido que los servicios públicos domiciliarios se prestan a través del sistema de redes físicas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas, siendo necesario que los mismos se presten en condiciones de eficiencia y calidad, regularidad y continuidad, solidaridad y universalidad[84]. A nivel legal, la Ley 142 de 1994[85] regula las condiciones, competencias y responsabilidades en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, indicando como responsables de dicha prestación (i) al Estado y a los municipios, (ii) a las empresas prestadoras de los servicios públicos y (iii) a los urbanizadores. En tal sentido, en el artículo 5º de la Ley 142 de 1994 se establece la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos la energía eléctrica de manera eficiente, ya sea mediante empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto[86]. De acuerdo con los mandatos constitucionales y legales mencionados, (i) el municipio de San Gil tiene el deber de proporcionar el servicio de energía eléctrica para satisfacer las necesidades básicas de la accionante y los residentes de la urbanización, quienes son familias de estratos 1 y 2, que adquirieron de lotes en un proyecto de vivienda de interés social con licencia expedida por la Secretaría de Planeación del Municipio de San Gil, buscando tener un lugar en el cual habitar; y (ii) la ausencia de un plan que permita satisfacer aunque sea progresivamente el suministro de energía eléctrica a la urbanización Villas de Monchuelo, se erige como una barrera para acceder al derecho a la vivienda digna. En la respuesta que la Secretaría de Planeación dio a la tutela señaló: (i) la Electrificadora de Santander omitió constituir la servidumbre para el paso de la infraestructura eléctrica (ii) el urbanizador no se había ajustado a lo autorizado en la licencia urbanística; pese a esto, la misma dependencia de Planeación municipal sostiene que no adelantó ningún procedimiento administrativo sancionatorio con relación a los aprovechamientos urbanísticos que se estaban realizando en Villas de Monchuelo[87]. El argumento principal con el que de...