Sentencia T-184 de 2022

T-184-22 Sentencia T-184/22 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUSTITUCION PENSIONAL-Desconocimiento cuando se exige que se prueben circunstancias adicionales a las que están previstas en la ley (…), tanto la Administradora Colombiana de Pensiones, como la Secretaría de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba, vulneraron los derechos de las accionantes -sujetos de especial protección constitucional- a la seguridad social y el mínimo vital al negar el reconocimiento de la sustitución pensional por la muerte de su cónyuge, sin desvirtuar expresamente los elementos probatorios e indicios presentados que permiten inferir la convivencia con el causante durante los cinco años anteriores a su muerte, en especial al evidenciar el riesgo de un perjuicio irremediable para las tutelantes. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN MATERIA PENSIONAL-Requisito debe tenerse por cumplido siempre, dado que se trata de una prestación periódica de carácter imprescriptible que compromete de manera directa el mínimo vital de una persona ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Procedencia excepcional a favor de sujetos de especial protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad manifiesta SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza, finalidad y principios constitucionales DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Contenido y alcance SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos que deben cumplir el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite DERECHO A LA PENSION SUSTITUTIVA DEL CONYUGE O COMPAÑERO(A) SUPERSTITE-Requisito de convivencia de no menos de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del causante (…), cuando se trata de cónyuges y compañeros permanentes, la acreditación de una convivencia mínima de 5 años anteriores a la muerte del pensionado es el único requisito que debe acreditarse para el acceso a una sustitución pensional. De igual manera, que dicha acreditación puede darse a través de cualquier elemento probatorio sin que tenga que ser necesariamente uno de los medios de prueba previstos en la legislación civil. De tal manera que, ante la presencia de estos materiales probatorios, cuando la entidad que concede la pensión considere que tal medio no es de recibo debe desvirtuarlo expresamente. PENSION DE SOBREVIVIENTES-Marco de libertad probatoria respecto de la forma en que se puede acreditar el requisito de convivencia para el reconocimiento (…) el cónyuge o compañero sobreviviente tiene un amplio margen de libertad probatoria, donde pruebe acreditar el hecho de haber convivido con el causante durante 5 años anteriores al fallecimiento incluso haciendo uso de testimonios o declaraciones extrajudiciales. Referencia: Expedientes T-8.181.443 y T-8.193.813, acumulados Acciones de Tutela acumuladas interpuestas por Celmira Saavedra de Quintero contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones (T-8.181.443); y Nelly del Carmen Acosta contra el Departamento de Córdoba, Gobernación de Córdoba - Secretaría de Gestión Administrativa (T-8.193.813) Magistrado ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo¸ Paola Andrea Meneses Mosquera y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente, SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de: (i) la sentencia adoptada en primera y única instancia por el Juzgado Primero del Circuito de Palmira[1] mediante la cual se decidió sobre la posible vulneración de los derechos a Celmira Saavedra de Quintero por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante “Colpensiones”) (expediente T-8.181.443); y (ii) las sentencias adoptadas en primera y segunda instancia por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Montería[2] y el Juzgado Segundo laboral del Circuito de Montería[3], mediante las cuales se decidió sobre la posible vulneración de los derechos a Nelly del Carmen Acosta Payares, por parte del Departamento de Córdoba - Secretaría de Gestión Administrativa (expediente T-8.193.813). Los expedientes T-8.181.443 y T-8.193.813, que se estudian a continuación, fueron seleccionados y acumulados para revisión y fallo en una sola sentencia, por presentar unidad de materia, mediante el Auto del 29 de junio de 2021, notificado el 15 de julio del mismo año, proferido por la Sala de Selección Número Seis de esta corporación. I. ANTECEDENTES A. LAS DEMANDAS DE TUTELA Expediente T-8.181.443 1. La señora Celmira Saavedra de Quintero (en adelante la “accionante”) instauró acción de tutela el día 4 de marzo de 2021[4] por considerar vulnerados sus derechos fundamentales “al mínimo vital, la salud, dignidad humana y el debido proceso”[5], por parte de Colpensiones, entidad que negó el reconocimiento de la sustitución pensional. Así las cosas, solicitó al juez de tutela amparar sus derechos presuntamente vulnerados, y ordenar a la entidad accionada que, en el término de 48 horas, expidiera resolución reconociendo la referida prestación pensional. Expediente T-8.193.813 2. El 24 de noviembre del 2020 la señora Nelly del Carmen Acosta (en adelante la “accionante”), por intermedio de apoderada[6], interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba (en adelante la “SGADC”), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la dignidad humana. Lo anterior, en atención a la negación de reconocimiento de una solicitud de sustitución de pensión a la que considera tiene derecho[7]. 3. Así las cosas, solicitó al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales “al mínimo vital, a la seguridad social, derecho a dignidad humana, a la igualdad y a la tercera edad” y ordenar a los accionados, en particular a la SGADC, el reconocimiento y subsiguiente pago de la sustitución pensional a la que alega tener derecho por el fallecimiento de su compañero permanente[8]. B. HECHOS RELEVANTES Expediente T–8.181.443 4. La accionante adujo que es cónyuge legítima supérstite del señor Cecilio Quintero Saavedra, en virtud del matrimonio católico contraído el día 16 de junio de 1956[9]. Dicho matrimonio fue registrado en la Notaria Segunda de Ibagué, Tolima. Manifestó que la sociedad conyugal aún no se ha liquidado y que hubo una convivencia permanente durante los 64 años del vínculo[10]. 5. El señor Quintero Saavedra falleció el 18 de julio de 2020[11]. Tenía la condición de pensionado, de conformidad con la Resolución No. 12533 del 16 de julio de 2004[12]. En consecuencia, la accionante solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, con base en su calidad de cónyuge sobreviviente[13]. 6. Mediante Resolución No. SUB-228769, proferida el 26 de octubre de 2020, Colpensiones negó el reconocimiento de la sustitución pensional, bajo el argumento de que no se había acreditado la convivencia entre la señora Saavedra de Quintero y el señor Cecilio Quintero Saavedra, pues “para la fecha del 2 de noviembre de 2012 la pareja se separó, según versión en vida entregada por el causante cuando se realizó visita de incremento para el mes de octubre de 2017”. Por ello, a juicio de la entidad, no se acreditó el requisito previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, según el cual “para acreditar la convivencia debe haber compartido techo, lecho y mesa durante mínimo 5 años anteriores al fallecimiento del causante”. Además, adujo que se debían probar los elementos de cohabitación, singularidad y permanencia[14]. 7. La accionante interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación contra la anterior resolución. Sin embargo, Colpensiones confirmó la decisión recurrida con base en las razones anotadas, mediante las Resoluciones No. 267110 del 09 de diciembre de 2020[15] y No.16522 del 15 de diciembre de 2020[16]. 8. Mediante declaración notarial rendida ante la Notaría Única del Círculo de el Cerrito, Valle del Cauca, el día 26 de agosto de 2020[17], la accionante manifestó que convivió con el señor Quintero Saveedra desde el 16 de julio de 1956 hasta el 18 de julio de 2020, que nunca se separaron, que dependía económicamente de su esposo, pues se dedicó a ser “ama de casa” y no recibe ninguna pensión, y que es la única beneficiaria como cónyuge sobreviviente. A su turno, mediante declaraciones notariales rendidas ante la notaría mencionada, en la misma fecha[18], los señores José María Sánchez Gutiérrez y José Manuel Fernández Manzano afirmaron que conocen a la accionante desde hace 43 y 32 años, respectivamente, que les consta que convivió con su esposo durante el tiempo indicado por ella, y que este último proveía a su esposa los recursos necesarios para sufragar los gastos de alimentación, techo, vestuario, medicamentos y protección. 9. Con relación a sus circunstancias personales, la accionante indicó que tiene 83 años[19], no tiene trabajo ni recursos propios, por lo que vive de ayudas económicas que le entregan sus familiares. Asimismo, manifestó[20] que su estado de salud se encuentra afectado por problemas de riñón, leucoencefalopatía microangiopática hipertensiva y/o aterosclerótica[21], angina de pecho[22] y diabetes[23]. Enfermedades que constan en la historia clínica de la paciente[24] expedida el 7 de enero de 2021. 10. Por último, refirió que se encuentra calificada dentro de la condición “A3-Pobreza Extrema”, según calificación del 25 de agosto 2021 en el Sistema SISBEN IV. Expediente T-8.193.813 11. Manifestó la apoderada de la accionante que el Servicio Seccional de Córdoba reconoció pensión vitalicia de invalidez al señor Rene Alfonso Castro Aguilar el 3 de febrero de 1988 mediante Resolución 00416[25]. La mencionada resolución indicaba también que el señor Castro ocupaba el cargo de “Conductor”. Asimismo, indicó que el señor Aguilar Castro falleció[26] el 24 de junio del 2010[27], y que ella tiene 82 años[28]. 12. La apoderada dejó de presente haber sido compañera del difunto durante 43 años. Indicó que la convivencia fue constante hasta el momento de la muerte y tener dos hijos producto de unión[29]. 13. Agregó que durante todo el tiempo en convivencia se dedicó a labores domésticas, el cuidado de sus hijos y de su compañero permanente “minusválido”, sin tener un trabajo y dependiendo del auxilio económico de su compañero[30]. Por lo que no cuenta con ingresos que permitan su subsistencia, pues todos los aportes económicos los hacía su pareja. En relación con esto aportó un documento[31] donde se indicaba un Puntaje Sisbén III de “8.43”, habiendo sido practicada la última encuesta en 2014[32]. 14. Con fundamento en lo anterior, en octubre del 2019 solicitó el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes. El 7 de noviembre de 2019, mediante Resolución 001438[33] la SGADC rechazó la petición indicando que la accionante debía probar la unión marital a través de sentencia judicial, acta de conciliación o escritura pública y que las pruebas aportadas no eran suficientes[34]. 15. El 25 de septiembre de 2020, la accionante radicó una solicitud de reconocimiento a la sustitución de pensión aludiendo a las sentencias T-327 y T-324 de 2014[35]. Para tal propósito aportó dos declaraciones extrajudiciales que manifestaron la existencia del vínculo, mediante dos actas de la notaría tercera de Montería[36]. La primera de ellas (acta Nº 0312) siendo un testimonio personal de la accionante mientras que a la segunda declaración extrajudicial (acta Nº0313) acudieron Mirian Del Rosario Martínez Guzmán y Jorge Mayambre Beleño Begambre, para confirmar la unión de la accionante desde el 20 de agosto de 1967. 16. Como consecuencia de lo anterior, la SGADC mediante Resolución No. 000972[37] mantuvo su decisión el 10 de noviembre del 2020, argumentando que se debía probar la existencia de la unión marital por los medios aludidos, esto es, aportar sentencia judicial, acta de conciliación o escritura pública. Reiteró que la edad no debe ser motivo de excusa para los requisitos legales que dan lugar a la sustitución pensional. C. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS Expediente T–8.181.443 Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones 17. Colpensiones indicó que aún no se ha acudido a la jurisdicción ordinaria por lo que, en consecuencia, la tutela debe ser improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad[38]. Reconoció que el fallecido era beneficiario de una pensión de vejez, pero manifestó que ha actuado de manera diligente, toda vez que la accionante no acreditó la convivencia efectiva. Adicionalmente, indicó que la señora Saavedra no acreditó la ocurrencia o inminencia de un perjuicio irremediable. 18. Además, mediante escrito de intervención del 1° de octubre de 2021, manifestó que la accionante se encontraba separada del señor Quintero Saavedra desde el 2 de noviembre de 2012 (ver supra, numeral 5)[39]. En ese sentido, adjuntó un documento en el cual consta la suspensión del beneficio de incremento de pensión, dado que el causante no contaba con personas a su cargo[40]. Decisiones que justificó mediante un “informe técnico de investigación”[41]. Nueva EPS 19. La representante judicial de la Nueva EPS alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, que se disponga la desvinculación de la entidad. Ello, al considerar que no está legitimada para satisfacer las pretensiones formuladas por la demandante[42]. Expediente T-8.193.813 La Secretaría de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba -SGADC 20. La SGADC[43] solicitó denegar la acción de tutela, bajo el argumento de que: (i) habían transcurrido más de 10 años desde el fallecimiento del señor Rene Alfonso Castro Aguilar hasta la solicitud de sustitución pensional; y (ii) las declaraciones extrajudiciales no sirven como prueba de la unión marital de hecho. En ese sentido, expresamente, manifestó que “[T]eniendo en cuenta que no aporto (sic) sino dos declaraciones de testigos que no son prueba suficiente, mediante oficio Nº001438 de fecha de 7 de noviembre de 2019, se solicitó que aportara como prueba (sic) la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes a través de una sentencia judicial expedida por un juzgado de familia, siguiendo los lineamientos del artículo 2º de la Ley 979 de 2005, modificatorio del artículo 4º de la Ley 54 de 1990” [44]. 21. En ese sentido, reconoció que había recibido las distintas solicitudes de la señora Acosta Payares, las cuales, a su juicio, no acreditaron los requisitos para acceder a la sustitución pensional. Tras recapitular el trámite, administrativo de reposición y apelación insistió en que sin el material probatorio no podía tener certeza de la convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante[45]. 22. El Departamento de Córdoba no emitió respuesta o pronunciamiento diferente del expresado por la Secretaría. D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Expediente T–8.181.443 Única instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca 23. Mediante sentencia del día 16 de marzo de 2021, el juez de instancia declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumplía con el requisito de subsidiariedad[46]. Recordó que el amparo no procede de manera excepcional, por no cumplirse con los requisitos legales y reglamentarios para el pago de la pensión solicitada. 24. En primer lugar, consideró que se evidenciaba claramente la legitimación por activa de la señora Celmira Saavedra de Quintero y de Colpensiones como entidad que debía soportar la carga derivada de la reclamación. En segundo lugar, indicó que había transcurrido un plazo razonable entre en la solicitud de la accionante y la negación de Colpensiones, concluyendo que se cumplía con el requisito de inmediatez. Por último, frente a la subsidiariedad consideró que el mecanismo ordinario y eficaz para la revisión de las pretensiones era el juez ordinario laboral al no encontrar la presencia de un perjuicio irremediable. 25. Esta decisión no fue impugnada por las partes[47]. Expediente T-8.193.813 Primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Montería 26. Mediante sentencia del 7 de diciembre del 2020[48], el a quo negó la solicitud de amparo de la accionante. Consideró que dejar pasar más de 10 años desde la muerte del pensionado no constituía un plazo razonable para acudir a la acción de tutela y, por tanto, desconocía el principio de inmediatez. En ese sentido, agregó que ha pasado más de un año desde la presentación de la solicitud de reconocimiento inicial sin que la accionante haya acudido a la jurisdicción ordinaria. Impugnación 27. El día 9 de diciembre de 2020, la accionante impugnó el fallo de primera instancia. Aludió al Covid-19 como una justificación por el retardo en la presentación de la acción constitucional. Recordó que la jurisprudencia de esta Corporación establece que el requisito de inmediatez debe ser estudiado caso a caso, sobre todo al tratarse de personas de la tercera edad. Frente a la subsidiaridad, indicó que tiene más de 81 años, “sin ningún grado de escolaridad o conocimiento jurídico que le permitiera o hacer valer lo hoy pretendido” . Asimismo, manifestó que un proceso ordinario implicaba un costo entre 5 y 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes, valor que no estaba en condición de sufragar, pues se ha visto obligada a acceder a un crédito hipotecario y a la caridad de sus familiares para subsistir[49],[50]. 28. Asimismo, adjuntó dos declaraciones extraprocesales rendidas ante la Notaría Segunda de Montería, con el fin de dar fe de la convivencia con el compañero permanente. Estas fueron realizadas por Vilma Eugenia Orozco Pérez (acta Noº4138) y Emilse Esther Mestra Cogollo (acta Nº4137), respectivamente. A partir de estas, aseguró que no se había realizado una debida valoración de las pruebas que demostraban el requisito de convivencia con el causante[51]. 29. Por último, manifestó que podía acaecer un perjuicio irremediable dada la avanzada edad de la accionante. En concreto, afirmó que “Para el caso que nos ocupa, se tiene que la accionante es una persona de 81 años de edad, que, según los datos estadísticos emitidos por el DANE, supera la expectativa de vida en Colombia; la cual se estima que para el 2020 sea de 76,2 años. Es decir, es posible que esté viviendo sus últimos años o días de vida. Entonces, acudir a la vía ordinaria para ejercitar la acción exigida, sería desde ya condenarla a que no disfrute un solo día de su pensión; en consecuencia, entraría a la lista de los miles de colombianos que fallecen esperando el reconocimiento de su derecho pensional”[52]. Segunda instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería 30. Mediante sentencia del 1º de febrero de 2021, el ad quem confirmó el fallo de primera instancia. En concreto, realizó un recuento jurisprudencial de las sentencias T-202 de 2010, T-333 de 2011 y T-584 de 2011, para establecer una línea decisoria en materia de subsidiaridad de la acción de tutela y en particular del requisito de inmediatez. 31. Tras reiterar la renuencia de la accionante por dejar pasar más de 10 años, concluyó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, porque existen mecanismos idóneos y eficaces para salvaguardar los derechos solicitados. Manifestó que no se podía hablar de un perjuicio irremediable, y que tampoco se cumplió con el requisito de inmediatez. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 32. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en los procesos de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991; y en virtud del Auto del 29 de junio de 2021, notificado el 15 de julio del mismo año, proferido por la Sala de Selección Número Seis de esta corporación[53], que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, acumularlas por presentar unidad de materia, y repartirlas al magistrado sustanciador. B. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 33. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela debe acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos con el fin de establecer su procedencia. En el caso concreto, la Sala de Revisión debe verificar que se observen las exigencias de (i) legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva; (ii) inmediatez; y (iii) subsidiariedad. 34. Teniendo en cuenta lo anterior, antes de abordar el estudio de fondo, la Sala analizará en el caso concreto la procedencia de la acción de tutela. Análisis de los requisitos de procedencia formal en los casos concretos 35. Legitimación por activa: La legitimación por activa en la acción de tutela se encuentra estipulada en el artículo 86 de la Constitución Política, y regulada en el artículo décimo del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual prescribe: “cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. (...)”[54]. 36. La Sala considera que este requisito se encuentra acreditado en los procesos de tutela acumulados objeto de estudio. Por un lado, en el expediente T-8.181.443, la señora Celmira Saavedra de Quintero, en calidad de titular de los derechos potencialmente vulnerados, interpuso directamente la solicitud de amparo. Por el otro, en el expediente T-8.193.813, la señora Nelly del Carmen Acosta, actuando como titular de los derechos fundamentales presuntamente transgredidos, confirió poder especial a la abogada Bernice Peinado Álvarez, para que esta presentara en su nombre y representación la demanda de tutela[55]. 37. Legitimación por pasiva: El artículo 86 de la Constitución y los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad pública que haya violado, viole o amenace con violar un derecho fundamental. Al mismo tiempo prevén la posibilidad de interponer la acción contra las actuaciones u omisiones de particulares, de acuerdo con los casos taxativos y excepcionales previstos en el citado artículo de la Constitución y desarrollados en el artículo 42 del referido Decreto. Por lo anterior, la Corte ha sostenido que, para satisfacer el requisito de legitimación en la causa por pasiva, es necesario acreditar dos supuestos: (i) que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo, y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión[56]. 38. En el expediente T-8.181.443, la demanda de tutela se dirige contra Colpensiones, empresa industrial y comercial del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, encargada de prestar la función pública de la seguridad social (numeral 8º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991). Por ello, y en la medida en que es la entidad que negó el reconocimiento de la sustitución pensional reclamada por la accionante, la Sala estima que es susceptible de actuar como sujeto pasivo en el presente proceso. 39. Con relación al expediente T-8.193.813, en el escrito de tutela, la accionante señala como extremo pasivo de la acción constitucional al Departamento de Córdoba - Gobernación de Córdoba - Secretaría de Gestión Administrativa de dicho departamento. Le corresponde a esta Sala aclarar que el Departamento de Córdoba, como entidad territorial de orden departamental de la Rama Ejecutiva del Poder Público, está compuesto por un sector político administrativo -la Asamblea Departamental de Córdoba- y un sector central -la Gobernación de Córdoba-. En este caso, la entidad accionada corresponde al sector central y ejerce sus funciones a través del gobernador de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política. Así las cosas, de acuerdo con la capacidad técnica y financiera y la categorización de los departamentos prevista en la ley, el Gobierno y la Administración de los departamentos están a cargo del Despacho del Gobernador. Este a su vez, de conformidad con el artículo 305 de la Carta Política y 75 de la Ley 617 de 2000, tiene la libertad de crear dependencias para el ejercicio de esas funciones. Siendo la Secretaría de Gestión Administrativa de dicho departamento, una de las dependencias creadas. 40. La Sala observa que respecto de esta entidad pública se puede endilgar una acción en la presunta vulneración de los derechos invocados por la accionante, dado que, en el marco de sus funciones[57], fue la responsable de expedir los oficios por medio de los cuales se negó a iniciar el trámite de reconocimiento de la sustitución pensional, bajo el argumento de que no se aportó sentencia judicial que demostrara la existencia de la unión marital de hecho con el causante[58]. Aclarado lo anterior, esta Sala tomará a la SGADC – Gobernación de Córdoba como parte pasiva legitima en el presente litigio. 41. Inmediatez: El principio de inmediatez de la acción de tutela está instituido para asegurar la efectividad del amparo y, particularmente, garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales que se encuentren amenazados o se hayan visto vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la Constitución y demás normas reglamentarias, así como en la jurisprudencia de esta Corte. Por lo tanto, el transcurso de un lapso desproporcionado entre los hechos y la interposición del amparo tornaría improcedente la acción, puesto que desatendería su fin principal de proteger de forma urgente los derechos de la persona afectada. 42. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte también ha precisado que el juez de tutela debe analizar las circunstancias particulares de caso concreto para determinar si el paso del tiempo entre el hecho vulnerador y la interposición de la acción constitucional es razonable. Ello, bajo la premisa según la cual declarar improcedente la solicitud de amparo por el sólo transcurso del tiempo “podría tornarse como una carga desproporcionada, ante casos de fuerza mayor o de debilidad manifiesta”[59]. 43. En ese orden de ideas, en diversos pronunciamientos, esta corporación ha identificado algunas circunstancias en las cuales la tardanza en el ejercicio de la acción de tutela podría considerarse razonable. A modo de ejemplo, en la sentencia SU-108 de 2018, reiterando lo dispuesto en las sentencias T-1028 de 2010, SU-168 de 2017 y T-038 de 2017, la Corte enunció algunas de las eventualidades que pueden justificar la presentación tardía de la solicitud de amparo: “(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras. (ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata. (iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’” (Subrayas del texto original, y negrilla de la Sala) 44. Unido a ello, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que existen al menos dos factores que tornan procedente la acción de tutela pese a que haya transcurrido un plazo prolongado, a saber: “cuando (i) se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y cuando (ii) la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”[60]. 45. Las sub reglas precitadas han sido aplicadas en problemas relacionados con el reconocimiento y pago de derechos pensionales, de manera que la Corte ha dispuesto que cuando el asunto trata sobre prestaciones periódicas como el reconocimiento de la pensión y el no pago de sus mesadas, ello constituye una afectación continua de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. En estos casos, el mecanismo constitucional no puede declararse improcedente bajo el simple argumento de que transcurrió un tiempo prologando, sino que deberá analizarse las circunstancias particulares del caso concreto a fin de determinar si existe una afectación actual de los derechos invocados[61]. 46. Al descender a los casos bajo estudio, en el expediente T-8.181.443, la Sala observa que el requisito de inmediatez no merece mayor reparo, pues transcurrió un plazo prudente y razonable entre el acto que presuntamente generó la vulneración de los derechos invocados y la fecha de la interposición de la acción de tutela. En efecto, Colpensiones negó la solicitud de sustitución pensional mediante Resolución SUB 228769 del día 26 de octubre de 2020, la cual fue confirmada en Resoluciones No. 267110 del 09 de diciembre de 2020 y No.16522 del 15 del mismo mes y año. Por su parte, la accionante interpuso la acción de tutela el día 3 de marzo de 2021, es decir, aproximadamente 3 meses desde que quedó en firme el acto administrativo que negó la prestación. 47. Por otra parte, en el expediente T-8.193.813, el juez de tutela de segunda instancia confirmó la decisión de declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumplía con el requisito de inmediatez, porque habían transcurrido más de 10 años entre la muerte del pensionado y la fecha en que la accionante presentó la reclamación ante la accionada. La Sala no comparte este análisis, en cambio, considera que la solicitud de amparo supera el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta lo siguiente: a. El 24 de junio de 2010 falleció el señor Castro Aguilar, pensionado y compañero permanente de la accionante. b. El 28 de octubre de 2019 se radicó ante la autoridad accionada la solicitud de reconocimiento y pago de la sustitución pensional. c. Mediante Oficio No. 001438 del día 7 de noviembre de 2019, la entidad se abstuvo de tramitar la solicitud pensional, argumentando que no se aportó la sentencia judicial que demuestra la existencia de la unión marital de hecho con el causante. d. El 25 de noviembre de 2020, la accionante, por intermedio de apoderado judicial, solicitó nuevamente el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, con fundamento en la jurisprudencia constitucional. e. Mediante Oficio No. 000972 del 10 de noviembre de 2020, la entidad se ratificó en la respuesta suministrada a través del oficio del 7 de noviembre de 2019. f. La accionante, por intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela el 24 de noviembre de 2020. 48. Por lo expuesto, la Sala concluye que a pesar de que ha transcurrido un periodo de tiempo significativo desde el hecho que daría lugar a la sustitución pensional (muerte del causante), el derecho de reclamar dicha pensión permanece en el tiempo, razón por la cual la actora solicitó en los años 2019 y 2020 su reconocimiento y pago ante la entidad accionada, la cual decidió abstenerse de iniciar dicho trámite con sustento en razones que ahora son cuestionadas por inconstitucionales. Dicho de otro modo, no es al momento del fallecimiento del causante, sino con la actuación o manifestaciones recientes de la entidad accionada, que se denota una presunta vulneración continúa y actual a los derechos fundamentales de la tutelante. Al respecto manifestó, que no tenía ningún grado de escolaridad y que no podía sufragar los costos de un abogado[62]. En relación con esto, indicó en el escrito de impugnación la apoderada: “No tenía conocimiento de que podía acceder a la sustitución pensional y, en consecuencia, solo hasta que conoció un profesional del derecho este le indicó que era titular de la pensión de invalidez que se le había reconocido a su difunto compañero permanente. Lo anterior, explica la demora o la omisión de solicitar la sustitución de la pensión de invalidez y formular la acción constitucional”[63]. Indicó que no tenía recursos para acceder a una asesoría pues se había visto obligada a acudir a un crédito hipotecario para sufragar sus gastos mínimos. 49. Por ello, en atención a la situación de vulnerabilidad de la accionante, y en la medida en que se observa que entre la última comunicación de la accionada y la fecha de presentación de la solicitud de amparo no pasaron más de 14 días, la Sala considera que se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez. 50. Subsidiariedad: De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela es (i) improcedente si existe un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico sometido a decisión y no existe el riesgo de que opere un perjuicio irremediable respecto de los derechos alegados[64]. A esta regla general, se adicionan dos hipótesis específicas que se derivan de la articulación de los citados conceptos, conforme a las cuales: (ii) el amparo es procedente de forma definitiva, si no existen medios judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto sometido a consideración del juez; y, por el contrario, es (iii) procedente de manera transitoria, en el caso en que la persona disponga de dichos medios, pero exista la posibilidad de que se configure un perjuicio irremediable. 51. Un mecanismo judicial es idóneo si es materialmente apto para resolver el problema jurídico planteado y producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Por su parte, es eficaz, cuando permite brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados[65]. Lo anterior implica que el juez constitucional no puede valorar la idoneidad y la eficacia del otro medio de defensa judicial en abstracto. Por el contrario, debe determinar si, de acuerdo con las condiciones particulares del accionante y los hechos y circunstancias que rodean el caso, dicho mecanismo le permite ejercer la defensa de los derechos que estima vulnerados de manera oportuna e integral. 52. De acuerdo con lo anterior, en principio, la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones económicas de carácter pensional, principalmente por dos razones. Primero, porque se trata de un asunto supeditado al cumplimiento de unos requisitos definidos previamente en la ley[66]. Segundo, porque existen otros medios judiciales para tal propósito. Por una parte, la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social es competente para conocer de “[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras”[67]. Y, por la otra, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está habilitada para dar trámite a los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”[68]. 53. No obstante, excepcionalmente, la Corte ha admitido la procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional, cuando (i) se verifica que “su falta de otorgamiento ha generado un alto grado de afectación de los derechos fundamentales del accionante, en particular de su derecho al mínimo vital; (ii) se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el interesado tendiente a obtener la salvaguarda de sus derechos; y (iii) aparecen acreditadas las razones por las cuales el medio ordinario de defensa judicial es ineficaz para lograr la protección integral de los derechos presuntamente afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio irremediable”[69]. Y, adicionalmente, se constata que “(iv) (…) en el trámite de la acción de tutela –por lo menos sumariamente– se cumplen con los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada”[70]. 54. Por último, en relación con la evaluación de las condiciones particulares de los accionantes en procesos de tutela ha indicado esta corporación: “Así, la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera pacífica varios criterios que permiten evaluar si, en los asuntos en los que se solicita el reconocimiento y pago de una pensión, los otros medios judiciales son idóneos y eficaces para ejercer la defensa material de los derechos, de conformidad con las particularidades del caso concreto[71]. Precisamente, se ha dicho que el juez constitucional debe valorar, entre otros, (i) la edad del accionante, puesto que las personas de la tercera edad y los menores son, en principio, sujetos de especial protección constitucional; (ii) su estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda encontrarse; (iii) la composición de su núcleo familiar; (iv) las circunstancias económicas que lo rodean; (v) el hecho de haber agotado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener el derecho; (vi) el tiempo transcurrido entre la primera solicitud y el momento de radicación del amparo constitucional; (vii) el grado de formación escolar del accionante y el posible conocimiento que tenga sobre la defensa de sus derechos; y (viii) la posibilidad de que se advierta, sin mayor discusión, la titularidad sobre las prestaciones reclamadas. De acuerdo con lo anterior, la posibilidad de otorgar una protección constitucional en materia pensional es excepcional y no se orienta a soslayar los medios judiciales ordinarios con que cuenta el accionante, sino a garantizar la efectividad de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital, conforme lo dispone el artículo 2 de la Constitución, en el que se consagra como fin del Estado garantizar la efectividad de los derechos constitucionales. Por lo tanto, le corresponde al juez de tutela examinar en cada caso los criterios previamente expuestos, ya que, en varias ocasiones, el derecho que se reclama podría convertirse en el único medio que tienen las personas para garantizar para sí mismos su subsistencia y, por ende, lograr una vida digna”[72]. Las acciones de tutela acumuladas cumplen con el requisito de subsidiariedad 55. En los asuntos bajo estudio, la pretensión principal es el reconocimiento y pago de la sustitución pensional por parte de Colpensiones, y de la Secretaría de Gestión Administrativa de la Gobernación del Departamento de Córdoba, respectivamente. Para tal efecto, en principio, en el caso del reconocimiento y pago de la sustitución pensional por parte de Colpensiones, el proceso judicial idóneo para hacer valer prestaciones económicas de carácter laboral, es el proceso ordinario laboral, el cual está regulado en el Capítulo XIV del Decreto Ley 2158 de 1948, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS). Además, ha reconocido esta Corporación en su jurisprudencia que este proceso judicial ordinario es, prima facie, un mecanismo eficaz, pues la normativa que lo regula contiene un procedimiento expedito para su resolución. Indicó así: “Igualmente, en el marco del proceso ordinario es posible exigir al juez el cumplimiento del deber que le impone el artículo 48 del CPTSS, según el cual, deberá asumir ‘la dirección del proceso y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de las partes, la agilidad y rapidez en su trámite’”[73].Lo anterior sería claro para el caso de la señora Saavedra de Quintero (expediente 8.181.443). 56. No ocurre lo mismo en el caso de la señora Acosta (expediente T-8.193.813) ) en la medida en que se reclama la sustitución de una pensión de invalidez reconocida por el Servicio Seccional de Córdoba a un trabajador oficial bajo un régimen exceptuado[74]. Dicha solicitud de sustitución fue negada por vía de las resoluciones Nro. 001438 del 7 de noviembre de 2019 y Nro. 000972 del 10 de noviembre del 2020, emitidas por la Secretaría de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba. En consecuencia, el mecanismo judicial ordinario para resolver la controversia sería el derivado de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho pensional, cuyo conocimiento es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que las decisiones que dieron lugar a la negación de la sustitución estaban contenidas en los actos administrativos señalados. 57. No obstante, la Sala constata que tales mecanismos judiciales no resultan eficaces, debido a las especiales circunstancias en las que se hallan las accionantes y que se exponen a continuación: Expediente T-8.181.443 58. En el presente asunto, el juez de instancia declaró improcedente la acción de tutela con el argumento de que la señora Saavedra de Quintero tiene a su disposición otros mecanismos judiciales para reclamar el derecho a la sustitución de la pensión de vejez de su cónyuge difunto. No obstante, la Sala advierte que la decisión de instancia no analizó los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional para verificar la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se pretende el reconocimiento de un derecho pensional (ver supra, numerales 40 y 41). 59. En primer lugar, esta Sala constata que la falta de otorgamiento de la sustitución pensional genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales de la accionante. Ello, comoquiera que la acción de tutela pretende la protección de los derechos fundamentales de una mujer de 84 años con problemas de salud[75], ya que sufre de distintas patologías que le impiden tener un trabajo o realizar actividades económicas, para lograr la satisfacción de sus derechos. Pudo también esta Sala verificar que la accionante se encuentra en situación de pobreza extrema a través del sistema SISBEN IV[76]. Así, que desde la muerte de su cónyuge declaró que se ha visto obligada a vivir de ayudas familiares pues no cuenta con recursos ni ingresos propios toda vez que dependió económicamente de su pareja durante toda su vida. Estas circunstancias demuestran que la señora Saavedra de Quintero se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que la convierte en sujeto de especial protección constitucional, cuyo derecho al mínimo vital se encuentra en riesgo, al no tener ingresos económicos suficientes que le permitan solventar sus necesidades básicas, y vivir su vejez en condiciones dignas. 60. En segundo lugar, se observa que la accionante ha gestionado, sin éxito, el reconocimiento del derecho reclamado, cumpliendo con esa mínima carga de diligencia que en materia de procedencia exige la acción de tutela. En efecto, en el expediente se encuentran las pruebas suficientes de que la accionante realizó acciones positivas encaminadas a la reivindicación pensional, pues acudió ante Colpensiones para solicitar la sustitución pensional, agotando los recursos administrativos que tenía a su alcance para controvertir la negativa de la pensión. 61. En tercer lugar, señora Saavedra desde la presentación del recurso ha actuado en nombre propio y sin la asistencia de un apoderado que represente sus intereses. Esto es relevante en razón a que a pesar de que la accionante no manifiesta directamente las razones por las cuales el medio ordinario es ineficaz, las mismas se pueden extraer de la descripción de los hechos y de las circunstancias particulares de la accionante. Por tanto, los términos procesales de la acción laboral ordinaria resultarían desproporcionados e irrazonables[77], debido a la avanzada edad de la accionante, sus padecimientos de salud y la situación de pobreza extrema que enfrenta. 62. En cuarto lugar, la Sala observa que, en principio, la accionante aporta los elementos de juicio que demuestran de forma sumaria la titularidad del derecho a la sustitución pensional causada por la muerte de su cónyuge, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 63. En quinto lugar, la Sala encuentra que, si bien la Jurisdicción Ordinaria Laboral es, a priori, competente (ver supra, numeral 52) este mecanismo no es eficaz en la protección de los derechos de la accionante. Adicionalmente, ha transcurrido más de un año desde que instauró la acción de tutela original, por ende, obligarla a iniciar un trámite laboral de primera instancia, teniendo en cuenta su edad[78] y el tiempo que se ha visto obligada a esperar para resolver su situación pensional sería en una exigencia gravosa si se tiene en cuenta la duración proyectada de los trámites jurisdiccionales ordinarios frente a su expectativa de vida. 64. Por último, como se explicó (ver supra, numeral 50), si se demuestra que el mecanismo ordinario carece de idoneidad o eficacia no es necesario que se acredite la manifestación de un perjuicio irremediable. Por ende, esta sala considera que la sentencia de única instancia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, erró al no evaluar la eficacia de la justicia laboral ordinaria en el caso específico de la accionante. 65. En consecuencia, en el presente caso, la Sala concluye que se acredita el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en la acción de tutela presentada por Celmira Saavedra de Quintero. Expediente T-8.193.813 66. En el presente caso, los jueces de instancia declararon la improcedencia de la acción de tutela, entre otras razones, por incumplir con el requisito de subsidiariedad. La Sala no comparte este análisis, en cambio, advierte que los fallos objeto de revisión dejaron de lado la verificación de los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional para determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se pretende el reconocimiento de un derecho pensional (ver supra, numerales 50 y 51). 67. En primer lugar, la Sala observa que la falta de otorgamiento de la sustitución pensional genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales de la señora Nelly del Carmen Acosta, en particular de su derecho al mínimo vital, dado que tiene 81 años, superando la media de expectativa de vida a nivel nacional[79] y asevera que no tiene ingreso alguno[80]. En ese sentido, de acuerdo con las declaraciones extra-juicio aportadas a este trámite, se tiene que convivió con su compañero permanente durante 43 años, periodo en el que se dedicó de manera exclusiva a las tareas del hogar y al cuidado de familia, por lo que dependía exclusivamente de su pareja. De hecho, en el escrito de impugnación del fallo de primera instancia, manifestó que ha sobrevivido gracias a un crédito hipotecario que constituyó sobre su vivienda de interés social que adquirió a título gratuito[81]. Así, la avanzada edad de la actora y su difícil situación socioeconómica demuestran que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que la convierte en sujeto de especial protección constitucional. 68. En segundo lugar, se tiene que si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa sería la competente para evaluar la legalidad de los actos administrativos que negaron la pensión, este mecanismo carece de eficacia. Lo anterior pues, teniendo en cuenta su situación y el hecho de que su primera actuación judicial se dio en 2020, obligarla a acudir a un proceso ordinario con sus vicisitudes, costos y lapsos resultaría desproporcionado para la accionante. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de la sustitución de pensión de sobrevivientes. 69. En tercer lugar, quedó constatado que la señora Acosta Payares acudió a la SGADC intentando salvaguardar sus prerrogativas constitucionales, directamente ante dicha entidad antes de acudir al recurso de tutela, quedando constancia en el expediente de las resoluciones por medio de las cuales se negó el reconocimiento del derecho pensional. En consecuencia, es claro para esta Sala que se ha desplegado cierta actividad administrativa por parte de la accionante, tendiente a obtener la salvaguarda de sus derechos. 70. En cuarto lugar, de los antecedentes se observa que la accionante, a través de su apoderada, cuestionó la idoneidad y eficacia del mecanismo principal, bajo el argumento de que su edad avanzada y la carencia de recursos económicos tornaban desproporcionado la carga de acudir a los mecanismos ordinarios de defensa judicial[82]. Por tanto, en este caso particular, la acción de tutela resulta la vía judicial más expedita para proteger el derecho fundamental al mínimo vital y, en efecto, decidir si existe o no derecho a la prestación reclamada. 71. Por último, constata la Sala que en el trámite de acción de tutela se tiene al menos prueba sumaria del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada, tales como las declaraciones extrajudiciales en las que se acredita la convivencia, a las cuales se opone la SGADC, bajo el argumento de que dichas declaraciones carecen de idoneidad probatoria por exceder el ámbito contenido en el artículo 2º de la Ley 979 de 2005. 72. Por lo anterior, en el presente caso, la Sala colige que se acredita el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en la acción de tutela presentada por la señora Nelly del Carmen Acosta. 73. A partir de todo lo anterior, se concluye entonces que las acciones constitucionales bajo estudio cumplen con los requisitos formales de procedencia, por lo cual, procede esta Sala a pronunciarse de fondo. C. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN 74. De acuerdo con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I anterior de esta providencia, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) En relación con el expediente T-8.181.443, la Corte debe resolver sí Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Celmira Saavedra de Quintero, cuando en el marco de la sustitución pensional, exigió como condición para el reconocimiento y pago de la sustitución pensional la demostración de una convivencia efectiva con el causante durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. (ii) En lo que respecta al expediente T-8.193.813, determinar sí la Secretaría de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba, vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Nelly Carmen Acosta Payares, cuando en el marco de la sustitución pensional, exigió como condición para el reconocimiento y pago de la sustitución pensional la demostración, a través de sentencia judicial, de la existencia de la unión marital de hecho y la convivencia con el causante, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, que modificó el artículo 4 de la Ley 54 de 1990. 75. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala procederá a: (i) exponer el marco constitucional y legal que rige en materia de sustitución pensional; (ii) reiterar la jurisprudencia aplicable en materia de convivencia entre cónyuges o compañeros permanentes; (iii); reiterar la posición de esta Corte en materia de idoneidad de los medios de prueba para el reconocimiento de pensión en el marco de los procesos de sustitución pensional; y (iv) se resolverán los casos concretos. D. DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL DEL CÓNYUGE Y COMPAÑERO PERMANENTE. Reiteración de jurisprudencia a. Marco Legal 76. El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la seguridad social con la doble acepción de derecho irrenunciable y servicio público obligatorio. La seguridad social ha sido el sistema adoptado por el Estado para brindar protección a la sociedad frente a las contingencias de salud, capacidad laboral y mínimos de subsistencia. En un principio, su carácter como derecho fundamental fue reconocido en la jurisprudencia de manera conexa a los derechos fundamentales[83]. Sin embargo, hoy se considera que es viable acudir directamente a la tutela para reivindicar el derecho a la seguridad social como derecho fundamental, no solo por la conexidad que guarda con otros derechos fundamentales, sino porque los sistemas de seguridad social son manifestación de las finalidades del Estado Social de Derecho, situación que da lugar a la protección autónoma. Al respecto ha señalado este tribunal: “El artículo 48 Superior dispone que la seguridad social (i) es un servicio público de carácter obligatorio que se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y (ii) es a su vez un derecho constitucional fundamental, a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se infiere del siguiente texto “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social” en concordancia con varios instrumentos del bloque de constitucionalidad. Del texto constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se desprende que el derecho a la seguridad social en pensiones protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral, entre otras contingencias. La pensión de vejez es entonces uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas cuando en razón de su edad, se produce una esperable disminución de su capacidad laboral, lo que les dificulta o impide obtener los recursos para disfrutar de una vida digna. Para poder brindar efectivamente protección frente a las contingencias señaladas, el derecho a la seguridad social demanda el diseño de un sistema que cuente con reglas, como mínimo, sobre (i) instituciones encargadas de la prestación del servicio, (ii) procedimientos bajo los cuales el sistema debe discurrir, y (iii) provisión de fondos que garanticen su buen funcionamiento. En este punto cobra especial importancia la labor del Estado, el cual, por medio de asignaciones de sus recursos fiscales, tiene la obligación constitucional de brindar las condiciones necesarias para asegurar el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social” [84] 77. Así las cosas, este artículo constitucional fue desarrollado a través de la Ley 100 de 1993 donde el legislador creo el Sistema Integral de la Seguridad Social, definiéndolo en su preámbulo como: “[E]l conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”. Uno de los núcleos de la seguridad social es el subsistema de pensiones, por el cual se protege a las personas de los riesgos derivados de la pérdida de capacidad laboral a través de distintas prestaciones económicas. En el marco del artículo 48 superior y de la Ley 100 de 1993, uno de los supuestos de hecho que ha analizado con extensión la jurisprudencia de esta Corte en materia de pensiones es la figura es la sustitución pensional. 78. La sustitución pensional se materializa cuando el titular de la pensión muere y sus causahabientes reclaman el derecho a ser beneficiarios de la pensión. El derecho de los beneficiarios, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, a sustituir al causante se origina cuando el causante difunto fungía como el responsable económico del hogar. En otras palabras, cuando muere la persona con cuya pensión se sufragan los gastos familiares y del hogar, sus familiares cercanos tienen el derecho a sustituirlo en su posición pensional en virtud de la seguridad social, como protección del mínimo vital. 79. Esta relación entre seguridad social, la sustitución pensional y el mínimo vital gira alrededor del principio de dignidad humana que permea el ordenamiento jurídico y la Constitución. Esto pues es la figura de la sustitución pensional propende por evitar la desprotección de los familiares de los cotizantes y pensionados en el sistema de pensiones de la seguridad social. Es precisamente esta conexión con el mínimo vital la que ha facultado que los potenciales beneficiarios de una eventual sustitución pensional acudan directamente al recurso de tutela para reivindicar sus derechos prestacionales. Este ha sido uno de los distintos instrumentos de los que se ha valido la seguridad social para salvaguardar las condiciones de dignidad frente a contingencias derivadas de la enfermedad, la vejez, la invalidez y la muerte. 80. Definido el marco general, corresponde adentrarse en el estudio particular de la figura reclamada en este litigio. La pensión de sobrevivientes está regulada por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003). Esta es la pensión que se otorga a aquellos miembros del grupo familiar del fallecido pensionado o afiliado al sistema de pensiones (que haya cotizado al menos 50 semanas durante los tres años anteriores a su muerte). De igual manera, los requisitos para el reconocimiento de esta modalidad pensional se encuentran en el artículo 47 de la Ley...