Sentencia T-182 de 2012

T-182-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-182/12 LEGITIMACION POR ACTIVA-Agencia oficiosa en materia de población desplazada/ASOCIACIONES DE APOYO A POBLACION DESPLAZADA-Legitimación y condiciones como agentes oficiosos para presentar acciones de tutela Esta Sala concluye que no asiste la razón al juez constitucional de única instancia en el presente caso, al declarar improcedente la acción de tutela por ausencia del requisito de legitimidad en la causa por activa. En efecto, el juez consideró que no se cumplía tal requisito con la interposición de la acción constitucional por la representante legal de Andicol, como agente oficiosa de los miembros de la asociación. Con todo, como quedó establecido, dichas asociaciones cuentan con legitimidad para agenciar los derechos de las personas en situación de desplazamiento que en ellas se agrupan, siempre y cuando (i) se actúe a través del representante legal; (ii) se individualice el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y (iii) no se evidencie a partir del recaudo probatorio que el agenciado no quiere que la acción se eleve en su nombre, elementos todos, que se cumplen en este caso. POBLACION DESPLAZADA-Desprotección a que se ve expuesta la población desplazada por la violencia en materia de derechos fundamentales POBLACION DESPLAZADA-Protección de derechos fundamentales para garantizar las condiciones materiales mínimas de subsistencia La Corte ha hecho énfasis, en este sentido, en que hay ciertos “derechos mínimos” que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por parte de las autoridades, con el fin de garantizar la digna subsistencia de las personas que se encuentran en tales circunstancias de vulnerabilidad. No desconoce, en todo caso, que hay ciertas restricciones materiales tales como el carácter limitado de los recursos y las dimensiones reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento que dificultan la completa satisfacción hasta el máximo nivel posible de los derechos constitucionales de la población desplazada. AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Reiteración de jurisprudencia/DESPLAZAMIENTO FORZADO Y AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Vulneración al mínimo vital La Corte Constitucional ha precisado que la ayuda humanitaria de emergencia es uno de los componentes prestacionales necesarios para la subsistencia de las personas víctimas de desplazamiento forzado que el Estado debe proporcionar a esta población. En este sentido, la Corte ha definido los derechos que se le deben garantizar a la población desplazada, dentro de los que se encuentra el derecho al mínimo vital. DERECHO FUNDAMENTAL A LA AYUDA HUMANITARIA-Vulneración por Acción Social al no suministrar las ayudas de manera integral, continua y oportuna PRORROGA DE LA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Declaración de inexequibilidad respecto del plazo de tres meses en sentencia C-278/07 DERECHO A LA IGUALDAD DE LOS DESPLAZADOS-Respeto de los turnos en la entrega de ayuda humanitaria pero informando una fecha cierta en la que la recibirán Esta Corporación ha entendido que por respeto del derecho a la igualdad de la población que se encuentra en situación de desplazamiento forzado, en principio, los turnos asignados por la Administración para la entrega de las ayudas deben ser respetados. También en otros ámbitos, la Corte ha sostenido esta tesis y ha recalcado la importancia de respetar los turnos establecidos para la realización de pagos o actividades de la Administración pública. Ello conlleva, en principio, la improcedencia de la acción de tutela para obtener la inmediata actuación de las instituciones responsables, de manera que el juez constitucional profiera una orden que implique saltarse los turnos preestablecidos. POBLACION DESPLAZADA-Suministro de información oportuna sobre sus derechos y acompañamiento de las autoridades para asegurar la protección que se les debe brindar DERECHO AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Agencia Presidencial para la Acción Social proceda a informar a miembros de Andicol la fecha precisa del desembolso de la ayuda humanitaria o su prórroga, según corresponda AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Orden a Agencia Presidencial para la Acción Social modifique su política de asignación de turnos para la entrega de la ayuda, tomando en cuenta grado de vulnerabilidad de los beneficiarios Referencia: expediente T-2777873 Acción de tutela interpuesta por la Asociación Nacional de Desplazados Indígenas y Campesinos de Colombia contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- Acción Social. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo adoptado en el asunto de la referencia, en la acción de tutela promovida por la Asociación Nacional de Desplazados Indígenas y Campesinos de Colombia contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- Acción Social. La acción de tutela de la referencia fue escogida para revisión por la Sala de Selección Número Diez, mediante Auto proferido el 14 de octubre de 2010. I. ANTECENDENTES El 12 de julio de 2010, Sara Juanias Ramírez, representante legal de la Asociación Nacional de Desplazados Indígenas y Campesinos de Colombia (en adelante Andicol), presentó acción de tutela en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (en adelante Acción Social), por considerar que dicha entidad ha omitido sus deberes con respecto a los representados por la organización tutelante, al haber dejado de entregar –en unos casos- o haberlo hecho interrumpidamente –en otros- las ayudas de atención humanitaria de emergencia, vulnerando de esta forma sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas. 1. Hechos 1.1. Sara Juanias Ramírez, representante legal de Andicol, afirma que los miembros afiliados a dicha organización se encuentran en situación de desplazamiento forzado y han sido todos, junto con sus grupos familiares, debidamente inscritos en el Registro Único de Población Desplazada.[1] El listado de integrantes de la asociación que presenta la peticionaria es el siguiente: - Alirio Barbosa - Flor Marina Lasso - Juan Carlos Silva Lasso - Luz Marina Díaz Briñez - Nancy Edith Sánchez - Wilser Huepa Ducuara - Julio César Garzón Cerquera - Luz Perla Calceto Navarro - María Rosario Tique Tique - Arnulfo Pérez Collazos - María del Carmen Poloche 1.2. Manifiesta la accionante que la mayor parte de los afiliados a la organización que representa son indígenas desplazados del departamento de Tolima y algunos de otros departamentos. Asimismo, indica que desde el momento en que tuvo lugar el desplazamiento, la entidad accionada no les ha entregado debidamente las ayudas humanitarias de emergencia, o las respectivas prórrogas de ésta en sus diversos componentes. 1.3. Señala que Acción Social se ha negado a prorrogar la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, o ha procedido a hacerlo pasados más de tres meses, lo que -de facto- constituye una vulneración de los derechos fundamentales de sus representados, toda vez que sus condiciones de vida no han mejorado y, por el contrario, en la mayoría de los casos ha resultado imposible la estabilización económica y el sostenimiento del grupo familiar, e incluso su estado de necesidad y sus condiciones de vulnerabilidad se han acentuado. 1.4. Adicionalmente, la peticionaria sostiene que Acción Social exige para la entrega de las ayudas que las personas demuestren su afiliación a una EPS del régimen subsidiado, lo que a su juicio constituye una conducta dilatoria sin sustento jurídico. 2. Respuesta de la entidad demandada La apoderada judicial de Acción Social intervino en el proceso para solicitar que se declarara la improcedencia de la acción de tutela. La entidad demandada dividió su respuesta en tres partes, como pasa a exponerse a continuación. 2.1. En primer lugar, la apoderada judicial hizo referencia al contenido de la información proporcionada a dicha institución en el trámite de la acción y al insumo técnico por medio del cual se recopila, según el asunto objeto de controversia. Sostuvo que, en concordancia con esto, debe tenerse en cuenta la situación de cada una de las personas en el Registro Único de Población Desplazada, la entrega de ayudas humanitarias, el proceso de caracterización para verificación de las condiciones de vulnerabilidad del hogar y, finalmente, el acceso a la oferta institucional de las entidades del sistema - estabilización socioeconómica. 2.2. En segundo lugar, Acción Social hizo una relación de las personas representadas por la tutelante en lo concerniente con su situación en el Registro Único de Población Desplazada. En la información suministrada por la entidad demandada, todos los representados aparecen incluidos en el mencionado registro, en calidad de jefes de hogar. De igual manera, informó que todas las personas que hacen parte del citado registro, han sido beneficiarias de las ayudas humanitarias, que fueron giradas a través de diversas sucursales del Banco Agrario. Al respecto, Acción Social registró los valores recibidos por los accionantes, y discriminó cuáles de ellos han recibido asistencia alimentaria y cuáles ayudas para alojamiento.[2] La información fue sintetizada en los siguientes cuadros: Ayudas humanitarias NOMBRE PROG APE 1 PROG APE 2 PROG NUM. PAGOS BANCO VALOR PAGOS BANCO FMAX PAGOS BANCO ALIRIO BARBOSA 6 2’275.000 25- nov-09 ARNULFO PÉREZ COLLAZOS 2 975.000 11-feb-10 FLOR MARINA LASSO 2 325.000 29-jul-09 LUZ MARINA DÍAZ BRIÑEZ 4 3’640.000 08-mar-10 LUZ PERLA CALCELTO NAVARRO 3 1’960.000 17-nov-09 MARÍA DEL CARMEN POLOCHE 3 2’130.000 08-mar-10 MARÍA ROSARIO TIQUE TIQUE 2 1’195.000 19-abr-10 WILSER HUEPA DUCUARA 1 215.000 16-abr-08 Asistencia alimentaria NOMBRE PROG APE 1 PROG APE 2 PROG CANT. ALIMENTOS VAL. ALIMENTOS FMAX ALIMENTOS ALIRIO BARBOSA 7 954.929 28-nov-07 LUZ MARINA DÍAZ BRIÑEZ 1 350.000 18-feb-09 LUZ PERLA CALECTO NAVARRO 3 873.195 12-abr-07 MARÍA ROSARIO TIQUE TIQUE 13 398.080 17-abr-07 NANCY EDITH SÁNCHEZ 3 833.160 23-feb-07 WILSER HUEPA DUCUARA 1 215.000 21-ene-09 Ayudas para alojamiento NOMBRE PROG APE 1 PROG APE 2 PROG CANT. ALOJAMIENTO VAL. ALOJAMIENTO FMAX ALOJAMIENTO ALIRIO BARBOSA 7 930.000 29-nov-07 FLOR MARINA LASSO 6 640.000 21-ene-05 LUZ PERLA CALCETO NAVARRO 1 390.000 27-feb-07 MARÍA ROSARIO TIQUE TIQUE 12 990.000 27-jun-06 NANCY EDITH SÁNCHEZ 1 390.000 20-dic-06 2.3. En tercer lugar, la entidad demandada se refirió a la estabilización socioeconómica, haciendo alusión a los diversos ciclos de desarrollo de la política de generación de ingresos. Puntualizó que éstos se encuentran en cabeza de diversas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, sin que pueda considerarse que Acción Social es la única responsable de dicha política, pues a cada una de las entidades que conforman la red interinstitucional corresponde asumir los asuntos de su competencia dentro del mismo. 3. Sentencia de instancia Por sentencia de 22 de julio de 2010, el Juzgado Treinta y Uno (31) Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, resolvió negar el amparo solicitado. El juez de única instancia indicó que, a pesar del carácter informal de la acción de tutela, ésta impone ciertas exigencias formales para su procedencia. Consideró en este sentido, que en el presente caso no estaba probada la situación de incapacidad de alguno de los miembros afiliados a Andicol, que les impidiera interponer personalmente la solicitud de amparo constitucional, como tampoco el poder por ellos conferido a dicha organización. En consideración a que, a su juicio, cada una de las personas representadas tenía capacidad para acudir por sí misma ante el juez de tutela, en aras de hacer respetar sus derechos fundamentales, concluyó que la organización que representa a las personas desplazadas en este caso, no tiene legitimidad en la causa por activa, por lo cual el amparo solicitado resulta improcedente. II. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Remitido el expediente a esta Corporación, mediante auto del 14 de octubre de 2010, la Sala de Selección Número Diez dispuso su revisión por la Corte Constitucional. Pruebas decretadas en el trámite de revisión 1.1. Por medio de auto del 11 de febrero de 2011, el Despacho ordenó oficiar a Andicol para que se pronunciara, de manera discriminada, respecto de cada una de las personas representadas en el presente caso, sobre los siguientes aspectos: 1. Composición de cada uno de los grupos familiares de las personas representadas por la organización en la presente tutela. 2. Ayudas solicitadas y efectivamente entregadas y recibidas en cada uno de los casos. 3. Situación actual de cada uno de los accionantes y de su grupo familiar, en relación con aspectos como alojamiento, alimentación, atención en salud, educación y forma de subsistencia. 4. Información de cada una de las personas representadas en la presente acción de tutela y de su grupo familiar, en relación con situaciones de especial vulnerabilidad, como personas en condición de discapacidad, entre otras. 1.2. De igual manera, el Despacho solicitó a Acción Social pronunciarse, de forma discriminada, respecto de cada una de las personas a favor de quienes se solicita el amparo, en relación con los siguientes aspectos: 1. El turno asignado y el tiempo estimado de atención y de entrega de los diversos componentes de la ayuda humanitaria, de conformidad con la evaluación sobre situación de vulnerabilidad de cada una de las personas representadas y su grupo familiar. 2. La situación de vulnerabilidad, asistencia, entrega y recepción de ayudas de Juan Carlos Silva Lasso y Julio César Garzón Cerquera, ya que de ellos no se obtuvo información en la contestación de la acción de tutela. 1.3. Ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información por parte de la asociación accionante, Andicol, como de la entidad demandada, Acción Social, la Sala Primera de Revisión decidió, mediante auto del 1 de marzo de 2011, requerir de nuevo la información solicitada en el auto inicial a las dos partes dentro de la presente acción de tutela, así como decretar la suspensión de términos en el proceso de la referencia, para facilitar el envío de las pruebas requeridas nuevamente. 1.4. La apoderada judicial de Acción Social, por oficio allegado a la Secretaría General de esta Corporación el 14 de marzo de 2011, respondió al requerimiento elevado por la Sala Primera de Revisión. Lo hizo en los siguientes términos: 1.4.1. Para empezar, aclaró que los ciudadanos Juan Carlos Silva Lasso y Julio César Garzón Cerquera, actores en la presente acción de tutela, y de quienes no se tenía información inicialmente, se encuentran efectivamente incluidos en el Registro Único de Población Desplazada, junto con sus respectivos grupos familiares, y que ostentan la calidad de jefes de hogar. 1.4.2. A continuación, Acción Social describió los procedimientos adelantados en relación con los representados por Andicol. En primer lugar, señaló que adelantó la valoración del estado de vulnerabilidad a través de la caracterización de los núcleos familiares. El procedimiento de caracterización, precisó la entidad, “consiste en analizar los beneficios otorgados por las diferentes entidades que integran el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-, así como las necesidades del núcleo familiar, con el fin de inscribirlos en los programas que les permitan alcanzar su autosostenimiento y en especial que la población en condiciones de desplazamiento obtenga el goce efectivo de los derechos constitucionales y legales.”[3] Su implementación -puntualizó la apoderada judicial-, obedeció a un esfuerzo de la entidad con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional, pues uno de los aspectos preocupantes, destacado en el Auto 218 de 2006, fue justamente el de los rezagos en cuanto a las actividades de registro y caracterización de la población desplazada. 1.4.3. Más adelante, la apoderada judicial informó que el siguiente procedimiento que adelantó la entidad en relación con los peticionarios de Andicol fue el de asignación de turnos. Destacó que, según el artículo 15 de la Ley 962 de 2005, sobre el derecho de turno, “cuando se trate de pagos que deba atender la Administración Pública, los mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestal”, de lo cual se deriva la dificultad de presentar una fecha exacta para la entrega de la prórroga de la atención humanitaria, “ya que de ser así ACCIÓN SOCIAL cierra la posibilidad de garantizar la entrega prioritaria a aquella población que se encuentra dentro de los grupos de especial protección y que cumplan varias de las condiciones reconocidas por la Corte Constitucional y que por ende requieren atención prioritaria en los términos del auto 005 de 2009.”[4] 1.4.4. Informó la entidad que para la caracterización y subsiguiente entrega de turno tiene en cuenta los siguientes criterios: (i) jefatura de hogar (femenina 20% - masculina 5%); (ii) discapacidad (del solicitante 20% - de personas en el hogar 10%); (iii) adulto mayor (el jefe 15% - hogar 5%); (iv) etnia 5%; (v) menores en el hogar 10%. Agregó que, al establecer dichos parámetros, la entidad acata las órdenes proferidas por la Corte Constitucional y, por ello, no debe alterarlos, so pena de vulnerar los derechos de la población desplazada que se encuentra dentro de los grupos de especial protección. De conformidad con lo anterior, hizo énfasis en que la acción de tutela resulta improcedente para alterar el orden de asignación de turnos para la entrega de la ayuda humanitaria y la prórroga de la misma, mediante la inaplicación de la normatividad que rige tales procedimientos. La apoderada judicial, señaló que tal alteración atenta contra el principio de igualdad, más cuando se ha llevado a cabo previamente un riguroso estudio de caracterización de los grupos familiares de la población en situación de desplazamiento forzado interno. 1.4.5. Finalmente, informó que Julio César Garzón Cerquera presenta el turno 1-d2039 generado el 17 de febrero de 2011, girado el 18 de febrero de 2011 por concepto de prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia. Igualmente, indicó que al señor Juan Carlos Silva Lasso, le fue asignado el turno 1-c4558, generado el 17 de febrero de 2011 y girado el 18 de febrero del mismo año. No obstante, guardó silencio en relación con las fechas de los turnos asignados y las fechas de entrega de las prórrogas de la ayuda humanitaria de todos los demás miembros de Andicol que figuran como peticionarios en la presente acción de tutela. 1.5. Por su parte, Andicol, a través de su representante legal, allegó a la Secretaría General de la Corte Constitucional un oficio recibido el 5 de abril de 2011, con un cuadro adjunto que contiene la siguiente información sobre los miembros de Andicol que solicitan el amparo: 1. Alirio Barbosa (declarante) · Su grupo familiar está conformado por su esposa y sus tres hijos, uno de los cuales fue asesinado. · Ha solicitado la ayuda humanitaria 5 veces y ha recibido 4 (una de éstas incompleta). · El grupo familiar vive en un hogar de paso y está a la espera del subsidio distrital de vivienda. · La alimentación del núcleo familiar proviene de “solidaridad”. · Está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, a través de Caprecom EPS, al igual que su esposa y uno de sus hijos. Su hija tiene carta de desplazada para acceder a la atención en salud. · Ni el señor Barbosa ni su esposa tienen educación. Sus hijos no estudian actualmente y no terminaron la educación básica primaria. · Derivan su subsistencia de “solidaridad”. · El ciudadano Alirio Barbosa tiene una discapacidad consistente en pérdida de la visión. 2. Flor Marina Lasso (declarante) · A su núcleo familiar pertenece un hijo menor de edad. · Ha solicitado la ayuda humanitaria 3 veces y ha recibido 2. · El grupo familiar vive en arriendo y está en proceso de compra de la vivienda. · La fuente de subsistencia de la señora Lasso y de su hijo menor, es su trabajo en oficios varios. · Las dos personas que integran el grupo familiar tienen carta de desplazados para acceder a la atención en salud. · El hijo de la ciudadana Lasso cursa actualmente el grado 7°. · La señora Flor Marina Lasso es madre cabeza de familia. 3. Juan Carlos Silva Lasso (declarante) · Su grupo familiar está conformado por su abuela y su abuelo. · Ha solicitado la ayuda humanitaria 3 veces y no la ha recibido en ninguna ocasión. · El grupo familiar vive en arriendo y está a la espera de convocatoria para vivienda. · La fuente de subsistencia del señor Silva Lasso y de sus abuelos proviene de su desempeño ocasional en oficios varios en una pollería, a pesar de encontrarse desempleado. · Los tres miembros del núcleo familiar tienen carta de desplazados para acceder a la atención en salud. · Juan Carlos Silva Lasso estudió hasta 5° de primaria. · Los abuelos del declarante pertenecen a la tercera edad. 4. Luz Marina Díaz Briñez (declarante) · Su núcleo familiar está conformado por su compañero permanente, sus siete hijos y dos nietos. · Ha solicitado la ayuda humanitaria en 5 ocasiones y se la han entregado 4. · Viven en arriendo y se encuentran a la espera de convocatoria para vivienda. · Obtienen la alimentación de “la solidaridad en las plazas de mercado (abastos) y en el matadero”. Uno de los nietos y una hija de la señora Díaz Briñez reciben la ayuda del Programa DIA del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. · La señora Díaz Briñez se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, a través de la EPS Colsubsidio; su compañero está afiliado a la EPS Saludcoop; uno de los nietos a una EPS, de la cual no se especifica el nombre; y una de las hijas, a la EPS Mutualser. Los demás miembros del núcleo familiar tienen carta de desplazados para acceder a la atención en salud. · La subsistencia del grupo familiar depende del trabajo por días en tala de árboles que desempeña el compañero permanente de la declarante. · Dos de las hijas de la ciudadana Díaz Briñez ostentan la calidad de madres cabeza de familia y uno de sus nietos padece una enfermedad no diagnosticada que le produce convulsiones y le impide caminar. 5. Nancy Edith Sánchez (declarante) · Su núcleo familiar está conformado por su esposo, sus cinco hijos, su nuera y un nieto. · Ha recibido 2 ayudas. · Viven en arriendo y en la actualidad se encuentran en estado “calificado” para el subsidio de vivienda. · Su manutención se deriva del trabajo que desempeña la señora Sánchez por días en casa de familia, así como del salario que obtiene uno de sus hijos por hacer turnos como empacador. El nieto recibe una ayuda de nutrición de Familias en Acción Programa DIA del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tres de los hijos también reciben bono del programa Familias en Acción. · Todos los integrantes del núcleo familiar se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, a través de la EPS Caprecom. 6. Wilser Huepa Ducuara (declarante) · Su núcleo familiar está integrado por su esposa y sus tres hijas. · Ha solicitado la ayuda humanitaria en 3 ocasiones y ha recibido 2 de ellas. · Viven en arriendo y en la actualidad se encuentran en espera de convocatoria de vivienda. · Derivan su sustento de la labor que lleva a cabo el declarante en construcción y del trabajo por días en casa de familia con que cuenta su esposa. · Todos los integrantes del núcleo familiar se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, a través de la EPS Salud Total. · Las tres hijas del señor Huepa Ducuara se encuentran actualmente escolarizadas. 7. Julio César Garzón Cerquera (declarante) · Su núcleo familiar está integrado por su esposa, su hijo, su madre (recientemente fallecida), su hermana y su sobrino. · Ha solicitado la ayuda humanitaria en 3 ocasiones y ha recibido 2 de ellas. · Viven en arriendo y en la actualidad se encuentran en espera de convocatoria de vivienda. · Derivan su sustento del trabajo por días en casa de familia con que cuenta su esposa y el trabajo como independiente que desempeña su hermana. · Él, su esposa y su hijo tienen carta de desplazados para acceder a la atención en salud. Su hermana y su sobrino están afiliados a la EPS Caprecom. · El sobrino del declarante recibe educación en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. · El señor Garzón Cerquera se encuentra privado de la libertad. Su esposa y su hermana son madres cabeza de familia. 8. Luz Perla Calceto Navarro (declarante) · Su núcleo familiar está integrado por sus dos hijos y cuatro nietos. · Ha solicitado la ayuda humanitaria en 4 ocasiones y ha recibido 2 de ellas. · Viven en arriendo y en la actualidad se encuentran en espera de convocatoria de vivienda. · Derivan su sustento del trabajo como recicladora de la señora Calceto Navarro. · Todos los miembros del grupo familiar cuentan con la carta de desplazados para obtener atención en salud. No obstante, al no poder acceder a dichos servicios, se vieron obligados a pedir traslado al SISBÉN nivel 1. · Sus nietos y su hijo menor de edad, están escolarizados. · La ciudadana Calceto Navarro es madre cabeza de familia. 9. María Rosario Tique Tique (declarante) · Su grupo familiar está conformado por sus dos hijos y su hermana. · Ha solicitado la ayuda humanitaria 4 veces y la ha recibido en 2 oportunidades. · Viven en arriendo y en la actualidad están gestionando la compra de la casa, ya que cuentan con dos subsidios. · Derivan su sustento del trabajo como empleada doméstica que tiene la señora Tique Tique. · Todos los miembros del grupo familiar están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, a través de la EPS Salud Total. · Sólo uno de los hijos se encuentra escolarizado y la hermana estudia en el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-. · La declarante es madre cabeza de familia. 10. Arnulfo Pérez Collazos (declarante) · Su grupo familiar está conformado por su compañera permanente, sus dos hijos y el hijo de su compañera. · Ha solicitado la ayuda humanitaria 5 veces y la ha recibido 3. · Viven en arriendo y en la actualidad se encuentran a la espera de convocatoria para subsidio de vivienda. · Derivan su sustento del trabajo por días en construcción que tiene el señor Pérez Collazos, y de los trabajos domésticos (lavado y planchado de ropa) que desempeña su compañera. · Todos los miembros del grupo familiar cuentan con la carta de desplazados para acceder al servicio de atención en salud. · Dos de los hijos se encuentran escolarizados, terminando el bachillerato. 11. María del Carmen Poloche (declarante) · Su grupo familiar está integrado por su esposo, su hijo y su hija menor de edad. · Ha solicitado la ayuda humanitaria 3 veces y la ha recibido en 2 oportunidades. · Viven en arriendo. Hizo la solicitud para subsidio de vivienda, pero no salió calificada. · La alimentación la obtienen de “solidaridad en las plazas”. · Todos los miembros del grupo familiar cuentan con la carta de desplazados para acceder al servicio de atención en salud. · Derivan su sustento del trabajo como vendedora de dulces que tiene la ciudadana Poloche. Al final del cuadro en el que la representante legal de Andicol consigna la información de manera discriminada sobre cada uno de los asociados, aparece la siguiente nota aclaratoria: “Hacemos la aclaración que todas las personas en repetidas ocasiones han realizado la gestión de solicitud de las prórrogas de ayudas humanitarias tanto personalmente en las oficinas de las UAOs y por vía telefónica. Y la respuesta que obtienen es la asignación de un código cuyo funcionamiento u operatividad se desconoce”. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico 2.1. La asociación Andicol, por intermedio de su representante legal, interpuso acción de tutela contra Acción Social por considerar que dicha entidad ha desconocido su deber de asistencia a las personas desplazadas que conforman la asociación. Así, la peticionaria sostiene que la entidad no ha entregado de manera integral ni puntual las ayudas humanitarias de emergencia o sus respectivas prórrogas al grupo de desplazados que representa, con la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas. Por su parte, Acción Social afirma que no ha incumplido con la entrega de las ayudas humanitarias de emergencia a los miembros de Andicol, y que es atentatorio del derecho a la igualdad de las demás personas que se encuentran también en condición de desplazamiento forzado interno, pretender alterar el orden de los turnos por este medio. Adicionalmente, allegó una relación de las ayudas otorgadas a los miembros de la asociación tutelante. No obstante, omitió informar sobre la fecha de asignación de turnos, así como de entrega de la última prórroga de ayuda humanitaria. Frente a esto, el juez de instancia declaró improcedente la acción de tutela por considerar que no se cumplió el requisito de legitimidad en la causa por activa. La razón que esgrimió la autoridad judicial consistió en que no se había demostrado que los interesados, es decir, los miembros de la asociación Andicol, tuvieran algún tipo de impedimento para acudir personalmente ante el juez constitucional a solicitar el amparo de los derechos que consideran conculcados. 2.2. Así las cosas, de acuerdo con los antecedentes reseñados, esta Sala de Revisión debe responder a las siguientes cuestiones: (i) ¿el retraso por parte de la administración en la entrega efectiva de la prórroga de la ayuda humanitaria a favor de las víctimas de desplazamiento forzado interno, es vulneratorio de los derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de este grupo de especial protección constitucional?; y (ii) ¿la falta de información sobre una fecha cierta de entrega de la ayuda humanitaria o sus prórrogas, dentro de un plazo oportuno y razonable configura una violación del derecho fundamental a la información, así como un obstáculo para el goce efectivo de los derechos constitucionales que se ven afectados por la misma condición de desplazamiento de este grupo poblacional? Surge un problema adicional que debe ser resuelto en primer lugar por esta Sala de Revisión, y es el atinente a la legitimación de la asociación Andicol para interponer la presente acción de tutela en representación de sus miembros. Para efectos de resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala seguirá el siguiente esquema: (i) en primer lugar se ocupará del tema relativo a la procedencia de la acción de tutela en caso de que el representante legal de una asociación de desplazados, agencie los derechos de sus miembros; (ii) con posterioridad, estudiará la especial desprotección a que se ve expuesta la población desplazada por la violencia en materia de derechos fundamentales y la protección especial que el Estado debe brindar a esta colectividad, con el fin de garantizar sus derechos mínimos; (iii) en seguida, hará referencia al derecho de la población desplazada a conocer una fecha cierta, dentro de un término razonable y oportuno para el pago de la ayuda humanitaria de emergencia y sus prórrogas, de conformidad con los turnos establecidos por la Administración; y, (iii) finalmente analizará el caso concreto a la luz de los anteriores elementos. 3. Procedibilidad de la acción de tutela. La agencia oficiosa en los casos de tutelas interpuestas por el representante legal de una asociación de desplazados como agente oficioso de sus miembros 3.1. El requisito de legitimidad en la causa por activa en la acción de tutela se encuentra regulado, en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Esta disposición señala que la acción de tutela puede ser interpuesta, en nombre propio, por cualquier persona que considere que una actuación u omisión del Estado o de los particulares vulnera o amenaza sus derechos fundamentales. No obstante, la norma abre también la posibilidad de instauración de esta acción constitucional por parte de un tercero con interés legítimo para solicitar el amparo de los derechos de otra. Esta Corporación ha sostenido que esta situación se presenta cuando: (i) la tutela es ejercida por el representante legal del titular de los derechos, por ejemplo, quienes representan a los menores de edad,[5] los incapaces absolutos, los interdictos[6] y las personas jurídicas;[7] (ii) se actúa en calidad de apoderado judicial;[8] (iii) se actúa como agente oficioso de un tercero, debido a la imposibilidad de este último para llevar a cabo la defensa de sus derechos por su propia cuenta, como sería el caso de una persona con incapacidad física y mental, indigente, o enferma grave;[9] se trata de una acción de tutela presentada por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.[10] Las anteriores exigencias a fin de que se vea satisfecho el requisito de procedibilidad de esta acción constitucional por legitimación por activa, obedecen a que, si bien se trata de un mecanismo regido por la informalidad, debe acreditarse, como mínimo, que quien la interpone tenga un interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo que eleva ante el juez constitucional. 3.2. En relación con el asunto que ocupa a la Sala Primera de Revisión, es importante subrayar que en el caso de la población desplazada, el amparo de sus derechos amenazados o vulnerados por vía de acción de tutela, puede ser invocado por terceras personas con interés legítimo en la defensa de los mismos. Así lo dejó claro esta Corporación en sentencia T-025 de 2004,[11] puntualmente en lo que tiene que ver con la legitimidad de las asociaciones de desplazados para presentar en nombre de sus miembros la acción de tutela, siempre y cuando reúnan ciertos requisitos que aseguren que la acción es presentada con el consentimiento de los afectados y con el propósito de favorecer el goce efectivo de sus derechos. La Corte señaló expresamente: “Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad‑, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas. Es por ello que las asociaciones de desplazados, que se han conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados. Tales organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de sus miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga a través de su representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante una lista o un escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre.” 3.3. Esta Sala concluye, de conformidad con lo anteriormente expuesto, que no asiste la razón al juez constitucional de única instancia en el presente caso, al declarar improcedente la acción de tutela por ausencia del requisito de legitimidad en la causa por activa. En efecto, el juez consideró que no se cumplía tal requisito con la interposición de la acción constitucional por la representante legal de Andicol, como agente oficiosa de los miembros de la asociación. Con todo, como quedó establecido, dichas asociaciones cuentan con legitimidad para agenciar los derechos de las personas en situación de desplazamiento que en ellas se agrupan, siempre y cuando (i) se actúe a través del representante legal; (ii) se individualice el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y (iii) no se evidencie a partir del recaudo probatorio que el agenciado no quiere que la acción se eleve en su nombre, elementos todos, que se cumplen en este caso. En efecto, (i) quien interpone la acción de tutela es la señora Sara Juanias Ramírez, quien es la representante legal de la asociación Andicol;[12] (ii) los miembros de la asociación en cuya representación se eleva la solicitud de amparo constitucional aparecen claramente identificados mediante un listado consignado en el escrito de tutela y, además, esta información se encuentra respaldada por la copia de los documentos de identificación de cada uno de ellos y de los integrantes de sus grupos familiares;[13] (iii) ninguno de los agenciados hizo manifestación alguna de no querer que la acción se interponga en su nombre, ni existe ninguna evidencia dentro de las pruebas disponibles de tal ausencia de voluntad. En razón de lo anterior, esta Sala entrará a estudiar de fondo el presente asunto. 4. La especial desprotección a que se ve expuesta la población desplazada por la violencia en materia de derechos fundamentales 4.1. La población que se ha visto forzada a abandonar su entorno por amenazas contra su vida o su integridad personal por parte de los grupos armados al margen de la ley, constituye un grupo particularmente vulnerable. La situación de destierro forzado a la que estas personas se ven sometidas con el fin de salvaguardar su integridad, lesiona gravemente sus derechos fundamentales y conlleva consecuencias especialmente negativas en materia de satisfacción de derechos como el mínimo vital. Tales circunstancias de vulnerabilidad manifiesta, derivadas de la situación de violencia que origina el desplazamiento y agravadas por las precarias condiciones socio-económicas en las que se ven inmersas las víctimas del fenómeno del desplazamiento interno en el país al tener que movilizarse fuera de su entorno habitual y enfrentarse a la marginación y a la discriminación, a la falta de empleo y de vivienda, exigen del Estado todas las actuaciones necesarias para garantizar la materialización de los derechos fundamentales de los desplazados, así como unas condiciones mínimas de vida digna para ellos. En dicho marco, esta Corporación sostuvo, mediante sentencia T-025 de 2004,[14] que existe una obligación del Estado de corregir las desigualdades sociales, así como de facilitar la inclusión y participación de los sectores más marginados y vulnerables de la población en la vida social, económica y política del país y que para ello es preciso adelantar todas las actividades necesarias, a fin de lograr una mejora progresiva de las condiciones materiales de existencia de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La Corte ha hecho énfasis, en este sentido, en que hay ciertos “derechos mínimos” que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por parte de las autoridades, con el fin de garantizar la digna subsistencia de las personas que se encuentran en tales circunstancias de vulnerabilidad. No desconoce, en todo caso, que hay ciertas restricciones materiales tales como el carácter limitado de los recursos y las dimensiones reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento que dificultan la completa satisfacción hasta el máximo nivel posible de los derechos constitucionales de la población desplazada. Subraya, con todo, que los siguientes derechos mínimos no pueden ser desconocidos y deben ser garantizados por la Administración: “i) derecho a ser registrados como desplazados, solos o con su núcleo familiar, ii) derecho a ser tratado como un sujeto de especial protección por el Estado, iii) derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más[15], ayuda que comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable, b) alojamiento y vivienda básicos, c) vestido adecuado, y d) servicios médicos y sanitarios esenciales, iv) derecho a que se les entregue el documento que los acredita como inscritos en una entidad promotora de salud, a fin de garantizar su acceso efectivo a los servicios de atención en salud, v) derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se les pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional, vi) derecho a que se identifiquen, con su plena participación las circunstancias específicas de su situación personal y familiar para definir, mientras no retorne a su lugar de origen, cómo pueden trabajar con miras a generar ingresos que le permita vivir digna y autónomamente, vii) derecho si son menores de 15 años, a acceder a un cupo en un establecimiento educativo, y, viii) como víctimas de un delito, tienen todos los derechos que la Constitución y las leyes les reconocen por esa condición para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una reparación”.[16] 4.2. El Estado colombiano ha implementado algunas medidas enderezadas a la protección y atención integral para las personas que se encuentran en situación de desplazamiento por la violencia. Dentro de ese marco, se encuentra la Ley 387 de 1997, la cual estipula claramente que el Estado tiene la responsabilidad de formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención, aplicación, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de este colectivo de especial protección constitucional.[17] Para ello fue creado el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, compuesto por una serie de instituciones con competencias en diversas áreas referidas al diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a este sector.[18] No obstante, como consecuencia de la falta de efectividad del sistema así creado, mediante sentencia T-025 de 2004, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva y continuada de los derechos fundamentales de la población desplazada, “debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado”. Impartió, pues, una serie de órdenes con el fin de solventar esa grave situación. Más adelante, y a pesar de las órdenes impartidas en la citada sentencia, por Auto 008 de 2009, esta Corporación declaró la persistencia del estado de cosas inconstitucional frente a la atención de la población desplazada. 5. La ayuda humanitaria de emergencia para la población en situación de desplazamiento. Reiteración de Jurisprudencia. 5.1. La Corte Constitucional ha precisado que la ayuda humanitaria de emergencia es uno de los componentes prestacionales necesarios para la subsistencia de las personas víctimas de desplazamiento forzado que el Estado debe proporcionar a esta población. En este sentido, la Corte ha definido los derechos que se le deben garantizar a la población desplazada, dentro de los que se encuentra el derecho al mínimo vital. Sobre este punto ha señalado: “El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.”[19] También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno”.[20] 5.2. Asimismo, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, en relación con las normas que definen el alcance y contenido de dichas ayudas.[21] En tal sentido, ha sostenido esta Corporación que la citada ayuda debe ser entregada con criterios de oportunidad y efectividad, sin que las personas que tienen el derecho a ella, sean sometidas a trámites dilatorios que hagan ineficaz la prestación efectiva de la ayuda, pues la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran, impone sobre el Estado la obligación de brindar un trato especial. En efecto, en la Sentencia T- 704 de 2008, la Corporación al tratar el tema de la ayuda humanitaria dijo lo siguiente: “(…) En la sentencia T-025 de 2004, la Corte indicó que la entrega de la ayuda humanitaria hace parte del catálogo de derechos mínimos de la población desplazada, pues constituye una manifestación del derecho fundamental al mínimo vital.” En relación con la ayuda humanitaria de emergencia y la prórroga de la misma, en sentencia C-278 de 2007,[22] esta Corporación precisó: “(…) la ayuda humanitaria no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable. Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad que atosiga a la población afectada, particularmente en esa primera etapa de atención, en la cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la ejecución de programas serios y continuados de estabilización económica y social”, por lo que dicha ayuda deberá entregarse y prorrogarse hasta que la persona desplazada esté en condiciones de asumir su autosostenimiento.[23] 5.3. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria de emergencia que deben recibir sujetos de especial protección, la Corte ha señalado una serie de pautas tendientes a garantizar los derechos fundamentales de esta población de manera inmediata y acorde a sus necesidades especiales, tal como lo señala el numeral 2º del 4º principio rector de los desplazamientos internos: “(…) Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales”. En efecto, en la sentencia T-025 de 2004, la Corte indicó que existen dos grupos de personas desplazadas que por sus especiales condiciones tienen derecho a recibir ayuda humanitaria de emergencia durante un período de tiempo mayor al que fijó la ley: “se trata de (a) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) quienes no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica, como es el caso de los niños que no tengan acudientes y las personas de la tercera edad quienes por razón de su avanzada edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad de generar ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad”.”.[24] En conclusión, considera la Sala que las personas en condición de desplazamiento, tienen derecho a que el Estado les brinde un trato especial, que se concreta en uno de sus aspectos en el derecho a recibir la ayuda humanitaria de emergencia. Dicha ayuda, conforme los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corporación, debe ser entregada oportunamente, efectivamente y sin que las personas que a ella tienen derecho sean sometidas a trámites dilatorios injustificados. 6. Sobre el derecho a la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia 6.1. La Corte Constitucional ha dicho que es preciso tener en cuenta que toda persona en situación de desplazamiento tiene derecho a una ayuda humanitaria de emergencia por un término de tres (3) meses, prorrogable (parágrafo único, artículo 15 de la Ley 387 de 1997). Esa ayuda tiene el propósito de contribuir a que las personas, víctimas del desplazamiento forzado, satisfagan sus necesidades básicas más elementales de “(…) alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas” (artículo 15, inciso 1°, Ley 387 de 1997).[25] 6.2. En su versión original, el derecho a la prórroga de la asistencia humanitaria sólo podía darse una sola vez, por un término de otros tres meses.[26] Esa prórroga era sumamente excepcional, pues de acuerdo con el Decreto 2569 de 2000, sólo podía concederse cuando se estuviera ante alguno de los siguientes supuestos: (i) que en el hogar, uno cualquiera de sus miembros tuviera discapacidad física o mental, parcial o total, debidamente certificada por las entidades prestadoras de salud en atención humanitaria y de emergencia; (ii) que la jefatura del hogar fuera femenina, o masculina mayor de 65 años y así apareciera reportado en la declaración; (iii) que alguno cualquiera de los miembros de la familia sufriera enfermedad terminal, debidamente certificada por las entidades prestadoras de salud en atención humanitaria y de emergencia; o (iv) que a juicio de Acción Social se presentara una situación de parecida gravedad a las enunciadas, aun cuando no estuviera expresamente señalada en el Decreto.[27] 6.3. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad tanto del límite temporal en la concesión de las ayudas, como de las hipótesis en las cuales es procedente otorgarlas. En cuanto al tiempo durante el cual se pueden entregar las ayudas, la Corte en la sentencia C-278 de 2007 declaró inexequibles las expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres [meses] más” debido a que contrariaban la Constitución.[28] Por consiguiente, el parágrafo precitado quedó así: “[p]arágrafo. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio de tres meses, prorrogables”. 6.4. Por lo demás, el aparte normativo restante del parágrafo fue declarado exequible “en el entendido que el término de la atención humanitaria de emergencia previsto en esa disposición será prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su autosostenimiento”. Ahora bien, en cuanto se refiere a las hipótesis en las cuales es posible conceder la prórroga, la Corte Constitucional señaló en la sentencia T-025 de 2004, que debía concederse a las siguientes personas que además sean desplazadas por la violencia: “(a) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) quienes no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica, como es el caso de los niños que no tengan acudientes y las personas de la tercera edad quienes por razón de su avanzada edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad de generar ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad”. 7. El derecho a la igualdad de los desplazados en el pago de la ayuda humanitaria de emergencia y sus prórrogas. El deber de la Administración de informar una fecha cierta dentro de un plazo oportuno y razonable Esta Corporación ha entendido que por respeto del derecho a la igualdad de la población que se encuentra en situación de desplazamiento forzado, en principio, los turnos asignados por la Administración para la entrega de las ayudas deben ser respetados. 7.1. También en otros ámbitos, la Corte ha sostenido esta tesis y ha recalcado la importancia de respetar los turnos establecidos para la realización de pagos o actividades de la Administración pública. Ello conlleva, en principio, la improcedencia de la acción de tutela para obtener la inmediata actuación de las instituciones responsables, de manera que el juez constitucional profiera una orden que implique saltarse los turnos preestablecidos. Esta Corporación ha señalado que “no existe criterio razonable que justifique darle prioridad a alguna en especial, ya que en similares condiciones no puede haber trato diferencial”.[29] Así, por ejemplo, ha sostenido que se debe respetar los turnos de entrega de auxilios para ancianos indigentes.[30] Bajo estos lineamientos, en sentencia T-814 de 2005[31] la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una accionante de 91 años de edad, con un puntaje SISBEN de 8 y sin pensión que le permitiera subsistir, quien había solicitado a la Alcaldía de Bogotá el reconocimiento del auxilio previsto para los adultos mayores en situación de indigencia. La Alcaldía Mayor informó que la asignación del subsidio de subsistencia dependía de criterios de focalización y de los recursos disponibles para la inversión. En este caso, la Corte sostuvo lo siguiente: “[…] las personas que aspiran a ser beneficiarias de los recursos del sistema se seguridad social provenientes de la subcuenta de subsistencia deben cumplir una serie de requisitos que serán verificados y evaluados por las autoridades encargadas de reconocer tales auxilios. “En concordancia con lo anterior, los procesos de reconocimiento y asignación de los subsidios deben tramitarse respetando la igualdad y el debido proceso de quienes han solicitado las prestaciones que ofrece el sistema de seguridad social”. Y agregó que “para responder una solicitud referente al auxilio para personas ancianas como la elevada por la peticionaria, las autoridades deben respetar el debido proceso administrativo y el principio de igualdad -numeral 4.2.2.- de las consideraciones de este fallo. Por ende, la respuesta de fondo no podía consistir en la decisión sobre el reconocimiento inmediato de la prestación por ella solicitada. De manera contraria, le correspondía a la administración informarle acerca de los requisitos que debía acreditar con el fin de que su solicitud fuera tramitada en igualdad de condiciones que la de otras personas en su misma situación”. A partir de lo cual concluyó la Sala que al haber reunido la documentación necesaria para acceder al subsidio la peticionaria entraría a formar parte de la lista de espera para acceder a la prestación económica solicitada “situación que es compatible tanto con el principio de debido proceso administrativo como con el principio de igualdad que informan los procesos de distribución de bienes escasos”. 7.2. De igual manera, la Corte Constitucional ha abordado el tema del respeto de turnos en el caso de listas de espera para la realización de exámenes de ADN dentro de los procesos de filiación. Si bien se ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la personalidad jurídica de los menores, se ha sostenido que los turnos en la realización de tal examen deben ser estrictamente respetados, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de las demás personas a quienes les ha sido asignado un turno. No obstante, en lo que sí ha hecho especial énfasis esta Corporación es en el deber de la institución responsable de informar la fecha en la cual se realizará tal examen, respetando los turnos, pero dentro de un término razonable y oportuno.[32] 7.3. La misma doctrina jurisprudencial ha sido aplicada en el caso de los turnos para la entrega de ayudas a la población en situación de desplazamiento forzado. En sentencia T-1161 de 2003[33] la Corte revisó el caso de un ciudadano que se encontraba en esta situación y en cuya virtud había acudido a la Red de Solidaridad Social en busca de ayuda económica, sin haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de dicha entidad. La tutela iba encaminada, entonces, a lograr que la Red de Solidaridad le diera un trato preferencial en el pago de la ayuda económica. La Sala Octava subrayó la importancia del respeto de los turnos asignados por la Administración, de la siguiente manera: “[…] en el suministro de dicha ayuda humanitaria se deben respetar los turnos asignados en virtud del momento de la presentación de la solicitud de apoyo económico. La población desplazada atendida por la Red de Solidaridad Social, en principio, tiene derecho a un trato igualitario del cual se deriva el respeto estricto de los turnos”. En igual sentido lo estableció la misma Sala de Revisión, que en sentencia T-191 de 2007[34] reiteró que, “[s]i bien es cierto que se deben respetar los turnos para otorgar el pago de la ayuda humanitaria, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de las personas que estén en similares condiciones, también lo es que quienes están a la espera del pago tienen derecho a que se les informe sobre una fecha cierta en la cual lo recibirán, es decir, dentro de un término oportuno y razonable”.[35] 7.4. Queda claro a partir de todo lo expuesto que, en principio, el orden de asignación de turnos debe ser respetado, lo que conlleva que la acción de tutela no resulte procedente con el fin de modificar tales turnos. No puede perderse de vista, no obst...