Sentencia T-1752 de 2000

T-1752-00 Sentencia T-1752/00 Sentencia T-1752/00 MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Efectividad DERECHO A LA VIDA DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección por tutela En los casos en que esté amenazado o se haya producido una vulneración del derecho a llevar una vida digna, las personas de la tercera edad gozan de una protección excepcional, que hace procedente la tutela, a pesar de la existencia de otros medios de defensa, cuando constituya un mecanismo necesario para prevenir la consumación de un perjuicio irremediable. Esta sub-norma constitucional, que se ha formulado como un principio de cautela, para asegurar la vigencia de los derechos de las personas que por sus condiciones físicas no se encuentran en condiciones de igualdad con la generalidad de la población, está fundamentada en el carácter prevalente que la propia axiología constitucional le otorga a la protección de los derechos fundamentales, como soporte y razón de ser del Estado social de derecho. SEGURIDAD SOCIAL-Alcance/SEGURIDAD SOCIAL-Naturaleza/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Carácter prestacional La seguridad social en general, y en particular en su aspecto pensional, tiene una doble naturaleza: es un servicio público de carácter obligatorio –y esencial- prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado y es, además, un derecho irrenunciable, garantizado a todos los habitantes del Estado. Considerar el servicio de seguridad social en pensiones también como un derecho implica que su prestación constituye una obligación exigible, hasta tal punto que, en los términos del artículo 48, no es posible renunciar a él. Con todo, por tratarse de un derecho prestacional y un mecanismo de ahorro forzoso de la población laboralmente activa, cuya efectividad depende de la cantidad de recursos del sistema en un momento histórico determinado, su exigibilidad como derecho prestacional subjetivo está sujeta a unas restricciones y condicionamientos específicos, que permiten garantizar que toda la población tenga acceso a él. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Fundamental por conexidad PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Lineamientos básicos para determinar definición/PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Pago oportuno de pensiones atendiendo la edad DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Pensión como resultado del trabajo Aceptar el carácter de derecho subjetivo que tiene la seguridad social, particularmente en cuanto a la pensión de jubilación, implica reconocer su relación con el derecho al trabajo, en particular, con el reconocimiento del trabajo. La pensión de jubilación no es una simple caridad que se hace a las personas por el simple hecho de haber llegado a determinada edad, sino una contraprestación a la contribución que hizo durante su vida poniendo a disposición de la sociedad su fuerza laboral. Ello implica que debe existir una relación de equivalencia entre el trabajo que desempeñó una persona durante su vida y la cuantía de su mesada pensional. Esta correspondencia entre el trabajo realizado por una persona durante su vida, y su reconocimiento a través del monto de su pensión. DERECHO A LA IGUALDAD-Restricciones razonables en materia pensional DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Carácter progresivo El carácter progresivo de los derechos de seguridad social en pensiones no puede significar la implementación de un nuevo régimen desproporcionadamente más favorable. Este proceso de tránsito normativo también está sujeto a la Constitución. DERECHO A LA IGUALDAD DEL PENSIONADO-Diferencia de trato PENSION DE JUBILACION PARA EXCONGRESISTA Y EXMAGISTRADO-Homologación también para el reajuste/DERECHO A LA IGUALDAD EN PENSION DE JUBILACION PARA EXCONGRESISTA Y EXMAGISTRADO-Homologación Referencia: expediente T-332.437 Peticionarios: Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Juan Benavides Patrón, José Enrique Arboleda Valencia, Francisco José Camacho Amaya, Jorge Valencia Arango, Carlos Galindo Pinilla, Aydeé Anzola Linares, Guillermo González Charry Procedencia: Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral- Magistrada Ponente (e): Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., diciembre quince (15) de dos mil (2000) La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger –presidente de la Sala- Alvaro Tafur Galvis y Jairo Charry Rivas (e), ha pronunciado la siguiente: SENTENCIA En el proceso de tutela radicado bajo el número T-332.437, adelantado por Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Juan Benavides Patrón, José Enrique Arboleda Valencia, Francisco José Camacho Amaya, Jorge Valencia Arango, Carlos Galindo Pinilla, Aydeé Anzola Linares, Guillermo González Charry, en contra del Gobierno Nacional -la Nación-, de la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal- y del Consorcio Fopep, como administrador del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, mediante Auto del 31 de julio de 2000, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional decidió revisar el expediente de la referencia. Por reparto le correspondió la sustanciación al despacho de la suscrita magistrada. 1. Solicitud Los accionantes solicitan la protección de sus derechos a la vida, a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes, a recibir un trato igualitario ante la ley y a no ser discriminados, al libre desarrollo de la personalidad, a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad y de los disminuidos físicos, a la igualdad de oportunidades para los trabajadores y al reajuste periódico de la pensión. 2. Hechos 1. Los accionantes adquirieron el derecho a la pensión de jubilación como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y como procurador general de la Nación, antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, conforme se muestra a continuación: a) Juan Benavides Patrón, pensionado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mediante resoluciones Nos. J-3639 de julio 13 de 1970, 6223 de noviembre 7 de 1974 y J-8503 de noviembre 7 de 1975, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social. En la actualidad cuenta con 82 años de edad. Presentó reclamación ante la Caja Nacional de Previsión Social solicitando la homologación con los congresistas y magistrados pensionados después de la Ley 4ª de 1992, el 8 de septiembre de 1994, la cual fue negada mediante Resolución No. 010837 de septiembre 28 de 1995. Interpuso la acción correspondiente ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Sus pretensiones le fueron negadas mediante Sentencia de junio 30 de 1999. Surtida la apelación y agotados los trámites, el proceso se encuentra pendiente de fallo ante el Consejo de Estado desde junio 30 de 1999. Suma neta recibida por mesada pensional en octubre del presente año: $2’508,685.16. b) José Enrique Arboleda Valencia, pensionado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mediante resoluciones Nos. 6163 de noviembre 28 de 1975 y 14007 de 1987 de la Caja Nacional de Previsión Social. En la actualidad cuenta con 80 años de edad. Presentó demanda ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca. Mediante Sentencia de noviembre 19 de 1999 le fueron negadas sus pretensiones. Apelada la decisión y agotados los trámites, el proceso se encuentra pendiente de fallo. Suma neta recibida por mesada pensional en octubre: $1’958,413.10 c) Francisco José Camacho Amaya, pensionado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución No. 3970 de septiembre 21 de 1976, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social. En la actualidad cuenta con 73 años de edad. Suma neta recibida por mesada pensional en octubre: $1’640,420.52 d) Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, pensionado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución No. 6188 de 1990, con vigencia desde diciembre de 1986, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social. En la actualidad cuenta con 68 años de edad. Ha sido intervenido quirúrgicamente del corazón en dos ocasiones por arteriosclerosis coronaria, como consecuencia de lo cual le han realizado 7 bypasses y sufre de fibrilación auricular, lo cual afecta sus facultades mentales y constituye un riesgo para su supervivencia. Presentó reclamación ante la Caja Nacional de Previsión el 13 de septiembre de 1994, la cual hasta la fecha no ha sido resuelta. Suma neta recibida por mesada pensional en octubre: $1’016,854.72. e) Jorge Valencia Arango, pensionado como consejero de Estado, mediante Resolución No. 01067 de febrero 2 de 1988, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social. En la actualidad cuenta con 74 años de edad. Suma neta recibida por mesada pensional en octubre: $3’360,889.60 f) Carlos Galindo Pinilla, pensionado como consejero de Estado, mediante Resolución 10157 de diciembre 15 de 1980, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social. En la actualidad cuenta con 76 años de edad. Presentó reclamación ante la Caja Nacional de Previsión Social el 8 de septiembre de 1994. Fue resuelta negativamente en junio 5 de 1995. Negando el carácter de acto administrativo al oficio que resolvió dicha solicitud, interpuso recurso de apelación ante el director de la Caja Nacional de Previsión. Hasta la fecha el mencionado recurso no ha sido resuelto. Suma neta recibida por mesada pensional en octubre: $2’141,218.23. g) Guillermo González Charry, pensionado como procurador general de la Nación, mediante resoluciones Nos. 12643 de octubre 16 de 1983 y 04737 de agosto 28 de 1981, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social. En la actualidad cuenta con 81 años de edad. Suma neta recibida por mesada pensional en octubre: $3’219,205.71 h) Aideé Anzola Linares, pensionada como consejera de Estado, mediante resoluciones Nos. 03934 de abril 4 de 1984 y 12611 de 1984. En la actualidad cuenta con 75 años de edad. Suma neta recibida por mesada pensional en octubre $3’080,503.71 2. Narran que ninguno de ellos ha variado su condición de pensionado, reincorporándose al servicio público en un cargo distinto. De tal forma en ninguno de los casos ha habido lugar a la reliquidación de la mesada respectiva. 3. Aducen también, haciendo un recuento histórico de los regímenes de pensiones de los magistrados de las altas Cortes, que desde hace 33 años la ley ha reconocido “la igualdad jerárquica, de trato y dignidad a los magistrados de las Altas Cortes y a los miembros del Congreso Nacional.” Así mismo, afirman, se le ha dado un tratamiento igualitario al procurador general de la Nación, como cabeza del ministerio público. Este trato igualitario, prosiguen, se ha manifestado en el reconocimiento de la uniformidad en el régimen de remuneración y prestaciones sociales. 4. En desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1359 de 1993. Esta norma, en su artículo 17, dispone que a los ex-senadores pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992 se les aumentará su mesada pensional, por una sola vez, de modo que ésta, “en ningún caso” pudiera “ser inferior al 50% de la pensión a que tendrían derecho los actuales congresistas.” El reajuste a que se refiere el Decreto 1359, tendría efectos a partir de enero 1º de 1994. 5. Del mismo modo, dictó el Decreto 104 de 1994, que en su artículo 28 estableció que a los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, se les reconocería su pensión, teniendo en cuenta los mismos factores salariales y cuantías de los senadores y representantes a la Cámara, “en los términos establecidos en las normas legales vigentes.” 6. Con el anterior Decreto, manifiestan los accionantes, el Gobierno Nacional excluyó por omisión a quienes, como ellos, estuvieran pensionados como magistrados de las altas cortes y como procurador general de la Nación antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992. 7. Por lo anterior, narran que algunos de ellos formularon las respectivas reclamaciones ante la Caja Nacional de Previsión, para que les fuera reconocido el reajuste de sus pensiones en igualdad de condiciones a los magistrados pensionados después de la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992. Al no ser acogidas sus pretensiones, algunos de ellos acudieron posteriormente a la vía contencioso administrativa, siéndoles desfavorables las sentencias de primera instancia, las cuales apelaron. Sin embargo, hasta la fecha y transcurridos 5 años, no se ha proferido el fallo de segunda instancia. A esto agregan que en la actualidad se encuentran enfermos y, así mismo, dicen que muchas de las personas que se encontraban en su misma situación, ya han perecido sin haber disfrutado del reajuste a que tenían derecho. 3. Pretensiones Los accionantes solicitan la protección de los derechos invocados por ellos y en consecuencia, que se ordene a la accionada efectuar el reajuste de sus pensiones a partir de enero 1º de 1994, en cuantía equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que por todo concepto hubieran devengado los congresistas en el año de 1993. También solicitan que los aumentos ordenados se les practiquen a partir de entonces, es decir, desde la entrada en vigencia de las normas que nivelan las pensiones para los magistrados de las altas cortes y para los ex - congresistas pensionados. 4. Argumentos de la Presidencia de la República Por intermedio de apoderada, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República solicitó denegar la protección de los derechos invocados por los demandantes. En su sentir, la seguridad social no constituye un derecho fundamental, ni se puede afirmar que a los accionantes se les están vulnerando sus demás derechos, máxime cuando su pensión les fue reconocida conforme a las normas vigentes en el momento en que adquirieron su derecho. Por otra parte, afirma, no se está vulnerando el derecho a la igualdad, pues los accionantes se encuentran en situaciones diferentes a las de los beneficiados de los reajustes pensionales mediante los Decretos 1359 de 1993 y 104 de 1994. Por lo tanto, conforme a la definición de igualdad dado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-422 de 1992, al encontrarse en situaciones diferentes, tratarlos de manera distinta no constituye una discriminación. Adicionalmente aduce que conforme a lo establecido en los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, la acción de tutela resulta improcedente en el presente caso, pues se pretende controvertir un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto. Del mismo modo, alega que también resulta improcedente dicha acción, al existir otros medios de defensa judicial. Finalmente agrega como motivo adicional de improcedencia, que la pretensión de los accionantes es que se les extiendan a ellos los efectos de los Decretos 1359 de 1993 y 104 de 1994, lo cual es materia de la potestad reglamentaria que ejerce el presidente de la República. Obligarlo a ejercerla excede la competencia del juez de tutela. 5. Argumentos del Ministerio de Justicia y del Derecho El Ministerio de Justicia, mediante apoderado, solicitó que se negara el amparo solicitado. Para el interviniente el acto que se pretende atacar mediante la acción de tutela es un acto general, impersonal y abstracto. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la tutela resulta improcedente. Para dicho apoderado la razón que justifica la improcedencia de la acción de tutela en el presente caso es que, al atacarse un acto dirigido a un número indeterminado de personas, implícitamente se le estarían pretendiendo dar efectos erga omnes a una decisión que, por naturaleza sólo tiene efectos inter partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”. 6. Argumentos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público El Ministro de Hacienda y Crédito Público solicitó al juez de primera instancia que se denegara la protección solicitada mediante tutela. En escrito recibido en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el día en que fue proferido el fallo de primera instancia, sustentó su solicitud mediante los siguientes argumentos: Las pretensiones de los accionantes van dirigidas a controvertir el Decreto 104 de 1994, cuyo contenido es general, impersonal y abstracto. Para controvertir dichos actos los demandantes cuentan con otro medio de defensa ante la jurisdicción contencioso administrativa, el cual se encuentra en proceso de decisión. Si se acepta la concurrencia de la jurisdicción constitucional de tutela, con la contencioso administrativa, el Ministerio estaría ante la contingencia de dos decisiones que pueden llegar a ser contradictorias. En tal orden de ideas, continua diciendo que los funcionarios del Ministerio de Hacienda están sometidos por el principio de legalidad, conforme al cual carecen de competencia para realizar funciones para las que no se encuentren facultados por la ley. De acuerdo con el Decreto 1133 de 1999, por el cual se reestructura dicho ministerio, dentro de sus funciones no se encuentra la de reconocer ni pagar pensiones de jubilación a ex-funcionarios de las altas cortes. Así mismo, agrega que conforme al principio de legalidad del gasto sólo se puede efectuar una erogación decretada conforme a una ley anterior. Por lo tanto, al no existir una norma que permita reajustar a los demandantes el monto de su pensión, el Ministerio carece de competencia para hacerlo. Haciendo acopio de la jurisprudencia de esta Corporación, sostiene que a los demandantes no se les ha vulnerado su derecho a la igualdad, pues ésta se predica de quienes se encuentren dentro de una misma situación fáctica. Según afirma el escrito, quienes solicitan el reajuste de la pensión no han sido objeto de discriminación, pues se encuentran en una circunstancia diferente a la de los titulares del reajuste hecho por el Decreto 104 de 1994. Afirma, respecto de la presunta vulneración del derecho a la vida, que este derecho, aun tomado en un sentido integral, no se relaciona con la situación en la que se encuentran los demandantes. Del mismo modo se refiere a los derechos a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes y al del libre desarrollo de la personalidad. 7. Argumentos del Consorcio Fopep El gerente general del Consorcio Fopep, sin pronunciarse de fondo acerca de la solicitud de los demandantes, afirma que este consorcio es una entidad privada que administra los recursos del fondo de pensiones públicas del nivel nacional, mediante un contrato de encargo fiduciario. Afirma que carece de competencia para reconocer pensiones. Solamente está encargado de efectuar los pagos de las personas a quienes la respectiva caja o fondo reporten, a través de medio magnético en la Base de Datos de la Nómina General de Pensionados del Sector Público del Orden Nacional, y únicamente puede realizarlos por los valores reportados por dichas cajas o fondos. II. ACTUACION JUDICIAL 1. Primera instancia La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá denegó la protección solicitada mediante la acción de tutela por los siguientes motivos: Para el Tribunal, la solicitud encaminada a reconocer y reajustar el pago de prestaciones sociales desborda la competencia del juez de tutela, pues esta función le corresponde a las autoridades administrativas respectivas. Por otra parte, el estudio de los actos emitidos por tales autoridades está en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, mediante las acciones y los procedimientos fijados en la ley. Afirma que conceder tales solicitudes mediante un procedimiento breve y sumario como el de la acción de tutela lleva consigo la posibilidad de no administrar justicia correctamente. Por ello considera que estas solicitudes deben tramitarse a través de los procedimientos ordinarios, en los cuales, el juez puede reconocer derechos litigiosos de rango legal. El juez de tutela hace parte de la jurisdicción constitucional y, como tal, no está facultado para proferir fallos aplicando exclusivamente las normas legales que regulan las diversas áreas especializadas del derecho. A juicio del a-quo, en el presente caso, contrario al de la Sentencia T-456 de 1994 de la Corte Constitucional, no se trata de derechos de rango constitucional sino legal. 2. Impugnación El apoderado de los accionantes impugnó la Sentencia de primera instancia. Para refutar los motivos del Tribunal, además de reiterar en el escrito de impugnación, los argumentos previamente esgrimidos en la demanda, formuló una adición a la impugnación, que sustenta así: En primer lugar afirma que, a pesar de que en el presente caso existen otros mecanismos de defensa judicial, la acción de tutela se interpuso como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 13 del Decreto 306 de 1992, por lo cual la demanda resulta procedente. Contrario a lo que afirma el juez de primera instancia, la solicitud no es “una invitación a usurpar funciones” sino a cumplir aquellas que le están asignadas conforme las reglas aplicables a los jueces de tutela. Dentro del anterior orden de ideas, dice que el a-quo yerra al afirmar que la tutela, aun como mecanismo transitorio, es improcedente cuando no se hayan intentado los otros medios de protección judicial. Para el apoderado, dicha afirmación es contraria al artículo 8º del Decreto 2591 de 1991. Según su interpretación, tal artículo dispone únicamente que, a pesar de existir otros medios de defensa, es posible acudir a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Este perjuicio, en el presente caso, se constituiría si se somete a los accionantes a la espera de un proceso contencioso, dada su avanzada edad. Dice también que los derechos fundamentales, si bien se encuentran consagrados en la Constitución, en dicha norma ni están desarrollados, ni se encuentran determinados sus alcances. El desarrollo de tales derechos, el establecimiento de sus alcances, y la determinación de las autoridades competentes para protegerlos, corresponde a la ley. En tal medida, prosigue, de aceptarse que la acción de tutela no es procedente para proteger ciertos derechos, sólo por estar regulados en la ley, “ninguna acción de tutela sería procedente.” Finalmente, tampoco comparte la afirmación del fallo de primera instancia, según la cual lo que se pretende mediante la presente acción es la determinación de las normas legales aplicables y no una definición constitucional del problema. Por el contrario, sustenta el carácter constitucional de la solicitud en la obligación que tienen las autoridades de dar un tratamiento igual a quienes se encuentran en situaciones de hecho similares, contenida en el artículo 13 de la Carta. A su vez, en escrito adicional, y en su doble calidad de peticionario y apoderado inicial de los demás demandantes, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture resalta los errores en los que, en su parecer ha incurrido el a-quo. El primero de ellos, dice, es el de haber acomodado el petitum de la demanda a una decisión tomada de antemano. Para el señor Gutiérrez el Tribunal se equivocó al decir que las pretensiones de los accionantes consistían en obtener el reconocimiento de unos derechos litigiosos de carácter legal por vía de la acción de tutela. Por el contrario, la acción de amparo interpuesta va encaminada a obtener la protección de derechos fundamentales de rango constitucional. Entre ellos cita los derechos a la vida, a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, a la igualdad de trato, al libre desarrollo de la personalidad, a la protección y asistencia a las personas de la tercera edad y a los disminuidos físicos, a la seguridad social, a la igualdad de oportunidades para los trabajadores y al reajuste periódico de las pensiones. La solicitud de reconocimiento y reajuste hecha a la Caja de Previsión Social es sólo la consecuencia necesaria de la anterior pretensión, de tal modo que la protección no resulte inocua. Por otra parte afirma que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el criterio que determina la procedencia de la acción de tutela, a pesar de la existencia de otros medios de defensa, es exclusivamente la edad, no el que se haya hecho uso de los demás recursos judiciales. Finalmente afirma que, contrario a lo que asevera el Tribunal, no es cierto que los accionantes no hubieran acreditado un trato discriminatorio. Precisamente, en el escrito de la demanda se sostuvo que la discriminación resultó de una omisión del Gobierno Nacional quien, al expedir los Decretos 1359 de 1993 y 104 de 1994, omitió incluir a quienes se hubieran pensionado como magistrados de las altas cortes y como procurador general antes de la entrada en vigor de las mencionadas normas. 3. Segunda instancia La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en Sentencia de mayo 11 del año corriente denegó por improcedente la protección solicitada y en consecuencia confirmó el fallo del Tribunal Superior del Distrito de Santafé de Bogotá. Para esta h. Corporación, de existir la presunta discriminación, ella aparecería en el Decreto 1359 de 1993. Por lo tanto, la pretensión de los accionantes va encaminada a cuestionar un acto general, impersonal y abstracto, lo cual la hace improcedente, en los términos del artículo 6º ordinal 5º del Decreto 2591 de 1991. Además, afirma la Sala que para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio es necesario que se evidencie la afectación de un derecho constitucional fundamental, lo cual no aparece en el presente caso. Por otra parte, afirma que a pesar de que se da un tratamiento diferente a quienes son pensionados como congresistas respecto de quienes lo son como magistrados de las altas cortes, no existe una vulneración del derecho a la igualdad, pues las condiciones generales de nombramiento y período de unos y otros fueron y son distintas. Si bien ha existido un tratamiento igualitario en materia pensional y prestacional entre estos grupos de servidores públicos, esta igualdad de trato no constituye un derecho de rango constitucional y, por lo tanto, no es susceptible de protección por vía de tutela. Para finalizar, afirma que en el presente caso no existe un desamparo de las personas de la tercera edad, pues de todos modos los accionantes reciben actualmente su pensión. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia Por lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, concordados con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto - ley 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para revisar la Sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 2. Consideraciones Generales 2.1 La existencia de otros mecanismos de defensa judicial Como principio general, la Corte ha afirmado que cuando el solicitante de la tutela dispone de otros medios de defensa judicial ésta resulta improcedente,[1] de conformidad con la primera frase del numeral 1º del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, también ha dicho que la simple existencia de tales mecanismos no implica, por sí misma, que la solicitud de protección deba ser denegada.[2] Al respecto, es necesario tener en cuenta que la segunda oración del mencionado numeral establece que “La existencia de otros medios de defensa será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. De conformidad con dicha norma, desde sus inicios, esta Corporación ha manifestado: “Si se repara que en el inciso primero de dicho artículo la acción de tutela aparece consagrada como un procedimiento para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; que en la función pública de administrar justicia debe prevalecer el derecho sustancial y se observará la debida diligencia (Constitución Nacional, Artículo 228); y que entre los fines esenciales del Estado está el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (Ibidem art. 2o.) está fuera de toda duda que la acción de tutela, por la expresa voluntad del Constituyente de 1991, es el recurso efectivo que consagran los tratados y convenios internacionales para proteger eficazmente los derechos fundamentales. Por tanto, así se ha venido a colmar en el ordenamiento nacional un vacío que justamente venía preocupando a personas y entidades comprometidas en la protección de tales derechos.” “Siendo esto así, es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente.” “En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela.” (T-414/92 MP. Ciro Angarita Barón) En otra oportunidad, esta Corporación se refirió al requisito de la eficacia del otro medio judicial, como presupuesto para determinar la improcedencia de la acción de tutela en los siguientes términos: “8. En reiteradas oportunidades, la Corte ha determinado que la efectividad del medio judicial ordinario debe apreciarse en concreto, es decir, según las particularidades del caso específico, la situación del actor y el derecho fundamental en juego. Por este motivo, la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial, no es suficiente para rechazar de plano la procedencia de la acción de tutela. Adicionalmente, la Corte ha señalado que entre el mecanismo judicial ordinario y el derecho fundamental cuya vulneración se debate, debe existir una relación objetiva e inmediata, esto es, el medio ordinario debe perseguir, de manera directa, la protección del derecho fundamental de que se trate y a través suyo debe poder restablecerse la violación del mismo. En otras palabras, el otro medio judicial debe tener, por lo menos, la misma eficacia sustancial que tendría la acción de tutela para proteger el derecho fundamental de que se trate en el caso específico, a fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.” (resaltado fuera de texto) Sentencia T-553 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). De lo anterior se desprende que, en cada caso, el juez de tutela está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa al solicitante y, que este análisis debe partir de las circunstancias concretas del caso. Si, de conformidad con dichas circunstancias, los otros medios de defensa disponibles prestan una protección igual a la tutela, ésta resultará improcedente. Sin embargo, aunque el peticionario tenga otros medios de defensa, y a pesar de que estos sean suficientemente eficaces, el juez de tutela puede conceder de manera transitoria la protección solicitada, si con ello se pretende evitar un perjuicio irremediable. En este caso no se trata del supuesto consagrado en el artículo 6º del Decreto 2591, sino del caso en el que denegar la tutela produzca un efecto nocivo, imposible de remediar. Este supuesto está consagrado en el artículo 8º del Decreto 2591. La Sentencia T-414 de 1992 antes citada, reiterada en múltiples ocasiones por la Corte, fijó el siguiente criterio respecto de la posibilidad de conceder la acción de tutela de manera transitoria, a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial: “La Corte Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, ha sostenido que si el accionante tiene a su alcance otro medio judicial para la defensa de sus derechos no cabe la acción de tutela, a menos que se encuentre ante la inminente presencia de un perjuicio irremediable. (…) “Ha sido clara esta Corporación al señalar, fundada en la prevalencia del derecho sustancial y en la necesidad, impuesta por la Carta, de dar efectividad a los derechos fundamentales, que en cada caso concreto el juez de tutela debe establecer la eficacia del medio judicial que formalmente se muestra como alternativo, para establecer si en realidad, consideradas las circunstancias del solicitante, se está ante un instrumento que sirva a la finalidad específica de garantizar materialmente y con prontitud el pleno disfrute de los derechos conculcados o sujetos a amenaza. El medio alternativo de defensa judicial debe ser evaluado y calificado por el juez de tutela respecto de la situación concreta que se pone en su conocimiento. (…) “Ha sido constante la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que, frente al objetivo prevalente de asegurar el respeto a los derechos fundamentales por la vía judicial, no es lo mismo cotejar una determinada situación con preceptos de orden legal que compararla con los postulados de la Constitución, pues la materia objeto de examen puede no estar comprendida dentro del ámbito de aquél, ni ofrecer la ley una solución adecuada o una efectiva protección a la persona en la circunstancia que la mueve a solicitar el amparo, encajando la hipótesis, en cambio, en una directa y clara vulneración de disposiciones constitucionales. La Corte recalcó esa diferencia, respecto de la magnitud del objeto de los procesos, haciendo ver que una es la dimensión de los ordinarios y otra la específica del juicio de protección constitucional en situaciones no cobijadas por aquéllos.” 2.2 La existencia de otros medios de defensa judicial como requisito de procedibilidad de la tutela en personas de la tercera edad Como se mencionó, la eficacia de los otros medios de defensa judicial debe ser evaluada en concreto en cada caso. Dicha evaluación debe considerar las características del medio de defensa ordinario en relación con la situación particular en la que se encuentra el accionante. Así, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido ciertas categorías de personas que, por las condiciones particulares en que se encuentran, son objeto de protección especial por parte del Estado, y específicamente, por parte del juez de tutela. Dentro de dicha categoría se encuentran los niños, las personas en situación de indigencia, las personas enfermas y las de la tercera edad. Respecto de las personas de la tercera edad, esta Corporación ha sostenido en múltiples oportunidades que la existencia de otros medios judiciales de defensa no hace improcedente la tutela para reclamar derechos de tipo económico o prestacional, cuando se ponen en juego sus derechos fundamentales.[3] Ello se debe a la alta probabilidad de que la prolongación de un proceso judicial en el tiempo impida que disfruten de sus derechos, por lo cual resultaría ineficaz. Por otra parte, la viabilidad de la tutela en estos casos se justifica también en que resulta excesivamente gravoso someter a personas cuyas capacidades físicas están disminuidas, que están enfermas y que habitualmente no se encuentran en disposición de aguantar un proceso judicial. Así lo ha determinado esta Corte: “De otra parte, observa la Sala, que ante la situación de ancianidad del actor, lo cual implica una protección especial (art. 46 C.N.), la acción de tutela es el único mecanismo eficaz y protector para tutelar su derecho al mínimo vital, a la vida y la salud con que cuenta el actor, pues si bien es cierto el ordenamiento jurídico civil le brinda medios judiciales de defensa, éstos no son eficaces, pues la morosidad de la justicia civil, dada la edad avanzada del peticionario hace en la práctica nugatorios sus derechos. En consecuencia, esta Sala revocará las decisiones judiciales de las instancias y tutelará la pretensión del demandante en esta acción y así lo consignará en la parte resolutiva de la sentencia.” (resaltado fuera de texto) Sentencia T-351 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz) En otra oportunidad afirmó en el mismo sentido: “La Corte ha reconocido que algunas personas, en particular, quienes pertenecen a la tercera edad, gozan de lo que se ha denominado un derecho de trato o protección especial. El mencionado derecho apareja, entre otras cosas, la facultad de las personas beneficiadas de solicitar la procedencia inmediata de la acción de tutela cuando, pese a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, queda demostrada una lesión a sus derechos fundamentales que compromete las condiciones de posibilidad de una vida digna.” Sentencia T-801 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) La necesidad de otorgar esta protección a las personas de la tercera edad ha sido reconocida por esta Corporación, incluso a pesar de que la tutela no se haya interpuesto a su nombre, ni hayan intervenido activamente en ella: “Es obligación del juez de tutela apreciar todos y cada uno de los elementos puestos a su conocimiento, y si de ellos deduce que los derechos fundamentales de personas que, por sus mismas condiciones, se sabe no podrán ejercer su defensa -menores, disminuidos físicos, etc.-, deberá conceder el amparo en su favor, pese a que la acción que le permitió tener conocimiento de la lesión de esos derechos, no se hubiese presentado en nombre de éstos.”(resaltado fuera de texto original) Sentencia T-277 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Dicha protección se ha otorgado también en los casos en que la subsistencia de una persona de la tercera edad dependa del acceso a sus ahorros, “congelados” en una entidad intervenida, a pesar de que dicha intervención haya sido efectuada en legal forma y por motivos claros de interés general, precisamente por la necesidad de situar a dichas personas en una situación de igualdad respecto de la demás población, en cuanto a al efectividad y la posibilidad de goce de sus derechos. Posibilidad ésta que se ve bastante disminuida debido a la reducción de sus expectativas de vida. La Corte ha afirmado: “Para la Sala es claro que el proceso de intervención que ordenó el gobierno a la demandada, dada la grave crisis financiera que afronta, está dirigido fundamentalmente a proteger, en condiciones de igualdad, los intereses de los ahorradores de la misma y desde luego la estabilidad del sistema; no obstante, si se llegare a comprobar que las medidas adoptadas en los casos específicos que se revisan, efectivamente ponen en peligro la vida de los actores, personas de la tercera edad que dicen estar afectadas de graves enfermedades y carecer de recursos para atender los gastos que demandan sus respectivos tratamientos, se configuraría un perjuicio irremediable que haría procedente un tratamiento de excepción para los mismos, en aras de proteger sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, y su dignidad.” Sentencia T-735 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) De tal modo, en los casos en que esté amenazado o se haya producido una vulneración del derecho a llevar una vida digna, las personas de la tercera edad gozan de una protección excepcional, que hace procedente la tutela, a pesar de la existencia de otros medios de defensa, cuando constituya un mecanismo necesario para prevenir la consumación de un perjuicio irremediable. Esta sub-norma constitucional, que se ha formulado como un principio de cautela, para asegurar la vigencia de los derechos de las personas que por sus condiciones físicas no se encuentran en condiciones de igualdad con la generalidad de la población,[4] está fundamentada en el carácter prevalente que la propia axiología constitucional le otorga a la protección de los derechos fundamentales, como soporte y razón de ser del Estado social de derecho. 2.3 El alcance de la seguridad social en pensiones y su doble naturaleza: servicio público esencial y derecho fundamental por conexidad para las personas de la tercera edad En nuestra Constitución, la seguridad social en general, y en particular en su aspecto pensional, tiene una doble naturaleza: es un servicio público de carácter obligatorio –y esencial-[5] prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado y es, además, un derecho irrenunciable, garantizado a todos los habitantes del Estado (art. 48). Considerar el servicio de seguridad social en pensiones también como un derecho implica que su prestación constituye una obligación exigible, hasta tal punto que, en los términos del artículo 48, no es posible renunciar a él.[6] Con todo, por tratarse de un derecho prestacional y un mecanismo de ahorro forzoso de la población laboralmente activa, cuya efectividad depende de la cantidad de recursos del sistema en un momento histórico determinado, su exigibilidad como derecho prestacional subjetivo está sujeta a unas restricciones y condicionamientos específicos, que permiten garantizar que toda la población tenga acceso a él. El artículo 48 de la Constitución establece que este servicio estará sujeto a los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad, por lo cual es indispensable que su prestación sea regulada mediante un proceso legislativo. En reciente pronunciamiento respecto de la posibilidad de que el Congreso delegue a las universidades públicas el diseño de sus propios regímenes autónomos de seguridad social en salud, la Corte se refirió en los siguientes términos respecto de la razón de ser de la competencia legislativa en cuanto a la regulación del servicio:[7] “Sobre este supuesto, podría sostenerse incluso que la competencia asignada al Congreso en el campo de lo social, comporta en realidad un deber jurídico de origen constitucional, ineludible e intransferible, que persigue hacer realidad, en forma armónica y coherente, la aplicación material de los principios que gobiernan la regulación del sistema de seguridad social en salud; armonía y coherencia que no estaría del todo garantizada, si se delega en las universidades públicas la facultad para crear sus propios regímenes de seguridad social en salud, sin que al menos el legislador haya definido previamente los términos y condiciones que deben regir su operatividad y ejecución.” Sentencia C-1435 de 2000 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) En efecto, la seguridad social en pensiones, en cuanto es un servicio público, está sujeta como todos los demás a que el Estado regule lo atinente a su prestación. ¿Sin embargo, se desprende de ello que el derecho a la seguridad social sea de rango legal, y por lo tanto no susceptible de protección a través de la acción de tutela? En primer lugar, es necesario reiterar que la necesidad de regulación legal de un servicio público no implica que su prestación no sea un verdadero derecho fundamental, susceptible de protección mediante la acción de tutela. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Carta, la falta de enunciación constitucional expresa de determinados derechos tampoco significa un desconocimiento de aquellos que, en los términos de dicho artículo “siendo inherentes a la persona humana”, sean fundamentales. Con todo, aun cuando la seguridad social en pensiones, por sí misma no es un derecho fundamental, esta Corporación ha sido enfática al establecer que adquiere esta categoría, por conexidad, cuando su desconocimiento afecta derechos fundamentales. En este sentido, refiriéndose en particular al derecho a la pensión que tienen las personas de la tercera edad, la Corte ha establecido que: “Según la doctrina constitucional, la fundamentalidad de un derecho no depende sólo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. En cambio, la seguridad social es un derecho constitucional desarrollado en la ley que, en principio, no ostenta el rango de fundamental, salvo que las circunstancias concretas permitan atribuirle esta connotación por su importancia imprescindible para la vigencia de otros derechos fundamentales.” (resalta la Sala) Sentencia T-116 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara) A su vez, en otra oportunidad, recogiendo las conclusiones de la discusión que se dio al interior de la Asamblea Nacional Constituyente[8] respecto de la situación de las personas de la tercera edad, esta Corporación estableció: “Para que la vida del hombre sea digna de principio a fin, es obligatorio asegurarle a las personas de la tercera edad el derecho a la seguridad social.” (Sentencia T-011 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero) Refiriéndose al carácter fundamental que tiene el derecho a la pensión de jubilación para las personas de la tercera edad, de conformidad con la necesidad de garantizar el disfrute del mismo en cabeza de dichas personas, la Corte manifestó: “El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad, adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral o el libre desarrollo de la personalidad de las personas de la tercera edad.” (resalta la Sala) Sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) En otra ocasión dijo, en el mismo sentido:[9] “La pensión de jubilación, en cuanto tiene que ver, con la protección a las personas de la tercera edad (artículo 46), con el respeto a la dignidad (artículo 1º), con el derecho a la seguridad social (artículo 48) y, especialmente, con el derecho a la vida (artículo 11), tiene el carácter de fundamental. Y, la pensión de jubilación tiene sentido en cuanto se traduce en unas mesadas que recibe el beneficiario. Si una persona de la tercera edad ya está jubilada y la ley le adecua su mesada para que tenga correspondencia con el sueldo de quien está laborando en el mismo cargo, esta INDEXACION crea para el jubilado un derecho adquirido que no puede ser vulnerado y que el Estado tiene la obligación de proteger. (arts. 48 y 53 C.P.).” (resalta la Sala) Sentencia T-456 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). De lo anterior es necesario concluir que: 1. Para hacer efectivo el derecho a la vida digna de las personas de la tercera edad es necesario el reconocimiento de su derecho a la seguridad social. 2. El derecho a la seguridad social en general, y el de recibir la pensión de jubilación tiene el carácter de fundamental, cuando a) se pongan en peligro o, b) se vulneren, otros derechos que ostenten el carácter de fundamentales. En el caso que es objeto del presente pronunciamiento observa esta Sala que los peticionarios son pensionados que ejercieron los cargos de magistrados de la h. Corte Suprema de Justicia, el h. Consejo de Estado y como procurador general de la República. Todos ellos superan la edad de 70 años,[10] considerada por la jurisprudencia de esta Corporación como indicativa de la iniciación de la tercera edad,[11] salvo Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, quien tiene 68 años. Con todo, éste último ha sido intervenido quirúrgicamente del corazón en dos ocasiones por arteriosclerosis coronaria, le han realizado 7 bypasses y sufre de fibrilación auricular, lo cual afecta sus facultades mentales y constituyen un riesgo para su supervivencia, tal como consta según certificación médica que consta en el expediente.[12] En circunstancias sumamente similares a las de Gutiérrez Lacouture, esta misma Sala aceptó la procedencia de la acción de tutela a un ex – magistrado de una alta corte, que solicitaba el reajuste de su pensión de jubilación, y a quien le faltaban dos años para llegar a la tercera edad. En aquella ocasión dijo: “Aunque en el caso que ocupa la atención de la Corte el actor no sobrepasa la edad que constituye el índice promedio de expectativa de vida de los colombianos, se acerca a tal límite faltándole menos de dos años para alcanzarlo. Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, su afectación de una enfermedad terminal, circunstancias ambas que conducen a la admisión de la tutela como mecanismo transitorio. Negar esta posibilidad, es colocar al actor en el riesgo probable de no conocer en vida la decisión judicial que solicita.” T-214 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) Las edades de los peticionarios, así como sus particulares condiciones de salud, los hacen merecedores de la protección especial que implica, en el presente caso, la viabilidad de la acción de tutela conforme a los criterios generales establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación. Por lo tanto, la Sala estima que la tutela resulta procedente, dada la edad y las circunstancias de salud en que se encuentran los peticionarios. Habiéndose entonces determinado la procedibilidad de la presente acción, es necesario entrar a indagar si en efecto, los derechos fundamentales de los peticionarios han sido vulnerados. 2.4 La pensión como resultado del trabajo de las personas frente a los principios que regulan el servicio de seguridad social Aceptar el carácter de derecho subjetivo que tiene la seguridad social, particularmente en cuanto a la pensión de jubilación, implica reconocer su relación con el derecho al trabajo, en particular, con el reconocimiento del trabajo. La pensión de jubilación no es una simple caridad que se hace a las personas por el simple hecho de haber llegado a determinada edad, sino una contraprestación a la contribución que hizo durante su vida poniendo a disposición de la sociedad su fuerza laboral. La concepción de la seguridad social como una “gracia” fue superada por la jurisprudencia nacional desde la primera mitad del Siglo XX. Fue, además, definitivamente abolida en la Constitución de 1991, no sólo a través de su consagración explícita en el artículo 48, sino en la objetivación del trabajo como principio fundamental del Estado y el reconocimiento de que constituye tanto un derecho como una obligación social.[13] Ello implica que debe existir una relación de equivalencia entre el trabajo que desempeñó una persona durante su vida y la cuantía de su mesada pensional. Esta correspondencia entre el trabajo realizado por una persona durante su vida, y su reconocimiento a través del monto de su pensión, ha sido afirmada en reiteradas oportunidades por esta Corporación: “Empero, la seguridad social que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede verse como algo independiente o desligado de la protección al trabajo, el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por considerar que es un principio fundante del Estado Social del Derecho que ella organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento, es necesariamente derivación del derecho al trabajo.” Sentencia T-463 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein). En otra decisión, afirmó: “Elementales razones de justicia hacen que al término de la vida laboralmente productiva, la persona de la tercera edad que ha hecho aportes dinerarios al sistema de seguridad social durante varios años de trabajo, reciba como contraprestación una mesada equivalente a un porcentaje de su salario con miras a su sostenimiento durante la vejez.” (resaltado fuera de texto) Sentencia T-287 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido se pronunció en sentencia de constitucionalidad: “El pensionado tiene el derecho al reconocimiento periódico de sus ingresos en un monto análogo al que venía devengando antes de ser reconocidos sus estatutos jurídicos. Este aserto del legislador es la base de los sistemas de justicia en cualquier sistema de seguridad social.” (resaltado fuera de texto) Sentencia C-155 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz) A su vez en una sentencia más reciente reiteró que la pensión constituye una contraprestación a las labores realizadas por una persona durante su vida laboral: “De otro lado, la pensión de jubilación viene a reemplazar lo que recibía el trabajador en su vida activa por concepto de salarios y es también una forma de recompensar a la persona por su esfuerzo, durante una etapa de su vida en que las condiciones de vigor y salud se ven disminuidas. Las mesadas correspondientes son por lo común el único ingreso que tiene el antiguo trabajador, lo cual implica que el retraso en su pago ocasiona serios traumatismos en la economía familiar y con frecuencia afecta el mínimo vital del pensionado y de su familia.” (resaltado fuera de texto) Sentencia T-1001 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández). De tal modo, la mesada pensional que recibe una persona al jubilarse, como reconocimiento de la labor realizada durante su vida laboral, constituye una garantía específica del derecho al trabajo. Aun así, a pesar de que existe una correlación innegable entre el reconocimiento del trabajo realizado y el monto de la pensión de jubilación, consideraciones de interés general, en concordancia con el deber de solidaridad, hacen que sea necesario matizar esta equivalencia. Por un lado, debido a cuestiones de tipo financiero[14] que le dan estabilidad al sistema, y que están encaminadas a realizar los principios constitucionales de eficacia y eficiencia y, en particular, a asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Por otro lado, este principio de equivalencia entre trabajo y pensión se ve restringido por razones de justicia distributiva que propenden por darle universalidad y mejorar la prestación del servicio o, lo que es igual, por desarrollar progresivamente los alcances del derecho a la seguridad social. De este modo se puede concluir que las medidas dirigidas a garantizar estos principios deben ser razonables, resultado de la ponderación entre los bienes constitucionales protegidos –reconocimiento del trabajo por una parte, y eficiencia y solidaridad por la otra-. Con todo, el análisis de razonabilidad en materia de seguridad social en el caso concreto, debe ser lo suficientemente blando para permitirle al legislador un margen de discrecionalidad política suficiente para llevar a cabo el postulado de primacía del interés general de acuerdo con las necesidades sociales, sin que por ello se llegue a desconocer un mínimo vital de recursos que les permita a las personas llevar una subsistencia digna. 2.5 El derecho a la igualdad y el cambio de régimen pensional En la medida en que la pensión de jubilación es el reconocimiento del trabajo de las personas durante su vida laboral, es necesario establecer si la aplicación de regímenes diferenciales entre quienes realizaron durante su vida un mismo trabajo, pero se pensionaron en momentos diferentes, constituye, por sí misma, una vulneración del derecho a la igualdad, entendido bajo la formulación de “a trabajo igual salario igual” tal como ha sido enunciado por la jurisprudencia de esta Corporación. En principio, podría afirmarse que el hecho de haberse pensionado en uno u otro momento no constituye un tertium comparationis o criterio de diferenciación válido, que permita aplicar regímenes pensionales distintos entre personas que, por lo demás, desempeñaron exactamente las mismas labores durante su vida. Dicha situación puede resultar en que algunas personas, por el solo hecho de haberse pensionado unos pocos días antes que otras, ceteris paribus resulten recibiendo una mesada más alta o más baja que quienes lo hicieron después. Sin embargo, toda situación de desigualdad debe analizarse dentro del campo genérico en el cual opera el derecho, que, para el caso, es el de los derechos prestacionales de seguridad social. El alcance de estos está supeditado por restricciones económicas, lo cual significa que, sin perder su naturaleza de derechos, su desarrollo, es decir, el conjunto de prestaciones específicas de las cuales está compuesto el derecho, se incrementa en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan. Por lo tanto, es necesario concluir, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades esta Corporación, que su alcance depende de la disponibilidad de recursos del sistema en un momento histórico determinado. En ese orden de ideas, las determinaciones tomadas por el legislador, aunque si se descontextualizan del momento histórico en el cual fueron adoptadas parecen vulnerar el derecho a la igualdad, analizadas dentro del mismo, bien pueden estar encaminadas razonablemente a ampliar el cubrimiento de las necesidades básicas de la población jubilada en las circunstancias demográficas y económicas de una determinada coyuntura social. De tal modo, el análisis constitucional de la diferenciación legal en pensiones entre dos grupos de personas que realizaron una misma labor, pero en momentos distintos, debe tener en cuenta el contexto histórico en el cual se fijaron. Así lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación: “En consecuencia, el único entendimiento razonable del principio constitucional consagrado en el primer inciso del artículo 13 de la Carta, ofrece una permisión al legislador para que, en ejercicio de sus funciones naturales y en desarrollo de principios esenciales de todo Estado democrático, produzca dentro del ordenamiento jurídico, las mutaciones necesarias para afrontar nuevas necesidades sociales con arreglo a sus propias valoraciones. Y ello, incluso, cuando tal mutación implique otorgar un tratamiento diferenciado a personas o grupos de personas cuya única circunstancia diferenciadora consiste en vincularse al momento en el cual se adoptan o derogan las sucesivas regulaciones.” “En punto a los derechos sociales, la regla anterior resulta particularmente relevante. En efecto, el desarrollo progresivo de las normas que consagran derechos prestacionales, ampliando el radio de los beneficiarios o el beneficio otorgado, disminuyendo o aumentando requisitos para acceder al mismo, obligan, necesariamente, al legislador, a establecer fechas ciertas y determinadas a partir de las cuales entra en vigencia la nueva reglamentación. Esto se justifica, no sólo por evidentes restricciones presupuestales, sino para garantizar, entre otros, el principio de seguridad jurídica.” (…) “En síntesis, el principio de igualdad en la ley no impone al legislador una barrera que le impida, como es de su esencia, promover la natural transformación del derecho legislado, ni obliga a aplicar retroactivamente la nueva regulac...