Sentencia T-1667 de 2000

T-1667-00 Sentencia T-1667/00 Sentencia T-1667/00 ACCION DE TUTELA-Improcedencia para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constitución Política GOBIERNO NACIONAL-Formulación anual del presupuesto y ley de apropiaciones/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para incremento salarial de servidores públicos ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia incremento salarial para servidores públicos Reiteración de jurisprudencia Referencia: expedientes acumulados T-359192, 359193, 359194, 359230, 359231, 359232, 359233, 359234, 359235, 359236, 359461, 359462, 359466, 359699, 359781, 359786, 359787, 359793, 359881, 359882, 359883, 359884, 359885, 359887, 359888, 359889, 359908, 359961, 360068, 360074, 360113, 360203, 360213, 360366, 360401, 360402, 360403, 360404, 360405, 360419, 360420, 360421, 360422, 360423, 360430, 360491, 360496, 360907, 360932, 361024, 361025, 361026, 361027, 361028, 361099, 361169, 361170, 361171, 361172, 361173, 361175, 361323. Acciones de tutela contra el Gobierno Nacional, por una presunta violación de los principios mínimos consagrados en el artículo 53 Superior, y los derechos fundamentales a la igualdad y el trabajo. Actores: CASDELO DE GONZALEZ EVELIA MARIA, POMARES DE POLO FLOR MARIA, GUERRERO DE MARQUEZ ROSA ELVIRA, YEPEZ PIMIENTA ILDEFONSO ANTONIO, PEREZ BRICEÑO MIRIAM CECILIA, MUÑOZ RAMIREZ JOAQUIN DE JESUS, LAVALLE POMARES EDGARDO RAFAEL, COLON VARELA FRNKLIN, POLO MARQUEZ ZORAIMA DOLORES, GARCIA DE MONTALVO ARACELY ESTHER, RAMIREZ MARIA ASTRID, GODOY ORTIGOZA LUZ MERY, GUZMAN SERRANO MARTHA CECILIA, GOMEZ ARIAS MARIA MARGARITA Y HERRERA ALZATE CARMEN CECILIA, VELEZ RENGIFO MARINA Y OTROS, PARRA JIMENEZ MARIA IRENE, QUINTERO ESCOBAR LEONARDO, GUTIERREZ ALVAREZ AMPARO DEL SOCORRO, POLO SILVERA UBALDO RAFAEL, GARCIA CASTILLO GILMA, ARIAS TERNERA MARGARITA, PACHECO HERNANDEZ MILADIS ONDINA, BARRIOS CANTILLO CANDELARIA MARIA, BASTIDAS PORTOCARRERO PAX ZULIMA, CORTES OSORIO MARIA BERENICE, GIRALDO GALLEGO JOAQUIN EMILIO, CANDELO QUINTERO HARVEY, OBANDO GARCIA STELLA Y OTROS, MAZO MIRA MARTHA NELLY, CORREA BARRIENTOS GABRIEL MELKIADES, ARIZA GIL AURA, CARDONA MARTINEZ CONSUELO, ORJUELA ZAPATA NASLY, PEÑA TAMAYO JUDITH DEL SOCORRO, SAMPER MIRANDA GLORIA MARINA, RACINES DURAN SONIA MARIA, JUVINAO RUIZ ROSA ELENA, ESMERAL LOPEZ LYDA ROSA, POLO PAYARES CECILIA, VEGA DE MENDOZA GRACIELA MERCEDEZ, RODRIGUEZ SUAREZ ISABEL DE JESUS, SILVA DE POLO JOSEFINA DEL CARMEN, ESCORCIA IBAÑEZ ILDA ROSA, PEREZ ARAQUE ALEJANDRO CESAR, DELGADO CASTILLO ALVARO, ARROYO TIRADO JORGE LUIS Y OTROS, PABA BARBOSA CARMELINA, CHAPARRO DE ARANGO LILIA Y OTROS, JARAMILLO VELASQUEZ MAGOLA, VARGAS HERRERA VIRGINIA, CARABALLO PARRA LUZ ARMIDA, GUTIERREZ BETANCUR MARIA ELENA, CARDONA PUERTA ELBA LUZ, MARIN RAMIREZ MIGUEL ANGEL, MORENO ROSERO LUIS ALEJANDRO Y OTRO, JIMENEZ CONRADO CARMEN JULIA, VIVES HENRIQUEZ MANUEL POLONIO, URIELES PALMA KELY CECILIA, VARELA AVILA MARLENE, PEDRAZA NIEBLES LUIS ADOLFO, VILLA GONZALEZ ANA MARIA DE LOS DOLORES y HENAO VALENCIA HARVEY Y OTROS. Tema: Aumento anual de salarios para los servidores públicos. Magistrado Ponente: CARLOS GAVIRIA DÍAZ Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre del año dos mil (2000). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, y Carlos Gaviria Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión de los fallos proferidos por distintos despachos judiciales del país, dentro de los procesos de tutela instaurados por diversos empleados y pensionados del sector público, en contra del Presidente de la República; los Ministros de Hacienda y Crédito Público; Desarrollo; Educación; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y del Derecho; Defensa; Salud; Jefe de Departamento Administrativo de la Función Pública; el Director de Planeación Nacional; el Director de la Policía Nacional y la Caja de Sueldos y Retiro de la Policía Nacional, entre otros. Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que hicieron las secretarías de los distintos despachos judiciales. La Sala de Selección No. 9 de tutelas de la Corte Constitucional, por auto del quince (15) de septiembre del año 2000, ordenó la revisión de los casos de la referencia, así como su acumulación, para ser decididos en una sola sentencia, si la Sala de Revisión así lo consideraba pertinente. Correspondiéndole a la Sala Cuarta de Revisión adoptar la decisión, se determinó que, al existir identidad en los hechos que motivaron las diversas acciones, era procedente la acumulación decretada por la Sala de Selección, razón por la que se proferiría un solo fallo para decidir los procesos de la referencia, salvo por los expedientes radicados bajo los números T-360.644 y 361.503, que tratan sobre otros asuntos y se resolverán por separado. I. ANTECEDENTES Los hechos que dieron origen a las acciones de la referencia, pueden resumirse así: A. Hechos y pretensiones. 1. Los actores, servidores públicos vinculados a distintas entidades del Estado, y algunos de ellos pensionados de la Policía Nacional, consideran que la decisión del Gobierno Nacional de no reconocer aumento alguno a los salarios de los empleados públicos, y a las pensiones de quienes devengaban para enero de 2000, más de dos (2) salarios mínimos mensuales, es contraria a sus derechos fundamentales, específicamente de los derechos a un salario digno y justo (artículo 25); móvil y proporcional (artículo 53); así como al reajuste periódico de las pensiones (artículo 53). Y, en especial, del derecho a la igualdad (artículo 13), por cuanto unos servidores públicos sí obtuvieron un aumento en sus salarios y mesadas pensionales, así: Los empleados y pensionados cuya asignación a enero de 2000 fue inferior a dos (2) salarios mínimos, recibieron un aumento del nueve por ciento (9%). Por su parte, a los Congresistas y a otros funcionarios como Magistrados de las Altas Cortes; el Fiscal General de la Nación; el Procurador General de la Nación; el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, se les reconoció un reajuste del quince punto tres por ciento (15.3%), pese a la política de ajuste fiscal que promovió el Gobierno. 2. Entienden los diversos actores que las decisiones económicas del Gobierno no pueden desconocer los derechos laborales de quienes prestan o prestaron sus servicios a los distintos entes del Estado, pues las asignaciones que éste está obligado a reconocer como empleador, deben, por lo menos, mantener su valor adquisitivo. Dentro de este contexto, consideran que el Gobierno tenía el deber de reconocer a todos y cada uno de los empleados y pensionados estatales, un aumento o reajuste en sus emolumentos, que les permitiese conservar el poder adquisitivo de éste, toda vez que en razón del fenómeno de la inflación, éstos resultan inferiores a los que percibían el año inmediatamente anterior. 3. En este sentido, los diversos actores solicitan, con fundamento en decisiones de esta Corporación, específicamente en las sentencias T-102 de 1995 y C-710 de 1999, se ordene al Gobierno Nacional aumentar sus salarios y pensiones, en un porcentaje igual o similar al índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de Estadística -DANE-, con el fin de conservar el valor adquisitivo de los mismos. Orden que debe tener un carácter retroactivo a enero del año en curso. 4. La acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales antes señalados, según se lee en los diversos escritos de tutela, se interpone, en algunos casos, como mecanismo transitorio a efectos de evitar un perjuicio de carácter irremediable y, en otros, como el único mecanismo judicial que existe en el ordenamiento jurídico colombiano para lograr el restablecimiento de los derechos que se dicen vulnerados. B. Las sentencias de instancia. Después de la intervención de los distintos entes estatales, que, en términos generales, solicitaron negar las acciones de tutela interpuestas en su contra, por considerar que la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar los salarios y pensiones de quienes reciben emolumentos en cuantía mayor a dos salarios mínimos, no desconoce derecho fundamental alguno de quienes se dicen lesionados con la medida, la mayoría de despachos judiciales que conocieron de estas acciones, coincidieron en otorgar la protección impetrada. Los argumentos para arribar a tal decisión, fueron coincidentes y se pueden resumir de las siguiente manera: 1. En el marco del Estado Social de Derecho, el Gobierno Nacional no podía desconocer, con su política económica, los derechos de los trabajadores a tener un salario vital y móvil, así como el reajuste periódico de las pensiones, que la Constitución consagra en favor de trabajadores y pensionados. En especial, cuando en virtud del fenómeno de la inflación, las mesadas pensionales y las asignaciones salariales sufren una disminución que vulnera directamente los derechos fundamentales de éstos, dado que se está recibiendo un emolumento menor al que se recibía en el año inmediatamente anterior. 2. La jurisprudencia constitucional ha sido clara al señalar que el reajuste de salarios y pensiones en una economía inflacionaria como la colombiana, es un derecho irrenunciable de los trabajadores y pensionados. Mecanismo tendiente a mantener, en todo o en parte, el valor adquisitivo de sus asignaciones. Por tanto, el Gobierno Nacional tenía el deber de aumentar la remuneración de los empleados y pensionados públicos, en un porcentaje que les permitiera mantener el poder adquisitivo de éstas. Dentro de este contexto, los diversos despachos judiciales consideraron que el Gobierno Nacional ha debido aumentar los salarios y las pensiones del sector estatal, en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor, certificado por el Departamento Administrativo de Estadística -DANE-. En consecuencia, y con fundamento en diversas decisiones de esta Corporación, los diferentes despachos judiciales ordenaron al Gobierno Nacional y, específicamente, al Ministro de Hacienda, iniciar las gestiones presupuestales correspondientes, a efectos de hacer viable el aumento salarial al que tenía derecho cada empleado o pensionado público. Aumento que, por lo menos, debería consistir en el mismo porcentaje de variación de los índices de precios al Consumidor, certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior. Orden ésta que debía cumplirse entre los dos y cuatro meses de la notificación del correspondiente fallo, lapso que variaba según el despacho judicial de conocimiento. Reajuste que, según lo sentenciaron los diversos funcionarios judiciales, debía hacerse en forma retroactiva al primero (1º) de enero de 2000. Por su parte, otros despachos judiciales no accedieron a las pretensiones de algunos de los empleados y pensionados del sector público, al considerar que: 1. La decisión del Gobierno Nacional al estar materializada en diversos actos administrativos, puede ser objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, procedimiento éste que hace de la acción de tutela un mecanismo improcedente, por existir vías judiciales diversas a ella, por medio de las cuales se puede obtener la reparación del daño que se afirma, está causando la determinación gubernamental. 2. La decisión del Gobierno Nacional no está causando un daño de carácter irremediable que haga de la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados. Requisito éste indispensable para que proceda transitoriamente esta acción, ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. 3. La decisión del Gobierno Nacional es de carácter general e impersonal, hecho que hace improcedente la acción de tutela, en los términos del decreto 306 de 1992. 4. La decisión del Gobierno Nacional, cuyo fundamento está en las competencias constitucionales y legales a él reconocida, y como parte del plan de ajuste económico de la actual administración, no puede ser discutida ni desconocida por los jueces de la República, menos a través de una acción tan breve y sumaria como lo es la acción de tutela. 5. La pretendida violación del derecho a la igualdad no se configura, pues se reconoció aumento sólo a aquel sector que, por sus condiciones económicas, se encuentran en condiciones que requieren de la intervención del Estado. Así, la desigualdad que se alega, no es otra cosa que una diferenciación que es válida en el contexto de un Estado Social de Derecho. Algunos de los fallos fueron impugnados, pero con idénticas consideraciones a las reseñadas anteriormente, fueron confirmadas las decisiones de instancia. Algunas de estas providencias fueron objeto de impugnación, y revocadas por el superior jerárquico del funcionario que las emitió. Otras, por su parte, pese a ser impugnadas, fueron confirmadas con similares consideraciones. Finalmente, algunas de ellas no fueron recurridas. Sobre todas estas decisiones, la Sala Cuarta de la Corte entrará a decidir. Para el efecto y con el fin de dar cumplimiento al deber de motivación de las sentencias, a continuación se individualizan los datos esenciales de las acciones de tutela a las que ha de referirse esta providencia y las consideraciones de la misma. No. DEL EXPEDIENTE PETICIONARIO ENTIDAD DEMANDADA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA OBSERVACIONES 359192 CASDELO DE GONZALEZ EVELIA MARIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359193 POMARES DE POLO FLOR MARIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359194 GUERRERO DE MARQUEZ ROSA ELVIRA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359230 YEPEZ PIMIENTA ILDEFONSO ANTONIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359231 PEREZ BRICEÑO MIRIAM CECILIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359232 MUÑOZ RAMIREZ JOAQUIN DE JESUS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359233 LAVALLE POMARESEDGARDO RAFAEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359234 COLON VARELA FRNKLIN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359235 POLO MARQUEZ ZORAIMA DOLORES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359236 GARCIA DE MONTALVO ARACELY ESTHER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359461 RAMIREZ MARIA ASTRID MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CONCEDE IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CONFIRMA SE REVOCA 359462 GODOY ORTIGOZA LUZ MERY MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CONCEDE IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CONFIRMA SE REVOCA 359466 GUZMAN SERRANO MARTHA CECILIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CONCEDE IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CONFIRMA SE REVOCA 359699 GOMEZ ARIAS MARIA MARGARITA Y HERRERA ALZATE CARMEN CECILIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA YOLOMBO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA CONCEDE SE REVOCA 359781 VELEZ RENGIFO MARINA Y OTROS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL TULUA (VALLE) JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL CONCEDE SE REVOCA 359786 PARRA JIMENEZ MARIA IRENE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA MEDELLIN JUZGADO 1 DE MENORES CONCEDE MEDELLIN TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA SE REVOCA 359787 QUINTERO ESCOBAR LEONARDO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA MEDELLIN JUZGADO 1 DE MENORES CONCEDE MEDELLIN TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA SE REVOCA 359793 GUTIERREZ ALVAREZ AMPARO DEL SOCORRO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA MEDELLIN JUZGADO 2 DE MENORES CONCEDE MEDELLIN TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA SE REVOCA 359881 POLO SILVERA UBALDO RAFAEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359882 GARCIA CASTILLO GILMA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO SE REVOCA 359883 ARIAS TERNERA MARGARITA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359884 PACHECO HERNANDEZ MILADIS ONDINA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359885 BARRIOS CANTILLO CANDELARIA MARIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359887 BASTIDAS PORTOCARRERO PAX ZULIMA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 359888 CORTES OSORIO MARIA BERENICE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CONCEDE SE REVOCA 359889 GIRALDO GALLEGO JOAQUIN EMILIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CONCEDE SE REVOCA 359908 CANDELO QUINTERO HARVEY MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA PALMIRA (VALLE) JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL CONCEDE SE REVOCA 359961 OBANDO GARCIA STELLA Y OTROS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA TULUA (VALLE) JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL CONCEDE TULUA (VALLE) JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO CONFIRMA SE REVOCA 360068 MAZO MIRA MARTHA NELLY MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA BELLO (ANT.) JUZGADO 2 DE FAMILIA CONCEDE MEDELLIN TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA SE REVOCA 360074 CORREA BARRIENTOS GABRIEL MELKIADES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA YOLOMBO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA CONCEDE SE REVOCA 360113 ARIZA GIL AURA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE BOGOTA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL REVOCA 360203 CARDONA MARTINEZ CONSUELO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE BOGOTA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA SE REVOCA 360213 ORJUELA ZAPATA NASLY PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE BOGOTA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA SE REVOCA 360366 PEÑA TAMAYO JUDITH DEL SOCORRO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA MEDELLIN JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CONCEDE MEDELLIN JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CONFIRMA SE REVOCA 360401 SAMPER MIRANDA GLORIA MARINA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360402 RACINES DURAN SONIA MARIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360403 JUVINAO RUIZ ROSA ELENA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO SE REVOCA 360404 ESMERAL LOPEZ LYDA ROSA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360405 POLO PAYARES CECILIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360419 VEGA DE MENDOZA GRACIELA MERCEDEZ MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360420 RODRIGUEZ SUAREZ ISABEL DE JESUS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360421 SILVA DE POLO JOSEFINA DEL CARMEN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360422 ESCORCIA IBAÑEZ ILDA ROSA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360423 PEREZ ARAQUE ALEJANDRO CESAR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360430 DELGADO CASTILLO ALVARO MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO BUENAVENTURA (VALLE) JUZGADO 5 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360491 ARROYO TIRADO JORGE LUIS Y OTROS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA PLANETA RICA (CORD.) JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA CONCEDE SE REVOCA 360496 PABA BARBOSA CARMELINA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL SANTA MARTA JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360907 CHAPARRO DE ARANGO LILIA Y OTROS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA PALMIRA (VALLE) JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 360932 JARAMILLO VELASQUEZ MAGOLA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA MEDELLIN JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL CONCEDE SE REVOCA 361024 VARGAS HERRERA VIRGINIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361025 CARABALLO PARRA LUZ ARMIDA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361026 GUTIERREZ BETANCUR MARIA ELENA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361027 CARDONA PUERTA ELBA LUZ MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361028 MARIN RAMIREZ MIGUEL ANGEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361099 MORENO ROSERO LUIS ALEJANDRO Y OTRO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PASTO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONCEDE SE REVOCA 361169 JIMENEZ CONRADO CARMEN JULIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361170 VIVES HENRIQUEZ MANUEL POLONIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361171 URIELES PALMA KELY CECILIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361172 VARELA AVILA MARLENE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361173 PEDRAZA NIEBLES LUIS ADOLFO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL Y CAJA DE SUELDOS Y RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA 361175 VILLA GONZALEZ ANA MARIA DE LOS DOLORES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA MEDELLIN JUZGADO 1 DE FAMILIA CONCEDE SE REVOCA 361323 HENAO VALENCIA HARVEY Y OTROS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA PALMIRA (VALLE) JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE SE REVOCA CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia. La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. Segunda.- Lo que se debate. Corresponde analizar a esta Sala, si la decisión del Gobierno de no aumentar los salarios y pensiones en el sector público para el año 2000, cuando la cuantía de éstas fuera mayor a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, desconoce derecho fundamental alguno de los actores, y si tal decisión puede ser revisada mediante la acción de tutela. Tercera. Reiteración de jurisprudencia. 3.1. La Sala Plena de esta Corporación, en decisión unánime del diez (10) de agosto del año en curso, y contenida en la sentencia SU- 1052 de 2000, resolvió denegar las acciones de tutela que, por los mismos hechos y pretensiones contenidas en los expedientes que ahora son objeto de revisión, interpusieran distintos servidores y pensionados estatales. En el mencionado fallo, se explicaron las razones por las cuales la acción de tutela era un mecanismo improcedente para controvertir la determinación gubernamental de no aumentar los emolumentos salariales y pensionales de los servidores y ex servidores públicos que, a enero de 2000, devengasen más de dos (2) salarios mínimos. 3.2. En relación con la improcedencia de la acción de tutela para resolver sobre la decisión del Gobierno Nacional de no reajustar los salarios y pensiones estatales para el año 2000, afirmó la Sala Plena de esta Corporación: “al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales, aunque si podría, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos. “De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno Ncional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a esta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.). “Así las cosas, corresponde al Gobierno Nacional la formulación anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política y compete al Congreso Nacional su aprobación. Por su parte, esta Corporación es la encargada de estudiar y decidir respecto de su constitucionalidad, si en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se llegare a controvertir. “En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido esta Corporación, compete al Gobierno presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del mismo ordenamiento. “De otra parte, debe recordarse que en la contestación a las acciones de tutela cuyas decisiones se revisan, el Ministro de Hacienda y Crédito Público relaciona la decisión del Gobierno de no incluir en el proyecto de presupuesto un rubro destinado a incrementar la remuneración de los servidores públicos que devengan más de dos salarios mínimos, con la necesidad de incluir en el proyecto de ley de presupuesto compromisos que cuenten con los correspondientes recursos para que puedan efectivamente ser atendidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. “Esta mención del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta Corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Ncional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6° y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en “el presupuesto” al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga. “3.2. Los tutelantes además de estar inconformes con la decisión del Gobierno relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso por el artículo 187 de la Constitución Política, como para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque solo algunos servidores públicos resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un trámite especial que hace de suyo a la tutela improcedente. “De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno en materia de gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporación, pero en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideración de ésta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas con los números 2780, 2804, 2922 y 3051. “Igualmente, tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposición, al igual que las anteriores, debe demandarse ante ésta Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. “Así mismo, el mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no puede objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable jerarquía la hace inmune a las controversias, incluso ante esta Corporación a la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el mismo ordenamiento (Art. 374 a 379 C.P.). “4.- Improcedencia de la acción de tutela como medida transitoria. Sobre este asunto, en la misma sentencia antes citada se consideró: “ ... se observa que todos los accionantes invocan la protección transitoria arguyendo que se disminuyó el poder adquisitivo de su salario al no haberse decretado su reajuste de conformidad al incremento del IPC para el año inmediatamente anterior. Ninguno se refiere a circunstancias especiales, como tampoco se aportan pruebas de hechos excepcionales que ameriten protección. De ahí que ha de considerarse que éstos han sido afectados por el incremento del costo de vida, al igual que todos los habitantes del territorio , problemática que debido a su generalidad y a su componente estructural, no puede remediarse mediante las órdenes que compete impartir al juez de tutela. “Además, de conformidad con lo expuesto por la apoderada de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, corroborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no contradicho por los actores, “debido a que a los servidores públicos tuvieron en 1999 un incremento real de 3 puntos, al comparar el aumento salarial del 15% frente a una inflación esperada del 12%. Como la inflación prevista para el año 2000 es de un 10% y la masa salarial crecerá un 5.6% , se presenta en el presenta año una pérdida de 4 puntos que prácticamente es compensada con el aumento real obtenido por los servidores públicos en el año inmediatamente anterior”. Quiere decir entonces que la violación general impersonal y abstracta del derecho al trabajo de los servidores públicos, invocada para fundamentar el amparo provisional, no ha sido grave e irreparable porque, en términos globales, de llegar la inflación al 10% en el presente año, la pérdida del poder adquisitivo de la masa salarial que conforman estos servidores sería mínima. “Por consiguiente, la Corte estima que en el presente asunto la tutela no puede concederse como mecanismo transitorio, en razón a que deben ser las instancias correspondientes las que decidan si los actos generales que se controvierten, vulneran el derecho a la igualdad y al trabajo de los servidores públicos; y, como ha quedado expuesto, ninguno de los accionantes adujo ni probó un perjuicio irremediable que amerite la protección transitoria.” 3.2. Dentro de este contexto, al existir identidad tanto en los hechos como en las pretensiones de las acciones de tutela que fueron revisadas mediante el fallo de diez (10) de agosto del año en curso -sentencia SU-1052 de 2000-, y las que ahora ocupan la atención de esta Sala, habrá de reiterarse lo dicho en esa oportunidad por el pleno de la Corporación, para confirmar así, las decisiones judiciales que denegaron el amparo que solicitaran distintos servidores y pensionados estatales. 3.3. Igualmente, teniendo en cuenta que algunos despachos judiciales en las acciones que ahora son objeto de revisión, concedieron la protección solicitada, tales decisiones han de entenderse revocadas mediante esta providencia, por cuanto la acción de tutela, tal como fue explicado por la Sala Plena en el fallo parcialmente transcrito, es improcedente para lograr el reajuste salarial solicitado por los diversos empleados y pensionados públicos. III.- DECISIÓN. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero: CONFÍRMANSE las sentencias proferidas por los despachos judiciales que decidieron en instancia la acción de tutela de que trata el expediente acumulado T-360113. Segundo: REVÓCANSE las sentencias proferidas por los despachos judiciales que decidieron en instancia las acciones de tutela de que tratan los expedientes T-359192, 359193, 359194, 359230, 359231, 359232, 359233, 359234, 359235, 359236, 359461, 359462, 359466, 359699, 359781, 359786, 359787, 359793, 359881, 359882, 359883, 359884, 359885, 359887, 359888, 359889, 359908, 359961, 360068, 360074, 360203, 360213, 360366, 360401, 360402, 360403, 360404, 360405, 360419, 360420, 360421, 360422, 360423, 360430, 360491, 360496, 360907, 360932, 361024, 361025, 361026, 361027, 361028, 361099, 361169, 361170, 361171, 361172, 361173, 361175 y 361323 en las que se concedió el amparo que solicitaron los actores, servidores y pensionados públicos, por la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar los salarios y pensiones estatales para el año 2000, cuando éstas, en su cuantía, fueran superiores a dos (2) salarios mínimos. En consecuencia, se dejan sin efecto las órdenes que fueron emitidas por los diferentes despachos judiciales en estos expedientes, para que el Gobierno Nacional hiciera las apropiaciones presupuestales correspondientes, a efectos de reconocer y pagar, en forma retroactiva, el reajuste salarial para el año 2000. Tercero. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado IVAN H. ESCRUCERIA MAYOLO Secretario General (E)