Sentencia T-153 de 1998

T-153-98 Sentencia T-153/98 Sentencia T-153/98 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Condiciones de hacinamiento/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Perspectiva histórica del hacinamiento en Colombia/LEY DE ALTERNATIVIDAD EN LA LEGISLACION PENAL Y PENITENCIARIA-Descongestión carcelaria/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Algunas causales explicativas de la congestión/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Infraestructura y administración/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Consecuencias del hacinamiento Las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos por categorías. En efecto, la ley ordena que los sindicados estén separados de los condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza Pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc. ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Miembros de la fuerza pública/DERECHOS DEL INTERNO/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Función resocializadora La labor de resocialización no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de su reinserción al conglomerado social. Precisamente desde la perspectiva de la dignidad de los reclusos y de la obligación del Estado de brindarles los medios necesarios para su resocialización se deben interpretar distintos artículos del Código Penitenciario que regulan las condiciones de albergue de los internos, y sus derechos al trabajo, a la educación y enseñanza, al servicio de sanidad, a la comunicación con el exterior y la recepción de visitas, a la atención social, etc. ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Sindicados y condenados ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Actitud reactiva del Estado frente al hacinamiento JUEZ CONSTITUCIONAL-Asunción vocería de minorías olvidadas La racionalidad constitucional es diferente de la de las mayorías. Los derechos fundamentales son precisamente una limitación al principio de las mayorías, con el ánimo de garantizar los derechos de las minorías y de los individuos. El juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Hacinamiento carcelario La remisión al recurso de nulidad no toma en cuenta las condiciones extremas de violación del derecho a la dignidad de los reclusos, y las inminentes amenazas contra su vida e integridad personal. El recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa no es eficaz en este caso. Las obras de remodelación terminarían mucho antes de que finalizara el proceso, y están en capacidad de generar un mayor ambiente de violencia en la cárcel, poniendo en grave riesgo la vida e integridad personal de los reclusos. Por otra parte, se argumenta que, dado que muchas de las situaciones descritas constituyen una clara violación de la ley, se ha debido recurrir a la acción de cumplimiento. Al respecto debe recordarse que esta Corporación ha señalado que en los casos extremos de omisión de sus obligaciones por parte de las autoridades - situación que se expresa también cuando se presenta un craso, grave, reiterado y prolongado incumplimiento de la ley -, los afectados pueden también recurrir a la tutela, siempre y cuando la actitud negligente de la administración vulnere o amenace en forma inminente sus derechos fundamentales. En efecto, la inacción de las autoridades ha significado la violación sistemática de los derechos de los reclusos, durante décadas, y a pesar de las muchas solicitudes y críticas elevadas con respecto al sistema penitenciario no se percibe ninguna política oficial para modificar de raíz la gravísima situación carcelaria del país. ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Alcance Esta Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional. ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Hacinamiento Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no sólo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del INPEC o del Ministerio de Justicia. Por eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del Poder Público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema. DERECHOS DEL INTERNO-Alojamiento en condiciones dignas ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Plan de construcciones y refacciones PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Aplicación de la detención preventiva como medida extrema/PROCESO PENAL-Medidas idóneas para la resocialiación del condenado La Corte considera importante llamar la atención acerca de que el principio de la presunción de inocencia exige que la detención preventiva se aplique únicamente como medida extrema, tal como lo determina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad, conocidas también como las reglas de Tokio. Igualmente, estima fundamental recordar que en cada proceso penal es importante reflexionar acerca de si la persona condenada requiere para su resocialización el tratamiento penitenciario, o si sus mismas características permiten proceder con otro tipo de sanciones. Al respecto, cabe mencionar que las mismas reglas de Tokio recomiendan que antes de tomar la decisión de imponer la pena de prisión en establecimientos carcelarios es importante poner en consideración, "las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima." JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Fundamentación de negativa a otorgar libertad provisional/JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Presencia en centros penitenciarios En principio, la Corte no tiene nada que objetar contra la decisión de los jueces de negar la libertad provisional. Pero esa decisión debe ser fundamentada en el conocimiento del recluso y de su comportamiento en el centro penitenciario. Por eso, la no presencia de los jueces de penas y medidas de seguridad en las penitenciarías es inexcusable. Si bien parece claro que el número de jueces de penas es reducido en relación con el número de reclusos que deben atender, este hecho no justifica la ausencia de los jueces en los centros penitenciarios. Referencia: Expedientes acumulados T-137.001 y 143.950 Actores: Manuel José Duque Arcila, Jhon Jairo Hernández y Otros. Tema: Estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión del País Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En los procesos de tutela números T-137001 y T-143950, promovidos por Manuel José Duque Arcila y Jhon Jairo Hernández y otros, respectivamente, contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. ANTECEDENTES Proceso T-137001 1. El ciudadano Manuel José Duque Arcila interpuso acción de tutela, como mecanismo transitorio, contra el Ministerio de Justicia y el INPEC, por cuanto estima que estas entidades le vulneran sus derechos humanos al no tomar medidas para solucionar la situación de hacinamiento en la que se encuentran los reclusos del centro carcelario donde se encuentra privado de su libertad. 2. Los hechos que dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela son los siguientes: El actor, quien se encuentra recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista de Medellín, interpone la acción de tutela “con el objeto de que descongestionen a Bellavista”. Afirma que recurre a esta acción judicial “como un mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable de tener que seguir soportando esta tortura a la cual he sido sometido desde hace año y medio”. Agrega que busca también “evitar que a cualquier momento alguno (s) de los oprimidos se vean obligados a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Sobre el hacinamiento que experimenta el mencionado centro relata: “En un pasillo hay 40 camarotes con capacidad para 40 internos, los internos a su costa construyeron 40 zarzos, ampliando la dormida para 80 personas. Al hacer los zarzos el clima aumentó su temperatura de 25 a 35 o 40 grados en muchas ocasiones, haciéndose insoportable la dormida, pues, por el calor, sólo se puede conciliar el sueño después de la media noche y cuando baja un poco la temperatura, pero lo injusto es que no habemos 80 internos por pasillo, sino que habemos 170 o 180 personas por pasillo y mientras unos (los de las celdas) nos encontramos durmiendo en baños de sauna, otros sufren la inclemencias del frío, tirados en el pasillo de las celdas y no tienen espacio ni siquiera para poder estirarse y dormir cómodamente “En los últimos días se ha estado haciendo superinsoportable la dormida, nos suben a las 4 de la tarde a los dormitorios y desde que subimos hasta que nos bajan al otro día nos toca quedarnos casi que inmóviles, pues no hay espacio ni para dormir en los baños, el gobierno nos tiene arrumados en un corral y ahora quiere empacarnos en el corral. “El ambiente es pesado y hay insuficiencia de todo y según la constitución, vivimos en un Estado social de derecho y son fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan y debe de garantizarnos la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y si la constitución es norma de normas, y prima la constitución por encima de todo, está no está primando en el momento actual”. El actor expone que interpone la acción de tutela contra el Ministerio de Justicia y el INPEC porque estas dos entidades “pertenecen a una asociación política y la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales del hombre, esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y el derecho a la opresión...” (sic). El actor concluye con la siguiente afirmación acerca de las precarias condiciones de vida que ofrece el establecimiento carcelario y los peligros que ellas representan: “Si uno cae a una cárcel debería de tener un mínimo espacio para dormir y tener servicio de agua, en estos momentos después de una hora de habernos encerrado el calor es insoportable la temperatura debe pasar de 30 grados, no hay donde recibir aire, el aire que se respira es caliente lo mismo que el aire que circula, al cual le podíamos dar interpretación como derecho a la propiedad, lo que quiero con la presente acción de tutela es que el gobierno haga la forma de buscar soluciones pues no se justifica que haya que haber violencia, muerte o destrucción para poder que el Estado entre a arreglar soluciones como las que estamos viviendo, yo por mi parte me mantengo atemorizado oyendo rumores de que no esperamos si no que cualquiera arranque para mostrarle a este gobierno que en Bellavista somos capaces de destruir este pabellón en menos de medio día”. 3.- El 2 de mayo de 1997, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín admitió la tutela y solicitó al director del INPEC, al director de la cárcel de Bellavista y al Ministerio de Justicia se manifestaran sobre los hechos materia de la acción. 3.1 El director del la cárcel del Distrito Judicial de Medellín expresa que son ciertas las afirmaciones del actor respecto de las condiciones de hacinamiento de la cárcel de Bellavista. Al respecto señala: “el pabellón octavo alberga una población muy superior a la pensada para su destinación, este inevitable exceso se manifiesta en detrimento de las que reconozco como condiciones de bienestar que no pueden negarse caprichosamente al individuo. Admito como cierto que las celdas han duplicado su capacidad mediante la construcción de zarzos y con ello convengo en la acusada consecuente elevación de la temperatura y en la también señalada ocupación de los pasillos. Pero llamo la atención del despacho para que repare en el hecho de que las construcciones han sido iniciativa de lo internos en razón a la insuficiencia de espacio creada por el hacinamiento, circunstancia ésta última frente a la cual la administración se halla tan desprotegida como los internos, pues no puedo en mi condición de funcionario público sustraerme al mandato de la autoridad judicial que ordena a este centro la reclusión de un hombre, el despacho sabe que el acto muy posiblemente sería calificado de “prevaricato por omisión”. El director sostiene también que la responsabilidad por el hacinamiento en el interior de la cárcel de Bellavista no es del INPEC sino que es consecuencia de que la política criminal del país sea en realidad una política penitenciaria. A manera de ilustración, señala que las Leyes 40 de 1993, 228 de 1995, 292 de 1996 y 360 de 1997 buscan todas apelar a la reclusión, al incremento de penas y a la restricción de los beneficios de excarcelación como remedio para hacer frente a los desajustes sociales. Anota que si la política es “incrementar hasta límites no pensados la población carcelaria”, no le asiste responsabilidad alguna a la dirección del establecimiento, ni a la Dirección General “porque es indispensable reconocer que ellas no han sido provistas de medios para ampliar su capacidad hasta la demanda exigida por los nuevos estatutos”. Finalmente, el director de la cárcel expone lo siguiente sobre la situación de crisis del establecimiento carcelario: “la cárcel del distrito Judicial de Medellín fue creada con una capacidad inicial de 1500 internos. Con las adecuaciones y creación de algunos pabellones ha alcanzado una capacidad de 1700 hombres. A la fecha de elaboración de este oficio la población asciende a 4969. Obviamente hay sobrecupo, pero como la Dirección no puede negarse a recibir nuevos internos, se está a la espera de las decisiones de la Dirección General, que como será de su conocimiento afronta en otros distritos problemas no menos serios, por lo pronto se está ejecutando un plan de 100 traslados que si bien no representa una significativa reducción, sí nos permite una vez cumplido, acordar con las Dirección General y Regional, otros planes y alternativas”. 3.2. En su escrito, el apoderado del Ministerio de Justicia sostiene que la acción de tutela debió dirigirse “exclusivamente contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, por cuanto a pesar de que el INPEC se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, este último no actúa como su superior jerárquico. Cita al respecto el artículo 2 del Decreto 2160 de 1992 que dispone que “el INPEC es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio”. Señala el apoderado que si bien el Ministerio ejerce tutela sobre el INPEC, éste realiza sus funciones con independencia. Por esta razón, “el Ministerio de Justicia y del Derecho no es la autoridad a quien podría exigírsele una orden proveniente de algún funcionario judicial en el sentido de hacer o abstenerse de hacer una determinada conducta que eventualmente estaría vulnerando algún derecho fundamental, por no tratarse de un asunto de su competencia”. Finalmente, el representante judicial del Ministerio añade que en el artículo 3 del mencionado Decreto 2160 de 1992 se contempla que entre los objetivos del INPEC está el “ejecutar y desarrollar la política carcelaria y penitenciaria dentro de los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional”. De allí concluye que la dirección de la política carcelaria y penitenciaria del país es de competencia exclusiva del INPEC y que, por lo tanto, éste es quien debe responder por ella. 3.3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a través de la coordinadora de tutelas de dicha entidad, señala que, como bien se manifestaba en el informe presentado por el director de la cárcel del Distrito Judicial de Medellín, “es evidente el problema de hacinamiento que se presenta no sólo en ese centro de reclusión sino en la mayoría de los centros de reclusión del orden nacional”. Entre las causas de este problema señala las siguientes: “[E]l incremento de la delincuencia, la demora en la tramitación de los procesos, que elevan el número de internos sindicados, la cantidad de sentencias que aún se halla sin ejecutoriar, por diversas razones, la más frecuente la resolución de lo recursos extraordinarios de casación, la falta de presupuesto para implementar nuevas formas de infraestructura que permitan mayor capacidad a los establecimientos de reclusión y que les permitan albergar el mayor número de internos en condiciones dignas y justas, o que permitan la construcción de nuevas instalaciones propuestas para tal fin. “Todas estas circunstancias, que como se evidencia tienen diversas fuentes pero que repercuten para cualquier efecto, en quien la padece que en este caso, no es nadie diferente a los internos, han sido las causas generadoras de una situación conocida ampliamente ante la opinión nacional y que se hiciera evidente en los últimos meses, hechos por los cuales fueron varias las cárceles, que en señal de protesta y descontento se amotinaron, al menos para lograr con ello la atención de los diversos organismos del Estado”. Advierte que el INPEC está buscando mejorar las condiciones de vida de los internos a través de la implementación de políticas penitenciarias encaminadas a la resocialización y la reinserción del recluso en la sociedad. Frente al caso particular de la cárcel del Distrito Judicial de Medellín, expresa que “se gestiona en la actualidad la reubicación de más de 100 internos a otros establecimientos de reclusión, solución que si bien es cierto no es definitiva al menos aliviará el volumen de población que necesariamente disminuirá los índices de hacinamiento”. Finalmente, señala que dificultades presupuestales y de planeación, cuya solución no depende del INPEC, impiden ofrecer respuestas inmediatas al problema carcelario. Finaliza con la siguiente afirmación: “[N]o es desconocido que las soluciones competen a diversas autoridades del orden nacional y departamental, pues sólo con el concurso decidido de ellas podremos lograr los cambios a que anheladamente se refieren los internos”. 4. El 13 de mayo de 1997, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín denegó la tutela interpuesta. En su sentencia, la Sala expresa que dado que el Ministerio de Justicia ejerce tutela sobre el INPEC, “no está exonerado de resistir los reclamos de este procedimiento constitucional que se intenta”. El Tribunal se refiere a la sentencia T-501 de 1994 de la Corte Constitucional, en la cual se sostuvo que la tutela no era el mecanismo adecuado para lograr la realización de obras materiales por parte del Estado, ni para obtener para las instituciones carcelarias “una infraestructura adecuada que permita, tanto a los internos como a quienes a cualquier título permanezcan allí, convivir en circunstancias acordes con la dignidad humana”. Añade el juez de tutela que el preso está en un especial estado de sujeción frente al Estado y que los jueces deberían también velar por la legalidad de las condiciones de reclusión. Afirma que “es una meta heurística” que el juez de ejecución de penas y el fiscal, o el juez de conocimiento, “puedan impartir órdenes al INPEC, hasta con injerencia en el presupuesto, para que sean respetados los derechos de los encarcelados y puedan solucionarse problemas tales como éste, por lo demás endémico, del hacinamiento y de los riesgos de muy diverso tipo que entraña la cárcel”. De otro lado, señala el Tribunal que el incumplimiento del Estado en su deber de suministrar alimento, vestido, alojamiento digno y asistencia sanitaria al recluso, lo hace responsable y sujeto de una obligación indemnizatoria por el mal funcionamiento del servicio público. Sostiene que el interno es un sujeto de derechos - aunque algunos como la libertad y la comunicación se encuentren suspendidos o debilitados. El Estado debe garantizar al recluso la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y moral y a la dignidad humana. Sin embargo, aclara que la salvaguarda de estos derechos humanos exige la inversión de importantes recursos y la construcción de obras costosas, requisitos éstos que no puede cumplir el Estado colombiano en razón de su pobreza, todo lo cual convierte en mero enunciado teórico la defensa de los derechos fundamentales de los internos. 5. El actor impugna el fallo del Tribunal. En su escrito, manifiesta que la Constitución dispone que Colombia es un Estado social de derecho, declaración que implica que “de alguna manera procura proteger a los sectores sociales menos favorecidos”. Señala que los internos “estamos clamando que nuestra estadía en el penal funcione de una manera más accesible, humana y eficaz”. Añade que mediante la tutela no solicitó la construcción de obras materiales sino que “haya un orden jurídico donde se nos aseguren los derechos y garantías fundamentales”. Señala al respecto que: “en Bellavista hace falta oxígeno, el aire es pesado y caliente al respirarlo y sentimos la necesidad de un espacio adecuado para que el aire entre y circule, así podríamos respirar mejor, no solamente con obras materiales se solucionan problemas como el que nos aqueja, solo basta con acciones humanitarias”. Considera que al titular del Ministerio de Justicia le corresponde presentar al Congreso un proyecto de ley para lograr este propósito, acción que no implica erogaciones para el tesoro público. Asevera que “no hay voluntad ni calor humano de los poderes públicos para cumplir con los deberes constitucionales”. 6. El 16 de junio de 1997, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. La Sala hace un recuento de la normatividad nacional e internacional que regula lo referente al tratamiento de los reclusos y a sus derechos y garantías. Menciona que el artículo 155 del Código Penitenciario de 1964 (contenido en el Decreto 1817) disponía: “Los detenidos y condenados deben gozar de completa asistencia, médica, higiénica, odontológica, farmacéutica y hospitalaria”. Igualmente, refiere que el Código de Procedimiento Penal impone a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y, a falta de éstos, al juez que dictó la sentencia de primera instancia, velar por que se cumpla lo preceptuado por el artículo 408 del mismo código, en el sentido de que los sindicados y los condenados tienen derecho a recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto a los derechos humanos. A continuación, señala que en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, celebrado en 1955, se adoptaron una serie de reglas básicas en relación con el trato a los detenidos, las cuales fueron luego aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante la resolución 663 del 31 de julio de 1957. Igualmente, destaca la Corte Suprema de Justicia que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José - señalan en sus artículos 10 y 5, respectivamente, que las personas privadas de la libertad deben ser tratadas de acuerdo con la dignidad que les confiere su condición de seres humanos. Reconoce la Sala de Casación que las cárceles del país se encuentran en muy mal estado y difícilmente cumplen con los mandatos anteriormente mencionados. La cárcel de Bellavista en Medellín es reflejo de dicha situación, tal como lo acepta su director. Sin embargo, concluye que la tutela no es el mecanismo apropiado para mejorar la situación del establecimiento carcelario, pues por medio de esta acción no se puede ordenar que se lleven a cabo las construcciones necesarias para ofrecer a los reclusos condiciones mínimas de vida. Las mencionadas obras demandan erogaciones del tesoro público y éstas solamente pueden ser ordenadas en la forma y bajo las condiciones señaladas en la Constitución (en sus artículos 345ss.) y en la ley orgánica del presupuesto (decreto 111 de 1996). Señala que el juez de tutela no puede convertirse en un ordenador o ejecutor del presupuesto, pues ello significaría la invasión de competencias atribuidas a las autoridades administrativas respectivas y un cogobierno de la rama judicial. Para sustentar este aserto se apoya en las sentencias T-185/93 y T-195/95 de la Corte Constitucional. Finalmente, la Sala sostiene que a través de la acción de tutela tampoco se puede exigir que se legisle en algún sentido, tal como aspira el demandante. Agrega que, además, las normas que solicita el actor ya existen “pero se tornan en letra muerta en la medida en que no se hagan las apropiaciones presupuestales necesarias a tal fin”. Asimismo, anota que la tutela tampoco puede ser utilizada para exigir que se apliquen las normas legales vigentes, pues esa pretensión es del resorte de la acción de cumplimiento. Proceso T-143950 7. El día 4 de agosto de 1997, diferentes internos de la Cárcel Nacional Modelo, integrantes del Comité Permanente de los Derechos Humanos de este centro, instauraron una acción de tutela contra el INPEC, por cuanto consideran que éste vulneraba los derechos humanos y los derechos fundamentales a la salubridad, igualdad, privacidad e intimidad de los presos de los pabellones 3, 4 y 5, al intentar “remodelar los sectores occidental de los tres pabellones mencionados, haciendo caso omiso de las exigencias de tipo técnico, humanitario y legal, que se exige en éstos casos; y pretende en las nuevas celdas acomodar a un mínimo de cuatro (4) internos dentro de un espacio de 6.60 metros cuadrados, que impide a éstos el libre y normal movimiento, es decir, impidiéndoles vivir de una manera humana”. Agregan que la acusada remodelación se va a efectuar también en los pabellones 1 y 2 y que ella incrementará el hacinamiento y desmejorará las ya de por sí precarias condiciones de vida de la población carcelaria “en una clara conducta atentatoria contra la dignidad humana”. 8. Los hechos que dieron lugar a la solicitud de tutela fueron los siguientes: 8.1 Los actores relatan que, en febrero de 1997, el INPEC inició obras de remodelación de las celdas del sector occidental de los pabellones 3, 4 y 5 de la Cárcel Nacional Modelo. Para ello, procedió a reacomodar a todos los internos de estos pabellones sobre el costado oriental de los mismos, de manera que “cerca de 2500 internos quedaron aún más hacinados en el espacio que antes albergaba a la mitad de estos”. Aseveran también que, como consecuencia de las obras, las áreas de esparcimiento o “patios” fueron reducidas hasta en un 60%, como ocurrió con el pabellón 3. Sostienen que la administración carcelaria no consultó los planes de remodelación con la población carcelaria y que, incluso, hizo caso omiso de la oposición manifestada por diversos sectores de la misma. Expresan que el régimen carcelario y penitenciario establece que cada interno debe disponer de su propia celda y que esta debe tener una superficie de 9.90 metros cuadrados (3.30 x 3.0). Sin embargo, en las celdas remodeladas, que son de 6.60 metros cuadrados, “se ubicará a un mínimo de cuatro (4) personas, para un área promedio por interno de 1.65 metros cuadrados, que convierte el sitio de alojamiento permanente en un calabozo, agravándose aún más las condiciones de cautiverio, con efectos directos sobre la salud física y mental de los internos de este centro carcelario, y sobre sus familias, de quienes éstos dependen”. Manifiestan que con “el nuevo esquema de redistribución interna de la población”, se impedirá la visita conyugal ya que “el hecho de que cuatro (4) personas, como mínimo, ocupen una celda, tornará aberrante y vergonzoso el libre derecho a la intimidad, puesto que el interno y su pareja para mantener relaciones íntimas tienen que someterse a una fila o en espera de que la celda sea desocupada”. Consideran que también se vulnera la intimidad de la pareja, si la visita conyugal se desarrolla en los llamados “lugares especiales” - que no existen en la Cárcel Modelo -, “pues nuestras esposas o compañeras, se verían igualmente expuestas a la afrenta y burla al tener que dirigirse a tan desobligantes lugares”. Los actores cuestionan las especificaciones de tipo arquitectónico y técnico relacionadas con la remodelación de las celdas, “pues las mismas: a) no cuentan con el espacio adecuado, según normas nacionales e internacionales existentes; b) están fuera de normas de diseño, pues no cuentan con la aireación u oxigenación suficiente para que los internos puedan gozar de salubridad; c) dentro del reducido espacio en mención se localiza además un baño, que no cuenta con ventilación adecuada y está fuera de normas, lo que resulta antihigiénico y gravemente atentatorio contra la salud de los internos”. Con respecto a la ventilación de la celda y el baño expresan que ella “sólo se da por un orificio en la puerta de acceso de 29 cm de ancho por 49 cm de alto, siendo esta la única estructura que permitiría la ventilación y oxigenación en cada celda”. Esta carencia es agravada por la crítica situación en la que se encuentra la red sanitaria del centro, “la que presenta serias deficiencias por el diseño y estado de las mismas, dado que ésta fue diseñada y construida hace 40 años para una capacidad de 1800 personas, cifra que a la fecha supera las 4.500, dándose por consiguiente una sobrecarga de sólidos que mantiene a este penal en condiciones de emergencia sanitaria permanente”. Igualmente, contribuye a agravar la situación el hecho de que el suministro de agua sufra limitaciones diarias en el 80% del centro carcelario. Así, concluyen que “es de preverse entonces serios y aún más graves problemas de salubridad de los que hasta ahora ha padecido la población de internos de este penal”. Finalizan este punto, recordando que precisamente a causa de las condiciones de salubridad preexistentes, el Procurador General de la Nación se había pronunciado “a favor del cierre de este centro carcelario”. Para terminar, exponen que el INPEC, al llevar a cabo las obras de remodelación “de una construcción en avanzado estado de obsolescencia y deficiencia para el cumplimiento de sus fines”, desestimó la construcción de nuevas edificaciones en terrenos aledaños o en áreas internas actualmente subutilizadas, con las cuales sí se habría podido contribuir al deshacinamiento del centro. 8.2. Los actores anexan a su demanda de tutela un escrito presentado al director del INPEC por el mismo Comité, el día 10 de julio de 1997, en el que planteaban su oposición “a la continuación de las obras en los sectores restantes de los pabellones 3,4,5 (costado occidental), como en la totalidad de los pabellones 1 y 2”. Su oposición la fundamentan en razones de tipo técnico, económico y legal. Las razones técnicas están referidas al problema sanitario del centro y a la decisión de remodelar la cárcel en vez de optar por nuevas construcciones. Sobre el problema sanitario aseveran que el hacinamiento que presenta el centro carcelario ha creado una sobrecarga sobre la red sanitaria que “ha hecho ineficiente la evacuación de excretas y aguas negras, convirtiéndose este problema en el más grave que afecta la salubridad dentro del penal”. Agregan que de acuerdo a una evaluación técnica realizada en el presente año, “ninguna de las cañerías existentes opera normalmente, lo que pudo comprobarse por el estado de las cajas de inspección las que se mantienen totalmente llenas”. Este problema, que se agrava con las lluvias, “expone a la cárcel a la declaratoria de una emergencia sanitaria, la que sin duda sería decretada de manera inmediata por la Secretaría de Salud, en el momento de que se solicitare una inspección”. Aseveran que “la readecuación de la red sanitaria ha debido, técnicamente, preceder a las obras de readecuación locativa”, y que todas estas observaciones fueron previamente hechas al director de la cárcel durante una reunión que sostuvo con el comité de negociación de la cárcel. Observan, igualmente, que hay espacio para que se levante una nueva construcción, razón por la cual no entienden que “se opte por reconstruir una edificación obsoleta”. Consideran que además esta determinación no resuelve el problema de hacinamiento y atenta contra los derechos humanos de los internos, “[p]ues en las celdas sin remodelar, de 3,3 metros cuadrados conviven tres personas en promedio, mientras que en las readecuadas, cuyas dimensiones son 3 X 2,20 (es decir 6,6 metros cuadrados) se ubicará a seis personas (1,10 metros cuadrados por persona); nos preguntamos, qué solución para deshacinar puede representar el unir dos celdas (que es lo que se ha hecho en la sección remodelada) que están albergando cada una a tres internos, para ubicar en la “nueva” a seis?”. Las obras también son criticadas desde el punto de vista económico, pues afirman que, a pesar de los altos cuantiosos costos que ellas demandan, no resuelven el problema de hacinamiento de los reclusos. Igualmente, expresan que con la remodelación se vulnera los derechos de los reclusos a la privacidad, la intimidad y la salubridad. El escrito finaliza con la siguiente afirmación de los miembros del Comité: “[n]os reiteramos en nuestra posición de objetar por onerosa e ineficaz la continuación de las obras de remodelación, como medida para ‘resolver’ el hacinamiento carcelario y por el contrario sugerimos, muy respetuosamente, se dé comienzo a una nueva obra que observe los parámetros técnicos y de respeto a la dignidad humana que hagan más llevadero el cautiverio mientras el Estado nos resuelve nuestra situación jurídica. En cuanto a las celdas ya remodeladas éstas no deberían ser ocupadas por más de dos (2) personas”. 8.3. En escrito aclaratorio de la demanda de tutela, redactado a petición del Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá, los actores señalan como derechos vulnerados la salud, la privacidad y la igualdad y la intimidad. Sostienen que el derecho a la salud se vulnera: “[e]n razón a mantener en condiciones de hacinamiento a más de 4.500 internos en unas instalaciones que fueron diseñadas hace 40 años para una capacidad de 1800 personas; y pretender perpetuar y aumentar dichas condiciones de hacinamiento al proceder a adecuar las celdas individuales de 3.30 metros cuadrados existentes en los pabellones 3, 4 y 5, convirtiéndolas en celdas para albergar mínimo a 4 personas en un área de tan sólo 6.60 metros cuadrados, las que junto con el baño que poseen, no cumplen con las normas mínimas en cuanto a área, diseño, aireación e iluminación, señaladas por las Naciones Unidas (ver “Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos” ONU); además de proceder a desaparecer áreas que estaban dedicadas al esparcimiento, recreación y libre movimiento, como ocurrió con el patio del Pabellón 3° que utilizaban los 300 internos recluidos en dicho pabellón. Debe señalarse además, que lo expresado públicamente, en declaraciones recientes a los medios de comunicación, por el señor Director del INPEC, no es verdad, pues señaló que ‘se entregaban 3000 nuevos cupos’ en la Cárcel Nacional Modelo, cuando como se ha mencionado se trata de una simple remodelación (a un muy alto costo para el Estado), que no resuelve el problema de hacinamiento, sino que por el contrario lo legitima y agudiza aún más”. Enfatizan que las obras de remodelación se adelantaron sin tener en cuenta que no estaba resuelto el problema de la red sanitaria que “no permite la evacuación eficiente y normal de aguas negras y desechos sólidos, por lo que se mantienen represadas de manera permanente generando olores putrefactos nocivos a la salud de la población carcelaria, además de ser responsable de las inundaciones frecuentes de patios y celdas”. Recuerdan que esta situación fue la que motivó que el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Comisión Parlamentaria que visitó la cárcel, sugirieran su clausura. Adicionalmente, expresan que en las obras de remodelación se desatendió el problema “de la deficiencia permanente en el suministro de agua potable en los diferentes pabellones”. Los actores proponen las siguientes fórmulas para restituir la vigencia del derecho a la salud de los internos: “1) Impidiendo que se continúen manteniendo las actuales condiciones de hacinamiento en la Cárcel Nacional Modelo, y que las mismas se perpetúen y acentúen aún más no permitiendo que las celdas remodeladas en los sectores oriental de los Pabellones 3,4 y 5 sean ocupadas hasta tanto: a) se proceda a su rediseño como celdas individuales con el área mínima que al menos poseían de 2.20 mt x 1.48 mt; b) se proceda al rediseño del baño o clausurarlo, manteniendo y mejorando los baños colectivos o rotondas existentes; c) se resuelva el problema de la ineficiencia y obstrucción permanente de la red sanitaria a éste centro carcelario, mediante obras de ampliación y rediseño de la misma, de tal manera que se ponga fin al gravísimo problema sanitario que viene afectando hace años a éste penal, exponiendo a la población de internos a epidemias recurrentes; d) se resuelva igualmente el crítico problema de suministro de agua potable en calidad y cantidad. 2) Restituyendo de manera inmediata la totalidad del área del patio que poseía hasta febrero de 1997 el Pabellón 3 el cual era el único espacio para el esparcimiento, recreación y libre movimiento de los 300 internos recluidos en dicho pabellón. 3) Ordenando la suspensión de las obras que bajo las mismas características antes anotadas, se iniciarían próximamente en los sectores occidental de los Pabellones 3, 4 y 5, y en la totalidad de los Pabellones 1 y 2, hasta tanto no se reevalúe dicho proyecto y se ajuste a parámetros técnicos y legales según normas penitenciarias nacionales e internacionales, pero y principalmente hasta que se resuelva el problema de la red sanitaria y el suministro permanente y suficiente de agua potable en éste centro carcelario”. De otra parte, consideran los actores que el INPEC vulnera los derechos a la privacidad y a la igualdad de los internos de la Modelo, por cuanto permite que 4500 internos convivan en un área diseñada para 1800 presos. Sostienen que estos derechos se vulneran en forma continua, pues a diario ingresan más internos a la cárcel “sin que se aumente el área construida disponible para alojamientos” y, además, se pretende ubicar a un mínimo de 4 personas por celda en el sector remodelado. Manifiestan que lo anterior no le ocurre a “las personas privadas de la libertad que hoy permanecen en los llamados Pabellones de Alta Seguridad, en los que como es sabido, el Estado ha invertido más del 80% del presupuesto de inversión del sistema carcelario y penitenciario”. Exigen que se les dé el mismo trato humano y digno que reciben estos internos, “quienes ocupan celdas espaciosas e individuales”, para darle así efectividad al derecho constitucional a la igualdad. Por último, señalan que el INPEC vulnera el derecho a la intimidad de los internos porque los mantiene en condiciones de hacinamiento. Esta situación afecta especialmente a los internos de los pabellones 4 y 5. En ellos se comparte entre seis una celda de 3,25 mts cuadrados, y desde febrero de este año algunos “duermen tirados en los pasillos en número de 80 a 100 por pasillo, tal como lo verificaron la Defensoría, la Procuraduría, la Cruz Roja Internacional y la Comisión Parlamentaria delegada para tales fines”. Este hecho constituye una vulneración al derecho “ a la intimidad en cuanto a su relación de pareja”, la cual, cuando se da, “ocurre bajo condiciones degradantes y abiertamente violatorias contra la dignidad humana”. Consideran que para que se restituya éste derecho a los internos, debe disponerse “que cada interno tenga su celda individual, tal como hace muchos años ocurría en este centro carcelario, o como ocurrió hasta el mes de febrero de 1997 en el Pabellón 3, y como lo establece el Código Carcelario y Penitenciario y la ONU en sus Reglas Mínimas”. 9. El 12 de agosto de 1997, el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá admitió la tutela y solicitó al INPEC que se manifestara acerca de ella y que adjuntara copia de los documentos en los que se fundamentó el proyecto de remodelación y adecuación de las celdas de los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Cárcel Nacional Modelo. 9.1. En comunicación del día 15 de agosto, la coordinadora de tutelas del INPEC expresa que, de acuerdo con la información que le fuera suministrada por la Subdirección de Construcciones del INPEC, “el área que se menciona como total para las adecuaciones de las nuevas celdas no es de 6.60 metros como afirman los accionantes sino de 8.73, espacio en el que está comprendido el baño. Dicha área fue destinada exclusivamente para albergar a 4 internos”. Sostiene que el proyecto de remodelación “buscó recuperar y mejorar las condiciones locativas de las celdas y por ende las condiciones de vida de los internos, si bien no con arreglo a lo estipulado por normas internacionales, sí mejorando ostensiblemente la situación apremiante que venían padeciendo”. Agrega que “dadas las condiciones de infraestructura del centro carcelario, resulta imposible darle [a las celdas] el área mínima establecida por los códigos internacionales, esto por el alto índice de hacinamiento que presenta en la actualidad el centro, ya que no hay que olvidar que ella fue construida para 1.800 internos, existiendo en la actualidad una población fluctuante y constante de 4.500 internos, suma que rebasa descomunalmente los diseños que permiten seguir taxativamente las reglas internacionales”. Manifiesta que por razones de seguridad, en la primera etapa del proyecto “no se consideró oportuno colocar ducto de ventilación a los baños”, pero que posteriormente se han planteado alternativas para mejorar el servicio, sin poner en peligro la seguridad del establecimiento. En relación con los problemas de alcantarillado y de suministro de agua potable que fueron denunciados por los actores, señala que también en la primera etapa se instalaron unos equipos de presión con capacidad para llevar el agua a los aparatos localizados en cada una de las celdas y a los tanques de almacenamiento que se encuentran en las cubiertas, “garantizando así el suministro de agua de los internos y en caso de emergencia suministrar agua por gravedad”. Asimismo, expresa que para la evacuación de aguas negras “se construyó un pozo eyector con seis bombas de presión las cuales están en capacidad de expulsar todos estos residuos orgánicos a la red de alcantarillado de la ciudad”. Agrega que se pretende que en las demás etapas del proyecto de remodelación se apliquen soluciones similares para el problema hidrosanitario y puntualiza que “los equipos y redes son nuevos y de la mejor calidad”. Finalmente, sostiene que debido a las condiciones de hacinamiento existentes y a la infraestructura de la Modelo, “es imposible dotar a los 4500 internos de celdas individuales como fuera planteado por los accionantes, de manera que lo que se ha pretendido es mejorar las condiciones actuales de vida, en la medida de las posibilidades del área con que se cuenta”. 9.2. La coordinadora de tutelas del INPEC acompañó a su carta copia de un escrito y de diversos documentos enviados por los arquitectos encargados del proyecto de remodelación de la Cárcel Nacional Modelo al Subdirector de Construcciones del INPEC, el día 14 de julio de 1997. Manifiestan los arquitectos que, en 1994, el proyecto fue concebido como parte de una solución al problema de hacinamiento carcelario existente en el país, y especialmente en Bogotá, todo dentro de un plan de desarrollo de la infraestructura carcelaria y penitenciaria, basado en la construcción del “Complejo Metropolitano de Santafé de Bogotá”. Este plan de desarrollo buscaba aportar alojamiento para 1500 internos en sistema carcelario, 1500 en penitenciario y 250 cupos en máxima seguridad. Señalan que debido a que la población carcelaria de Bogotá se mantiene en un promedio de 6500 internos, con índices de crecimiento cada vez mayores, las oficinas de planeación del Ministerio de Justicia y del INPEC “definieron la implementación de un plan de expansión y desarrollo de la Cárcel Modelo como apoyo y soporte al sistema, ya que el proyecto antes mencionado no era la única solución al problema de hacinamiento que se venía presentando”. Asimismo, expresan que en 1995 el proyecto se desarrolló de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 65 de 1993, según los cuales la pena tiene una función resocializadora, fin que debe ser apoyado por el espacio carcelario. Respecto al trámite del proyecto, expresan que primero se efectuó un diagnóstico de la infraestructura existente, el cual recogió “las nuevas directrices referentes a la concepción del espacio penitenciario de conformidad con el marco legal, la situación existente y las alternativas de desarrollo en términos de política carcelaria, en términos de orden técnico y de seguridad”. El proyecto fue sometido a consideración de la oficina de planeación del Ministerio de Justicia, que lo presentó ante el Departamento Nacional de Planeación, entidad que le dio viabilidad y le asignó una partida de diez mil millones de pesos, aproximadamente. Sostienen que el proyecto arquitectónico se definió como un proyecto integral de desarrollo de la cárcel, que tendría los siguientes objetivos: “-Ampliación de cupos de 1785 a 3825. -Reemplazo y ampliación de las redes hidrosanitarias y eléctricas. -Remodelación total de patios. -Racionalización del sistema de circulaciones. -Creación de las áreas para cubículos de abogados. -Racionalización de los controles de guardia. -Racionalización de la creación de área para ingreso de visitas. -Readecuación de las áreas para trabajo, educación, salud y alimentación. -Mejoramiento de las condiciones de seguridad”. En atención a “las condiciones deplorables de los pabellones de alojamiento y las condiciones infrahumanas de los internos (sic)”, se decidió que este campo fuera el primero en ser intervenido. Expresan que, sin embargo, el proyecto se ha visto condicionado por factores externos al mismo, no previstos en el momento de su planeación. Entre esos factores externos se encuentran “las múltiples críticas y reacciones violentas por parte de los internos de un mejoramiento de la política criminal y penitenciaria del país, con las manifestaciones de conocimiento público, solicitando reformas a la Ley 65 de 1993, reformas a la misma ley penal y en busca de beneficios penales o quedar en libertad”. Igualmente, el proyecto “ha venido representando para los ‘líderes’ de los internos, la posibilidad de pérdida del poder en términos económicos (venta y alquiler de celdas o espacios para dormir) y de liderazgo”, razón por la cual se ha contado con su oposición. Finalmente, los arquitectos plantean la importancia de que se “definan las nuevas directrices y el futuro del proyecto con el fin de dar salida a las circunstancias que actualmente lo afectan”. Al respecto señalan que: “[e]l proyecto se definió bajo unas directrices y unas condiciones ajustadas a una realidad no sólo de carácter social , sino a las condiciones económicas y a los escasos recursos asignados para un proyecto y un problema cuya magnitud está soportada en una problemática ajena a factores de orden técnico, los cuales en los momentos en que se han presentado han sido subsanados y no deben ser esgrimidos para amparar problemas ajenos al mismo, que sólo buscan desestabilizar al Instituto. Como podrá darse cuenta, el proyecto es producto de unas políticas institucionales y unas directrices que fueron traducidas en un proyecto arquitectónico serio y profundo, el cual no puede ser descalificado por circunstancias subjetivas ajenas al momento de su concepción”. 9.3. El INPEC aportó al proceso una copia del “Plan coordinador para la reestructuración general de la Cárcel del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá La Modelo, 1996-2000”, elaborado por la Oficina de Planeación del INPEC. En el documento se presenta un diagnóstico del problema, varios de cuyos apartes son de interés para este proceso. Por eso, a continuación se procederá a citar algunos de sus pasajes: “En 1960, la Cárcel entró en funcionamiento en unas instalaciones que se consideraban modernas, confortables y suficientes para la época. En la actualidad está destinada para la reclusión de sindicados, aunque por el déficit de penitenciarias, también se utiliza para albergar condenados. Su capacidad fue para 1758 internos y los edificios o pabellones fueron construyéndose a medida que las necesidades lo ameritaban. “(...) “Hábitat. Consideramos el hábitat como el medio en que normalmente vive una persona, la prisión para el interno se constituye en el espacio recortado en que formaliza sus rutinas en el cual tendrá que vivir durante un período de su vida. Esta conceptualización permite plantear que en la Cárcel “La Modelo” ese entorno se encuentra en condiciones que perjudican la personalidad del interno, por el deterioro de la infraestructura, el escaso mantenimiento de redes y la apariencia vetusta y deplorable de muros, patios, pasillos, etc. “Hacinamiento. Este índice corresponde a la ocupación de un espacio por un número de individuos que excede la capacidad funcional del mismo. En La Modelo, la ocupación está dada por 3.322 internos a 31 de marzo de 1996 y su capacidad es tan sólo para 1758, situación que arroja un hacinamiento del 47% llevando a que en una sola celda de 2.20 x 1.50 m. pernocten entre 3 y 4 hombre de los cuales sólo uno de ellos puede hacer uso del único camastro que está construido, mientras los demás deben dormir en colchones o mantas colocadas sobre el piso. Así mismo, los patios, considerados áreas libres para disfrute de sol, realizar actividades recreativas y deportivas no pueden utilizarse como tales, ya que el número de internos que debe permanecer en esas áreas es numeroso, entre 550 y 750 personas, asunto que impide desarrollar cualquier programa. “Pero el problema del hacinamiento no es solamente un problema de carácter físico, sino también un problema de dignidad humana, ya que esta gente se ve avocada a vivir en condiciones que superan los límites de la tolerancia, lo que se revierte en la agresividad del interno y hacia el centro carcelario. “El problema de hacinamiento no es solamente a nivel de celdas, éste es un problema generalizado en toda la cárcel y en todas sus dependencias, es por esto que la solución de los problemas no se pueden dar a un sólo nivel, sino por el contrario tiene que ser una solución integral y general a toda la cárcel. “Redes Hidrosanitarias y Eléctricas. Debido a lo antiguo de los edificios y a la falta de un adecuado mantenimiento, las redes hidráulica, sanitaria y eléctrica presentan deterioro general que se revela en permanentes taponamientos de cañerías, olores fétidos por retención de residuos, incorporación de aguas lluvias sobre red hidrosanitaria; la red de acueducto está construida en tubería galvanizada, presentando oxidación, obstrucción y rotura en la mayor parte de su trayecto, circunstancia que también genera fugas continuas de líquido, al igual que el completo deterioro de los aparatos sanitarios, ocasionando que el suministro de agua sea muy deficiente para algunos de los pabellones y patios y exagerado el gasto en el resto del penal. Los arreglos que se han hecho han sido mínimos. “La red eléctrica en la mayoría de zonas está sobrecargada superando la capacidad de los conductores e interruptores, por esta razón, las puntas de conexión de muchos cables están quemadas, igual que los interruptores. Las conexiones que se han venido realizando para alimentar interruptores de celdas, de caspetes, grecas, enfriadores, neveras y estufas, ha llevado la red a sobrecargarse exageradamente, que actualmente genera un alto riesgo de incendio por ser tan rudimentarias las instalaciones alteradas por lo internos. Las celdas no tienen servicio o instalación eléctrica prevista; el incremento del consumo en áreas de reclusión y la incapacidad de los ductos principales para alojar mayor número de conductores hizo que se tendieran instalaciones eléctricas sobre las paredes o sobre las azoteas, utilizando tubos de PVC como ductos, los cuales está completamente deteriorados. Es muy alta la deficiencia en la iluminación, especialmente en la zona de servicios comunales. “Pabellones y Patios. Debido al mal uso ocasionado por el exceso de población reclusa y al escaso mantenimiento, los pabellones y patios presentan tal deterioro que se nota en paredes húmedas, muros manchados, unidades sanitarias que ya cumplieron su vida útil, dando una apariencia de vetustez que deprime el ánimo y produce permanente oscuridad y olor a humedad. Se ha comprobado que esta circunstancia aumenta el nivel de agresividad entre los internos, los deprime, bajándoles su autoestima. Los baños, duchas y orinales son insuficientes para el número de internos, el promedio en los patios 1, 4, 7 y 9 es de 2 retretes para 80 internos; igualmente en duchas, lavamanos, lavaderos y orinales. “Sanidad. Las instalaciones para la prestación de los servicios fueron reducidas en un 40% de su capacidad, destinándose para recluir internos que por el delito cometido no pueden vivir en los patios corrientes por temor a que atenten contra su vida, la administración de la cárcel conformó el pabellón de máxima seguridad, donde se albergan protegidos los sindicados. “Hacinamiento. El problema del hacinamiento de la cárcel Nacional Modelo es bastante complejo de resolver ya que la estructura física de la cárcel tiene unos topes que no permiten ampliaciones en las edificaciones, por consiguiente lo que se pretende es dignificar las condiciones de vida de los internos y ampliar los cupos de 1350 internos a 3360 internos máximo, en celdas para cuatro internos con servicios sanitarios. “Es muy importante anotar que si no se procura mantener como población máxima de internos la de 3360, todas estas modificaciones no servirán y tendrán un deterioro acelerado. “Para la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza, es necesario que se apliquen pautas y condiciones, en lo referente al mantenimiento de la infraestructura física, la cual será rehabilitada en su totalidad, ya que si no está en un buen funcionamiento todo el esquema implantado presentará con el tiempo deficiencias y deterioro. Sin dejar de lado una reglamentación para el buen uso por parte de los internos y la guardia que garanticen la operación adecuada de todo ello.” 9.4. El 20 de agosto, la coordinadora de tutelas del INPEC envió al juzgado una carta en la que le manifiesta que “las obras de remodelación de la Cárcel Nacional Modelo fueron objeto de la licitación de obra pública N° 025 de 1996 y se adjudicaron al consorcio nacional de construcciones civiles mediante la Resolución N° 5687 del 15 de noviembre de 1996, celebrándose luego el contrato de obra N° 1279 de 1996”. 10. El 21 de agosto, el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá denegó la tutela impetrada, por improcedente, bajo la consideración de que existían otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. Señala el juzgado que puesto que las obras fueron adjudicadas mediante una licitación pública y que el mismo INPEC ha reconocido que ellas no se ajustan a las normas sobre espacio de las celdas establecidas en los códigos internacionales, el acto administrativo podría ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa, con el objeto de obtener la nulidad del contrato. Asimismo, dado que, al parecer, el acto administrativo por medio del cual se adjudicó el contrato vulnera los mínimos internacionales sobre condiciones de las celdas, los actores podrían recurrir a la acción de cumplimiento para solicitar que efectivamente se pusieran en vigencia dichos mandatos. 11. La Sala de Decisión ordenó la práctica de sendas inspecciones judiciales a las Cárceles Modelo y Bellavista, de Bogotá y Medellín, respectivamente. A conti...