Sentencia T-144 de 2022

T-144-22 Sentencia T-144/22 DERECHO A LA VIDA DIGNA, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y AUTONOMÍA REPRODUCTIVA-Vulneración al negar procedimiento de fertilización in vitro, por ser un servicio excluido del Plan de Beneficios en Salud (…) la accionante es una persona que ha sido diagnosticada con infertilidad y, que tal como lo sostuvo la entidad accionada, solo cuenta con el procedimiento médico referido como la única alternativa para poder concebir (…) DERECHOS REPRODUCTIVOS COMO DERECHOS FUNDAMENTALES-Protección de la autodeterminación reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD-Jurisprudencia constitucional PARAMETROS JURISPRUDENCIALES ACERCA DEL ACCESO A LA FERTILIZACION IN VITRO A TRAVES DEL SISTEMA DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia TRATAMIENTOS DE INFERTILIDAD Y TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA-Evolución jurisprudencial (…) los tratamientos de reproducción asistida deben ser garantizados no solo cuando se configuren las hipótesis reconocidas con anterioridad a la sentencia SU-074 de 2020, sino cuando se concluya que la imposibilidad de acceder al procedimiento resulta en una vulneración de derechos fundamentales relacionados con el alcance de los derechos sexuales y reproductivos, siempre y cuando se cumplan en su totalidad los requisitos desarrollados por esta sentencia con base en lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019 y cuando dicha afectación sea objetiva, grave y se encuentra efectivamente acreditada. DERECHO A LA FINANCIACION EXCEPCIONAL Y PARCIAL DE TRATAMIENTOS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA DE ALTA COMPLEJIDAD -FERTILIZACION IN VITRO- CON CARGO A RECURSOS PUBLICOS-Requisitos Ley 1953/19 (…) el procedimiento para el acceso a tratamiento de reproducción asistida se compondría de tres pasos: i) la expedición de un concepto favorable por parte de un médico especialista adscrito a la EPS a la cual se encuentre afiliada la paciente o de un grupo de especialistas, si la orden es dictada por un médico particular; ii) la presentación de la solicitud respectiva ante la ADRES, con el propósito de que esta verifique el cumplimiento de los requisitos de capacidad económica y vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, los derechos reproductivos, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, y, potencialmente, del derecho a la salud, y iii) la emisión del concepto por la ADRES, el cual se remitirá a la EPS encargada para que lleve a cabo la práctica del procedimiento de fertilización in vitro, mediante su red prestadora de servicios o los convenios respectivos. ACCION DE TUTELA Y TRATAMIENTO DE FERTILIDAD-Reiteración de jurisprudencia sobre su procedencia excepcional en los casos establecidos por la Corte Constitucional TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD Y TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA-Desarrollo jurisprudencial de los requisitos contenidos en el artículo 4° de la Ley 1953 de 2019 Referencia: Expediente T-8.510.382 Acción de tutela instaurada por la señora Andrea Lorena González Hoyos contra Compensar EPS. Magistrado sustanciador: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022). La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Diana Fajardo Rivera y Natalia Ángel Cabo y el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo emitido por el Juzgado Cuarenta y Seis Penal con Función de Conocimiento de Bogotá en segunda instancia respecto a la acción de tutela de la referencia. I. ANTECEDENTES 1. La señora Andrea Lorena González Hoyos instauró acción de tutela contra Compensar EPS. Solicitó el amparo de sus derechos a la vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y de los derechos sexuales y reproductivos, con base en los siguientes: Hechos[1] 2. La señora Andrea Lorena González Hoyos de 34 años edad y afiliada al régimen contributivo de salud a través de Compensar EPS, fue diagnosticada a los 17 años con síndrome de ovarios poliquísticos y otros síntomas asociados con aumento de peso, acné en la zona maxilar inferior y cambios constantes de humor derivados de ciclos menstruales irregulares que presentaba desde los 14 años de edad. 3. A la edad de 25 años, consultó a un especialista en ginecología con el interés de poder concebir. En ese momento, el médico tratante le formuló un medicamento[2] de forma permanente con el fin de regular sus ciclos menstruales, el aumento de peso y el acné. 4. El 19 de octubre de 2014, la accionante sufrió un embarazo ectópico tubárico y como resultado de ello fue sometida a un procedimiento médico denominado laparoscopia por salpingectomía para llevar a cabo la extracción de la trompa de Falopio derecha. Posteriormente, el 14 de julio de 2015, presentó, de nuevo, un embarazo ectópico cornual, haciendo necesaria la extracción de la trompa de Falopio izquierda. 5. Como resultado de los hechos anteriores, la accionante refirió que no le es posible concebir de forma natural. Por tal razón, el 24 de junio de 2021, indicó que asistió a una cita de control ginecológico en Compensar EPS en la que expresó su interés en concebir. En dicha oportunidad, el especialista consignó sin mayores detalles en la historia clínica[3] la necesidad del procedimiento de fertilización in vitro. 6. El 16 de julio de 2021, la accionante presentó una petición escrita ante Compensar EPS en la que solicitó la autorización del tratamiento de fertilización in vitro, con fundamento en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional[4]. 7. El 24 de julio de 2021, Compensar EPS respondió en forma negativa la petición[5], indicando que la fertilización in vitro es un procedimiento que se encuentra excluido de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la Resolución 244 de 2019, por lo que, no es posible conceder la autorización solicitada. 8. Con base en lo anterior, la accionante invocó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, salud, seguridad social y derechos sexuales y reproductivos. En consecuencia, solicitó que se ordene a Compensar EPS autorizar de forma inmediata el tratamiento de fertilización in vitro, atendiendo a las condiciones expuestas en los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Trámite procesal 9. Mediante auto del 23 de septiembre de 2021[6], el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado por el término de dos (2) días hábiles a Compensar EPS. Asimismo, ordenó la vinculación del Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas 10. La Entidad Promotora de Salud Compensar, a través de apoderada, informó[7] que, efectivamente, la señora Andrea Lorena González Hoyos se encuentra afiliada al régimen contributivo. Sin embargo, no evidencia la existencia de una orden médica que determine de forma explícita la necesidad de iniciar el procedimiento de fertilización in vitro. Asimismo, indicó que los tratamientos de fertilidad se encuentran excluidos del Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la Resolución No. 244 de 2019. 11. Además, la entidad accionada añadió que no es la encargada de cumplir con el deseo de maternidad de la accionante, debido al alto costo que representa el procedimiento de fertilización in vitro que demanda. El cual, según refirió, no puede asumir en razón del techo presupuestal que le es adjudicado a cada EPS. Por último, señaló que dicho tratamiento no está encaminado a preservar la vida o salud de la señora González Hoyos, por lo que no consideró que incurriera en la vulneración de sus derechos y solicitó la improcedencia del amparo. 12. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante comunicación[8] allegada el 27 de septiembre de 2021, indicó que, como ente ministerial, no le constaba ninguno de los hechos expuestos en el escrito de tutela. A su vez, señaló que dentro de sus funciones y competencias no se encuentra la inspección, vigilancia y control del sistema de salud, por el contrario, solo se encarga de determinar las políticas del Sistema General de Protección Social en materia de salud, pensiones y riesgos profesionales. 13. Sin embargo, el ente vinculado refirió que, a partir de la Resolución 244 de 2019, los tratamientos de fertilidad se encuentran excluidos de los servicios y tecnologías sufragadas con los recursos públicos asignados al sector de la salud. A su vez, resaltó que la Ley 1953 de 2019 “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento oportuno dentro de los parámetros de salud reproductiva”, solo abarca la infertilidad primaria y no la secundaria o derivada de una patología de base, como se evidencia en el caso de la accionante, quien sufre del síndrome de ovarios poliquísticos. Por lo que, concluyó que, en estos casos, las EPS deben agotar todos los tratamientos dispuestos para resolver la enfermedad de base con las tecnologías y servicios reconocidos con la UPC y garantizados con presupuestos máximos. 14. Por último, solicitó que se declarara la improcedencia del amparo por ausencia de legitimación en la causa por pasiva, luego de considerar que la responsabilidad recaía en la EPS accionada. Sentencia objeto de revisión Primera instancia[9] 15. En sentencia del 7 de octubre de 2021, el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá negó el amparo. Indicó que, si bien mediante las pruebas aportadas pudo constatar la infertilidad y las patologías que padece la accionante, esta no cumplió con la carga argumentativa y probatoria suficiente para acceder a la pretensión de que se ordenase el inicio del procedimiento de fertilización in vitro. Ello, por cuanto, no allegó la orden para ello, expedida por parte de un médico de la EPS o uno particular afiliado a una IPS legalmente habilitada; añadió que tampoco acreditó su incapacidad económica para asumir los costos del tratamiento y la vulneración de sus derechos por parte de la entidad accionada. Impugnación[10] 16. Mediante escrito allegado el 12 de octubre de 2021, la accionante impugnó el fallo. Refirió que no podía asumir la carga de la demora en la implementación de una política pública de infertilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, que le permita acceder a los tratamientos de fertilidad con cargo a los recursos públicos, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019[11], “por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva”.. 17. Por otra parte, señaló que el médico tratante no sustentó las razones de la recomendación del procedimiento de fertilización in vitro en su historia clínica, con fundamento en las condiciones dispuestas por la jurisprudencia constitucional. Por ello, solicitó que se estudiara su caso en sede de tutela bajo la consideración de dichas condiciones (edad, condiciones de salud de la pareja, números de ciclos pertinentes de fertilización, capacidad económica de la pareja, frecuencia del procedimiento y tipo de infertilidad), lo cual no fue atendido en primera instancia. Segunda instancia[12] 18. En sentencia del 10 de noviembre de 2021, el Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia. Indicó que, en el escrito de impugnación, la accionante no se refirió de forma puntual a las consideraciones presentadas por el a quo y no tuvo cuenta que el amparo fue negado con fundamento en el incumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisprudencia y no en la respuesta allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Pruebas 19. En el expediente digital de tutela reposan las siguientes pruebas: (i) copia del escrito de petición dirigido a Compensar EPS por parte de la señora Andrea Lorena González Hoyos el 14 de julio de 2021[13]; (ii) respuesta a la petición presentada[14] y, (iii) certificado de aportes de seguridad social y certificado de afiliación a EPS de la accionante[15]. Actuaciones en sede de revisión 20. En proveído del 15 de febrero de 2022, el despacho sustanciador decretó pruebas adicionales a las obrantes en el expediente con el fin de obtener los elementos de juicio para el estudio del caso objeto de revisión[16]. 21. Dentro del término inicialmente otorgado, la accionante no allegó las pruebas decretadas, por lo que, mediante auto del 24 de febrero de 2022 fue requerida con el fin de que remitiese la información que le fue solicitada en el primer decreto probatorio. 22. Mediante comunicación allegada el 1 de marzo de 2022, la señora Andrea Lorena González Hoyos, informó que es profesional en Administración de Finanzas y Negocios Internacionales, actualmente se desempeña como Auxiliar 1 de Pagos y Devoluciones del Banco GNB Sudameris y percibe mensualmente la suma correspondiente a tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000) por concepto de salario. 23. También indicó que, su cónyuge, el señor Jhordano Valero Rojas es Ingeniero Agrónomo y ocupa el cargo de Contratista Especialista Ambiental en el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). Se encuentra vinculado mediante contrato de prestación de servicios y percibe la suma mensual de seis millones ochocientos mil pesos ($6.800.000) por concepto de honorarios. 24. Además, la accionante señaló los egresos mensuales del hogar ascienden a siete millones quinientos veinte mil pesos ($7.520.000). En virtud de lo anterior, afirmó que ella y su esposo no cuentan con los ingresos suficientes para sufragar la totalidad del tratamiento de fertilización in vitro. Asimismo, refirió que no tienen personas a su cargo o que dependan económicamente de ellos. 25. En relación con el procedimiento de fertilización in vitro, la accionante informó que, desde el 24 de junio de 2021, fecha en la que asistió a una cita con especialista en ginecología, adscrito a Compensar EPS, en la cual este le informó sobre la necesidad de realizar el tratamiento de fertilidad, no ha consultado nuevamente a un especialista ni ha iniciado el procedimiento de forma particular. 26. Por último, indicó que, a nivel emocional, tanto ella como su cónyuge experimentan un sentimiento de frustración ante la imposibilidad de ser padres, debido al anhelo y deseo que tienen de serlo. 27. Por su parte, Compensar EPS informó, mediante correos electrónicos de los días 18 y 21 de febrero de 2022, que no ha autorizado el procedimiento de fertilización in vitro porque no existe una orden médica emitida por un profesional adscrito a la red de Compensar EPS que lo solicite. Asimismo, indicó que el servicio de salud pretendido por la accionante[17] se encuentra excluido del listado de servicios y tecnologías que son financiados con recursos públicos asignados a salud, de conformidad con la Resolución 2273 de 2021. 28. Respecto de la viabilidad del procedimiento de fertilización in vitro, en caso de llevarse a cabo, indicó que “la tasa de éxitos oscila entre el 60% al 65% debido a la edad de la paciente, asumiéndose que la calidad de los ovocitos es buena”. 29. Finalmente, en relación con la existencia de otros mecanismos o procedimientos médicos alternativos a los que podría someterse la accionante con el fin de concebir, la entidad accionada señaló que, con fundamento en la historia clínica, la señora Andrea Lorena González Hoyos solo tiene como opción la fertilización in vitro. Al respecto afirmó que: “(…) para que la paciente logre un embarazo es (sic) por técnicas de fertilización asistida, es decir, un manejo in vitro de la reproducción, que consiste en dar medicamentos de estimulación hormonal para obtener varios óvulos, los cuales se procederán a fertilizar con la muestra del esposo”. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 30. La Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Problema jurídico y metodología de decisión 31. Con base en los hechos descritos, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulneró Compensar EPS los derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, seguridad social y salud sexual y reproductiva de la señora Andrea Lorena González Hoyos, al negar la autorización del procedimiento de fertilización in vitro, por ser un servicio excluido de Beneficios en Salud, pese a que es la única alternativa con que cuenta la accionante para lograr concebir, de conformidad con sus antecedentes médicos?[18]. Para dar respuesta al interrogante planteado, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional relativa a: i) los derechos a la salud y a la seguridad social en relación con la autorización del procedimiento de fertilización in vitro; ii) los derechos sexuales y reproductivos. Con base en ello, iii) abordará el análisis del caso concreto. Los derechos a salud y la seguridad social en relación con el tratamiento de fertilización in vitro. Reiteración jurisprudencial[19]. 32. Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen que la atención en salud y la seguridad social son servicios públicos esenciales a cargo del Estado, cuyo fin es garantizar a todas las personas el acceso a los servicios en salud, de acuerdo con los principios de eficiencia, integralidad, universalidad y solidaridad. 33. A propósito de la seguridad social, esta Corporación con fundamento en diferentes instrumentos internacionales[20] ha determinado que es un derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad”[21]. Asimismo, ha determinado que este derecho comprende el “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias, las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”[22]. 34. En la misma línea y con el propósito de hacer efectivo el reconocimiento jurisprudencial y legal del derecho a la salud como fundamental y autónomo[23], el legislador estableció un conjunto de principios esenciales que orientan el Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante, SGSSS), entre los que se destacan: i) universalidad, que implica que todos los residentes del territorio gozarán del derecho a la salud en todas las etapas de la vida; ii) pro homine, en virtud del cual, todas las autoridades y actores del sistema de salud deben interpretar las normas vigentes en la forma más favorable para proteger el derecho a la salud; iii) equidad, referido a la necesidad de implementar políticas públicas dirigidas al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, grupos vulnerables y sujetos de especial protección; iv) continuidad, relacionado con el hecho de que una vez ha iniciado un servicio no puede suspenderse por razones administrativas o económicas; y v) oportunidad, en desarrollo del cual, los servicios deben ser provistos sin demoras. 35. En consonancia con estos principios, el artículo 8º de la Ley 1751 de 2015, “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” (en adelante LeS), dispuso que la prestación del servicio de salud debe ser completa e integral, con independencia de su cubrimiento y financiación. El artículo 15 ejusdem establece, no obstante, algunas exclusiones que tienen por efecto restringir la prestación de algunos servicios y tecnologías con cargo a recursos públicos. Estas exclusiones, en todo caso, deben ser interpretadas en forma restrictiva, pues el sistema garantiza la cobertura necesaria para proteger el derecho a la salud, salvo a propósito de servicios que estén expresamente excluidos. 36. En tanto tratamiento para la infertilidad, el procedimiento de fertilización in vitro se encuentra expresamente excluido del Plan Obligatorio de Salud (hoy Plan de Beneficios en Salud -PBS-), de conformidad con el inciso 3 del artículo 130 de la Resolución 5521 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. Dicha exclusión se ha justificado señalando que, en razón a su alto costo, dicho procedimiento hace parte de la faceta prestacional y progresiva del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos (ver infra). 37. No obstante, como sucede respecto de otros servicios y procedimientos excluidos del PBS, su práctica debe ser autorizada en casos excepcionales por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud. Ello sucede en particular cuando: i) se vulnera del principio de continuidad en la prestación de un servicio de salud y, ii) el tratamiento solicitado es necesario para proteger la vida, la salud o la integridad personal del usuario, incluyendo la salud sexual y reproductiva[24]. 38. Ahora bien, en principio, la aplicación del segundo criterio fijado por la jurisprudencia constitucional[25] podría resultar problemática respecto de los tratamientos de fertilidad. En efecto, si bien la infertilidad es definida como “una enfermedad del sistema reproductivo que impide lograr un embarazo clínico después de doce (12) meses o más de relaciones sexuales no protegidas”[26], no es una enfermedad que amenace necesariamente la vida, la dignidad o integridad personal. No obstante, este padecimiento sí interfiere de forma negativa con aspectos relevantes de la vida de la persona cuando la paternidad o maternidad hacen parte de su proyecto individual o como pareja. Es así como, esta patología, reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS), genera en las personas falta de bienestar psicológico y social, por lo que, algunos expertos han sugerido que sea incluida en la lista de enfermedades de interés desde un enfoque de prevención en la salud pública[27]. 39. En consonancia con lo anterior, en la sentencia T-258 de 2014, este Tribunal evidenció que la ausencia de regulación por parte del Estado respecto de la atención de la infertilidad como problema de salud pública ha llevado a que las parejas deban asumir los altos costos que representan estos tratamientos. El déficit normativo constatado crea, así, una barrera en el acceso a los servicios de salud reproductiva puesto que, solo pueden acceder a ellos quienes tengan los recursos necesarios para asumir el costo. Esto a su vez supone un trato discriminatorio para quienes no cuentan con los medios económicos necesarios para sufragarlos. 40. Asimismo, la Corte estableció que las limitaciones fijadas en el PBS pueden representar una vulneración de determinados derechos fundamentales[28], por lo que, reiteró las subreglas de procedencia para el reconocimiento de medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos no contemplados en los planes de beneficios de salud, establecidas en la sentencia T-760 de 2008[29]. 41. De conformidad con lo expuesto, según las circunstancias del caso, las entidades promotoras de salud (EPS) pueden estar obligadas a inaplicar la normatividad que excluye un servicio o procedimiento médico, cuando su autorización de forma oportuna y eficiente sea necesaria para proteger los derechos fundamentales que pudiesen ser amenazados o vulnerados como consecuencia de la respectiva exclusión. En el caso de la fertilización in vitro, la Corte ha considerado que la realización del procedimiento puede tener fundamentos jurídicos adicionales. Marco constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. Reiteración jurisprudencial[30] 42. Esta Corporación ha desarrollado una línea jurisprudencial sólida y uniforme sobre el reconocimiento, titularidad, naturaleza y contenido de los derechos sexuales y reproductivos[31]. Por regla general, estos derechos reconocen y protegen la facultad de todas las personas para decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción, lo que implica, a su vez, la obligación del Estado de brindar los recursos necesarios para la efectividad de tal determinación. Con relación a los derechos reproductivos, en particular, la Constitución consagra el derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos (Art. 42 C. Pol.) y garantiza la igualdad de derechos, proscribiendo, expresamente, la discriminación contra la mujer (Arts. 13 y 43 C. Pol.). 43. En el desarrollo jurisprudencial referido, la Corte ha diferenciado los derechos sexuales de los reproductivos. En la sentencia T-732 de 2009 indicó que “sexualidad y reproducción son dos ámbitos diferentes del ser humano, ya que la primera no debe ser entendida solamente como un medio para lograr la segunda”. No obstante, ha establecido que ambos derechos están intrínsecamente relacionados, puesto que la autonomía en las decisiones reproductivas contribuye al desarrollo de una vida sexual libre de riesgos de embarazos no deseados o situaciones distantes a los intereses personales. En conclusión, cada uno de estos derechos posee una definición y contenido propio, aunque compartan una base común. 44. Además, este Tribunal ha señalado que debido a su carácter indivisible e interdependiente[32], el goce y desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra ligado a otras garantías fundamentales, ello amplía su fundamento y contenido a partir del extenso catálogo de derechos y libertades incorporados en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad.[33] 45. Respecto a los derechos reproductivos, este Tribunal ha indicado que, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia y la jurisprudencia constitucional, los mismos reconocen y protegen (i) la autodeterminación reproductiva y (ii) el acceso a los servicios de salud reproductiva. 46. La autodeterminación reproductiva ha sido definida como “la facultad de las personas de decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con qué frecuencia”[34]. Esta facultad encuentra su fundamento normativo en el artículo 42 de la Constitución, relacionado con el derecho que tienen las parejas de decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y, en el artículo 16, ordinal e de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 47. En cuanto al acceso a los servicios de salud reproductiva, la Corte Constitucional ha señalado, de conformidad con la Recomendación General 24 de la CEDAW, que “la negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios”[35]. En sentido, esta Corporación ha establecido que el Estado tiene la obligación de garantizar la eliminación de todas las barreras que impidan a la mujer el acceso efectivo a los servicios de salud sexual[36]. 48. En la sentencia T-528 de 2014, este Tribunal señaló que el derecho a la reproducción humana “se deriva de los derechos a la libertad y a la autodeterminación[37], al libre desarrollo de la personalidad[38], a la intimidad personal y familiar[39] y a la libertad para fundar una familia[40]”. Lo anterior en consonancia con la Observación General No. 19 del Comité de Derechos Humanos en la que este órgano indicó que la posibilidad de procrear hace parte fundamental del derecho a tener una familia. 49. Por su parte, en la sentencia SU-096 de 2018, esta Corporación afirmó en cuanto al componente de accesibilidad del derecho a la salud que este tiene relación con “(…) la obligación de asegurar que los servicios requeridos para la materialización de los derechos reproductivos se puedan utilizar por todas las personas, independientemente de su ubicación geógrafica o su situación de vulnerabilidad[41]. Paralelamente, advirtió que los costos de acceso a estas herramientas no pueden constituir una barrera infranqueable para su empleo[42]”. Igualmente, hizo hincápie en la importancia de que las personas tengan la oportunidad de buscar, recibir y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos[43]. 50. Por último, en la sentencia SU-074 de 2020, este Tribunal reiteró las prerrogativas necesarias para la garantía efectiva del derecho de acceso a los servicios de salud reproductiva[44]. Entre ellas, el acceso a la tecnología científica para superar la infertilidad y procrear hijos, es decir, la posibilidad de acceder a procedimientos de reproducción asistida, entre los cuales se encuentran los tratamientos de fertilización in vitro[45]. Fertilización in vitro en el marco de la jurisprudencia constitucional[46] 51. El acceso al procedimiento de fertilización in vitro hace parte de la prerrogativa de acceso a la tecnología científica para superar la infertilidad y poder tener hijos. Esta prerrogativa, a su vez, como se señaló, se deriva del derecho de acceso a los servicios de salud reproductiva. 52. En consonancia con el reconocimiento y desarrollo constitucional relativo a los derechos sexuales y reproductivos, esta Corporación ordenó la práctica de tratamientos de fertilización in vitro en sede de tutela, por primera vez, en la sentencia T-274 de 2015. En esta oportunidad, indicó que, hasta ese momento el acceso a los tratamientos de fertilidad había sido abordado de forma estricta desde la comprensión del derecho a la salud, entendido únicamente como ausencia de dolencia o enfermedad, razón por la que, este Tribunal había avalado la exclusión de dichos tratamientos del Plan Obligatorio de Salud, de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que integran el SGSSS. 53. No obstante, ante la necesidad de brindar un nuevo abordaje en relación con el acceso a los tratamientos de fertilidad, esta Corporación fijó una postura jurisprudencial mucho más amplia en términos protección de otros derechos y garantías conexos a los derechos sexuales y reproductivos. Esta nueva postura distaba de aquella que limitaba la autorización de tales procedimientos, por vía de tutela, a aquellos casos en los que: (i) se buscara preservar el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud; o (ii) de la práctica del procedimiento de fertilidad, dependieran los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad personal del paciente[47]. Este último supuesto, a su vez, se entendía configurado en tres casos: a) a propósito de la práctica de exámenes o procedimientos diagnósticos necesarios para precisar una condición de salud asociada a la infertilidad; b) para el suministro de medicamentos; y c) cuando la infertilidad era un síntoma o una consecuencia de otro tipo de patologías o enfermedades. 54. De igual forma, este fallo reiteró el exhorto efectuado por la Corte en la sentencia T-528 de 2014, relacionado con la necesidad de regulación de los tratamientos de fertilidad y su exclusión sin excepciones del POS (hoy PBS), por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social y la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud. En particular, la Corte señaló que esta regulación debía tener en cuenta la situación que tienen que enfrentar las personas que padecen de infertilidad y no cuentan con recursos económicos para sufragar los tratamientos de reproducción humana asistida, entre ellos, la fertilización in vitro. Asimismo, en dicha oportunidad, esta Corporación instó a las mencionadas autoridades a iniciar una discusión pública y abierta sobre la política pública que incluyera como uno de los puntos centrales la posibilidad de ampliar la cobertura del POS en ese sentido. 55. El 20 de febrero de 2019, el Congreso de la República expidió la Ley 1953 de 2019 “por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva” [48]. El artículo 3º de la ley dispone que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, adelantará una política pública relativa a la infertilidad, con miras a garantizar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del SGSSS en el término de 6 meses. Uno de los componentes de dicha política pública es el relativo al diagnóstico y tratamiento oportuno, respecto de este, la ley prevé la obligación del Ministerio de Salud y Protección Social de reglamentar, en un término no superior a un año, el acceso a tratamientos de infertilidad mediante técnicas de reproducción humana asistida o Terapias de Reproducción Asistida (TRA)[49]. 56. En la sentencia C-093 de 2018, este Tribunal declaró infundadas las objeciones presidenciales presentadas en contra de la Ley 1953 de 2019 y, a su vez, se refirió al desarrollo del alcance de los derechos sexuales y reproductivos. Al respecto explicó que estos comprenden dos facetas: una faceta de cumplimiento inmediato y otra sujeta al principio de progresividad. La primera, incluye la autodeterminación reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) con cargo a la Unidad de pago por Capitación (UPC). Esta dimensión comprende igualmente la garantía esencial del derecho a decidir el número de hijos y el acceso a la información y servicios para ello. Por su parte, la procreación por medio de asistencia científica con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tiene un carácter prestacional y, en consecuencia, está sujeta al referido mandato de progresividad en tanto hace parte de la segunda dimensión. 57. Asimismo, esta sentencia hizo referencia al alcance de la sostenibilidad fiscal como principio que orienta el SGSSS, con fundamento en los artículos 334 de la Constitución Política y 6 de la LeS. Señaló, de conformidad con este principio, el Sistema tiene como fin garantizar progresivamente el acceso al derecho fundamental a la salud, pero solo puede asumir compromisos económicos que se ajusten a la limitación de sus recursos. En ese sentido, estableció que la financiación de las tecnologías asociadas a técnicas de reproducción asistida debe ser con cargo a los recursos públicos y no con cargo directo a la UPC, puesto que: i) la LeS establece un plan de beneficios excluyente[50], por lo que, ni el Legislador ni el Gobierno Nacional se encuentran facultados para decretar inclusiones individuales y expresas de prestaciones, servicios o tecnologías; ii) el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019 habilita al Gobierno Nacional para que lleve a cabo la prestación de los tratamientos de fertilidad con cargo a los recursos públicos, y iii) el impacto fiscal negativo que supondría que la fuente de estos procedimientos fuese con cargo a la UPC, afectaría gravemente la capacidad presupuestal del SGSSS. Por ello, instó al Gobierno Nacional a determinar la fuente a partir de la cual se debe sufragar el costo de estos tratamientos[51]. 58. De igual forma, este Tribunal estableció que, el acceso a los TRA con cargo a los recursos públicos no constituye una regla general, sino un mecanismo de protección individual que se concede únicamente en aquellos casos en los que el paciente acredite el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019 y demás reglamentaciones. Solo en estos casos podrá acceder a una financiación excepcional y parcial de los tratamientos de fertilidad de alta complejidad, entre ellos, la fertilización in vitro. 59. En la sentencia SU-074 de 2020, la Corte se pronunció nuevamente sobre el acceso a procedimientos de reproducción asistida y, más específicamente, sobre el tratamiento de fertilización in vitro. En esta ocasión, esta Corporación advirtió que existían posturas disímiles en la jurisprudencia a propósito del acceso a dichos tratamientos. En consecuencia, decidió unificar la jurisprudencia en relación con el impacto de los tratamientos de fertilidad sobre el derecho a la salud, más allá de la dimensión de ausencia de dolencia o enfermedad y, evaluar la afectación de otros derechos fundamentales, así como el potencial efecto negativo de la exclusión de dichos procedimientos del PBS sobre personas con escasos recursos económicos. 60. Dicha providencia evidenció la existencia de un déficit de protección de los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos para las personas con menor capacidad económica, debido a las barreras en el acceso a los tratamientos de reproducción asistida y la exclusión sin ninguna excepción de dichos procedimientos del PBS. En dicha oportunidad, la Corte indicó que este problema estructural: i) representa un obstáculo en el desarrollo del proyecto de vida de las personas con pocos recursos económicos para sufragar dichos procedimientos; ii) afecta los derechos reproductivos y sexuales, así como, los derechos a la autonomía reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada y familiar, y la libertad de decidir libre y responsablemente el número de hijos, y iii) amenaza el derecho a la salud, debido a los posibles efectos negativos de la infertilidad sobre el bienestar psicológico de las personas. 61. Atendiendo a que, para la fecha en la que se profirió la sentencia SU-074 de 2020, el ente ministerial encargado de crear la política pública a la que hace referencia el artículo 3º de la Ley 1953 de 2019 no había ejecutado este mandato legal[52], esta Corporación estableció unos lineamientos provisionales en aras de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados por la falta de acceso a los tratamientos de reproducción asistida, debido a la ausencia de reglamentación. 62. En este contexto, advirtió que “la posibilidad de financiar completamente y en todos los casos los tratamientos de fertilización in vitro con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) sería contraria a la Ley 1953 de 2019 y a la Sentencia C-093 de 2018”. La Corte señaló que la financiación total y general de los tratamientos de fertilización in vitro resultaría desproporcionada, en la medida en que: (i) dichos procedimientos no se encuentran incluidos en el PBS; (ii) el impacto fiscal respecto de los procedimientos y medicamentos en general, que ocasionaría la inclusión plena e inmediata de las técnicas de reproducción asistida sería significativo; y (iii) los recursos del SGSSS son limitados y deben atender primordialmente a las necesidades y prioridades de salud. 63. Así las cosas, teniendo en cuenta que el Sistema debe garantizar los principios de solidaridad, universalidad, sostenibilidad financiera y eficiencia; y que el acceso a estos tratamientos constituye una ampliación de la faceta prestacional de los derechos reproductivos a través del sistema de salud, la Corte concluyó que aquellos no podían ser financiados en su totalidad con cargo a los recursos del SGSSS, sino solo parcialmente, con cargo a recursos públicos. 64. Este Tribunal subrayó, además, que hacer depender completamente el acceso a los tratamientos de reproducción asistida de la reglamentación gubernamental, sería contrario a las normas legales y a los mandatos constitucionales. Por lo cual, la Sala Plena estableció algunos parámetros referentes al acceso progresivo y excepcional a la financiación parcial con cargo a recursos públicos de los tratamientos de fertilización in vitro. 65. Con tal propósito, este Tribunal desarrolló jurisprudencialmente el alcance de las condiciones y requisitos a los que el legislador hizo referencia en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019, como criterios que debían ser tenidos en cuenta en la reglamentación de la política pública respectiva, de la siguiente forma: i) Edad: la persona o pareja infértil debe tener una edad que resulte viable para el tratamiento de fertilización in vitro. ii) Condición de salud de la pareja infértil: esta será objeto de análisis por parte de un médico especialista adscrito a la EPS del paciente, el cual deberá prescribir el tratamiento a través del aplicativo Mi Prescripción (MIPRES), luego de que se hayan agotado todos los procedimientos y alternativas disponibles para atender la infertilidad de la persona o pareja, y esta no haya accedido, anteriormente, a procedimientos médicos similares. Asimismo, en caso de que el procedimiento sea ordenado por un médico no vinculado a la EPS en la cual se encuentre afiliada la paciente, es necesario que dicha entidad conozca su historia clínica, con el propósito de que tenga acceso a la opinión médica emitida por el médico anterior. iii) Número de ciclos que deba realizarse conforme a la pertinencia médica y condición de salud: con sujeción al principio de sostenibilidad financiera del SGSSS y un término máximo de tres (3) intentos por persona o pareja, mediante la financiación parcial con cargo a los recursos públicos. iv) Capacidad económica de la pareja: esta debe carecer de los recursos necesarios para sufragar los costos derivados del tratamiento de fertilidad, lo cual debe haberle impedido acceder a este a través de cualquier otro sistema o plan de salud. Sin embargo, la evaluación de dicho requisito debe ser más estricta cuando se trata de solicitantes que se encuentren en el régimen contributivo de salud[53]. v) Frecuencia de los ciclos de fertilización: será determinada por el criterio del médico tratante. vi) Tipo de infertilidad: esta podrá ser primaria (persona o parea infértil que no ha tenido hijos previamente o secundaria (persona o pareja infértil que ya haya tenido hijos). La Corte estableció que el cumplimiento de estos requisitos habilitaría la financiación parcial de tratamientos de fertilidad de alta complejidad (fertilización in vitro) con cargo a los recursos públicos a favor de personas y parejas con infertilidad. 66. Además de los anteriormente expuestos, la Corte agregó un requisito indispensable como condición adicional[54]. Al respecto señaló que debía constatarse que la ausencia del procedimiento de fertilización in vitro vulnerara o pusiera en inminente riesgo los derechos fundamentales[55] a la dignidad humana, los derechos reproductivos, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada y familiar y a conformar una familia, a la igualdad y, potencialmente, del derecho a la salud[56], entre otros. De acuerdo con la Corte, este requisito debe ser demostrado de forma siquiera sumaria a través de circunstancias objetivas, verificables y graves[57]. 67. En conclusión, atendiendo al desarrollo jurisprudencial de los derechos reproductivos y otras garantías[58], esta Corporación reconoció que los tratamientos de reproducción asistida deben ser garantizados no solo cuando se configuren las hipótesis reconocidas con anterioridad a la sentencia SU-074 de 2020, sino cuando se concluya que la imposibilidad de acceder al procedimiento resulta en una vulneración de derechos fundamentales relacionados con el alcance de los derechos sexuales y reproductivos, siempre y cuando se cumplan en su totalidad los requisitos desarrollados por esta sentencia con base en lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019 y cuando dicha afectación sea objetiva, grave y se encuentra efectivamente acreditada[59]. Como resultado del análisis del cumplimiento de dichas circunstancias excepcionales, las personas que soliciten la autorización para acceder a tratamientos de fertilidad con cargo a los recursos públicos deberán realizar un aporte económico para contribuir a la financiación del procedimiento que requieren. 68. Por último, el fallo estableció que la entidad encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019 será la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social dicte la regulación ordenada en dicha ley y defina la autoridad competente para ello. Con tal propósito, estableció que el procedimiento para el acceso a tratamiento de reproducción asistida se compondría de tres pasos: i) la expedición de un concepto favorable por parte de un médico especialista adscrito a la EPS a la cual se encuentre afiliada la paciente o de un grupo de especialistas, si la orden es dictada por un médico particular; ii) la presentación de la solicitud respectiva ante la ADRES, con el propósito de que esta verifique el cumplimiento de los requisitos de capacidad económica y vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, los derechos reproductivos, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, y, potencialmente, del derecho a la salud, y iii) la emisión del concepto por la ADRES, el cual se remitirá a la EPS encargada para que lleve a cabo la práctica del procedimiento de fertilización in vitro, mediante su red prestadora de servicios o los convenios respectivos. 69. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala de Revisión abordará el análisis del caso concreto. Caso concreto 70. La señora Andrea Lorena González Hoyos, de 34 años de edad, asistió a una cita con especialista en ginecología con el fin de conocer sus opciones para concebir pues, como resultado de la extracción de ambas trompas de Falopio, no puede hacerlo de forma natural. El médico adscrito a Compensar EPS le recomendó iniciar el tratamiento de fertilización in vitro, por lo cual, la accionante solicitó la autorización respectiva a la EPS. Esta última no accedió a su solicitud por cuanto este tratamiento médico se encuentra excluido del PBS[60]. Por lo anterior, la señora González Hoyos interpuso acción de tutela en contra de Compensar EPS solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social, así como de sus derechos sexuales y reproductivos. 71. El juez de primera instancia negó el amparo. Señaló que, la accionante no cumplió con la carga argumentativa y probatoria suficiente para acceder a la pretensión de recibir la autorización del procedimiento de fertilización in vitro por parte de Compensar EPS. Agregó que la señora González Hoyos tampoco acreditó su incapacidad económica para poder sufragar los costos del tratamiento de fertilidad. La accionante presentó impugnación contra el fallo, refiriendo que no podía asumir la carga de la demora en la implementación de una política pública de infertilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, ordenada en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019 y, reiteró que su pretensión debía ser analizada bajo los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional. Por su parte, el juez de segunda instancia confirmó el fallo del a quo, puesto que, consideró que la accionante no impugnó en debida forma las consideraciones expuestas en el fallo de primera instancia. Análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 72. De conformidad con lo anterior, la Corte estudiará, en primer lugar, la procedencia de la acción y, luego, la eventual violación de los derechos fundamentales de la accionante. Legitimación por activa y por pasiva[61] 73. La legitimación por activa en la acción de tutela exige que quien lo ejerza sea el titular de los derechos invocados, o que actúe a través de un tercero debidamente acreditado para ello. Por su parte, la legitimación por pasiva hace alusión a que la autoridad o el particular contra quien se dirige a la acción de tutela sea el efectivamente llamada a responder por la vulneración o amenaza de la prerrogativa constitucional. 74. Esta Sala encuentra que en este caso se superan los mencionados requisitos porque, de un lado, la señora Andrea Lorena González Hoyos presentó acción de tutela en nombre propio, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales; y, de otro, la acción fue presentada contra Compensar EPS, presunta responsable de la vulneración de los derechos de la accionante, en su calidad de encargada de asegurar la prestación del servicio de salud que demanda y a la cual se encuentra adscrito el especialista en ginecología que aconsejó el procedimiento. Inmediatez[62] 75. Esta Corporación ha señalado que la acción de tutela debe interponerse en un tiempo razonable[63], a partir del momento en que se producen los hechos que dan lugar a la presunta vulneración o amenaza el derecho fundamental. 76. Lo anterior, debido a que la acción de amparo es un mecanismo de protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. Por lo cual, admitirlo cuando ha transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho vulnerador, desconocería la finalidad del mecanismo. La Corte ha indicado que le corresponde al juez constitucional determinar en cada caso concreto la oportunidad en la presentación de la acción[64]. 77. Esta Sala advierte que en el caso bajo estudio se cumplió el requisito de inmediatez porque la accionante interpuso la acción de tutela en septiembre de 2021, esto es, tan solo dos meses después de obtener la respuesta negativa por parte de la entidad accionada frente a la petición presentada el 16 de julio de 2021. Ello evidencia una actuación diligente de su parte para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, salud, seguridad social y derechos sexuales y reproductivos. Subsidiariedad[65] 78. Según este requisito, antes de acudir a la acción de tutela, quien estima vulnerados o amenazados sus derechos debe hacer uso de las herramientas e instrumentos ordinarios que el ordenamiento jurídico provee para resolver el conflicto jurídico que se presenta. Esta regla se exceptúa cuando: i) se pretende un amparo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, mientras se agotan los recursos ordinarios; o ii) se acredita que la vía ordinaria para resolver el asunto no resulta idónea o eficaz para la protección de los derechos fundamentales conculcados. 79. En el caso sub examine, la Sala estima que la señora Andrea Lorena González Hoyos no cuenta con un medio de defensa idóneo y eficaz, distinto de la acción de tutela. En efecto, si bien de acuerdo con la Ley 1122 de 2007[66] es posible acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de dirimir controversias relacionadas con la denegación por parte de las EPS de servicios determinados a sus usuarios[67], este mecanismo es inidóneo porque dicha normatividad no regula el trámite de reclamos respecto de servicios y procedimientos que se encuentren excluidos del Plan de Beneficios en Salud (PBS), como los tratamientos de fertilización in vitro. Asimismo, esta Corporación ha concluido en múltiples oportunidades que la estructura de este mecanismo ante la Superintendencia de Salud se evidencian falencias graves que desvirtúan su idoneidad y eficacia[68]. 80. En ese sentido, este Tribunal indicó que la determinación respecto de la idoneidad y eficacia del mecanismo de protección los derechos de los usuarios del SGSSS a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud debe tomar en consideración los criterios fijados en el marco de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, relativa al estado de cosas inconstitucional en materia de salud. En dicho contexto, la Sala Especial de Seguimiento evidenció las siguientes barreras normativas y estructurales para el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales a cargo de la Superintendencia[69]: i) la entidad no es capaz de proferir decisiones jurisdiccionales en el término de 10 días previsto por la ley, por lo que, actualmente se presenta un retraso de entre dos y tres años para solucionar de fondo las controversias conocidas por la entidad [70]; ii) el trámite jurisdiccional solo procede ante la negativa de las EPS de prestar algún servicio médico, más no en aquellos casos en los cuales exista omisión o silencio por parte de estas; iii) la ausencia de un mecanismo que garantice el cumplimiento de sus decisiones, y iv) las falencias en la estructura orgánica de la entidad pues, con excepción de la organización de la que dispone en Bogotá, no cuenta con el personal suficiente ni especializado para el resto del país[71]. Así las cosas, la Corte ha señalado que “mientras persistan las dificultades para el ejercicio de dichas facultades, el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud no se entenderá como un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en consecuencia, la acción de tutela será el medio adecuado para garantizar dichos derechos[72]”[73]. 81. De conformidad con lo expuesto, esta Sala observa el mecanismo alternativo dispuesto no es idóneo porque la autorización de los tratamientos de fertilización in vitro no hace parte de las competencias propias a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud[74]. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, esta Sala recuerda que esta Corporación en diferentes oportunidades[75] ha señalado que el mecanismo jurisdiccional ante dicha autoridad administrativa no es eficaz, por cuanto, este presenta graves demoras para ofrecer respuestas y soluciones oportunas a las solicitudes radicadas por los usuarios y afiliados al sistema de salud por ocasión de las fallas en la prestación del servicio. En razón de ello, atendiendo a las características particulares del caso concreto, se concluye que la acción de tutela era el único medio de defensa con el que contaba la señora Andrea Lorena González Hoyos para solicitar el amparo de sus derechos. Análisis del problema jurídico. Vulneración de los derechos a la vida digna, a la igualdad, a la salud reproductiva y a la seguridad social. 82. La accionante expuso que la decisión de Compensar EPS de negar la autorización del procedimiento de fertilización in vitro constituye una vulneración de sus derechos a la vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y a los derechos sexuales y reproductivos. 83. En relación con la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de la señora Andrea Lorena González Hoyos por parte de Compensar EPS, esta Sala observa que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional expuesta, la exclusión sin excepciones del tratamiento de fertilización in vitro del PBS constituye una barrera en el desarrollo pleno de los diferentes elementos que integran este conjunto de derechos, específicamente, la autonomía reproductiva y la libertad de decidir libre y responsablemente el número de hijos. En el caso de la accionante, la omisión del Estado de desarrollar una política pública que permita de forma eficaz y oportuna que las parejas con infertilidad puedan acceder a los diferentes tratamientos médicos para concebir supone una carga desproporcionada. 84. En virtud de lo anterior, atendiendo a las condiciones excepcionales en las cuales se puede acceder a procedimientos de fertilización in vitro con cargo a los recursos públicos, esta Sala procederá a verificar si dichas condiciones se cumplen en este caso, con fundamento en los requisitos previstos en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019, reconocidos y desarrollados por esta Corporación en la sentencia SU 074 de 2020. Análisis de los requisitos reconocidos por la jurisprudencia constitucional para el acceso a los tratamientos de fertilidad en circunstancias excepcionales 85. En primer lugar, respecto a la edad de la accionante, se observa que la señora Andrea Lorena González Hoyos, actualmente, tiene 34 años de edad[76]. Atendiendo a la edad de la accionante, corresponderá al médico tratante determinar e informar a la paciente la viabilidad del procedimiento de fertilización in vitro, los riesgos relacionados con su embarazo y las complicaciones que esto puede causar en su salud. Lo anterior, con el propósito de asegurar que la actora cuente con la debida asesoría y acompañamiento médico. Asimismo, el médico especialista deberá tener en cuenta que Compensar EPS informó a esta Sala que, en caso de llevarse a cabo el procedimiento, “la tasa de éxitos oscila entre el 60% al 65% debido a la edad de la paciente, asumiéndose que la calidad de los ovocitos es buena”. 86. En relación con la condición de salud de la accionante, según lo consignado en la historia clínica, esta presenta antecedentes de ovarios poliquísticos, dos embarazos ectópicos y salpingectomía bilateral por laparoscopia[77]. En consecuencia, la accionante fue informada acerca de su imposibilidad para poder concebir de forma natural, por lo que, solicitó la práctica del procedimiento de fertilización in vitro, el cual fue negado por la EPS. En sede de revisión, la entidad accionada aseguró que este procedimiento es la única posibilidad médica con la que cuenta la accionante para procrear[78]. En ese sentido, corresponderá a los médicos especialistas determinar la condición de salud de la accionante asociada con el tipo de infertilidad que padezca[79]. 87. Por otra parte, el número de ciclos que debe realizarse y la frecuencia del tratamiento de fertilidad, deberá ser precisado por el médico tratante en la certificación mediante la cual se pronuncie sobre la viabilidad del tratamiento de fertilización in vitro, con un máximo de tres oportunidades para llevar a cabo la práctica de la fertilización. 88. Respecto a la falta de capacidad económica de la pareja, esta Sala cuenta con la siguiente información aportada por la accionante: ella devenga un salario ligeramente superior a los 3´000.000 y su cónyuge, percibe por concepto de honorarios una suma mensual ligeramente superior a 6´000.000. De acuerdo, con la relación de gastos del hogar, los egresos mensuales de la pareja superan la 7´000.000. Entre estos gastos se encuentra el pago del canon de arrendamiento de la vivienda en la que habitan, la cuota mensual correspondiente a la compra de un apartamento, el pago de tarjetas de crédito y cotizaciones al sistema de seguridad social, entre otros. A partir de lo anterior, de acuerdo con la sentencia SU 074 de 2020, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social -en adelante, ADRES- es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 4º de la Ley 1953 de 2019, hasta tanto el Ministerio de Salud y protección Social dicte la r...