Sentencia T-140 de 2015

T-140-15 Sentencia T-140/15 ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Elementos de asequibilidad y habitabilidad DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia de la acción de tutela cuando se trate de sujetos de especial protección PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Conlleva el respeto por el acto propio por lo que las autoridades no pueden contradecir sus propias actuaciones precedentes PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO-Alcance SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA-Concepto Los subsidios de vivienda familiar se consideran jurisprudencialmente un mecanismo estatal válido para desarrollar progresivamente el derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución, especialmente, cuando se trata de personas de bajos recursos. SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA-Finalidad El subsidio de vivienda se encamina a apoyar a personas de “escasos recursos económicos”, a los de “más bajos recursos”, a los “hogares de bajos recursos” y, en general, a la “población [económicamente] más pobre.” DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA VIVIENDA DIGNA Y A LA CONFIANZA LEGITIMA-Orden a Caja de Compensación Familiar desembolsar el dinero correspondiente al subsidio familiar de vivienda del cual es beneficiara la accionante Referencia: Expediente T-4578549 Acción de tutela presentada por Leidy Yanubi Rincón Sánchez contra la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter y la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan con vinculación oficiosa de la Asociación Guardianes del Futuro, el Convenio Asociativo para la Ejecución del Proyecto de Vivienda de la Urbanización Ciudad Blanca II Etapa y la Cooperativa de Ahorro y Crédito- Coomudelsa Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de San Gil, el veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014) y en segunda instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Oralidad de San Gil, el ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) dentro de la acción de tutela promovida por Leidy Yanubi Rincón Sánchez contra la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter y la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan con vinculación oficiosa de la Asociación Guardianes del Futuro, el Convenio Asociativo para la Ejecución del Proyecto de Vivienda de la Urbanización Ciudad Blanca II Etapa y la Cooperativa de Ahorro y Crédito- Coomudelsa. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de Auto del diez (10) de noviembre de dos mil catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Once. I. ANTECEDENTES La señora Leidy Yanubi Rincón Sánchez presentó acción de tutela con el propósito que se protejan sus derechos fundamentales a la vivienda digna, mínimo vital y confianza legítima los cuales considera vulnerados ante la negativa de la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- en autorizar el desembolso del subsidio del que resultó beneficiaria argumentando que el valor asignado a la vivienda adjudicada supera el monto del certificado de elegibilidad asignado al proyecto de vivienda sobre el cual decidió aplicar el beneficio. A juicio de la accionante, el valor del inmueble fue estipulado conforme las reglas básicas previstas por Cajasan en la carta de asignación de subsidios, sin que resulte razonable el cambio intempestivo de las condiciones inicialmente previstas para acceder a una vivienda. 1. Hechos 1.1. Manifiesta la accionante que cuenta con veintinueve (29) años de edad[1] y es madre cabeza de familia de dos (2) niñas de cuatro (4) y cinco (5) años quienes se encuentran bajo su cuidado y responsabilidad.[2] 1.2. Indica que forma parte del Programa de Vivienda Urbanización Ciudad Blanca II Etapa- Asociación Guardianes del Futuro,[3] encargado de formular proyectos de vivienda familiar de interés social para hogares de bajos recursos en virtud del convenio suscrito con la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter, entidad evaluadora del mencionado proyecto.[4] 1.3. Expone que por pertenecer a dicho programa, fue beneficiada con un subsidio de vivienda otorgado por la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- mediante acta No. 042 del veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011) por valor de once millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos ($11,247.600).[5] 1.4. Alude que Cajasan permitía que la aplicación del subsidio familiar de vivienda se hiciera sobre un inmueble que no superara los ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su aplicación tal como se desprendía de la carta de asignación No. 006848 del veinte (20) de octubre de dos mil once (2011) que establecía las reglas básicas en la materia. 1.5. El veinte (20) de junio de dos mil doce (2012) suscribió con la Asociación Guardianes del Futuro un contrato de promesa de compraventa en el que se pactó de común acuerdo la venta de un lote de terreno en el proyecto de Urbanización Ciudad Blanca, II Etapa para hacer efectivo el subsidio familiar otorgado. La entrega y posesión del mismo se realizaría una vez se adelantará el proceso de construcción de viviendas de acuerdo al proyecto formulado o, en su defecto, una vez el comprador hubiere cancelado la totalidad de sus obligaciones. [6] 1.6. En aras de sufragar el saldo de la construcción de la vivienda y realizarle unas mejoras, solicitó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia -Coomuldesa Ltda., un préstamo el cual fue aprobado el veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013) mediante hipoteca y por un valor de treinta millones de pesos ($30.000.000).[7] 1.7. El veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013), realizó en la Notaría Segunda del Círculo de San Gil, la legalización de la compraventa e hipoteca del inmueble mediante la escritura pública No. 0341 la cual fue asignada a la vivienda ubicada en la calle 27B No. 9-10, Lote 10 Manzana B, Barrio Ciudad Blanca II Etapa de San Gil por un valor de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) considerando que dicha suma de dinero encajaba en las reglas de aplicación de subsidios de vivienda previstas por la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan-.[8] 1.8. Efectuado lo anterior, se dirigió a la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- a efectos de que se procediera al desembolso del subsidio otorgado a su favor, no obstante la entidad se negó a darle trámite a la escritura aduciendo que el valor de la venta del bien inmueble correspondiente a cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) superaba el valor de la elegibilidad que la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter le había otorgado al proyecto de vivienda de la Asociación Guardianes del Futuro, en este caso por concepto de treinta y cinco millones seiscientos dieciocho mil setecientos setenta y siete pesos ($35,618,777) conforme el artículo 16 del Decreto 2190 de dos mil nueve (2009).[9] A partir de ello, se le indicó que hasta tanto la escritura pública no fuera modificada en su valor de venta no era posible darle trámite al desembolso del subsidio de vivienda. 1.9. Ante esta situación, acudió ante la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Coomudelsa- con el fin de solicitar la modificación del valor de la cuantía de la venta estipulada en la escritura pública No. 0341, situación frente a la cual le manifestaron que “era totalmente imposible ya que dicha entidad financiera estipulo el valor de la venta de acuerdo al valor de la elegibilidad basados en que Cajasan permitía que la aplicación del subsidio familiar de vivienda se hiciera hasta por 135 s.m.l.m.v. como lo dice la carta de asignación 006848 del 20 de octubre de 2011 numeral 4 de las reglas básicas.”[10] 1.10. Conforme a la negativa recibida, el doce (12) de agosto de dos mil trece (2013), presentó una carta ante la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- en la que puso de manifiesto el impase originado con la escritura pública firmada con la entidad financiera y la necesidad de brindar una solución inmediata considerando que de lo contrario la Asociación Guardianes del Futuro adjudicaría el cupo de vivienda a otra persona.[11] La entidad sostuvo que ante la situación expuesta no era posible hacer nada, en tanto no “podían obviar la norma que regula el valor de elegibilidad del proyecto de vivienda, pues de acuerdo al Certificado de Elegibilidad emitido por Findeter el valor para cada vivienda sería de $35.618.777 sin que este pueda superarse, tal y como sucedió en la escritura de hipoteca 0341 del 25 de febrero de 2013 donde la cuantía de la venta se fijó en $45.000.000 millones de pesos, superando el costo fijado por Findeter.”[12] 1.11. El diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014) le solicitó a la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter- la modificación de la elegibilidad del proyecto de interés social denominado Urbanización Ciudad Blanca II Etapa,[13] frente a lo cual le indicaron la imposibilidad jurídica y financiera de acceder a ello en tanto “según el artículo 24 de la Resolución No. 0895 de 2011 es factible modificar el valor del proyecto, después de transcurridos los dos años a partir de la fecha de expedición de la elegibilidad, siempre y cuando estos cambios obedezcan a la actualización de los precios o a las modificaciones en los diseños, según el literal b) y e) del citado artículo, no siendo este el caso por usted consultado.”[14] 1.12. Advierte que la actuación desplegada ha sido contraria a las reglas básicas inicialmente establecidas para la aplicación del subsidio familiar de vivienda, pues en la misma carta de asignación se estipula que el valor del inmueble no puede superar los ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bajo esta premisa, no entiende porque dicha entidad se ha negado a desembolsar el subsidio cuando el costo de la venta del inmueble fijado en la escritura pública no supera dicho monto. 1.13. Con fundamento en lo expuesto, presentó acción de tutela solicitando la protección de sus derechos y los de su familia a la vivienda digna, al mínimo vital y a la confianza legítima. Invoca como objeto material de protección se le ordene a la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- darle trámite a la escritura pública No. 0341 del veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) y en consecuencia proceda a efectuar el desembolso del subsidio de vivienda del cual es beneficiaria. 2. Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas de oficio Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de San Gil, el trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), el Despacho ordenó notificar a las entidades accionadas para que ejercieran el derecho de defensa y contradicción. Así mismo, ordenó la vinculación de la Asociación Guardianes del Futuro, la Cooperativa de Ahorro y Crédito- Coomudelsa y el Representante Legal del Convenio Asociativo para la Ejecución del Proyecto de Vivienda de la Urbanización Ciudad Blanca II Etapa, el señor Euclides Saavedra Vargas.[15] 2.1. Respuesta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia-Coomudelsa Ltda.- El quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) la apoderada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia[16] intervino para precisar que si bien le aprobó un crédito con garantía hipotecaria a la tutelante, también lo es que no es la entidad encargada de fijar los precios de las ventas de los inmuebles a hipotecar, razón por la cual no le es posible incidir en el valor fijado para la venta del inmueble de la accionante.[17] 2.2. Respuesta de la Asociación Guardianes del Futuro Mediante escrito del quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) la referida asociación dio contestación al requerimiento judicial solicitando de manera preliminar su desvinculación del presente trámite. Sostuvo que es cierto que actúo como oferente de un proyecto de vivienda de interés social ante la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter- al ser propietario del terreno en el cual se desarrolló el mismo, esto es, la Urbanización Ciudad Blanca II Etapa. Indicó que sobre este proyecto, la accionante aplicó el subsidio familiar de vivienda otorgado por la Caja de Compensación Familiar. Sobre el fondo del asunto, señaló que ha sido la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- la entidad que sin justificación alguna se ha negado a garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna de la accionante, pese a que esta última ha dado estricto cumplimiento a las reglas básicas de asignación de subsidios familiares. Agregó que dicha entidad decidió cambiar de manera intempestiva las reglas a cumplir dentro del proyecto de vivienda familiar de interés social.[18] 2.3. Respuesta de la Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan- El Gerente de la Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan-[19] solicitó se niegue el amparo deprecado. Indicó que en cumplimiento del artículo 51 superior, Cajasan efectúa convocatorias para todos los afiliados a la Corporación, que cumpliendo con los requisitos exigidos por la normatividad vigente deseen vincularse al proceso de postulación, calificación y asignación del beneficio del subsidio familiar de vivienda, con el único propósito de que se les asignen unos recursos del Fondo de Vivienda de la Caja de Compensación para que puedan gozar del referido derecho. Frente a la solicitud de la accionante relacionada con la aplicación del subsidio de vivienda, sostuvo que dicha petición resulta improcedente en razón a que “la elegibilidad del proyecto solicitada a Findeter presenta un valor de escrituración diferente al que la accionante relacionó en la escritura No. 0341.” Asegura que ello no obedece a la mera liberalidad de la entidad sino a lo indicado en el artículo 16 del Decreto 2190 de dos mil nueve (2009), el cual exige que se deben mantener los valores establecidos en la elegibilidad del proyecto, para este caso los treinta y cinco millones seiscientos dieciocho mil setecientos setenta y siete pesos ($35,618,777) y no cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000).[20] 2.4. Respuesta de la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter El representante legal de la entidad[21] solicitó la desvinculación del presente trámite. De manera preliminar sostuvo que Findeter emitió certificado de elegibilidad No. CCF-2011-0004 del veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011) al proyecto denominado Urbanización Ciudad Blanca II Etapa localizado en el municipio de San Gil, Santander y presentado por el señor Euclides Saavedra Vargas. El proyecto consta de cuarenta (40) soluciones de vivienda tipo VIP cuyo valor por solución es de treinta y cinco millones seiscientos dieciocho mil setecientos setenta y siete pesos ($35,618,777). Agregó que todas las soluciones de vivienda que conforman el proyecto, son uniformes al tener las mismas áreas y especificaciones técnicas. Sostuvo que dentro de las políticas de vivienda de interés social dispuestas por el Gobierno Nacional, le compete la evaluación de los planes de vivienda los cuales deben someterse a un proceso para obtener la elegibilidad y calificación. Explicó que aquellos proyectos que cumplan con los requisitos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en el artículo 17 del Decreto 2190 de dos mil nueve (2009) se les expide el correspondiente certificado de elegibilidad para que los beneficiarios puedan acceder a los subsidios familiares de vivienda que otorga el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda- o las Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo del citado decreto. En todo caso, advierte que Findeter no tiene dentro de sus competencias la asignación de subsidios o recursos a los oferentes o beneficiarios de dichos planes, y tampoco participa en la supervisión o ejecución del proyecto después de ser otorgada la elegibilidad. Sobre la petición concreta de la accionante relativa a la modificación de la elegibilidad del proyecto,[22] precisó que ello no era posible en tanto (i) cuando Findeter expide el certificado de elegibilidad lo hace por el proyecto en su conjunto y no por cada una de las soluciones de vivienda establecidas y (ii) según lo señalado en el artículo 24 de la Resolución No. 0895 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que establece las metodologías y condiciones para el otorgamiento de la elegibilidad y la calificación de los planes de vivienda de interés social, la modificación de los certificados de elegibilidad debe solicitarse por parte del oferente adjuntando los documentos requeridos y puede darse en relación con cinco (5) aspectos concretos: el valor del proyecto, el subsidio familiar de vivienda requerido, la vigencia del certificado de elegibilidad, las modificaciones al diseño arquitectónico o estructural y el oferente.[23] Aclara que el caso objeto de la acción de tutela no se adecúa a ninguna de estas posibilidades señaladas en el decreto en mención. Para concluir, manifestó que en virtud de la orden judicial proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de San Gil previo a la declaratoria de nulidad ordenada por el Tribunal Superior de la misma localidad, Findeter solicitó al oferente del proyecto Urbanización Ciudad Blanca II Etapa, aportar los documentos necesarios para llevar a cabo la modificación del certificado de elegibilidad, considerando que por competencia legal es la única persona facultada para solicitar dicha variación. Efectuado lo anterior, el señor Euclides Saavedra Vargas, en su calidad de oferente, dio cumplimiento a lo solicitado por lo que la entidad adelantó los trámites necesarios hasta cuando fue notificada de la nulidad del trámite de tutela.[24] 2.5. El Convenio Asociativo para la Ejecución del Proyecto de Vivienda de la Urbanización Ciudad Blanca II Etapa no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela. 3. Trámite de la acción de tutela 3.1. El conocimiento de la presente acción correspondió en primera instancia al Juzgado Laboral del Circuito de San Gil, quien mediante providencia del veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014) tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital, a la confianza legítima y a la vivienda digna de la accionante. En consecuencia dispuso que la Financiera de Desarrollo Territorial SA- Findeter- iniciará los estudios necesarios para dar claridad a la elegibilidad que avalaba las variaciones de las condiciones del proyecto de vivienda Urbanización Ciudad Blanca II Etapa de la Asociación Guardianes del Futuro, teniendo en cuenta la especial situación de la accionante y ordenó que de ser el caso, conforme a la ley, modificará el valor del monto de la elegibilidad de la solución de vivienda por ella adquirida. Bajo estas premisas, dispuso además que una vez cumplido lo anterior, la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- debía efectuar el desembolso del subsidio de vivienda asignado a la accionante.[25] 3.2. Declaratoria de Nulidad La Sala Civil- Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, mediante fallo del nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014) con ponencia del Magistrado Luis Alberto Téllez Ruíz, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que avocó conocimiento por considerar que se configuraba la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil relativa a la falta de competencia funcional. En virtud de lo anterior, se ordenó la remisión del proceso al Juzgado Promiscuo Municipal de San Gil (reparto) para que asumiera el conocimiento del asunto. 4. Decisiones que se revisan 4.1. Decisión de Primera instancia Subsanada la irregularidad, el Juzgado Segundo Penal Municipal Para Adolescentes con Función de Control de Garantías de San Gil, mediante fallo del veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014) negó el amparo invocado tras considerar que no se cumplían las condiciones necesarias previstas en la jurisprudencia constitucional para acceder al amparo deprecado. Sobre el fondo del asunto, sostuvo que la negativa por parte de la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- relativa a la no entrega del beneficio económico a la accionante se dispuso en cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Precisó que fue la señora Leidy Yanubi Rincón quien desconoció los requisitos establecidos para finiquitar el trámite de entrega del subsidio al estipular en la escritura pública No. 0341 del veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) un valor superior al indicado por la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter- como monto de la elegibilidad del proyecto de vivienda del que ella hacia parte. 4.2. Impugnación La señora Leidy Yanubi Rincón Sánchez presentó impugnación contra la sentencia de primera instancia solicitando su revocatoria. En su escrito aclaró que la escritura pública No. 0341 del veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) de compraventa e hipoteca fue suscrita con sujeción a las reglas básicas previstas por Cajasan en la carta de asignación de subsidios, conforme a la cual el valor de la cuantía del inmueble sobre el cual recaería el beneficio no podía superar los ciento treinta cinco (135) smlmv a la fecha de aplicación. Aclara que en ningún momento se precisó que dicho valor obedecería al previsto para elegibilidad del proyecto otorgado por la Financiera de Desarrollo Territorial- Findeter-, por lo que al registrar la escritura pública por valor de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) tenía la firme convicción de haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos para proceder al desembolso del subsidio. Bajo estas premisas, considera que no es posible que la Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan- cambie las reglas inicialmente estipuladas para acceder al subsidio, hecho que vulnera su derecho fundamental a la vivienda digna.[26] 4.3. Decisión de segunda instancia El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Oralidad de San Gil, mediante providencia del ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) confirmó el fallo recurrido. Concretamente sostuvo que no era posible acceder al amparo deprecado por la accionante en tanto la actuación desplegada por la Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan- se fundamentaba en la normatividad vigente en la materia, es decir el Decreto 2190 de dos mil nueve (2009), específicamente su artículo 16 que hace referencia a la elegibilidad del proyecto de vivienda de interés social. iI. Consideraciones y fundamentos 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema Jurídico 2.1. De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera una entidad otorgante de subsidios familiares de vivienda (Caja Santandereana de Subsidio Familiar, Cajasan) el derecho a la vivienda digna, al mínimo vital y a la confianza legítima de una persona beneficiaria del mismo (Leidy Yanubi Rincón Sánchez), al negarse a autorizar el desembolso del saldo del subsidio argumentando que el valor estipulado en la escritura pública de compraventa e hipoteca del inmueble adquirido supera el valor de la elegibilidad del proyecto sobre el que aplicó el beneficio sin tener en cuenta que dicha condición no fue oportunamente advertida a la tutelante y que si no se autoriza el desembolso del subsidio deberá asumir el costo total del inmueble? Para dar solución al problema jurídico planteado, la Sala (i) analizará la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna en casos de subsidios familiares de vivienda y estudiará la procedencia del caso concreto; (ii) abordará la doctrina constitucional relativa a los subsidios familiares de vivienda como mecanismo para el logro progresivo de la efectividad del derecho a contar con una vivienda digna y, (iii) resolverá el problema jurídico propuesto. 3. Procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna en casos de subsidios familiares de vivienda. Reiteración de jurisprudencia 3.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho a la vivienda digna como aquel dirigido a suplir la necesidad humana de “disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que revist[a] las características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida.”[27] Este derecho se encuentra consagrado constitucionalmente en el artículo 51 de la Carta Política,[28] dentro del capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, prerrogativas con las cuales se busca garantizar la consecución de los fines del Estado social de derecho,[29] especialmente la de promover la prosperidad general y propender por la vigencia de un orden justo. 3.2. En cuanto al contenido del derecho a la vivienda digna y adecuada[30], esta Corporación ha efectuado una lectura armónica de las disposiciones constitucionales relevantes con aquellas contenidas en el PIDESC, bajo la interpretación autorizada del Instrumento, realizada por el Comité DESC en su O.G. 4. El párrafo 8º de la Observación es de particular importancia por cuanto define como parámetros de adecuación de la vivienda, los siguientes: a) seguridad jurídica de la tenencia, b) disponibilidad, c) gastos soportables, d) habitabilidad, e) asequibilidad, f) lugar, y g) adecuación cultural, los cuales pueden agruparse en dos grandes materias: condiciones de la vivienda y seguridad de la vivienda.[31] Sobre el primer aspecto (“condiciones de vivienda”), indicó la Corporación –siguiendo la OG. 4 - que la vivienda adecuada no es equiparable a la existencia de un techo o cobijo sino que debe tratarse de un lugar que ofrezca “seguridad a la persona frente a las inclemencias ambientales y un punto a partir del cual pueda proyectar su vida privada y en sociedad.”[32] Para conseguir ese propósito, la vivienda debe reunir elementos que aseguren su habitabilidad es decir, cumplir con requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio, para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud.[33] Debe tener acceso a servicios públicos, de seguridad y de emergencia, de manera que los planes de desarrollo urbano deben “asegurar que la vivienda se encuentre en un lugar donde exista acceso a elementos centrales para la vida digna de la persona y su vida en sociedad como acceso a trabajo, salud, educación y un ambiente sano. Finalmente, deben tomarse en cuenta factores culturales, de manera que la vivienda responda, sin sacrificar el acceso a los servicios tecnológicos, a los patrones culturales de diseño, construcción, etc., de viviendas.” De acuerdo con los literales b, f y g del párrafo 8 de la OG 4 debe garantizarse la “disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura”; la vivienda debe “estar ubicada en un lugar que permita el acceso a servicios de atención en salud, centros para niños, escuelas, entre otros; y debe cumplir con el estándar de adecuación cultural, de manera que permita la expresión de la identidad cultural y la diversidad en la vivienda[34].[35]” El segundo grupo de elementos, relativos a la seguridad de la vivienda, se compone de tres factores: asequibilidad, seguridad jurídica de la tenencia y gastos soportables. La asequibilidad “consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda, así como el acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia de la vivienda.” El comité DESC ha enfatizado, así mismo, la obligación jurídica y política del Estado de conceder prioridad en la asignación de recursos para vivienda a grupos vulnerables (incluidas las víctimas de desastres naturales).[36] El concepto de gastos soportables involucra la obligación de asegurar “sistemas adecuados para costear la vivienda, tanto para financiar su adquisición como para garantizar un crecimiento razonable y acorde con el nivel de ingresos, de los alquileres, entre otras medidas.”[37] “[L]a seguridad de la tenencia”, finalmente, “apunta a que las distintas formas de tenencia de la vivienda –propiedad individual, propiedad colectiva, arriendo, leasing, usufructo, etc.- estén protegidas jurídicamente, principalmente contra desahucio, hostigamiento, etc.”[38] El caso objeto de estudio se relaciona con la faceta de asequibilidad del derecho y, concretamente, con la posibilidad de acceder al derecho sin incurrir en gastos excesivos, que amenacen el mínimo vital de los interesados. En desarrollo de esta obligación, el Estado debe privilegiar el acceso a grupos vulnerables o personas en condición de debilidad manifiesta. Como lo ha expresado el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU en los siguientes términos: “La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho.” 3.3. Procedencia en el caso concreto 3.3.1. Con fundamento en los criterios antes reiterados, debe la Sala estudiar si en el caso concreto, la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para resolver la solicitud de protección del derecho a la vivienda digna de la accionante. En este punto debe advertirse que el amparo fue interpuesto contra la Caja Santandereana de Subsidio Familiar por su decisión de no autorizar el desembolso del subsidio que había aprobado previamente a favor de la accionante. La demandante afirma que, en caso de obtener un pronunciamiento favorable por parte de esa entidad, se le habría entregado el bien inmueble destinado a vivienda de interés social. Conforme lo anterior se puede apreciar que las pretensiones de la accionante se ubican en la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna, por cuanto la creación e implementación de planes y programas que promueven la adquisición de vivienda propia así como el otorgamiento de subsidios y apoyos de carácter técnico o financiero hacen parte de las políticas públicas para garantizar el acceso de las personas a una vivienda como consecuencia del desarrollo legislativo o reglamentario de las cláusulas constitucionales.[39] No obstante, concretamente la tutela se interpuso para exigir el cumplimiento por parte de los entes demandados de una obligación de respeto; es decir, de una obligación que está radicada en cabeza del Estado y los particulares de abstenerse de incidir sin justificación suficiente, directa o indirectamente, en el disfrute del derecho, o lo que es equivalente, que respete su derecho a la vivienda digna y en consecuencia que se remuevan los obstáculos que se le han puesto para que le sea entregado finalmente el bien. Por consiguiente y en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe concluirse que la acción de tutela es un mecanismo judicial procedente para resolver la controversia que plantea el caso en estudio, el que además involucra la garantía efectiva de otros derechos fundamentales como la dignidad humana, por cuanto un lugar de habitación adecuado le permite a los individuos sobrellevar una existencia digna y desarrollar así su proyecto de vida.[40] Adicionalmente, el asunto involucra sujetos de especial protección constitucional, como son los menores de edad y las madres cabeza de familia respecto de quienes pacíficamente se ha admitido la procedencia de la tutela para reclamar la protección de sus derechos fundamentales.[41] Es justo la condición descrita la que impone a las autoridades competentes atender sus necesidades con especial diligencia y, en el contexto de la jurisdicción constitucional, obliga a los jueces a flexibilizar el análisis de procedibilidad y propender por una defensa inmediata de sus derechos fundamentales. 3.3.2. En conclusión, la Sala Primera de Revisión considera que la acción de tutela presentada por Leidy Yanubi Rincón Sánchez es procedente. Primero, porque la accionante y su núcleo familiar son sujetos de especial protección constitucional y la tutela se torna en el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la defensa de sus intereses. Segundo, porque son titulares del derecho fundamental a la vivienda digna y persiguen la satisfacción de facetas prestacionales del mismo que ya han sido objeto de concreción legislativa y reglamentaria. Y, tercero, porque en un conjunto de precedentes la Corte ha defendido la procedencia de la acción en casos semejantes, como veremos a continuación. 4. La modificación de las condiciones para el acceso a un subsidio hipotecario de vivienda cuando el interesado ha cumplido los requisitos previstos en la ley, comporta una violación de los derechos fundamentales al debido proceso en relación con el principio constitucional de confianza legítima y buena fe y el derecho fundamental a la vivienda digna 4.1. El artículo 83 de la Carta Política establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse al principio de la buena fe, el cual, según la jurisprudencia constitucional, se entiende como un imperativo de lealtad, honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña a la palabra comprometida, se presume en todas las actuaciones y se erige en pilar fundamental del sistema jurídico. Su alcance y aplicación no se limita al nacimiento de las relaciones jurídicas sino que se extiende al desarrollo de las mismas, hasta su extinción, de suerte que los operadores jurídicos en el curso de tales relaciones deben adecuar su comportamiento a los parámetros significativos mencionados y tienen que responder a las expectativas que sus actuaciones precedentes han generado en los demás. El principio de buena fe tiene, entre otras, dos manifestaciones concretas, a saber, la confianza legítima y el respeto por el acto propio. En cuanto a la confianza legítima, de acuerdo con el entendimiento que le ha dado la Corte, se trata de un principio con raigambre constitucional que, entre otros efectos, tiene el de prohibirles a las autoridades públicas y a los poderes privados que por ejemplo participan en la prestación de servicios públicos, o en la satisfacción de necesidades básicas “contravenir sus actuaciones precedentes y de defraudar las expectativas que generan en los demás, a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico.” En otras palabras, se busca proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios sorpresivos de las autoridades que pueden afectar situaciones respecto de las cuales, si bien el interesado no tiene consolidado un derecho adquirido, sí goza de razones objetivas para confiar en su durabilidad. De esta manera, no le es dado a las autoridades desconocer abruptamente la confianza que su acción u omisión ha generado en los particulares, máxime cuando ello compromete el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales. En todo caso, no significa lo anterior que los operadores jurídicos se encuentren imposibilitados para adoptar medidas encaminadas a modificar las expectativas de los individuos. De lo que se trata es que tales medidas no pueden darse sorpresivamente y que, por el contrario, deben permitir la transición de los interesados de un escenario a otro. El principio de respeto por el acto propio implica “el deber de mantener una coherencia en las actuaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, de manera que deviene contraria al principio aludido toda actividad de los operadores jurídicos que, no obstante ser lícita, vaya en contravía de comportamientos precedentes que hayan tenido la entidad suficiente para generar en los interesados la expectativa de que, en adelante, aquéllos se comportarían consecuentemente con la actuación original.”[42] En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en desarrollo de este principio, se sanciona “como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto.” [43] En consecuencia, “el desconocimiento, dentro del marco de un proceso administrativo, del principio de buena fe, en sus dimensiones de confianza legítima y respeto por el acto propio, comporta una vulneración del derecho al debido proceso, como quiera que éste comprende la garantía de que las decisiones que se profieran en su curso atenderán a las reglas de juego previamente establecidas así como a las expectativas que la administración, en virtud de sus actos, generó en un particular.”[44] 4.2. La Sala Primera de Revisión ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre casos similares al analizado en esta oportunidad que comprometen directamente el acceso a la vivienda digna y cuya protección se ha garantizado por vía de la confianza legítima y la buena fe. En la sentencia T-761 de 2011[45] se estudiaron dos (2) acciones de tutela en la que los accionantes pretendían la protección, entre otros, de su derecho fundamental a la vivienda digna. Los tutelantes resultaron beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por medio de las Cajas de Compensación Familiar a las cuales estaban afiliados, y decidieron aplicar dichos subsidios a proyectos de vivienda de interés social elegibles que aún no se habían construido, suscribiendo para tal fin contratos de promesa de compraventa. Por razones ajenas a su voluntad e imputables a las entidades accionadas, aquellos no pudieron acceder a una vivienda propia. En el primero de los casos, que para el presente asunto establece una regla de decisión relevante, la accionante concretamente argumentaba que su derecho a la vivienda digna había sido vulnerado por la decisión de Comfenalco Santander de no autorizar el desembolso del saldo de su subsidio de vivienda, hecho que había ocasionado que la entidad encargada de la construcción del proyecto sobre el cual se había aplicado el beneficio se negará a entregarle el inmueble al no haber recibido el valor total del mismo. A juicio de la accionante, ello se produjo sin tener en cuenta que había suscrito y registrado la escritura pública de compraventa del inmueble, y simultáneamente contraído una obligación por diez millones de pesos ($10.000.000) con una entidad financiera para el pago del saldo restante del precio de la vivienda. En esta ocasión, la no entrega del subsidio se originaba en la presunta falta de legalización del mismo antes de la fecha de vencimiento de su vigencia. Sin embargo, y es aquí donde surge la controversia, la Caja de Compensación Familiar había autorizado en un primer momento la legalización de los subsidios familiares de vivienda cuya vigencia se había vencido, no obstante con posterioridad y después de haberse asumido por parte de la accionante las obligaciones mencionadas, decidió cambiar su decisión para manifestar que suspendía dicho proceso de legalización. En esta ocasión, la Sala Primera de Revisión sostuvo que la accionante había actuado conforme la buena fe y la confianza legítima creada por parte de la entidad y sustentada en el hecho de hacerle creer que la adquisición de su vivienda iba a ser cubierta parcialmente con los recursos del subsidio familiar de vivienda. Fue con sustento en esta actuación que la tutelante suscribió posteriormente una escritura pública de compraventa e hipoteca al tiempo que adquirió una obligación crediticia con una entidad financiera. Sin embargo, después de haber asumido estas obligaciones, la entidad opto por cambiar intempestivamente su decisión y suspender el proceso de legalización de subsidios, afectando además su derecho a la vivienda digna y por esta vía su mínimo vital considerando que se trataba de una persona de escasos recursos económicos quien ahora debía asumir el saldo del beneficio otorgado. Con fundamento en lo anterior, concedió el amparo invocado y ordenó el desembolso del subsidio pretendido. 4.3. En la sentencia T-675 de 2011[46] los tutelantes resultaron beneficiarios de subsidios familiares de vivienda otorgados por parte de las Cajas de Compensación Familiar a las que se encontraban afiliados. Ante ello, procedieron a firmar promesas de compraventa con una Promotora Inmobiliaria para adquirir vivienda de interés social en un proyecto realizado en el municipio de Piedecuesta, Santander. Adicionalmente adquirieron créditos hipotecarios dirigidos a sufragar el saldo restante del inmueble adquirido. Cumplidos los requisitos exigidos por las Cajas de Compensación, en el momento en que la Constructora iba a proceder con la escrituración, la Caja informó al Constructor-vendedor que no daría tal orden, aduciendo que la vigencia del subsidio se había vencido. Posteriormente y en aras de respaldar los derechos de los beneficiarios de los subsidios, la Caja de Compensación decidió comprometerse a garantizar el cumplimiento del proceso de escrituración y entrega de las viviendas, y fue así como contando con un concepto favorable de la Superintendencia de Subsidio Familiar, permitió se reactivase la finalización del trámite. Sin embargo, encontrándose las escrituras en proceso de inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, la entidad se abstuvo de participar en la culminación del proceso, porque un concepto posterior del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, advertía que no podía proseguirse con el trámite recomendando por la expiración de la vigencia de los subsidios. En esta ocasión, la Sala estimó que la conducta asumida a último momento por la accionada había vulnerado el principio de buena fe y de confianza legítima, porque los accionantes creyeron en la seriedad de la entidad demandada, confiaron en su proceder y en sus actuaciones previas, las que incluso los llevaron a suscribir escrituras públicas de compraventa e hipoteca y a adquirir obligaciones financieras que les permitieran asumir el pago de los saldos restantes de los precios de los inmuebles. Agregó que los subsidios familiares de vivienda se instituían en un mecanismo estatal válido para desarrollar progresivamente el derecho a una vivienda digna, por ende, debía salvaguardarse en esta oportunidad con la entrega material del bien, pues además ya existían títulos debidamente registrados que señalaban a los tutelantes como propietarios. Como consecuencia de lo anterior, le ordenó a la Caja de Compensación Familiar adelantar los trámites necesarios para continuar con la legalización del subsidio familiar otorgado a los peticionarios. 4.4. En esta misma línea, en la sentencia T-185 de 2012[47] se analizó una situación similar al asunto objeto de revisión. En esta oportunidad la accionante había sido beneficiaria de un subsidio parcial de vivienda urbana otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda. A fin de sufragar el saldo restante, la tutelante solicitó un crédito hipotecario ante el Banco Agrario. Al ser aprobado el mismo, se suscribió escritura pública de compraventa e hipoteca la cual fue posteriormente inscrita en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Al momento de solicitar el desembolso del valor del crédito y después de haber acreditado las exigencias inicialmente establecidas por parte de la entidad financiera dirigidas a la obtención del dinero necesario para conseguir su vivienda digna, esta se negó a realizar el desembolso bajo el argumento de que la tutelante presentaba una anotación en la CIFIN. Como el Banco se rehusó a ello, la constructora se negó a su vez a entregarle el inmueble a la accionante. En esta ocasión, la Sala estimó que la decisión controvertida era contraria a los principios del Estado social de derecho en tanto la negativa del Banco había tenido como fundamento una norma interna que no se había dado a conocer previamente a la solicitante del crédito, y que fue proferida luego de haber creado en la tutelante la expectativa legítima respecto a que el crédito iba a ser desembolsado. En efecto, estimó que mediante dos actos previos el Banco Agrario había creado en la peticionaria una expectativa de obtención del dinero necesario para conseguir su vivienda digna. Los actos previos fueron la aprobación del crédito a favor de la tutelante y la suscripción de la escritura pública de hipoteca. Bajo estas premisas, concluyó que cuando una entidad pública se niega, sin justificación suficiente, a desembolsar una suma de dinero previamente aprobada, y que resulta necesaria para que una familia haga efectivo un subsidio de vivienda y acceda a un hogar en condiciones adecuadas, viola el derecho a la vivienda digna de quienes integran el grupo familiar. Por lo anterior concedió el amparo y le ordenó a la entidad financiera desembolsar el importe del crédito con el fin de que la accionante accediera al derecho. 4.5. Recientemente, la Sala Cuarta de Revisión profirió una decisión que presenta similitudes importantes con el asunto que hoy se analiza. En la sentencia T-049 de 2014[48] se estudió el caso de un ciudadano a quien Comfenalco le había otorgado un subsidio familiar de vivienda. Con el propósito de aplicar el beneficio recibido, el accionante celebró contrato de promesa de compraventa para adquirir un inmueble con el Instituto de Vivienda de Interés Social y reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga, entidad que, a su vez, le adjudicó un subsidio complementario para la compra del inmueble por un valor de ocho millones quinientos mil pesos ($8.500.000). Acreditado lo anterior, se acordó acudir a la modalidad de giro anticipado para el cobro del subsidio familiar, por lo que la Caja de Compensación Familiar procedió a pagar el 80% al oferente, y se comprometió a complementar el 20% restante una vez se cumplieran los requisitos exigidos por la normatividad vigente para la respectiva legalización. Posteriormente, el actor recibió una comunicación por parte de Comfenalco Santander en la que se le informó que debía legalizar el subsidio antes de su vencimiento, o renunciar al mismo para evitar sanciones legales. No obstante haber firmado el actor nuevamente un contrato para el inicio de las obras de construcción de vivienda, Comfenalco posteriormente concluyó, luego de realizar una visita técnica a la obra, que el inmueble no se podía legalizar antes de que expirara el término de vigencia del subsidio y, como consecuencia, de acuerdo con el concepto emitido por la Superintendencia de Subsidio Familiar, estos dineros debían ser trasladados a los patrimonios autónomos de que trata el artículo 185 de la Ley 1607 de 2012. En esta oportunidad, la Sala estimó que la decisión adoptada por la entidad accionada había sido lesiva del derecho fundamental a la vivienda digna, y de los principios de buena fe y confianza legítima debido a las expectativas generadas en cabeza del actor. Lo anterior, toda vez que este había cumplido con todos los requisitos que se necesitaban para adquirir su inmueble y había actuado conforme con lo que las entidades y la ley le exigían, alcanzando incluso el correspondiente ahorro programado que supuso un gran esfuerzo de su parte, por ende, tenía la confianza de que su casa le iba a ser entregada. Consideró, además, que la entidad violó el derecho del actor al acceso a una vivienda digna, desconociendo su condición de sujeto de especial protección constitucional, a cargo de sus cuatro (4) hijos menores de edad y su esposa, y sin suficientes recursos para satisfacer sus necesidades. Con fundamento en lo anterior, se concedió el amparo y se le ordenó a la Caja de Compensación Familiar iniciar los trámites administrativos necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio familiar y proceder a la entrega del inmueble. 4.6. Finalmente, la sentencia T-019 de 2014.[49] Si bien esta providencia no resuelve una situación fáctica idéntica a la que ahora se estudia, en ella se reitera la necesidad de protección del derecho a la vivienda digna cuando quiera que por virtud de actuaciones previas ejercidas por las entidades públicas accionadas, se generan expectativas legítimas en los ciudadanos frente al acceso efectivo del derecho en cuestión. En esta ocasión, se estudió la situación de una mujer cabeza de familia, beneficiaria de un subsidio familiar de vivienda en especie. Aquella invocaba que este no había sido realmente entregado, en tanto a pesar de habérsele transferido el derecho de dominio y posesión sobre el inmueble otorgado, aquel no había podido ser inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por haberse omitido algunos datos relacionados con la identificación del lote. La accionante solicitó a la autoridad que procediera a enmendar esta imprecisión. Sin embargo, en su respuesta el municipio le informó que no era posible en tanto ese mismo predio había sido asignado, bajo la misma modalidad de subsidio de vivienda familiar, a otro beneficiario, quien ya lo había inscrito como de su propiedad. Lo relevante de esta providencia para efectos del asunto que se analiza, es que la Sala Tercera de Revisión consideró que la actuación desplegada había desconocido abiertamente una situación jurídica particular creada en la accionante por la propia entidad desde el momento de expedición del acto administrativo de adjudicación que la convertía en titular del bien. Agregó, que esta primera decisión de adjudicar el lote a la actora había sido modificada de manera súbita y unilateral en tanto se había proferido otro acto administrativo en el que se dispuso del lote a pesar de que la tutelante nunca fue notificada de esta circunstancia ni muchos menos se le consultó sobre la misma. Advirtió que las personas que resultaban beneficiadas con este tipo de subsidios, hacían parte de los sectores más vulnerables de la sociedad, y por ende requerían con urgencia de la ayuda y del apoyo del Estado. Este era precisamente el caso de la actora, quien era madre cabeza de familia y tenía a su cargo a su hija menor de edad, y no contaba con los ingresos suficientes para adquirir una solución de vivienda de forma independiente. Con fundamento en lo anterior, concedió el amparo invocado y ordenó la entrega a la peticionaria de un lote de terreno en las mismas condiciones que el inicialmente adjudicado o en su defecto un subsidio de vivienda en dinero. 4.7. Hecha esta breve reseña jurisprudencial se estima pertinente, antes de entrar a analizar de fondo el asunto, hacer una rápida alusión doctrinal de la Corte en relación con los subsidios de vivienda familiar como medio para hacer efectivo el derecho a obtener una vivienda digna y su propósito dentro de nuestro Estado Social de Derecho. 5. Los subsidios de vivienda familiar en la doctrina constitucional, como mecanismo para el logro progresivo de la efectividad del derecho a contar con una vivienda digna. Reiteración de jurisprudencia 5.1. Los subsidios de vivienda familiar se consideran jurisprudencialmente un mecanismo estatal válido para desarrollar progresivamente el derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución, especialmente, cuando se trata de personas de bajos recursos. En lo que corresponde a la doctrina constitucional referida a los fines de los subsidios familiares, estima la Sala que por ser pedagógico e ilustrativo en lo que corresponde al tema, se reiterará lo precisado por esta Corporación en la sentencia C-057 de 2010,[50] en la que la Corte sostuvo: “En cuanto a su efectividad, el derecho a la vivienda digna no se realiza solamente en la adquisición del dominio sobre el inmueble, sino, también, en la tenencia de un bien que posibilite su goce efectivo, esto es, que permita el acceso real y estable a un lugar adecuado en donde una persona y su familia puedan desarrollarse en condiciones de dignidad…” “Para desarrollar la política social de vivienda de las clases menos favorecidas, el Estado creó el sistema de vivienda de interés social, y diseñó el subsidio familiar como uno de los mecanismos idóneos para su realización efectiva. El régimen normativo del subsidio establece requisitos y condiciones especiales dirigidas a posibilitar la adquisición de una vivienda digna por personas de escasos recursos económicos, de modo que mediante actos positivos se pueda concretar el derecho constitucional del [artículo] (sic) 51 de la CP y la garantía de acceso de las personas postulantes en condiciones de igualdad. De conformidad con lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 91 de la Ley 388 de 1997,[51] los recursos que destine el Gobierno Nacional para la asignación de los subsidios de vivienda de interés social que se canalizan por conducto del Fondo Nacional de Vivienda se dirigirán prioritariamente a atender las postulaciones de la población más pobre, dentro de la cual se encuentran las personas no vinculadas al sistema formal de trabajo. De igual manera las personas afiliadas al sistema formal de trabajo deberán ser atendidas en forma prioritaria por las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 49 de 1990 y los artículos 63 y 67 de la Ley 633 de 2000 y Ley 789 de 2002.” Al ocuparse del régimen general de los subsidios de vivienda, la Corte ha reiterado en varias ocasiones que se trata de una herramienta “con que cuenta el Estado, para lograr que los ciudadanos, con escasos recursos económicos, puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas, dando así aplicación al derecho consagrado constitucionalmente en el artículo 51”, y que “es un aporte estatal que se entrega por una sola vez al beneficiario, el cual puede estar representado en especie o en dinero, y está dirigido a que personas con escasos recursos económicos puedan acceder a una vivienda o a mejorar la que ya tiene.”[52] Este rápido repaso jurisprudencial pone de presente que para la Corte, el subsidio de vivienda se encamina a apoyar a personas de “escasos recursos económicos”, a los de “más bajos recursos”, a los “hogares de bajos recursos” y, en general, a la “población [económicamente] más pobre.” Con los presupuestos jurisprudenciales reseñados, procede la Sala a analizar el caso y a exponer su solución. 6. La Caja Santandereana de Subsidio Familiar -Cajasan- vulneró los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la confianza legítima de la señora Leidy Yanubi Rincón Sánchez y sus dos menores hijas 6.1. La señora Leidy Yanubi Rincón Sánchez es madre cabeza de familia de dos (2) menores de edad, a saber, Luisa Iveth Sofía y Alejandra Isabel Escobar Rincón quienes cuentan con cuatro (4) y cinco (5) años respectivamente.[53] Actualmente se desempeña como cajera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia- Coomudelsa- con una asignación salarial mensual de un millón doscientos mil pesos ($1.200.000). [54] Indica que interpuso la presente acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, mínimo vital y confianza legítima, los cuales estima vulnerados por la decisión de la Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan- de no autorizar el desembolso del saldo del subsidio de vivienda previamente aprobado sin tener en cuenta que suscribió y registró la escritura pública de compraventa e hipoteca del inmueble, y contrajo una obligación por treinta millones de pesos ($30.000.000) con una entidad financiera para el pago del saldo restante del precio del mismo. Planteada la controversia en los anteriores términos, es necesario hacer un recuento de las etapas que ha adelantado la tutelante para lograr el desembolso del subsidio familiar de vivienda a ella adjudicado, desde su otorgamiento hasta el momento en que la Caja de Compensación Familiar se negó a autorizar el desembolso del saldo, con el fin de identificar los derechos en tensión y adoptar una solución acorde con los fines del Estado social y democrático de derecho. 6.2. Por tratarse de una persona de escasos recursos económicos y no contar con vivienda propia, la demandante se postuló como beneficiaria de un subsidio familiar una vez cumplió con todas las exigencias legales y reglamentarias.[55] Agotados todos los procedimientos y verificaciones del caso, mediante Acta No. 042 del veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011) la Caja Santandereana de Subsidio Familiar- Cajasan- le adjudicó un subsidio de vivienda a la tutelante y a su núcleo familiar para la adquisición de una vivienda nueva de ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su aplicación y una vigencia inicial de doce (12) meses, cuyo término podía prorrogarse por dos (2) ocasiones más. Una vez informada de la adjudicación del subsidio, la señora Rincón Sánchez suscribió un contrato de promesa de compraventa con la Asociación Guardianes del Futuro para adquirir una vivienda de interés social en el proyecto Urbanización Ciudad Blanca II Etapa, la cual sería pagada, en parte, con el valor del subsidio otorgado por Cajasan. Con la finalidad de sufragar el saldo restante de su vivienda, la accionante tramitó ante la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia -Coomuldesa Ltda- un préstamo hipotecario por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000). Posteriormente sus...