Sentencia T-139 de 2016

T-139-16 Sentencia T-139/16 ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS CUANDO EXISTE VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Requisitos de procedencia excepcional Por regla general la acción de tutela es improcedente cuando se solicita el amparo de derechos colectivos; segundo, que de manera excepcional procede si converge la presunta vulneración de derechos colectivos con la de derechos fundamentales. LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de los niños La jurisprudencia constitucional ha defendido que cualquier persona se encuentra legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre que en el relato de los hechos de la demanda conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño. DERECHO AL AGUA POTABLE-Toda persona tiene derecho fundamental prima facie a disponer y acceder a cantidades suficientes, y de calidad, de agua apta para el consumo humano PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social del Estado SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO-Pureza del agua PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Naturaleza El principio de precaución es uno de los principios rectores de protección del medio ambiente, se manifiesta a través de la obligación a cargo del Estado, a través de las autoridades ambientales, y de los particulares de tomar medidas para proteger y mitigar daños en el ambiente y la salud cuando existe un riesgo de daño. DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden a Alcaldía continuar con la entrega del mínimo de agua potable, salubre y de calidad a residentes de asentamiento, garantizando por lo menos 20 litros de agua por persona y día, empleando el medio que considere más adecuado para el efecto Referencia: expediente T-5.245.781. Acción de tutela instaurada por Dulfo Rojas Delgado, en representación de la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano La Malaña, sector occidental, corregimiento 3 de la ciudad de Bucaramanga, contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), la Alcaldía de Bucaramanga y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. (EMPAS), el Acueducto Veredal La Malaña y otros. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo dictado el 10 de agosto de 2015 por el Juzgado 13 Civil Municipal de Bucaramanga, en la acción de tutela promovida por Dulfo Rojas Delgado, en representación de la Junta de Acción Comunal del Asentamiento Humano La Malaña, sector occidental, corregimiento 3 de la ciudad de Bucaramanga contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (en adelante AMB), la Alcaldía de Bucaramanga y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. (en adelante EMPAS). I. ANTECEDENTES 1. Hechos relevantes[1]. 1.1. Desde hace aproximadamente 20 años en la ciudad de Bucaramanga se conformó el asentamiento humano La Malaña, donde actualmente residen 160 familias. 1.2. Afirmó el actor que el agua del asentamiento llega por una manguera desde otra vereda. 1.3. Narró que el 20 de mayo de 2015 la Secretaría de Salud y Medio Ambiente visitó el asentamiento y tomó dos pruebas del agua del Centro Educativo Rural La Malaña (única escuela del sector). 1.3.1. El primer resultado de laboratorio (1499-15) dictaminó que “la muestra analizada se encuentra por fuera de los límites permitidos de calidad microbiológica establecidos por las entidades sanitarias según la Resolución 2115 de junio de 2007 para agua potable”[2]. 1.3.2. El segundo resultado (1500-15) diagnosticó que “la muestra analizada se encuentra dentro de los límites permitidos de calidad microbiológica establecidos por las entidades sanitarias según la Resolución 2115 de junio de 2007 para agua potable”[3]. 1.4. El demandante sostuvo que la Alcaldía de Bucaramanga tuvo en cuenta esos resultados en las Actas de Inspección Sanitaria números 14935 y 14936 del 1 de junio de 2015.[4] En estas se expuso que: (i) se trata de “Agua no apta para el consumo humano” por encontrar que se supera el límite permitido de contenido microbiológico fijado por la Resolución 2115 de junio de 2007; (ii) la medida de seguridad parcial en el “tanque de almacenamiento y redes de conducción”; (iii) “se solicitó a los socios y operadores encargados del acueducto veredal realizar tratamiento del agua suministrada para prevenir el riesgo a la salud pública, de lo contrario se suspende el servicio del acueducto veredal”; y, (iv) se impartió educación sanitaria en normatividad sobre el agua y se realizó promoción y prevención en enfermedades producidas por el consumo de agua cruda. 1.5. Aseveró que “se ordenó la suspensión del servicio de agua a este asentamiento por parte de la Alcaldía Municipal y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga”, afectando al centro educativo rural La Malaña. 1.6. La Secretaria de Salud y del Ambiente – Grupo de Saneamiento- ordenó, mediante el Acta 03860 del 1 de junio de 2015[5], la clausura temporal y parcial de la escuela mencionada. 1.7. Detalló que la falta de agua potable provocó la interrupción del servicio escolar y la suspensión del funcionamiento del único comedor, afectando a los niños de la comunidad. 1.8. Relató que a dos metros de la escuela hay una red de agua utilizada para los barrios Limoncito y Miraflores y otros colindantes a la comuna 14. 1.9. Adujo que el 16 de junio de 2015, la Junta de Acción Comunal solicitó a la Secretaría de Salud del municipio de Bucaramanga y al AMB el suministro de agua potable [6]. 1.10. El AMB negó la solicitud bajo el argumento que el asentamiento está fuera de su perímetro de servicio. 1.11. Indicó el actor que no existen las canalizaciones de aguas lluvias y residuales domiciliarias en la parte rural del asentamiento pese a haberlas requerido a las entidades demandadas. 1.12. Arguyó que le corresponde al municipio garantizar los servicios públicos domiciliarios del asentamiento. 1.13. Solicitó que se garantice el derecho al agua potable a través del servicio de acueducto; y se ordene al AMB, a la Alcaldía de Bucaramanga y a la EMPAS (i) “garantizar el derecho fundamental a la vida en conexidad con el acceso a los servicios públicos, de acceder al servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado provisional a todos los residentes del asentamiento La Malaña de manera permanente”; (ii) “realizar los respectivos estudios o medidas de protección para la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado”[7]. 1.14. También pidió como medida provisional que se acceda al restablecimiento del servicio público del suministro de agua potable y alcantarillado, ya que de ello depende el goce efectivo del acceso mínimo de agua de los residentes del asentamiento. 2. Trámite procesal a partir de la demanda de tutela. Mediante Auto del 24 de julio de 2015, el Juzgado 13 Civil Municipal de Bucaramanga avocó conocimiento y corrió traslado de 1 día a las entidades accionadas con el fin de que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. Respecto de la medida provisional, la autoridad judicial se abstuvo de decidirla, “ya que la misma constituye el fondo de la acción aquí impetrada, lo que será motivo de estudio en un término máximo de 10 días”[8]. 3. Respuesta de las entidades demandadas. 3.1. La EMPAS explicó que el asentamiento no está en la zona de servicio que le corresponde y, además, no ha recibido ninguna solicitud para su conexión en el asentamiento La Malaña. Adicionalmente, allegó un informe de visita del 27 de julio de 2015, donde establece que: (i) el asentamiento se ubica en un sector subnormal, fuera del perímetro de servicio de la empresa y sin posibilidad inmediata de prestación de servicio; (ii) los habitantes de la zona “conducen las aguas residuales por medio de mangueras y tuberías PVC, descargando dichas aguas residuales a la cañada La Malaña, generando contaminación”. 3.2. Por su parte, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga –AMB- cuestionó que la acción de tutela fuera promovida por la Junta de Acción Comunal. Adicionalmente, explicó que no cuenta con la capacidad técnica para extender la red de agua potable construida para otros barrios aledaños para servir al asentamiento, que está fuera del perímetro de la empresa. Luego, sostuvo que es responsabilidad del municipio de Bucaramanga proveer el servicio de acueducto rural, ya que así lo disponen los artículos 1[9] y 14[10] de la Ley 388 de 1997. 3.3. Finalmente, la Alcaldía de Bucaramanga expuso que el AMB debe darle solución a la problemática presentada por la parte actora, por lo que pidió declarar la improcedencia de la demanda. 4. Pruebas que obran en el expediente. En el expediente obran las siguientes pruebas documentales: - Carta del 16 de julio de 2015 de Dulfo Rojas Delgado – Delegado de la Junta de Acción Comunal del asentamiento La Malaña- a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, solicitando que “se ejecuten las obras necesarias de tratamiento de agua potable para la escuela la Malaña de la vereda la Malaña, corregimiento Nº 3 jurisdicción del Municipio de Bucaramanga” (Fl. 10). - Acta de inspección sanitaria Núm. 14935 del 1 de junio de 2015 donde consta que: (i) el agua del Centro Educativo Rural la Malaña no es apta para el consumo humano y se prohíbe su uso; (ii) se toma una medida de seguridad parcial mediante tanque de almacenamiento y redes de conducción y (iii) se imparte educación sanitaria a la comunidad (Fl. 11). - Acta de inspección sanitaria Núm. 14936 del 1 de junio de 2015 donde consta que debido a que el agua del Centro Educativo Rural La Malaña no es apta para el consumo humano “se solicita a los socios y operadores encargados del acueducto veredal realizar tratamiento del agua para prevenir riesgo a la salud pública. De lo contrario se suspenderá el servicio de acueducto veredal” (Fl. 12). - Acta Núm. 3860 del 1 de junio de 2015 de la Secretaría de Salud y del Ambiente, mediante la cual se certifica la aplicación de una medida de seguridad parcial porque el agua que llega al Centro Educativo Rural La Malaña está por fuera de los límites permitidos de la calidad microbiológica (Fl. 13). - Análisis del 28 de mayo de 2015 de la muestra de agua cruda del colegio, código 1500-15, tomada el 20 de mayo de 2015, en el que se concluye que “la muestra analizada se encuentra dentro de los límites permitidos de calidad microbiológica establecidos por las entidades sanitarias según la resolución 2115 de junio de 2007 para agua potable” (Fl. 14). - Análisis del 26 de mayo de 2015 de la muestra de agua cruda del colegio, código 1499-15, tomada el 20 de mayo de 2015, en el que se concluye que “la muestra analizada se encuentra por fuera de los límites permitidos de calidad microbiológica establecidos por las entidades sanitarias según la resolución 2115 de junio de 2007 para agua potable” (Fl.15). - Carta del AMB dirigida a Dulfo Rojas Delgado, en respuesta de la petición elevada el 22 de junio de 2015, en la que anuncia que “la escuela la Malaña se encuentra ubicada sobre un área rural por fuera del perímetro de servicio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.” (Fl. 16). - Carta del 22 de junio de 2015 de la Alcaldía de Bucaramanga dirigida a Dulfo Rojas Delgado, en su calidad de delegado de la JAC, comunicando que la Secretaría de Salud y Ambiente cumplió con su función de identificar y controlar los principales factores de riesgo mediante las visitas y análisis de la calidad del agua suministrada en el centro educativo de la Malaña (Fl.17). 5. Sentencia objeto de revisión. El 10 de agosto de 2015 el Juzgado 13 Civil Municipal de Bucaramanga declaró la improcedencia de la tutela, bajo el argumento de que esta acción está encaminada a proteger derechos fundamentales y no de naturaleza colectiva como los que invoca la parte actora. Para el juez de instancia la controversia planteada radica en que en el asentamiento La Malaña no se presta en forma adecuada el servicio de agua potable y que “se han presentado situaciones de salud poco agradables”, lo cual apunta a que se reclaman derechos colectivos, para lo cual existe otro medio de defensa judicial a través de la acción popular[11]. Finalmente, el a quo advirtió que en el presente caso no se avizoraba la ocurrencia de un perjuicio actual, inminente e irreparable que viabilizara la tutela como mecanismo de protección. II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN. 2.1. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante Auto del 22 de enero de 2016, dispuso una medida provisional para garantizar el acceso al agua potable de los habitantes del asentamiento humano La Malaña, con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. Esto en razón a que la carencia de agua potable representa una limitación para la realización de las actividades básicas de consumo y un riesgo para la salud pública. Por lo tanto, era necesario disponer una medida para impedir una mayor afectación de derechos fundamentales. En la misma providencia, decretó pruebas para contar con información actualizada, pertinente y suficiente sobre: (i) la ubicación del asentamiento La Malaña en Bucaramanga; (ii) su prestador del servicio esencial del acueducto; (iii) las condiciones actuales de salubridad del agua suministrada allí; (iv) las actuaciones de la Alcaldía tendientes a prevenir el riesgo a la salud pública mediante el tratamiento del líquido. En consecuencia, se ordenó: Primero. VINCULAR al presente proceso al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado - Delegada para Acueducto Alcantarillado y Aseo), a la Corporación Autónoma Regional de Santander y a la Secretaría de Planeación de Bucaramanga para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, contesten a la acción de tutela. Para el efecto acompáñese copia de los escritos de tutela y las sentencias de primera instancia. Segundo. OFICIAR al señor Dulfo Rojas Delgado para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, allegue los documentos que acrediten la Personería Jurídica de la Junta de Acción Comunal que dice representar y su calidad de representante. Además, allegue una lista en la que se identifiquen (nombre completo, cédula, datos de contacto) todos los residentes del asentamiento ‘la Malaña’. Tercero: OFICIAR al Acueducto Municipal de Bucaramanga, en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, informar con los respectivos soportes: (i) las medidas que se han tomado para tratar el agua que proviene de la fuente sobre la cual la Secretaría de Salud y Ambiente halló que no es apta para el consumo humano, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se tomaron o se planean adelantar dichas medidas; (ii) la calidad actual del agua suministrada por el Acueducto Municipal de Bucaramanga a los habitantes del asentamiento ‘la Malaña’; y, (iii) si efectuó la comunicación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la negativa de disponibilidad inmediata del servicio solicitado por la Junta de la Acción Comunal del asentamiento ‘la Malaña’[12], adjuntando los análisis que sustenten tal decisión y demás soportes, en tal caso remitir copia de ello. Adicionalmente, aporte el Reglamento General para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado del Municipio de Bucaramanga. Cuarto: OFICIAR a la Alcaldía de Bucaramanga para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, informe si ha ordenado la suspensión del servicio de agua al Asentamiento ‘la Malaña’. Por otro lado, aclare en qué consiste la medida de seguridad parcial “tanque de almacenamiento y redes de conducción” que tomó en el Acta Núm. 14935 del 1 de junio de 2015 y cuál es el estado actual de dicha medida. De la misma manera, que clarifique a quién pidió realizar tratamiento del agua suministrada a la vereda la Malaña para prevenir el riesgo a la salud pública como consta en el Acta de Inspección sanitaria Núm. 14936 de 1 de junio de 2015. Así mismo, informe qué seguimiento hizo a dicho requerimiento y el estado actual de las medidas que fueron tomadas. Quinto. OFICIAR a la Secretaría de Planeación de Bucaramanga para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto informe si el Asentamiento ‘la Malaña’ se encuentra incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial como un asentamiento urbano o rural. Sexto. OFICIAR a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto: (i) practique nuevas pruebas bioquímicas del agua que llega a centro educativo y a las residencias del asentamiento humano ‘la Malaña’ y, además, emita un concepto sanitario en el que detalle sus condiciones de salubridad y determine si es apta para el consumo humano[13]; (ii) informe qué medidas ha tomado para mejorar la calidad del agua de la fuente que probó estar contaminada en el Asentamiento ‘la Malaña’. Así mismo, allegue un mapa de riesgo de calidad del agua de la región donde está ubicado el asentamiento, en el que se detallen las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las fuentes superficiales o subterráneas de una determinada región, que puedan generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales o generados por el hombre. Séptimo. ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado - Delegada para Acueducto Alcantarillado y Aseo) para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto informe qué acueducto(s) presta(n) su servicio en el sector del asentamiento. Octavo. ORDENAR a Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.[14] informar el estado de la red de alcantarillado en el Asentamiento la ‘Malaña’ en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto. Noveno. ORDENAR PROVISIONALMENTE al Municipio de Bucaramanga (Santander), representado por el señor Alcalde, que, a partir de las cuarenta (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, garantizar el mínimo de agua potable diario a los residentes del Asentamiento ‘la Malaña’, empleando el medio que considere más adecuado para el efecto, previa verificación de la necesidad del servicio para su uso personal y doméstico, por ejemplo, mediante carro tanques o construcción de sistemas individuales o colectivos de almacenamiento y suministro de agua, hasta que se profiera una decisión definitiva en sede de revisión[15]. 2.2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico- solicitó la desvinculación del trámite de tutela por cuanto los hechos y pretensiones de la demanda de tutela son ajenos a las competencias de la entidad[16]. Señaló que la prestación eficiente de los servicios públicos es responsabilidad de los municipios según lo establecido por los artículos 311 de la Constitución, 5 de la Ley 1551 de 2012 y 5.1 de la Ley 142 de 1994. Expresó que actualmente el municipio no está vinculado a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. Sin embargo puede formular y presentar proyectos al Ministerio para buscar financiamiento en el Sistema General de Regalías, aportes de las corporaciones autónomas regionales, línea de redescuento tasa compensada, recursos propios y financiación externa[17]. 2.3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) informó que el AMB presta el servicio en dicho municipio, según el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos. Además, no hay registro de antecedentes de quejas sobre el mal suministro de agua en La Malaña. Apuntó la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad teniendo en cuenta que sus funciones son ajenas a la prestación de los servicios. En consecuencia, solicitó su desvinculación. 2.4. La Corporación Autónoma Regional de Santander (en adelante CAS) remitió el requerimiento por competencia a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (en adelante CDMB) porque esta es competente en el lugar de los hechos que originan la presunta vulneración[18]. 2.5. La CDMB indicó la importancia de contar con redes de alcantarillado para prevenir el daño ambiental. Afirmó que su construcción en zonas fuera del perímetro urbano está a cargo del municipio. 2.6. El señor Dulfo Rojas Delgado, en representación de la Junta de Acción Comunal del asentamiento La Malaña, allegó: (i) las Resoluciones Núm. 0286 de 02 de Agosto de 2012 y 0238 del 29 de Junio de 2012, mediante las cuales se designan a los dignatarios de la JAC y lo inscriben como delegado; (ii) una lista de 74 afiliados a la JAC; y (iii) un listado de padres de familia del centro educativo. 2.7. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga aseveró que el asentamiento en cuestión “NO pertenece al Área de prestación de servicio de acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. y está atendida por un Acueducto Veredal”. Por tal razón, no certificó la calidad del agua suministrada en el sector. De otro lado, afirmó que no existe solicitud previa para brindar el servicio para el asentamiento en cuestión. 2.8. La Secretaría de Planeación Municipal de la Alcaldía de Bucaramanga planteó que el asentamiento está fuera del perímetro de prestación de servicios públicos porque es un área rural (Artículos 19 y 409 del Acuerdo 011 de 2014). Además, aseveró que no es posible ofrecer agua potable al asentamiento a través de la conexión utilizada para barrios colindantes, por condiciones técnicas. 2.9. La Secretaría de Salud y Ambiente precisó que la Secretaría de Desarrollo Social le remitió una queja por la falta de suministro de agua presentada por la directora del centro educativo rural La Malaña[19]. La Secretaría de Desarrollo Social hizo una inspección sanitaria en el plantel el 19 de mayo de 2015, en cuya acta SA-41367 de la misma fecha[20] se estableció que: (i) las quebradas las Ranas y San Ignacio abastecen el acueducto veredal, (ii) el agua del centro educativo es “captada y transportada por tubería de pvc de dos pulgadas hacia un tanque con tres divisiones o barreras de separación en donde cada uno cumple un proceso; en la primera división se realiza el proceso de desarenación, en la segunda división realiza el proceso de suspensión de material articulado y en la tercera división eliminación de residuos flotantes, luego pasa a otro tanque de almacenamiento para ser distribuida por redes de conducción al cual suministra aproximadamente a 160 familias habitantes del sector y también abastecen los tanques existentes en el centro educativo rural la Malaña”; (iii) los tanques de almacenamiento de agua en el centro educativo fueron limpiados el 17 de mayo de 2015[21]. Que a raíz de estas constataciones, se impartió educación sanitaria y tomaron muestras del agua de los tanques de la escuela[22], obteniendo resultados fuera de los límites permitidos por la Resolución Núm. 2115 del 2007.[23] Posteriormente, el 1 de junio de 2015 realizó otra visita para adoptar la medida de seguridad que “prohíbe el uso del agua para el consumo humano proveniente de los tanques y redes de conducción como grifos donde toman agua los niños de esta Institución Educativa hasta que mejore la calidad del agua”, de lo que se levantaron las Actas SB-14935[24], SB-14936[25] y SB-03860[26]. En consecuencia, explicó de nuevo a los menores y a los docentes las medidas de salubridad que debían tomar para prevenir enfermedades. El 19 de junio, la entidad encontró que el agua contenida en los tanques de la escuela era potable[27]. Por otra parte, informó que el 3 de febrero de 2016 no pudo obtener una muestra para el análisis de calidad del agua solicitado por la Corte porque los tanques de la escuela se encontraban secos debido al fenómeno del niño (acta de inspección SB-107789)[28]. Por el mismo motivo tampoco pudo hacer el mapa de riesgo de calidad del agua de la región[29]. Por lo anterior, acordó “reprogramar las tomas de muestras de agua cuando vuelvan a abastecer”. 2.10. La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga relató que entregó agua potable en el asentamiento el 4 de febrero de 2016, con la ayuda del carro tanque de los bomberos[30]. Informó que el municipio continuará proveyendo el líquido hasta que la Corte Constitucional profiera un pronunciamiento. 2.11. El EMPAS describió el sistema de alcantarillado del sector: “conduce las aguas residuales por medio de mangueras y tubería de PVC, descargando dichas aguas residuales a la cañada La Malaña, generando contaminación”. Adujo que el municipio debe garantizar el acceso a servicios públicos en el asentamiento porque está fuera del perímetro del servicio urbano. 2.12. Posteriormente, mediante auto del 17 de febrero de 2015, se vinculó al acueducto veredal La Malaña y se decretaron pruebas para tener mayor información sobre la red de acueducto y sobre el aprovechamiento de aguas en la zona. La CRMB informó que existen dos solicites de concesión de aguas pendientes de ser resueltas, una de las cuales fue presentada por la JAC del asentamiento La Malaña. El AMB explicó que la red cercana al plantel educativo es una línea de impulsión que no puede destinarse como red de distribución porque no tiene flujo constante. El acueducto veredal La Malaña no se pronunció. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITICIONAL. 1. Competencia. Esta Sala es competente para resolver el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problemas jurídicos. 2.1. El señor Rojas Delgado, representante legal de la Junta de Acción Comunal, interpuso la acción de tutela contra el AMB, la Alcaldía de Bucaramanga y la EMPAS, por considerar vulnerado el derecho fundamental al agua potable de los niños del centro educativo La Malaña y de los afiliados a la Junta de Acción Comunal. Estimó que el derecho se vio afectado por la falta de abastecimiento del líquido en condiciones aptas para el consumo humano. Solicitó que se ordene al AMB, Alcaldía de Bucaramanga y EMPAS: (i) “garantizar el derecho fundamental a la vida en conexidad con el acceso a los servicios públicos, de acceder al servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado provisional a todos los residentes del Asentamiento ‘la Malaña’ de manera permanente”; (ii) “realizar los respectivos estudios o medidas de protección para la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado”[31]. 2.2. Sobre la base de lo expuesto, le corresponde a esta Sala de Revisión responder los siguientes problemas jurídicos: 1º ¿Procede la acción de tutela respecto de hechos relacionados con un derecho colectivo cuando la afectación de este concurre o causa la amenaza o vulneración de derechos fundamentales? 2º ¿El municipio Bucaramanga y la Acueducto Metropolitano de Bucaramanga vulneran el derecho al agua potable de los niños que asisten al Centro Educativo La Malaña, ubicado por fuera del perímetro urbano, y de los afiliados a la JAC, por no tomar las medidas tendientes a garantizar dicho servicio, cuando el prestador habitual no tiene la capacidad para ello?[32] 2.3. En este orden de ideas, la Sala comenzará por analizar la procedencia de la demanda de tutela. Para ello, estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela cuando se pretende proteger derechos fundamentales o colectivos; (ii) la legitimación en la causa por activa de JAC para presentar la demanda a nombre de sus afiliados y de los menores afectados; (iii) el derecho fundamental al agua potable; (iv) la prestación eficiente de los servicios públicos por parte del Estado; (v) El servicio público domiciliario de acueducto y la calidad del agua; (vi) el principio de precaución; y finalmente se resolverá (vii) el caso concreto. 3. Procedencia de la acción de tutela. 3.1. Procedencia de la acción de tutela ante la presunta vulneración de derechos colectivos en concurso con derechos fundamentales. 3.1.1. El artículo 86 de la Constitución creó la acción de tutela como herramienta para que cualquier persona, así sea por interpuesta persona, solicite la protección de sus derechos fundamentales. Por otra parte, en su artículo 88, la Ley 472 de 1998 introdujo la acción popular para las peticiones relacionadas con la garantía de derechos colectivos. En concordancia con lo anterior, el numeral 3º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone: “Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: (…) 3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trata de impedir un perjuicio irremediable. De ello, se desprenden dos cosas: primero, que por regla general la acción de tutela es improcedente cuando se solicita el amparo de derechos colectivos; segundo, que de manera excepcional procede si converge la presunta vulneración de derechos colectivos con la de derechos fundamentales. 3.1.2. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que “el mecanismo para proteger los derechos e intereses colectivos, es en principio, la acción popular. Sin embargo, la transgresión de esta clase de derechos puede ocasionar la afectación de garantías fundamentales, evento en el cual el juez constitucional deberá evaluar y definir en cada caso concreto la pertinencia de una u otra acción”[33]. 3.1.3. En sentencia T-576 de 2012[34], la Corte delineó los elementos que el juez constitucional debe analizar para determinar la procedencia de la acción de tutela cuando la violación de derechos colectivos deriva en la vulneración de un derecho fundamental: “1- Debe demostrarse que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo. Esto puede darse cuando la acción popular es idónea para amparar los derechos colectivos involucrados pero no puede brindar una protección eficaz al derecho fundamental afectado. En caso contrario, la acción de tutela solo procedería como mecanismo transitorio cuando su trámite sea indispensable para la protección de los derechos fundamentales. 2- Que exista conexidad entre la afectación a los derechos colectivos y a los derechos fundamentales invocados. A este respecto, se ha dicho que la afectación del derecho fundamental debe ser consecuencia directa e inmediata de la conculcación del bien jurídico colectivo. 3- La persona cuyos derechos fundamentales se encuentran afectados debe ser el demandante. 4- La violación o amenaza de los derechos fundamentales debe estar demostrada, por lo cual no procede la tutela frente a meras hipótesis de conculcación. 5- La orden de amparo debe tutelar los derechos fundamentales invocados y no el derecho colectivo que se encuentre involucrado o relacionado con ellos, aunque este puede verse protegido como consecuencia de la orden de tutela” En esa ocasión justificó la procedencia de la acción de tutela argumentando que: (i) concurre la afectación de derechos colectivos y derechos fundamentales[35]; (ii) hubo una violación directa del derecho fundamental del demandante[36]; y, (iii) el amparo de la acción de tutela es más eficaz para garantizar derechos constitucionales de ciudadanos individualmente considerados. 3.2. Legitimación por activa de las organizaciones comunitarias en las demandas de tutela. 3.2.1. Las personas jurídicas pueden ejercer la acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales y en defensa de otras personas en cuyo nombre pueden actuar (art. 86).[37] 3.2.2. Al respecto, la jurisprudencia constitucional[38] ha definido que las organizaciones comunitarias pueden intermediar a favor de la protección de los derechos de sus afiliados[39]. De acuerdo con el artículo 8º de la Ley 743 de 2002 existen 4 tipos o grados de organismos de acción comunal: (i) la junta de acción comunal[40], (ii) la asociación de juntas de acción comunal, (iii) la federación de juntas de acción comunal y (iv) la confederación nacional de juntas de acción comunal[41]. Estas organizaciones cuentan con una asamblea general en la que participa toda la comunidad y se eligen los dignatarios de la junta directiva o el consejo comunal que son el órgano de dirección, representación y administración[42]. 3.3. Procedencia de la acción de tutela y los derechos fundamentales de los niños. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y sus derechos son fundamentales. Lo anterior, en virtud del artículo 44 de la Constitución y de instrumentos internacionales de derechos humanos del denominado bloque de constitucionalidad, que reconocen el principio del interés superior del menor de dieciocho años[43]. La Corte ha sostenido que la protección reforzada a favor de los niños se explica “en la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran, pues su desarrollo físico, mental y emocional está en proceso de alcanzar la madurez requerida para la toma de decisiones y participación autónoma dentro de la sociedad”.[44] En este mismo sentido, el Código de la Infancia y la Adolescencia instituye la prevalencia de sus derechos. El artículo 8° define que “se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”; y, el artículo 25 estableció: “En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (…)”. Con base en lo anterior, las actuaciones de los jueces deben propender hacia la prevalencia de los derechos de los niños, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha defendido que cualquier persona se encuentra legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre que en el relato de los hechos de la demanda conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño[45]. 4. Derecho fundamental al agua potable 4.1. En el ordenamiento jurídico colombiano, el agua para el consumo humano constituye un derecho fundamental[46], al menos por dos razones: Primero, garantizar el acceso a este recurso es un objetivo fundamental del Estado Social de Derecho (artículo 366), ya que es un medio para asegurar el desarrollo y realización de necesidades básicas insatisfechas[47]; Segundo, “el suministro de agua potable es un servicio público domiciliario cuya adecuada, completa y permanente prestación resulta indispensable para la vida y la salud de las personas, aparte de que es un elemento necesario para la realización de un sinnúmero de actividades útiles al hombre”[48]. 4.2. De acuerdo con instrumentos internacionales, el goce efectivo del derecho al agua es necesario para el disfrute de otros derechos así como la posibilidad de desarrollar una vida en condiciones dignas. En sentencia T-740 de 2011, la Corte hizo un recuento de los documentos en los que se consagra el derecho al agua potable emanados del Sistema Universal e Interamericano de Protección Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y soft law[49], entre los cuales se destacan los siguientes: (i) La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de diciembre de 1948, ratificada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010, en su artículo 25 considera el agua potable y el saneamiento básico como elementos fundamentales para el desarrollo y la dignidad de las personas. (ii) El Convenio III de Ginebra (1949), arts. 20, 26 y 29, y el Convenio IV de Ginebra, arts. 85, 89 y 127, contemplan previsiones relacionadas con el derecho al agua y su garantía a civiles y a prisioneros de guerra. (iii) La interpretación sistemática de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana y Protocolo de San Salvador ha permitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidir la vulneración del derecho a la vida. Ha establecido que la falta de acceso al agua que impide la consecución de una existencia digna[50]. (iv) La observación Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que dispuso que el acceso al agua salubre es sin duda una de las garantías esenciales para asegurar el nivel de vida adecuado implícito en el derecho a la vida. (v) Otros elementos del soft law: la Declaración de Mar del Plata, elaborada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en 1977; la Declaración de Dublín, sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (1992), aprobada durante la Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente de 1992; la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente de 1992, la cual se elaboró junto con el Plan de Acción Agenda 21, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, entre otros. 4.3. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, las obligaciones relacionadas con el acceso y la calidad del agua están implícitas en los tratados internacionales de derechos humanos porque se derivan de las obligaciones de promover y proteger otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, a la educación, a la alimentación, a la salud, al trabajo y a la vida cultural, para lo cual es necesaria la salubridad del agua[51]. En este sentido, en la mayoría de documentos internacionales el derecho al agua potable está incluido dentro de aquellos factores que deben ser garantizados para que el hombre pueda llevar una vida sana y digna. En efecto, se relaciona por lo general con otros bienes tutelados, como el derecho a la salud, el derecho al desarrollo, el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación, excepto en la Declaración de Mar del Plata y la Declaración de Dublín[52]. A pesar de la multiplicidad de instrumentos internacionales sobre el acceso al agua desde un enfoque del uso sustentable y la necesidad de asegurar su acceso, son pocas las referencias precisas o explícitas a la calidad del líquido[53]. Por una parte, la Resolución A/RES/64/292 en 2010 (Declaración de Milenio) de la Asamblea General de las Naciones Unidas resuelve reducir la falta de acceso al agua potable y en la Resolución A/RES/68/157 en 2013 (el derecho humano al agua potable y al saneamiento) en la que exhorta a los estados para que tomen la medidas necesarias para la realización progresiva del derecho humano al agua potable y el saneamiento. Por otra parte, partiendo del hecho que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud, a una vivienda y alimentación adecuadas, la Observación N° 15 estatuye que, en cualquier circunstancia, la calidad del líquido es uno de sus elementos esenciales: “a) Disponibilidad. Es decir, que la cantidad de agua suministrada a cada persona debe ser continua y suficiente para los usos personales y domésticos. Así mismo, dispone que la cantidad de agua debe ser proporcionada de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y atendiendo la situación fáctica de cada persona, esto en razón a que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales por motivos de salud, clima y condiciones de trabajo. b) Calidad. Esto es, que el agua suministrada no debe contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que afecten o amenacen la salud de las personas. Así, el agua debe tener un color un olor y un sabor aptos y aceptables para cada uso personal o doméstico. c) Accesibilidad. Hace referencia a la posibilidad de toda persona de acceder a este recurso natural, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: i) Accesibilidad física. Consiste en el derecho que tienen todos los sectores de la población, sin excepción alguna, a tener a su alcance físico el servicio del agua y las instalaciones, con el fin de acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable, de acuerdo a las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. ii) Accesibilidad económica. Indica que los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos, esto es, desde los sectores más favorecidos hasta los más vulnerables y marginados de la población. iv) Acceso a la información. Esta característica hace referencia al derecho que tienen las personas de solicitar, recibir y difundir información sobre asuntos relacionados al suministro del agua.” (Subrayas fuera del texto original) De acuerdo con los criterios fijados para la calidad, el agua debe estar exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas y radiológicas, que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Ahora bien, los parámetros de salubridad del agua potable quedan sujetos a normas nacionales y/o locales. Al respecto, la Organización Mundial para la Salud ha elaborado guías para la calidad del agua potable[54], en las que establece lineamientos sobre la seguridad y vigilancia del agua de consumo así como de los rangos aspectos microbiológicos, químicos, radiológicos y de aceptabilidad de sabor, olor y aspecto del líquido. 4.4. En la misma línea, la jurisprudencia de esta Corporación ha calificado el acceso al agua potable como un derecho fundamental por estar íntimamente ligado a la vida en condiciones dignas cuando está destinada al consumo humano[55]. Aunado a lo anterior, ha tenido en cuenta que el acceso al agua “es esencial para el desarrollo del ser humano razón por la cual, deberá ser suministrada bajo los contenidos mínimos establecidos en la Observación N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como por la jurisprudencia de esta Corte, esto es, en la cantidad y con la calidad necesaria para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, atendiendo de igual manera, lo establecido por Organización Mundial de la Salud”[56]. (Subrayas fuera del texto original) Adicionalmente, al momento de proteger este derecho, la Corte ha aplicado los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS)[57] sobre el mínimo de acceso persona, por lo que ha ordenado el suministro de 50 litros de agua al día por persona que permiten satisfacer las necesidades básicas de cada individuo[58]. Recientemente, en la sentencia T-028 de 2014, la Sala Primera de Revisión resolvió un caso en el que la empresa de acueducto no suministraba agua potable ni cumplía con las condiciones de regularidad y continuidad del servicio. La actora indicó que a raíz de la mala calidad del líquido se causaron problemas de salud en la comunidad. Primero, la Sala puso en evidencia la relación de causalidad entre la adecuada prestación del servicio de acueducto y el derecho al agua potable, afirmando que su suministro “es un servicio público domiciliario cuya adecuada, completa y permanente prestación resulta indispensable para la vida y la salud de las personas, aparte de que es un elemento necesario para la realización de un sinnúmero de actividades útiles al hombre”[59]. Segundo, estimó vulnerados los derechos a la vida en condiciones dignas y la salud de la demandante y de su hijo porque la empresa de acueducto omitió adoptar las medidas tendientes a garantizar el suministro permanentemente y mínimo diario de agua potable. Lo anterior, debido a que si bien la empresa accionada intentó justificar las deficiencias en la prestación, “conforme a las normas que regulan la calidad y control de la prestación de agua a los usuarios y las pruebas obrantes en el expediente, no existe justificación en cuanto a que el servicio no se preste permanentemente y en buenas condiciones”; y, se evidenció la omisión de tomar medidas para asegurar una calidad del agua dentro de los parámetros legales. Tercero, para garantizar el acceso al agua potable ordenó (i) al Alcalde municipal y la empresa de acueducto el suministro provisional de agua potable a los afectados, en la cantidad fijada como mínimo por la Organización Mundial de la Salud; (ii) a la empresa de acueducto adelante los estudios técnicos necesarios, continuos y periódicos que aseguren la calidad del agua; (iii) a la Alcaldía municipal iniciar el diseño de una política pública en materia de recursos hídricos encaminada a superar de manera definitiva la situación de desabastecimiento de agua potable en el municipio en el término máximo de 6 meses. En la sentencia T-891 de 2014 esta Corporación recogió la jurisprudencia sobre las reglas aplicables a casos relacionados con el acceso al agua potable, así: (i) El agua para consumo humano es un derecho fundamental y se encuentra en conexión con el derecho a la vida digna y a la salud; (ii) El derecho al agua puede ser protegido por medio de tutela contra autoridades públicas o particulares, cuando estos entorpezcan su disfrute; (iii) En los casos en que la realización del derecho al agua implique la ejecución de programas, es posible exigir el cumplimiento inmediato de ciertas obligaciones como la adopción de un plan con contenidos, forma de diseñarlo, ponerlo en marcha y evaluarlo;[60] (iv) El derecho al agua está unido de forma indivisible e interdependiente a los demás derechos fundamentales;[61] (v) Se vulnera el derecho al agua cuando el suministro del servicio se hace de forma discontinua, en detrimento de las garantías mínimas de los individuos; (vi) Puede vulnerarse el derecho al agua debido a la inexistencia del servicio de acueducto; (vii) No puede suspenderse la provisión de agua en situaciones de emergencia; (viii) Las deficiencias en los servicios de alcantarillado o acueducto pueden poner en riesgo los derechos fundamentales de los usuarios; (ix) No pueden oponerse los reglamentos, procedimientos o requisitos como obstáculos que justifiquen desconocer el derecho al agua, más allá de las restricciones que resulten razonables;[62] (x) La realización del derecho fundamental al agua está dada por la “satisfacción de las necesidades básicas de una persona para tener una existencia digna.”[63] Además, la misma providencia abordó los estándares de calidad sobre la provisión de agua y en ese escenario de protección, concluyó: “(i) la contaminación del agua para consumo humano pone en riesgo los derechos a la vida, vivienda digna, salud y vida digna;[64] (ii) es deber del Estado garantizar el saneamiento ambiental a las personas que habitan el territorio nacional;[65] (iii) utilizar como zona de tratamiento de desechos zonas aledañas a fuentes hídricas que se destinan para consumo humano lesiona el derecho al agua; (iv) en casos de contaminación ambiental, los ciudadanos deben contar con participación real y efectiva en la toma de decisiones que los afecten; (v) si el Estado o un particular inicia la construcción de una obra civil para prestar un servicio público, este “(…) asume la responsabilidad de su culminación eficiente e idónea para los fines propuestos”;[66] (vi) la solución de problemas de contaminación del agua para consumo humano precisa que se emitan órdenes complejas por parte del juez constitucional; (vii) hasta tanto se dé solución definitiva al problema de contaminación o escasez del recurso hídrico, se deben establecer mecanismos temporales para el abastecimiento de agua para las personas afectadas; (viii) existe un deber radicado en cabeza de quien contamina de limpiar los elementos del ambiente afectados” [67] Finalmente, dicha sentencia resaltó que “uno de los requisitos que debe cumplirse para la provisión del derecho al agua es que esta sea salubre o de calidad. A su vez, se definió este requisito como la ausencia de impactos negativos en la salud de quien bebe del líquido durante toda su vida” y bajo esa lógica abordó el análisis del caso, estableciendo que la garantía del derecho incluye no solo la prestación como tal sino la calidad salubre del líquido. 5. La prestación eficiente de los servicios públicos por parte del Estado. 5.1. El deber de prestación eficiente de servicios públicos tiene su sustento en el artículo 365 de la Constitución Política, que fija que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. En este sentido, corresponde al Estado regular, controlar y vigilar la prestación de los servicios públicos y garantizar a todas las personas el acceso a todos los servicios públicos domiciliarios en condiciones de cantidad y calidad suficiente, de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, como se explica a continuación. A pesar de que la Nación[68] y los Departamentos[69] tienen ciertas facultades en relación con la prestación de servicios públicos, esta recae principalmente en cabeza de los municipios. Estos deben “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente” en virtud del numeral 1º del art. 5. En este sentido, la Comisión de Regulación de Aguas fijó que “es competencia de los municipios que ejercerán en los términos de la Ley y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos, dentro de sus competencias constitucionales y legales, asegurar que se preste a los habitantes del municipio de manera eficiente los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo por personas prestadoras de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio, siempre y cuando cumplan con el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.”[70] 5.2. En concordancia con lo anterior, la Ley 142 de 1994[71] desarrolla las condiciones[72], competencias y responsabilidades respecto a su prestación (artículos 367 a 370 Superiores). Establece dos modalidades para la prestación: directa e indirecta. Primero, la prestación de manera directa compete a los municipios cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen. Esto ocurre, por ejemplo, cuando habiendo hecho invitación pública no haya habido alguna empresas de servicios públicos que se ofreciera a prestarlo, en virtud del numeral 1º del art. 6 de la Ley 142. Segundo, puede disponer la prestación indirecta a través (i) compañías de servicios públicos; (ii) personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; (iii) las organizaciones autorizadas para prestar los servicios públicos de agua potable básico en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas, esto es las comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro, reglamentadas por el Decreto 421 de 2000[73]; (iv) o empresas industriales y comerciales del estado; (v) o entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994[74]. Cualquiera de las entidades anunciadas podrá ser prestadora en los municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas, con arreglo al parágrafo del artículo 1[75] del Decreto 421 de 2000. 5.3. Ahora bien, la prestación indirecta del servicio no exime al Estado, y puntualmente al municipio de la responsabilidad de garantizar el acceso a este, por cuanto conserva las facultades de control y vigilancia en su prestación[76] que recae sobre la correcta prestación del servicio. En este orden de ideas, es deber del municipio tomar las medidas tendientes a corregir la prestación de los servicios públicos suministrados por las organizaciones autorizadas cuando estas no cumplen con los estándares del servicio. En este sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico dispuso: “Artículo 1.3.4.4 Casos en los que se encomienda a un tercero la prestación del servicio. Cuando el Municipio encomiende a un tercero la prestación total o parcial de los servicios a través de transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina a la prestación de los servicios públicos, en su condición de responsable de la prestación eficiente de los mismos, está en el deber de vigilar en forma permanente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de la persona prestadora de los servicios, en especial lo referente a la sujeción a las tarifas, fórmulas tarifarias e indexación o incremento de las mismas, así como el sometimiento a los indicadores a que, en virtud del principio de integralidad, está asociada la tarifa. (…)[77]”. 5.4. La jurisprudencia constitucional ha plasmado la obligación del municipio de supervisar la prestación del servicio de acueducto de un tercero. Por ejemplo, en la sentencia T-418 de 2010[78], la Corte ordenó al municipio adoptar las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan específico que asegure a la comunidad acceder al servicio de agua potable, en armonía con lo dispuesto en el Plan Departamental de Aguas y los lineamientos generales de las políticas que en materia de agua, de manera que se asegurara un mínimo vital en dignidad a la comunidad en cuestión. También ordenó prever mecanismos de control y evaluación de cumplimiento. Para asegurar que ninguna de las personas del sector se encontrara desprovista de agua para el consumo humano hasta que se implemente el plan que sería diseñado para la garantía de acceso al agua potable en la zona rural, la Corte también ordenó, de manera transitoria, a: (i) la Alcaldía y el Acueducto urbano que, solidariamente, adoptaran las medidas adecuadas y necesarias para proporcionar la correcta prestación del servicio de agua de todas las personas que recibían el servicio deficiente del acueducto rural; (ii) la administración municipal adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el acceso a un mínimo de agua potable a las personas del sector hasta que el servicio de agua se regularizara y fuera prestado adecuadamente, esto es, hasta la implementación del plan específico que diseñara. 6. El servicio público domiciliario de acueducto y la calidad del agua. 6.1. De acuerdo con el numeral 22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el servicio público domiciliario de acueducto o de agua potable consiste en “la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte”. Este servicio se debe prestar de forma ‘continua’ e ‘interrumpida’, de manera categórica, ‘sin excepción alguna’, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito (artículo 2° de la Ley 142 de 1994). Así mismo, debe cumplir con los parámetros de calidad, eficiencia y proporcionalidad. 6.3. En el 2000, el Ministerio de Desarrollo Económico -Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico- adoptó el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) mediante la Resolución 1096 de 2000. Posteriormente, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico compiló en el 2011 la regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En concordancia con lo anterior, los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidieron la Resolución Número 2115 del 22 de junio de 2007, “por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”. En el Capítulo IV se establecen las características químicas y microbiológicas permitidas para garantizar la calidad del agua para consumo humano a las que están sujetos todos los prestadores del servicio de acueducto. Además, el Decreto 475 de 1998[79] dictaminó sobre la calidad del agua de manera categórica. Dispuso que “el agua suministrada por la persona que presta el servicio público de acueducto, deberá ser apta para consumo humano, independientemente de las características del agua cruda y de su procedencia” (art. 3), esto es, que debe ser agua potable, entendida como aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el presente decreto, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a su salud (art.1º). También dispuso en su artículo 4º que “las personas que prestan el servicio público de acueducto, son las responsables del cumplimiento de las normas de calidad del agua potable establecidas en el presente decreto, y deben garantizar la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de distribución”. 7. Principio de Precaución. Reiteración jurisprudencial. 7.1. El principio de precaución es uno de los principios rectores de protección del medio ambiente, se manifiesta a través de la obligación...