Sentencia T-138 de 2026

T-138-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Cuarta de Revisión Sentencia T-138 de 2026 Referencia: expediente T-11.487.115 Asunto: acción de tutela instaurada por Stefanys Carolina Fernández Millán contra el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV), administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Tema: inmunidad de jurisdicción, protección a la maternidad Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026) La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la presente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de tutela dictado el 10 de junio de 2025, en segunda instancia, por el Juzgado 020 Civil del Circuito de Bogotá que confirmó la decisión del Juzgado 083 Civil Municipal de Bogotá por el cual se declaró improcedente la acción de amparo presentada por Stefanys Carolina Fernández Millán contra el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV), administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Síntesis de la decisión ¿Qué estudió la Corte? La Sala Cuarta de Revisión estudió el caso de una mujer que se postuló para ser voluntaria de un organismo internacional de derechos humanos y fue admitida. Luego de transcurridos varios meses desde su incorporación se enteró que se encontraba en estado de embarazo y así lo informó a la organización, la cual decidió terminar el voluntariado y excluirla del seguro privado de salud que le era otorgado. Al no poder asumir los costos de cotización en salud y al verse desprovista del apoyo de la organización mientras transcurría su embarazo, la mujer formuló la tutela, para que se declarara que fue discriminada para continuar con su labor de voluntaria, por estar gestando y haber sido excluida de protecciones mínimas y de la corresponsabilidad solidaria que recaía sobre la organización frente a dicha circunstancia. ¿Qué consideró la Corte? La Sala consideró que no tiene jurisdicción para resolver sobre la naturaleza de las vinculaciones de los voluntarios en organismos internacionales de derechos humanos, pues estos gozan de inmunidad de jurisdicción dado que se trata del ejercicio de una de sus labores misionales. Sin embargo, determinó que ello no implica que dichas entidades carezcan de obligaciones frente a la cláusula de prohibición contra la discriminación de las mujeres en estado de embarazo. ¿Qué decidió la Corte? La Sala de Revisión determinó que los organismos internacionales de derechos humanos deben establecer mecanismos de protección de la maternidad de las personas que se desempeñan como voluntarios en las que, como piso mínimo, garanticen las prerrogativas reconocidas en el Estado receptor. Asimismo, adecuar sus protocolos internos para evitar la reproducción de medidas discriminatorias. ¿Qué ordenó la Corte? La Sala amparó los derechos fundamentales a la protección de la maternidad y a la cláusula de prohibición contra la discriminación. Ordenó a los organismos internacionales de derechos humanos accionados reconocer el valor correspondiente a la licencia de maternidad en favor de la accionante o establezca y aplique otro mecanismo de protección que garantice de mejor manera los derechos amparados. También instó a los organismos internacionales accionados a adecuar sus regulaciones internas, contemplando medidas de protección adecuadas a voluntarias que se encuentren en embarazo e informen de manera clara, suficiente y oportuna a las personas voluntarias sobre el alcance y las limitaciones de la cobertura en salud derivada de los seguros que les otorgan en el marco del voluntariado. Asimismo, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores garantizar que dichos organismos adecúen sus protocolos en esta materia. I. ANTECEDENTES 1. Stefanys Carolina Fernández Millán promovió acción de tutela contra el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV), administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna. 1. Hechos 2. La accionante indicó que el 14 de marzo de 2024 ingresó como voluntaria al Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (en adelante UNV), para lo cual firmó un contrato en el que se comprometía a ejercer actividades con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad que hace parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, su labor era la de “Asistente de Operaciones, Soporte en el Terreno”[1], y cada mes recibía como contraprestación la suma de $5.319.810.33 COP a título de ayuda. 3. De acuerdo con Stefanys, el UNV funciona como una oficina de “recursos humanos”, encargada de contratar el personal que desarrollará funciones con agencias de las Naciones Unidas – agencia anfitriona - que para su caso fue la OIM, en tanto los recursos con los que se financiaba su vínculo eran provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La manera de enganche, según el relato de la accionante, implicaba postularse a través de las páginas web en las que se ofertan las oportunidades de trabajo con Naciones Unidas, organización que luego de surtirse un proceso de entrevistas de quien aspira con la agencia anfitriona y con un funcionario de UNV, formaliza el ingreso y es quien determina sobre su terminación. 4. La accionante aseguró haber trabajado de manera subordinada, bajo las continuadas instrucciones y organización de la OIM, a quien debía rendir informes, desarrollar las actividades asignadas y cumplir con los lineamientos de aquella, en un cargo asistencial. Señaló que desarrolló sus labores en las oficinas principales de la OIM en Bogotá. Además, se le asignaron los equipos de cómputo y dotación para el ejercicio de sus funciones, debía cumplir horario y seguía instrucciones de un funcionario de la OIM, quien era su supervisor. En su consideración, el vínculo que sostuvo acreditaba los elementos de una relación laboral subordinada. Explicó que incluso, algunas veces, cumplía sus tareas en horarios nocturnos de acuerdo con la necesidad de la organización y por instrucción de su supervisor. Dichas actividades la tenía que ejecutar por fuera de la jornada pactada, cuando debía ir al aeropuerto Internacional El Dorado a cumplir las misiones que se le encomendaban. 5. Stefany refirió que su contrato de voluntariado se firmó por 9 meses, es decir que, en un principio, finalizaba el 13 de diciembre de 2024[2]. No obstante, el 27 de noviembre de ese año, la UNV le informó por escrito que la nueva fecha de finalización de su vínculo sería el 13 de septiembre de 2025[3]. 6. Expresó la accionante que el 21 de enero de 2025 se enteró que se encontraba en estado de gestación (aproximadamente de 7 a 9 semanas). Por tal motivo, el 31 del mismo mes y año le comunicó de manera verbal su estado de gravidez a su supervisor y a la encargada de recursos humanos, ambos pertenecientes a la OIM, quienes informaron esta situación a la oficina de personal de la UNV. Ese mismo día, funcionarios de UNV le indicaron verbalmente que su contrato, al igual que los de sus compañeros, se terminaría de forma anticipada el 1 de marzo de 2025. 7. Stefanys informó que el 4 de febrero de 2025 recibió un correo electrónico por parte del UNV, en el que se le notificó la finalización anticipada del vínculo contractual a partir del 1 de marzo del mismo año, ello a pesar de que dicho contrato se había extendido hasta el 13 de septiembre siguiente. En respuesta a la notificación, ese mismo día la accionante comunicó de nuevo su estado de gestación a través de correo electrónico, al cual adjuntó el examen médico que acreditaba su condición, y refirió que esto había sido informado previamente a su supervisor de la OIM. De igual forma, solicitó a la UNV considerar su estado de gravidez, adoptara medidas de prevención y realizara los ajustes necesarios a la relación contractual. 8. Indicó la actora que el 10 de febrero de 2025 recibió respuesta del UNV en la que se le informó que luego de consultar dicha situación con la sede y a la OIM, no era posible continuar con el contrato. Agregó que su correo corporativo fue deshabilitado a partir del 13 de febrero del mismo año y que hasta el 14 del mismo mes y año se le permitió asistir a las instalaciones de la organización. Además, le informaron que la cobertura médica con CIGNA HELTH CARE, su seguro de salud particular, pues no estaba afiliada a la seguridad social, sería hasta el 1 de abril de 2025. Por lo que a partir de entonces no se encontraba cubierta frente a ningún riesgo y tampoco protegida por maternidad, pues durante su vínculo contaba solo con la cobertura médica atípica. 9. Stefanys, a partir de esos hechos, solicitó al juez de tutela el amparo de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud y a la vida digna y, en consecuencia, ordenar al UNV, administrado por el PNUD, y a la OIM el reintegro al cargo que desempeñaba para garantizar su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Además, pidió que se abstuvieran de realizar actos de acoso laboral en su contra una vez realizado el reintegro. Asimismo, realizar la afiliación al seguro médico que ofrece la UNV, administrado por PNUD, y en caso de no ser posible, realizar la afiliación a salud y pensión bajo el régimen de seguridad social vigente en Colombia. A su vez, solicitó que se le concediera disfrutar de la licencia de maternidad. Por último, ordenar a las accionadas el pago de la indemnización contemplada en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir. 2. Trámite en sede de tutela 10. El 19 de febrero de 2025, el Juzgado 083 Civil Municipal de Bogotá admitió la tutela contra el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En consecuencia, les otorgó el término de dos días para que se pronunciaran sobre los hechos y las pretensiones de la tutela[4]. De igual manera, vinculó al Ministerio del Trabajo. Luego, mediante providencia del 3 de marzo de 2025 la autoridad judicial de instancia ordenó vincular al Ministerio de Relaciones Exteriores[5]. 11. El 4 de marzo del 2025, el juzgado profirió sentencia en la que declaró la improcedencia del amparo. Esa decisión fue impugnada. Sin embargo, el Juzgado 020 Civil del Circuito de Bogotá, el 10 de abril del 2025, declaró la nulidad de lo actuado a partir de la admisión de la tutela para rehacer el trámite constitucional. En consecuencia, el juzgado municipal ordenó vincular al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pronunciara sobre los hechos de la acción constitucional, dada la calidad de los sujetos accionados. 2.1. Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores[6] 12. En el saneamiento del proceso, aquel ministerio refirió que no tiene y tampoco ha tenido relación legal y/o reglamentaria con la actora o con las entidades accionadas. Agregó que desconoce las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrió la presunta relación laboral, toda vez que los organismos internacionales acreditados en Colombia son sujetos de derecho independientes. En tal sentido, estos deben responder de manera autónoma frente a las gestiones o la administración del personal que pertenezca a su planta, teniendo en cuenta que el presunto vínculo laboral no se realizó ante la Cancillería de Colombia. 13. Manifestó el ministerio que las entidades accionadas cuentan con inmunidad y privilegios que no pueden ser desconocidos. Además, que la tutela tiene un carácter residual y subsidiario; en ese entendido, la acción constitucional no debe prosperar cuando el actor cuenta con otro mecanismo de defensa dentro de la jurisdicción ordinaria, tal como ocurre en el presente asunto. 14. Explicó el ministerio que el contrato de voluntariado con las Naciones Unidas no es un contrato de empleo, motivo por el que el voluntario no tiene una relación de dependencia laboral con la ONU. Dicho vínculo, en su criterio, es un contrato de servicios, es decir, el voluntario presta sus servicios de manera temporal y altruista. Además, señaló que entre las partes definen los términos en los que se realizan las actividades junto con las responsabilidades a cargo del voluntario y de la organización, así como los derechos y las obligaciones en cabeza de cada uno. Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en este caso no puede exceptuarse el principio de inmunidad jurisdiccional. Lo anterior, puesto que no se está en presencia de una relación laboral entre las partes, conforme lo expuesto en la Sentencia T-404 de 2024. 2.2. Respuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD[7] 15. La entidad brindó respuesta por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores e indicó que la Organización de las Naciones Unidas, incluido el PNUD y UNV, gozan de prerrogativas e inmunidades que son necesarias para el cumplimiento de sus propósitos. Dichas prerrogativas se encuentran descritas en el párrafo 1° del artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas y se especifican en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas – Convención General – adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946, instrumento al que se adhirió sin reservas la República de Colombia, el 6 de agosto de 1974. 16. Agregó que el gobierno de Colombia suscribió el acuerdo de Cooperación Básico con el PNUD, en el que se estableció que las disposiciones de la Convención General aplican al PNUD. En particular, este instrumento señala en el artículo IX numeral primero, que el gobierno aplicará a las Naciones Unidas, incluso al PNUD, la Convención General. Reiteró que no ha renunciado a sus inmunidades, incluida la inmunidad de jurisdicción. Sostuvo que los instrumentos jurídicos internacionales antes referidos, no pueden verse menoscabados por la legislación nacional y por los particulares. También señaló que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, estableció que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. 17. Informó que la accionante prestó servicios bajo el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, en calidad de voluntaria. No obstante, informó que la actora no fue miembro del personal de las Naciones Unidas, incluido el PNUD y el UNV. Manifestó que, al margen de la inmunidad de jurisdicción, los voluntarios de las Naciones Unidas de conformidad con las “condiciones de servicio” tiene a su disposición un mecanismo de solución de controversias a través del cual pueden presentar reclamaciones contra las Naciones Unidas. El referido mecanismo incluye un procedimiento administrativo interno de reclamación de primera y segunda instancia. En el evento de no resolverse la petición a favor del solicitante, este cuenta con la posibilidad de solicitar un arbitraje con decisión vinculante para las partes. 2.3. Respuesta de la Organización Internacional para las Migraciones - OIM[8] 18. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó esa entidad su preocupación por la admisión del trámite constitucional, en atención a que ello es contrario a las obligaciones asumidas por la República de Colombia de conceder a la OIM inmunidad contra todo procedimiento judicial. De igual manera, explicó que es una organización intergubernamental y conexa a las Naciones Unidas. Además, que la organización y sus miembros gozan de privilegios e inmunidades en Colombia, en particular de la inmunidad jurisdiccional, esto en virtud del artículo 23 de la Constitución de la OIM. 19. Agregó que la República de Colombia aceptó las obligaciones del referido artículo 23 cuando se convirtió en Estado miembro de la OIM en el año 1954. Explicó que los privilegios e inmunidades de la entidad están contenidos en el Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia, firmado el 5 de mayo de 2009 (acuerdo de 2009), el cual fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 1441 de 2011. 20. Indicó que conforme lo anterior, la organización mantiene su inmunidad de jurisdicción y afirmó que no ha renunciado de manera explícita ni implícitamente a sus privilegios e inmunidades. Además, informó que no mantiene ninguna relación contractual con la accionante. Informó que aquella firmó un “contrato de servicio” con el UNV para prestar servicios a la OIM, en calidad de voluntaria. Aclaró que las personas que prestan servicios en el UNV no son miembros del personal de la ONU ni de la OIM. 21. De otra parte, el Ministerio del Trabajo no dio respuesta al requerimiento formulado en el trámite constitucional en instancia. 3. Decisiones dentro del proceso de tutela objeto de revisión Tabla 1. Decisión objeto de revisión proferida por la autoridad judicial de instancia Fallo de primera instancia[9] Mediante sentencia del 25 de abril de 2025, el Juzgado 083 Civil Municipal de Bogotá declaró improcedente la acción constitucional presentada. Argumentó que el Estado Colombiano carece de jurisdicción para pronunciarse sobre las pretensiones invocadas en el amparo constitucional, en la medida que el UNV, administrado por el PNUD, y la OIM gozan de inmunidad de jurisdicción en relación con las controversias derivadas del programa de “voluntariado” por el que optó la accionante. Agregó que la OIM forma parte del sistema de las Naciones Unidas y, por ende, está cobijado por la inmunidad de jurisdicción de la que goza la ONU, conforme lo establecido en el artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo II, sección 2 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. Asimismo, los privilegios e inmunidades están contenidos en el artículo 23 de la Constitución de la OIM. Sostuvo que en este caso no es posible restringir o limitar el principio de inmunidad de jurisdicción de la OIM, en razón a que el contrato celebrado entre la actora y la referida entidad intergubernamental no versa sobre un asunto laboral, sino de voluntariado, entendido como de servicios. Sustentó que en el caso no se demostró la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que son: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la remuneración y (iii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Recordó que en el contrato de voluntariado de las Naciones Unidas se utiliza de manera reiterada y uniforme la expresión “servicio”, para referirse a las funciones de los voluntarios. Concluyó conforme a lo expuesto, que los supuestos fácticos del amparo en principio no se enmarcan en ninguno de los supuestos que ha admitido la jurisprudencia constitucional para restringir la regla de inmunidad de jurisdicción que cobija a los sujetos de derecho internacional. En consecuencia, la acción de tutela se torna improcedente. Por último, agregó que la actora no ejecutó los mecanismos a su disposición contenidos en las “condiciones de servicio unificadas para los voluntarios o voluntarias de las Naciones Unidas”, los que hacen parte integral del contrato de voluntariado que fue suscrito por aquella, para reclamar respecto de la terminación unilateral de su vínculo contractual. Fallo de segunda instancia[10] Mediante sentencia del 10 de junio de 2025, el Juzgado 020 Civil del Circuito de Bogotá confirmó el fallo proferido por la autoridad judicial de primera instancia. Sostuvo que las organizaciones internacionales están cobijadas bajo el principio de inmunidad jurisdiccional, el cual les permite garantizar que gocen de la autonomía, independencia y neutralidad necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin interferencias indebidas del Estado anfitrión. Precisó que la jurisprudencia constitucional ha señalado que los jueces nacionales pueden ser competentes para conocer y decidir asuntos en los que estén involucrados derechos laborales y/o prestacionales de nacionales o residentes permanentes en el país. En tal sentido, la inmunidad de jurisdicción de la que gozan los sujetos de derecho internacional solo puede restringirse en los eventos en que se encuentra de por medio un contrato laboral. Argumentó que el asunto bajo estudio no versa sobre un conflicto que habilite la intervención excepcional del juez constitucional frente a los organismos internacionales “debido a que la actora celebró con la OIM un contrato de voluntariado”, el cual en principio y en apariencia presenta elementos jurídicos distintos a los de una relación laboral. Concluyó que la restricción al principio de inmunidad de jurisdicción no es aplicable a ese tipo de contratos, ni siquiera ante la eventualidad de un perjuicio irremediable. 4. Actuaciones en sede de revisión 4.1. Selección 22. El asunto fue recibido por la Corte Constitucional el 16 de septiembre de 2025 en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. El 31 de octubre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas N.° 10 de esta corporación escogió el expediente para su revisión[11]. El 18 de noviembre de 2025, la Secretaría General de esta Corte lo remitió al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia. 4.2. Decreto oficioso de pruebas 23. El 10 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador decretó de oficio pruebas con el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión en el proceso de revisión. En consecuencia, se ofició al UNV, al PNUD y a la OIM para que informaran sobre aspectos relacionados con el vínculo de la accionante respecto del contrato de voluntariado y las diferencias de este con el contrato de trabajo. También, sobre la relación existente entre el organismo contratante y la Organización de las Naciones Unidas junto con las garantías que les asisten a las mujeres en estado de gestación que colaboran en estas organizaciones. 24. De igual manera, se ordenó la consulta de información sobre la accionante en bases de datos públicas. Además, se ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pronunciara sobre los hechos y las pretensiones de la acción constitucional. 4.3. Respuestas dentro del trámite de revisión Tabla 2. Respuestas a los autos de pruebas en sede de revisión Respuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD[12] Brindó respuesta al trámite a través del Ministerio de Relaciones Exteriores e indicó que el PNUD y el UNV no pueden ser sometidos a revisión judicial o constitucional por los tribunales nacionales. Recordó que las Naciones Unidas, incluido el PNUD y el UNV, gozan de determinadas prerrogativas e inmunidades que son necesarias para el cumplimiento de los propósitos de la organización. Dichas prerrogativas están señaladas en el parágrafo 1° del artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, las cuales se especifican en la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas – Convención General – que fue adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 y a la que la República de Colombia se adhirió sin reservas el 6 de agosto de 1974. Recordó que el gobierno Nacional de Colombia suscribió el Acuerdo de Cooperación Básico con el PNUD, en el que se establece que las disposiciones de la Convención General se aplican al PNUD, ello conforme al numeral 1° del artículo IX del referido acuerdo. Agregó que las prerrogativas e inmunidades de las que gozan las Naciones Unidas, que incluyen al PNUD y al UNV conforme a los instrumentos jurídicos internacionales en mención, no pueden verse menoscabadas por la legislación nacional, ni por los particulares. Indicó que el Artículo II, Sección 2 de la Convención General, estipula que “las Naciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial a excepción de los casos en que renuncia expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria". Además, que conforme la sección 34 de la Convención General el gobierno de Colombia se comprometió a estar “en condiciones de aplicar las disipaciones de esta convención de acuerdo con su propia legislación”. Ello pues según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Expresó que la inmunidad otorgada a las Naciones Unidas aplica para cualquier procedimiento judicial, incluida la reclamación realizada por el accionante. Precisó que únicamente el Secretario General de las Naciones Unidas tiene la facultad de renunciar de forma expresa a la inmunidad de la organización, lo que no ocurre en el presente asunto y por lo que reafirma sus prerrogativas e inmunidades, incluida la inmunidad de jurisdicción. Aclaró que la accionante prestó servicios bajo el programa de voluntarios de las Naciones Unidas, en calidad de voluntaria y en ningún momento fue miembro de las Naciones Unidas, incluidos el PNUD y el UNV. Adicional a ello, todos los contratos de voluntariado manejados por la organización cuentan con un mecanismo de resolución de conflictos específico, regulado dentro de las “condiciones de Servicio”, a través del cual los voluntarios pueden presentar reclamaciones en contra de las Naciones Unidas, sin vulnerar el principio de prerrogativas e inmunidades de la organización. Sostuvo que la actora fue debidamente informada sobre dichas modalidades. Sin embargo, optó por no recurrir a los mecanismos disponibles e incumplir con los acuerdos establecidos en las “Condiciones de Servicio”. De igual manera, sin perjuicio de los privilegios e inmunidades, decidió adjuntar de manera voluntaria documentos relacionados con el programa UNV y el contrato suscrito con la actora. Ministerio de Relaciones Exteriores[13] La entidad se limitó a actuar como canal diplomático para comunicar la providencia del 10 de diciembre de 2025 proferida por el despacho ponente al PNUD y a la OIM. Consulta en bases de datos públicas[14] Realizada la consulta de información sobre la accionante en las bases de datos públicas del SISBEN, la Base de Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud (BDUA) y el Registro Único de Afiliados del Sistema Integrado de la Información de la Protección Social (RUAF) se encontró lo siguiente: en primer lugar, en la base de datos del BDUA y del RUAF se acreditó que la accionante figura afiliada al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, en calidad de beneficiaria. En segundo lugar, se encontró que la accionante no se encuentra en la base de datos del Sisbén IV. 25. De otra parte, la accionante se pronunció luego del traslado de las pruebas realizado por la Secretaría General de esta corporación. 26. Explicó la actora que la UNV está administrada por el PNUD. Agregó que el principio de inmunidad no es absoluto, pues se rompe ante la existencia de una relación laboral. En tal sentido, en su criterio, no hace falta que el secretario general de la Naciones Unidas renuncie a la inmunidad, pues esta se quebranta frente a la existencia de un vínculo laboral. 27. Expuso la accionante que el procedimiento de arreglo de controversias contemplado en el documento de “Condiciones de Servicio Unificadas” plantea unos tiempos muy extensos, por lo que una eventual decisión podría darse con posterioridad al nacimiento de su hijo. En suma, en su criterio, el procedimiento ordinario contempla un arbitraje oneroso, el que no podía asumir dado su falta de empleo. Agregó que las accionadas nunca le socializaron lo correspondiente al arreglo de controversias. Adicional a ello, expresó que cada organización tiene sus propios estatutos y documentos. 28. Por último, señaló que cuando indagó a los funcionarios de la OIM y del UNV sobre su situación de gravidez, ninguno le refirió procedimiento establecido en el documento de Condiciones de Servicio. De igual forma, manifestó que dicho instrumento no contiene un apartado específico sobre la prohibición de despido de mujeres en estado de embarazo o fuero de maternidad. Solamente existe un apartado que hace referencia a la licencia de maternidad. II. CONSIDERACIONES 1. Cuestión previa. La jurisdicción de la Corte Constitucional para conocer el asunto 29. Corresponde en principio a la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional determinar si el Estado Colombiano posee jurisdicción para decidir la acción de tutela promovida por Stefanys Carolina Fernández Millán, en contra del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV), administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 30. Lo anterior por cuanto dentro del presente trámite constitucional se presentaron argumentos en los que el UNV, el PNUD y la OIM invocaron la aplicación de las prerrogativas e inmunidades de las que son titulares, conforme el parágrafo 1° del artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, y que se especifican en la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas – Convención General – que fue adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 y a la que la República de Colombia se adhirió sin reservas el 6 de agosto de 1974. En concreto, aludieron a la inmunidad de jurisdicción que ostentan estas entidades para no ser sometidas a los procedimientos del ordenamiento jurídico de cualquier Estado. 31. Para definir dicha cuestión, relacionada con la jurisdicción para tramitar el asunto, la Sala se referirá a las reglas jurisprudenciales de no inmunidad de jurisdicción, fijará su alcance y evaluará si está habilitada para asumir y definir la presente controversia. Solo en este último caso abordará el análisis competencial así como de procedencia y, en caso de superarse este, se pronunciará de fondo. 1.1. Alcance de la inmunidad de organizaciones internacionales 32. El principio de inmunidad jurisdiccional impide llevar a un Estado, o a sus agentes, ante los tribunales de otro Estado por hechos ocurridos en el territorio del segundo, y originados en el ejercicio de funciones diplomáticas o consulares[15]. Así mismo ha sido entendida aquella como “la exclusión de la posibilidad de que un sujeto específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones”[16]. 33. En el caso de organizaciones internacionales la aplicación de ese principio les permite a estas que gocen de la autonomía, independencia y neutralidad necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin interferencias del Estado anfitrión[17], siempre que se trate de asuntos relacionados con el objeto misional y que no constituyan actos de mera gestión. 34. Es de resaltar que a diferencia de lo que ocurre con los Estados, el alcance de las inmunidades respecto de las organizaciones internacionales no se rige por la costumbre internacional y tampoco por lo dispuesto en un único instrumento jurídico[18]. En estos casos, dicho alcance “depende de la voluntad de los Estados que conforman la organización respectiva y de lo establecido en su tratado constitutivo o en los acuerdos de sede celebrados con el Estado receptor”[19]. 35. La inmunidad de jurisdicción de la ONU y de los organismos que la componen está consagrada en dos normas. De una parte, el artículo 105 de la Carta de la Naciones Unidas[20], establece que aquella gozará de los privilegios e inmunidades para la realización de sus propósitos, en el territorio de cada uno de sus miembros. De igual manera, “[l]os representantes de los [m]iembros de la [o]rganización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con [esta]”. De otro lado, el artículo II, sección 2 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas[21] señala que las Naciones Unidas, junto con sus bienes y haberes y en poder de cualquier persona, gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial a excepción de los casos en que se renuncie expresamente a ella. 36. La jurisprudencia constitucional ha establecido que “por regla general, el reconocimiento de inmunidades en favor de sujetos de derecho internacional no es contrario a la Carta Política”[22]. Dicho reconocimiento encuentra fundamento en los principios del derecho internacional aceptados por el Estado colombiano y consagrados en los artículos 9, 226 y 277 de la Constitución, tales como la soberanía nacional, la equidad, la igualdad y la reciprocidad[23]. En ese sentido, para que las inmunidades concedidas a una organización internacional sean compatibles con la Constitución, resulta necesario que se orienten “inequívocamente a permitir la ejecución de las actividades de la organización correspondiente, sin que puedan fijarse o interpretarse como cláusulas abiertas que excedan ese marco y puedan constituirse en autorización sin límite para vulnerar derechos fundamentales”[24]. 1.2. Límite material a la inmunidad de jurisdicción de organizaciones internacionales por derechos humanos 37. La jurisprudencia constitucional ha sido constante y pacífica en reconocer que las inmunidades en favor de los sujetos de derecho internacional no pueden ser totales o absolutas. Lo anterior, puesto que ello daría lugar a “tratamientos diferenciales y privilegiados, afectar el principio de soberanía nacional y dificultar que el Estado cumpla con su deber de garantizar los derechos de los habitantes del territorio nacional”[25]. 38. Así, la aplicación del principio de inmunidad de jurisdicción puede conllevar a dos escenarios. En el primero, se presentan restricciones del derecho de acceso a la administración de justicia de los particulares. En el segundo, se configura la omisión del deber de las autoridades judiciales del Estado Colombiano en cuanto administrar justicia[26]. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que en Colombia la inmunidad de jurisdicción es de naturaleza restringida[27], en particular en los eventos en que las misiones diplomáticas, consulares o las organizaciones internacionales actúan como empleadores[28]. Lo anterior obedece a que, en criterio de esta corporación, los Estados y los organismos internacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales “cuando se encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional (…)”[29]. 39. La Corte Constitucional ha señalado, en este debate, que es necesario “encontrar un equilibrio entre (i) la protección de los derechos fundamentales de los nacionales y residentes permanentes en Colombia y (ii) el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en asuntos relacionados con la inmunidad de jurisdicción”[30]. Sin perjuicio de ello, este tribunal ha reconocido que los instrumentos internacionales que regulan el funcionamiento de las organizaciones pueden prever sus propios mecanismos de solución de conflictos. 40. Así, esta Corte ha establecido que “los jueces nacionales pueden ser competentes para conocer y decidir asuntos específicos, a pesar de que esté involucrado un sujeto del derecho internacional que goza de inmunidad de jurisdicción. En el caso concreto de las organizaciones internacionales, ese principio ‘no puede hacerse extensivo a i) las actuaciones no oficiales o privadas del organismo internacional o de sus miembros o agentes (acta iure gestionis) y ii) a los delitos cometidos por estos en el territorio nacional’”[31]. De otro lado consideró este tribunal que el principio de inmunidad de jurisdicción de los sujetos de derecho internacional puede verse restringido en ciertos escenarios. Es decir, la inmunidad de jurisdicción no es absoluta y puede presentar excepciones en asuntos determinados, como ocurre frente a cuestiones laborales. 41. No inmunidad de jurisdicción en materia de derechos humanos, entre ellos los laborales y los de seguridad social. Aplicación judicial. La aplicación del principio de no inmunidad de jurisdicción en materias del trabajo en las que se discutía la existencia de relaciones laborales y las reclamaciones sobre seguridad social, específicamente las cotizaciones pensionales de vejez, fue acogida, por primera vez, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al estudiar la admisión de una demanda ordinaria laboral en contra de la misión diplomática de la Embajada del Líbano en Colombia[32]. Previo a esa decisión la Corte Suprema de Justicia mantuvo una lectura absoluta sobre el régimen de inmunidades y excluía la posibilidad de contar con jurisdicción para absolver tales asuntos, salvo los previstos en la Convención de Viena de 1962 y avalados por el artículo 235 de la Constitución Política. Pese a ello, a través del auto con radicado 32096 la Sala de Casación Laboral recogió su postura y destacó que, dado que el trabajo es un derecho humano y que existen tratados de derechos humanos obligatorios, no pueden ser oponibles los regímenes de inmunidad estatal. 42. En dicha providencia la Corte Suprema de Justicia destacó que la Convención de Viena de 1962 se ocupa del régimen de inmunidades de los agentes diplomáticos y de los Estados en materia civil, comercial y penal, pero no es expresa frente a la inmunidad en el derecho social y determinó que la costumbre internacional no puede ser pretextada para evadir el cumplimiento de normas incorporadas en tratados sobre la protección de derechos humanos laborales (entre ellos trabajo decente, salud, pensión). 43. Estimó la Corte Suprema de Justicia, para abrir su línea jurisprudencial, que era necesario frente a cualquier análisis competencial, determinar si el litigio tenía que ver con actos de imperio, es decir con aquellas actividades propias y necesarias de todos los Estados, caso en el cual operaba la inmunidad plena, de otros eventos en los que, al tratarse de actos de gestión que podría realizar cualquier particular que actuase como empleador, se aplicaba una inmunidad restringida. 44. A partir de dichas consideraciones, ese alto tribunal sostuvo que en materia del derecho social no es predicable la inmunidad absoluta, en la medida que el trabajo constituye un derecho humano que dignifica a la persona y determinó que su protección debe ser garantizada y exigible. Eso le permitió a esa Sala de Casación, entre 2007 y 2012, asumir ella misma el conocimiento de dichas controversias y emitir decisiones como juez de única instancia. Aunque luego esa tesis fue reevaluada, para enviar tales asuntos al conocimiento de los jueces de instancia; en la actualidad, frente a los Estados, impera la misma tesis. 45. Esta lectura fue acogida por la jurisprudencia constitucional, entre otras en la Sentencia T-242 de 2021, en la cual la Corte Constitucional replicó esa argumentación y consideró que la inmunidad de los agentes de Estados extranjeros y de organismos de derecho internacional que se encuentren en el territorio nacional, en concreto, en materia de derechos humanos laborales no es absoluta, dado el carácter fundamental de los derechos en juego, frente a lo cual estableció reglas de asunción de competencia. 46. La Corte Constitucional refirió expresamente en dicha decisión que la inmunidad jurisdiccional está limitada cuando: (i) se comprometan ‘derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional’, y (ii) cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano. Esto, debido a que, primero, el Estado debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas. Segundo, el Estado o sus agentes se obligan a asumir el riesgo de vejez, ‘mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión social que cubran tal riesgo’”[33] 47. Además, destacó que dicho principio tiene un alcance restringido[34], pues “los contratos de trabajo celebrados con los nacionales y los residentes permanentes en el territorio nacional se regulan por las normas internas del Estado colombiano[35]. Esto, con independencia de que el empleador sea un Estado extranjero o una organización internacional que, en principio, estarían amparados por la inmunidad de jurisdicción”[36]. 48. En ese orden de ideas, la T-404 de 2024 concluyó que “la inmunidad de jurisdicción de la que gozan los sujetos de derecho internacional solo puede restringirse en los casos en los que se encuentra de por medio un contrato laboral”[37] y consideró que “cuando un nacional o residente permanente en Colombia celebra un contrato con un sujeto de derecho internacional, el alcance de la inmunidad de jurisdicción de este último dependerá de la verdadera naturaleza jurídica -laboral o civil- de dicho contrato. Si se demuestra y se constata que entre las partes existió una relación de trabajo, sería posible aplicar las restricciones al principio de inmunidad de jurisdicción que la Corte ha desarrollado en materia laboral” y, de esa manera, el Estado colombiano tendría jurisdicción para conocer el asunto. 49. En esa ocasión, la Sala Novena de Revisión precisó que solo es posible reconocer la existencia de un contrato de trabajo cuando está debidamente demostrado que se cumplen los tres elementos constitutivos de una relación laboral: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la remuneración y (iii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador[38]. Es decir, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, un análisis competencial de jurisdicción debe establecer, prima facie, que se está frente a una verdadera relación de trabajo subordinada y esto activa la posibilidad de una decisión de fondo. 50. En dichas reglas la Corte no ha abordado el asunto que tiene ahora la Sala de Revisión bajo examen. Es decir, en el que exista claridad sobre la existencia de un trabajo de voluntariado y a la par se discuta una cláusula de protección contra la discriminación por razón de la maternidad. Para determinar la procedencia jurisdiccional en el asunto es necesario entonces referirse a la naturaleza del trabajo voluntario y establecer si corresponde realizar una precisión de la regla aludida. 51. Precisión de regla de no inmunidad que distingue el trabajo voluntario de las protecciones a la maternidad y la cláusula de no discriminación. Trabajo voluntario. Existen trabajos que, por su naturaleza, no son asimilables a relaciones laborales subordinadas. Aunque ocurra una prestación personal de servicio e incluso pese a que se reconozca una bonificación dineraria, no puede predicarse de ellos una presunción de subordinación. Esto se justifica en su naturaleza y en la idea de que no todo trabajo debe suceder bajo una lógica mercantil, pues no es posible monetizar todas las relaciones sociales. 52. Esa premisa es esencial, pues admite que la sociedad en su conjunto y las personas en particular, también se mueven por motivaciones altruistas y participan activamente de la vida social a través de las tareas que desarrollan de forma desinteresada y gratuita. Claro que hay una zona de penumbra, esto es la que podría desconocer que estas labores benévolas puedan en realidad encubrir relaciones verdaderamente laborales. Por ello, se deben fijar unas reglas mínimas para establecer, prima facie, que se trata de verdaderos trabajos benévolos, altruistas o amistosos excluidos de las regulaciones del trabajo subordinado. 53. La jurisprudencia ordinaria ha estimado que para ello solo es admisible el trabajo benévolo en organizaciones de tendencia[39], es decir aquellas que tienen arraigados propósitos de protección de derechos humanos, espirituales, políticos o vocacionales[40] que son indispensables para tejer relaciones sociales comunes. Pero esto no sería suficiente; esto es, además de ello debe concurrir en el caso una gratuidad expresa, que permita flexibilidad de tiempo para realizar otras tareas, en caso de ser necesario, y que no anule proyectos de vida, aunque puedan ser concurrentes. 54. Los casos más usuales frente a las controversias judiciales en las que se analiza si se trata o no de trabajos voluntarios o benévolos tienen que ver con los realizados en el marco de labores vocacionales como el sacerdocio[41], pero no se limitan a esos eventos. No obstante, de la deliberación sobre estos ha quedado claro que existen tareas que se realizan libremente, sin búsqueda de algún beneficio económico y que procuran el beneficio de la comunidad. 55. Desde la filosofía política[42] esto tiene explicación en que las personas deben disponer de significados sociales compartidos, para de esta manera crear propósitos y distribuciones justas de los bienes sociales. No es extraño que las labores de voluntariado estén vinculadas a una expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad y la corresponsabilidad[43], y que las regulaciones legales las definan bajo la idea de que los voluntarios son personas que dan su tiempo y su talento para construir bienes comunes de forma individual o colectiva[44]. 56. Conforme con el anexo de la Resolución 56/38 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el voluntariado comprende un conjunto amplio de actividades realizadas libremente por las personas, orientado al beneficio de la sociedad en su integralidad. Dichas actividades incluyen formas de apoyo mutuo y autoayuda, la prestación organizada de servicios y otras manifestaciones de participación cívica, las cuales se erigen como un componente estructural del desarrollo económico, social y comunitario, sin que la retribución económica sea el principal factor de motivación de quien las opera[45]. 57. En ese contexto, el voluntariado se caracteriza por su naturaleza libre y no coercitiva, además por su finalidad altruista y solidaria, así como por su orientación al interés general, el aporte a la cohesión social, la inclusión y la reducción de la exclusión y la discriminación, junto a la capacidad para fortalecer las redes comunitarias. Asimismo, la Asamblea General de la ONU reconoce que el voluntariado es transversal a múltiples ámbitos, como lo son: la superación de la pobreza, el desarrollo sostenible, la salud, la gestión de desastres y la integración social. Además, que su promoción exige entornos normativos, institucionales y fiscales favorables, así como medidas de reconocimiento, capacitación y acceso equitativo para todos los grupos poblacionales, en especial aquellos históricamente marginados. 58. Bajo esa óptica, el voluntariado debe ser entendido como una forma legítima de participación ciudadana y como un recurso social estratégico que los Estados están obligados a reconocer, promover y proteger mediante políticas públicas integrales y no regresivas. La ausencia de medidas que faciliten su desarrollo o la adopción de acciones que desconozcan sus características esenciales (libertad, no remuneración principal, finalidad social y complementariedad respecto de la acción estatal) resultan incompatibles con los estándares internacionales fijados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y debilita los esfuerzos orientados al desarrollo social sostenible y a la participación democrática. En ese entendido, en el marco de un enfoque amplio adoptado por Naciones Unidas, se erigen tres elementos que sirven para evaluar si una actividad constituye una acción de voluntariado, que a saber son: (i) voluntad libre; (ii) motivación no pecuniaria y (iii) beneficio para otros. 59. Aunque en estos asuntos se encuentra en debate el propio concepto de trabajo (altruista y libre vs subordinado) de acuerdo con lo señalado, para la Sala las discusiones sobre voluntariado no pueden ser asimilables a disputas sobre relaciones laborales subordinadas dada su esencia y, por tanto, no es posible entrar a aplicar una regla sobre inmunidad restringida en materia laboral bajo esa óptica. Es decir, la Corte Constitucional carece de jurisdicción para discutir si un contrato de voluntariado que se realiza para un organismo internacional como Naciones Unidas está desdibujado por uno de carácter laboral. Por ello, la regla existente es insuficiente para resolver asuntos en los que, existiendo disputas sobre derechos humanos laborales, como los relacionados con la protección por la maternidad, se trate de relaciones jurídicas en las que medie trabajo benévolo o altruista, siendo este el aspecto que define en el presente caso la Sala de Revisión. 60. Esto no implica que se desconozca el principio de primacía de la realidad sobre las formas, solo que, al estar en discusión la naturaleza de la vinculación y al ponderar que se encuentran en juego principios democráticos y valores como la solidaridad y la corresponsabilidad que derivan del voluntariado, corresponde a las partes resolver las controversias a través de los mecanismos internos previstos para ello. 61. La imposibilidad de pronunciarse sobre el voluntariado no excluye la competencia de la Corte Constitucional para asumir el conocimiento cuando se aprecie que puede existir una violación a la cláusula antidiscriminatoria por decisiones reproductivas y a la protección de la maternidad[46]. Si bien la Sala de Revisión considera que no es posible definir si se está frente a una relación laboral subordinada en estos eventos, ello no excluye que sí pueda conocer los asuntos en los que se evidencie prima facie que las actuaciones de los organismos internacionales son violatorias de los derechos humanos. En particular, como los de las mujeres, que están llamados a proteger y cuya defensa común es compartida por el Estado colombiano, dado un catálogo de tratados comunes que impone la obligatoriedad de protección y salvaguarda de sujetos de especial protección constitucional y que además están implícitos en el mandato de los organismos internacionales. 62. Esa competencia no tiene por objeto asignar responsabilidades laborales, pero sí determinar el cumplimiento de un estándar mínimo de actuación por parte de dichos organismos frente a la corresponsabilidad con las personas voluntarias. No se trata de desconocer la naturaleza de dicha vinculación, pues es claro que no se está frente a una relación laboral, sino de admitir que dentro de los derechos humanos se encuentra la protección a la maternidad y que su reconocimiento no siempre debe ir atado, como en este caso, a la declaratoria de una relación laboral subordinada, como se explicó en el capítulo anterior ocurre el caso de los sacerdotes, por ejemplo. Admitir que existen dimensiones de derechos humanos laborales que no se desprenden siempre del trabajo subordinado es lo que justifica precisar la regla de examen. En otras palabras, plantear límites constitucionales que deben contemplarse en el trato de los voluntarios o referir la necesidad de aplicar estándares o garantías mínimas compatibles con la dignidad humana, es lo que determina como necesario que la Corte Constitucional asuma el conocimiento de estos asuntos. 63. En síntesis, para la Sala es necesario distinguir la naturaleza de dos derechos sociales, el del trabajo y el de la seguridad social. Frente a ellos precisa la regla de la Sentencia T-404 de 2024, para establecer que carece de jurisdicción para estudiar si una relación de voluntariado es en verdad una relación de trabajo subordinada. Esta discusión debe ser evaluada y decidida de acuerdo con el arreglo interno previsto por las partes y, a falta de este, debe ser examinada con el cuidado necesario y el irrestricto respeto por los derechos fundamentales, en el marco de la organización. 64. Esa exclusión de competencia no impide que la Corte Constitucional conozca y ejerza jurisdicción en casos excepcionales y estrictamente delimitados, en el marco de actuaciones que no están plenamente amparadas por el núcleo funcional de la inmunidad y que comprometen de manera directa la protección de derechos humanos, siempre que el remedio no invada indebidamente la autonomía de la organización ni suponga medidas coercitivas incompatibles con el derecho internacional. En particular, cuando el asunto versa sobre controversias relativas a personas que han desarrollado labores de voluntariado y reclaman las salvaguardas de protección social, específicamente frente a la licencia de maternidad y la protección contra la discriminación. 1.3. La Corte Constitucional tiene jurisdicción para conocer el presente asunto únicamente frente al análisis de las protecciones de maternidad y de la cláusula de prohibición contra la discriminación 65. La Sala recuerda que en el trámite de instancia y en sede de revisión, el UNV, el PNUD y la OIM argumentaron la aplicación de las prerrogativas e inmunidades de las que son titulares, conforme el parágrafo 1° del artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas y las que se especifican en la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas – Convención General – que fue adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946. Agregaron que la República de Colombia se adhirió a dicho instrumento, sin generar reservas el 6 de agosto de 1974. 66. De igual forma, el PNUD refirió el numeral 1° del artículo IX del Convenio de Cooperación entre dicha organización y el gobierno de Colombia. Por su parte, la OIM aludió el artículo 23 de la Constitución de este organismo. La referencia a aquellos preceptos estuvo encaminada a sustentar los privilegios e inmunidades de las que son titulares las accionadas y con ello poner de presente el principio de inmunidad de jurisdicción para señalar que el juez de tutela no estaba habilitado para conocer el asunto. 67. De acuerdo con lo explicado previamente, si bien existen prerrogativas de inmunidad de jurisdicción para organismos internacionales, como las organizaciones involucradas en el presente asunto, lo cierto es que dicha inmunidad no es absoluta, pues puede verse restringida ante situaciones particulares. En el presente caso, la Sala evidencia que no resulta procedente la invocación del principio de inmunidad ya sea por parte de un organismo internacional o por un Estado extranjero, en tanto el asunto compromete la protección de derechos humanos. En tales eventos, la inmunidad de jurisdicción cede con independencia de la naturaleza de las partes involucradas. 68. Conforme lo expuesto, la Sala evidenció que la actora suscribió un contrato de voluntariado con la UNV y, en el marco de la ejecución de dicho vínculo, aquella quedó en estado de embarazo. Posteriormente, la accionante informó su condición al UNV, administrado por el PNUD y la OIM. Sin embargo, su contrato de voluntariado fue finalizado el 14 de febrero de 2025. 69. Al verificar los elementos probatorios obrantes en el expediente, la Sala observa que en el presente asunto existe un debate constitucional que involucra la posible discriminación de una mujer por razón de su condición de gravidez, lo que, a su vez, deriva en una censura a sus decisiones sexuales y reproductivas. En efecto, a la actora le fue finalizado su contrato de voluntariado luego de informar sobre su estado de embarazo. Además, según lo expuesto en el escrito de tutela, la actora no cuenta con afiliación al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, dado que la organización internacional con la que sostuvo el vínculo no la afilió a dicho sistema y tampoco le exigió que se afiliara a este. 70. Lo anterior implica que la Sala examine cuáles son las obligaciones y los límites de las organizaciones internacionales al celebrar un contrato de voluntariado en relación con la maternidad y la no discriminación por razón del estado de gravidez, materia que son objeto de protección tanto por el derecho interno como por instrumentos internacionales. En tal sentido, de encontrar acreditada la vulneración de estos derechos, la Sala deberá ocuparse de las protecciones que deben extenderse con el fin de preservar las decisiones reproductivas de las mujeres y la protección a la maternidad. 2. Competencia 71. La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 3. Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela 72. La Sala evidencia que la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos para su procedencia, conforme lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, tal y como se explica a continuación: 3.1. Legitimación por activa[47] 73. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución[48] cualquier persona podrá interponer la acción de tutela “por sí misma o por quien actúe en su nombre”. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece la legitimidad e interés para presentar la acción de tutela. 74. Dicha normativa establece que esta podrá ser interpuesta: (i) directamente por el interesado; (ii) por intermedio de un representante legal en caso de los menores de edad y de las personas jurídicas; (iii) mediante apoderado judicial; (iv) por medio de un agente oficioso; o (v) a través de la Defensoría del Pueblo o del personero municipal. 75. En el presente asunto, la Sala encuentra acreditado este presupuesto. En efecto, la accionante actúa en nombre propio y promovió la tutela para la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, presuntamente vulnerados por habérsele finalizado su vínculo contractual al encontrarse en estado de embarazo. 3.2. Legitimación por pasiva[49] 76. La legitimación por pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene una autoridad, persona o entidad para responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado como violado[50]. Según el artículo 86 de la Constitución y los artículos 1[51] y 5[52] del Decreto 2591 de 1991, por regla general, dicha aptitud se predica de las autoridades públicas. De...