Sentencia T-137 de 2015

T-137-15 Sentencia T-137/15 LEGITIMACION POR ACTIVA DE PERSONERO MUNICIPAL PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia Dada la inminencia requerida para salvaguardar contenidos básicos de los derechos fundamentales en tensión y considerando que las prerrogativas planteadas en esta oportunidad pueden y deben ser reclamadas mediante la acción de tutela considerando particularmente la presencia de sujetos especialmente protegidos, el juez de tutela está en la obligación de apresurarse a su amparo, y ordenar los mecanismos de protección que sean necesarios. DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Reiteración de jurisprudencia La educación es (i) un derecho fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela; (ii) un presupuesto básico para el goce y ejercicio de otras garantías constitucionales así como para el desarrollo pleno del conjunto de potencialidades en el conglomerado social; (iii) un servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial comprende el acceso a un sistema educativo que permita una formación adecuada, y la permanencia en el mismo y, (iv) un deber que genera obligaciones entre los distintos actores que intervienen en el proceso educativo. DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad VINCULACION OPORTUNA DE DOCENTES COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, ADAPTABILIDAD Y CALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACION-Precedentes jurisprudenciales La organización eficiente de la planta docente estatal es condición necesaria para satisfacer la finalidad constitucional perseguida con la protección del derecho a la educación en sus diferentes componentes y dimensiones. En consecuencia, la falta de nombramiento oportuno de los docentes, o la destinación de estos en un número inferior al requerido para satisfacer las necesidades de los distintos planteles educativos oficiales del país compromete la prestación continua y permanente del servicio (disponibilidad) al tiempo que la permanencia y estabilidad de los docentes en las instituciones educativas contribuye a asegurar el acceso al sistema (accesibilidad), porque de ello depende la posibilidad de ampliación de cobertura educativa, y su prestación en condiciones de calidad (aceptabilidad). DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Orden a Gobernación proveer los cargos de siete (7) docentes de planta requeridos en institución educativa Referencia: Expediente T-4592290 Acción de tutela presentada por Luis Daniel Abril Sinning en calidad de Personero Municipal de Santa Bárbara de Pinto contra la Gobernación del Magdalena y la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena con vinculación oficiosa del Ministerio de Educación. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado Penal del Circuito del Banco, Magdalena, el ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) dentro de la acción de tutela promovida por Luis Daniel Abril Sinning en calidad de Personero Municipal de Santa Bárbara de Pinto contra la Gobernación del Magdalena y la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena con vinculación oficiosa del Ministerio de Educación. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de Auto del diez (10) de noviembre de dos mil catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Once. I. ANTECEDENTES El Personero Municipal de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena presentó acción de tutela en representación de los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Técnica Departamental “Gilma Royero Solano.” Considera que la Secretaría de Educación Departamental y la Gobernación del Magdalena desconocieron su derecho fundamental a la educación al no garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y continuidad, debido a la ausencia de nombramiento de docentes en el plantel educativo en algunas áreas que resultan básicas y obligatorias para una correcta formación académica de los estudiantes. 1. Hechos 1.1. Manifiesta el accionante que la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes residentes en el área urbana del municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena y zonas aledañas reciben la formación académica correspondiente en la Institución Educativa Técnica Departamental “Gilma Royero Solano.” 1.2. Afirma que la Secretaria de Educación Departamental ha expedido diversos actos administrativos a través de los cuales se han desatado simultáneos nombramientos, traslados y retiros por parte de docentes pertenecientes a la planta educativa en mención, generando de esta manera una inestabilidad en la calidad y continuidad de la educación prestada. Ello se ha fundamentado en presuntas amenazas invocadas por los maestros nombrados, encargos de funciones como directivos docentes en otras instituciones, e incluso la necesidad en la prestación del servicio aducida por otros centros educativos de la región. 1.3. Expone que con ocasión de esta situación, actualmente la institución no cuenta con doce (12) docentes reglamentarios en las diferentes áreas de educación.[1] En efecto, en los últimos tres (3) años han sido trasladados diez (10) docentes hacia otras instituciones educativas y en enero del año dos mil catorce (2014), de los cuatro (4) profesionales asignados para prestar el servicio educativo en la Escuela Departamental, solo dos (2) de ellos se presentaron a cumplir con la actividad prevista pese a la vigencia del acto administrativo de traslado.[2] 1.4. Agrega que la demanda escolar es muy alta por lo que las aulas escolares exceden el número de estudiantes reglamentarios. [3] Así, los pocos maestros con los que cuenta el plantel deben cubrir esta contingencia, lo cual supone el sometimiento a extensas jornadas de trabajo, incluso por fuera del horario regular, afectando de esta manera su salud física y emocional e incidiendo directamente en la calidad del servicio prestado, así como en el correcto funcionamiento de la institución. 1.5. Indica que para mitigar esta situación, mediante Resolución No. 226 del nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014) le fueron asignadas y reconocidas a la Institución Educativa Técnica Departamental “Gilma Royero Solano” para el primer semestre de la referida anualidad, el pago de trecientas setenta y dos (372) horas extras semanales con la finalidad de suplir a través del personal existente en la institución, el residuo de carga académica, las jornadas por educación de adultos (nocturnas y de fines de semana) y la sustitución de docentes faltantes. [4] 1.6. Advierte que a pesar de lo anterior, a la fecha, la ausencia de docentes en la institución continúa en tanto no se han adoptado correctivos de fondo en la materia pese a los compromisos adquiridos con la Secretaria de Educación Departamental en diferentes audiencias y mesas de trabajo. 1.7. Con fundamento en lo expuesto, el Personero Municipal de Santa Bárbara de Pinto presentó acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, dignidad humana y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia solicita como objeto material de protección: (i) se adopten las medidas provisionales a que haya lugar; (ii) las medidas administrativas correspondientes para que se nombre el personal humano requerido en las distintas áreas y niveles educativos de la institución y de esta manera se asegure la efectiva prestación del servicio que reclaman los menores, y, (iii) las demás medidas pertinentes que garanticen la protección integral de los derechos fundamentales en tensión. 2. Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas de oficio Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela por parte del Juzgado Penal del Circuito del Banco, Magdalena, el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014), el Despacho ordenó notificar a las entidades accionadas para que en el término de tres (3) días ejercieran el derecho de defensa y contradicción.[5] 2.1. Respuesta de la Secretaría de Educación del Magdalena El Profesional Universitario de Planta de la Secretaría de Educación Departamental[6] dio contestación al requerimiento judicial. En su escrito sostuvo que la situación actual de la Institución Educativa Gilma Royero Solano no es desconocida por parte de la administración. No obstante, hasta hace poco se encontraba vigente la Ley de Garantías que hacia administrativamente imposible cubrir los requerimientos planteados por el centro educativo. Expuso que recientemente y en aras de mitigar la problemática existente, se profirieron las resoluciones 062 y 226 del año dos mil catorce (2014). En la primera de ellas se efectuaron dos nombramientos de docentes y en la segunda se autorizaron unas horas extras a los docentes de planta en la institución. Advirtió que se están realizando los últimos ajustes que llevarán a la expedición de actos administrativos de nombramiento de docentes faltantes.[7] 2.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional[8] Mediante escrito del veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015) el Ministerio de Educación solicitó su desvinculación del presente trámite considerando que no es la entidad competente para pronunciarse sobre la administración del personal docente en las instituciones educativas debido a que ello corresponde a la Secretarías de Educación conforme la Ley 60 de 1993.[9] Aclaro que su labor se circunscribe a la fijación de las políticas generales en materia de educación.[10] 2.3. Durante el término de traslado de la presente acción de tutela, la Gobernación del Magdalena guardó silencio. 3. Decisión que se revisa 3.1 Decisión de primera instancia El Juzgado Penal del Circuito del Banco, Magdalena, mediante fallo del ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) declaró improcedente el amparo invocado. Como sustento de su decisión, consideró que el Personero Municipal de Santa Bárbara de Pinto carecía de la legitimación en la causa por activa al no haber aportado al trámite de tutela, prueba alguna que acreditará su condición de funcionario público. Contra la presente decisión no se presentó impugnación. iI. Consideraciones y fundamentos 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema Jurídico 2.1. De acuerdo con los antecedentes anteriormente expuestos, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿las autoridades públicas encargadas de dirigir y ejecutar las políticas educativas a nivel territorial (el Departamento de Magdalena y la Secretaria de Educación Departamental) vulneran el derecho a la educación y dignidad humana de un grupo de niños, niñas y adolescentes estudiantes de una institución educativa en el municipio de Santa Bárbara de Pinto por no adoptar medidas efectivas para asegurar el nombramiento oportuno de docentes a pesar de que ello se erige en una barrera de acceso a la educación? 2.2. Para dar solución al problema jurídico planteado, la Sala analizará (i) la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto; (ii) reiterara la jurisprudencia relativa al derecho fundamental a la educación, particularmente (iii) abordará la temática relacionada con la vinculación permanente y oportuna de docentes como garantía efectiva de acceso a la educación en condiciones de calidad y continuidad, para (iv) finalmente plantear la solución al asunto objeto de revisión. 3. Cuestión previa: procedencia de la acción de tutela en el caso concreto 3.1. El señor Luis Daniel Abril Sinning en su calidad de Personero Municipal de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, está legitimado para interponer la acción de tutela en nombre y representación de los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa “Gilma Royero Solano” 3.1.1. El Juzgado Penal del Circuito del Banco, Magdalena, considera que el Personero Municipal de Santa Bárbara de Pinto carece de legitimación por activa, por cuanto este no aportó documento alguno que acreditará su condición de funcionario público, concretamente el acta de posesión.[11] 3.1.2. De conformidad con el inciso 1º del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela puede ser instaurada por la persona directamente afectada o por quien actúe en su nombre.[12] De igual manera, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,[13] establece: [l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” De los artículos citados, se deriva la posibilidad de que la demanda de tutela sea instaurada por interpuesta persona siempre que tenga lugar alguna de las hipótesis reguladas por el Decreto 2591 de 1991 en relación con el interés y la legitimación para promover la defensa iusfundamental de otro sujeto. En concreto, las circunstancias previstas para la interposición indirecta de la tutela en defensa de los derechos de terceros, corresponden a las figuras de la representación legal, el apoderamiento judicial, el agenciamiento oficioso y su ejercicio por parte de los Personeros o Defensores del Pueblo. 3.1.3. Para el caso concreto, se tiene que el señor Luis Daniel Abril Sinning, en su calidad de Personero del municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena presentó acción de tutela en representación de los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Técnica Departamental “Gilma Royero Solano”, a efectos de que se protegieran sus derechos fundamentales a la educación y dignidad humana presuntamente vulnerados por parte de la Secretaria de Educación Departamental y la Gobernación del Magdalena. Dicho funcionario manifestó explícitamente en su escrito de demanda que está actuando en nombre de este grupo de estudiantes[14] que en su mayoría está integrado por menores de edad. La Sala considera que dicho funcionario público se encuentra legitimado para interponer la acción de tutela en representación de estos menores, en tanto (i) los artículos 1,[15] 10[16] y 49[17] del Decreto 2591 de 1991 contemplan expresamente esta facultad guardando armonía directa con lo preceptuado en el artículo 86 superior. Así mismo, en desarrollo de las funciones que le son propias, es la autoridad llamada a adelantar acciones como la que propuso pues el mismo artículo 178 de la Ley 136 de 1994[18] dispone que les corresponde defender los intereses de la sociedad y específicamente interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión. Además la misma jurisprudencia constitucional desde sus inicios ha reconocido esta facultad de representación en cabeza de dichos funcionarios públicos. En la sentencia T-234 de 1993[19] la Sala Octava de revisión advirtió que “el Defensor del Pueblo en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales y en especial de las contenidas en el art. 282 de la Constitución Política, delegó en los personeros municipales en todo el país la facultad para interponer acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o se encuentre en situación de indefensión (Resolución 001 del 2 de abril de 1992).” Así mismo y profundizando en el caso concreto, en las sentencias T-1102 de 2000[20] y T-029 de 2002[21] las Salas de Revisión avalaron la legitimación de los personeros municipales para instaurar la acción de tutela en representación de los estudiantes afectados con la falta de nombramiento de docentes en la institución a la que habitualmente asistían. (ii) Adicionalmente, tratándose de niños, niñas y adolescentes, existe un deber especial y prevalente de todas las autoridades en la defensa de sus derechos por tratarse precisamente de sujetos especialmente protegidos. En efecto, expresamente el artículo 44 y 67 constitucional prevén que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente, la protección o el ejercicio pleno de los derechos del menor. (iii) Conforme se indicó en la sentencia T-540 de 2006[22] “tratándose de la protección de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución impone objetivamente la necesidad de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación del sujeto que la promueve en razón, que es la misma Carta la que sostiene que en su defensa también debe intervenir la sociedad.” En este sentido, los personeros municipales están identificados como sujetos activos tanto por la Constitución (artículos 44 y 67 de la Carta) como por la ley, para velar, proteger y hacer valer los derechos de los niños en este caso el derecho a la educación. Ahora bien, frente a la exigencia de aportar el acta de posesión como presupuesto para acreditar la condición de funcionario público deprecada por el señor Luis Daniel Abril Sinning, esta Corporación ha sostenido en múltiples oportunidades, que la instauración de una acción de tutela no puede exigir un excesivo rigor formalista, pues a través de ella no se busca el establecimiento de una “litis”, sino que su objetivo principal es la protección eficaz y oportuna de derechos fundamentales. Por tal razón, la Corte ha precisado que en estos procesos prima el principio de informalidad, según el cual los obstáculos de trámite no se pueden interponer en la búsqueda de soluciones reales y efectivas. Si alguna duda le asistía al juez que resolvió la tutela en torno a la condición de Personero Municipal del señor Luis Daniel Abril, su deber era solicitarle que aportara prueba de ella u ordenar la práctica de las pruebas que estimase pertinentes. Declarar la improcedencia de la tutela por no aportar documento alguno que certificará su calidad, la cual podía ser incluso verificada por el propio funcionario judicial con una visita a la página web de dicha dependencia[23] supone un actuar contrario a los principios de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia que orientan el trámite de esta acción constitucional. Además, la necesidad de darle prevalencia al derecho sustancial por encima del derecho procesal, adquiere mayor relevancia cuando se trata de amparar derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes cuando son vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pues es obvio que los niños por si mismos no están en condiciones de interponer la acción de tutela, razón por la cual deberán hacerlo por conducto de una tercera persona. En estas condiciones, la Sala reconoce el derecho que tiene el Personero Municipal de instaurar la presente acción de tutela, pues tiene un interés legítimo y actual para promover la misma en aras de buscar la protección inmediata de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena. En consecuencia, se configura en el presente caso la legitimación por activa y se torna procedente la presente acción de tutela. 3.2. En el presente asunto se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela 3.2.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional, y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela sólo procede (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto;[24] o (iii) cuando se interpone para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental, evento en el que el amparo procede de manera transitoria, es decir, mientras se produce una decisión definitiva por parte del juez natural. A partir de las reglas establecidas, esta Corporación ha venido desarrollando subreglas que permiten estudiar la idoneidad y eficacia que ofrecen los mecanismos disponibles desde el punto de vista constitucional, dependiendo de la materia de que se trate y de las particularidades de cada asunto. Por ello, es indispensable que en todos los casos analizados, el juez constitucional realice previamente una valoración de la realidad fáctica y de los elementos de juicio con trascendencia para el examen del asunto objeto de estudio, y de esta manera pueda determinar si es o no necesario proteger urgente e inmediatamente los derechos afectados a través del mecanismo constitucional. 3.2.2. El caso objeto de estudio plantea una controversia que reviste especial relevancia constitucional, en tanto (i) están en juego los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, los cuales resultan prevalentes sobre los derechos de todos los demás sujetos de la sociedad con fundamento en el artículo 44 constitucional;[25] (ii) se están afectando contenidos mínimos del derecho de acceso a la educación en condiciones de calidad y continuidad así como el goce efectivo de otros derechos fundamentales que se derivan de su prestación oportuna; (iii) no se han adoptado por parte de las entidades accionadas en el asunto las acciones que resultan indispensables para la satisfacción efectiva de los derechos fundamentales en tensión, pese a que por disposición legal y constitucional es su obligación. (iv) Desde sus inicios la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que la educación es un derecho fundamental de aplicación inmediata y directamente exigible a las autoridades públicas, sobre todo cuando involucra el interés superior de los menores de edad.[26] En ocasiones anteriores, la Corte ha considerado procedente la tutela en situaciones similares a la que hoy es objeto de controversia. Así, por ejemplo, en la sentencia T-1027 de 2007[27] al analizar de manera expresa el requisito de subsidiariedad en una tutela en la que se solicitaba el nombramiento de tres (3) docentes en una institución educativa, la Sala Primera de Revisión estimó que el mecanismo judicial era procedente para solicitar el amparo invocado en tanto los “problemas derivados de la protección del derecho fundamental a la educación, que además de tener dicho rango por mandato expreso del artículo 44 de la Carta (derechos de los niños), que tiene prioridad y prevalencia, comporta una obligación constitucional de prestación para el Estado, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política.” Así mismo, en la sentencia T-743 de 2013[28] se estimó que la tutela procedía para ordenar la provisión de cargos docentes cuando su ausencia generaba una alteración grave del derecho a la educación. En este orden de ideas, dada la inminencia requerida para salvaguardar contenidos básicos de los derechos fundamentales en tensión y considerando que las prerrogativas planteadas en esta oportunidad pueden y deben ser reclamadas mediante la acción de tutela considerando particularmente la presencia de sujetos especialmente protegidos, el juez de tutela está en la obligación de apresurarse a su amparo, y ordenar los mecanismos de protección que sean necesarios. 4. El derecho fundamental a la educación. Reiteración de jurisprudencia 4.1. El derecho a la educación ha sido catalogado como fundamental, inherente a la persona, propio de la esencia del hombre y de su dignidad humana, amparado por la Carta Política[29] y por los tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 67 superior concretamente ha señalado que la educación es “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.” [30] A partir de ello, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la educación constituye una herramienta necesaria para el desarrollo y evolución de la sociedad así como un instrumento para la construcción de la equidad social. Ha señalado la Corte, puntualmente, que este derecho permite la proyección social del ser humano, el acceso al conocimiento, a la ciencia y demás bienes y valores culturales así como la realización de otros derechos fundamentales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política. Su núcleo esencial está representado por el acceso y permanencia en el sistema educativo. Al tratarse además de un servicio público, su prestación está a cargo tanto de las entidades estatales como de los particulares, quienes conjuntamente deben asegurar el adecuado y efectivo cubrimiento del mismo. Dicho carácter le imprime dos (2) rasgos característicos fundamentales: la continuidad en la prestación y el funcionamiento correcto y eficaz del sistema educativo a través del aumento constante de la cobertura y la calidad. 4.2. En el marco del derecho fundamental a la educación de las niños, niñas y adolescentes (artículo 44 de la Constitución), el Estado tiene la obligación de garantizarles establecimientos apropiados y el acceso digno, integral y de calidad al sistema de educación, así como la permanencia en el mismo sin obstáculos.[31] En este sentido, el artículo 67 superior antes mencionado dispone que corresponde al Estado “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de (…) garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.” En concordancia directa, el artículo 70 constitucional consagra el imperativo de “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente” y en este mismo sentido el artículo 4 de la Ley General de Educación[32] preceptúa que “el Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación (...).” Para tal fin el artículo 168 prevé que se adoptarán “las medidas necesarias que hagan posible la mejor formación étnica, moral, intelectual y física de los educandos, así como su acceso y permanencia en el servicio público educativo.” 4.3. En directa relación con lo anterior y en desarrollo del derecho a la educación de este grupo de la población, la Corte Constitucional ha adoptado los lineamientos señalados en la Observación General Número 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.[33] Esta Observación establece cuatro (4) características interrelacionadas que debe tener la educación en todas sus formas, a saber disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.[34] Se ha resaltado con fundamento en la Observación No. 13, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación integral, la cual se satisface cuando se cumplen los mencionados requisitos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, pero también, cuando el proceso educativo se desarrolla en observancia del conjunto de derechos constitucionales de los menores, como la integridad, la salud, y la recreación, entre otros. Para el caso que ocupa la atención de la Sala deben destacarse los componentes de disponibilidad y aceptabilidad. El primero referido al supuesto de que la satisfacción efectiva del derecho a la educación depende entre otros factores, de la inversión en recursos humanos y físicos para la prestación del servicio. Así, la presencia permanente de docentes calificados con salarios competitivos y en cantidad suficiente para atender la demanda escolar asegura esta finalidad y el segundo alusivo a la calidad de la educación que debe impartirse. 4.4. Ahora bien, la materialización efectiva del derecho a la educación exige del Estado la realización de unas actuaciones concretas y específicas a través de las cuales se asegure la prestación de este servicio público en forma eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional. Para ello cuenta con mecanismos Constitucionales (artículo 67, 70, 305, 334, 356, 366 y otros de la Carta Política) y legales. La Ley 115 de 1994[35] define y desarrolla la organización y prestación del servicio público educativo, responsabilizando conjuntamente al Estado, a la familia y a la sociedad como promotores y vigilantes del mismo. Paralelamente, la Ley 715 de 2001[36] define las competencias de las entidades territoriales, así como la asignación de recursos para la prestación del servicio de educación. El artículo 84 dispone que los presupuestos de los departamentos, distritos y municipios deben incorporar los recursos del Sistema General de Participación para educación. De acuerdo con el artículo 89 de la misma Ley, las entidades deben además programar los recursos recibidos de la participación para educación al elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto. Con este objeto, cada entidad territorial certificada debe cumplir con la destinación específica establecida para los referidos recursos, así como articularlos con las estrategias, objetivos y metas de su Plan de Desarrollo. La ley también ha contemplado deberes de coordinación necesarios para garantizar el mandato constitucional dirigido a asegurar la prestación adecuada de la educación y el mantenimiento de las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo. Con relación al Ministerio de Educación Nacional, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001 incluye que dentro de sus deberes y competencias está la de (i) evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad. Esta facultad se podrá delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados; (ii) prestar la asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales, cuando a ello haya lugar; (iii) determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente y administrativa de los centros educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes a: alumnos por docente; alumnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre otros, teniendo en cuenta las particularidades de cada región y, (iv) definir, diseñar y crear instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación. El mismo artículo establece que respecto de los municipios no certificados le corresponde a los departamentos, en el sector de educación, dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. Incluso, les corresponde participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción y promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad. Así mismo, de conformidad con el artículo 6 de la citada ley, les corresponde la distribución de las plantas departamentales de personal docente, directivos y empleados administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la materia.[37] Por su parte, las Secretarías de Educación son las encargadas de planificar y prestar el servicio educativo, mantener y ampliar la cobertura y garantizar la calidad, de acuerdo con las competencias definidas en la Ley 715 de 2001. Así mismo, les corresponde realizar los concursos departamentales y distritales para el nombramiento del personal docente y de directivos docentes y establecer políticas, planes y programas departamentales y distritales de educación. A su vez, las instituciones educativas deben combinar los recursos para facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia, brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional. Concretamente los rectores o directores de los planteles de educación deben formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución así como responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. El conjunto de competencias referidas delimitan los deberes generales de planeación y coordinación de las entidades tanto nacionales como territoriales para la prestación del servicio de educación. En consecuencia, es en este marco de competencias dentro del cual debe darse cumplimiento al deber de asegurar condiciones de acceso material y permanencia en términos de una operación continua de los servicios necesarios para la prestación integral de la educación – tal como la concurrencia de personal suficiente-. Este será el norte que seguirá la Sala en las próximas líneas. 4.5. En conclusión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Carta Política, la educación es (i) un derecho fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela; (ii) un presupuesto básico para el goce y ejercicio de otras garantías constitucionales así como para el desarrollo pleno del conjunto de potencialidades en el conglomerado social; (iii) un servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial comprende el acceso a un sistema educativo que permita una formación adecuada, y la permanencia en el mismo y, (iv) un deber que genera obligaciones entre los distintos actores que intervienen en el proceso educativo. 5. La vinculación permanente y oportuna de docentes como garantía efectiva de acceso a la educación en condiciones de calidad y continuidad 5.1. Conforme se indicó en líneas anteriores, el núcleo esencial del derecho a la educación comprende la necesidad de que los estudiantes no solo ingresen sino que permanezcan en el sistema educativo.[38] Para ello, el Estado colombiano tiene obligaciones de cumplimiento inmediato que buscan asegurar que la prestación del servicio público sea eficiente y continúa. Este mandato constitucional consecuente con los requerimientos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en materia de aceptabilidad de la educación fue ratificado por la Ley General de Educación[39] en cuyo artículo 4°, encargó al Estado así como a la sociedad y a la familia de “velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo (…).” Así mismo le atribuyó la función de atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación, particularmente: (i) los recursos y métodos educativos; (ii) la innovación educativa y profesional; (iii) la inspección y evaluación del proceso educativo, (iv) la cualificación y formación de los educadores; (v) la promoción docente y sin lugar a dudas (vi) el nombramiento y ubicación oportuna, permanente y en cantidad suficiente de docentes en las instituciones y centros educativos de los entes territoriales. Así lo reconoció el informe para Colombia del Programa de Educación para Todos de la UNESCO (2000) al sostener que la calidad de la educación debía mirarse por lo menos en tres dimensiones: una de las cuales comprendía las condiciones en que ocurre el aprendizaje, que se refleja en las construcciones escolares, en la disponibilidad de materiales y textos, en la presencia permanente y oportuna del personal docente, y en la existencia de servicios de apoyo al estudiantado según sus necesidades. (Subraya la Sala).[40] 5.2. Por disposición directa de la Ley General de Educación,[41] son las Secretarias de Educación quienes, en coordinación con los municipios, tienen a su cargo el deber de adelantar y realizar los concursos departamentales y distritales que conduzcan al nombramiento del personal docente y directivo de las instituciones o centros educativos del orden estatal. También les compete conforme el artículo 153 de la referida preceptiva nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular y dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y al personal administrativo de los planteles educativos de su jurisdicción, de la que hacen parte los centros y las instituciones educativas ubicadas en sus municipios no certificados. La Ley 715 de 2001[42] extiende esta facultad, al atribuirles a los Departamentos la competencia para administrar las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos. Para ello, señala la norma, realizarán concursos, efectuarán los nombramientos del personal requerido, administrarán los ascensos y trasladarán docentes entre los municipios, mediante actos administrativos debidamente motivados. Por su parte, el Decreto 3020 de 2002,[43] que estipula las reglas sobre la organización de las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal reconoce que deben ser las entidades territoriales competentes, quienes definan previo estudio técnico sobre los cargos requeridos para la prestación eficiente del servicio. En sus disposiciones, supedita la vinculación de docentes a las particularidades de las regiones y sus grupos poblacionales, las condiciones de las zonas rurales y urbanas y las características de los niveles y ciclos educativos que serán atendidos. La asignación académica, señala el decreto, podrá ajustarse, siguiendo las pautas fijadas por el Decreto 1850 de 2002, que reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal administrados por los departamentos, distritos y municipios. En todo caso, advierte que el procedimiento de organización debe propugnar por la satisfacción de unos fines concretos: la ampliación de la cobertura con criterio de equidad, el mejoramiento de la calidad y el incremento de la eficiencia. Por último, debe tenerse en cuenta que en virtud del artículo 11 de la referida normativa, la ubicación del personal docente se establece teniendo en cuenta el número promedio de alumnos de la respectiva institución. El mínimo es de treinta y dos (32) alumnos por docente en la zona urbana y de veintidós (22) por docente en la zona rural. Dado que las reglas de organización de la planta docente previstas en estas normas han sido estudiadas por esta corporación en el marco de algunas acciones de tutela, y que dicho debate reviste de especial importancia para la solución del asunto que en esta ocasión se revisa, la Sala se referirá a esa cuestión en el numeral siguiente. 5.3. Desde la sentencia T-235 de 1997[44] la Corte se ha pronunciado sobre la importancia de la vinculación permanente y oportuna de docentes. En escenarios constitucionales específicos ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de las consecuencias jurídicas adversas que la falta de nombramiento de docentes en un determinado plantel o centro educativo puede acarrear en el acceso y la permanencia de la educación al punto de anular la prestación del servicio. En todos estos casos, la Corte ha amparado el derecho a la educación de los estudiantes y ha dictado órdenes encaminadas a que se inicien las gestiones enderezadas a la provisión oportuna de la planta docente a fin de satisfacer el cubrimiento total de la enseñanza de los diferentes cursos programados y garantizar la prestación continua, eficiente y de calidad del servicio de educación. La tarea de precisar estos aspectos constituye entonces el norte de la exposición en los siguientes párrafos por tratarse de los asuntos concretos sobre los que versa la controversia planteada en esta oportunidad. 5.3.1. Se han protegido facetas prestacionales del derecho a la educación cuando quiera que este servicio público se ha visto considerablemente afectado, debido a que la cantidad de educadores vinculados no es suficiente para atender la demanda educativa regional. En la sentencia T-467 de 1994,[45] la Sala Tercera de Revisión, sostuvo que si un establecimiento educativo carecía de la planta de profesores mínima para cubrir la enseñanza de los diferentes cursos programados, se encontraba desprovisto de uno de los elementos esenciales y básicos para el buen funcionamiento del servicio educativo. En esta ocasión, se examinó la tutela promovida por el padre de un estudiante de segundo de primaria en la escuela rural departamental de la vereda de La Balsa, jurisdicción del municipio de Chía que invocaba la vulneración del derecho fundamental a la educación de su hijo ante la falta de nombramiento de un profesor que dictara el curso en el que este se encontraba, pues debido a su ausencia, las clases habían sido dictadas por el docente de tercer año, que tenía a su cargo otros cursos. La Sala precisó que la falta de nombramiento de un docente generaba un deterioro en la calidad de la educación ofrecida la cual incluso se estaba desarrollando en condiciones inadecuadas e insuficientes para el aprendizaje con desconocimiento de los contenidos de aceptabilidad y permanencia. Si bien en esta oportunidad la carencia del profesor fue suplida durante el trámite de revisión, la Sala al conceder la tutela, estimó necesario prevenir a la autoridad demandada para que no incurriera nuevamente en la conducta que originó la acción constitucional. En la sentencia T-305 de 2008[46] se constató la afectación del derecho a la educación y su prestación en condiciones inadecuadas frente a un grupo de alumnos de distintos grados de primaria de una institución educativa ubicada en una vereda del municipio de Ibagué que estaban recibiendo sus clases de forma conjunta, divididos en dos grupos, debido a que su institución educativa tenía un solo docente y la Secretaría de Educación del Tolima se había negado a efectuar otro nombramiento. En esta ocasión, la Sala Séptima de Revisión estimó que la falta de docentes profundizaba las dificultades para acceder al servicio educativo en condiciones de calidad, por lo que ordenó su provisión inmediata. 5.3.2. También se han examinado contextos de vulneración porque la planta docente no fue efectivamente provista, generándose en consecuencia un entorpecimiento del proceso educativo. En la sentencia T-963 de 2004,[47] la Sala Novena de Revisión sostuvo que la ausencia de docentes en una escuela rural del municipio de Tibú, Norte de Santander afectaba considerablemente el acceso a la educación en condiciones de continuidad. Pese a que en esta oportunidad se declaró la carencia actual de objeto, pues durante el trámite constitucional, la autoridad accionada vinculó una docente a la escuela rural, la Sala advirtió que la dilación en los procedimientos administrativos para la definición de plantas de personal no podía entorpecer el acceso, la calidad y la permanencia de la educación básica pública, obligatoria y gratuita de los niños, las niñas y los adolescentes, sin importar si se trataba de áreas rurales o urbanas. Así mismo en la sentencia T-690 de 2012,[48] la Sala Primera de Revisión consideró que la falta de nombramiento de un docente en un escuela rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, no solo ponía en riesgo la vida y la integridad de los estudiantes quienes debían recorrer largas y violentas jornadas para recibir su educación en otra institución sino que además limitaba el acceso material a este derecho y la permanencia de los menores en el sistema educativo, generando efectos adversos sobre la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad del servicio educativo. Por ende se ordenó la provisión del personal humano requerido. 5.3.3. También se ha indicado que la suspensión del servicio educativo atenta contra su correcta y eficaz prestación, aunque solo sea temporal, por lo cual debe garantizarse su continuidad mediante el oportuno nombramiento de los docentes para satisfacer las necesidades del servicio. Así lo reconoció esta Corporación en la sentencia T-055 de 2004.[49] Allí la Sala Sexta de Revisión estableció que la tardanza en el nombramiento de docentes y la asignación de uno de ellos por tan solo tres (3) meses constituía una vulneración al derecho a la educación de los menores que asistían al establecimiento educativo ubicado en la vereda Bajo Doncella del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Precisó que la falta de diligencia de las autoridades encargadas de su garantía había profundizado este déficit de protección; que la permanencia en la prestación del servicio de educación no solo implicaba el nombramiento de docente para algún lapso del año o semestre lectivo, sino que además implicaba que tal designación se produjese respetando los periodos de duración del año o semestre académico, consagrados en la normatividad de la materia. En esa medida, ordenó, por tratarse de un hecho superado, que en adelante se realizaran las gestiones presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar la prestación permanente de la educación de los alumnos de la escuela. En las sentencias T-773 de 2006[50] y T-394 de 2009,[51] la Corte también se ocupó de precisar estos aspectos. La primera de ellas se refirió a la tutela presentada por los padres de los estudiantes de sexto grado de una institución educativa ubicada en el Banco, Magdalena que cuestionaban la suspensión de dicho grado y la no implementación del grado séptimo debido a la ausencia de docentes que dirigieran dichos cursos. Según se extrae de los hechos de la tutela, esta situación impidió la continuidad en la educación de los menores que recibían clases en esa sede de la institución. En el segundo supuesto, la madre de los menores invocaba la protección del derecho fundamental a la educación ante la suspensión de las clases correspondientes a los grados segundo a quinto de primaria en la institución educativa donde cursaban sus estudios la cual se encontraba ubicada en el municipio de Moñitos, Córdoba. De acuerdo con la accionante dicha situación se había originado ante la declaratoria de insubsistencia de los docentes asignados en dichos cursos sin que para la fecha de presentación de la acción tutela los mismos hubieran sido remplazados. En ambos casos, las Salas de Revisión pusieron en evidencia la falta de diligencia de las autoridades accionadas en la adopción de medidas administrativas concretas tendientes a designar oportunamente los maestros requeridos para atender la demanda educativa en la zona y garantizar así el acceso al servicio en términos de continuidad y permanencia. Con base en estos planteamientos concedieron el amparo.[52] 5.3.4. Finalmente, esta Corporación también ha examinado acciones de tutela relacionadas con la vulneración de los derechos fundamentales de los estudiantes cuyo proceso de aprendizaje ha resultado abruptamente suspendido con ocasión de la falta de nombramiento de docentes en algunas áreas básicas de la educación o el traslado de sus maestros. En todas estas providencias, la Corte ha destacado como el advenimiento de estas circunstancias afecta la continuidad del proceso educativo y por esa vía, la faceta de disponibilidad y aceptabilidad del derecho fundamental a la educación. En la sentencia T-029 de 2002,[53] la Sala Novena de Revisión analizó la vulneración del derecho a la educación en cuatro (4) instituciones educativas de diferentes lugares del país, en las que se instauraron acciones de tutela porque una vez iniciado el año escolar no se habían nombrado los docentes correspondientes a un determinado grado o curso. Concretamente en una de ellas, la pretensión invocada recaía en la designación de un profesor de planta que dictara las áreas de matemáticas y física a los estudiantes de décimo y undécimo grado del colegio San José de Telembí, Nariño de suerte que pudieran ejecutarse correctamente los programas previstos en tales asignaturas. La tutela fue presentada por el personero municipal en representación de los estudiantes afectados con esta situación quién explicó que la Secretaría Departamental de Nariño había trasladado al docente encargado de esas materias a otro municipio, sin nombrar, desde entonces, un nuevo profesor de planta. Mientras tanto, la vacante se había llenado con órdenes de prestación de servicios. En esta ocasión, aunque se declaró la carencia actual de objeto considerando que para el momento del fallo proferido en sede de revisión, ya había culminado el año lectivo, advirtió que la satisfacción efectiva del derecho a la educación exigía la disponibilidad y permanencia de los docentes requeridos para dictar oportunamente las asignaturas correspondientes a cada programa. Una actuación contraria impedía el adecuado cubrimiento del servicio público en condiciones de calidad y continuidad. En la misma línea enunciada, la sentencia T-1027 de 2007[54] estudió la solicitud formulada por la asociación de padres de familia de una institución educativa de La Palma, Cundinamarca, a efectos de que se nombraran los docentes encargados de dictar las áreas de matemáticas y electricidad y electrónica en algunos cursos de sexto, séptimo, décimo y undécimo grado. En esta oportunidad, la ausencia en el nombramiento de los maestros se debía al congelamiento de la planta docente. Al igual que en los anteriores pronunciamientos, la Sala Primera de Revisión reiteró los efectos adversos en la garantía del derecho a la educación cuando no se aseguraba su acceso en condiciones de calidad y continuidad mediante la oportuna designación de docentes. En esta ocasión, se cuestionaba el hecho de que se trataba de un colegio habilitado exclusivamente para el aprendizaje de las áreas en las que precisamente se presentaba el vacío de personal. Sobre esos supuestos, se concedió el amparo reclamado ordenando la designación de los docentes faltantes.[55] La sentencia T-743 de 2013[56] establece una regla de decisión relevante para el presente caso. En aquella ocasión, la Sala Novena de Revisión estudió una acción de tutela presentada por un menor de edad (17 años), quien manifestaba que la institución educativa en la que se encontraba cursando undécimo grado, no contaba con un profesor de química desde el año dos mil doce (2012), cuando la docente que dictaba esta materia había sido trasladada. Este hecho a su juicio había afectado la calidad de la educación, había conducido al aumento de la deserción escolar al tiempo que vulneraba su derecho fundamental a la igualdad. Según se extrae de los hechos de la tutela, en varias oportunidades los alumnos y los padres de familia le solicitaron a la Secretaría de Educación del Huila vincular un nuevo docente. Esta, sin embargo, se negó, invocando que el plantel educativo no contaba con la cantidad de estudiantes necesarios para realizar el nombramiento solicitado. En esta oportunidad, la Sala fue enfática en sostener que la ausencia del docente de química en la institución Santa Ana del municipio de Colombia, Huila había alterado la continuidad del servicio y por ende su adecuado cubrimiento educativo, profundizando en consecuencia las dificultades para ingresar a la educación superior y vincularse a la vida laboral. Además constató que esta afectación a la faceta de aceptabilidad y disponibilidad, desincentivó la permanencia de sujetos vulnerables en el sistema y agudizó los obstáculos que los estudiantes de centros educativos apartados de las zonas urbanas normalmente deben enfrentar para cursar sus estudios. Concluyendo entonces que se había desconocido “el nivel mínimo de protección que formalmente se debe asegurar a los estudiantes de educación media académica” concedió el amparo y ordenó la provisión de un docente en el área de química. Al respecto se sostuvo lo siguiente: “La Sala encuentra que el derecho fundamental de Eduar Armando y de sus compañeros de curso a recibir una educación aceptable en términos de calidad fue efectivamente vulnerado. Primero, porque el traslado de la profesora de química exigió distribuir la carga académica entre los demás profesores, reducir las horas efectivas de clase que cada uno impartía y fusionar grados en algunas materias. Pero, sobre todo, porque la renuencia a suplir la vacante que dejó la docente condujo a que los alumnos de décimo y undécimo grado dejaran de recibir sus clases de química, pese al interés que tenían por cursar dicha materia.” “La infracción constitucional verificada en este caso aparece vinculada, así, al menos a tres eventos específicos: a que los alumnos de la IESA no hubieran tenido acceso a los contenidos básicos de su plan de estudios, a que se hubieran visto privados de la posibilidad de intensificar sus competencias en la materia de su preferencia y a la infracción del deber estatal de organizar la planta docente oficial en función del mejoramiento de la calidad.” 5.4. En conclusión, la organización eficiente de la planta docente estatal es condición necesaria para satisfacer la finalidad constitucional perseguida con la protección del derecho a la educación en sus diferentes componentes y dimensiones. En consecuencia, la falta de nombramiento oportuno de los docentes, o la destinación de estos en un número inferior al requerido para satisfacer las necesidades de los distintos planteles educativos oficiales del país compromete la prestación continua y permanente del servicio (disponibilidad) al tiempo que la permanencia y estabilidad de los docentes en las instituciones educativas contribuye a asegurar el acceso al sistema (accesibilidad), porque de ello depende la posibilidad de ampliación de cobertura educativa, y su prestación en condiciones de calidad (aceptabilidad). Así mismo, como se desprende de los casos ejemplificados, la vulneración del derecho a la educación en sus facetas de disponibilidad y aceptabilidad se ha concretado básicamente en las zonas más apartadas de la geografía nacional. Esto permite inferir sin lugar a equívocos, que actualmente existe un patrón de descuido progresivo en la educación de los niños, niñas y adolescentes residentes en estos lugares a pesar de que es en ellos donde justamente se acentúan los mayores niveles de vulnerabilidad. Es allí, donde la intervención del estado debe ser oportuna, integral y efectiva en aras de remover aquellos obstáculos de acceso y permanencia en el sistema educativo a los que regularmente se enfrenta este sector de la población y que en su común denominador según se ha podido constatar durante la función de revisión de tutelas, se encuentran asociados “a las largas distancias que deben recorrer los alumnos para asistir a sus clases, la deficiente infraestructura física de los establecimientos educativos, la escasa oferta de docentes, la duración de la jornada escolar” aunado a las dificultades propias del contexto socio económico de las regiones y al impacto que el conflicto armado ha tenido en algunas de ellas.[57] En este orden de ideas, el modelo publico educativo debe orientarse a evitar que los niños que habitan en zonas rurales o apartadas de la urbanidad no sean “los últimos de la fila” al momento de recibir educación. Caso Concreto 6.1. En el caso bajo estudio, el Personero Municipal manifiesta que la Institución educativa “Gilma Royero Solano” actualmente atiende las necesidades escolares de gran parte de la población del municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena y recibe estudiantes provenientes de otras zonas de la región, debido a la constante migración a la cabecera municipal por fuentes de trabajo y el devenir de quienes se van del pueblo y retornan. No obstante, advierte que la falta de asignación de docentes suficientes en dicho plantel educativo, por cuenta de la renuencia de la Secretaria de Educación Departamental en nombrarlos, ha obstruido el goce efectivo del derecho a la educación en condiciones de calidad y continuidad, así como el derecho a la dignidad humana de los estudiantes. 6.2. Partiendo de las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que, a la fecha, la institución cuenta con mil seiscientos treinta y cinco (1635) estudiantes registrados en el sistema integral de matrículas -SIMAT.- Se ocupa de prestar el servicio en los niveles preescolar, primaria, secundaria, media técnica y jornada nocturna de educación para adultos en sus diferentes sedes y está integrada por cuarenta y nueve (49) docentes y cinco (5) directivos. No obstante, a pesar de la ampliación de la cobertura educativa y de cupos escolares, la institución no ha podido atender el gran número de niños, niñas y adolescentes que demandan el servicio debido a la falta de nombramiento de algunos docentes. Sobre este último aspecto, la Rectora de la Institución expuso que la situación de ausencia de docentes en el plantel se viene presentando desde el año dos mil cuatro (2004) hasta la fecha. Este solo hecho ha generado que más de cincuenta y cuatro (54) docentes hayan sido constantemente nombrados, trasladados o retirados del servicio. Desde el dos mil cuatro (2004) hasta el dos mil catorce (2014) fueron nombrados veinticinco (25) docentes en propiedad y así mismo trasladados treinta y cinco (35) maestros, de los cuales seis (6) eran de tiempo completo. De este número total, diez (10) de ellos fueron trasladados en los últimos tres (3) años, pese a la necesidad del servicio y habiéndose constatado a través de varias auditorias, el número total de estudiantes matriculados en la institución. Lo anterior sin contar aquellos que fueron nombrados o trasladados y nunca se presentaron en la institución a ejercer sus funciones. Concretamente, en el año dos mil catorce (2014) y enero de dos mil quince (2015) fueron nombrados siete (7) docentes, cinco (5) de ellos en provisionalidad y a su vez trasladados cuatro (4) profesores, de los cuales uno (1) era de planta.[58] Estas circunstancias generaron vacíos en la prestación del servicio público de educación y, por consiguiente, vulneración de este derecho fundamental para los estudiantes de la institución oficial. A raíz de esta situación, en el año dos mil catorce (2014) existía la necesidad de doce (12) docentes en los niveles básica primaria, primaria, básica secundaria y media y en las áreas de educación física, ciencias naturales y educación ambiental, ingeniería ambiental, inglés, humanidades y castellano, matemáticas...