Sentencia T-135 de 2026

T-135-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-135/26 DERECHO AL TRABAJO Y A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE ACCESO AL TRABAJO-Resulta inconstitucional la interposición de barreras fundadas en estereotipos basados en género/MUJER EN EL CAMPO LABORAL-Discriminación (...) la (accionada) no podía abstenerse de efectuar el nombramiento de una mujer que superó satisfactoriamente un concurso de méritos, fundándose en su imposibilidad de portar una prenda de vestir tradicionalmente asociada al género femenino [zapato de tacón]. Máxime cuando el uso de dicho elemento no constituye un requisito esencial ni indispensable para el adecuado desempeño de las funciones propias del cargo. CARRERA ADMINISTRATIVA-Nombramientos en periodo de prueba PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO-Protección reforzada y especial de los derechos de la mujer CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración (...) la demandante fue nombrada en período de prueba en el cargo ofertado. DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Procedencia de tutela para la protección CONCURSO DE MERITOS-Procedencia de acción de tutela CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones DERECHO A LA IGUALDAD-Fundamental/IGUALDAD ANTE LA LEY-Alcance DERECHOS DE LAS MUJERES-Protección constitucional e internacional CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Contenido y alcance COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (COMITÉ CEDAW)-Recomendaciones generales para la protección de los derechos de las mujeres ESTEREOTIPO-Noción ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS VIOLATORIOS DEL DERECHO A LA IGUALDAD-Jurisprudencia constitucional ESTEREOTIPOS DE GÉNERO-Dan lugar a condiciones históricas de discriminación contra la mujer en varias facetas PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos DERECHO AL TRABAJO-Fundamental DERECHO AL TRABAJO-Núcleo esencial/DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración del núcleo esencial DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad DERECHO AL TRABAJO-Contenido PROHIBICION DE DISCRIMINACION Y CRITERIOS SOSPECHOSOS-Reiteración de jurisprudencia DERECHO DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Alcance/DERECHO DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Fundamental DERECHO DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Ámbito de protección CONCURSO DE MERITOS-Superadas las etapas no se pueden exigir requisitos adicionales para tomar posesión del cargo/IGUALDAD ANTE LA LEY-Vulneración DEBIDO PROCESO-Núcleo esencial DEBIDO PROCESO-Aplicación a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Equivale a la traducción jurídica del principio democrático y se manifiesta más precisamente en la exigencia de lex previa y scripta DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Finalidad/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Garantías mínimas DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS Y GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MÉRITOS-Reglas DERECHO AL TRABAJO Y PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN-Deber de eliminar barreras estructurales que dificulten el acceso en condiciones laborales equitativas y la independencia económica de las mujeres DERECHOS DE LAS MUJERES Y DEBER DE NO DISCRIMINACION POR RAZON DE GENERO-Estado tiene la obligación de eliminar los estereotipos de género hacia las mujeres ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Discriminación de género en las decisiones judiciales REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T - 135 de 2026 Referencia: expediente T-11.429.015 Asunto: acción de tutela de Aurora en contra de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la IPS. Tema: contenido y alcance del derecho fundamental al acceso a cargos públicos, sin discriminación por razones de género. Jurisprudencia relevante: C-298 de 2025, SU-360 de 2024, SU-339 de 2024, SU-067 de 2022, C-659 de 2016, C-835 de 2013, SU-554 de 2001 y SU-136 de 1998. Magistrado ponente: Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Síntesis de la decisión: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por Aurora contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la IPS, luego de que fuera excluida de un concurso de méritos por un diagnóstico de hallux valgus y por la supuesta imposibilidad de usar zapatos de tacón. La accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, debido a que dichas exigencias no estaban previstas en la convocatoria del concurso. La Corte concluyó que, durante el trámite de revisión, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues la FAC nombró posteriormente a la accionante en período de prueba. No obstante, la Sala consideró necesario emitir un pronunciamiento de fondo debido a la relevancia constitucional del asunto y a la necesidad de precisar el contenido y alcance de los derechos fundamentales comprometidos en casos de discriminación por razones de género en el acceso a cargos públicos. La Sala enfatizó que las entidades públicas no pueden incorporar exigencias de acceso al empleo basadas en estereotipos de género ni en criterios ajenos a las reglas previamente definidas en los concursos de mérito. Asimismo, reiteró que la convocatoria constituye la norma rectora del proceso de selección y que cualquier alteración intempestiva de sus condiciones vulnera el debido proceso administrativo, la igualdad y el acceso efectivo a cargos públicos. Finalmente, la Sala resaltó el deber de las autoridades judiciales de identificar y erradicar prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito institucional y exhortó tanto al juez de primera instancia como a los magistrados de segunda instancia a fortalecer su formación en perspectiva de género en la función judicial. Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026) De conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 1º del Acuerdo 05 de 2025[1], la Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, y por los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, que la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, profiere la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda de tutela 1. El 24 de junio de 2025 la señora Aurora radicó una acción de tutela en contra de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (también, «FAC») y en contra de LA IPS MR SAS (o «la IPS”)[2]. Su conocimiento le correspondió al Juzgado 003 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá (o «el Juzgado de primera instancia”). Mediante ella pretende cuatro cosas[3]: a. Que se declare que las demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, y a la igualdad. b. Que se le ordene a la FAC nombrarla en período de prueba en el cargo de “auxiliar de servicios, de inteligencia o de policía judicial o auxiliar para apoyo de seguridad y defensa, Código 6-1, Grado 11, identificado con el Código OPEC No. 126440” (o “el cargo ofertado”). c. Que se apremie a las demandadas con el fin de que no vuelvan a incurrir en comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, como los que ella relató en su escrito de tutela. d. Que se exhorte a la Comisión Nacional del Servicio Civil (o “CNSC”), al Ministerio del Trabajo (o «MinTrabajo”), y a la Superintendencia Nacional de Salud (o «SNS”) a que ejerzan sus funciones de inspección, vigilancia y control a fin de tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias para evitar comportamientos como los que dieron origen a esta acción. La demandante solicitó vincular a estas entidades, previo a impartir estas órdenes. 2. El fundamento fáctico para elevar estas solicitudes sería el siguiente[4]. La demandante es cabeza de familia y tiene a cargo a su hijo, Andersson Gerena Aurora, de 18 años al momento de revisar este trámite de tutela[5]. Según la demandante, ella y su hijo están clasificados en la categoría A3 del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (o «SISBEN”). La demandante dice que participó en un concurso público de méritos (la Convocatoria 1497 de 2020 – FAC) para proveer el cargo ofertado. Asegura que, después de presentar las pruebas correspondientes, ocupó el segundo lugar en la lista de elegibles y que, en total, se proveerían 49 vacantes idénticas. 3. La demandante relata que, después de ocupar el segundo lugar en la lista de elegibles, la FAC le indicó que debía hacerse una evaluación médica de ingreso. Y, para el efecto, la remitió a la IPS demandada. Según la demanda, el 12 de mayo de 2025 la IPS demandada le hizo a la demandante una prueba psicológica y unos exámenes médicos, de optometría y de audiometría. La señora Aurora asegura que los médicos de la IPS le informaron que los resultados eran satisfactorios. No se los entregaron. Señala que no le indicaron que tuviera “patologías de cuidado”[6]. Tampoco la remitieron a otros servicios de salud, ni le informaron que necesitara seguimiento médico[7]. 4. La accionante afirma que, el 16 de junio de 2025, recibió una comunicación de la FAC y le informaba que «no fue declarada apta para continuar con la etapa de nombramiento en período de prueba»[8] esto por cuanto las valoraciones médicas habían arrojado resultados incompatibles con el desempeño de las funciones del cargo ofertado. A raíz de esta comunicación, el mismo día, la demandante le solicitó a la IPS demandada una copia de los resultados de los exámenes del 12 de mayo de 2025. Se los entregaron el 17 de junio de 2025. Y ese día la demandante acudió nuevamente a la IPS demandada a practicarse los mismos exámenes que le habían practicado semanas atrás. Pero ahora por cuenta propia. El resultado de esta nueva valoración fue satisfactorio y las conclusiones decían que era apta para trabajar[9]. 5. Los resultados de la valoración del 12 de mayo de 2025 (que, recuérdese, se los entregaron el 17 de junio), daban cuenta de que su estado general de salud era normal. Salvo por dos cosas. Primero, tenía «insuficiencia venosa clase 1 de miembros inferiores»[10]. Aparecían algunas recomendaciones para tratarla: «hábitos de vida saludable, pausas activas, higiene postural, uso adecuado de elementos de protección personal, realizar ejercicios de vaciamiento venoso de miembros inferiores y uso de medias de compresión bajas»[11]. Y, por otro lado, se le diagnosticó un «aumento de volumen en cabeza de primer metatarsiano en ambos pies a predominio de pie izquierdo, con desviación hacia la lateral»[12]. 6. La demandante afirma que, en la respuesta que la IPS demandada le dio el 17 de junio de 2025 le informó que «no cumple con el perfil del cargo para [la FAC] […]»[13] y la explicación que le habría dado es que «las deformidades de pies en su caso de la cabeza del 1 metatarsiano generando Hallux valgus bilateral, generan alteración en la bipedestación prolongada, así como imposibilidad para el uso de la dotación/uniforme con uso de zapatos de tacón»[14]. La versión en español del Manual MSD para profesionales indica que el diagnóstico «hallux valgus» también se conoce como «juanete»[15]. 7. La demandante solicitó, además, que se adoptara una medida provisional consistente en «ORDENAR a la FUERZA AEROESPACIAL DE COLOMBIA no realizar ningún nombramiento en el cargo [ofertado]; que corresponda al segundo (2°) lugar de la Lista de Elegibles conformada y adoptada por Resolución 2065 del 25/03/2025 de la CNSC; mientas se decide de fondo la presente acción constitucional»[16]. Explicó que, comoquiera que la lista de elegibles está conformada por 108 personas y solamente hay 49 vacantes por proveer, es altamente probable que la lista se agote antes de resolver esta demanda de tutela[17]. 1.2. El trámite de admisión ante el Juzgado 003 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá 8. El 24 de junio de 2025 el Juzgado de primera instancia resolvió avocar conocimiento de la demanda; vinculó a la FAC, a la IPS demandada, a la CNSC, al MinTrabajo y a la SNS; y les concedió, a todas estas entidades, el término de dos días para que se pronunciaran sobre el asunto[18]. Asimismo, le ordenó a la CNSC publicar ese auto admisorio en sus páginas web oficiales «con el fin de que, los integrantes o interesados en la lista de elegibles para el [el cargo ofertado] intervengan en esta acción constitucional, si es su deseo hacerlo»[19]. Comoquiera que la demandante había solicitado la adopción de una medida provisional, el Juzgado de primera instancia resolvió negarla porque, en su concepto, lo solicitado provisionalmente coincidía con el objeto mismo de la tutela[20]. 1.3. Contestación de la Comisión Nacional del Servicio Civil[21] 9. La CNSC contestó la tutela en estos términos. Lo primero que alegó es que no estaba legitimada en la causa por activa. Explicó que la CNSC adelanta los trámites administrativos «hasta la conformación y firmeza de las listas de elegibles, siendo responsabilidad de la entidad finalizar el proceso con el respectivo nombramiento en período de prueba, posesión y evaluación de dicho período, así como decidir las actuaciones propias de la gestión del área de talento humano vinculado a ésta»[22]. Además, hizo un recuento de cómo se habían desarrollado las etapas de las que constaba la Convocatoria No. 1497 de 2020, mediante la que se proveería el cargo ofertado. Detalló que la demandante ocupó el segundo lugar de la lista de elegibles, lo que «le da derecho a ser nombrada en periodo de prueba»[23]. 10. Además, la CNSC sostuvo que la lista de elegibles cobró firmeza el 28 de marzo de 2025 «al no presentarse solicitudes de exclusión por parte de la Comisión de Personal de la Entidad nominadora»[24]. Mencionó que en este proceso de selección las Fuerzas Militares o la Policía Nacional eran las encargadas de hacer el estudio de seguridad respectivo, previo al nombramiento de la demandante en período de prueba[25]. Esto no era competencia de la CNSC. Por lo que concluyó solicitando que se desvincule a esa entidad del trámite constitucional y que se declare la improcedencia de la solicitud[26]. Y aportó algunas pruebas entre las que se encuentra la lista de elegibles y el acuerdo de la Convocatoria 1497 de 2020. 1.4. Contestación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana[27] 11. La FAC comenzó su defensa enunciando cuáles eran las etapas del proceso de selección correspondiente a la Convocatoria 1497 de 2020: convocatoria y divulgación; adquisición de derechos de participación e inscripciones; verificación de requisitos mínimos; aplicación de pruebas; conformación y adopción de la lista de elegibles; y estudio de seguridad. La FAC explicó que, en virtud del artículo 4 de la Resolución 2346 de 2007 (que regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales), la demandante acudió a la IPS demandada a realizar los exámenes médicos pre-ocupacionales. La FAC aseguró que el concepto de la IPS demandada era que la demandante no cumplía con el perfil requerido, puesto que presentaba restricciones médico-laborales que afectaban el rol laboral[28]. Sin embargo, en la contestación, la FAC no especificó cuáles eran tales restricciones. 12. La FAC expuso que la IPS demandada le explicó a la demandante que el concepto que había dado la IPS obedecía al diagnóstico de “Hallux valgus”, que la inhabilitaba para usar zapatos de tacón[29]. No obstante, la FAC aseguró que ese concepto médico se extendió de conformidad con el «profesiograma suministrado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como parte del proceso de exámenes médicos ocupacionales de ingreso»[30]. La FAC aseguró que la valoración médica que la demandante había solicitado de manera particular era, por esa sola razón, inidónea para demostrar su aptitud para ocupar un cargo dentro de la FAC[31]. Concluyó solicitando declarar improcedente la acción, porque no se le habían desconocido los derechos fundamentales a la demandante[32]. 1.5. Contestación de LA IPS[33] 13. En su escrito, la IPS demandada dijo que algunos hechos de la demanda (sobre todo, relacionados con la Convocatoria 1497 de 2020) no le constaban; y que en ningún momento le había dicho a la demandante que los resultados de los exámenes del 12 de mayo de 2025 fueran satisfactorios[34]. También alegó que las valoraciones que ella solicitó por cuenta propia el 17 de junio de 2025 «no eran con destino a la convocatoria para la cual se realizó los exámenes el 12 de mayo de 2025, toda vez que estos son acorde al profesiograma de la entidad y de la ARL POSITIVA»[35]. Hay, dijo, «una diferencia al momento de la emisión del concepto para los cargos que no tienen un profesiograma descrito y para aquellos que lo tienen como es el caso de [la FAC]»[36]. 14. La IPS demandada añadió que el médico que había valorado a la demandante el 12 de mayo de 2025, el señor Enrique Manuel Zabaleta Castellanos, había concluido que «[…] “no cumple con perfil de cargo para Fuerza Aérea Colombiana”. Hallazgo: se evidencia aumento de volumen en cabeza de 1er metatarsiano de ambos pies a predominio de pie izquierdo, con desviación hacia la lateral “idx Hallux valgus (adquirido) cie10 m201” […]»[37]. Los resultados de los exámenes respondían a «los lineamientos legales, técnicos y las exigencias de la entidad contratante»[38]. Entre estos lineamientos, la FAC solicitaba que los «pacientes con amputaciones o acortamiento o deformidades de miembros inferiores que alteren el apoyo en bipedestación y/o el equilibrio, deberán evaluarse con restricciones"»[39] [énfasis, resaltado y subrayado en el original]. 15. Con todo, Zona Médica MR explicó que «aquellas deformidades de pies en su caso de la cabeza del 1 metatarsiano generando Hallux valgus bilateral, generan alteración en la bipedestación prolongada, así como imposibilidad para el uso de la dotación/uniforme con uso de zapatos de tacón»[40]. En consecuencia, para la IPS demandada, la señora Aurora «no cumple con perfil de cargo para Fuerza Aérea Colombiana para la vinculación al cargo de secretaria»[41] [énfasis y resaltado en el original]. Por todo lo anterior, la IPS demandada solicitó que la tutela se negara con respecto a ella: porque había «actuado conforme a los parámetros establecidos en documentos legales, para emitir los conceptos médicos, observaciones, recomendaciones y/o restricciones»[42]. 1.6. Contestación de la Superintendencia Nacional de Salud[43] 16. La SNS contestó la tutela, diciendo que no está legitimada en la causa por pasiva, dado que «no ha emitido acto administrativo alguno ni ha participado en la evaluación médica de la señora Aurora. Tampoco ha sido requerida formalmente para investigar o pronunciarse sobre la actuación de la IPS en este caso particular»[44]. Sostuvo que no tenía la función de hacer exámenes de medicina ocupacional, ni de calificar la idoneidad y validez de los conceptos médicos ocupacionales emitidos por una IPS, ni las de ordenar su modificación o revocatoria[45]. Por tanto, solicitó su desvinculación del trámite. 1.7. Conducta procesal del Ministerio del Trabajo 17. Esta cartera ministerial guardó silencio durante el trámite, a pesar de haber sido vinculada en el auto admisorio. 1.8. La sentencia de Primera Instancia[46] 18. El 08 de julio de 2025 el Juzgado de primera instancia dictó sentencia declarando improcedente y, a la vez, denegando la solicitud de tutela. Aunque encontró acreditados los requisitos de legitimación en la causa por activa, legitimación en la causa por pasiva e inmediatez[47], consideró que la acción no satisfacía el requisito general de subsidiariedad. En su concepto, «la accionante tiene a su alcance otros mecanismos de defensa judicial, internos y externos al concurso, a los que no indicó haber acudido, ni explicó la razón por la que estos resultaran ineficaces»[48]. 19. En ese sentido, para el juez de primera instancia, la demandante debía acudir a la jurisdicción ordinaria y a la acción de cumplimiento «para solicitar el cumplimiento de un mandato legal específico y determinado, como los acuerdos rectores de la convocatoria»[49]. La acción de tutela no servía al propósito de obligar «a las entidades demandadas a realizar una interpretación diferente a los exámenes médicos y ocupacionales en los que resultó no apta para el cargo»[50]. El Juzgado de primera instancia añadió que «no resulta procedente utilizar este mecanismo sumario y excepcional para sustituir competencias, inclusive para hacer exigible un mandato legal concreto»[51]. 20. Por otro lado, el juez de primera instancia consideró que en el caso bajo estudio no estaba demostrada la inminencia de un perjuicio irremediable al que la demandante se viera expuesta. Para el juez de primera instancia, el hecho de que la actora no resultara apta para desempeñar el cargo ofertado –según él–, después de hacer el estudio de seguridad correspondiente[52], «obedece a factores técnicos que la propia entidad nominadora está gestionando, precisamente para que cada designación se efectúe de forma correcta»[53]. Sostuvo que «la negativa en el nombramiento de la tutelante se cimenta justamente en la aplicación rigurosa de los criterios médicos y ocupacionales establecidos por el acuerdo rector de la convocatoria»[54]; lo que «garantiza la transparencia y seguridad jurídica en los nombramientos»[55]. Por ahora, la accionante no tendría derechos exigibles[56]. 1.9. La impugnación de la demandante[57] 21. El 10 de julio de 2025 la demandante presentó un escrito de impugnación en contra de la sentencia de primera instancia. 22. El primer argumento que ofreció consistió en que el juez de primera instancia no abordó adecuadamente el problema jurídico puesto a su consideración. Explicó que el verdadero problema jurídico giraba en torno a una barrera «discriminatoria y eugenésica»[58] que había erigido la FAC en su contra, mediante la cual le impedía ejercer funciones secretariales –pese a que la demandante había ganado un concurso de méritos que le otorgaba ese derecho[59]–. La señora Aurora alegó que «en las reglas del concurso no se estableció requisito eliminatorio o inhabilitante de nombramiento por causa y con ocasión del uso de tacones»[60]. Incluso, los resultados indicaban que su marcha y equilibrio eran normales[61]. En general, dijo que reunía todas las condiciones necesarias para desempeñar el cargo. 23. Manifestó su inconformidad con la justificación que expuso la FAC para dejar de nombrarla en período de prueba: que no podía usar zapato de tacón. La demandante calificó esa alegación como «un motivo falaz, absurdo y ridículo para efectos de justificar su exclusión en la etapa de nombramiento en periodo de prueba»[62]. Añadió que la FAC no podía «discriminarla por razones médicas menores (arañas vasculares y juanetes) que en su caso son de naturaleza netamente estética sin ninguna incidencia en su equilibrio ni en su marcha»[63]. 24. En segundo lugar, en relación con el alegato de que la acción de cumplimiento –y no la de tutela– era el mecanismo idóneo en este asunto, la demandante señaló que ese remedio no era el apropiado, porque el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 dice expresamente que la acción de cumplimiento no procede para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela[64]. Además –y como tercer argumento–, señaló que, siendo 49 las vacantes por proveer y 108 los integrantes de la lista de elegibles, era altamente probable que todas las vacantes disponibles se hayan repartido cuando termine el trámite ordinario. Lo que la exponía al perjuicio irremediable de perder su derecho a desempeñar el cargo ofertado[65]. Advirtió que su posición dentro de la lista de elegibles sí le daba el derecho cierto e indiscutible a ocuparlo[66]. 25. El cuarto argumento con base en el cual impugnó el fallo de primera instancia consistió en que el juzgador confundió el estudio previo de seguridad –que se le hizo el 20 de abril de 2025– con el examen médico pre-ocupacional del 12 de mayo de 2025[67]. El primero era requisito indispensable para nombrarla en período de prueba. En síntesis, dijo que las conclusiones del juez de primera instancia sobre este punto en particular estaban desprovistas de cualquier sustento probatorio. Se trataba de exámenes distintos: el estudio de seguridad y el examen pre-ocupacional. 26. En quinto lugar, la demandante echó de menos cualquier esfuerzo argumentativo de las demandadas encauzado a explicar cómo es que su diagnóstico era incompatible con el ejercicio de las funciones secretariales que pretendía desempeñar para la FAC[68]. Sobre todo, cuando su equilibrio y su marcha eran normales según los resultados de los exámenes del 12 de mayo de 2025 (los que se le practicaron a solicitud de la FAC[69]). Y, por último, la demandante señaló que su condición de madre cabeza de familia en situación de pobreza extrema[70] la hacía un sujeto de especial protección constitucional. Cerró diciendo que «no pretende ni está buscando que se le regale o conceda ningún derecho que no le corresponda, pues el nombramiento que pide obedece al puesto que por mérito ganó»[71]. 1.10. La sentencia de segunda instancia[72] 27. El 29 de julio de 2025 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (o, simplemente «el Tribunal Superior de Bogotá») resolvió confirmar el fallo impugnado[73]. Para esta autoridad judicial, si bien la demandante tenía a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho –como lo decía el juez de primera instancia–, sí podía acudir a la acción de tutela como mecanismo principal para solicitar la salvaguarda de sus derechos fundamentales[74]. Esta conclusión se fundamentó en que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el ejercicio de este medio de control en el marco de un concurso de méritos puede resultar ineficaz, dado el tiempo que tarda en resolverse definitivamente la controversia: «cuando se resuelva el asunto ya no será posible reivindicar dichas garantías»[75]. 28. Ahora; a la hora de revisar el fondo del asunto, el Tribunal Superior de Bogotá encontró que la decisión de la FAC de no nombrar en período de prueba a la demandante se había fundamentado en un concepto médico que la declaraba como no apta para desempeñar el cargo ofertado[76]. Por eso, no se le podía atribuir a la FAC el desconocimiento de los derechos fundamentales de la demandante. Y, por otra parte, respecto del examen que la señora Aurora se practicó por su propia cuenta el 17 de junio de 2025 (cuyos resultados indicaban que era apta para trabajar) el Tribunal Superior de Bogotá indicó que «se trató de un examen de aptitud general, no el específico para el empleo al que se ha hecho referencia»[77]. Concluyó diciendo que ninguna entidad había desconocido los derechos fundamentales de la actora. 1.11. Trámites adelantados en sede de revisión 29. La Sala de Selección de Tutelas Número 11 de 2025 resolvió seleccionar para revisión el expediente de la referencia, después de estudiar dos insistencias. Una presentada por la Defensoría del Pueblo y otra por el magistrado Vladimír Fernández Andrade. Lo hizo con fundamento en el criterio objetivo de posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y con base en el criterio subjetivo de necesidad de materializar un enfoque diferencial. El reparto aleatorio del asunto le correspondió a la Sala Octava de Revisión de Tutelas, presidida entonces por el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. 30. No obstante, el asunto pasó a conocimiento de la Sala Tercera de Revisión de tutelas, de conformidad con el parágrafo transitorio del art. 1º del Acuerdo 05 de 2025[78]. El magistrado ponente recibió el expediente el 15 de diciembre de 2025. 31. El 25 de febrero de 2026 el magistrado sustanciador decretó unas pruebas. En primer lugar, le ordenó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a la IPS rendir un informe detallado, en el que debían precisar el fundamento normativo de la negativa de nombramiento, indicar si el uso de tacones era un requisito del cargo, explicar si dicho requisito fue informado en la convocatoria y justificar técnica y científicamente la supuesta incompatibilidad entre el diagnóstico de la accionante y las funciones del empleo. En segundo lugar, se dispuso que ambas entidades aportaran copia del profesiograma que orientó la valoración médica ocupacional. En tercer lugar, se solicitó tanto a la demandante como a la FAC allegar copia del estudio de seguridad realizado en el proceso de selección. Finalmente, se ordenó poner las pruebas a disposición de las partes para su contradicción antes de adoptar una decisión de fondo. 32. La señora Aurora, la IPS y la FAC contestaron los requerimientos oportunamente. La FAC informó que algunos de los documentos que aportó tenían reserva legal por estar relacionados con la seguridad nacional; y le trasladó el deber de reserva al magistrado sustanciador. De modo que de estos documentos no se corrió traslado a las partes del trámite. Aparte, la Defensoría del Pueblo rindió concepto dentro de este expediente, pidiendo que se concediera el amparo, con fundamento en que la negativa de la FAC obedecía a estereotipos de género que debían ser erradicados. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 33. La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución y con el Decreto 2591 de 1991. Previo a revisar el fondo del asunto, la Sala examinará si están dados los requisitos de procedencia de la acción de tutela. 2.2. Análisis de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto 34. Legitimación en la causa por activa. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dice que la persona que resulte vulnerada o amenazada en su esfera iusfundamental por una conducta específica puede acudir por sí misma a la acción tutela, o presentarla por medio de apoderado. En el caso concreto, la señora Aurora es quien, supuestamente, está soportando las consecuencias lesivas de la conducta que le atribuye a las demandadas. Y presentó la acción de tutela en nombre propio. Es decir, que está legitimada en la causa por activa. 35. Legitimación en la causa por pasiva. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dice que la acción se dirigirá contra la autoridad o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. 36. En el caso concreto, la conducta que habría lesionado o puesto en riesgo el derecho de la demandante a acceder a un cargo público consistió en que –a pesar de quedar dentro del grupo de elegibles para proveer el cargo ofertado–, no fue nombrada en período de prueba en virtud de un concepto médico que la encontró no apta para el desempeño del cargo. Pues bien; para definir quiénes están legitimadas en la causa por pasiva y quiénes no lo están es necesario recordar que los procesos de selección tienen estas fases: «la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas, la conformación de las listas de elegibles y el período de prueba»[79]. El nombramiento en período de prueba debe hacerlo «la entidad para la cual se realizó el concurso»[80]. 37. Sentado lo anterior, debe decirse que la única legitimada en la causa por pasiva es la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Fue esta la entidad para la cual se realizó el concurso; y es ella quien, por eso, debería hacer el nombramiento de la demandante en período de prueba. Esta es la entidad que, en últimas, habría violado los derechos fundamentales de la actora. Ninguna de las demás entidades vinculadas al trámite está legitimada en la causa por pasiva. Ni la IPS demandada, ni la CNSC tendrían la función de nombrar a la demandante en período de prueba para el cargo ofertado. Por otra parte, la demandante tampoco les atribuyó conductas específicas lesivas de sus derechos al MinTrabajo o a la SNS. 38. Por tanto, la Sala desvinculará de este trámite a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a LA IPS, al Ministerio del Trabajo, y a la Superintendencia Nacional de Salud. 39. Inmediatez. La Sala considera que el requisito de inmediatez está acreditado. El 16 de junio de 2025 la FAC le comunicó a la demandante que no la nombraría en período de prueba[81]. Luego, el 17 de junio de 2025 la señora Aurora se enteró de los motivos por los cuales no sería nombrada en esa calidad. Y presentó la acción de tutela el 24 de junio de 2025[82]. Es decir, siete días después. Este es un plazo más que razonable para acudir a la acción de tutela. 40. Subsidiariedad. En principio, cuando las listas de elegibles dentro de un concurso de méritos quedan en firme, los interesados en controvertir actos administrativos de contenido particular o general pueden acudir a la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo para solicitar su anulación[83]. No obstante, en algunos eventos, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la acción de tutela consiste en el principal mecanismo al alcance de una persona para controvertir una actuación desplegada en el marco de un concurso de méritos. Por ejemplo, cuando se deja de nombrar en el cargo a una persona dentro del grupo de elegibles[84]. Este es, precisamente, el debate que plantea la demandante: la FAC dejó de nombrarla con base en una barrera «discriminatoria y eugenésica»[85], derivada de su condición física y, aparentemente, por razones de género. 41. Esto hace que la solicitud de tutela se vuelva el mecanismo principal para controvertir esa posible arbitrariedad de la administración. A diferencia de lo que sostuvo el juez de primera instancia, la acción de cumplimiento no es un mecanismo idóneo ni eficaz para hacerlo. Fundamentalmente, porque los derechos cuya protección solicita la demandante son derechos de rango fundamental: el debido proceso, el trabajo, el acceso al desempeño de cargos y funciones públicas, y a la igualdad de trato ante la Ley. Estos derechos habrían sido desconocidos, aparentemente, con base en criterios sospechosos de discriminación: la supuesta imposibilidad de la demandante para utilizar una prenda de vestir –asociada tradicionalmente al género femenino–, debido a una condición física particular. Y esto, desconociendo sus resultados sobresalientes dentro del concurso de méritos. 42. El juez de primera instancia olvidó –como lo señaló la demandante en su escrito de impugnación– que «[la acción de cumplimiento] no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela»[86]. Aquí el debate es eminentemente ius fundamental. Incluso, amerita adoptar un enfoque diferencial con perspectiva de género para definir el contenido y alcance de los derechos fundamentales a la igualdad y a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas. Particularmente, cuando se les imponen a los concursantes barreras fundamentadas en el género, sin siquiera considerar los méritos que tienen para ocupar esos cargos y/o desempeñar esas funciones. El debate amerita la intervención del juez constitucional. 43. Para garantizar que en próximas oportunidades el juez de primera instancia cuente con elementos de juicio suficientes que le permitan identificar un problema jurídico que amerita su intervención como juez constitucional, la Sala lo exhortará a que curse el diplomado virtual para la práctica judicial: La función judicial en la protección de los derechos constitucionales, ofrecido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Asimismo, para que también cuente con conocimientos teóricos y prácticos suficientes a la hora de resolver un problema jurídico que podría involucrar discriminación por razones de género, lo exhortará a que curse el módulo de formación en incorporación de la perspectiva de género en la Rama Judicial, ofrecido por la misma Escuela Judicial. La Sala hará extensivo este exhorto a los magistrados que conformaron la Sala de decisión para emitir el fallo de segunda instancia. Lo anterior, puesto que no existe razón para realizar este llamado únicamente al juez de primera instancia, cuando –al resolver la impugnación– el Tribunal tampoco identificó posibles motivos de discriminación por razones de género. 2.3. Planteamiento del problema jurídico – metodología de solución 44. La Sala encuentra que debe resolver estos problemas jurídicos: ¿en el caso concreto ocurrió la carencia actual de objeto por hecho superado? ¿es necesario adoptar una decisión de fondo, pese a lo anterior? Y, en tal evento, ¿la FAC vulnera los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a acceder a cargos públicos y a la igualdad de un/a aspirante dentro de un concurso de méritos, cuando deja de nombrarlo/a en período de prueba –aun cuando está dentro del grupo de elegibles para el cargo ofertado– con fundamento en un concepto médico según el cual no es apto/a para desempeñarlo porque su diagnóstico de «Hallux valgus» le impediría, según ese mismo concepto médico, usar zapatos de tacón? 45. Si resultara necesario un pronunciamiento de fondo, la Sala concentrará su atención en definir si esa conducta desconoce los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, y a la igualdad de trato ante la Ley. Estos fueron los que la actora alegó que resultaban vulnerados por la demandada. Para resolver este problema jurídico, la Sala enunciará brevemente el contenido y alcance de todos y cada uno de estos derechos fundamentales. Dado que el caso tiene rasgos que indican la posible existencia de discriminación por razones de género en contra de la demandante, la Corte adoptará un enfoque diferencial con perspectiva de género al resolver el caso concreto. 2.4. La carencia actual de objeto. Las hipótesis del hecho superado, del daño consumado y de la situación sobreviniente[87] 46. La Corte ha identificado la existencia de ciertas hipótesis bajo las cuales no tiene sentido dictar un pronunciamiento de fondo respecto de los hechos puestos a su consideración a través de una acción de tutela[88]. Dichas hipótesis son (i) la del hecho superado, (ii) la del daño consumado, y (iii) la de la situación sobreviniente. Si el juez constitucional adoptara una decisión de fondo en cualquiera de estos escenarios, las órdenes que impartiera caerían en el vacío. Sencillamente, en estos escenarios el litigio iusfundamental dejó de existir, por distintas razones. 47. La primera de ellas hace referencia al escenario en el cual la causa que motivó la presentación de la acción de tutela desaparece «debido a una conducta desplegada por el agente transgresor»[89], que satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela[90] antes de que exista un pronunciamiento del juez constitucional que resuelva el asunto sometido a su consideración[91]. A efectos de definir si operó o no el fenómeno del hecho superado, la Corte ha identificado que, para su verificación, es necesaria la concurrencia de tres requisitos. A saber: (i) que ocurra una modificación en los hechos que originaron la acción; (ii) que esa modificación implique la satisfacción integral de las pretensiones de la demanda; y (iii) que sea resultado de una conducta asumida por la parte demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración cesó por un hecho imputable a esta[92]. 48. Si bien el juez constitucional «no está obligado a proferir un pronunciamiento de fondo»[93] en estos casos, sí puede referirse a los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela, para (i) condenar su ocurrencia, (ii) advertir sobre su falta de conformidad constitucional, o para (iii) conminar al accionado para evitar su repetición[94]. 49. Con respecto de la hipótesis del daño consumado, la Corte ha encontrado que se configura cuandoquiera que «la amenaza o vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela»[95]. En estos eventos la jurisprudencia de la Corte sí ha reconocido la obligación del juez constitucional de pronunciarse respecto al fondo del asunto, para que situaciones con características similares puedan evitarse en el futuro[96]. 50. Por último, la hipótesis de la situación sobreviniente —desarrollo reciente de la jurisprudencia constitucional— se configura en aquellos eventos en los que «la vulneración alegada cesa (…) como resultado de que el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque se presentó una nueva situación que hace innecesario conceder el derecho»[97]. Lo que diferencia a esta hipótesis de la del hecho superado radica en que aquí la amenaza o vulneración cesan al margen de la voluntad del demandado[98]. Para que se configure es necesario (i) que ocurra una modificación en las circunstancias que motivaron la presentación de la acción de tutela, (ii) que dicha modificación implique la pérdida de interés del accionante en que se acceda a sus pretensiones, o (iii) que estas no puedan ser satisfechas. 2.5. Núcleo esencial del derecho fundamental a la igualdad de trato ante la Ley – necesidad de eliminar de toda forma de discriminación contra la mujer por razones de género 51. El artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (o, simplemente, «CEDAW», por sus siglas en inglés) explica que la discriminación contra la mujer consiste en «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer […] de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera» en igualdad de condiciones con los hombres. Es decir que toda conducta en virtud de la cual la mujer resulte excluida de la vida política, económica, social, cultural o civil –por el solo hecho de ser mujer– es discriminatoria y debe ser corregida inmediatamente. 52. Consciente de esto, la Corte Constitucional ha reconocido que los artículos 13, 43 y 53 superiores proscriben la posibilidad de que las mujeres sean sometidas a cualquier discriminación por razones de su género, «adquiriendo una especial protección en el ámbito laboral»[99]. En este campo, dice la Corte, la discriminación contra la mujer suele provenir del intento por desconocer «el trato igualitario que ellas merecen, por medio de reducciones, exclusiones o restricciones sustentadas en estereotipos o generalizaciones que pretenden perpetuar patrones de dominación y sumisión inadmisibles»[100]. Así que el mandato de los artículos constitucionales recién enunciados comporta la obligación de eliminar toda barrera que se le imponga a una mujer –por su condición de tal– para participar, por ejemplo, en la vida económica y laboral en igualdad de condiciones con los hombres. 53. Con este contexto puede entenderse por qué el núcleo esencial del derecho a la igualdad de trato ante la Ley supone, en casos de discriminación por razones de género, la necesidad de adoptar medidas[101] que propugnen por la introducción y la adopción de nuevas escalas de valores[102]. Porque «las mujeres han padecido una situación de desventaja que impacta todos los aspectos de su vida, entre ellos, la familia, la educación y el trabajo»[103]. Y, como se vio, la Constitución contiene un mandato imperativo de promover las condiciones para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva[104]. Aquellas nuevas escalas de valores deben cimentarse sobre el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres[105] y deben permear todo ámbito de la vida política, económica, social, cultural y civil. 54. La jurisprudencia de esta Corte enseña que esta introducción de nuevas escalas de valores supone también superar todo estereotipo de género que limite la posibilidad de que la mujer se integre adecuadamente a la vida política, económica, social, cultural y civil[106]. Entendiendo por «estereotipo de género» toda «pre-comprensión o preconcepto acerca de las propiedades que definen o deben caracterizar a los hombres y a las mujeres o los roles que ellos y ellas deben cumplir socialmente y que […] pueden generar tratos y actuaciones discriminatorias que se suelen pasar por alto […] por encontrarse profundamente arraigadas en la cultura y en las costumbres sociales»[107]. Algunos de estos estereotipos de género son los roles de género: comportamientos atribuidos y esperados de hombres y mujeres a partir de construcciones sociales y culturales tradicionalmente aceptadas[108]. 55. Sobre esto último, la Sala Tercera de Revisión estima oportuno traer a colación las consideraciones que la Sala Plena de esta Corporación desarrolló en la sentencia C-659 de 2016, en la que se analizó la constitucionalidad de una disposición en virtud de la cual las mujeres resultaban excluidas de la prestación del servicio militar en igualdad de condiciones con los hombres. En particular, la disposición revisada establecía que el servicio militar para los hombres sería obligatorio; y que la mujer colombiana prestaría el servicio militar voluntario –u obligatorio cuando las circunstancias del país lo exigieran– en tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de defensa de la ecología y el medio ambiente, y en general, de las actividades que contribuyeran a la modernización y al desarrollo del país. Para los demandantes, la limitación del servicio militar femenino a dichas tareas constituía, por sí misma, una discriminación y trato desigual contra la mujer basándose para ello en su condición como mujer. 56. La Sala Plena trajo a colación distintos pronunciamientos de la Corte-IDH y concluyó que una diferenciación legal entre lo que podían hacer hombres y mujeres, basada en estereotipos de género, es inconstitucional porque constituye un criterio de asignación de funciones que perpetúa la discriminación contra la mujer. La Sala Plena recordó que, según la Corte-IDH, «estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente»[109]. En ese sentido, la Sala Plena sostuvo que, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, «todo estereotipo sobre las funciones que tenga como finalidad marginar, excluir a las mujeres en su acceso al trabajo que genere discriminaciones y restricciones a sus derechos y libertades, incluida la autonomía personal, es una violación de los artículos 1 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos»[110]. Estos estereotipos de género hacen que hoy en día subsistan «tratos legislativos diferenciales, socialmente admitidos que contienen efectos discriminatorios e impiden el goce de los derechos fundamentales de la mujer, como aquellas limitaciones en el acceso al trabajo que se fundamentan en estereotipos y son formas de discriminación indirecta»[111]. 2.6. Núcleo esencial del derecho fundamental al trabajo 57. El derecho a desempeñar un trabajo en condiciones dignas y justas es de raigambre constitucional[112]. La Corte ha explicado que el núcleo esencial de este derecho está conformado (i) por la facultad o libertad para seleccionar y desarrollar una labor remunerada; y (ii) por el conjunto de garantías y principios mínimos que lo integran[113]. El carácter interdependiente e indivisible de los derechos fundamentales supone que el derecho a la igualdad también juega un papel importante a la hora de definir el contenido y alcance del derecho al trabajo[114]. Fundamentalmente, porque siempre debe tenerse en cuenta que «(i) todos los trabajadores son iguales ante la ley, por lo cual deben recibir la misma protección y garantías; (ii) se debe brindar igual trato a los trabajadores que se encuentran en igualdad de condiciones, y diferente a quienes se encuentren en situaciones distintas y (iii) está prohibida la discriminación basada en criterios sospechosos»[115]. 58. Además, el derecho al trabajo está conformado por estas garantías particulares: «(i) el reconocimiento del trabajador como sujeto titular de derechos; (ii) la eliminación del trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre; (iii) la fijación de una edad mínima para trabajar, la abolición de la explotación laboral o económica y de los trabajos riesgosos para los niños, niñas y adolescentes; (iv) la realización del mandato de igualdad ante la ley y la prohibición de otorgar a los trabajadores tratos diferenciados injustificados; (v) la garantía de un entorno seguro y saludable de trabajo; (vi) una remuneración mínima acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada; (vi) el reconocimiento y goce del derecho al descanso; (vii) el principio de progresividad en el goce de las reivindicaciones laborales y (vii) la libertad sindical junto con el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva»[116]. 59. Por otro lado, esta Corporación ha sentado que el núcleo esencial del derecho al trabajo se desconoce en el marco de un concurso público de méritos cuando, por ejemplo, la autoridad competente modifica las condiciones y requisitos de participación y calificación[117]. O cuando el nominador deja de nombrar a una persona a pesar de que su posición meritoria en la lista de elegibles la calificaba para ocupar el empleo ofertado[118]. A esa persona se le impide desempeñar un empleo en condiciones dignas y justas, porque tiene el derecho adquirido a desempeñar un cargo público y la administración se lo restringe injustificadamente. Finalmente, el derecho al trabajo también resulta vulnerado cuando las autoridades dejan de implementar los ajustes razonables que una persona con discapacidad requiere para desempeñar las funciones encomendadas (o sea, los ajustes que facilitan la labor de la persona con alguna situación especial de salud y que no implican una carga indebida o desproporcionada para la entidad)[119]. 2.7. Núcleo esencial del derecho a desempeñar cargos y funciones públicas 60. La Constitución Política de Colombia enuncia el derecho de todo ciudadano a «participar en la conformación, ejercicio y control del poder político»[120]. Para hacer efectivo ese derecho, el titular puede «acceder al desempeño de funciones y cargos públicos»[121]. No obstante, por lo general «los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera»[122]. Esta última consiste en «un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público»[123]. El ingreso y la permanencia en un empleo de carrera administrativa debe basarse exclusivamente en el mérito y no puede fundamentarse en discriminación alguna fuera de él[124]. 61. En ese sentido, la condición física de una persona —incluso cuando se trata de una discapacidad— no puede erigirse como fundamento para restringir su acceso a cargos públicos. Por el contrario, de ello se deriva un deber jurídico claro para el Estado: adoptar ajustes razonables y medidas diferenciales orientadas a remover las barreras que impidan el acceso y permanencia en la función pública[125]. Esta obligación, reiterada en la Ley 909 de 2004, manifiesta la existencia de un principio según el cual la administración debe adecuar las condiciones del empleo cuando las particularidades físicas o sociales de una persona dificulten el desempeño de ciertas funciones, siempre que estas sean compatibles con el cargo. En consecuencia, el Estado vulnera el derecho de acceso a cargos públicos cuando, en lugar de realizar dichos ajustes, impone exigencias que excluyen injustificadamente a quienes requieren tales medidas para participar y ejercer el empleo en condiciones de igualdad. 62. Ahora bien; si ese es el umbral que debe orientar la actuación administrativa —la eliminación de barreras que impidan el acceso al empleo público en igualdad de condiciones, incluso cuando se trata de personas con discapacidades—, resulta que la administración también desconoce el núcleo esencial de este derecho cuando impone barreras fundadas exclusivamente en la condición física o social de los participantes, pese a que esta no afecta su idoneidad ni su aptitud funcional para desempeñar el cargo ofertado. Una barrera de este tipo es discriminatoria, porque, a primera vista, irrespeta los principios del mérito y la igualdad material –que son los que rigen la función administrativa[126]–. Es decir, que una conducta semejante desconocería la accesibilidad universal a los empleos públicos de carrera administrativa, principio enunciado en el artículo 28.B de la Ley 909 de 2004. 63. Tal conducta engrosaría la lista de conductas que desconocen el derecho de acceder a cargos públicos[127]. La Corte ha identificado que este derecho resulta vulnerado (i) cuando se entorpece la posesión de una persona que ha cumplido con los requisitos para acceder a un cargo público[128]; (ii) cuando –a pesar de que el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos– se establecen requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo[129]; (iii) cuando, injustificadamente, deja de nombrarse a la persona que ocupa un lugar en la lista de elegibles[130]; o (iv) cuando se remueve de manera ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona que ocupe un cargo público[131]. 2.8. Núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia[132] 64. El núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso radica en la garantía que tiene toda persona a no ser privada de un derecho, sin que se cumpla el trámite normal previamente descrito en la ley para ese efecto[133]. En esto consiste el principio de legalidad. De él emerge la necesidad de que el procedimiento (judicial o administrativo) mediante el cual se resuelve sobre la concesión o denegación de un derecho particular y concreto sea previsible. Esa previsibilidad del procedimiento restringe o limita la posibilidad de que los particulares sean víctimas de la arbitrariedad de la administración y de sus agentes[134]. En suma, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que, para garantizar este derecho efectivamente, «toda actuación del Estado y, con ello de sus servidores públicos, deberá estar fundada en una norma jurídica previa, escrita y cierta»[135]. 65. Del principio de legalidad emergen las demás garantías que conforman el núcleo esencial del debido proceso. Por ejemplo, es indispensable que la Ley le haya atribuido, de manera previa y expresa, el conocimiento y la tramitación de cada asunto a la autoridad que lo está adelantando[136]. También es fundamental que el procedimiento sea público[137], de modo que cualquiera pueda testificar si se respetaron o no todas las garantías mínimas fundamentales preestablecidas en la Constitución y en la ley. Sobre esto, hay que tener en cuenta que el debido proceso no se agota en el respeto formal de los trámites (o sea, en seguir el paso a paso del procedimiento tal y como está descrito), sino que debe integrarse con la aplicación de normas sustantivas superiores[138]. Esto exige, por ejemplo, que el debido proceso sea considerado con perspectiva de género ante casos de discriminación por razones fundamentadas en el género[139]. 66. Como garantías integrantes del debido proceso pueden mencionarse: la obligación de las autoridades de escuchar a los particulares hasta concluir el trámite, cualquiera que sea[140]; su deber de notificarlos en debida forma de las actuaciones que se surtan y/o vayan a surtirse[141]; su deber de dejarlos participar desde el inicio del trámite hasta su culminación (garantizándoles la posibilidad que tienen de defenderse, de presentar pruebas y de controvertirlas)[142]. Las autoridades también deben motivar sus decisiones, exponiendo las razones de hecho y de derecho que las llevaron a resolver el asunto en uno u otro sentido[143]. La motivación resulta esencial, especialmente cuando se adoptan decisiones que afectan derechos fundamentales[144]. Además, en relación con las decisiones que tomen, las autoridades deben proferirlas en un plazo razonable[145] y permitir que los interesados las impugnen si es su decisión[146]. 67. En los concursos de méritos para acceder a la función pública, el debido proceso supone que la administración y los participantes se sujeten a las condiciones preestablecidas en la convocatoria. Esta «es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el concurso, a los participantes»[147]. Allí debe constar la «clase de pruebas [a aplicar]; su carácter eliminatorio o clasificatorio; el puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias; el valor de cada prueba dentro del concurso; fecha, hora y lugar de aplicación»[148]. Cualquier modificación de la convocatoria debe publicarse antes de iniciar el período de inscripciones[149]. Después de esta etapa, «la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas»[150]. 68. En general, el desconocimiento de las reglas del concurso vulnera la confianza legítima y los derechos de los concursantes[151]. Ni siquiera la discrecionalidad del nominador legitima su arbitrariedad, pues toda actuación debe mantenerse dentro de los procedimientos descritos en la Constitución y en la ley[152]. De este modo, al garantizarle al interesado que su situación jurídica será resuelta conforme a normas preexistentes, se restringe la arbitrariedad de la administración y de sus agentes. Por eso, esta garantía –el debido proceso– permea el trámite de los concursos de méritos[153]. Además, contribuye a conservar la vigencia de un orden justo, fin esencial del Estado conforme a nuestra Carta Política[154]. III. EL CASO CONCRETO 69. Para efectos de establecer adecuadamente el contexto fáctico dentro del cual ocurrió la supuesta transgresión de los derechos fundamentales de la demandante, la Sala enunciará qué hechos e...