Sentencia T-129 de 2011

T-129-11 Sentencia T-129/11 Sentencia T-129/11 DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Protección constitucional/MULTICULTURALIDAD Y MINORIAS-Protección constitucional Es amplia y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en distintos contextos ha protegido a las comunidades indígenas del país. El referido precedente se ha edificado en los principios fundamentales de la Carta Política contemplados en el artículo séptimo, referente a la protección de minorías raciales y culturales, el cual establece que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. De ese artículo se extraen elementos esenciales como el reconocimiento estatal y la protección a la diversidad étnica y racial. Así, la Carta Política, sobre la base de los principios de dignidad humana y pluralismo, reconoce un estatus especial de protección con derechos y prerrogativas específicas a las comunidades étnicas para que bajo sus usos y costumbres hagan parte de la Nación. De otra parte, la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva o incluso de religión, raza, lengua, etc. Lo cual refuerza la necesidad de protección del Estado sobre la base de la protección a la multiculturalidad y a las minorías. RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL-Protección/CONSTITUCION ECOLOGICA O AMBIENTAL CONSTITUCION CULTURAL-Concepto LICENCIA AMBIENTAL Y DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO PARA LA PROTECCION DE BIENES DE INTERES CULTURAL-Obligatoriedad DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Reiteración de jurisprudencia Si bien la metodología de análisis y la solución de los casos concretos ha variado conforme a las exigencias propias de cada asunto, desde el principio se advierte que la Corte le ha dado el tratamiento a la consulta previa de un derecho fundamental, del cual son titulares los grupos étnicos del país y a su vez hacen parte las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y gitanas. En la jurisprudencia relacionada, la Corte, salvo por razones de inmediatez o ante la circunstancia de encontrar elementos de juicio que permitan dilucidar que la consulta previa sí se efectuó, ha ordenado mayoritariamente ante la gravedad de las problemáticas estudiadas la suspensión de los proyectos u obras que tienen la potencialidad de afectar o que han afectado territorios de comunidades étnicas hasta que no se garantice el derecho a la consulta previa. Del mismo modo, recientemente se ha ordenado la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado. Además, se han adoptado otras medidas como la indemnización y reparación de las comunidades afectadas cuando el daño ha sido ocasionado o cuando se advierte la potencialidad del mismo. DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA CONSULTA PREVIA-Desarrollo normativo y jurisprudencial/CONVENIO 169 DE ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Consulta previa a pueblos indígenas CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO ANTE MEDIDAS DE INTERVENCION EN TERRITORIOS ETNICOS-Derecho a compartir beneficios DERECHO DE LAS COMUNIDADES ETNICAS Y PRINCIPIO PRO HOMINE-Aplicación El principio de interpretación pro homine impone la aplicación de las normas jurídicas que sean más favorables al ser humano y sus derechos; en otras palabras, la imposición de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Este principio está contemplado en los artículos 1º y 2º Superiores, puesto que en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho. Así mismo, es un fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, por parte de todas las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. CONSULTA PREVIA Y CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO DE LAS COMUNIDADES ETNICAS-Requisitos o reglas jurisprudenciales COMUNIDADES ETNICAS-Medidas para garantizar respeto y protección y para evitar desplazamiento CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES ETNICAS EN PROYECTO CONSTRUCCION DE CARRETERA, INTERCONEXION ELECTRICA BINACIONAL Y CONCESION DE MINAS EN CHOCO CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Exhorto al Congreso Referencia: expediente T-2451120 Acción de tutela ejercida por Oscar Carupia Domicó y otros, a nombre de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito pertenecientes a la etnia Embera-Katío contra los Ministerios de Transporte, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Interior y de Justicia, de Minas y Energía, de Agricultura, de Defensa, el Consejo Asesor de Regalías adscrito al Departamento Nacional de Planeación, las alcaldías de Unguía y Acandí, la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), el Ejército Nacional, la Brigada XVII y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D. C., tres (03) de marzo de dos mil once (2011). La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Oscar Carupia Domicó y otros, a nombre de los resguardos Embera-Katío, Chidima-Tolo y Pescadito contra el Ministerio de Transporte y otros. Para efectos metodológicos la Sala reseña a continuación, de manera esquemática, el contenido de la providencia: Tabla de contenido de la Sentencia T/ de 2011 I. ANTECEDENTES. - 4 - 1. Hechos. - 4 - 1.1. Introducción. - 4 - 1.2. De la construcción de la carretera. - 5 - 1.3. Del proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá. - 7 - 1.4. De la concesión minera en el municipio de Acandí. - 8 - 1.5. De la ocupación ilegal del territorio y el peligro de desplazamiento. - 9 - 1.6. Solicitud de amparo. - 10 - 2. Trámite procesal. - 12 - 3. Contestación del Ministerio de Transporte. - 12 - 4. Intervención del Instituto Nacional de Vías (Invías). - 13 - 5. Contestación del Ministerio de Agricultura. - 13 - 6. Contestación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. - 14 - 7. Contestación del Ministerio de Minas y Energía. - 14 - 8. Intervención de Interconexión Eléctrica SA (ISA). - 14 - 9. Contestación del Ministerio del Interior y de Justicia. - 15 - 10. Contestación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. - 15 - 11. Contestación del Ministerio de Defensa. - 16 - 12. Contestación de la Alcaldía de Unguía. - 16 - 13. Contestación de la Décimo Séptima Brigada de las Fuerzas Militares. - 17 - II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN. - 17 - 1. Sentencia de primera instancia. - 17 - 2. Impugnación. - 18 - 3. Sentencia de segunda instancia. - 19 - III. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.. - 19 - IV. INTERVENCIONES AMICUS CURIAE EN SEDE DE REVISIÓN. - 20 - 1. Intervención del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJuSticia). - 20 - 2. Intervención del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). - 22 - 3. Intervención de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental y del Proyecto Cátedra Viva Intercultural de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. - 23 - 4. Intervención de la Comisión Colombiana de juristas (CCJ). - 24 - V. DECRETO DE PRUEBAS EN SEDE DE REVISIÓN. - 27 - 1. Intervención del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). - 29 - 2. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. - 30 - 3. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana. - 31 - 4. Intervención de la Asociación Nacional de Industriales (Andi). - 33 - 5. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. - 33 - 6. Inspección judicial efectuada por la Corte Constitucional. - 35 - 7. Vinculación del Instituto Colombiano de Geología Minería (Ingeominas), de la empresa de interconexión eléctrica S.A ESP-ISA y las empresas Gold Plata Corporation y Minerales del Darién SA. - 36 - 8. Traslado efectuado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento. - 37 - VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. - 38 - 1. Competencia. - 38 - 2. Presentación del caso y planteamiento de los problemas jurídicos. - 38 - 3. Protección constitucional especial de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Reconocimiento en materia indígena y autonomía en sus territorios. - 40 - 4. De la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. - 43 - 4.1. Constitución ecológica o ambiental. - 44 - 4.2. Constitución cultural. - 49 - 4.3. De la obligatoriedad de la licencia ambiental y del Plan de Manejo Arqueológico para la protección de bienes de interés cultural. - 52 - 5. Tensión entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. - 56 - 6. El derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa respecto de obras, proyectos y/o actividades que tengan la potencialidad de afectar sus territorios. Referente jurisprudencial en la materia. - 64 - 6.1. Jurisprudencia en materia de consulta previa en sentencias de tutela. - 64 - 7. De la importancia de lograr el consentimiento libre, previo e informado ante las medidas de intervención en territorios étnicos y el derecho de las comunidades de compartir los beneficios. - 71 - 8. Requisitos jurisprudenciales para la realización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento libre e informado de las comunidades étnicas. - 79 - 9. Análisis del caso concreto. - 81 - 9.1. Introducción. - 81 - 9.2. Aclaración preliminar. - 82 - 9.3. Metodología de resolución del caso. - 83 - 9.4. De la construcción de la carretera. - 83 - 9.5. Del proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá. - 92 - 9.6. De la concesión minera en el municipio de Acandí. - 96 - 9.7. De la invasión, ocupación ilegal y explotación del medio ambiente y de la omisión estatal de protección ante el peligro de desplazamiento de la comunidad implicada. - 101 - 9.8. Medidas generales para garantizar el respeto y la protección de las comunidades étnicas de la Nación. - 114 - VII. DECISIÓN.. - 116 - I. ANTECEDENTES Oscar Carupia Domicó, Doralina Domicó y Rosa Domicó[1] en calidad de integrantes del resguardo Chidima-Tolo y Pescadito ubicado en el municipio de Acandí (Chocó) y pertenecientes a la etnia Embera Katío, interpusieron la presente acción de tutela en contra de las entidades referenciadas por considerar vulnerados sus derechos a la consulta previa, a la participación, a la propiedad colectiva, a no ser desplazados, al debido proceso, al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, a la vida y subsistencia como pueblo indígena. Los problemas generales por las que interponen la presente acción de tutela y por la que solicitan que se protejan sus derechos pueden ser resumidos en los siguientes términos: (i) los trabajos correspondientes a una carretera que atravesaría los resguardos; (ii) el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá; (iii) los trámites de concesión minera para explotación de oro; y (iv) la invasión ilegal del territorio, así como el peligro de desplazamiento por la expectativa económica de las obras y proyectos. 1. Hechos 1.1. Introducción. Afirman los accionantes que en el año 2001, mediante las resoluciones números 005 y 007 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora, se constituyeron los resguardos indígenas Chidima-Tolo y Pescadito, de la comunidad Embera – Katío, integrado el primero por tres lotes y el segundo por uno, localizados en jurisdicción del corregimiento Peñaloza, municipio de Acandí, Departamento del Chocó. Sostienen que desde la constitución de los resguardos indígenas los miembros de la comunidad Embera han sufrido por las constantes invasiones a su territorio, las cuales generalmente han ido en detrimento de los recursos naturales presentes en estos, que son de gran importancia para la región y principalmente para su comunidad, que se provee directamente de ellos para suplir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y desarrollo de las actividades propias de su cultura y tradición indígena. Informan que la comunidad Chidima Tolo está conformada por aproximadamente 66 personas, agrupadas en 13 familias, donde aproximadamente el 50% de ellos son de sexo femenino y el otro 50% de sexo masculino (según estudio realizado para la constitución del resguardo). A juicio del Gobernador del resguardo se estima que la población ha aumentado en un 35% aproximadamente. En cuanto a la comunidad de Pescadito, especifican que está conformada por aproximadamente 8 familias y un total de 49 personas, con un crecimiento del 20% según apreciación de su Gobernador. 1.2. De la construcción de la carretera. Informan que en varias oportunidades y con diferentes nombres se ha iniciado la construcción de la vía Acandí-Unguía, que tiene como objetivo unir por vía terrestre a estos dos municipios. Según información de la Defensoría del Pueblo (Resolución Defensorial 051 de 2007), el Ministerio de Transporte, mediante el proceso de audiencias públicas coordinado por Planeación Nacional, realizó la adjudicación de mil cuatrocientos veinte ($1.420) millones de pesos para el mantenimiento y mejoramiento de esta vía. Este recurso, también según el Ministerio, se ha venido ejecutando a través de dos convenios independientes: uno, en fase de iniciación, con el municipio de Acandí; y otro, en fase final, con el municipio de Unguía. Según informes de la Defensoría, el Ministerio de Transporte ha señalado que los dos extremos de la vía, en Unguía y en Acandí, están separados aproximadamente por cuatro kilómetros. Tramo que atraviesa los resguardos indígenas de Chidima y de Pescadito. Exponen que el Ministerio ha respondido a la Defensoría que se trata de un eje vial de carácter terciario que se inició a través de caminos vecinales hace 24 años, cuando no existían las normas ambientales de hoy. Por este motivo no se ha solicitado licencia ambiental y no se ha realizado la consulta previa. Sin embargo, sostienen que, sin respetar el derecho a la consulta previa, para la ejecución de estas obras se firmaron contratos interadministrativos entre el Invías y los respectivos municipios cuyo objeto consistió en el “mejoramiento de la vía Acandí-Unguía” en la jurisdicción de cada municipio. Según informes de la Defensoría en el documento citado, en el texto de los contratos no se hizo ninguna aclaración de las obras específicas que se iban a ejecutar en cada uno de los contratos referidos. A juicio de los peticionarios, la constitución tan general de los contratos, sin la especificación de los tipos de obras, habría sido aparentemente el motivo para no solicitar la licencia ambiental, con una justificación que no corresponde a la verdad, pues según el objeto del contrato sería realizar el mantenimiento de la carretera y no la construcción de una vía como está ocurriendo en realidad. Enfatizan que no existe la vía por lo que en sus terrenos se tendrán que hacer excavaciones manuales y mecánicas, rellenos, obras geotécnicas y construcción de obras de arte como filtros, cunetas y drenes, entre otras, que van a afectar no sólo su derecho a la consulta previa sino también la estabilidad de las viviendas, la caza y la pesca, además de perjudicar gravemente su cultura. Anotan que la carretera contratada por el Ministerio de Transporte con las Alcaldías de Unguía y Acandí no está conectada, ya que los cuatro kilómetros que atraviesan los resguardos indígenas de las comunidades Chidima y Pescadito del pueblo Embera-Katío están sin construir. Lo que evidencia la necesidad de agotar el proceso de consulta previa ya que afecta una comunidad étnica de especial protección constitucional. Según su visión del problema, la actitud del Ministerio, de la autoridad ambiental local y de las alcaldías de Unguía y Acandí ha llevado a que las comunidades indígenas tengan que enfrentarse de manera permanente con las autoridades locales, especialmente con el alcalde de Acandí, los colonos y los funcionarios de las empresas contratadas para la ejecución de la obra de la carretera, para impedirles el ingreso a los territorios de los resguardos. Circunstancia que representa para la comunidad perteneciente al Pueblo Embera un grave riesgo de desplazamiento de sus territorios, sumado a la colonización del territorio ancestral por parte de personas que no pertenecen a su etnia y que no comparten su cultura. Informan que el 31 de diciembre de 2008, mediante el Acuerdo Núm. 076, el Consejo Asesor de Regalías aprobó “proyectos a ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías y se designa su ejecutor”. En la aprobación de recursos se incluye nuevamente un mejoramiento y terminación de la vía que denominan Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, en el “sector K26-00 al K34-700”, afectada según dice el Consejo “por la ola invernal en el municipio de Acandí, Departamento del Chocó”. Esta obra tiene un valor aprobado de $3.248.256.520 millones de pesos. Adicionalmente, señalan que el responsable de la ejecución de esta obra según el mismo Acuerdo Num.076 ya citado, es la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Precisan que la vía Acandí-Unguía, como está determinada en los contratos interadministrativos, o vía Titumate- Balboa- San Miguel – Acandí, en la asignación de recursos del Consejo Asesor de Regalías, según Acuerdo Núm. 076 de 2008, no ha sido consultada pese a que afectará gravemente a las comunidades étnicas que se encuentran asentadas en la zona, especialmente aquellas pertenecientes al pueblo Embera de los resguardos de Chidima y Pescadito. Comentan que el 14 de mayo de 2009, en el municipio de Acandí fueron abordados por el alcalde, el Personero, el Secretario de Obras Públicas y el Presidente del Concejo para que hicieran una reunión esa misma tarde y firmaran un acta para permitir la entrada de los ingenieros militares al territorio de los resguardos a terminar los cuatro kilómetros que faltan de la carretera. Agregan que se está desconociendo la Observación Individual de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones –CEARC- de la OIT, que se pronunció expresamente sobre el caso de estos dos resguardos, en los siguientes términos: “la Comisión solicita por lo tanto al Gobierno que garantice plenamente la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión de los pueblos referidos, tal como lo establece el artículo 14, 2, del Convenio, que proceda a proteger las demás tierras ocupadas tradicionalmente a los efectos del reconocimiento de la propiedad y posesión, y que suspenda las actividades derivadas de concesiones de exploración otorgadas y/o proyectos de infraestructura, en tanto no se proceda a la aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio y que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas”. De otra parte, exponen que el Coronel Alonso Díaz Gómez, quien se identifica como segundo comandante y JEM BR. 17, el 06 de mayo de 2009 informó acerca de una autorización que les dio la comunidad Cuna de Arquía para la construcción de otra carretera y la aduce como una autorización general para actuar en el Darién, donde existen otras etnias que deben ser consultadas, por lo que estiman que se está confundiendo la vía de Unguía al resguardo de Arquía con la que atraviesa los resguardos de Pescadito y Chidima en Acandí, obra para la que insisten no se ha realizado la consulta previa.[2] Reiteran que se trata de etnias diferentes, unas pertenecientes al pueblo Cuna y otras al pueblo Embera, quienes habitan los resguardos de Pescadito y Chidima, que nunca han sido consultados sobre la construcción de la vía. 1.3. Del proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá. Afirman que existe un proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá que se encuentra en etapa de factibilidad, cuyo inicio está condicionado al avance en la ejecución de los estudios técnicos y ambientales requeridos (actualmente en contratación y ejecución). Comentan que las comunidades a las que representan desde septiembre del 2007 vienen manifestando que, sin tener en cuenta el procedimiento de consulta previa, ingenieros de la empresa Interconexión Eléctrica S.A (ESP-ISA) han estado dentro del territorio realizando mediciones y señalando los puntos geo-referenciados donde se colocarían las torres para la electrificación, apoyados en fotografías satelitales del territorio. Ponen de presente que en la página web de ISA se indica: “Desde 2001, ISA y la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. –ETESA– de Panamá, actuando como promotores del mercado de energía, han adelantado estudios de viabilidad técnica para el desarrollo del proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, el cual constituye un paso fundamental en la consolidación de un mercado supraregional, que aproveche las ventajas y potencialidades de las dos regiones”. Consideran que los referidos estudios se han llevado a cabo sin realizar el proceso de consulta previa, además que desconoce el resultado de los anunciados estudios y su impacto sobre las comunidades étnicas de la zona. En este caso, además, estiman que se vulnera el artículo 7.4. del Convenio 169 de la OIT que establece que “[l]os gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”. Adicionan que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial informó que la licencia ambiental para este proyecto se encuentra en trámite y por ahora se está realizando el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en el cual, según el Ministerio, “no es exigible la consulta previa”. Precisan que los ingenieros contratistas de la Empresa de Interconexión Eléctrica ISA solicitaron a Oscar Carupia, en calidad de representante de la comunidad Chidima, su compañía durante la visita de localización de las coordenadas necesarias para la verificación del trazado de la línea y los lugares en donde quedarían las torres, que atravesarían el lote Núm. 3, ubicado en el costado sur-oriental, con una distancia de 1.062 metros; el lote Núm. 2, al sur de la rivera del río Tolo en una distancia de 549 metros; y el lote uno, continuando en la rivera sur del río Tolo, atravesándolo hasta unirse con el trazado de la vía que conduce al casco urbano de Acandí, en 520 metros. Finalmente, por la línea de interconexión eléctrica tendría un trazado en dirección al municipio de Acandí, sobre el resguardo de Pescadito, en una distancia de 1.445 metros, aproximadamente. Estiman que la servidumbre para dicha línea es de aproximadamente 30 metros a lado y lado de la línea de energía, por lo que se generaría un corredor de 60 X 3.576 metros correspondientes a la longitud total que atraviesa la línea de los territorios de los resguardos, creando así un área aproximada de afectación de 214.560 metros, equivalente a 21,45 hectáreas. Adicionan que la intervención del territorio conlleva la destrucción de la biodiversidad, lo que configura un grave riesgo para los derechos de la comunidad indígena, puesto que una línea de las características descritas, agravaría los efectos de una nueva fragmentación del territorio de las dos comunidades indígenas. 1.4. De la concesión minera en el municipio de Acandí. Afirman que el Ministerio de Minas y Energía ha otorgado una concesión minera en el municipio de Acandí, comprendida entre el río Muerto y el río Tolo, en un área de 40.000 hectáreas, para actividades de prospección, exploración y explotación de minerales a la empresa Gold Plata Corporation. Precisan que al igual que en los casos anteriores, aún no se ha realizado consulta previa para este proyecto minero, a pesar de que el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 establece que la explotación de recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, de acuerdo con la legislación especial, la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Política. Agregan que se está aplicando el Decreto 1320 de 1998, que solo prevé la consulta previa para obras de explotación y prospección, etapa en la que se encuentra Gold Plata. Por lo que a partir de esta norma la interpretación que hace el Ministerio de Minas y Energía del derecho a la consulta previa es altamente restrictiva del derecho fundamental de participación, puesto que dicha consulta no es considerada para labores de exploración, a pesar de que con éstas se afecte a los pueblos indígenas y su territorio. A su juicio, la interpretación del Ministerio de Minas y Energía es contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual la consulta previa es un derecho fundamental. Explican que según lo informado por el Ministerio, la actividad minera que se está efectuando hasta el momento en Acandí no es una actividad de prospección o explotación, a pesar de la labor desarrollada por la empresa Gold Plata. Por tanto, ésta y las empresas que han obtenido título minero registrado no estarían infringiendo la legislación con la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales en la zona. Adicionan que además de ésta exploración existen dos títulos mineros registrados en el municipio de Acandí que comprenden el territorio de los resguardos de Pescadito y Chidima. 1.5. De la ocupación ilegal del territorio y el peligro de desplazamiento. Denuncian que el territorio de los resguardos de Chidima Tolo y Pescadito, particularmente el lote Núm. 3 del primer resguardo, ha sido invadido por colonos. Esta intervención ha ocurrido, en parte, por la negligencia de las autoridades encargadas de la política agraria en el país, pues, como se ha informado, en el momento de la titulación, esta se hizo de manera fragmentada en tres lotes de terreno facilitando con ello la invasión. Además, estiman que las autoridades no han tomado acción frente a los reiterados llamados de los miembros de nuestras comunidades indígenas para evitar la invasión de los resguardos, la explotación de los mismos y los daños ambientales que provocan los colonos. Informan que de manera reiterativa han solicitado medidas de ampliación del resguardo para convertirlo en un solo globo, de manera que se posibilite hacer control sobre el territorio en su conjunto y proteger los sitios sagrados de las comunidades. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido negativa e incluso contradictoria. Estiman que debido a la titulación fragmentada y la ausencia de saneamiento de los resguardos se ha dado la invasión del territorio por parte de colonos, generando diferencias entre unos y otros. Por otra parte, afirman que la construcción de la carretera ha promovido la llegada de nuevos repobladores en el lote núm. 3, que de acuerdo a las creencias heredadas de sus antepasados es territorio sagrado para las comunidades indígenas, donde habitan los espíritus sabios y donde la misma naturaleza les ayuda a tomar las decisiones que orientan el rumbo de sus comunidades, razón por la cual hacen lo posible para conservarlo en su estado natural y no ahuyentar de allí toda su naturaleza mística, de la cual aún depende el soporte espiritual de sus comunidades. Juzgan que esa situación de aparente abandono es tomada como excusa por los colonos para entrar en este territorio y lo hace más susceptible a la ocupación. Precisan que dicha problemática fue puesta en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo - Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que en marzo 6 de 2009 profirió la siguiente recomendación: “ (…) la Comisión insta al Gobierno a tomar medidas urgentes para poner fin a toda intrusión en las tierras de los pueblos Katío y Dobida y en particular en el lote 3 de Chidima, donde según la comunicación hay intrusión actual y, a proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas. Solicita además al Gobierno que tome medidas para unir a estos tres lotes, en la medida en que hubiera habido ocupación tradicional, de modo que el resguardo sea viable y a proporcionar informaciones al respecto.” Una vez precisados los hechos anteriores, el escrito expone los fundamentos de derecho relativos a la procedencia de la acción de tutela, a la configuración de un perjuicio irremediable, a la necesidad de suspender la obra, a la necesidad de proteger el derecho a la vida, al derecho fundamental a la consulta dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos, el derecho a la diversidad étnica y cultural de la Nación, el derecho al debido proceso y el derecho a no ser desplazado. 1.6. Solicitud de amparo. Con fundamento en todo lo expuesto, solicitan a nombre de los resguardos de Pescadito y Chidima, pertenecientes a la Asociación de Cabildos Kunas, Emberas y Katíos –Acikek-, que se protejan sus derechos ordenando: (i) El respeto a la consulta previa, consagrado en la Constitución y la ley por parte de las autoridades ambientales nacionales y regionales, en este caso por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Choco-Codechocó. (ii) Realizar el proceso de consulta previa como lo establecen los tratados internacionales de protección de derechos humanos ratificados por Colombia (Convenio 169 de 1989), la Constitución y la ley para la cual se debe involucrar al Ministerio del Interior y de Justicia para que en el ámbito de sus competencias garantice el proceso y de esta manera se protejan los derechos fundamentales de la comunidad Embera dentro del territorio de los resguardos de Pescadito y Chidima. (iii) La suspensión de las obras de la carretera denominada Unguía- Acandí ó Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, en el sector K26-00 al K34-700 en el municipio de Acandí, que afecta gravemente el territorio de los resguardos, para evitar un perjuicio irremediable, mientras se interponen las acciones administrativas correspondientes. (iv) A la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que suspenda su actuación e intervención dentro de la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento y terminación de la vía Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, Sector K 26-00 al K34-700, afectada por la ola invernal en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó”. (v) Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, informar sobre el estado actual de la contratación de la vía denominada Unguía- Acandí. (vi) Al Departamento Nacional de Planeación que explique el proceso de asignación de recursos a través del Consejo Asesor de Regalías para las entidades territoriales, así como los procesos de control para que no se afecte a las comunidades étnicas con presencia en las zonas. (vii) A las entidades territoriales, en este caso a las alcaldías de Unguía y Acandí, el reconocimiento y respeto a las autoridades propias, la autonomía y a la consulta previa de las comunidades étnicas. (viii) La suspensión de obras de minería, interconexión eléctrica, hidroeléctricas y otras obras que se planean en el territorio del resguardo y para las cuáles no ha existido consulta previa. (ix) Evitar que el territorio del resguardo siga siendo invadido por colonos, interesados en las obras de infraestructura, en la explotación maderera y minera, tutelándose como un solo globo de terreno, de acuerdo a la observación de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. (x) Respetar el derecho de los pueblos indígenas a permanecer en el territorio, al respeto a las autoridades propias y a la autonomía, y que por tanto suspenda la marcación de árboles que están realizando dentro del territorio para la construcción de la carretera en apoyo o acción conjunta con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. (xi) A las entidades involucradas en la protección de derechos, se dé cumplimiento a la observación individual proferida por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en marzo de 2009, sobre el caso y para lo mismo se suspendan las obras antes mencionadas hasta que se haga la consulta previa y se titule como un solo globo de terreno. 2. Trámite procesal. Inicialmente la presente acción de tutela fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero por reglas de reparto se dispuso el envío al Tribunal Superior de Quibdó. Una vez admitida la demanda, la Secretaría General del Tribunal Superior de Quibdó procedió a notificar a las entidades accionadas. El 26 de junio de 2009, el magistrado sustanciador del antedicho Tribunal procedió a solicitar al Ministerio del Interior y de Justicia el registro de la existencia formal de los resguardos y la información relacionada con la junta directiva del mencionado cabildo en caso de estar legalmente constituidos.[3] De otra parte, una vez le fue reconocida la personería a la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas para actuar en el presente proceso, solicitó como medida provisional la suspensión de las obras y proyectos. Dicha solicitud fue despachada de forma desfavorable por el magistrado sustanciador debido a que en la solicitud no se especificó si ya se habían iniciado las obras o no, por lo que la decisión sería asumida en la sentencia. 3. Contestación del Ministerio de Transporte. El Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica solicitó declarar la carencia de objeto de la acción de tutela en contra de ese Ministerio y la desvinculación de la litis reconociendo la falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con la concesión minera, la interconexión eléctrica binacional y la invasión u ocupación ilegal del territorio. Lo anterior, debido a la ausencia de determinación y definición sobre las características, naturaleza del proyecto y acciones de consulta a las comunidades concurrentes al proyecto, lo cual a su juicio es de absoluta competencia de las alcaldías de Unguía y Acandí; a través de sus representantes y concejos municipales, pues el Ministerio sólo revisa los proyectos presentados por las alcaldías Municipales y su presupuesto a efecto de que se ajusten a la ley. De otra parte manifestó que en vista de que se plantea el mejoramiento de una vía en lo concerniente a conformación de calzada existente, construcción de alcantarillas y muros en gaviones, etc., esto se traduce en una nueva vía de donde se supone que las consultas, permisos, licencias ambientales y autorizaciones de los Concejos Municipales ya se habían obtenido. Pidió integrar el contradictorio con las siguientes entidades y órganos de ejecución nacional y territorial por competencia orgánica y funcional de la red terciaria, en el tema minero y en el de la política agraria: 1.- A los municipios de Unguía y Acandí. 2.- Al Fondo Nacional de Regalías, Dirección Nacional de Regalías, ya que según la accionante ha separado los recursos del anterior proyecto; 3.- Al Ministerio de Defensa Nacional – Batallón de Ingenieros Núm. 17 “Bejarano Muñoz”, quien ha iniciado labores preliminares de ejecución del proyecto de conformidad con lo afirmado por la actora; 4.- Al Instituto Nacional de vías INVIAS; 5.- Al Ministerio de Minas y Energía; 6.- Al INCODER y 7.- A la Empresa Contratista S.A E.S.P.- ISA. 4. Intervención del Instituto Nacional de Vías (Invías). La subdirectora de la red terciaria y férrea del referido instituto, por medio de escrito del 6 de julio de 2009, manifestó que suscribió el convenio interadministrativo Núm.1991 de 2006 con el municipio de Acandí, quien contrató y ejecutó entre noviembre de 2007 y abril de 2008, obras de mejoramiento de la vía Acandí – Unguía, informando que estas actividades consisten en afirmado de la vía y no requieren consulta previa, y que tal como lo solicitó la comunidad en la época de ejecución del contrato, no se intervinieron los 4 kilómetros ocupados por las comunidades Chidima y Pescadito. De otra parte, afirmó que debido a que la solicitud de los actores radica en la actual construcción de la Vía Acandí – Unguía, o Titumate – Balboa – San Miguel – Acandí, sector K26-00 a K34-70, por parte de la fuerza logística de las Fuerzas Militares, conforme al Acuerdo 076 de diciembre 31 de 2008, del Consejo Asesor de Regalías, es procedente acudir a dicha instancia para lo pertinente, por no ser de competencia del Invías. 5. Contestación del Ministerio de Agricultura. El Jefe de la Oficina de Asesora Jurídica solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela respecto a ese Ministerio, ya que al mismo no se le puede imputar responsabilidad alguna en las omisiones cuestionadas, dado que el objeto de esa entidad es formular, coordinar y adoptar políticas, planes programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, con el fin de atender necesidades del sector rural y su población, sin que esté demostrado en la tutela el nexo causal entre los hechos relacionados en la demanda y una acción u omisión de ese Ministerio, careciendo de asidero jurídico la pretensión solicitada. 6. Contestación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A través de apoderada judicial solicitó negar las pretensiones de la parte actora, en relación con lo que respecta al referido Ministerio, ya que a su juicio no ha vulnerado derecho fundamental alguno, debido a que las actividades para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (mediciones y señalamientos de puntos geo-referenciados donde se colocarían las torres de transmisión eléctrica y la localización de las coordenadas de las minas, no requieren proceso de consulta previa porque, a la fecha, el trámite de licenciamiento ambiental se encuentra suspendido, como quiera que la empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., no ha presentado Estudio de Impacto Ambiental y en caso de presentarse, dicho Ministerio no otorgará licencia ambiental al proyecto hasta que no se cumpla con el proceso de consulta previa establecido en el Decreto 1320 de 1998. Adicionalmente, expuso que quien ejerce como máxima autoridad ambiental en la zona en que residen los presuntos afectados es Codechocó, y por lo tanto es la llamada a ejecutar la política ambiental y coordinar procesos de planificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 23, 30, 33 y 35 de la Ley 99 de 1993. 7. Contestación del Ministerio de Minas y Energía. El apoderado especial de la Nación, solicita no acceder a lo pedido por inexistencia de la violación de los derechos fundamentales invocados, negar la tutela en contra del Ministerio por carencia de legitimidad en la causa, al igual que por la improcedencia ante la posibilidad de otros medios judiciales y la no comprobación de un perjuicio irremediable. Considera que las actuaciones de la autoridad minera corresponden a Ingeominas, las cuales gozan de presunción de legalidad conforme a las normas que regulan la situación fáctica presentada. De otra parte, manifiesta que la encargada de realizar el procedimiento de la consulta previa es la autoridad ambiental con anterioridad al otorgamiento de la licencia ambiental, situación que aplica no solo para las concesiones mineras sino también para las obras de infraestructura energética. Por lo expuesto, solicita no acceder a lo pedido por los accionantes, declarando la improcedencia de la presente acción de tutela y declarando la falta de legitimación por pasiva frente al Ministerio referido. Adicionalmente, solicita la vinculación del Ingeominas. 8. Intervención de Interconexión Eléctrica SA (ISA). En comunicación remitida el 7 de julio de 2009 por la Empresa de Interconexión Eléctrica S.A. ESP, al Ministerio de Minas y Energía, explica la etapa en que se encuentra el proyecto de interconexión eléctrica Colombia –Panamá, evidenciando que a la fecha no se ha desarrollado la primera actividad del estudio de impacto ambiental. Por lo anterior, especifica que una eventual consulta previa con la comunidad indígena Embera del resguardo afectado, se desarrollaría siempre y cuando el trazado del proyecto de interconexión Colombia- Panamá cruce por su territorio. 9. Contestación del Ministerio del Interior y de Justicia. La Coordinadora del Grupo de Consulta Previa del referido Ministerio solicitó despachar desfavorablemente la presente acción de tutela, afirmando que no existe amenaza o violación de derechos fundamentales por parte de ese Ministerio, puesto que el mismo no ha tenido conocimiento de los proyectos que originan la acción, ni está habilitado para pronunciarse sobre los trámites referentes al adelantamiento del proceso de consulta previa con licencia ambiental, lo cual es competencia de la autoridad ambiental de conformidad con la normativa vigente. 10. Contestación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El Director de la Agencia referida alegó no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados, asegurando haber intentado a través de los medios y recursos a su alcance una solución para que el proyecto Titumate- Balboa San Miguel Acandí, sector K26+00 A K34+700, que corresponde a una vía afectada por la ola invernal, se lleve a cabo con el lleno de los requisitos técnicos legales exigidos en las normas que rigen la materia, labor que a la fecha no ha iniciado por cuanto la Agencia Logística está a la espera de que se cumplan por los directamente responsables y beneficiarios las exigencias de consulta previa, licencia ambiental y diseños técnicos de la vía, que son compromisos ajenos a las obligaciones asumidas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Precisó que en el proyecto opera como ejecutora de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías y que la naturaleza jurídica de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares corresponde a la de un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, tal como se consagró en el Decreto 4746 de 2005, luego su objeto consiste en ejecutar las actividades de apoyo logístico y establecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las necesidades de las Fuerzas Militares. Adicionalmente, precisó que la agencia realizó visita técnica por vía aérea ya que en el municipio de Acandí no existen vehículos para hacerlo por vía terrestre. Dentro de los principales hallazgos de la inspección quedó concluido que la vía se encuentra totalmente cerrada sin ningún tipo de intervención en el tramo de las comunidades de Chidima y Pescadito. Informa que de la visita efectuada por la Agencia con la participación de representantes de la alcaldía de Acandí y Corpochocó quedaron los siguientes resultados: “(i) la vía hay que construirla en los (4) kilómetros faltantes, por tal motivo requiere la licencia ambiental; además estos mismos 4 kilómetros se evidencia la necesidad de la construcción de un puente de sesenta (60) metros de luz sobre el río Tolo el cual no está contemplado en ningún capitulo del proyecto. 2) no se ha socializado y mucho menos se ha iniciado el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. 3) No existe información técnica en general del proyecto. Por tal razón se solicitó a la Dirección General de la Agencia logística no iniciar las obras hasta que se hayan aclarado y solucionado los puntos mencionados.”[4] De lo anterior se desprende igualmente, que si bien es cierto no ha habido consulta previa para la ejecución del proyecto denominado Titumate- Balboa, San Miguel Acandí, sector K26+00 A K34+700, no se han iniciado labores precisamente en espera de la misma, como requisito previo a la expedición por parte del Ministerio del Medio Ambiente de la correspondiente licencia ambiental. Por tanto, concluye que frente a esta entidad, no se vislumbra vulneración alguna que haga procedente el amparo por tutela. 11. Contestación del Ministerio de Defensa. El Director de Derechos Humanos del Ministerio manifestó que las fuerzas militares tienen jurisdicción en todo el territorio colombiano por tanto las tropas no pueden ser retiradas del territorio indígena. Por lo anterior la suspensión o no de la obra debe ser ordenada por una autoridad competente. Precisa que el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas no es absoluto, por lo que el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas tiene límites. Motivo por el que la institución ha implementado una política específica de protección a las comunidades indígenas la cual consta en la directiva permanente Núm. 1630, “Política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a las comunidades de los pueblos indígenas”. Por lo anterior, solicita que sea negada la acción de tutela interpuesta. 12. Contestación de la Alcaldía de Unguía. La alcaldesa municipal encargada de Unguía manifestó que el ente territorial no ha intervenido en el trazado de la carretera al que hace referencia la tutela en todo el trayecto correspondiente al municipio, dado que ésta no atraviesa, ni siquiera roza, ningún resguardo indígena. Afirma la alcaldía que dicha tutela hace referencia a resguardos que corresponden al alcalde de Acandí, y por ello señala que es a la administración de Acandí a quien debe dirigirse la tutela y no al municipio de Unguía, que nada tiene que ver. Por lo anterior, especifica que el ente territorial no puede ser obligado a suspender la obra en lo que se refiere a su territorio. 13. Contestación de la Décimo Séptima Brigada de las Fuerzas Militares. El comandante de la citada brigada manifestó que no vulnera los derechos alegados por los accionantes ya que el personal que participa en el proyecto es de ejecución, por lo que una vez se cumplan las formalidades que este tipo de casos imponen, procederá a la orden de ejecutar la obra. No obstante, aclara que los miembros del Ejército Nacional actúan con respeto hacia la comunidad del resguardo de Chidima–Tolo del municipio de Acandí, observando siempre las normas y principios del derecho internacional humanitario. II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN. 1. Sentencia de primera instancia. El 10 de julio de 2010, la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó negó el amparo solicitado. El fallador de instancia se refirió a las normas constitucionales en materia de protección de comunidades indígenas y del medio ambiente, al tiempo que hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de consulta previa. En lo referente al proceso de interconexión eléctrica, consideró que conforme a lo contestado por el Ministerio de Medio Ambiente, el proyecto referido no requiere consulta previa porque a la fecha el trámite de licenciamiento ambiental se encuentra suspendido como quiera que la empresa Interconexión Eléctrica SA ESP no ha presentado el estudio de impacto ambiental y en caso de presentarse dicho Ministerio no otorgará la licencia hasta tanto no se agote la consulta previa conforme al Decreto 1320 de 1998, motivo por el que no se vulnera derecho fundamental alguno. En cuanto a los proyectos de explotación minera, consideró que aquellos se encuentran en la mera expedición de títulos, sumado a que la autoridad ambiental debe agotar el procedimiento de consulta previa antes del otorgamiento de la licencia. Razón por la que también bajo dicho tópico la acción fue negada. En lo atinente a la construcción de la carretera que pretende unir los municipios de Unguía y Acandí, estimó que ante la ponderación de principios que se encuentran en tensión (la protección de los derechos indígenas y la prevalencia del interés general), debe primar el último, “referido a la necesidad de progreso y mejoramiento de las condiciones de bienestar que deben buscar las autoridades públicas, dentro de los fines del estado, a través del emprendimiento y desarrollo de obras públicas, que faciliten, por ejemplo, la movilidad de la generalidad de las personas de las comunidades potencialmente beneficiarias de dichas obras de infraestructura”. Así mismo indicó que: “los intereses generales y la convivencia de las luces de progreso que para el común de los habitantes de todo el territorio de la vía y para los de las respectivas cabeceras municipales de Unguía y Acandí se abrirían con la unión de este corredor vial, pues, obviamente es mayor que aquel importante pero escaso número de alrededor 150 integrantes de los resguardos CHIDIMA-TOLO y PESCADITO”. Lo anterior, porque a su juicio los escasos 4 kilómetros restantes de la carretera no requieren explotación de recursos naturales, motivo por el que no es necesaria la licencia ambiental. De otra parte, partiendo de las propias afirmaciones de los accionantes encontró probado que la administración del municipio de Acandí intentó pactar una visita en dos ocasiones con los miembros de las comunidades pero por negativa de los representantes de los resguardos no se pudieron materializar. Por último, agregó que las autoridades podrán optar una vez más por una cita de concertación sobre los tópicos concertables con representantes oficiales de los resguardos o de otro lado proceder de inmediato a ejecutar las obras cuestionadas, eso sí bajo el cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. 2. Impugnación La abogada de la Comisión Colombiana de Juristas presentó impugnación del fallo descrito, exponiendo los siguientes argumentos: (i) El Tribunal hace una interpretación errada del alcance del derecho a la consulta previa y en particular de los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, que hace parte de los instrumentos firmados y ratificados por Colombia, en el que se establece la consulta previa. Revaluando completamente el derecho a la consulta previa y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. (ii) Se trata de la contratación para el mantenimiento de una vía que no existe, que por tanto requiere licencia ambiental y para conseguirla entre otros requisitos se debe garantizar la consulta previa, ya que no se trata de un “mantenimiento”. (iii) No se tiene en cuenta el pronunciamiento de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, como parte del bloque de constitucionalidad, que en marzo de 2009 se pronunció expresamente sobre el caso de estos dos resguardos. (iv) El despacho no se pronunció acerca de todos los derechos vulnerados o amenazados, ni acerca de la responsabilidad de quienes los amenazan o vulneran, y de manera particular no se hace ninguna mención a las acciones del ejército dentro de los resguardos, los sobre vuelos de los helicópteros, las entradas al territorio sin el respeto a las autoridades propias y, como lo informaron los integrantes de las comunidades, la marcación de árboles y la presencia de campamentos. 3. Sentencia de segunda instancia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 22 de septiembre de 2009, confirmó el fallo impugnado. Al respecto afirmó: “Aunque la Sala no desconoce el derecho constitucional fundamental de los pueblos indígenas y tribales asentadados en el territorio nacional a ser consultados en los proyectos destinados que puedan efectuar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen con miras a tener oportunidad de ser oídos y expresar sus inquietudes en lo que concierna a la defensa de sus intereses , en el caso especifico, como quedó visto, no se estructuran los presupuestos para otorgar la prorrogativa reclamada, aún como mecanismo transitorio, por ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados. Coherente con los anteriores razonamientos, se impone confirmar la sentencia materia de impugnación”. III. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE - Fotocopia del Convenio Interadministrativo No. 1991 de 2006. - Fotocopia de la Resolución 051/07. - Copia del oficio de mayo 19 de 2008, dirigido al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la Comisión Colombiana de Juristas y su correspondiente respuesta. - Copia del acta de posesión 003 de febrero 11 de 2009, del actor GUSTAVO DOMICO y otros miembros de la comunidad como Junta Directiva del Cabildo Local del Resguardo de CHIDIMA. - Fotocopia del comunicado a la opinión pública de las autoridades indígenas de Caldas. - Fotocopia de los escritos de marzo 5 y 19 de 2009, dirigidos al Defensor del Pueblo y a la Dirección de Asuntos Indígenas y de Minorías étnicas, por la Comisión Colombiana de Juristas. - Fotocopia del Acuerdo 076 de 2008 del Consejo Asesor de Regalías. - Oficio de febrero 18 de 2009, dirigido por el Alcalde de Acandí a Oscar Carupia – Comunidad de Chidima-. - Oficio de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, respondiéndole a la Comisión Colombiana de Juristas derecho de petición relacionado con el resguardo de Chidima. - Oficio dirigido por la Defensoría del Pueblo al Coronel Juan Carlos Gómez, Director de Derechos Humanos y al Ministerio de Defensa Nacional, de abril 7 de 2009, relacionada con el sobrevuelo del helicóptero sobre el territorio del Resguardo Indígena de Chidima. - Fotocopia del escrito de marzo 30 de 2009, dirigido por el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas al Director de Regalías. - Escrito dirigido por el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas al Director de Regalías y al Alcalde Municipal de Acandí, de marzo 30 de 2009. - Escrito de marzo 30 de 2009, dirigido al Director de Asuntos Indígenas y Minorías, por el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas. - Respuesta del Ministerio del Interior y de Justicia, de abril 21 de 2009, al abogado de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá. - Fotocopia del escrito de abril 22 de 2009, dirigido por la Coordinadora Grupo de Consulta Previa al abogado de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá. -Fotocopia del escrito de mayo 4 de 2009, dirigido por la Jefe del Estado Mayor de la Séptima División del Ejército Nacional, al abogado de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá. - Escrito de mayo 6 de 2009, dirigido por el Coronel J Alonso Díaz Gómez, en su condición de Segundo Comandante y JEM BR-17 al abogado de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá. - Escritos de mayo 6 y 7 de 2009, dirigidos por la Comisión Colombiana de Juristas al Ministro de Agricultura el primero y al Ministro del Interior y de Justicia, el segundo. - Escrito de mayo 7 de 2009, dirigido por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Colombiana de Juristas. - Oficio de abril 13 de 2009, dirigido al Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas por el Departamento Nacional de Planeación. - Fotocopia del oficio de abril 20 de 2009, dirigido a la Defensora Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas por el Coordinador de Grupo de Instrucción y Seguimiento de la Política. - Fotocopia de escritos dirigidos al Defensor del Pueblo para Indígenas y Minorías Étnicas, por la Comisión Colombiana de Juristas, de mayo 15 y 20 de 2008. - Fotocopia del escrito de mayo 20 de 2009, dirigido por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Colombiana de Juristas. - Fotocopia del escrito de mayo 20 de 2009, dirigido por la Defensoría del Pueblo al Defensor Delegado para Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas. IV. INTERVENCIONES AMICUS CURIAE EN SEDE DE REVISIÓN. De forma posterior a la selección para revisión del expediente de la referencia, distintas organizaciones y ciudadanos presentaron escritos coadyuvando las pretensiones de la acción de tutela, las cuales se relacionan a continuación. 1. Intervención del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJuSticia). Rodrigo Uprimny Yepes, César Rodríguez Garavito, Natalia Orduz Salinas, Nelson Camilo Sánchez León y Luz María Sánchez Duque, a nombre del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia-, obrando en calidad de ciudadanos colombianos, presentaron escrito con el propósito de coadyuvar básicamente con dos argumentos. En primer lugar, sostienen que en el caso concreto de los pueblos Embera – Katío y Embera – Dobida que habitan los resguardos Chidima Tolo y Pescadito se violó el derecho fundamental a la consulta previa por la no realización de la consulta antes del inicio de actividades con respecto a los tres proyectos objeto de la tutela: la construcción de la vía Acandí- Unguía, el proyecto de interconexión eléctrica de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. y las actividades de prospección minera de la empresa Gold Plata. Lo anterior, de conformidad con la normativa internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad sobre consulta previa a los pueblos indígenas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según las cuales para que una consulta previa sea válida debe realizarse con anterioridad a la adopción de medidas susceptibles de generar impactos en los pueblos indígenas. De acuerdo con estos estándares, estiman los intervinientes que la consulta debe realizarse en el momento en que se prevean las medidas y en todo caso antes de que se comiencen a generar impactos. Por ello recomiendan a la Corte Constitucional ordenar la suspensión de los tres proyectos hasta que se realice la consulta de manera ajustada a los estándares internacionales y a la jurisprudencia Constitucional. En segundo lugar sostienen que el Estado colombiano, a la luz del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional colombiana, tiene el deber de proteger de manera efectiva los derechos territoriales de los pueblos Embera Katío del resguardo Chidima Tolo y Pescadito, de manera que se proteja el vínculo de estos pueblos con su territorio y su integridad étnica y cultural. En el caso concreto, este deber del Estado se materializa en la protección de los pueblos indígenas frente a la invasión de colonos, lo que implica tomar medidas disuasivas y sancionatorias. Además, dado que uno de los factores que aumenta el riesgo de colonización es la titulación fragmentada del resguardo Chidima Tolo, sugieren a la Corte Constitucional adoptar la recomendación de la Comisión de Expertos sobre Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre la necesidad de unificar en un solo globo de terreno los tres lotes del resguard...