Sentencia T-1246 de 2004

T-1246-04 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-1246/04 AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Sobrino en representación de tío enfermo INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Casos en que procede por exclusión de tratamientos y medicamentos de alto costo INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Casos en que procede por exclusión de tratamientos y medicamentos de alto costo ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Deber de proporcionar la atención medica especializada y repetición contra el Fosyga Reiteración de jurisprudencia Referencia: expediente T-1001396 Acción de tutela instaurada por Jelen Yamile Ayala Cuncanchún, en representación de su tío José Rubén Cuncanchún contra la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.[1] Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil cuatro (2004) La Sala Tercera de Revisión, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. 1. Jelen Yamile Ayala Cuncanchún, en representación de su tío José Rubén Cuncanchún Cuervo, quien se encuentra cuadrapléjico desde hace más de diez años, padece de vejiga neurogénica[2] y de problemas gastrointestinales, y actualmente tiene una infección urinaria[3] y sufre de estrechez uretral[4], interpuso acción de tutela contra la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por considerar que sus derechos fundamentales a la vida digna (Art. 11), la integridad física (Art. 12) y la salud (Art. 49) se encuentran vulnerados porque carece de la capacidad económica suficiente para (i) pagar las cuotas de recuperación[5] correspondientes a los medicamentos[6] y a los controles médicos especializados (neurología y urología), que le fueron ordenados hace más de tres meses y que no ha podido acceder a ellos, ni (ii) para cubrir los gastos de desplazamiento hasta el centro médico donde le van a realizar los mencionados controles médicos especializados, que debe realizar en taxi dada su condición física. 2. Por encontrarse cuadrapléjico, el señor José Rubén Cuncanchún Cuervo no puede trabajar. Desde hace dos años vive con una hermana y los hijos de ella en el barrio Benjamín Herrera de Bogotá. De este núcleo familiar, sólo dos miembros reciben ingresos: un sobrino que lava carros y su hermana, quien ocasionalmente lava ropa en casas cercanas, porque el resto del tiempo lo dedica a prestarle los cuidados permanentes que él requiere. Actualmente están clasificados en el nivel III del Sisben. Sin embargo el 23 de noviembre pasado les hicieron una nueva encuesta para determinar si su nivel del Sisben debe bajar, y los resultados les serán entregados aproximadamente en enero de 2005. Con anterioridad, el señor Cuncanchún vivió donde otra hermana, donde fue clasificado en el nivel 0 del Sisben. 3. La Juez 38 Civil Municipal de Bogotá conoció el caso en única instancia y en sentencia de septiembre 23 de 2004, resolvió negar la tutela por considerar que el accionante no probó que carecía de la capacidad económica suficiente para cubrir las cuotas de recuperación de los servicios médicos y de los medicamentos que requiere. 4. En reiteradas oportunidades esta Corporación ha señalado que (i) cuando a una persona le ha sido formulado un servicio médico o un medicamento por un médico adscrito a la IPS con la que la entidad territorial tenga contrato, en el caso de las personas vinculadas al régimen subsidiado, o a la EPS o a la ARS, en el caso de los afiliados al régimen contributivo y al régimen subsidiado respectivamente; (ii) la falta del servicio médico o del medicamento vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad física de quien lo requiere y (iii) el interesado no tiene la capacidad económica suficiente para pagar los copagos, las cuotas moderadoras, las cuotas de recuperación[7] o el porcentaje equivalente a las semanas de cotización faltantes[8], se deberá inaplicar la normatividad y la entidad territorial, la ARS, o la EPS, según sea el caso, deberá prestarle oportunamente el servicio y/o suministrarle los medicamentos sin costo alguno, en aras de proteger su derecho fundamental a la vida y a la integridad física, en conexidad con el derecho a la salud. La prestación del servicio se ha de efectuar sin perjuicio del cobro al Fosyga o a la entidad territorial, según sea el caso, del valor que haya cubierto la IPS, la EPS o la ARS respectiva, y que le correspondía pagar al paciente. 5. En el caso objeto de revisión, se comprueba (i) que los medicamentos y las remisiones a médicos especialistas fueron formulados por un médico adscrito al Hospital Simón Bolívar ESE, entidad que atiende a personas que como el señor José Rubén Cuncanchún, se encuentran vinculadas al régimen subsidiado de salud, y (ii) que la ausencia de los medicamentos y de los controles médicos especializados afectan gravemente su derecho a la integridad física, y amenazan su derecho a la vida, dado que desde hace más de tres meses le fue diagnosticada un infección urinaria y no ha recibido tratamiento médico alguno, y su condición de salud se ha agravado con el paso del tiempo. Respecto a su incapacidad económica para pagar las cuotas de recuperación, la entidad demandada no controvirtió lo sostenido por la accionante bajo la gravedad de juramento. Ella señaló que por encontrarse cuadrapléjico, su tío no puede trabajar, y que de los demás miembros de la familia con los que él vive, sólo dos reciben ingresos: un sobrino que lava carros y una hermana del señor Cuncanchún, madre de la accionante, quien ocasionalmente lava ropa en casas cercanas, porque el resto de su tiempo lo dedica a prestarle los cuidados permanentes que su hermano requiere. 6. Al haber comprobado que en este caso se cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional, esta Sala de Revisión le ordenará a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que a su costo[9], le asegure al señor José Rubén Cuncanchún, que el Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, le proporcione al accionante, sin cobrarle cuota de recuperación alguna, la atención médica especializada (urología y neurología), que le fue ordenada tres meses atrás. La mencionada atención médica especializada deberá llevarse a cabo dentro de las 48 horas siguientes a que alguno de los familiares se acerque a esta institución a solicitarlas. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá deberá garantizarle al señor José Rubén Cuncanchún el acceso a todos los servicios médicos (v.gr. exámenes de diagnóstico, terapias, controles médicos, etc.) y medicamentos que por su estado de salud requiera, sin que le sea oponible el pago de cuotas de recuperación u otro tipo de pago, salvo que se demuestre que su situación económica ha mejorado, y que posee los medios económicos suficientes para cubrir las cuotas de recuperación u otros pagos que impliquen los servicios médicos o medicamentos que le sean formulados. Esta Secretaría Distrital, – habida cuenta de que en este caso se trata de una persona cuadrapléjica carente de recursos e ingresos propios adscrito al Sisben – deberá tomar todas las medidas que estén a su alcance para suministrarle transporte gratuito al señor José Rubén Cuncanchún, desde el lugar de su residencia hasta el Hospital Simón Bolívar, para que le sea posible asistir a la atención médica especializada que le fue ordenada hace más de tres meses y las que en adelante se le sigan programando en esta institución. De igual manera, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá podrá tomar todas las medidas que estén a su alcance para suministrarle al señor José Rubén, los servicios de salud que requiere, en un lugar más cercano a su residencia, que posea condiciones médicas y técnicas adecuadas como el Hospital Simón Bolívar. Esta orden se da teniendo en cuenta que, por encontrarse cuadrapléjico, el señor Cuncanchún no puede emplear medios masivos de transporte, sólo puede transportarse en taxi, y según lo señala la accionante, este servicio tiene un costo aproximado de $30.000 pesos (incluyendo en este valor el viaje de ida y de regreso) desde el lugar de residencia del accionante hasta el mencionado hospital. DECISIÓN En mérito de lo anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogotá en el proceso T-1.001.396, mediante sentencia del veintitrés (23) de septiembre de dos mil cuatro (2004). Segundo.- ORDENAR a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá que le garantice al señor José Rubén Cuncanchún el acceso a todos los servicios médicos (v.gr. exámenes de diagnóstico, terapias, controles médicos, etc.) y medicamentos que por su estado de salud requiera, sin que le sea oponible el pago de cuotas de recuperación u otro tipo de pago, salvo que se demuestre que su situación económica ha mejorado, y que posee los medios económicos suficientes para hacerse cargo de las cuotas de recuperación o cualquier otro pago que impliquen los servicios médicos o medicamentos que le sean formulados. De igual manera, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá deberá, a su costo, asegurarse que el Hospital Simón Bolívar ESE de la ciudad de Bogotá le proporcione, sin cobro alguno al señor José Rubén Cuncanchún, la atención médica especializada (urología y neurología), que le fue ordenada tres meses atrás. La mencionada atención médica especializada deberá llevarse a cabo dentro de las 48 horas siguientes a que alguno de sus familiares se acerque a esta institución a solicitarlas. Tercero.- ORDENAR a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá que tome todas las medidas que estén a su alcance para (i) suministrarle transporte gratuito al señor José Rubén Cuncanchún, desde el lugar de su residencia hasta el Hospital Simón Bolívar, para que de esta manera le sea posible asistir a la atención médica especializada que le fue ordenada y la que en adelante se le siga programando en esta institución y (ii) para proporcionarle los servicios de salud que requiera, en un lugar más cercano a su residencia, que posea las mismas condiciones médicas y técnicas que el Hospital Simón Bolívar. Cuarto.- ORDENAR a la Juez Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, que en aras de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física del señor José Rubén Cuncanchún Cuervo, notifique este fallo a las partes dentro de los tres días siguientes a su recepción. Quinto.– Líbrese por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, además de remitir copia de la sentencia a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de la Protección Social. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Este proceso fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Once de la Corte Constitucional, mediante auto del 12 de noviembre de 2004. [2] Esta enfermedad es definida de la siguiente manera: “Es un problema de la vejiga urinaria en el cual se presenta un vaciamiento anormal de la misma, con la subsecuente retención o incontinencia urinaria. La vejiga puede vaciarse en forma espontánea (incontinencia) o puede no vaciarse completamente (retención con filtración por rebosamiento). Algunas de las causas comunes para la vejiga neurogénica son un tumor del sistema nervioso, un trauma o enfermedades inflamatorias como la esclerosis múltiple.” Definición tomada de la página web de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. y los Institutos Nacionales de Salud www.nlm.nih.gov. Los pacientes que padecen del síndrome de vejiga neurogénica tienen dificultades para orinar, la mayoría de ellos deben emplear una sonda para extraer la orina. [3]En los folios 16 y 17 del expediente, reposa copia de las fórmulas médicas del 26 de agosto de 2004, en las que el médico tratante le diagnosticó infección urinaria al señor Cuncanchún. [4] La estrechez uretral le genera una gran dificultad al señor Cuncanchún para introducir la sonda con la que debe extraer su orina, dada su vejiga neurogénica. [5] Por encontrarse en el nivel III del Sisbén, debe pagar como cuota de recuperación hasta el 30% del valor de los servicios o medicamentos suministrados, sin exceder el equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales por un mismo evento (Art. 18 del decreto 2357 de 1995). [6] Cilocaina gel uretral (folio 17) y Nitoferastaina (folio 14). En la demanda, la accionante no hace referencia a este último medicamento, sino a otro denominado nitrofloxaxina. De igual manera hace mención a un medicamento, denominado omeprazol orásole, que ha venido consumiendo con anterioridad el señor Cuncanchún, para sus problemas gastrointestinales, sin embargo, no aporta fórmula médica donde conste que su médico tratante le recetó este medicamento. [7] Sentencia T-442/04 (MP: Jaime Córdoba Triviño). En esta sentencia la Corte Constitucional tuteló los derechos a la vida, en conexidad a la salud, de una mujer cabeza de familia, perteneciente al nivel II del Sisben, que no había sido afiliada a ninguna ARS, que padece de cáncer y que no le había sido practicada una cirugía que requería por no tener la capacidad económica suficiente para pagar la cuota de recuperación. La Corte ordenó inaplicar la regulación referente a cuotas de recuperación y que en las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, la Secretaría de Salud de Cundinamarca debía certificarle al Instituto Nacional de Cancerología que autorizaba los servicios de salud que requiere la accionante con ocasión al cáncer que padece y que subsidiaría el 100% del valor de tales servicios. Sentencia T-819 de 2003 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta sentencia la Corte Constitucional revisó el caso de una menor que padecía de un soplo en el corazón, que requería de tratamiento médico, pero que no le era suministrado en la medida que sus padres no tenían la capacidad económica suficiente para pagar los dos salarios mínimos que se les exigía como cuota de recuperación. Durante el trámite del proceso, la menor murió. Sentencia T-411 de 2003 (MP: Jaime Córdoba Triviño). En esta sentencia, la Corte Constitucional tuteló los derechos a la vida, seguridad social, salud e igualdad de un señor enfermo de Sida, económicamente inactivo por su estado de salud, a quien se le exigía el pago de cuotas de recuperación por el tratamiento de hospitalización al que estuvo sometido y para que se le continuaran prestando los servicios médicos que requiere (v.gr. consultas médicas y suministro de medicamentos). La Corte ordenó que se le exonerara del pago de cuotas de recuperación por el tratamiento que ya se le había suministrado y por todos los servicios médicos que en adelante requiera. [8]Al respecto, ver las siguientes sentencias, entre otras: T-142 de 2004 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-797 de 2003 (MP: Rodrigo Escobar Gil), T-133 de 2003 (MP: Jaime Araujo Rentería), T-1153 de 2003 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-340 de 2003 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), T-062 de 2003 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), T-699 de 2002 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-501 de 2002 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), T-297 de 2001 (MP: Clara Inés Vargas Hernández), T-1663 de 2000 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-1130 de 2000 (MP: Alvaro Tafur Galvis), T-582 de 2000 (MP: Alvaro Tafur Galvis), T-579 de 2000 (MP: Alvaro Tafur Galvis), T-236 de 2000 (MP: José Gregorio Hernández Galindo), T-228 de 2000 (MP: José Gregorio Hernández Galindo), T –901 de 1999 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-876 de 1999 (MP: José Gregorio Hernández Galindo). [9] T-590/ 04 (MP: Rodrigo Escobar G) y T-593 /03 (MP: Alvaro Tafur G). Ley 715 de 2002, Art. 43.2.1.