Sentencia T-119 de 2015

T-119-15 Sentencia T-119/15 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES La jurisprudencia constitucional ha sostenido que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y, (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. COSA JUZGADA-Hace parte de las garantías del debido proceso La cosa juzgada es un elemento integrante del derecho al debido proceso judicial que reconoce el respeto que se debe tener por las decisiones tomadas por los jueces, en ejercicio de sus funciones. Las sentencias pasan a ser imperativas, susceptibles de cumplirse coercitivamente y se hacen inmutables, por cuanto no pueden ser variadas, es decir hacen tránsito a cosa juzgada. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Se configura cuando se presentan identidades procesales como objeto, causa petendi e identidad de partes PRINCIPIO DE COSA JUZGADA-Finalidad La cosa juzgada pretende: i) satisfacer la necesidad de certeza de las situaciones jurídicas, que toda sociedad requiere; ii) estabilidad y certidumbre de los derechos adquiridos, reconocidos o declarados que permiten la inmutabilidad de los mismos en virtud de las sentencias; iii) seguridad jurídica, la cual se manifiesta mediante el principio "non bis in idem", siendo imposible, la apertura de la misma causa una vez concurren identidad de sujeto, objeto y causa y iv) ponerle punto final a las pretensiones de las partes ya que por regla general quien pierde siempre considerará injusto el resultado y querrá un fallo distinto. Así, con la cosa juzgada se pone un límite a la revisión del proceso y a las relaciones que se han constituido o declarado a partir de la decisión judicial. ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia excepcional i) Procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; ii) procede la tutela como mecanismo definitivo: cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros. En tales casos, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia para reconocimiento de la sustitución pensional por cuanto existe cosa juzgada en materia laboral, al existir identidad de partes, de pretensiones y hechos NATURALEZA JURIDICA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES Y SU CARACTER FUNDAMENTAL-Reiteración de jurisprudencia La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la pensión de sobreviviente, es una prestación social fundada en los principios de solidaridad y de universalidad de la seguridad social, que busca garantizar a los familiares de la persona afiliada fallecida, una estabilidad económica suficiente para asegurar su subsistencia en condiciones dignas. Máxime, cuando dicha prestación es la única fuente de ingreso de sus beneficiarios, que tiene por fin evitar una situación de desamparo. La naturaleza de la pensión de sobrevivientes está ligada con la protección del derecho fundamental al mínimo vital y por tanto, adquiere el carácter de fundamental. PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 797/03 para ser beneficiarios CONCEPTO DE DEPENDENCIA ECONOMICA ESTABLECIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA C-111/06 A EFECTOS DE ACCEDER A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES PENSION DE SOBREVIVIENTES-Convivencia como requisito para el reconocimiento de la pensión sustitutiva al cónyuge o compañero supérstite DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD, MINIMO VITAL Y VIDA DIGNA-Orden a Caprecom reconocer y pagar en forma definitiva la pensión de sobrevivientes Referencia: Expedientes T-4573765 y T-4598352 acumulados. Acciones de tutela instauradas por la ciudadana Sixta Zambrano Oviedo contra el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y, Edna Victoria Hernández Borrero contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (respectivamente). Procedencia: Expediente T-4573765: Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Expediente T-4598352: Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Asunto: Derecho fundamental a obtener el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a la esposa y a la compañera permanente. Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015) La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de las sentencias proferidas dentro de los siguientes expedientes de tutela: i) T-4573765 promovida por Sixta Zambrano Oviedo contra el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, con sentencia de tutela de primera instancia del 16 de julio de 2014, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de segunda instancia del 4 de septiembre de 2014 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y ii) T-4598352 promovida por Edna Victoria Hernández Borrero contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, en adelante CAPRECOM, con sentencia de tutela de primera instancia del 8 de agosto de 2014, proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, y de segunda instancia proferida el 17 de septiembre de 2014, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Villavicencio. Los expedientes fueron remitidos a esta Corporación en cumplimiento de los artículos 86 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala Once de Selección de esta Corporación, mediante auto del 10 de noviembre de 2014, resolvió: i) seleccionar para efectos de su revisión los expedientes T-4573765 y T-4598352; y ii) acumularlos entre sí, para que sean fallados en una misma sentencia por presentar unidad de materia. I. ANTECEDENTES Los expedientes acumulados giran en torno al tema de la sustitución pensional. En ese orden de ideas, cada expediente presenta especiales particularidades procedimentales y fácticas, que exigen un estudio separado de sus antecedentes, para una mejor comprensión. A. Expediente T-4573765 El 27 de junio de 2014, la señora Sixta Zambrano Oviedo interpuso acción de tutela[1] a través de apoderada judicial, contra el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia, dentro de un proceso laboral en contra de Ecopetrol. Para la demandante, la negativa del ente judicial de concederle la sustitución pensional invocada, desconociendo su calidad de compañera permanente del occiso Rafael Reyes Ospino, bajo el argumento de la existencia de cosa juzgada, atenta contra sus derechos fundamentales. Solicita por lo tanto, a través de tutela, que se declaren ineficaces las providencias proferidas dentro del proceso ordinario laboral promovido por ella, y en su lugar se conceda la sustitución pensional allí reclamada, ya que a su juicio, los autos que declararon probada la excepción de cosa juzgada presentada por Ecopetrol S.A. y que ordenaron el archivo del proceso[2], así como el que confirmó tales decisiones[3], incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento de la Constitución, al no haber dado aplicación a la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, que es una norma que excluye a la compañera permanente del derecho a la referida sustitución pensional. Hechos relevantes 1. La accionante manifestó que el señor Rafael Reyes Ospino, era pensionado de Ecopetrol desde el 1º de enero de 1968 hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido el 31 de agosto de 1977[4]. 2. El señor Rafael Reyes Ospino, era casado con María Dolores Sánchez Reyes, pero no hicieron vida marital, pues ésta lo abandonó. La señora Sixta Zambrano Oviedo (accionante), por el contrario, convivió con el causante en unión marital de hecho de forma ininterrumpida, desde el año 1965 hasta el fallecimiento de éste. Periodo dentro del cual concibieron cuatro hijos, siendo ella durante este tiempo, económicamente dependiente de su compañero y madre de crianza también, de los 3 hijos del matrimonio de señor Reyes Ospino[5]. 3. El 3 de abril de 1978, Ecopetrol, luego del fallecimiento del señor Reyes y mediante memorando Nº 05597, sustituyó la pensión del causante entre sus beneficiarios, distribuyéndola en favor de: i) la accionante, en representación de sus hijos menores; y ii) de la señora María Dolores Sánchez Reyes (esposa), en forma vitalicia[6] y de sus hijos menores. La pensión fue disfrutada por el último beneficiario hasta el 2 de septiembre de 1995, fecha en la que se extinguió el derecho y Ecopetrol retiró definitivamente de la nómina al señor Rafael Reyes Ospino, por no existir más beneficiarios. 3.1. La señora Sixta Zambrano, en nombre propio, solicitó a Ecopetrol sustitución pensional, pero esta le fue negada, por cuanto se le había concedido ya a la esposa del señor Reyes Ospino, hasta su fallecimiento, que ocurrió el 13 de marzo de 1980. 4. En virtud de lo anterior, la accionante instauró demanda ordinaria laboral en contra de Ecopetrol S.A., mediante la cual solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de compañera permanente del señor Rafael Reyes Ospino, en atención al “artículo 141 de la Ley 100 de 1993”[7]. 4.1. Dicho proceso fue resuelto en primera instancia por el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja mediante sentencia del 4 de julio de 2003[8], que desestimó las pretensiones de la demandante, por cuanto para la época en que falleció el pensionado, la Ley 33 de 1973 no le otorgaba a la compañera permanente el beneficio de la sustitución pensional. Resaltó que la pretensión que ella reclamaba se causó en el año 1977, - fecha en la que ocurrió el fallecimiento-, por lo que era pertinente aplicar la norma vigente para la época. Concluyó que la pretensión que reclamaba la accionante no tenía sustento legal y declaró probada las excepciones de “inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa para pedir cobro de lo no debido y pago”, propuestas por Ecopetrol[9]. 4.2. El 22 de septiembre de 2004, en sentencia de segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, confirmó la decisión, con similares consideraciones[10]. 5. La accionante mediante derecho de petición radicado el 26 de marzo de 2009[11], solicitó nuevamente a Ecopetrol, la sustitución pensional, la cual le fue negada, aduciendo que le había sido concedida a la esposa del señor Reyes Ospino y a los demás beneficiarios[12]. 6. Conocido el pronunciamiento constitucional de la sentencia T-098 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao), que avalaba la declaración de la excepción de inconstitucionalidad de normas que discriminaban por parte de los jueces, cuando estas se aplicaban aún después de la Constitución de 1991, la demandante presentó acción de tutela pidiendo que se ordenara la declaración de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 33 de 1973 y la inaplicación de las sentencias del 4 de julio de 2003 proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja y del 22 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, que le negaron el derecho a la sustitución pensional. 6.1. La tutela en mención fue resuelta en sentido negativo por las instancias, bajo la consideración de que existía otro mecanismo de defensa judicial para obtener tales reivindicaciones, como era adelantar el proceso ordinario laboral correspondiente[13]. 7. El 16 de julio de 2012, la accionante instauró por intermedio de su apoderada una nueva demanda laboral[14] contra Ecopetrol, en la que solicitó, con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, que se le diera cumplimiento a los artículos 13 y 42 de la Constitución Política de 1991, en el sentido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, en cuanto excluye a la compañera permanente del derecho a la sustitución pensional y en consecuencia, declarara que la accionante tenía derecho, en calidad de compañera permanente del señor Rafael Reyes Ospino, a dicha sustitución. 7.1. Ecopetrol S.A., elevó la excepción previa de cosa juzgada, alegando que en el proceso anterior la demandante había solicitado también el reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de compañera permanente del causante, "y como consecuencia de ello, las mesadas dejadas de percibir desde el mes de septiembre de 1977"[15]. 7.2. El 11 de febrero de 2014, dentro de la audiencia obligatoria de conciliación y decisión de excepciones previas, el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja, resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada[16], al encontrar identidad de objeto, de causa petendi y de partes procesales frente a la demanda laboral de sustitución pensional; tal y como fue alegado por el apoderado de Ecopetrol. Al respecto dijo la providencia lo siguiente: "Revisada nuevamente la demanda y observándose que no se plantean nuevos cargos, no tenidos en cuenta en las sentencias antes mencionadas, no existiendo una variación en la identidad del objeto, identidad de causa petendi e identidad de partes, incluso existe identidad en el texto normativo en que se fundamenta la presente demanda, es del caso declarar probada la excepción de cosa juzgada, toda vez que ya existió una decisión previa, que no le permite a la parte actora plantear nuevamente un asunto ya decidido, pues no sobra recordar que en sendos pronunciamientos la Corte Constitucional ha dicho que se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio"[17]. 7.3. Como consecuencia de lo anterior, la accionante interpuso recurso de apelación, que fue resuelto con auto del 3 de abril de 2014[18] por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que confirmó la providencia recurrida. Esa providencia, afirmó lo siguiente: "En orden a resolver el problema jurídico, debemos establecer que el problema jurídico que plantea entonces el recurso de apelación se concreta en establecer, ¿Si erró la juez de primer grado al dar prosperidad a la excepción de cosa juzgada establecida en el artículo 332 del C.P.C o si por el contrario... no hay lugar a declarar dicha excepción? (...) Las alegaciones que edifican la apelación sólo procuran revivir por caminos estratégicamente diseñados, un proceso legalmente concluido que hizo tránsito a cosa juzgada bajo las disposiciones que lo signaron (...): · La identidad de las partes: La demandante y Ecopetrol. · La identidad del objeto: La misma pretensión en este caso, como lo fue entonces el reconocimiento de la sustitución pensional. · Identidad de causa petendi: Porque los supuestos fácticos que se edificó entonces la demanda son los mismos que allegan para sostener las pretensiones que ahora se invocan. Lo que muta en esta ocasión (...) es el presupuesto normativo en el logro de una declaración de excepción de constitucionalidad de la ley que no se invocó en el proceso judicial ya finiquitado, como presupuesto del derecho de pensión de sobreviviente. (...) En este caso lo que se quiere es que se desconozca ese presupuesto normativo con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política... Resulta entonces antijurídico volver a estudiar el proceso, puesto que el debido proceso se cumplió al ser resuelto y fallado desfavorablemente para la demandante, ... para ... redimir un derecho que ya fue resuelto por la Jurisdicción Ordinaria Laboral."[19] 7.4. Así, tanto el Juzgado Laboral en mención, como el Tribunal Superior de Bucaramanga, acogieron la excepción de cosa juzgada propuesta por Ecopetrol, en la medida en que la señora Sixta Zambrano Oviedo ya había adelantado contra la misma empresa un proceso laboral previo persiguiendo el reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de compañera permanente del señor Rafael Reyes Ospino; proceso que culminó, como se dijo, con sentencia del 4 de Julio de 2003, confirmada en segunda instancia en septiembre de 2004, absolviendo a la empresa de las pretensiones de la demanda. 7.5. Para la demandante, las providencias judiciales relacionadas con el nuevo proceso laboral, incurrieron en Defecto Sustantivo al declarar la excepción de cosa juzgada, dado que en este caso sólo hay cosa juzgada relativa[20], ya que los jueces de instancia no hicieron un análisis de los hechos tomando en consideración la Ley 33 de 1973, pero esta vez desde el enfoque constitucional de 1991, que tiene un efecto retrospectivo sobre la legalidad preexistente. Así, según la demandante, el proceso actual, no tiene los mismos fundamentos jurídicos del anterior, "por cuanto se enfatiza a que la actual normatividad constitucional extiende sus efectos a la situación de mi poderdante"[21]. 7.6. A su juicio, las decisiones judiciales previas no constituyen cosa juzgada definitiva, pues "no encontraron norma legal vigente aplicable", cuando, a su juicio, "la actual normatividad constitucional extiende sus efectos a la situación de mi poderdante, dado que si bien los hechos se iniciaron bajo el imperio de la Constitución de 1886, también es cierto que la situación jurídica no quedó consolidada bajo su vigencia, esto es, se debe tener en cuenta que, al entrar a regir la Carta Política de 1991, la situación de la actora estuvo vigente hasta el 2 de septiembre de 1995, fecha en la cual Ecopetrol ordenó el retiro definitivo de la nómina de Rafael Reyes (Hijo de mi poderdante)(...)"[22]. Y como se trata del reconocimiento de prestaciones periódicas, como es el caso de la pensión de sobreviviente, el derecho no prescribe. 7.7. Concluye la demandante que la inaplicación del artículo 1º de la Ley 33 de 1973 en este caso es perentoria, ya que, restringir el derecho a la sustitución pensional a las cónyuges, con exclusión de las compañeras permanentes, es manifiestamente contrario al derecho fundamental a la igualdad (art. 13 C.P.) y al reconocimiento a las distintas formas de familia (art. 42 C.P.). Así lo reconocieron las sentencias T-098 de 2010 y T-1028 de 2010 de esta Corporación, que avalaron la decisión de jueces de declarar la excepción de inconstitucionalidad de normas que discriminaban y que se aplicaban después de la Constitución de 1991 en este tema. Afirma que las providencias constitucionales del año 2010, posteriores a los fallos de 2003 y 2004 sobre el asunto en mención, animaron la nueva demanda, con fundamento en el artículo 4º de la Carta Política. 8. Por todo lo anterior, la accionante, por intermedio de apoderada, interpuso acción de tutela[23] en la que solicita dejar sin efectos las providencias referidas[24] y que se declare que no hay cosa juzgada en el proceso laboral que se reseña, dado que el fundamento normativo que se pide adoptar esta vez, es que se aplique el artículo 4° de la Constitución y se conceda la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, en cuanto excluye a la compañera permanente del derecho a la sustitución persional y se entiende que el derecho a la sustitución pensional que consagra esa norma incluye a la compañera permanente desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Solicita que se respeten los criterios fijados por las sentencias SU-047 de 1999, T-1009 de 2007, T-932 de 2008, T- 584 de 2009; T-1625 de 2000, T-098 de 2010 y T-1028 de 2010. 9. Bajo estos supuestos, y a pesar de que el compañero permanente de la actora falleció antes de la expedición de la nueva Carta, solicita que se ordene a la Sala Laboral expedir un nuevo pronunciamiento, y que se resuelva a la luz de los dictados de la Constitución Política, teniendo en cuenta que a su juicio no se configura la figura de la cosa juzgada alegada por la entidad demandada[25]. La accionante afirma además, ser una persona de casi 74 años de edad[26], que vive de la poca ayuda que sus hijos le pueden ofrecer y que dada su avanzada edad, tiene un estado de salud precario. Actuación procesal en sede de tutela y respuesta de las entidades demandadas Conoció de la acción de tutela en primera instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[27]; Corporación que mediante auto del 3 de julio de 2014, admitió la acción constitucional de la referencia y ordenó dar traslado a las entidades demandadas, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción[28]. Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga El Magistrado ponente de la providencia del 3 de abril de 2014, censurada en sede de tutela, solicitó negar el amparo[29], puesto que esa decisión se fundó en un juicio hermenéutico/jurídico acompañado del análisis de la prueba producida en juicio, que concluyó con la configuración de la cosa juzgada, de conformidad con los artículos 97 del Código de Procedimiento Civil y el 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ese orden, se advirtió la existencia de los presupuestos fácticos y jurídicos que soportan la prosperidad de la excepción declarada en el auto objeto de censura. Ecopetrol A través de su representante legal, la entidad dio respuesta a la solicitud de amparo de la referencia[30] y señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener que se revoque una decisión judicial que le es desfavorable, teniendo en cuenta que declaró probada la excepción de cosa juzgada laboral. Al respecto, indicó que la pretensión referente al derecho de sustitución pensional de su compañero permanente había sido controvertida dentro de un proceso adelantado en el Juzgado Único Laboral de Barrancabermeja, el cual mediante providencia del 4 de julio de 2003, resolvió desfavorablemente sus pretensiones, decisión que fue confirmada en septiembre de 2004, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Igualmente, sobre "la inconstitucionalidad sobreviniente del artículo 1º de la Ley 33 de 1973 alegada por la actora", indicó que al existir situaciones jurídicas consolidadas, éstas no pueden revivir sólo porque sentencias posteriores signifiquen una mejor posición en un proceso nuevo. Como la sustitución pensional operó a partir del 31 de agosto de 1977, se aplicaba la legislación vigente en ese momento y los derechos los tenían las personas amparadas por las normas vigentes para la época. Para esa fecha, la accionante no tenía la titularidad del derecho y en ese sentido se motivaron los fallos de los procesos adelantados por la accionante[31]. Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja La Jueza Única Laboral del Circuito de Barrancabermeja dio respuesta dentro del proceso de la referencia y solicitó negar la acción de tutela[32]. Después de realizar un estudio riguroso de las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, señaló que la sentencia objeto de estudio no quebrantó ninguno de los eventos reconocidos por la jurisprudencia constitucional, por cuanto dicha providencia se basó en una decisión que responde a una interpretación jurídica razonable de las normas aplicables al caso. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, especialmente cuando el defecto tiene que ver más con la interpretación que el juez haga de normas concernientes y aplicables al caso, tiene a su juicio, un carácter excepcional. Así, concluyó que no se evidencia vulneración alguna de los derechos de la accionante, ni la configuración de una vía de hecho[33]. Decisión objeto de revisión Primera instancia La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de julio de 2014[34], resolvió negar el amparo solicitado, al considerar que la pretensión de la demanda es que se dejen sin efecto por este medio, las providencias del 11 de febrero de 2014 y del 3 de abril de 2004, emitidas por las autoridades judiciales correspondientes, sobre la base de la consideración de la inexistencia de cosa juzgada. No obstante, el fenómeno de la cosa juzgada se evidencia no sólo del "haz probatorio recaudado, sino de las normas legales aplicables al tema"[35], por lo que las providencias referidas en el escrito de tutela fueron proferidas con base en las normas mínimas de razonabilidad jurídica, lo que descarta cualquier actuación arbitraria o caprichosa por parte de los accionados. Así mismo, señaló que el hecho de que la demandante no coincida con el criterio de los operadores judiciales, a quienes la ley les asignó la competencia para fallar el caso concreto, o no la comparta, no invalida la actuación y mucho menos la hace susceptible de ser modificada por el juez de tutela. Impugnación El 12 de agosto de 2014, la apoderada de la actora interpuso recurso de apelación[36] contra el fallo de primera instancia, sin realizar manifestación expresa de los motivos de inconformidad. Segunda Instancia La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2014[37], confirmó el fallo recurrido al considerar que los motivos expuestos por la actora no configuran una de las circunstancias a las que alude la jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, teniendo en cuenta que las providencias censuradas se sustentan en argumentos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad, sin que se perciba error en la valoración probatoria o en la aplicación normativa. B. Expediente T-4598352 El 25 de julio de 2014, la señora Edna Victoria Hernández Borrero[38], por intermedio de apoderada, formuló acción de tutela[39] como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable contra CAPRECOM, al considerar que esa entidad vulneró sus derechos constitucionales al mínimo vital y a la seguridad social al negarle la pensión de sobreviviente. Sustenta la existencia de dicho perjuicio, en el hecho de que es una persona de 77 años de edad con una enfermedad crónica (Diabetes) que dependía plenamente del causante y que ahora con la negativa de la entidad ve comprometido su mínimo vital. Solicita se ordene a CAPRECOM el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, como consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente el señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo[40]. Hechos relevantes 1. La accionante Edna Victoria Hernández Borrero, al momento de presentar la acción de tutela tenía 77 años de edad. 2. Contrajo matrimonio con el señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo[41], el 29 de junio de 1963[42]. De la unión nacieron 4 hijos. 3. Desde el 23 de febrero de 1977, CAPRECOM había expedido una resolución, mediante la que reconoció y pagó, la pensión de vejez a favor de Pablo Horacio Domínguez Trujillo. 4. Por sentencia judicial, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Villavicencio, el 21 de enero de 1997, se divorció por mutuo acuerdo y liquidó su sociedad conyugal. 5. El 17 de febrero de 1997, el señor Pablo Horacio Domínguez Chacón solicitó a CAPRECOM por escrito, que tuvieran a la señora Edna Victoria Hernández Borrero como beneficiaria de su pensión, por haber regresado de nuevo al seno familiar conformado por la accionante y sus hijos. Y el 7 de mayo CAPRECOM respondió esa solicitud favorablemente. 6. Después de la separación, según afirma, ella y el señor Domínguez decidieron formar nuevamente una comunidad de vida con ánimo de permanencia, desde el 17 de febrero de 1997 hasta el 9 de enero de 2013, fecha de fallecimiento del señor Domínguez. En ese periodo, según la accionante, dependió económicamente del causante. 7. La accionante no tuvo dinero para contratar un abogado para realizar la reclamación administrativa, sin embargo en dicha reclamación y con los testimonios rendidos que se aportaron a CAPRECOM, la accionante demostró que el término mínimo de convivencia superó los cinco años exigidos por ley. 8. La señora Edna Hernández realizó reclamación administrativa a CAPRECOM el 5 de febrero de 2013[43], con la finalidad de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de su compañero permanente. La entidad negó su petición mediante resolución N° 000801 de 2013[44], con el argumento de que no existió dependencia económica entre la solicitante y el causante[45], puesto que ella, aparece como beneficiaria de su hija, ante la EPS y el causante como cotizante sin beneficiarios. Y que no se acreditó suficientemente la convivencia marital durante los últimos 5 años. 9. La accionante presentó el recurso de apelación[46], mediante el cual alegó: “Ahora, respecto de la falta de afiliación como beneficiaria de mi esposo en la seguridad social, la explicación es muy sencilla. Para nadie es un secreto, que el servicio de salud en CAPRECOM fue pésimo, estando incluso la entidad al borde de la liquidación. Sin embargo debo aclarar que estuve vinculada como beneficiaria hasta cuando se tomó la determinación de que los pensionados se afiliarían a la EPS SANITAS. El valor sobre el cual se pagaba la seguridad en la EPS SANITAS, era muy alto por el valor de la pensión de mi esposo. Es por eso que él y mis hijos, tomamos la determinación que nuestra hija SONIA ESMERALDA DOMINGUEZ HERNANDEZ, me afiliara en su EPS como beneficiaria, y así ha sido hasta el día de hoy” La entidad accionada confirmó en su totalidad la decisión inicial. 10. Por todo lo anterior, interpuso acción de tutela contra CAPRECOM, pues es una persona de especial protección constitucional (77 años de edad) que padece deterioro en su salud (diabetes mellitus II hipertensión arterial)[47], por lo que solicita que se ordene a dicha entidad, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y la afiliación a una empresa promotora de salud a que tiene derecho por el fallecimiento de su compañero permanente. Actuación procesal y respuesta de las entidades demandadas Conoció de la acción de tutela, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, quien avocó conocimiento mediante auto del 25 de julio de 2014, admitió la acción de tutela y ordenó dar traslado a la entidad accionada para que, en aras de garantizar su derecho de defensa y contradicción, se pronunciara sobre los hechos y pretensiones[48]. CAPRECOM El 8 de agosto de 2014, la entidad accionada por intermedio del subdirector de prestaciones económicas presentó respuesta dentro del trámite de tutela de la referencia[49] en la que indicó que el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes fue negada a la accionante, como quiera que no demostró la convivencia durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante. Por lo anterior, solicitó se declare improcedente la actuación, por cuanto la entidad actuó dentro del ámbito de su competencia y dentro de los límites establecidos para el reconocimiento de las prestaciones económicas de conformidad con la norma vigente para ese entonces. Decisión objeto de revisión Primera instancia El 08 de agosto de 2014[50], el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, resolvió negar por improcedente la acción de tutela, al considerar que: i) no es arbitrario que la accionada se hubiera negado a reconocer la pensión de sobreviviente, pues ello fue consecuencia de la valoración que hizo de todo el acervo probatorio del expediente administrativo; ii) no hay explicación sobre las razones por las cuales la afiliación en salud de la accionante, se hizo en condición de beneficiaria de su hija y no de su compañero permanente que se encuentra afiliado en calidad de cotizante. Advirtió, que es en la jurisdicción contenciosa administrativa donde debe dirimirse la controversia objeto de estudio, ya que se requiere tener absoluta certeza frente al reconocimiento del derecho que se pretende garantizar. Impugnación El 14 de agosto de 2014, la accionante, por intermedio de su apoderada, impugnó[51] el fallo de tutela. Solicitó se revoque la decisión de primer instancia, se tutelen sus derechos fundamentales, y se ordene a la accionada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Indicó, que para el a quo resultó suficiente el hecho de que exista una afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud como beneficiaria de la hija, para acreditar la falta de dependencia económica y la convivencia con el pensionado. Sin embargo, la misma jurisprudencia mencionada por el accionado, reitera que la convivencia se configura cuando existe un compromiso de vida real y vocación de permanencia entre las partes. Aunado a lo anterior, explicó que la falta de afiliación como beneficiaria de su compañero, se debió: i) al precario servicio de salud prestado por CAPRECOM, y ii) al hecho de que cuando los pensionados se afiliaron a SANITAS EPS, los valores de los pagos de seguridad social eran muy elevados, razón por la cual tuvo que afiliarse como beneficiaria de una de sus hijas[52]. Igualmente afirmó que el juez constitucional no valoró la totalidad de los elementos probatorios, como las declaraciones juramentadas de la accionante y de los dos testigos que daban fe de la convivencia entre la señora Edna Hernández y el señor Horacio Domínguez. Al respecto, citó las sentencias T-774 de 2008 y T-489 de 2011, las cuales validan la presentación de declaraciones juramentadas para demostrar la existencia de una unión marital de hecho. Segunda Instancia La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, mediante sentencia del 17 de septiembre de 2014[53], confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que la tutela no es un mecanismo sustitutivo ni alternativo del medio ordinario previsto en la ley para el reconocimiento y pago de derechos pensionales, como lo pretende la accionante. Así también, consideró que CAPRECOM, expidió los correspondientes actos administrativos, en los que negó el derecho cuyo reconocimiento pretende la accionante, los cuales contienen el debido sustento fáctico y jurídico, desvirtuando de esta forma la existencia una vía de hecho en la actuación. II. PRUEBAS DECRETADAS EN SEDE DE REVISIÓN Mediante auto del 17 de febrero de 2015, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional consideró pertinente solicitarle a la accionante Edna Hernández de Domínguez aportar los documentos necesarios que den cuenta de su convivencia con el señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo. Los documentos allegados son los siguientes: a. Certificación de la Asociación Nacional de Pensionados de Comunicaciones APENCOM, en la que refiere que el señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo, identificado con C.C. 493768, estaba afiliado desde el 1º de enero de 1979, y registró como beneficiaria del auxilio de solidaridad a la señora Edna Hernández de Domínguez[54]. Además, APENCOM indicó que en los archivos no se encuentra el formulario de afiliación, por lo que el único respaldo que hay de la vinculación es el la tarjeta de Kardex[55]. b. Comprobante de egresos de APENCOM a favor de Edna Victoria Hernández, por un valor de $719.100 por concepto de auxilio de solidaridad por el fallecimiento de su esposo Pablo Horacio Domínguez Trujillo[56]. c. Siete declaraciones extra juicio rendidas por separado, que contienen relato similar, al afirmar que: i) conocieron al señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo, ii) que falleció por muerte natural en Villavicencio, iii) que vivía con Edna Victoria Hernández Borrero, iv) que ellos se separaron por un tiempo pequeño, pero desde 1977 vivían con los cuatro hijos en una casa del barrio El Triunfo, v) que el señor Pablo Horacio Domínguez trabajaba y aportaba económicamente todo para el hogar y ella se dedicaba a las labores de la casa y vi) cuando Pablo se enfermó no viajo más y la señora Edna lo cuidó suministrándole todos los medicamentos y atenciones que él requirió, hasta el día de su muerte en el 2013[57]. Adicional, las hijas indicaron que de la unión de sus padres nacieron cuatro hijos, que no existen más hermanos, que su madre siempre ha sido una persona enferma[58] y nadie diferente a su progenitora ha reclamado el derecho. CONSIDERACIONES Competencia 1. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar las sentencias proferidas dentro de las acciones de tutela radicadas en esta Corporación con los números T-4573765 y T-4598352, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Metodología a adelantar en esta sentencia 2. A pesar de que los dos casos aquí analizados fueron acumulados entre sí, el contenido de la situación fáctica y problema jurídico es diferente, por ello, se estudiaran y resolverán por separado. Asuntos bajo revisión y problema jurídico Expediente T-4573765 3. La señora Sixta Zambrano Oviedo, por intermedio de apoderada, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia, generada por la negativa de los despachos judiciales mencionados de concederle la pensión de sustitución de su compañero permanente, en las providencias que dictaron en primera y segunda instancia respectivamente, dentro del proceso ordinario laboral que se siguió en contra de Ecopetrol. La accionante pretende que se declare no probada la excepción de cosa juzgada, y que se aplique la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1° de la Ley 33 de 1973, en virtud de los principios de prevalencia de la Constitución Política de 1991. Lo anterior, por considerar que los autos que declararon probada la excepción de cosa juzgada y que ordenaron el archivo del proceso, incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento de la Constitución, al no aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, norma que excluye a la compañera permanente del derecho a la pensión. Por lo tanto, solicitan que se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a que considera tener derecho a la luz de la Constitución de 1991. 4. La Sala debe entrar a resolver en consecuencia los siguientes problemas jurídicos: i) ¿ Al señalar la presencia de cosa juzgada en virtud de la existencia de fallos anteriores proferidos en el 2004,- con aparente identidad de las partes, del objeto y de la causa petendi -, cuando según la accionante, no consideraron que al parecer se había invocado un nuevo argumento en el segundo proceso laboral, relacionado con la violación directa de la Constitución y la necesidad de inaplicar la Ley 33 de 1973 en el caso concreto, incurrieron en un defecto sustantivo las providencias de los despachos judiciales demandados? ii) En caso de no existir cosa juzgada, ¿es válido que la accionante a la luz de los principios normativos de la Constitución de 1991, reclame una sustitución pensional como compañera permanente de una persona fallecida en 1977, -fecha en que se causaría el aparente derecho conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 33 de 1973 que regía para la época, con fundamento en el derecho a la igualdad y en la entrada en vigor de la nueva Carta? 5. A fin de resolver el asunto, la Sala reiterará los temas en torno a: i) la jurisprudencia sobre procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) la violación directa de la Constitución, como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; iii) el fenómeno de la cosa juzgada; iv) reglas jurisprudenciales de la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales y v) caso concreto. Reglas jurisprudenciales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 6. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional[59] y encuentra su fundamento en el artículo 86 de la Carta, que establece su viabilidad cuando la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales se produce por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, incluidos los jueces de la República. El sustento normativo de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, también se encuentra en el numeral 1º del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos[60] y el literal a. del numeral 3º del artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[61]. 7. Con la sentencia C-590 de 2005[62], la Corte Constitucional superó el concepto de vías de hecho, utilizado inicialmente en el análisis de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, para dar paso a la doctrina de específicos supuestos de procedibilidad. En la sentencia SU-195 de 2012[63], ésta Corporación reiteró la doctrina establecida en la sentencia C-590 de 2005[64], en el sentido de condicionar la procedencia de la acción de tutela al cumplimiento de ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, agrupados en: i) requisitos generales de procedencia y ii) causales específicas de procedibilidad[65]. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia 8. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; ii) agotamiento de todos los medios de defensa judicial –ordinarios y extraordinarios -, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de un perjuicio iusfundamental irremediable[66]; iii) observancia del requisito de inmediatez, es decir, que la acción de tutela se interponga en un tiempo razonable y proporcionado a la ocurrencia del hecho generador de la vulneración[67]; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en la providencia que se impugna en sede de amparo[68]; v) identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido alegados en el proceso judicial[69], y vi) que no se trate de una tutela contra tutela[70]. Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 9. Las causales específicas de procedibilidad persiguen el análisis sustancial del amparo solicitado. Así lo advirtió esta Corporación en la sentencia C-590 de 2005, que además estableció que basta con la configuración de alguna de las causales específicas, para que proceda el amparo respectivo. Tales causales han sido decantadas por la jurisprudencia constitucional en forma de defectos, así: -Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de competencia. - Defecto procedimental absoluto: surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley. - Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio, que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión o cuando se desconocen pruebas que tienen influencia directa en el sentido del fallo. - Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales[71], cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en el caso o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene. - El error inducido: acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales. - Decisión sin motivación: se presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan. - Desconocimiento del precedente[72]: se configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad. - Violación directa de la Constitución[73]: que se deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como un supuesto plenamente vinculante y con fuerza normativa. La violación directa de la constitución como causal especifica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales 10. Dentro de las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales está la violación directa de la Constitución cuyo fundamento se encuentra en el artículo 4° que ordena que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” con el consecuente reconocimiento de la supremacía de la norma superior y de su valor normativo. 11. La jurisprudencia constitucional[74] ha sostenido que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y, (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta para sus fallos, el artículo 4º de la Constitución, pues al ser norma de normas, en el evento, en el que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia, a las normas legales contradictorias. 12. Se concluye entonces que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo superior de los preceptos constitucionales. Por tanto, no les es dable a los jueces en su labor apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución, y cuando lo hacen, se configura una causal de procedencia de la acción de tutela contra la decisión adoptada. Al respecto, la sentencia T-1028 de 2010, indicó que esta causal se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política[75]. En otras palabras, se presentó cuando: i) se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, o ii) al aplicar la ley al margen de los postulados constitucionales[76]. Al respecto, la Corte Constitucional a través de sus pronunciamientos, ha indicado, que la causal se estructura cuando la autoridad judicial “no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la carta”[77]. También ha recordado que “la excepción de inconstitucionalidad consiste en la aplicación, en el caso de contradicción manifiesta con la Constitución Política, de las normas de inferior jerarquía a propósito de un caso particular y con efecto inter partes”. La sentencia C-069 de 1995[78] resaltó que el principio de supremacía de la Constitución consiste en que “esta se impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas, por parte de las autoridades con plena competencia para ello”[79]. De igual manera la sentencia T-067 de 1998 indicó que “el valor normativo de la Constitución Política y la primacía que le es consustancial, obliga al juez a desechar la aplicación de una ley que claramente viola sus disposiciones. La figura de la excepción de inconstitucionalidad, cuando se dan sus presupuestos, compromete al juez de la causa que debe siempre velar por el efectivo cumplimiento de los mandatos constitucionales”[80]. Fenómeno de la cosa juzgada, en el proceso laboral 13. La cosa juzgada es un elemento integrante del derecho al debido proceso judicial que reconoce el respeto que se debe tener por las decisiones tomadas por los jueces, en ejercicio de sus funciones. Las sentencias pasan a ser imperativas, susceptibles de cumplirse coercitivamente y se hacen inmutables, por cuanto no pueden ser variadas, es decir hacen tránsito a cosa juzgada. El impedir que los asuntos decididos mediante sentencia que agotó todos los recursos pertinentes, se sometan nuevamente al debate judicial, busca poner fin a la controversia y al estado de incertidumbre que se generaría si quien obtuvo providencia contraria a sus intereses, pudiera seguir planteando el mismo debate hasta lograr un fallo que se ajuste a su propósito[81]. 14. Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere: i) identidad de partes, esto es, que al proceso concurran las mismas partes de la decisión que constituye cosa juzgada, ósea debe existir identidad jurídica de los mismos, ii) identidad de objeto, la demanda debe girar sobre la misma pretensión sobre la cual se decidió y que dio origen a la cosa juzgada y iii) identidad de causa, que supone que el nuevo proceso se adelanta por la misma causa que originó el proceso anterior, los motivos que llevaron a la parte a iniciar el proceso, surgen de los hechos de la demanda. En otras palabras, la razón de la demanda no varía[82]. 15. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-820 de 2011, al estudiar la constitucionalidad del trámite de las excepciones previas o de fondo relacionadas con la -prescripción y cosa juzgada- en el proceso laboral, regulado en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, tal como fue modificado por el artículo 1° de la Ley 1149 de 2007, al desarrollar el estudio de constitucionalidad, consideró que: “En el caso de la cosa juzgada, la verificación se contrae a contrastar objetivamente el contenido de una decisión o actuación anterior que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada, a fin de establecer si las partes, el objeto y la causa presentan identidad con los mismos elementos del proceso actual, a fin de declarar la autoridad emanada de la existencia de dicho fenómeno. De modo que resulta razonable y compatible con el orden justo que promueve la Constitución, anticipar una decisión que protege a las partes de un nuevo juicio y una nueva sentencia sobre la misma materia, desplegando sobre la actuación actual las funciones positivas y negativas que se atribuyen al instituto de la cosa juzgada como son las de prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico. Pugnaría con el interés del Estado en promover la seguridad jurídica y la estabilidad de los derechos, el permitir que un proceso avanzara hasta su culminación, no obstante hallarse plenamente acreditada la estructuración del fenómeno de la prescripción liberatoria, o de la cosa juzgada.” Así, concluyó la Corte Constitucional que la cosa juzgada responde a fines constitucionales legítimos como son los de procurar la celeridad del proceso, proveer a una pronta y cumplida justicia y asegurar la seguridad juridica. También, en esa oportunidad aclaró que los derechos del demandante (en el proceso laboral) se encuentran resguardados en la medida que cuentan con la posibilidad de argumentar y contradecir en la audiencia respecto de las razones de defensa del demandado, impugnar por los medios ordinarios la decisión que se profiera sobre las excepciones previas, y estimular el ejercicio de los poderes de dirección y gobierno atribuidos al juez para la garantía de los derechos fundamentales, el equilibrio entre las partes del proceso. 16. Por otra parte, la Corte Constitucional ha reiterado que el debido proceso es un principio constitucional de acuerdo con el cual toda persona tiene derecho a unas garantías procesales mínimas, en el marco de las actuaciones judiciales y administrativas (artículo 29 constitucional). Lo anterior, implica “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Al respecto, esta Corporación al igual que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, consideran que se vulnera el non bis in ídem que parte del supuesto de respeto frente a otros la cosa juzgada cuando se presenta una triple identidad (objeto, causa y persona) en las dos imputaciones. 17. Este principio se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales como en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969[83], también en el Convenio de Ginebra sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra de 1949, artículo 86[84]. 18. La Corte en sentencia C-870 de 2002 indicó que la función del principio del non bis in idem, es la de evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad. Por eso, éste principio no se circunscribe a preservar la cosa juzgada sino que impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por los medios a su alcance, que una persona sea puesta en una situación de ser juzgado varias veces por lo mismo. Teniendo como fundamento la seguridad jurídica y la justicia material. 19. Así, se puede concluir que la cosa juzgada pretende: i) satisfacer la necesidad de certeza de las situaciones jurídicas, que toda sociedad requiere; ii) estabilidad y certidumbre de los derechos adquiridos, reconocidos o declarados que permiten la inmutabilidad de los mismos en virtud de las sentencias; iii) seguridad jurídica, la cual se manifiesta mediante el principio "non bis in idem", siendo imposible, la apertura de la misma causa una vez concurren identidad de sujeto, objeto y causa y iv) ponerle punto final a las pretensiones de las partes ya que por regla general quien pierde siempre considerará injusto el resultado y querrá un fallo distinto. Así, con la cosa juzgada se pone un límite a la revisión del proceso y a las relaciones que se han constituido o declarado a partir de la decisión judicial. Reglas jurisprudenciales de la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales. Reiteración de jurisprudencia 20. El principio de subsidiariedad, contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, implica que por regla general, no puede utilizarse la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos pensionales, al existir mecanismos judiciales ordinarios, con los que pueden debatirse los asuntos derivados del litigio pensional. 21. Sin embargo y como regla exceptiva, puede darse la procedencia de la acción de tutela en estos casos, cuando existen otros medios de defensa judicial, de acuerdo con las siguientes reglas: i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario[85]; ii) procede la tutela como mecanismo definitivo: cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia[86]. Además, iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros. En tales casos, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[87]. 22. Además, el juez de tutela debe evaluar en estos casos: (i) El grado de vulnerabilidad de la persona que solicita el reconocimiento de la pensión, para determinar que es un sujeto de especial protección constitucional. (ii) Que la pensión esté ligada a la satisfacción del mínimo vital y otros derechos fundamentales y, por ello, su definición por vía de tutela puede resultar trascendental para evitar graves perjuicios a las que podría verse sometida una persona en situación vulnerable, si tuviese que dirigir sus pretensiones a un proceso ordinario. (iii) La acreditación de un grado mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente conculcado. (iv) Una certeza sobre el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento del derecho reclamado[88]. Caso Concreto del expediente T-4573765 Procedibilidad de la acción de tutela 23. Al ser tutela contra sentencias judiciales debe la Sala, en primer lugar, verificar si se satisfacen las causales genéricas de procedibilidad, y en consecuencia, si es del caso, abordar la situación en concreto. Para el efecto, se requiere averiguar si se cumplen los requisitos jurisprudenciales como pasa a verse: (i) Que la cuestión que se discuta sea de relevancia constitucional. Sin duda alguna el presente asunto reviste de relevancia constitucional ya que nos encontramos con un proceso ordinario labor...