Sentencia T-114 de 2018

T-114-18 Sentencia T-114/18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PRIVADA Y LA NATURALEZA DE LA INFORMACION RECOPILADA POR LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CLASIFICACION DE LA INFORMACION-Finalidad Una de las modalidades del derecho de petición es el de petición de información y, en esa medida, la satisfacción de ese derecho implica una relación inescindible con el acceso a la información como una garantía constitucional específica. De allí que para resolver el presente caso resulta necesario tener claridad acerca del contenido y alcance del acceso a la información, a fin de establecer si este estuvo, o no, garantizado por la sociedad accionada. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION-Fundamental DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-Regulación normativa INFORMACION PRIVADA-Concepto La jurisprudencia de la Corte Constitucional define la información privada como aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto a quien le incumbe y, por ende, sólo puede accederse a ésta por orden de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones. La información personal comprende la relacionada con los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, la información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva . De igual forma, tiene naturaleza de información privada “la información genética que reposa en bancos de sangre, esperma, laboratorios, consultorios médicos u odontológicos o similares”. La Corte ha advertido que en los eventos aludidos, esta información revela facetas importantes de la vida personal, social y económica del individuo y que, debido a expresa disposición constitucional o por su propia naturaleza, solo puede ser divulgada por autorización de la persona a la que se refiere, o por la existencia de una decisión judicial. DATOS SENSIBLES-Concepto El concepto de datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los que revelen el origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. EXCEPCIONES A LA PROHIBICION DE TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES-Jurisprudencia constitucional CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION-Concepto Un circuito cerrado de televisión o Closed Circuit Television –CCTV– es un conjunto de componentes directamente entrelazados, que crean un circuito de imágenes y, se les denomina circuito cerrado porque a diferencia de la televisión tradicional, este solo permite un acceso limitado y restringido del contenido de las imágenes a algunos usuarios . En efecto, el CCTV puede estar compuesto de una o varias cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, los cuales reproducen imágenes capturadas; estas imágenes pueden ser, simultáneamente, almacenadas en medios analógicos o digitales, según lo requiera el usuario. SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA-Lugar de instalación de las cámaras de seguridad determina la naturaleza de la información captada en los circuitos cerrados de televisión Se tiene que la información captada por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de una persona es indiscutiblemente privada. De igual manera, la información captada por los equipos de vigilancia instalados en establecimientos privados abiertos al público también tienen la naturaleza de privada, debido a que continuamente se encuentra registrando información de las personas que frecuentan este tipo de lugares. Cosa distinta, ocurre con los dispositivos de seguridad instalados en establecimientos y/o instituciones públicas, debido a que, según la tipología establecida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está captando imágenes en un lugar abierto al público. Lo anterior sin perjuicio de las particularidades de cada caso, por cuanto, puede ocurrir que dentro de una residencia se instalen unas cámaras de seguridad por orden legal y/o judicial, circunstancia en la cual no se puede considerar que las imágenes que capten dichos equipos sean de carácter privado, toda vez que, la utilización de dicho material estaría destinado a fines completamente diferentes a los personales. DERECHO DE PETICION DE INFORMACION-Caso en que se solicita copia de videos captados por cámaras de seguridad de establecimiento de comercio INFORMACION PRIVADA-Acceso sólo por orden de autoridad judicial ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR INFORMACION PRIVADA-Improcedencia por cuanto los videos de cámaras de seguridad de establecimiento comercial tienen carácter reservado y sólo puede ser autorizado por autoridad judicial Referencia: Expediente T-6.492.167 Acción de tutela instaurada por la señora Lizeth Quiñones Balanta contra la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. Magistrado Ponente: CARLOS BERNAL PULIDO Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia adoptado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, 13 de septiembre de 2017, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, el 26 de julio de 2017, dentro del proceso de tutela promovido por la señora Lizeth Quiñones Balanta contra la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto-ley 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia. De acuerdo con el artículo 34 del Decreto-ley 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. I. ANTECEDENTES 1. El 14 de julio de 2017, la señora Lizeth Quiñones Balanta formuló acción de tutela en contra de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., a fin de que se le protegieran sus derechos fundamentales de petición, habeas data, acceso a la administración de justicia y de acceso a la información. 1. Hechos 2. Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción de tutela se pueden sintetizar así: 3. Narró la tutelante que el 2 de julio de 2017, su padre, el señor Segundo Medardo Quiñones Castillo, se encontraba de paseo en el establecimiento de comercio denominado “Termales de San Vicente” de propiedad de la sociedad accionada, lugar en el cual, sufrió un accidente en circunstancias extrañas, que le produjeron su posterior fallecimiento el día 8 de los mismos mes y año. 4. Relató que al solicitarle explicaciones al administrador de dicho centro de recreación, el mencionado funcionario manifestó “no ser procedente dar las mismas” y, en consecuencia, le sugirió que presentara una petición, a través de la cual, solicitara copia de los videos de seguridad de la fecha de ocurrencia del accidente. 5. Señaló que, el 7 de julio de 2017, su hermana solicitó copias de los registros fílmicos a la sociedad accionada, debido a que, en la institución médica en la cual se encontraba hospitalizado el señor Quiñones Castillo necesitaban conocer con precisión el tiempo de inmersión de la víctima en las aguas termales. 6. Expresó que, el 11 de julio de 2017, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. respondió negativamente a la petición elevada por la hermana de la tutelante, debido a que los videos requeridos “muestran datos sensibles en donde están menores de edad y la ley de protección de datos les impide su compulsa”. 7. Concluyó que a fin de obtener información acerca de los motivos del fallecimiento del señor Quiñones Castillo, necesita verificar el registro fílmico de la fecha de acaecimiento del accidente y, ante tal negativa, la entidad accionada está vulnerando los derechos fundamentales de información, petición y acceso a la administración de justicia, por cuanto, “para nosotros los parientes no es posible determinar la causa probable de la muerte de mi padre si no se tiene conocimiento de los hechos que rodearon el suceso que le llevó a la muerte”[1]. 2. Pretensiones[2] 8. La tutelante solicitó que i) se amparen los derechos fundamentales de información, petición, habeas data y de acceso a la administración de justicia y, ii) se ordene a la accionada la entrega del registro fílmico de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento Termales de San Vicente, del día 2 de julio de 2017, entre las 3 y 5 de la tarde. 9. El 14 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira admitió la referida acción constitucional y, ordenó tener como pruebas los documentos aportados con el referido recurso de amparo[3]. 3. Respuesta del accionado 10. El 19 de julio de 2017, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. dio respuesta a la acción de tutela instaurada en su contra por la señora Lizeth Quiñones Balanta y, para tal efecto, esgrimió los siguientes argumentos en su defensa. 11. Adujo la configuración de un hecho superado “con relación al derecho de petición radicado el 07 de julio de 2017 y contestado el 11 de julio de 2017, por considerar que los presupuestos invocados por el actor para fundamentar su acción de tutela en este sentido habían desaparecido una vez se dio respuesta”[4]. Además, arguyó que la respuesta no fue favorable, debido a que la Ley 1581 de 2012 prohíbe a la sociedad accionada y a cualquier persona jurídica que administre datos “exponer o circular datos sensibles, la circulación de imágenes de (menores de edad) quienes además estaban en vestido de baño”[5]. 12. En lo atinente al suministro de los registros de las cámaras de seguridad, la entidad accionada expresó que no era posible acceder a tal solicitud, toda vez que, “las cámaras de video guardan información solo 8 días y luego graban sobre el mismo disco, por lo tanto no existe dicho registro, a excepción de la piscina de algas (lugar cercano donde sucedieron los hechos) y de la cual Ecotermales San Vicente S.A. guarda una copia de seguridad para aportar a una eventual investigación en caso de ser requerida por una autoridad judicial que pretenda analizar los hechos”[6]. 4. Decisiones objeto de revisión 13. El 26 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira declaró como hecho superado los supuestos fácticos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones: “Teniendo presentes los hechos puestos en conocimiento, se vislumbra que en este caso concreto no existe vulneración a ningún derecho fundamental, por cuanto la entidad accionada ya dio respuesta al derecho de petición con base en la formulación de manera clara y concisa. Independientemente de que haya o no accedido a satisfacer la pretensión final de la accionante y la cual está sustentada en el por qué de su negativa a acceder a lo impetrado por la señora Quiñones Balanta. En concreto, respecto a los derechos fundamentales invocados es claro que ECOTERMALES SAN VICENTE no le ha vulnerado los derechos a la señora Lizeth Quiñones Balanta. En este orden de ideas, queda esclarecido con respecto al derecho de petición, que existe ya una respuesta por parte de la accionada configurándose así una carencia actual de objeto por ser un hecho superado. Así las cosas, respecto al presente asunto, se denegará la tutela impetrada”[7]. 14. El 8 de agosto de 2017, la tutelante formuló impugnación en contra de la decisión aludida en el numeral anterior, a fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la mencionada acción constitucional. En efecto, señaló que “el derecho de petición no solamente busca que las peticiones sean resueltas sino que busca una verdadera satisfacción al derecho de información (…) y lo que busca es conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que falleció mi padre, antes que sean borrados los registros fílmicos que darán cuenta de lo sucedido, información de la cual no es reserva”[8]. 15. El 13 de septiembre de 2017, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira confirmó la decisión de primera instancia, de conformidad con las siguientes consideraciones: “En el caso objeto de estudio por parte de esta instancia, visto que la sociedad accionada, Ecotermales San Vicente, es una entidad de carácter privado, que presta un servicio al público y aunque no tiene el carácter de autoridad, se concluye, que eventualmente podría transgredir el derecho de petición de la peticionaria, toda vez que si bien es cierto, contestó dentro del término la petición de la accionante, también lo es que no se le suministró completa la información, al no entregarle el registro fílmico. Sobre este punto debe esta célula judicial aclarar que si bien es cierto no se ha contestado de fondo la petición, también lo es que la información no suministrada, goza de reserva según lo estipulado por el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 (…). Como vemos se desprende del citado artículo que el respeto por los niños, niñas y adolescentes debe primar sobre cualquier aspecto, no quiere decir lo anterior, que la accionante no pueda acceder a tales registros, pero sí lo debe hacer de otra manera, es decir, solicitarlos para efectos de allegarlos como prueba a un trámite judicial y conforme a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso, pues no (es) esta la vía para obtenerlos. En consecuencia, se confirmará el fallo emitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, el día veintiséis de junio del año que avanza, el cual negó el amparo por la señora Lizeth Quiñones Balanta”[9]. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 16. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto-ley 2591 de 1991. 2. Identificación de los problemas jurídicos 17. Le corresponde a esta Sala de Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿La acción de tutela presentada por la señora Lizeth Quiñones Balanta en contra de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela? 18. Dado el evento en que la respuesta al anterior interrogante fuere afirmativa, esta Corporación pasará a resolver el siguiente problema jurídico: ¿La sociedad Ecotermales San Vicente S.A. debe garantizar los derechos fundamentales de petición, de información, habeas data y de acceso a la administración de justicia de la señora Lizeth Quiñones Balanta, y en consecuencia, está obligada a entregarle los registros de las cámaras de seguridad instaladas en la piscina del establecimiento Termales de San Vicente, del día 2 de julio de 2017? 19. Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala de Revisión abordará los siguientes tópicos: i) Reiteración de la jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de los requisitos generales de procedencia de dicha acción constitucional; iii) Verificación del cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva y, de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela; iv) Contenido y alcance del derecho a la información. 3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela (Reiteración de jurisprudencia) 20. El artículo 86 de la Carta Política dispone que toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. En relación con estos últimos, la mencionada disposición señala que la acción de tutela procede siempre que sean encargados de la prestación de un servicio público, que afecten grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes se esté en situación de indefensión o subordinación[10]. Por último, la referida acción constitucional resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable. 21. Procede entonces esta Sala de Revisión a verificar si en el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. 3.1. Legitimación en la causa 3.1.1. Legitimación en la causa por activa 22. En lo que tiene que ver con la legitimidad e interés en la acción de tutela, el artículo 86 de la Carta Política de 1991 dispuso que toda persona puede reclamar ante las autoridades judiciales la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. Asimismo, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”. 23. Sin embargo, el referido decreto ley distinguió algunos eventos en los cuales se faculta a terceras personas para solicitar el amparo de derechos ajenos a través de la figura de la agencia oficiosa[11]. De igual manera, el defensor del pueblo y los defensores municipales también pueden incoar dicha acción constitucional[12]. 24. En el presente caso, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la señora Lizeth Quiñones Balanta, toda vez que allegó copia de su registro civil de nacimiento[13] del cual se desprende que es hija del señor Segundo Medardo Quiñones Castillo, quien sufrió un accidente en el establecimiento de comercio “Termales San Vicente” que, posteriormente, le produjo su fallecimiento. 3.1.2. Legitimación en la causa por pasiva 25. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en afirmar que el artículo 86 de la Constitución Política diseñó la acción de tutela como un mecanismo con carácter residual y subsidiario[14]. La principal finalidad de esta acción consiste en la protección de los derechos fundamentales ante posibles vulneraciones y/o amenazas “cuando no exista otro medio idóneo de defensa de lo invocado, o cuando existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”[15]. Es decir, siempre que exista otro medio judicial que garantice la eficacia de la protección de los derechos de la tutelante, deberá acudirse a estos y no a la acción de tutela. 26. A su turno, el referido precepto constitucional consagró que, en principio, la acción de tutela se invoca para la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. No obstante, la tutela también procede contra acciones u omisiones de particulares siempre que estén “encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”[16]. 27. Habida cuenta de que el presente asunto está referido a una supuesta vulneración del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 23 de la Constitución y desarrollado en la Ley Estatutaria 1755[17] de 2015, esta Sala de Revisión destaca que aquel se encuentra a cargo de personas naturales y jurídicas, cuyo núcleo esencial está compuesto por: (i) la pronta resolución; (ii) la respuesta de fondo; y (iii) la notificación de la respuesta. 28. La mencionada normatividad regula, entre otros aspectos, lo atinente al derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas y, para tal efecto, consagró que toda persona se encuentra facultada para ejercer este derecho, a fin de garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes[18]. 29. Además, estableció que este derecho también podía ejercitarse ante personas naturales siempre y cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situación de indefensión, subordinación, o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario[19]. 30. En línea con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que para su procedencia, se debe concretar al menos uno de los siguientes eventos: (i) La prestación de un servicio público o el desempeño funciones públicas: dentro de este supuesto se destacan las entidades financieras, bancarias o cooperativas, en tanto que se trata de personas jurídicas que desempeñan actividades que son consideradas servicio público[20]. De igual forma, se alude a las universidades de carácter privado, las cuales prestan el servicio público de educación[21]. Respecto de la segunda situación, se destacan las actividades de los curadores urbanos, quienes son particulares encargados de la verificación del cumplimiento de la normatividad urbanística o de edificación[22]. En los mencionados eventos, el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad pública y, por consiguiente, al ser similar la situación y la calidad del particular a una autoridad pública, este tiene el deber de dar respuesta a las peticiones presentadas en virtud del artículo 23 de la Constitución Política[23]. (ii) El ejercicio del derecho de petición como medio para proteger un derecho fundamental; (iii) En aquellos asuntos en los cuales exista una relación especial de poder entre el peticionario y la organización de privada, la cual puede ser reglada o de facto. A propósito de ello, la Ley 1755 de 2015, en cuya virtud se reguló el derecho fundamental de petición, dispuso que el citado derecho se podía ejercer ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encontrara en: a) situaciones de indefensión o subordinación o, b) la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario[24]. 31. Al descender al caso concreto, se tiene que la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. es una organización privada, tal y como se desprende del correspondiente certificado de existencia y representación legal[25], cuyo principal objeto social consiste, entre otras cosas, en la explotación de la industria hotelera y turística. En ese orden, se trata de una persona jurídica que, según la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se encuentra obligada a darle trámite a aquellas solicitudes que formulen ciudadanos a fin de garantizar otros derechos fundamentales. 32. En tal orden de ideas, se impone concluir que respecto de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. se encuentra legitimada en la causa por pasiva para actuar dentro del asunto de la referencia, puesto que se trata de un particular autorizado por la referida ley estatutaria para tramitar solicitudes que se formulen en ejercicio del derecho fundamental de petición. 3.2. Inmediatez 33. Este requisito de procedibilidad le impone al tutelante el deber de formular la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales[26]. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha sostenido que no existe un plazo de caducidad para incoar la referida acción constitucional, tal como se indicó en la sentencia C-543 de 1992, en cuya virtud se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11[27], 12[28] y 40[29] del Decreto Ley 2591 de 1991. 34. Empero, la inexistencia de un término de caducidad de la acción de tutela no implica per se que dicho recurso pueda presentarse en cualquier tiempo, por cuanto una de las principales características de este mecanismo de protección es la inmediatez, por consiguiente, esta Corporación ha señalado que la acción constitucional aludida debe formularse dentro de un plazo razonable que permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente transgredido y/o amenazado[30]. 35. El referido aspecto temporal pretende combatir la negligencia, el descuido o la incuria de quien la ha presentado, por cuanto es deber del tutelante evitar que transcurra un lapso excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó la actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración de las garantías constitucionales hasta la presentación de la acción de tutela[31]. 36. A su turno, esta Corporación[32], de manera reiterada, ha identificado una serie de situaciones a fin de determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el juez constitucional, entre las cuales se destacan las siguientes: i) Que existan razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes. Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y, en general, la incapacidad del accionante para ejercer la acción en un tiempo razonable[33]. ii) Que la amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho que la originó sea antiguo[34]. iii) Que la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable, no resulte desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del accionante, por ejemplo, en casos de interdicción, minoría de edad, abandono, o incapacidad física[35]. 37. Así, pues, la Sala observa que los hechos que la tutelante considera como vulnerantes de su derecho a obtener una respuesta clara por parte de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. ocurrió el 11 de julio de 2017, fecha en la que la sociedad accionada contestó el derecho de petición de información formulado por la tutelante y que, según esta última, no respondió de fondo. Habida consideración de que la mencionada acción se presentó el 14 de los mismos mes y año, se impone concluir que la señora Lizeth Quiñones Balanta acudió a este mecanismo dentro de un plazo razonable. 3.3. Subsidiariedad 38. La jurisprudencia de esta Corporación[36] ha sido clara en señalar que cuando se trata de proteger el derecho fundamental de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. 39. En tal sentido, quien encuentre que la respuesta a su derecho de petición no fue producida en debida forma, ni comunicada dentro de los términos que la ley señala, y que en esa medida vea afectada esta garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional. 40. Ahora bien, resulta menester advertir que el derecho de petición implica diversas modalidades: reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerimiento de información, examen o petición de copias de documentos, formulación de consultas, quejas, denuncias y reclamos e interposición de recursos[37]. 41. En el presente litigio, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. le dio respuesta a la petición formulada por la tutelante, no obstante, dicha ciudadana estima que no fue resuelta de fondo. En consecuencia, la señora Lizeth Quiñones Balanta acudió a la acción de tutela para reclamar contra un particular, la protección a su derecho fundamental de petición y, siendo este el único mecanismo disponible para su pretensión, resulta imperioso concluir que la misma está llamada a proceder en términos de subsidiariedad. 4. Derecho fundamental de petición y acceso a la información. Clasificación. Reiteración de jurisprudencia 42. Una de las modalidades del derecho de petición es el de petición de información y, en esa medida, la satisfacción de ese derecho implica una relación inescindible con el acceso a la información como una garantía constitucional específica. De allí que para resolver el presente caso resulta necesario tener claridad acerca del contenido y alcance del acceso a la información, a fin de establecer si este estuvo, o no, garantizado por la sociedad accionada. 43. En primer lugar, debe señalarse que la Convención Americana sobre Derechos Humanos[38] garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual está comprendido por la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea de manera oral, escrita o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a elección de la persona interesada. 44. Asimismo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contempló que todas las personas contarán con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, etc. 45. Aunado a ello, se destaca el principio tercero del mencionado instrumento internacional, según el cual, toda persona tiene derecho al acceso a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa y, por su parte, el principio 4 indicó que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y, constituye deber del aparato estatal garantizar el ejercicio de este derecho. Dicho principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar previstas por la ley para el caso en que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. 46. En el ordenamiento jurídico interno, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. En efecto, el artículo 15[39] de la Constitución Política prescribe que todas las personas tienen derecho a conocer las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. A su turno, el artículo 20[40] Superior consagró la garantía de toda persona a la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. Además, el artículo 74[41] Fundamental dispuso que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. 47. Esta Corte ha destacado que el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado. “De ahí la importancia del artículo 74 de la Constitución Nacional, que al consagrar el derecho de acceder a los documentos públicos, hace posible el ejercicio del derecho a la información, y de esta manera los demás derechos fundamentales ligados al mismo”[42]. 48. Ahora bien, esta Corporación, en sentencia T-578 de 1993, distinguió tres manifestaciones del derecho fundamental a la información así: i) un deber, tanto del Estado como de los particulares, de emitir una respuesta frente a la solicitud de información requerida; ii) un derecho de toda persona a recibir información y iii) un derecho de los profesionales de construir la información con libertad y responsabilidad social. 49. Igualmente, esta Corte enfatizó que la libertad de información es un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y, a su vez involucra obligaciones y responsabilidades, por cuanto, es un derecho-deber, esto es, un derecho no absoluto que supone una carga que condiciona su realización[43]. 50. En lo que tiene que ver con la clasificación de la información, esta Corporación, en la sentencia T-729 de 2002, estableció una doble tipología. De un lado, señaló que la información se podía catalogar como personal o impersonal en razón a la protección de derechos como la intimidad, el buen nombre y el habeas data, entre otros. Y del otro, la clasificó desde “(…) un punto de vista cualitativo en función de su publicidad y la posibilidad legal de obtener acceso a la misma”. De conformidad con esta última clasificación, la información puede ser: i) Pública o de dominio público, la cual puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información general, privada o personal; ii) Semiprivada, es aquella que por tratarse de información personal o impersonal y no estar comprendida por la regla anterior, presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones, o en el marco de los principio de la administración de datos personales; iii) Privada, hace referencia a aquella que por versar sobre información personal o no, y que por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones; iv) Reservada o secreta, es aquella que por versar igualmente sobre información personal y por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Como por ejemplo, “los datos sobre la preferencia sexual de las personas, su credo ideológico o político, su información genética, sus hábitos”[44]. 51. De igual forma, en sentencia T-414 de 2010, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional destacó que esta clasificación contribuía a esclarecer en el trámite de una acción de tutela, si el solicitante tiene derecho a obtener la información y, correlativamente, si la autoridad accionada se encuentra en la obligación de suministrarla sin vulnerar derechos fundamentales, tales como, el de petición, a la intimidad, al acceso a documentos públicos, al buen nombre y al habeas data, etc. 52. Asimismo, esta Corte, de manera reciente, señaló que el derecho a la intimidad comprendía la información reservada, la privada y la semiprivada. Además, que respecto de cada una de ellas existe un interés jurídicamente protegido, que se traduce en la posibilidad de oponerse absolutamente a la búsqueda, divulgación y uso de la información (información reservada) o en la necesidad de que tales actividades estén precedidas de una autorización judicial (información privada) o administrativa (información semiprivada)[45]. 53. Atendiendo la clasificación elaborada por la jurisprudencia constitucional, esta Sala de Revisión se concentrará en distinguir los aspectos más esenciales de la información pública y la información privada, con el propósito de, posteriormente, determinar la naturaleza de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento de comercio “Termales San Vicente” y de este modo establecer si le fue o no garantizado su derecho de petición de información 4.1. Acceso a la información pública 54. Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 se promulgó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En dicha normatividad se catalogó como fundamental el derecho de acceso a la información pública y, adicionalmente, su artículo 2°, definió la información pública como aquella que está en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado, la cual no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal[46]. 55. En lo tocante a los sujetos obligados a entregar la información pública, esta Corte debe advertir que el derecho fundamental de acceso a la información genera obligaciones para las autoridades públicas de todas las ramas del poder público, las pertenecientes a los niveles central y descentralizado y la de los órganos autónomos y de control, de todos los niveles de gobierno. Este derecho también vincula a aquellas personas naturales y jurídicas que cumplen funciones públicas o presten servicios públicos. La obligación consiste en suministrar la información exclusivamente relacionada con el desempeño de la función pública o con la prestación del servicio público. 56. Justamente, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en su artículo 5[47], señaló las personas que se encuentran obligadas a hacer entrega de la información, así: § Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. § Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. § Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública o servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público. § Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. § Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que este tenga participación. § Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. § Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público. 57. Se advierte en la mencionada Ley Estatutaria que aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública no serán sujetos obligados a entregar información[48]. Sin embargo, la Ley 1755 de 2015[49], en su capítulo III[50], reguló el derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas y, en consecuencia, le impuso el deber a tales sujetos de atender las solicitudes que presenten las personas en ejercicio de aquel a fin de garantizar sus derechos fundamentales y, habida cuenta que el derecho de acceso a la información es una modalidad del derecho de petición[51], se impone concluir que las personas jurídicas de derecho privado sí se encuentran obligadas a suministrar información. 58. Asimismo, mediante la sentencia C-274 de 2013, la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y, respecto de los elementos de este derecho fundamental, adujo que: i) el titular del derecho es universal al señalar que “toda persona” puede conocer la información pública; ii) el objeto sobre el cual recae la posibilidad de acceso a información en posesión o control de un sujeto obligado no sólo es la información misma, sino también su existencia; iii) el derecho sólo puede ser restringible excepcionalmente por expreso mandato constitucional o legal. 59. En lo que tiene que ver con la restricción al acceso a la información pública, esta Corporación estableció unas reglas para considerar legítima una restricción del derecho de acceso a la información pública <<o el establecimiento de una reserva legal sobre cierta información>>, así[52]: i) La restricción está autorizada por la ley o la Constitución Política; ii) No debe implicar una actuación arbitraria o desproporcionada de los servidores públicos; iii) El servidor público que decide ampararse en la reserva para no suministrar una información, debe motivar por escrito su decisión y fundarla en la norma legal o constitucional que lo autoriza; iv) La ley establece un límite temporal a la reserva; v) Existen sistemas adecuados de custodia de la información; vi) Existen controles administrativos y judiciales de las actuaciones o decisiones reservadas; vii) La reserva opera respecto del contenido de un documento público pero no respecto de su existencia; viii) La reserva obliga a los servidores públicos comprometidos, pero no impide que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla; ix) La reserva se sujeta estrictamente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; x) Existen recursos o acciones judiciales para impugnar la decisión de mantener en reserva una determinada información. 60. En la mencionada decisión, se advirtió que la finalidad de proteger la seguridad o defensa nacional resultaba constitucionalmente legítima y, por ende, para el logro de tales objetivos podía establecerse la reserva de cierta información. No obstante, en cada caso se debía “acreditar que tales derechos o bienes se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que hace necesario mantener la reserva”[53]. 4.2. Acceso a la información privada 61. La jurisprudencia de la Corte Constitucional define la información privada como aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto a quien le incumbe y, por ende, sólo puede accederse a esta por orden de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones[54]. La información personal comprende la relacionada con los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, la información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva[55]. De igual forma, tiene naturaleza de información privada “la información genética que reposa en bancos de sangre, esperma, laboratorios, consultorios médicos u odontológicos o similares”[56]. 62. La Corte ha advertido que en los eventos aludidos, esta información revela facetas importantes de la vida personal, social y económica del individuo y que, debido a expresa disposición constitucional o por su propia naturaleza, solo puede ser divulgada por autorización de la persona a la que se refiere, o por la existencia de una decisión judicial. “En estos casos, la justificación que explica la posibilidad de divulgar la información, en contra de la voluntad de la persona a la que se refiere, puede hallarse en finalidades especialmente importantes como ocurre, por ejemplo, con la búsqueda de la verdad en un proceso penal”[57]. 63. Recientemente, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional precisó que las reglas establecidas para el acceso a la información y a los documentos públicos no son aplicables en el caso de los documentos e informaciones privadas, pues como lo ha señalado la Corte, las relaciones entre particulares se desarrollan bajo el postulado de la libertad y la autonomía de la voluntad privada y, por tanto, no deben existir desequilibrios ni cargas adicionales para los ciudadanos[58]. 64. A propósito de lo anterior, debe traerse a colación que la Ley 1581 de 2012[59] reguló lo relacionado con el tratamiento de datos personales. Entre sus principios orientadores está el de confidencialidad, en cuya virtud las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos, están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en el mencionado cuerpo normativo[60]. 65. Efectivamente, la mencionada ley estatutaria delimitó el concepto de datos sensibles como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los que revelen el origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos[61]. 66. La normativa aludida prohibió el tratamiento de datos sensibles[62], salvo los siguientes eventos, cuando: i) El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; ii) El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. iii) El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre y cuando se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad; iv) El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; v) El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. 67. Ahora bien, en lo atinente a los datos personales de niños, niñas y adolescentes[63], la Ley 1581 proscribió el tratamiento de dicha información, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública[64]. 4.3. Naturaleza de la información recopilada por los circuitos cerrados de televisión –CCTV- 68. En primer lugar, un circuito cerrado de televisión o Closed Circuit Television –CCTV– es un conjunto de componentes directamente entrelazados, que crean un circuito de imágenes y, se les denomina circuito cerrado porque a diferencia de la televisión tradicional, este solo permite un acceso limitado y restringido del contenido de las imágenes a algunos usuarios[65]. 69. En efecto, el CCTV puede estar compuesto de una o varias cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, los cuales reproducen imágenes capturadas; estas imágenes pueden ser, simultáneamente, almacenadas en medios analógicos o digitales, según lo requiera el usuario[66]. 70. Precisamente, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó la guía denominada “Protección de datos personales en sistemas de videovigilancia”[67], en la cual se brinda una orientación a aquellas personas naturales o jurídicas que implementen tales sistemas y, en consecuencia, los exhorta para que adecúen el uso de los mismos a las disposiciones que regulan la protección de datos personales. 71. En dicha publicación se precisó que los sistemas de videovigilancia son considerados como intrusivos de la privacidad al involucrar herramientas como el monitoreo y la observación de las actividades que realizan las personas a lo largo del día. En tal sentido, se afirma que antes de tomar la decisión de implementar tales sistemas se debe tener en cuenta la necesidad de utilizarlos y, además, considerar si esa necesidad se suple con la implementación de los mismos o si existen otros mecanismos que se puedan utilizar y que generen un menor impacto en la privacidad de las personas. 72. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que los métodos de vigilancia son instrumentos encaminados a la prevención del delito o de las faltas por medio de la disuasión y a la identificación de delincuentes en un entorno físico determinado. En consecuencia, las cámaras de seguridad reducen la posibilidad de cometer delitos, por cuanto, al estar el espacio respectivo bajo vigilancia, resulta más complejo la perpetración de una conducta punible[68]. 73. De igual manera, esta Corte, en aquella oportunidad, recordó que los sistemas de videovigilancia no solo graban las actuaciones delictivas, sino todas las actividades que llevan a cabo las personas en espacios públicos, con el agravante de que, en la mayoría de los casos, la ciudadanía no tiene conocimiento de que está siendo grabada, ni mucho menos que está siendo observada, ni tampoco para qué fines se utilizan los mencionados videos[69]. 74. Aunado a ello, esta Corporación ha sostenido que la filmación en espacios privados como el domicilio, no son tan generalizadas. En efecto, “las cámaras pueden ser instaladas para garantizar la seguridad, por voluntad del interesado, cuando por ejemplo quiere vigilar la conducta del personal de servicio, o en el perímetro de una casa para evitar los asaltos, o pueden ser utilizadas para filmar las actividades de las personas dentro de la casa con diferentes fines. En estos casos, no es el Estado o el dueño de un espacio semi-público o semi-privado quien controla la grabación, sino el propio individuo, por consiguiente, al pertenecer a su esfera privada, no se vulnera derecho alguno a menos de que la información sea divulgada por un tercero”[70]. 75. En la sentencia T-768 de 2008, la Sala Novena de Revisión de esta Corte resolvió una acción de tutela interpuesta por un funcionario de una entidad financiera que alegaba que la instalación, por parte del banco, de cámaras de video por fuera del sistema de monitoreo, de manera subrepticia, en el lugar donde desempeñaba sus funciones, vulneraba su derecho fundamental a la intimidad. En la citada providencia se establecieron una serie de criterios a tener en cuenta al momento de instalar un sistema de videovigilancia, así: (i) El objeto social que desarrolla la empresa, pues es lógico que las medidas se refuercen en bancos o establecimientos públicos tales como organismos de inteligencia, en los que esté en juego la seguridad nacional; (ii) El lugar donde la medida es implementada, pues es razonable que recaiga en lugares donde se desarrolle la actividad laboral que, por ejemplo, se encuentren abiertos al público, pero no lo sería en aquellos donde el trabajador ejerce una esfera privada como lugares de descanso, tales como baños o vestuarios; (iii) La finalidad de la medida, que guarden una relación directa con la seguridad necesaria de las instalaciones de trabajo o el control del cumplimiento de los deberes y funciones de los trabajadores; (iv) Que puedan tomarse otras medidas menos invasivas para lograr los propósitos legítimos; (v) Que los perjuicios derivados de la medida, en lo posible, sean mínimos; (vi) Que la medida sea conocida, pues de manera excepcional puede legitimarse medidas subrepticias y; (vii) Que la medida no implique someter a la persona a tratos crueles, inhumanos o degradantes, los cuales se encuentran proscritos de manera absoluta. 76. Pues bien, a fin de determinar la naturaleza de la información captada por los circuitos cerrados de televisión, resulta importante tener en cuenta el lugar de instalación de las cámaras de vigilancia, esto es, si están dispuestas en: i) lugares privados, como por ejemplo, en una residencia, ii) establecimientos privados abiertos al público o, iii) establecimientos y/o instituciones públicas. 77. Respecto de la anterior distinción, se tiene que la información captada por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de una persona es indiscutiblemente privada. De igual manera, la información captada por los equipos de vigilancia instalados en establecimientos privados abiertos al público también tienen la naturaleza de privada, debido a que continuamente se encuentra registrando información de las personas que frecuentan este tipo de lugares. 78. Cosa distinta, ocurre con los dispositivos de seguridad instalados en establecimientos y/o instituciones públicas, debido a que, según la tipología establecida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está captando imágenes en un lugar abierto al público. 79. Lo anterior sin perjuicio de las particularidades de cada caso, por cuanto, puede ocurrir que dentro de una residencia se instalen unas cámaras de seguridad por orden legal y/o judicial, circunstancia en la cual no se puede considerar que las imágenes que capten dichos equipos sean de carácter privado, toda vez que, la utilización de dicho material estaría destinado a fines completamente diferentes a los personales. 5. Análisis del caso concreto 80. Recapitulando, la presente acción de tutela está relacionada con el derecho de petición que la señora Lizeth Quiñones Balanta formuló el 14 de julio de 2017 ante la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., propietaria del establecimiento de comercio denominado “Termales San Vicente” ubicado en la ciudad de Pereira, con el fin de que se le hiciera entrega de una copia de los videos captados por las cámaras de seguridad de dicho establecimiento el día 2 de julio de 2017 entre las 3:30 p.m. y 5:00 p.m. 81. Se relata en la demanda de tutela que el padre de la tutelante, señor Segundo Medardo Quiñones Castillo sufrió un accidente en las piscinas del referido centro recreativo que, posteriormente, le produjo la muerte, sin que se tenga certeza alguna de las circunstancias de tiempo y modo en que acaeció el citado accidente. 82. Según lo manifestado en la contestación[71] del derecho de petición y en la correspondiente contestación a la acción de tutela, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. indicó que no era posible acceder a la petición elevada por la señora Lizeth Quiñones Balanta, habida cuenta de que en los referidos videos de seguridad se registraban las imágenes de niños, niñas y adolescentes en vestidos de baño, por lo tanto, se trataba de datos sensibles que se encuentran protegidos por la Ley Estatutaria de Datos Personales. 83. Ante tal negativa de la empresa, la ciudadana Lizeth Quiñones Balanta formuló acción de tutela, solicitando el amparo de los derechos fundamentales de petición, al habeas data, de acceso a la administración de justicia y a la información, argumentando que aun cuando había obtenido una respuesta negativa a su solicitud, lo cierto es que para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte del señor Segundo Medardo Quiñones Castillo resultaba indispensable verificar los registros fílmicos aludidos. Aunado a lo anterior, pidió que se le ordenara a la sociedad accionada el suministro de las citadas grabaciones de seguridad. 84. En este contexto, se procederá a analizar si dentro de la presente litis la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Lizeth Quiñones Balanta. 5.1. Supuesta vulneración del derecho fundamental de petición 85. La jurisprudencia de esta Corte ha sido coincidente en afirmar que el derecho de petición, contemplado en el artículo 23 de la norma fundamental, resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, concretamente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política de 1991[72], así como también, le permite a los ciudadanos, entre otras cosas, reclamar ante las autoridades y/o particulares explicaciones acerca de las decisiones que los puedan llegar a afectar directa o indirectamente[73]. 86. De igual forma, esta Corporación ha precisado que el contenido del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la correspondiente solicitud, por cuanto, resultaría inocua la posibilidad de acudir ante las autoridades y/o particulares si aquellos no resuelven o se reservan para sí el sentido de lo decidido[74]. 87. Aunado a ello, la Corte Constitucional ha enfatizado en que la respuesta debe cumplir con los requisitos de: i) oportunidad; ii) debe ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo pedido y, iii) debe darse a conocer al peticionario[75]. De igual manera, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita[76]. 88. En el presente litigio, se tiene que la petición formulada el 7 de julio de 2017 por la señora Lizeth Quiñones Balanta fue contestada por la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., el día 11 de los mismos mes y año, en los siguientes términos: “En atención a la comunicación de la referencia mediante la cual solicita a Ecotermales San Vicente S.A., ‘copia del video de seguridad en donde muestre lo sucedido el día 02 de julio de 2017, domingo entre las horas 3:30 pm a 5:00 p.m. del día, más específicamente donde se muestre minutos antes de iniciar el incidente ocurrido con el señor Segundo Medardo Quiñonez (…) hasta el momento en el cual lo desplazan hacia la clínica…’; de manera atenta me permito informar que la empresa como responsable del manejo de datos y responsable del tratamiento de los mismos, se abstiene de disponer o circular información restringida o datos sensibles, lo anterior toda vez que en el video que usted solicita sin efectivamente acreditarse como causahabiente, aparecen niños, niñas y adolescentes en vestido de baño, quienes tienen derechos prevalentes, en virtud del artículo 3° numeral 3°, artículo 12 Decreto Reglamentario 1377 del 2013, el cual reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, de cara a respetar y asegurar los derechos fundamentales y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta empresa considera pertinente citar la normatividad que restringe el uso de los datos. (…). Por lo tanto, no es posible acceder a sus peticiones, sin perjuicio de que su obligatoriedad jurídica haya sido condicionada a los casos que la ley así lo exija”[77] (Se destaca). 89. Al descender al caso concreto, esta Sala observa que la petición de información elevada por la tutelante fue contestada de manera oportuna, esto es, sólo transcurrieron dos días hábiles[78] desde la presentación de la petición (7 de julio de 2017) hasta la contestación respectiva (12 de julio de 2017). Asimismo, una vez revisada la respuesta emitida por la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., se observó que: § Se trata de una respuesta de fondo porque pese a que no fue favorable a lo pedido por la tutelante, lo cierto es que sí se plasmaron los argumentos que justificaban la negativa a entregar los videos de las cámaras de seguridad del día 2 de julio de 2017; § Es clara debido a que, de manera inequívoca, se indicó que no era posible acceder a la referida petición; § Es precisa habida cuenta de que se expusieron las razones jurídicas que impedían el suministro de los correspondientes videos de seguridad y; § Es congruente con lo solicitado, esto es, se pidió la entrega de unas grabaciones de seguridad y, la sociedad accionada, en su contestación, se pronunció sobre la misma, aduciendo los motivos por los cuales no se accedería a tal solicitud. 90. Ahora, bien, en punto de la negativa de la información requerida por la peticionaria, está acreditado que el sustento de la misma se fundamentó en la reserva de la información autorizada en la ley de tratamiento de datos sensibles, razón por la cual, la sociedad accionada atendió lo previsto en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015[79], según el cual, las organizaciones privadas solo podrán invocar dicha reserva en los casos expresamente autorizados en la Carta Política y la ley. 91. Al respecto resulta...