Sentencia T-111 de 2021

T-111-21 Sentencia T-111/21 DERECHO A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN ACTUACION DE CALIFICACION DE RIESGO-Asignación de esquema de seguridad a líder étnico afro y reclamante de restitución de tierras, por Unidad Nacional de Protección Se reprochó que los actos administrativos comunicados por la entidad no contengan la información básica que permita al interesado ejercer de manera eficaz su derecho a la contradicción; en concreto, por cuanto las citadas resoluciones no señalan el nivel ponderado de riesgo con el que fue calificado el accionante, elemento central dentro del programa de protección. Además, tampoco se observó que la UNP ofreciera un análisis riguroso, actualizado y particular que atendiera los hechos denunciados por el actor desde la doble situación de riesgo en que se encuentra, como líder social afro y defensor del proceso de restitución de tierras. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Configuración y características DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-No se configuró carencia actual de objeto por hecho superado en procedimiento administrativo de calificación de riesgo de la Unidad Nacional de Protección OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ESTADO FRENTE A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONAL DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Reiteración de jurisprudencia UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-Objetivo La Unidad Nacional de Protección UNP tiene el deber de garantizar las medidas de protección que estime adecuadas y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario o extremo sobre una persona se materialice. La adopción de dichas medidas debe ser oportuna y ajustada a las circunstancias de cada caso particular. Adicionalmente, las decisiones proferidas tienen que respetar las garantías propias del debido proceso administrativo y, en particular, la carga de motivación. El razonamiento debe estar soportado en argumentos técnicos y específicos sobre la situación; y no en consideraciones abstractas sobre el nivel de riesgo, o en consideraciones ocultas que no permitan al interesado “conocer las razones por las cuales este fue denegado u otorgado de manera diferente a sus expectativas, ya que para ejercer el derecho a la defensa requiere saber a qué argumentos oponerse.” DOCTRINA DE LOS NIVELES DE RIESGO Y AMENAZA DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LIDERES SOCIALES-Orden a la Unidad Nacional de Protección de restablecer las medidas de seguridad asignadas al accionante Referencia: Expediente T-7.837.031 Acción de tutela instaurada por Danilo Murillo Córdoba contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otros Magistrada ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo proferido, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior de Antioquia, el 24 de enero de 2020. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de Auto del 03 de agosto de 2020, proferido por la Sala de Selección Número Tres. El 17 de noviembre de 2020, el magistrado (e) Richard S. Ramírez Grisales, a quien le fue repartido inicialmente el caso, registró proyecto de sentencia para estudio de la Sala Primera de Revisión. Sin embargo, este no fue aprobado por la mayoría. En consecuencia, mediante oficio con fecha del 14 de diciembre de 2020, comunicado el 12 de enero de 2021, el expediente de tutela fue enviado al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera para la elaboración de una nueva ponencia. I. ANTECEDENTES Danilo Murillo Córdoba es un líder social afrocolombiano que ha padecido directamente los embates del conflicto armado, incluyendo el desplazamiento forzado. En los últimos años, se ha dedicado a labores de liderazgo para proteger y recuperar los derechos de las comunidades negras de la cuenca del Río Jiguamiandó que también padecieron del desplazamiento y la pérdida de sus territorios. Estas actividades, sin embargo, lo han convertido en objeto de amenazas y actos de intimidación provenientes de distintos actores criminales. Por esta razón, desde 2013 cuenta con un esquema de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, afirma que recientemente la entidad ha venido desmontando gradualmente su esquema de protección, lo que pone en grave riesgo su vida e integridad. 1. Hechos relevantes y fundamentos de la solicitud de amparo 1. El señor Danilo Murillo Córdoba está inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV), como víctima de desplazamiento forzado.[1] Además, es el representante legal de la Asociación de Desplazados de Jiguamiandó Paraíso (en adelante, Asodepar). Asodepar es una entidad sin ánimo de lucro, creada para cumplir los siguientes objetivos principales: (i) formular proyectos de desarrollo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades negras desplazadas; (ii) contribuir a la formación y consolidación de grupos comunitarios dedicados a la promoción del respeto, la tolerancia y la convivencia; y (iii) promover la defensa de los derechos humanos.[2] 2. El accionante manifiesta que, en virtud de esta labor, ha venido promoviendo “la defensa de los derechos humanos” y “el retorno de las comunidades” desplazadas de Jiguamiandó a sus territorios.[3] Sin embargo, advierte que, en esa zona, existen grupos armados al margen de la ley que “se oponen al retorno de las familias desplazadas a [Jiguamiandó] y al liderazgo que [el accionante] represent[a]”, por lo que ha “venido sufriendo continuas amenazas.”[4] 3. Por diferentes hechos de violencia, el señor Danilo Murillo ha sido beneficiario de distintas medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (en adelante, UNP) desde 2013.[5] En el mes de marzo de 2019, el accionante informó a la UNP acerca de presuntas amenazas en contra de su vida. Por esta razón, el 14 de marzo de ese mismo año, la UNP activó un trámite de emergencia que finalizó con la asignación de medidas de protección temporales, consistentes en un vehículo blindado y un escolta, que se sumaron a las que ya tenía el accionante: un hombre de protección, un chaleco blindado y un medio de comunicación;[6] y se implementaron “por el término de 3 meses o hasta que culminara el estudio de riesgo, que se inició bajo (…) orden de trabajo.” 4. El nuevo estudio de riesgo, sin embargo, culminó con la expedición de la Resolución 5196 de julio 30 de 2019, mediante la cual se dispuso finalizar las medidas de protección de emergencia, y mantener únicamente “un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado” por el término de 12 meses o hasta que se hiciera un nuevo estudio de riesgo.[7] 5. El 29 de octubre de 2019, por medio de la Resolución 7855, el Director de la UNP resolvió negativamente el recurso de reposición que interpuso el señor Murillo Córdoba en contra de la Resolución 5196 de 2019. Luego de hacer un recuento de las actuaciones ejecutadas por la UNP concluyó que (i) “aun cuando se haya presentado un error de transcripción” en la parte motiva de la resolución respecto al nombre del presunto victimario, la “situación particular” del señor Murillo Córdoba y “la información suministrada por las entidades y autoridades consultadas permitieron establecer a los delegados del CERREM […] las medidas idóneas para atender la realidad fáctica”, y (ii) “para la emisión del acto administrativo recurrido, se cumplió a cabalidad con la normatividad del Programa de Protección.”[8] 6. Ante la negativa de la entidad de modificar su decisión, el 15 de noviembre de 2019 el accionante radicó acción de tutela en contra de la UNP, buscando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal y al debido proceso. En esencia, cuestionó la motivación que soporta la Resolución 5196 de 2019 pues, en su criterio, “no hay un solo párrafo que sustente de manera probatoria, que dicho riesgo ya desapareció o se modificó, debido a que sigo defendiendo los derechos de la comunidad por mi representada y soy aún el representante legal de ASODEPAR.”[9] Agregó que la UNP no valoró debidamente los hechos recientes de amenazas en su contra, y que fueron comunicados oportunamente por sus escoltas, así: · “Hoy sábado 09 de marzo de 2019, el señor Danilo Murillo Córdoba fue contactado vía telefónica correspondiente al número [xxxx], por una persona que se identificó pertenecer a los “Urabeños” y en los mismos términos le pidió desplazarse al Atrato para realizar una reunión. De igual forma manifiesta en los apartes del audio llamada, que en los próximos días realizarán una limpieza social en el municipio de Chigorodó, debido a que ha aumentado la delincuencia. Como quiera que el señor Danilo Murillo Córdoba se negó a asistir por las buenas a las reuniones programas por dicha organización, ellos podían actuar con presión militar, llevándose a la familia y a él mismo por la fuerza. Situación que se puede interpretar [como] amenaza y que pone en riesgo la vida del protegido. Lo cual para constancia anexo a la presente el audio.” · “Hoy jueves 18 de abril de 2019, en las horas de la tarde, el señor Danilo Murillo fue contactado vía telefónica correspondiente al número [xxxx], por persona indeterminada, cuya persona manifestó pertenecer a las FARC. Por lo que procedió a decirle al señor Danilo Murillo Córdoba que él es una piedra en el zapato para el consejo comunitario de Jiguamiandó y para el proceso de paz, de tal forma que en los apartes del audio se puede apreciar que también lo declaran objetivo militar, diciéndole que ya no hay nada que hablar con él y que la orden que hay es matarlo.”[10] 7. Según el accionante, la UNP “no tuvo en cuenta estos nuevos eventos de amenaza en dicha revaluación y resolvió con argumentos infundados, violando el debido proceso, para disminuir sin motivación técnica y seria, mi esquema de seguridad.”[11] Adicionalmente, sostuvo que la falta de motivación de la Resolución 5196 de 2019, se evidencia en los siguientes errores: (i) incluir en la parte motiva afirmaciones que no corresponden a la realidad o que son incongruentes con la decisión tomada en esa resolución, (ii) no tener en cuenta los audios y las pruebas que daban cuenta de la existencia de nuevas amenazas en su contra; (iii) no considerar las circunstancias particulares de orden público de Jiguamiandó; y (iv) no señalar las razones y pruebas que sustentaron la supuesta desaparición o modificación del riesgo. 8. A partir de lo anterior, solicitó al juez de tutela que revoque totalmente la Resolución 5196 del 30 de julio de 2019 proferida por la UNP; y le ordene a la entidad realizar un “nuevo estudio o revaluación ajustado a derecho y se den al suscrito las garantías, medidas especiales y expeditas de prevención y protección con enfoque diferencial que se requieran.”[12] 9. Junto con su escrito de tutela, allegó múltiples documentos, entre los que se destacan, denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección por actos de intimidación en su contra; así como la solicitud de seguimiento al proceso que requirió ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, por considerar que las decisiones de la UNP ponían en riesgo inminente su vida. 2. Trámite de instancia y contestación de las entidades vinculadas 10. El Juzgado 1º Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia), a quien fue asignado por reparto el proceso, admitió la demanda mediante auto del 15 de noviembre de 2019. Allí mismo, dispuso vincular al proceso a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y a la asociación Asodepar.[13] 11. El Ministerio del Interior,[14] el comandante del Batallón de Selva No. 54 (Bajo Atrato) del Ejército Nacional,[15] el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[16] y la Fiscalía 66 Seccional de Chigorodó (Antioquia),[17] esgrimieron falta de legitimación por pasiva respecto de sus entidades. Señalaron que la UNP es el organismo estatal encargado de articular, coordinar y ejecutar las medidas de protección individual de personas amenazadas. De manera que esa es la autoridad responsable por las presuntas irregularidades expuestas por el señor Danilo Murillo. 12. Por su parte, el Ministerio Público solicitó “negar la pretensión de amparo propuesta por el accionante (…) contra la Procuraduría General de la Nación”, porque existe un hecho superado. Según explicó, la solicitud del accionante referente a que “se realice de manera urgente una reevaluación tendiente a establecer la situación real del riesgo, extendiéndolo a su núcleo familiar”, ya fue remitida al director de la UNP y a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.[18] 13. Por último, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNP solicitó declarar un hecho superado porque “la aclaración y corrección de los problemas de [redacción] evidenciados en la parte motiva de la Resolución No. 5196 de 2019 se realizaron mediante la Resolución No. 7855 de 2019.”[19] Subsidiariamente, pidió negar el amparo puesto que dicha entidad no vulneró ni amenazó los derechos fundamentales del accionante. A su juicio, la Dirección de la UNP “adoptó las recomendaciones dadas por los órganos interinstitucionales que evaluaron [la] situación [del accionante] en el año [2019] conforme al estudio, el cual ponderó un nivel de riesgo extraordinario con una matriz de 51,11%.”[20] 14. Sobre este último punto, la UNP explicó la evolución que ha tenido el esquema de protección otorgado al señor Danilo Murillo en los últimos dos años. Destacó que en el año 2019, el protegido informó “presuntos hechos sobrevinientes”, razón por la cual, el 14 de marzo de ese mismo año, “activó un trámite de emergencia” e implementó, a favor del actor, “un vehículo blindado, un hombre de protección”, por el término de tres meses o hasta que culminara el estudio de nivel de riesgo. Sin embargo, el nuevo estudio arrojó un riesgo ponderado de 51,11% y derivó en la Resolución 5196 del 30 de julio de 2019 que dispuso: “ajustar medidas de protección de la siguiente manera: finalizar un vehículo blindado y un hombre de protección aprobados por trámite de emergencia. Ratificar un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado.”[21] 3. Decisiones de instancia en el trámite de tutela 15. El 27 de noviembre de 2019, el Juez Primero Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia) negó el amparo, al considerar que la acción de tutela carecía de idoneidad para resolver el asunto. Esto, por cuanto (i) el juez constitucional no cuenta con el “criterio idóneo y calificado”[22] requerido para evaluar el nivel de riesgo y las recomendaciones de seguridad de una persona y (ii) existen otros mecanismos de defensa, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para demandar las resoluciones proferidas por la UNP. Además, no se advierte un perjuicio irremediable, dado que el señor Danilo Murillo “cuenta con un estudio de riesgo y con un esquema de seguridad.”[23] 16. El 4 de diciembre de 2019, el accionante impugnó la decisión. Indicó que el fallo no se ajustaba a lo solicitado, ya que “dentro de las pretensiones no se enc[ontraba]” la de trasladarle “al juez constitucional la carga de realizar la evaluación de riesgo.” Lo que buscaba era “evitar un perjuicio irremediable y (…) transgresiones contra la vida e integridad, pues [ha] sido víctima de múltiples amenazas, las cuales no se han consumado precisamente debido a que [ha] contado con un esquema de protección que ha impedido que atenten contra [su] vida.”[24] 17. El 24 de enero de 2020, la Sala de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia. El ad quem descartó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fuera el mecanismo idóneo y eficaz para demandar las resoluciones proferidas por al UNP. Esto, habida cuenta de “la agudización de la ola de violencia que se viene presentando en el país frente a los líderes sociales desde el año 2019 y lo que ha corrido del año 2020”, que los ubica en “una situación de vulnerabilidad mayor en la que se hace necesaria una pronta respuesta por parte de la administración de justicia.”[25] No obstante, al analizar de fondo la solicitud de amparo, concluyó que la Resolución 5196 de 2019 “no se atisba arbitraria”; por el contrario, “se encuentra debidamente motivad[a] en tanto precisó las razones de su decisión y los elementos probatorios tenidos en cuenta para adoptar la decisión allí contenida, sin que sea dable entrar a cuestionar en sede de tutela la veracidad de los conceptos rendidos por los entes investigadores.”[26] 4. Actuaciones adelantadas en sede de revisión 18. Mediante Auto del 3 de agosto de 2020, la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente de la referencia, bajos los criterios objetivo (posible desconocimiento de un precedente de la Corte) y subjetivo (urgencia de proteger un derecho fundamental). Este proceso fue asignado inicialmente al despacho del magistrado Carlos Bernal Pulido, quien fue reemplazado temporalmente por el magistrado (e) Richard S. Ramírez Grisales.[27] 4.1. Primer auto de pruebas 19. Con el fin de allegar al proceso elementos de juicio relevantes, el magistrado sustanciador (e) Richard S. Ramírez Grisales, mediante Auto del 05 de octubre de 2020, decretó una serie de pruebas. Puntualmente, (i) requirió al señor Danilo Murillo para que profundizara en sus funciones de liderazgo y explicara si aún persistían las amenazas en su contra;[28] (ii) solicitó a la UNP la información relevante en que se soportó para tomar las decisiones sobre el esquema de protección del accionante, así como el esquema actual de protección que éste recibía;[29] y (iii) pidió a la Fiscalía 66 Seccional del municipio de Chigorodó, información sobre los procesos penales en los que el señor Danilo Murillo figura como denunciante o víctima.[30] 4.1.1. Respuesta de Danilo Murillo Córdoba 20. Las pruebas solicitadas al accionante fueron aportadas mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2020. Este respondió que en la actualidad sigue “representando firmemente a la comunidad de Jiguamiandó, en el propósito de retornar al territorio y recuperar dignamente los derechos fundamentales que por más de dos décadas les han sido arrebatados a la comunidad.”[31] 21. Asimismo, informó que el 16 de enero de 2020 acudió a la Personería de Chigorodó para denunciar los más recientes actos intimidatorios en su contra. En particular, relató que el 9 de enero, recibió una llamada de quien se identificó como comandante de “los Caparros”, quien le advirtió que debía contribuir económicamente con ellos o, de lo contrario, mataría a miembros de su familia. También relató que el 14 de enero de 2020 llegaron a su residencia una mujer y un hombre sospechosos, preguntando por “el señor que trabaja con las víctimas”, sin dar mayores explicaciones.[32] Asegura por estos nuevos hechos, recibió un esquema de protección de emergencia por parte de la UNP. Sin embargo, advierte que mediante la Resolución 3059 del 05 de agosto de 2020, la UNP redujo nuevamente su esquema a un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado. Por lo que, asegura, su vida ha quedado “a merced de [sus] verdugos” por no tener un esquema de protección acorde.[33] 4.1.2. Respuesta de la UNP 22. Las pruebas solicitadas a la UNP fueron aportadas mediante correo electrónico remitido el 14 de octubre de 2020. En términos generales, la entidad informó que con posterioridad al 15 de noviembre de 2019 (fecha de radicación de la acción de tutela) se efectuó un nuevo estudio de nivel de riesgo bajo orden de trabajo número 371823, cuyo resultado conllevó a la adopción de medidas de protección mediante la Resolución 3059 del 08 de mayo de 2020, ratificando un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado. Asimismo, señaló que “actualmente se está adelantando estudio de nivel de riesgo bajo orden de trabajo número 387406, la cual se encuentra activa. En consecuencia, aún no se pueden remitir los documentos correspondientes hasta tanto finalice el asunto.”[34] 23. Para respaldar su posición, la UNP aportó múltiples documentos, entre los cuales se destacan, la copia del estudio de nivel de riesgo realizado bajo las órdenes de trabajo número 329655 y 371823, que derivaron en la expedición de la resoluciones 5196 de 2019 y 3059 de 2020; y la copia de las resoluciones mediante las cuales la UNP ha adoptado medidas de protección a favor del accionante desde el año 2013. Más adelante, y cuando resulte pertinente para los efectos de esta providencia, se retomará la documentación aportada por la UNP. 4.1.3. Respuesta de la Fiscalía 66 Seccional de Chigorodó 24. Por último, en cuanto a las pruebas solicitadas a la Fiscalía 66 Seccional de Chigorodó, la entidad, mediante correo electrónico del 9 de octubre de 2020, informó que: (i) la indagación 0517261004962201980094 fue asignada a la Fiscalía 157 de la Unidad de Vida adscrita a la Dirección Seccional de Antioquia. Por tanto, reenvió la solicitud de información a ese despacho; (ii) en el curso del 2020, el señor Murillo Córdoba ha presentado dos denuncias que fueron asignadas a la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Riosucio (Chocó).[35] 25. Pese al traslado de la solicitud, ni la Fiscalía 157 de la Unidad de Vida adscrita a la Dirección Seccional de Antioquia, ni la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito en Riosucio (Chocó) aportaron al presente trámite de revisión información sobre los procesos en curso. 4.2. Segundo auto de pruebas 26. Una vez valorados los documentos allegados por la UNP, el magistrado sustanciador (e) Richard S. Ramírez Grisales, mediante Auto del 28 de octubre de 2020, decretó una serie de pruebas adicionales.[36] 27. En escrito enviado el 03 de noviembre de 2020, la UNP precisó que a la fecha el señor Danilo Murillo cuenta con un esquema de protección tipo 2, consistente en un vehículo blindado, dos hombres de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado.[37] Lo anterior -explicó- en razón de un trámite de emergencia a favor del accionante que se activó en junio de 2020 y que concluyó mediante la expedición de la Resolución 061 de 2020, que fortaleció su esquema de seguridad. 28. Por otro lado, explicó que en la medida de emergencia también se solicitó una reevaluación del riesgo para determinar con un estudio detallado en campo si se mantenían o ajustaban las medidas. Fue así que, por intermedio del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI), se asignó a un profesional analista para que revisara y actualizara la calificación del riesgo del señor Danilo Murillo Córdoba, bajo la orden de trabajo número 387406 de 2020. Al respecto, señaló que en “los próximos días el caso será presentado ante los delegados que integran el Grupo de Valoración Previa.”[38] II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia 29. De conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para conocer de los fallos materia de revisión. 2. Análisis de procedibilidad: la acción de tutela como mecanismo de protección definitivo en defensa de la vida y la integridad de los líderes y defensores de derechos humanos 30. Antes de entrar a considerar de fondo cuestión alguna del caso, debe la Sala establecer si la presente acción de tutela procede a la luz de la Constitución y si, por tanto, puede entrar a resolver el asunto. 31. Teniendo en cuentas las especiales circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentra el señor Danilo Murillo, es claro que su acción de amparo cumple con los requisitos de procedencia fijados por el ordenamiento y la jurisprudencia (legitimación por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad), como se explica a continuación. 32. El accionante podía interponer la acción de tutela (legitimación por activa). El señor Danilo Murillo Córdoba puede invocar, en nombre propio, el amparo de sus derechos a la vida, a la seguridad y al debido proceso. En efecto, es el beneficiario de las medidas de protección que fueron modificadas por la UNP, presuntamente de manera irregular, mediante la Resolución 5196 del 30 de julio de 2020, confirmada mediante la Resolución 7855 del 29 de octubre de 2019; actuación que sería la causa de la vulneración a sus derechos fundamentales. 33. La tutela se podía interponer contra la UNP (legitimación por pasiva). La Sala encuentra que se acredita este requisito, pues la acción de tutela se dirige en contra de la UNP, entidad pública a la cual se atribuye los hechos vulneratorios alegados. Aunque esta argumente que las recomendaciones técnicas a partir de las cuales se define el esquema de protección y las eventuales sanciones al protegido son elaboradas por un cuerpo interinstitucional,[39] lo cierto es que la UNP es la entidad que profirió los actos administrativos que adoptaron las correspondientes decisiones. En efecto, a dicha unidad le fue encomendada la coordinación general de la estrategia de protección, sin perjuicio de las competencias concurrentes de otras instituciones que participan en la calificación del riesgo, o en los procesos de suspensión o finalización de las medidas de prevención y protección.[40] 34. Inmediatez. La tutela fue interpuesta en un término razonable. En su escrito inicial, el señor Danilo Murillo concentra su argumentación en cuestionar la Resolución 5196 del 30 de julio de 2019, mediante la cual se redujo su esquema de protección. Ahora bien, la tutela fue radicada menos de cuatro meses después, el 15 de noviembre. En otras palabras, el accionante ha obrado diligentemente en la defensa de sus derechos, puesto que además, antes de acudir a la acción de amparo, interpuso recurso de reposición contra la resolución citada, el cual fue resuelto mediante Resolución 7855 del 29 de octubre de 2019. 35. Subsidiariedad. La jurisprudencia constitucional ha afirmado que la tutela es procedente para invocar la protección de los derechos a la vida, a la seguridad personal y al debido proceso administrativo frente a decisiones adoptadas por la UNP.[41] Esta Sala de Revisión reconoce que este tipo de actos administrativos son susceptibles de ser controvertidos mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho e, incluso, es posible la solicitud de medidas cautelares. Sin embargo, dado el incremento en el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos en nuestro país, la jurisprudencia constitucional ha venido señalando que resulta irrazonable exigir a estas personas que expongan su caso ante el juez contencioso, cuando lo que se encuentra en discusión es la vida misma. Así también lo reconoció el Tribunal de Antioquia, como juez de tutela de segunda instancia en este proceso, al afirmar que “la agudización de la ola de violencia que se viene presentando en el país frente a los líderes sociales desde el año 2019 y lo que ha corrido del año 2020”, que los ubica en “una situación de vulnerabilidad mayor en la que se hace necesaria una pronta respuesta por parte de la administración de justicia.”[42] 36. En efecto, las particularidades de este caso evidencian la vulnerabilidad en que se encuentra el accionante y que hacen desproporcionada la exigencia de agotar primero los mecanismos de defensa ante la Jurisdicción contencioso administrativa. El señor Danilo Murillo (i) es un líder de la comunidad de desplazados de Jiguamiandó, (ii) es víctima de desplazamiento forzado, (iii) su nivel de riesgo ha sido reiteradamente calificado por la UNP como extraordinario; y (iv) ha recibido amenazas recientes en contra de su vida. Por todo lo anterior, la Sala considera que en este caso la acción de tutela constituye el mecanismo judicial apropiado y definitivo para estudiar si se vulneraron sus derechos. 3. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico 37. El expediente de la referencia versa sobre la acción de amparo interpuesta por el señor Danilo Murillo Córdoba, como líder social afro, desplazado por la violencia, en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Dado su rol en la comunidad, ha sido designado como el representante legal de la Asociación de Desplazados de Jiguamiandó Paraíso (Asodepar); entidad sin ánimo de lucro orientada a la salvaguarda de los derechos humanos y el retorno de las comunidades a sus territorios arrebatados. Por esta labor, ha sido objeto de diversas amenazas e intimidaciones. 38. Desde 2013 cuenta con un esquema de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección, entidad que en los últimos años ha calificado su nivel de riesgo como extraordinario. Sin embargo, el señor Danilo Murillo reprocha que en los últimos dos años la entidad accionada ha pretendido desmontar su esquema de protección, lo que pone en grave riesgo su integridad personal. 39. Ante lo que considera son decisiones arbitrarias e insuficientemente motivadas por parte de la Unidad Nacional de Protección, interpuso acción de tutela el 15 de noviembre de 2019, buscando, en esencia, que se dejara sin efectos la Resolución 5196 del 30 de julio de 2019 que redujo su esquema de seguridad; y, en su lugar, se le ordene a la UNP realizar un “nuevo estudio o revaluación ajustado a derecho y se den al suscrito las garantías, medidas especiales y expeditas de prevención y protección con enfoque diferencial que se requieran.”[43] 40. En sede de revisión, la Corte Constitucional conoció que el esquema de protección del accionante había sido reforzado con un vehículo blindado y un segundo hombre de protección, mediante un trámite de emergencia adelantado en junio de 2020. Por otro lado, la Unidad Nacional de Protección informó que adelanta un nuevo estudio de riesgo para conocer la situación pormenorizada en que se encuentra el señor Murillo en la actualidad. 41. A partir de lo expuesto, a la Sala Primera de Revisión le corresponde resolver un primer problema jurídico referente a la carencia actual de objeto, que se formula en los siguientes términos: ¿Se configura la carencia actual de objeto respecto a la solicitud elevada por el señor Danilo Murillo contra la Resolución 5196 de 2019, en tanto que (i) las inconformidades del accionante fueron revisadas mediante la Resolución 7855 de 2019 que resolvió el recurso de reposición; y (ii) en todo caso, el esquema de protección asignado al accionante fue fortalecido mediante un trámite de emergencia adelantado en junio de 2020? 42. Si no prospera, la Sala pasará a resolver el segundo problema jurídico de fondo, el cual se resume en la siguiente pregunta ¿Vulnera la entidad estatal responsable de brindar protección a los líderes sociales (UNP), los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad, la integridad y la vida de un protegido cuando disminuye su esquema de seguridad, bajo el argumento de que la decisión se fundamenta en un análisis técnico e integral de la situación, y que aún no se ha comprobado la fuente de las amenazas, a pesar de que la persona beneficiaria insiste en que su vida se encuentra en inminente peligro? 43. Para resolver estos interrogantes, la Sala abordará, en primer lugar, el fenómeno de la carencia actual de objeto, a partir de lo cual determinará si los nuevos hechos puestos de presente hacen innecesario continuar con el estudio del caso. De lo contrario, continuará con el análisis y expondrá las consideraciones relevantes sobre el derecho a la seguridad personal y la vida de los líderes y defensores de derechos humanos, así como las obligaciones que de allí se derivan para el Estado, de acuerdo con el marco normativo y la jurisprudencia. Tercero, analizará el asunto concreto. 4. No se configura la carencia actual de objeto puesto que la pretensión central del señor Danilo Murillo no ha sido satisfecha de forma definitiva 44. Esta Corporación ha explicado que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual justifica la necesidad de una decisión, positiva o negativa, por parte del juez. Pero, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío.”[44] Esta es la idea central que soporta el concepto de carencia actual de objeto. 45. En otras palabras, el juez de tutela no ha sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico,[45] sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados. Ello no obsta para que, en casos particulares, la Corte Constitucional, como tribunal de cierre, aproveche un escenario ya resuelto para, más allá del caso concreto, avanzar en la comprensión de un derecho -como intérprete autorizado de la Constitución Política-[46] o para tomar medidas frente a protuberantes violaciones de los derechos fundamentales, así las mismas ya hubiesen cesado.[47] 46. Recientemente, mediante Sentencia SU-522 de 2019,[48] la Sala Plena desarrolló el alcance del concepto de carencia actual de objeto y sus distintas manifestaciones: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. Sobre el hecho superado, en particular, señaló que: “Aunque la distinción no siempre fue clara, el hecho superado responde al sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela, como producto del obrar de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante precisar que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente.”[49] 47. Ahora bien, al analizar el presente asunto la Sala concluye que en este caso no se configura una carencia actual de objeto por hecho superado. Esto es así, porque la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida y a la seguridad del accionante no ha desaparecido y sus pretensiones tampoco han sido satisfechas. 48. El señor Murillo adujo que la UNP no ha explicado de forma satisfactoria por qué su riesgo disminuyó. Considera que la entidad ha obrado sin motivación técnica y suficiente, pasando por alto la compleja realidad de violencia que afronta. Por esto, solicitó que (i) se revoque la Resolución 5196 del 30 de julio de 2019 proferida por la UNP y (ii) se le ordene a esa entidad hacer un nuevo estudio de riesgo ajustado a derecho, con el fin de que se le otorguen medidas de protección adecuadas a su situación. Respecto de estas pretensiones, la Sala constata que la situación sigue siendo la misma que existía al momento en que el señor Murillo Córdoba presentó la acción de tutela. Esto, por cuatro razones. 49. Para empezar, si bien es cierto que la UNP resolvió el recurso de reposición impetrado por el accionante contra la resolución cuestionada, la entidad dejó en firme la decisión inicial, mediante la Resolución 7855 de 2019. Es más, la UNP considera que los reclamos formulados por el señor Danilo Murillo se trataban de simples “yerros de transcripción”.[50] 50. Segundo, aunque la UNP hizo un nuevo estudio de riesgo que culminó con la Resolución 3059 del 8 de mayo de 2020, este acto administrativo: (i) ratificó las mismas medidas de protección ordenadas por la Resolución 5196 del 30 de julio de 2019 y, además, (ii) lo hizo por el mismo término previsto en esta resolución. En efecto, la Resolución 3059 de 2020 dispuso: “f. Recomendaciones del CERREM: Ratificar (1) hombre de protección, un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado. g. Temporalidad: Las medidas de protección tendrán una vigencia hasta el 30 de Julio (sic) de 2020 de acuerdo con la temporalidad inicialmente aprobada por resolución 5196 del 30 de julio de 2019 o hasta tanto se surta el resultado del estudio de nivel de riesgo.” Por tanto, la Resolución 3059 del 8 de mayo de 2020 no derogó, sino que mantuvo en el tiempo los efectos jurídicos de la Resolución 5196 de 2019. 51. Tercero, las medidas de emergencia que fueron dispuestas por la UNP, en el año 2020, a favor del accionante, son, por naturaleza, temporales, pues no se determinan en función del nivel de riesgo particular, sino ante hechos sobrevinientes, con el fin de evitar un perjuicio inminente e irremediable a los derechos de los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección. Por tanto, esas medidas de emergencia pueden ser terminadas y modificadas por medidas de protección definitivas, una vez culminado el respectivo estudio de riesgo.[51] En ese sentido, las medidas de emergencia dispuestas a favor del accionante, por sí solas, no tienen la potencialidad de modificar el nivel de riesgo ni el esquema de seguridad previsto en la Resolución 5196 del 2019, aunque este último, en la práctica y durante la vigencia de tales medidas, sea diferente. 52. Cuarto, según lo informó la UNP, “actualmente se está adelantando [un] estudio de nivel de riesgo”[52] que aún no ha culminado. Es por ello que las medidas de protección dispuestas a favor del señor Murillo Córdoba mediante la Resolución 5196 de 2019 y ratificadas por la Resolución 3059 de 2020, a la fecha, siguen vigentes. 53. Por lo tanto, la Sala encuentra que, en la actualidad, no se han satisfecho las pretensiones del accionante ni ha desaparecido la presunta amenaza o vulneración a los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso, a la integridad y a la seguridad personal que fundamentaron la solicitud de amparo. De modo que, en el caso analizado, no se ha configurado un hecho superado y, en consecuencia, no hay lugar a declarar la carencia actual de objeto. 5. Las obligaciones del Estado con respecto a la seguridad personal y la vida de los líderes sociales. Reiteración de jurisprudencia[53] 5.1. La protección a los líderes y defensores de derechos humanos como un imperativo del Estado social y democrático de derecho 54. Salvaguardar la vida de las personas que se encuentran bajo amenaza es una “responsabilidad inalienable del Estado.”[54] Esta obligación se sustenta tanto en el ordenamiento nacional como internacional. El artículo 2 de la Constitución establece, dentro de los fines esenciales del Estado, “asegurar la convivencia pacífica”, y dispone que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” De otra parte, el artículo 11 señala que “el derecho a la vida es inviolable” y el artículo 12 establece que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” 55. En estos términos, cuando un habitante del territorio está sometido a riesgos insoportables sobre su vida, por acciones de agentes estatales o de terceros, es imperativo que el Estado adopte las medidas tendientes a proteger a la persona, para que el riesgo que se cierne sobre ella no se materialice.[55] Lo anterior, en armonía con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia (Art. 93 de la CP), que reconocen el derecho a la seguridad personal (Art. 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).[56] 56. El carácter imperativo de la obligación del Estado frente a la vida y la seguridad de sus habitantes, no se explica únicamente en función de sus deberes en materia de derechos humanos. Esta corporación también ha sostenido que la seguridad personal adquiere especial relevancia cuando es invocada por sujetos que, con ocasión de su actividad social o de su pertenencia a ciertos grupos vulnerables, están sometidos a riesgos desproporcionados, como es el caso de defensores de derechos humanos, minorías étnicas, líderes de oposición y/o minorías políticas.[57] En estos eventos se amplía considerablemente el espectro de derechos fundamentales y principios involucrados, a tal punto que su amenaza compromete seriamente la vigencia del sistema democrático.[58] 57. En efecto, la persecución y asesinato de líderes sociales no solo implica la violación a sus derechos fundamentales como individuos, sino que además representa una pérdida colectiva y un grave retroceso en la consolidación del país como una República verdaderamente democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad (Art. 1 de la CP). Cuando se acallan las voces de los líderes sociales a través de la violencia, se erosionan también los cimientos de la sociedad, pues se marchita su diversidad y se incumplen los fines esenciales del Estado, alejando la idea de un “orden justo” que permita la libre participación de todos en la vida política, económica y cultural (Art. 2 de la CP). Sin los defensores y las defensoras de los derechos humanos y su invaluable contribución -como concluyó el Relator Especial Micael Forst luego de su visita al país- “nuestras sociedades serían mucho menos libres y menos bellas.”[59] 58. Tan importante es esta labor que el Constituyente previó que todos los colombianos estamos llamados a ser defensores de derechos. La Constitución consagró que “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica” es un deber de todas las personas.[60] Los ciudadanos que responden activamente a este llamado se convierten en piezas clave para preservar la democracia, asegurando que esta permanezca abierta, plural y participativa. Ello cobra especial relevancia en escenarios de transición, en los que es indispensable velar por la libertad efectiva de opinión, pensamiento e ideología, como características del régimen democrático.[61] En un reciente informe sobre nuestro país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó el papel que cumplen los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, como una “pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera”,[62] así: “En el caso de Colombia, las personas defensoras de derechos humanos representan diferentes actividades de promoción y de defensa con características particulares. Históricamente, los líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, sociales, comunales y comunitarios, han representado una fuerza importante en la promoción de la plena vigencia de los derechos humanos, así como de la paz y fin del conflicto armado en Colombia. En el contexto colombiano, las personas defensoras de derechos humanos han sido un pilar fundamental para el proceso de democratización en el país pues a través de sus actividades de vigilancia, denuncia, promoción y educación contribuyen a la observancia de los derechos humanos.”[63] 59. Los líderes sociales ejercen un control ciudadano fundamental sobre los funcionarios y las instituciones públicas, al identificar y denunciar violaciones de los derechos humanos, llamar la atención de las autoridades sobre las consecuencias y el impacto de sus acciones y omisiones, y contribuir en la elaboración de las políticas públicas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del Estado y la efectividad de los derechos. A través de sus actividades de vigilancia, denuncia, difusión y educación, contribuyen a la expansión del respeto y la observancia de los derechos. Esta labor de base ha sido determinante para visibilizar las necesidades de los grupos más vulnerables y marginalizados.[64] 60. Propósito que se frustra debido a los dolorosos y continuos actos violencia contra los líderes sociales en nuestro país. Pese a los esfuerzos institucionales, las cifras de victimización contra esta población resultan alarmantes.[65] Ni la pandemia ni un descenso general en la tasa de homicidios del país ha logrado mermar la violencia contra los líderes sociales. Esta preocupante tendencia se refleja en las principales fuentes de información, tanto de la sociedad civil como del Estado y de la comunidad internacional.[66] Incluso, tan solo hace unas semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a reiterar su preocupación por la situación de violencia registrada contra defensores de derechos humanos en Colombia: “Durante el 2020, la CIDH observó la preocupante persistencia de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto armado interno. El Estado colombiano indicó tener conocimiento de 53 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurridos en el 2020, conforme a los casos verificados por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). En efecto, el 15 de diciembre de 2020, la OACNUDH reportó 120 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos de los cuales 53 casos han sido verificados hasta el momento. Por su parte, el Programa Somos Defensores registró 135 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos hasta septiembre de 2020. El incremento en los asesinatos, de ser verificado, sería sostenido al compararse con los 108 casos verificados por OACNUDH y los 124 casos registrados por Programa Somos Defensores durante el 2019.”[67] 61. Por lo anterior, para la Corte Constitucional resulta evidente que la creciente victimización de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales es una tragedia con profundas repercusiones sobre el conjunto de la sociedad y compromete, incluso, la vigencia del Estado social y democrático de derecho. De ahí que su protección represente un imperativo ineludible del Estado. 5.2. Las obligaciones que se derivan para el Estado, y específicamente para la Unidad Nacional de Protección, con respecto al derecho a la seguridad personal y la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos 62. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad personal se traduce en obligaciones específicas por parte del Estado. La Sentencia T-719 de 2003 enumeró, sin el ánimo de establecer un listado taxativo, las siguientes: “1. La obligación de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una familia o un grupo de personas, así como la de advertir oportuna y claramente sobre su existencia a los afectados. Por eso, no siempre es necesario que la protección sea solicitada por el interesado. 2. La obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la existencia, las características (especificidad, carácter individualizable, concreción, etc.) y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado. 3. La obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice. 4. La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de manera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la protección sea eficaz. 5. La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y de tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha evolución. 6. La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos. 7. La prohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados.”[68] (Subrayado fuera del original) 63. Las obligaciones descritas en los tres primeros numerales resultarán de especial importancia para la resolución del caso analizado. En efecto, el accionante cuestiona, en esencia, que la Unidad Nacional de Protección no haya valorado integral, clara y objetivamente la condición de riesgo en que se encuentra, y por lo mismo tampoco le hubiese brindado de manera permanente las medidas de protección adecuadas y suficientes. 64. Además de las mencionadas obligaciones, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que las autoridades encargadas del estudio y la implementación de medidas de seguridad “deben tener en cuenta las condiciones específicas del afectado y adoptar medidas con enfoque diferencial, cuando se trate de, entre otros, líderes sindicales, líderes campesinos y comunitarios, líderes indígenas y afrodescendientes y, en general, defensores de derechos humanos.”[69] 65. Ahora bien, dentro de los procesos de tutela en contra de la UNP, uno de los temas recurrentes ha sido el incumplimiento al deber de motivación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 29 de la Constitución consagra esta garantía en “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Y si bien la Corte ha reconocido que la UNP es la entidad que tiene la competencia, los recursos humanos y el conocimiento técnico para determinar el nivel de riesgo de un ciudadano y las medidas de protección a adoptar, también ha recordado que esto supone que previamente la entidad ha identificado adecuadamente el riesgo en que se encuentra la persona. Para ello debe valorar de manera técnica y específica las particularidades del caso y el contexto en que se encuentra la persona en riesgo. Todas estas consideraciones deben finalmente plasmarse en el acto administrativo que define la situación, de manera tal que el solicitante entienda el razonamiento que llevó a la UNP a adoptar la decisión correspondiente, y pueda controvertir aquellos argumentos que no comparta. 66. El deber de motivación al que se ha hecho referencia cumple, al menos, dos fines constitucionalmente relevantes. Por una parte, tiene como propósito evitar posibles arbitrariedades o abusos de autoridad de la entidad que los profiere, en tanto le impone la obligación de resolver situaciones jurídicas con base en argumentos transparentes y razonables. De otra parte, asegura que cuando está en discusión la disposición de un derecho, el afectado cuente con todas las condiciones sustanciales y procesales para la defensa de sus intereses, en el evento que requiera controvertir la decisión.[70] 67. En ese sentido, el procedimiento ordinario del programa de protección busca garantizar el derecho fundamental al debido proceso de las personas objeto de protección y dotar a la administración de información técnica especializada que le permita, en cada caso, motivar la decisión de otorgar, modificar o finalizar medidas de seguridad. Cuando la determinación del nivel de riesgo o de las medidas de protección “no está fundada en un estudio previo e individualizado de la situación de la persona interesada, existe una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad personal.”[71] 68. En resumen, la UNP tiene el deber de garantizar las medidas de protección que estime adecuadas y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario o extremo sobre una persona se materialice. La adopción de dichas medidas debe ser oportuna y ajustada a las circunstancias de cada caso particular. Adicionalmente, las decisiones proferidas tienen que respetar las garantías propias del debido proceso administrativo y, en particular, la carga de motivación. El razonamiento debe estar soportado en argumentos técnicos y específicos sobre la situación; y no en consideraciones abstractas sobre el nivel de riesgo, o en consideraciones ocultas que no permitan al interesado “conocer las razones por las cuales este fue denegado u otorgado de manera diferente a sus expectativas, ya que para ejercer el derecho a la defensa requiere saber a qué argumentos oponerse.”[72] 69. Con base en los preceptos jurisprudenciales y normativos descritos, la Sala Primera de Revisión analizará las pretensiones formuladas por el señor Murillo. 6. La UNP vulneró los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al debido proceso del señor Danilo Murillo en tanto que (i) el protegido no pudo conocer de manera completa las razones que motivaron las decisiones de la entidad; y (ii) los argumentos expuestos tampoco justifican con suficiencia por qué su esquema de seguridad es el adecuado 70. Danilo Murillo Córdoba es un líder social afro, sobreviviente del conflicto armado interno que a mediados del 2000 lo obligó a desplazarse de su territorio. En la actualidad, se desempeña como representante legal de la Asociación de Desplazados de Jiguamiandó Paraíso (Asodepar); entidad sin ánimo de lucro orientada a la salvaguarda de los derechos humanos y el retorno de las comunidades a sus territorios arrebatados. Por esta labor, ha sido objeto de diversas amenazas e intimidaciones en contra suya y de su familia. 71. Periódicamente ha venido denunciando conductas criminales en su contra, principalmente a través de amenazas. En su escrito de tutela, el señor Murillo relató dos amenazas recientes en las que estarían involucrados actores criminales de la zona, quienes le exigen colaborar con otro tipo de intereses o abstenerse definitivamente de continuar con sus labores comunitarias, a riesgo de sufrir algún atentado directamente o contra sus seres más allegados. Bajo este contexto que considera de profunda zozobra, el señor Murillo reprocha que en los últimos dos años la entidad accionada ha pretendido desmontar su esquema de protección. Esta situación se ha mantenido en el tiempo, pues según las declaraciones del señor Murillo, continúa recibiendo llamadas intimidatorias y la presencia de sujetos extraños en su lugar de residencia. 72. El señor Danilo Murillo Córdoba enfrenta una doble condición de riesgo. De un lado, es un líder afrocolombiano, una de las poblaciones más golpeadas por la violencia y la marginalización. De otro lado, su defensa del territorio y el retorno de las comunidades desplazadas por la violencia constituye otro de los patrones más comunes de victimización. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los “liderazgos de comunidades indígenas y afrodescendientes desplazadas que reclaman la devolución de sus tierras, o que denuncian la presencia de minería legal o ilegal sobre sus territorios colectivos, han sido víctimas de amenazas e inclusive de homicidios.”[73] Sumado a lo anterior, el departamento del Chocó es una de las regiones que más ha reportado agresiones contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos.[74] 73. Desde el año 2013, la UNP ha conocido la situación del accionante, cuyo nivel de riesgo ha calificado -la mayoría de veces- como extraordinario y le ha reconocido, en consecuencia, esquemas de protección para reducir el peligro contra su vida. No obstante lo anterior, mediante escrito de tutela de noviembre de 2019, el señor Danilo Murillo sostiene que en las resoluciones recientes de la entidad “no hay un solo párrafo que sustente de manera probatoria, que dicho riesgo ya desapareció o se modificó, debido a que sigo defendiendo los derechos de la comunidad.” Considera que la entidad ha obrado guiada por argumentos que carecen de un soporte técnico y objetivo riguroso. Es más, a juicio del accionante, los errores en el razonamiento de la UNP son tan protuberantes que configuran una actividad delictiva, tipificada como “falsedad ideológica en documento público”. 74. Para entender mejor el contexto en el que se enmarca la presente acción de tutela, es pertinente identificar la evolución que ha recibido el caso del señor Danilo Murillo dentro de la UNP, comenzando en el año 2013. Aunque esta Sala de Revisión solicitó a la entidad accionada copia de todas las resoluciones mediante las cuales ha adoptado medidas de protección a favor del señor Murillo, no recibió la totalidad de información requerida -aspecto que se analizará en el acápite 6.2. de esta providencia-. De todos modos, la información aportada permite establecer los principales hitos: Acto administrativo Nivel de riesgo Medidas de protección Vigencia Resolución SP134 del 08 de marzo de 2013 Extraordinario: No precisa porcentaje Esquema de protección compartido con el señor Omar Gamel, consistente en dos hombres de protección, un chaleco antibalas y un celular. Hasta un nuevo estudio de riesgo Resolución SP0191 del 02 de julio de 2013[75] Extraordinario: No precisa porcentaje Ratificar un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco antibalas. Finalizar un hombre y un vehículo de protección. En lugar de este último, implementar apoyo económico en transporte. Hasta un nuevo estudio de riesgo Resolución SP008 del 06 de febrero de 2014 Extraordinario: No precisa porcentaje En cumplimiento de una orden de tutela proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, reestableció un vehículo convencional. Hasta que se notifique y resuelvan los recursos Resolución SP0074 del 13 de mayo de 2014 Extraordinario: No precisa porcentaje Ratificar un hombre de protección y un chaleco antibalas y un medio comunicación. Implementar un hombre de protección y un vehículo blindado. 6 meses Resolución S0165 del 28 de agosto de 2015 Extraordinario: 50,55%[76] Ratificar esquema tipo 2, conformado por: un vehículo blindado, dos hombres de protección; un medio de comunicación y un chaleco blindado. 12 meses Resolución 6221 del 12 de agosto de 2016 Extraordinario: CTRAI: 44,44% GPV: 50,55%[77] Pasar de esquema tipo 2 a esquema tipo 1, así: Finalizar un vehículo blindado. En su lugar, implementar un vehículo convencional. Ratificar un medio de comunicación, un chaleco blindado y dos hombres de protección. 12 meses Resolución 7176 del 15 de septiembre de 2016 Resuelve recurso de reposición: confirma la Resolución 6221 de 2016 Resolución 6329 del 29 de septiembre de 2017 Extraordinario: CTRAI: 43,33% GVP: 5...