Sentencia T-1093 de 2004

T-1093-04 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-1093/04 ACCION DE TUTELA-Procedencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ACCION DE TUTELA-Elementos constitutivos del perjuicio irremediable en caso de Diputados La configuración de un perjuicio irremediable que ha de ser prevenido por vía de la acción de tutela surge, en este orden de ideas, cuando se presentan circunstancias excepcionales tales como las siguientes: (i) que existan motivos serios y razonables que indiquen que una determinada providencia sancionatoria en materia disciplinaria puede haber sido adoptada con desconocimiento de las garantías constitucionales y legales pertinentes y, por ende, con violación de los derechos fundamentales de los afectados, en particular al debido proceso; (ii) que el perjuicio derivado de la providencia sancionatoria adoptada de manera inconstitucional amenace con hacer nugatorio el ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los sujetos disciplinados, (iii) que el perjuicio en cuestión llene los requisitos de ser cierto e inminente, grave y de urgente atención, y (iv) que los medios judiciales ordinarios con los que cuentan los afectados para su defensa no sean lo suficientemente expeditos como para controlar la legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas con la urgencia requerida para impedir la afectación irremediable del derecho fundamental invocado. Para la Sala, los requisitos enunciados se hallan presentes en el caso bajo revisión. DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Alcance DERECHO DISCIPLINARIO-Imposibilidad de asimilar íntegramente principios del derecho penal PROCESO DISCIPLINARIO-Características básicas del pliego de cargos AUTO DE FORMULACION DE CARGOS-Providencia de trámite PROCESO DISCIPLINARIO-Calificación en pliego de cargos es provisional/PROCESO DISCIPLINARIO-Oportunidad para controvertir lo modificado en el pliego de cargos No viola el derecho de defensa de quien es investigado disciplinariamente el que la autoridad llamada a adoptar una decisión sobre el mérito de la investigación disciplinaria pueda variar la calificación jurídica de la conducta efectuada en el pliego de cargos del respectivo proceso, siempre que el investigado haya tenido la oportunidad efectiva y plena de ejercer su derecho de defensa respecto de los elementos de su comportamiento por los cuales se le sancionó. Impedir que dicha autoridad disciplinaria adecue, precise o modifique las apreciaciones efectuadas al iniciar el proceso, con base en los elementos de juicio que se hayan recolectado durante la investigación, equivaldría a trastocar la estructura del proceso disciplinario y las garantías más básicas de quienes son objeto de esta manifestación del ius puniendi del Estado, entre ellas la presunción de inocencia, que como ha indicado esta Corte, es una de las garantías procesales de mayor importancia en este campo. Por otra parte, frente al fallo disciplinario que resuelva el fondo del proceso existen los recursos establecidos por la ley para que los afectados hagan efectivo su derecho de defensa. PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN DERECHO DISCIPLINARIO Y PENAL-Distinción Esta Corte ha precisado en numerosas oportunidades que, dadas las especificidades propias del campo disciplinario, el principio de legalidad, y en particular el de tipicidad, tiene unas características propias que son similares, pero no idénticas, a las que adquiere en el ámbito penal; ha expresado la jurisprudencia constitucional que dicho principio de tipicidad no tiene en el derecho disciplinario la misma connotación que presenta en el derecho penal, en donde resulta ser más riguroso: “la razón de ser de esta diferencia, se encuentra en la naturaleza misma de las normas penales y las disciplinarias. En las primeras, la conducta reprimida usualmente es autónoma. En el derecho disciplinario, por el contrario, por regla general los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones en donde está consignada una orden o una prohibición”. En particular, la Corte ha indicado que existen diferencias importantes en cuanto a (i) la precisión con la cual han de estar definidas las conductas en las normas disciplinarias aplicables, y (ii) la amplitud del margen del fallador disciplinario en el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias. DERECHO DISCIPLINARIO-Tipos abiertos En relación con la precisión de la definición previa de las conductas que serán sancionadas, la Corte ha aceptado de tiempo atrás que en este ámbito es admisible que las faltas disciplinarias se consagren en “tipos abiertos”, “ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos”. El correlato necesario de la admisibilidad constitucional del sistema de tipos abiertos en materia disciplinaria, es la existencia de un mayor margen de apreciación para el fallador disciplinario al momento de efectuar la adecuación típica de una conducta a la definición normativa de la falla a sancionar. Ha dicho la Corte que “a diferencia de la materia penal, en donde la descripción de los hechos punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario”; y que “en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano competente para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. INHABILIDADES PARA CONTRALOR DEPARTAMENTAL-Desempeño de cargo distrital o municipal/INHABILIDADES-Alcance debe ser interpretado restrictivamente FALTA DISCIPLINARIA-Escogencia de Contralor incurso en causal de inhabilidad En el acto de designación de Contralor Departamental confluyen, a través de distintas etapas, las voluntades de distintas entidades públicas –a saber, los Tribunales en cuestión y la Asamblea Departamental- que se encuentran en posiciones distintas frente al acto de elección. Es de anotar que tanto quienes deciden sobre la integración de la terna como quienes finalmente escogen entre los candidatos el Contralor Departamental son jurídicamente responsables por el contenido de sus decisiones, en virtud de los principios constitucionales de supremacía de la Carta Política (art. 4, C.P.) y del principio de legalidad que vincula a los servidores públicos (arts. 6 y 123, C.P.). Por otra parte, la existencia y el grado en el cual se llevó a cabo dicha determinación, es un asunto cuya evaluación y calificación corresponde a la Procuraduría en tanto juez disciplinario, a la luz de los hechos acreditados en el cada proceso; recuerda en este punto la Sala que, para efectos de llevar a cabo la adecuación típica de las conductas disciplinariamente reprochables, la Procuraduría cuenta con un margen de apreciación y valoración más amplio que el penal. TIPO ABIERTO EN FALTA DISCIPLINARIA-Imposibilidad práctica de encuadrar detallada y exhaustivamente las posibles faltas del servidor público En cuanto a la calificación de la gravedad de la falta cometida por los diputados accionantes, recuerda la Sala que según se precisó en acápites anteriores, existe un margen amplio de apreciación y valoración constitucionalmente protegido para el fallador disciplinario al momento de llevar a cabo la adecuación típica y la calificación jurídica del comportamiento objeto de investigación. Se reitera que la Corte Constitucional ha reconocido explícitamente que “el investigador disciplinario dispone de un campo amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad”. Por lo tanto, únicamente desconocerán estos márgenes aquellas calificaciones de la falta y su nivel de gravedad que no encuentren un fundamento en la normatividad aplicable, o que sean evidente y manifiestamente irrazonables frente a la situación objeto de evaluación. Ha de recordarse a este respecto que la Sala debe respetar la autonomía del juez disciplinario al momento de evaluar por vía de tutela la constitucionalidad de sus actos, dado el nivel de autonomía que le asignó el Constituyente para el ejercicio de sus funciones. FALTA GRAVISIMA EN MATERIA DISCIPLINARIA-Actuación a sabiendas de estar incurso en causal de inhabilidad SANCION DISCIPLINARIA-Graduación se determina con base en la gravedad de la falta PROPORCIONALIDAD DE SANCION DISCIPLINARIA-Controversias se deben debatir a través de la acción pública de inconstitucionalidad La Sala recuerda que no es en sede de tutela que se ha de controvertir la proporcionalidad de las sanciones disciplinarias previstas por el Legislador; cualquier reparo ciudadano por este motivo debe tramitarse a través de la acción pública de inconstitucionalidad. PROCESO DISCIPLINARIO Y PROCESO PENAL-No existe identidad de objeto ni identidad de causa aunque exista identidad de sujeto y verse sobre los mismos hechos/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN REGIMEN DISCIPLINARIO-No vulneración Los distintos tipos de responsabilidad a los que están sujetos los servidores del Estado –penal, disciplinaria, fiscal, patrimonial- son independientes, y que una misma conducta puede dar lugar, en forma simultánea, a una declaratoria de responsabilidad en uno de estos ámbitos y a una exoneración en otro, o a la declaración conjunta de varios tipos de responsabilidad, sin que por ello se entienda violada la garantía constitucional del debido proceso –particularmente el principio de non bis in ídem-, puesto que las finalidades que persiguen los regímenes correspondientes son distintas entre sí, y los bienes jurídicos tutelados son diferentes en cada régimen. DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Debida evaluación de pruebas DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-No vulneración al determinar el dolo en el caso concreto SANCION DISCIPLINARIA-Determinación de responsabilidad subjetiva DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-No se vulneró el principio de investigación integral en el caso concreto DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Derecho de contradicción de la prueba PROCESO O SANCION DISCIPLINARIA-No vulnera el buen nombre ni la honra DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-No se vulnera derecho a la igualdad del servidor público por aplicar una sanción diferente a la de un caso similar Desde esta perspectiva, resulta claro que (i) no se viola el principio de igualdad cuando las distintas dependencias que componen la Procuraduría General de la Nación adoptan decisiones distintas en asuntos que podrían ser clasificados como similares, puesto que (a) cada proceso disciplinario es de características únicas, (b) la garantía de igualdad entre quienes son juzgados por distintos Procuradores Delegados radica en que se aplique una misma legislación disciplinaria en forma autónoma y razonada, con pleno respeto por las garantías constitucionales integrantes del debido proceso y de manera consistente, y (c) los Procuradores Delegados, en tanto falladores disciplinarios, son autónomos para la apreciación razonable de las pruebas que tengan a su disposición, a la luz de los mandatos legales aplicables. Por otra parte, (ii) el Procurador General de la Nación no puede impartir directrices específicas que determinen el resultado de procesos disciplinarios adelantados por los Procuradores Delegados en uno u otro sentido, ya que ello desconocería abiertamente la autonomía e imparcialidad de los falladores disciplinarios de instancia, contrariando el debido proceso de los afectados. El Procurador General, si así lo considera procedente, puede impartir pautas genéricas de interpretación de la ley aplicable a observar por los Procuradores Delegados en el ejercicio independiente de sus funciones, pero sin entrar a determinar por esta vía el desenlace específico de las investigaciones disciplinarias concretas que llevan a cabo dichos juzgadores disciplinarios. Referencia: expediente T-791349 Acción de tutela instaurada por Gerardo Ramón de los Ríos Chavarriaga y otros en contra de la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría Regional de Nariño. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil cuatro (2004). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión de la sentencia del once (11) de agosto de dos mil tres (2003), proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que decidió sobre la acción de tutela instaurada por Gerardo Ramón de los Ríos Chavarriaga y otros en contra de la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría Regional de Nariño. La anterior sentencia fue remitida a la Corte Constitucional y seleccionada por la Sala de Selección Número Diez (10), mediante auto del treinta (30) de octubre de dos mil tres (2003), correspondiendo a la Sala Tercera de Revisión su conocimiento. I. ANTECEDENTES 1. Hechos 1.1. Hechos relatados por el demandante. Mediante escrito recibido en la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el día catorce (14) de mayo de dos mil tres (2003), la ciudadana Nubia Esperanza Marín Palma, en su condición de apoderada de los señores Gerardo Ramón de los Ríos Chavarriaga, Bernardo Otmaro Belalcázar, Ricardo Jurado Calvache, Saulo Ernesto Pupiales Gómez, Jorge Efraín Montenegro Mier, Eduardo Rafael Ordóñez Castillo, Amparo de Jesús Rueda Burbano y Julio César Betancourt Martínez, presentó acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría Regional de Nariño, por considerar que éstas entidades incurrieron en vías de hecho al destituir a sus poderdantes de sus cargos como Diputados de la Asamblea Departamental de Nariño e imponerles la pena accesoria de inhabilidad para ejercicio de funciones públicas durante el término de tres (3) años, mediante providencias de fechas 19 de marzo de 2003 y 20 de septiembre de 2002, con lo cual considera violados, principalmente, sus derechos constitucionales al debido proceso, igualdad, honra y buen nombre. Los hechos que dieron lugar a esta situación se narran en detalle a continuación. 1.1.1. La Asamblea Departamental de Nariño designó como Contralor Departamental al ciudadano Edgar Armando Rosero García el día 9 de enero de 2001, con el voto afirmativo de los ocho Diputados a quienes representa la apoderada. 1.1.2. “Los Diputados que conforman la Corporación Departamental en su mayoría (9) estuvieron de acuerdo en el nombramiento del Dr. Rosero García, incluido en la terna, del Tribunal, quien precisamente y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 01 del 14 de noviembre de 2000, había acreditado ante esta Alta Corporación no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad”. 1.1.3. Con motivo de la elección del Dr. Rosero García, quien dentro del año anterior a la misma había ocupado el cargo de Contralor Municipal de Tumaco (Nariño), la Procuraduría Regional de Nariño abrió investigación disciplinaria y formuló pliego de cargos contra los Diputados en cuestión, alegando que “el Contralor designado se encontraba incurso en la inhabilidad establecida en el último inciso del artículo 272 de la Constitución Nacional, manifestando al referirse a los Diputados que ‘POSIBLEMENTE su voto positivo’ propiciaba la comisión de la falta que contempla el artículo 25 numeral 10 de la Ley 200 de 1995; considerando además que ‘quienes lo eligieron PODRÍAN estar incursos en la misma situación disciplinaria’” (énfasis en el original). 1.1.4. “Posteriormente, la misma Procuraduría al imponer el fallo sancionatorio, ya no enmarca la conducta de los Diputados dentro del numeral 10 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, sino que hace encajar la conducta en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 200 de 1995, que establece: ‘el destinatario de la ley disciplinaria que cometa la falta disciplinaria, o determine a otro a cometerla, incurrirá en la sanción prevista para ella’. // Procede en consecuencia, en una ostensible vía de hecho a sancionar a los Diputados con la máxima pena consistente en destitución de sus cargos, a la que sumó la inhabilidad para ejercer cargos públicos por tres años, mediante fallo de fecha 20 de septiembre de 2002”. Precisa la apoderada que uno de los demandantes, Ernesto Pupiales Gómez, ya no ejerce el cargo de Diputado, puesto que ocupa actualmente el cargo de Alcalde Municipal del Tambo (Nariño). 1.1.5. Los afectados interpusieron recurso de apelación contra la providencia sancionatoria referida, “el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 19 de marzo de 2003 de manera desfavorable, a los apelantes; la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó en todas sus partes el fallo sancionatorio emitido por la Procuraduría Regional de Nariño”. 1.1.6. La apoderada expresa que el principio de tipicidad disciplinaria “obliga a señalar de manera expresa, en cuál descripción típica se ubica la conducta investigada; se precisa la cita de la norma constitucional legal o reglamentaria efectivamente violada, pues la ambigüedad o la imprecisión de la imputación son causales de invalidez del acto respectivo. // En el caso, ha de tenerse en cuenta, que el precepto estructura un tipo disciplinario para la persona inmersa en una causal de inhabilidad; tipo disciplinario además, que admite diversas interpretaciones; como lo expresa a nuestro juicio acertadamente el Dr. Jaime Betancourt Cuartas, en concepto el Consejo de Estado –Sala de Consulta y Servicio Civil- de fecha 10 de septiembre de 1991, Radicación No. 399, cuya referencia es la elección de Contralores Departamentales y Municipales a que se refiere el artículo 272 de la Constitución Política, al efecto expresa: ‘En caso concreto los controladores departamentales, no pueden ser elegidos quienes sean o hayan sido en el último año superior (sic) a la fecha de la elección miembros de las asambleas que hacen la elección, ni quienes en el mismo lapso hayan ocupado cargo público del orden departamental, salvo la docencia’. Nótese entonces cómo la máxima autoridad judicial de lo contencioso administrativo omite incluir el desempeño en cargos del orden distrital o municipal como factor precipitante de la causal de inhabilidad en comento. Inhabilidad, por tanto, que ni siquiera puede predicarse de la persona supuestamente inmersa en ella –contralor Departamental- elección que se encuentra pendiente de decisión judicial, (sic) menos aún de terceras personas –Diputados- quienes eligieron al Contralor supuestamente inhabilitado” 1.1.7. Considera, así mismo, inconstitucional que se formulen cargos distintos a los que sirven de fundamento al fallo sancionatorio. “Inicialmente, se formulan cargos a los Diputados adecuando la conducta en el artículo 25 numeral 10, de la Ley 200 de 1995, que establece: ‘actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución o en la Ley…’, para luego, al momento del fallo, adecuar la conducta en el artículo 21 Ibídem. // Cercenando de manera abrupta la posibilidad a los investigados de defenderse; pues la defensa se orientó a desvirtuar la conducta endilgada en los cargos, no pudiendo hacer lo mismo respecto de la sorpresiva conducta endilgada en el fallo –que no guarda la obligada congruencia con el pliego de cargos”. De allí que la actuación controvertida sea una vía de hecho que viola el derecho fundamental al debido proceso de los Diputados accionantes. 1.1.8. Haciendo alusión a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho al debido proceso disciplinario, afirma la apoderada que “en el caso que nos ocupa, se formularon cargos a los Diputados por una acción que no podían cometer. Porque no se encontraban inmersos en ninguna inhabilidad; y fueron sancionados ya no por acción, sino como determinadores de la acción; desconociendo la Procuraduría, que en caso de aceptarse una determinación, ésta solamente podría predicarse de los Magistrados quienes incluyeron el nombre del Dr. Rosero en la terna para ser designado como Contralor. // Si bien es cierto, el acto del Tribunal Administrativo de elaborar la terna es un acto de mero trámite, no lo es menos, que tal acto reviste de seguridad jurídica al proceso de elección, pues el mismo se encuentra precedido por la verificación de requisitos de quienes presentan sus nombres, para aspirar a tal designación, por una Corporación judicial especializada”. 1.1.9. Señala que la Corte Constitucional ha establecido que el debido proceso debe caracterizarse por un mayor conjunto de garantías en los regímenes sancionatorios; “contrariar lo anterior implica contravenir de manera ostensible cánones constitucionales como el contenido en el artículo 29 sobre el debido proceso, el 228 en lo referente a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, el 229 sobre la eficacia de la administración de justicia. La Procuraduría Regional de Nariño declaró falta gravísima sin lugar a ello, e impuso una sanción desproporcionada, la cual a su vez fue confirmada por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa”. 1.1.10. Las decisiones disciplinarias que se señalan violan el principio de legalidad consignado en los artículos 6 de la Constitución y 4 del Código Disciplinario Único, puesto que en virtud de dicho principio “los servidores públicos y los particulares que de manera transitoria ejerzan funciones públicas, sólo pueden ser juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión de funciones incurran en faltas establecidas en la ley. Los falladores de instancia, desconocieron la consagración constitucional y abundante jurisprudencia constitucional, que impone la obligatoriedad de que la actividad sancionatoria debe vincularse al principio de legalidad; principio objetivo, con carácter dogmático del derecho administrativo disciplinario; presupuesto además del principio de tipicidad. Principio que tiene como finalidad, establecer un dique al poder disciplinario del Estado, evitando que los funcionarios con potestad disciplinaria inventen conductas reprochables disciplinariamente, o atribuyan sanciones que no se encuentren previamente establecidas; brindando así seguridad jurídica a los destinatarios de la ley disciplinaria, y eliminando los juicios de valor del competente”. 1.1.11. Además de violar con el proceso disciplinario en cuestión los derechos constitucionales al debido proceso, de defensa, a la honra y buen nombre, también se desconocieron “principios del mismo rango, como el de contradicción de la prueba, investigación integral, valoración probatoria, determinación de la responsabilidad a título de dolo (culpabilidad). Con lo cual se incurrió en flagrante vía de hecho”. Se sustenta esta afirmación con las consideraciones siguientes: (a) “Basta para así establecerlo, considerar inicialmente, que no obstante ser nueve los implicados, personas independientes con criterios propios, en inusual masificación, en todas las instancias se toman métrica y exactamente las mismas pruebas para todos y cada uno de los implicados, incurriendo con ello en graves y protuberantes errores en materia probatoria. // Ahora bien, para resaltar la vulneración a los principios enunciados, me permito precisar que, dando cumplimiento a la exigencia de la ley, se relacionaron los siguientes medios de prueba: (1) Fotocopia del Acta No. 0021; (2) Fotocopia de la proposición sin número del 9 de enero del 2001; (3) Fotocopia de la certificación del tiempo de servicios de Edgar Armando Rosero; (4) Fotocopia del acta de posesión del doctor Rosero como contralor municipal; (5) Fotocopia del acta de posesión del doctor Rosero como contralor departamental; (6) Fotocopia de la hoja de vida del doctor Rosero; (7) documentos que prueban el estatus jurídico de los implicados para la época de la comisión de la posible falta disciplinaria; (8) Diligencia de visita especial practicada por la Fiscalía Diecinueve Seccional. Posteriormente se relacionan: (9) fotocopias de las actas de sesión de la sala plena del Tribunal Administrativo; (10) Fotocopia de las actas en las que constan las evaluaciones de las hojas de vida del Tribunal Superior de Distrito Judicial; (11) fotocopia del acta NO. 002 de 2001 de elección del doctor Rosero García como contralor Departamental; (12) fotocopia de la proposición sin número de 9 de enero de 2001 suscrita por seis diputados solicitando que antes de la elección de los candidatos se hagan presentes en la asamblea para que expongan su programa; (13) fotocopia de la proposición sin número del 9 de enero del 2001 en la que seis Diputados manifiestan que antes de la elección se soliciten las copias de las actas de selección de las hojas de vida a los tribunales respectivos; (14) fotocopia del memorial que el 9 de enero del 2001 presentaron los profesionales seleccionados por el Tribunal Superior en la que informan su renuncia y solicitan pedir a la Corporación Judicial se realice una nueva selección; (15) fotocopias de las versiones de los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño que forman parte del expediente adelantado en su contra por la Fiscalía General de la Nación; fotocopia del auto por el cual la fiscalía se declara inhibida para investigar penalmente a los magistrados, en atención de que se trata (sic) de una norma susceptible de diversas interpretaciones y respecto de las que existen posiciones encontradas; (16) declaración por certificación jurada rendida por Omar Bolaños Ordóñez. Aunque no se relaciona, se menciona en las consideraciones de la Regional la siguiente: (17) Versión voluntaria del Dr. Juan Silvio Pantoja, trasladada del proceso penal referido”. Luego de efectuar esta enumeración, la apoderada expresa que “ninguna de las pruebas relacionadas fue valorada correctamente; de ellas lo único que quedó claro y objetivamente demostrado fue la elección del doctor Rosero García como Contralor Departamental de Nariño, el día 9 de enero del año 2001 mediante el voto afirmativo e independiente de cada uno de mis poderdantes”. (b) “Se precisa igualmente, que de ninguna de tales pruebas se puede derivar el dolo imputado; esto es, la mala intención, la voluntad dirigida a causar un perjuicio a cometer un acto contrario a lo justo, ‘de manera prístina e inequívoca’, como lo expresa el Ministerio Público; luego la decisión adoptada con base en ellas, es contraevidente.” (c) “Ahora bien, aún cuando lo que nos interesa es enfatizar en el hecho de que no existió valoración probatoria, queremos resaltar que ninguna de las pruebas relacionadas y no valoradas, comprometen el elemento subjetivo (dolo). Las pruebas indicadas en los numerales 1 y 2, se refieren a la realización de la sesión donde se eligió como contralor al Dr. Rosero García; de su análisis, no se deduce dolo o mala intención de ninguno de los Diputados actores. Las indicadas en los números 3, 4, 5, 6, son relativas a la hoja de vida del contralor electo, de su ejercicio como Contralor Municipal y de su posesión como Contralor Departamental; igualmente, de ninguna se puede deducir dolo o intención de los Diputados actores, de cometer algo contrario a lo justo. La número 7 sólo indica la calidad de Diputados de mis representados; de la que de ninguna manera puede deducirse el dolo. En consecuencia, las pruebas designadas con los números del 1 al 7 sólo prueban de manera objetiva que el señor Edgar Armando Rosero García, fue elegido contralor Departamental de Nariño; puede incluso determinar que para la época de los hechos el señor Rosero García estuviere incurso en causal de inhabilidad; pero estas pruebas no son idóneas ni demuestran claramente el elemento subjetivo (dolo) de ninguno de los implicados; igual razonamiento vale para las pruebas que se han indicado en los numerales 8 al 16. En cuanto a la prueba 17 consistente en la versión libre del doctor Juan Silvio Pantoja (Magistrado del Tribunal Contencioso) me permito precisar lo siguiente: ésta prueba no tiene el alcance de un testimonio en contra de mis procurados dado que se trata de una versión libre que fue trasladada al proceso disciplinario, la cual resulta ajena a los requisitos de ley, que requiere el testimonio (no fue juramentada, si la versión iba a comprometer a los implicados –entre otros aspectos-). Esta prueba, que no era conducente por no ser apta legalmente, no podía ser valorada, en tanto que no reunía los requisitos de un testimonio; y por el contrario, la Procuraduría le concede pleno valor probatorio, al igual que a lo expresado por dos Diputados Fabio Villota y Luis Ignacio Rosero, quienes habían manifestado que el señor Rosero García posiblemente estaba incurso en una inhabilidad. En técnica probatoria estos dichos son, en sí, parte del hecho a investigar o el motivo de investigación, pero nunca son constitutivos de prueba directa y clara del dolo (elemento subjetivo) atribuido a todos y cada uno de los 9 diputados disciplinados. De ninguna manera se acepta que, de estas manifestaciones, se puede deducir el dolo o mala intención de los Diputados de cometer algo contrario a lo justo, sin primero penetrar en la órbita subjetiva de todos y cada uno de los implicados. Es palmaria entonces la inexistencia de valoración probatoria; en todo caso la misma no se aprecia en las providencias; es evidente que no existe un medio probatorio que comprometa la responsabilidad a título de dolo. Se resalta que la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia, de manera contundente, establece que en el campo de la ‘valoración probatoria’, se configura vía de hecho cuando existe error manifiesto en su entendimiento y, con mayor razón cuando no existe tal valoración”. Afirma, en consecuencia, que la Procuraduría omitió sus deberes de señalar las pruebas que sustentan cada acusación, y de exponer razonadamente el mérito asignado a cada una. “Esto es, no basta hacer una relación de pruebas, como hizo la Procuraduría, sino que debe expresarse el valor que se le asignó a cada prueba, tanto para determinar con certeza la comisión de la falta disciplinaria como para comprometer su responsabilidad a título de dolo; constituyendo ello un imperativo constitucional acorde a la finalidad del procedimiento”. (d) “Por otro lado, y en lo que a la culpabilidad respecta, la reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y de la Honorable Corte Constitucional sobre la materia, coinciden en el carácter subjetivo de la responsabilidad disciplinaria; estableciendo que para derivarla es necesario determinar si el disciplinado obró con dolo o culpa. Resulta claro que no obra en el expediente un ejercicio mínimo por parte del Ministerio Público para penetrar en la órbita subjetiva de cada uno de los implicados; simplemente consideró la Procuraduría que el señor Rosero para la época de los hechos, posiblemente estaba inhabilitado, y que nueve Diputados votaron positivamente su elección; concluyendo entonces, que los nueve Diputaos eran responsables disciplinariamente a título de dolo. Examinando cuidadosamente la motivación de las providencias encontramos que no existe un intento por descubrir la intención de cada uno de los Diputados al realizar su voto, hacia donde estaba dirigida su voluntad, cuál era la finalidad de su acción. (…) Una lectura desprevenida de las providencias, permite entender que el análisis en relación con uno solo de los implicados, resultó a la Procuraduría suficiente para hacer extensiva la sanción a todos los demás Diputados que votaron positivamente en la elección cuestionada, lo cual es igual a la responsabilidad objetiva”. (e) “Se resalta también, que se desconoció de manera flagrante, el principio de investigación integral, según el cual al investigador disciplinario le compete y corresponde la llamada ‘investigación integral’, que es además norma rectora del proceso disciplinario por disposición expresa del mismo; y principio en materia probatoria, según el cual debe investigarse tanto lo desfavorable como lo favorable a los intereses del imputado, por lo que debe averiguarse con igual celo tanto las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta reprochable, como las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado, y las que tiendan a demostrar su inocencia. // En ningún aparte de los proveídos –tanto en el de primera instancia como en el de segunda instancia-, el fallador hace referencia a las circunstancias comentadas y pruebas que puedan favorecer a los Diputados y pese a que obran en el expediente, no son valorados por el Ministerio Público, siendo una exigencia legal y principio del derecho procesal. Se reitera que la finalidad del proceso disciplinario, no es encontrar un responsable y sancionarlo, sino, encontrar la verdad real, teniendo en cuenta la prevalencia de las normas rectoras, la realización de los fines y funciones del Estado y el cumplimiento de las garantías debidas a los intervinientes en el proceso (arts. 13 y 18 Ley 200 de 1995; y 20 y 234 del C.P.P.; 21 y 129 del actual C.D.U.). De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico en materia de responsabilidad disciplinaria le corresponde al Estado la carga de la prueba, es el Estado quien debe desvirtuar con absoluta certeza y de conformidad con la ley y los principios fundamentales, las presunciones de inocencia y buena fe; así lo ordenan los artículos 29 y 83 de la Carta Política, 81 de la Ley 190 de 1995, 7 del C.P.P., 8 de la Ley 200 de 1995; 9 y 128 de la Ley 734 de 2002”. 1.1.12. Por último, considera la apoderada que con las providencias disciplinarias en cuestión se desconoció el derecho a la igualdad de los peticionarios, puesto que resultaron sancionados “no obstante encontrarse en la misma situación y condiciones respecto de los Diputados de Cundinamarca quienes eligieron a un Contralor Departamental, sobre quien recaía una inhabilidad por haber sido funcionario del Departamento; el fundamento legal para que el Ministerio Público abriera investigación disciplinaria es el mismo que sirvió de base para abrir la investigación disciplinaria cuyos fallos sancionatorios nos ocupan; esto es el artículo 6º, literal c, Ley 330 de 1996. En esa ocasión, el Ministerio Público consideró que el Contralor elegido no estaba inhabilitado y que las inhabilidades son prohibiciones de carácter restrictivo en su aplicación; que no se presentaba en consecuencia violación a la ley disciplinaria por parte de los Diputados del Departamento de Cundinamarca –providencia de fecha 24 de septiembre de 2002, la cual se adjunta”. Es más evidente la violación del derecho a la igualdad “si se confronta la providencia de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa de fecha 19 de marzo de 2003 mediante la cual se impone semejante sanción a los Diputados de Nariño, con la providencia de la Procuraduría General – Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y segunda delegada – de fecha 19 de diciembre de 2002, mediante la cual se absuelve de responsabilidad disciplinaria a los Diputados de Santander a quienes se les abrió investigación disciplinaria por los idénticos hechos y mismas circunstancias (sic) que rodearon a los Diputados de Nariño. // Valga resaltar que los Diputados de Santander eligieron como Contralor Departamental al Dr. Alberto Rivera Balaguera, quien también supuestamente se encontraba incurso en la misma inhabilidad, del Contralor Departamental de Nariño; toda vez que en el año inmediatamente anterior a su elección se desempeñó como contralor municipal de Bucaramanga. Se invocó la misma norma que sirvió de fundamento jurídico en el caso de los Diputados de Cundinamarca y Nariño. La Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y segunda delegada para la Vigilancia de la Administración-, en esta ocasión (3 meses antes) consideró que a pesar de que los Diputados conocían la supuesta inhabilidad del Contralor electo, éstas actuaron ‘con error invencible’; así dijo la Procuraduría en ese momento: ‘actuaron con la convicción de que su acción no concurría alguno elementos constitutivos de falta disciplinaria, porque si bien estaban equivocados en cuanto a la verdadera existencia de la inhabilidad, también lo es que realmente tenían el convencimiento de que su comportamiento de acción no era típico, esto es, no constituía transgresión a normatividad alguna… Así, observa esta Sala Disciplinaria, que no se estructuran los presupuestos que el régimen disciplinario señala para declarar disciplinariamente responsables a los servidores públicos, pues se encuentra debidamente demostrado que los disciplinados al dar su voto favorable al doctor Rivera Balaguera, lo hicieron convencidos por la circunstancia de que la inhabilidad planteada por sus colegas no existía, es decir, se presentó en ellos un error de correspondencia entre lo que aparecía en el campo de su conciencia por los factores ya analizados y lo que efectivamente había en el mundo exterior específicamente en el de la interpretación que debía hacerse de la normatividad que regulaba en esos momentos las inhabilidades, y en consecuencia en el presente caso se presenta ausencia del factor subjetivo de intención o culpa, porque no había conocimiento de la tipicidad de su comportamiento’. Así las cosas, resulta clara la vulneración del derecho a la igualdad, pues los Diputados de Cundinamarca y Santander, fueron absueltos de toda responsabilidad disciplinaria por el Ministerio Público; ante idénticos hechos y circunstancias, por los que ahora el mismo Ministerio Público sanciona a los Diputados de Nariño”. 1.1.13. Por las anteriores razones, la apoderada formula las siguientes peticiones: (i) que se conceda la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la honra y el buen nombre de los ocho diputados que representa; (ii) que se declare que carece de todo efecto jurídico la providencia de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa del 19 de marzo de 2003 al resolver el recurso de apelación contra la providencia de la Procuraduría Regional de Nariño del 20 de septiembre de 2002, y que se ordene en consecuencia que se retrotraiga la actuación procesal disciplinaria hasta un momento anterior a la providencia sancionatoria que constituye una vía de hecho; y (iii) ordenar la suspensión provisional, mientras se decide la acción de tutela de la referencia, de los efectos de la providencia en cuestión, según autoriza el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991. 1.1.14. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela de la referencia, explica que ésta se solicita como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dada la demora de un proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa: “(…) confluyen todos los elementos constitutivos del perjuicio irremediable; esto es, el peligro inminente, la gravedad del perjuicio, y el carácter urgente de las medidas requeridas para salvaguardar sus derechos fundamentales vulnerados. (…) pese a existir medios judiciales ordinarios de defensa, los Diputados afrontan de modo grave e inminente un daño ostensible en el ejercicio de su actividad política. Están a las puertas de ver terminada su carrera política; el doce (12) de mayo comunicó la Procuraduría Regional de Pasto al Presidente de la Asamblea Departamental de Nariño, la orden de ejecutar la sanción impuesta a los Diputados, para lo cual tiene un término de diez días. Se adjunta constancia de la comunicación. Se reitera que en este caso se cumplen a cabalidad las exigencias de la Corte Constitucional, pues los Diputados de Nariño accionantes, se encuentran a escasos diez (10) días de perder su calidad de Diputados, no pueden participar en las próximas contiendas electorales, lo que conlleva inevitablemente a su muerte política; esto aunado a que no pueden ejercer cargos públicos durante tres (3) años. Entenderán los señores magistrados que si los accionantes son sancionados con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por tres años, se extinguirá su carrera política, se marginarán de la actividad laboral, lo cual significa nada menos que afrontar un grave riesgo para la manutención suya y de su familia, la educación, la salud de sus hijos, comprometiendo incluso el mínimo vital.” 1.2. Pruebas aportadas por la parte demandante. A la demanda de tutela de la referencia se adjuntaron las siguientes pruebas documentales: 1.2.1. Resolución No. 044 de la Procuraduría Regional de Nariño, adoptada el día veinte (20) de septiembre de 2002, en la cual se llevó a cabo “la evaluación final de la investigación que bajo la radicación 065-10912 adelantara la Procuraduría Regional de Nariño en contra de los Diputados a la Asamblea Departamental de Nariño, señores Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado, Julio César Betancourt Martínez, Gerardo Ramón De los Ríos Chavarriaga, Ricardo Jurado Calvache, Jorge Efraín Montenegro Mier, Eduardo Rafael Ordóñez, Amparo de Jesús Rueda Burbano, Saulo Ernesto Pupiales Gómez y Francisco Luis Zutta Burbano”, y como consecuencia de la cual dichos diputados fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados para ejercer funciones públicas por el término de tres años. De esta providencia se resaltan los siguientes apartes relevantes: 1.2.1.1. En la sección titulada “Origen de la Investigación”, se precisa que la averiguación disciplinaria en cuestión se inició “cuando, mediante auto del 5 de septiembre de 2001, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió expedir fotocopias del expediente 014-60167 que en dicha dependencia se adelanta en contra del doctor Edgar Armando Rosero García por ejercer como Contralor Departamental de Nariño, a sabiendas de que se encontraba inhabilitado para el desempeño de dicho cargo, de conformidad con las normas contenidas en el penúltimo inciso del artículo 272 de la Constitución Nacional y en el literal c. del artículo 6º de la Ley 330 de 1996, para que se averiguara sobre la legalidad de la conducta de los Diputados de la Asamblea de esta zona del país, quienes escogieron al mencionado ciudadano, para el desempeño del cargo”. 1.2.1.2. En la sección titulada “Cargos Imputados”, se efectúa un análisis separado de los cargos formulados contra cada uno de los Diputados contra quienes se adelantó la investigación; observa la Sala, sin embargo, que las acusaciones formuladas contra cada Diputado individual son idénticas en cuanto a su contenido. Se transcribirá a continuación la sección correspondiente a los cargos imputados “en relación con la conducta del diputado Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado”: “La elección de Contralor Departamental de Nariño se llevó a cabo el 9 de enero de 2001. El doctor Edgar Armando Rosero García se desempeñó como Contralor Municipal de Tumaco (N.) hasta el 12 de enero de 2001, con lo cual, para la fecha de su elección se encontraría incurso en la inhabilidad establecida en el último inciso del artículo 272 de la Constitución Nacional, desarrollado en el literal c. del artículo 6º de la Ley 330 de 1996, lo que implica que, posiblemente, su voto positivo para la elección del ciudadano mencionado, propiciaba la comisión, por parte del elegido, de la falta que describe el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, lo que indica que los quienes (sic) lo eligieron podrían estar incursos en la misma situación disciplinaria. En el acta que se enuncia en el primero de los subpuntos de este acápite, claramente se observa que dos (2) de los diputados que se opusieron a la elección del señor Rosero García, abogados, los doctores Favio Villota Meneses y Luis Ignacio Rosero Revelo pusieron en conocimiento de sus compañeros el salvamento de voto realizado por uno de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño con respecto de la escogencia (sic), para la terna, del mencionado ciudadano, por considerar que se encontraba inhabilitado. Solicitaron requerir las hojas de vida de los candidatos, las actas de las sesiones en las que se realizó la selección y aún el aplazamiento de la designación de la persona que estaría al frente del ente de control regional. Inclusive, uno de los diputados hizo conocer a sus compañeros la situación legal en que se encontrarían si elegían como Contralor del Departamento, a un ciudadano del que se conocía, se encontraba incurso en la inhabilidad para el desempeño de dicho cargo. Sin embargo de lo anterior, nueve (9) de los diputados que conforman la Corporación Departamental, entre ellos Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado, insistieron en que se realizara la elección y escogieron como Contralor General de esta región del país al doctor Edgar Armando Rosero García, desconociendo, posiblemente, de manera intencional la situación de inhabilidad sobre la cual ya se encontraban enterados, basándose en el frívolo argumento de que ya el estudio de las hojas de vida debía haberse llevado a cabo por parte de los magistrados que realizaron la selección de quienes conformarían la terna de aspirantes al cargo y omitiendo reconocer que la integración de la terna es un acto de mero trámite o simplemente preparatorio”. Se reitera que en los acápites correspondientes a los cargos formulados contra los diputados Julio César Betancourth Martínez, Gerardo Ramón de los Ríos Chavarriaga, Ricardo Jurado Calvache, Jorge Efraín Montenegro Mier, Eduardo Rafael Ordóñez Castillo, Amparo de Jesús Rueda Burbano, Saulo Ernesto Pupiales Gómez y Francisco Luis Zutta Burbano, se transcribe en idénticos términos esta argumentación. 1.2.1.3. En la sección titulada “Sustento Probatorio”, se enumeran las pruebas que se tuvieron en cuenta para deducir la responsabilidad de los diputados objeto de investigación; observa la Sala, sin embargo, que las pruebas que se tuvieron en cuenta para analizar la conducta de cada Diputado individual son idénticas en cuanto a su contenido. Se transcribirá a continuación la sección correspondiente a las pruebas analizadas “para el caso del diputado Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado”: “1. Fotocopia del acta No. 002, correspondiente a la sesión de la Asamblea Departamental de Nariño, del 9 de enero de 2001 (fs. 14 al 42). 2. Fotocopia de la proposición sin número, del 9 de enero de 2001, mediante la cual algunos diputados pedían que la Presidencia de la Asamblea solicitara del Tribunal Superior de Pasto y del Tribunal Administrativo, fotocopias de las actas de las sesiones en las que se realizó la escogencia de los candidatos para conformar la terna para la escogencia del Contralor Departamental de Nariño (f. 44). 3. Fotocopia de la certificación del tiempo de servicios del doctor Edgar Armando Rosero García como Contralor Municipal de Tumaco, expedida por la Jefe de la División Administrativa y Financiera de dicha entidad (f. 92 A). 4. Fotocopia del acta de posesión del doctor Rosero García como Contralor Municipal de Tumaco (f. 103). 5. Fotocopia del acta de posesión del doctor Rosero García como Contralor Departamental de Nariño, calendada 23 de enero de 2001 (f. 134). 6. Fotocopia de la hoja de vida del doctor Edgar Armando Rosero García (fs. 156 al 205). 7. Documentos que prueban el status jurídico de los implicados para la época de la comisión de la posible falta disciplinaria (9 de enero de 2001) (fs. 216 al 235). 8. Diligencia de visita especial que se llevara a cabo en la Fiscalía Diecinueve Seccional al proceso penal que por los mismos hechos se adelanta en dicho despacho y anexos (fs. 238 al 302).” Se reitera que en los acápites correspondientes a las pruebas que se tuvieron en cuenta en relación con la conducta de los diputados Julio César Betancourth Martínez, Gerardo Ramón de los Ríos Chavarriaga, Ricardo Jurado Calvache, Jorge Efraín Montenegro Mier, Eduardo Rafael Ordóñez Castillo, Amparo de Jesús Rueda Burbano, Saulo Ernesto Pupiales Gómez y Francisco Luis Zutta Burbano, se transcribe en idénticos términos esta enumeración. 1.2.1.4. En la sección titulada “Naturaleza de la Falta”, se califica la conducta de los diputados sujetos a investigación; observa la sala que la calificación de la conducta de cada uno de ellos se efectúa en términos idénticos en todos los casos. Se transcribirá a continuación la sección correspondiente a “la conducta del Diputado Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado”: “La falta en que pudo haber incurrido el servidor a que se refiere este aparte del proveído es GRAVÍSIMA, si se tienen en cuenta los parámetros establecidos en los ordinales 1º, 6º y 7 a. y b. del artículo 27 de la Ley 200 de 1995, toda vez que se trata de un representante de la comunidad, elegido por voto popular, en quien se depositó la confianza de la ciudadanía, con el consiguiente mal ejemplo a sus subalternos desconociendo el derecho al desempeño de cargos públicos de quienes hubieran podido aspirar, dentro de la legalidad, al destino oficial mencionado. Además, intencionalmente ignoró aquello que se le hizo saber y dejó de lado el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, permitiendo que se actuara cuando existía de por medio una inhabilidad claramente determinada en la normatividad enunciada, escudándose en que la ilegalidad correspondería únicamente a quienes seleccionaron los nombres para la conformación de la terna (en este caso el Tribunal Administrativo de Nariño), lo que conlleva a considerar que el grado de culpabilidad en la actuación es DOLOSO.” Se reitera que en los acápites correspondientes a la calificación de la conducta de los diputados Julio César Betancourth Martínez, Gerardo Ramón de los Ríos Chavarriaga, Ricardo Jurado Calvache, Jorge Efraín Montenegro Mier, Eduardo Rafael Ordóñez Castillo, Amparo de Jesús Rueda Burbano, Saulo Ernesto Pupiales Gómez y Francisco Luis Zutta Burbano, se transcribe en idénticos términos esta argumentación. 1.2.1.5. En la sección titulada “Normas Relacionadas como Infringidas”, se enuncian las disposiciones que se consideran violadas por la conducta de los diputados objeto de investigación; al igual que en las secciones anteriores, observa la sala que la enumeración de las normas supuestamente infringidas por cada uno de ellos se efectúa en términos idénticos en todos los casos. Se transcribirá a continuación la sección correspondiente a “la conducta del Diputado Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado”: “Con las actitudes descritas como irregulares, pudo generarse responsabilidad disciplinaria, en contra de los nueve (9) diputados que participaron positivamente en la elección del señor Edgar Armando Rosero García como Contralor General del Departamento de Nariño, para el caso concreto en contra del doctor Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado, a tenor de lo establecido en los artículos 6º, 23 y 123, inciso 2º, de la Constitución Nacional, por inobservancia de sus deberes consagrados en los numerales 1, 10, 21 y 22 del artículo 40, por violación de las prohibiciones contempladas en los numerales 22 (sic) de la Ley 200 de 1995, en relación con las normas enunciadas en los considerandos de este proveído y de conformidad con lo que determina el artículo 38 del mismo contexto normativo, además de la incursión en la falta contenida en el numeral 10 del artículo 25 del Código Disciplinario Único.” Se reitera que en los acápites correspondientes a las normas aludidamente infringidas con la conducta de los diputados Julio César Betancourth Martínez, Gerardo Ramón de los Ríos Chavarriaga, Ricardo Jurado Calvache, Jorge Efraín Montenegro Mier, Eduardo Rafael Ordóñez Castillo, Amparo de Jesús Rueda Burbano, Saulo Ernesto Pupiales Gómez y Francisco Luis Zutta Burbano, se transcribe en idénticos términos esta argumentación. 1.2.1.6. En la sección titulada “Autoría de la Falta”, se lleva a cabo el siguiente razonamiento: “La autoría de las conductas esgrimidas como irregulares, por parte de los señores Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado, Julio César Betancourt Martínez, Gerardo Ramón de los Ríos Chavarriaga, Ricardo Jurado Calvache, Jorge Efraín Montenegro Mier, Eduardo Rafael Ordóñez Castillo, Amparo de Jesús Rueda Burbano, Saulo Ernesto Pupiales Gómez y Francisco Luis Zutta Burbano, en sus condiciones de Diputados de la Asamblea Departamental de Nariño, período 2001-2003, surge del recaudo probatorio, cuyos apartes principales se recogieron en auto del 9 de noviembre de 2001, mediante el cual se dispuso la apertura de investigación disciplinaria”. 1.2.1.7. En la sección titulada “Sobre las Notificaciones y los Descargos”, se afirma en primer término que cada uno de los diputados implicados fue notificado personalmente de los cargos formulados, y que dentro del término legal, personalmente o por medio de apoderado, los diputados objeto de investigación presentaron sus descargos, así: (a) El diputado Julio César Betancourt Martínez, obrando por intermedio de apoderado, defiende la legitimidad de su conducta con base en el principio de legalidad que consagra el artículo 4º de la Constitución Política, enumerando las disposiciones constitucionales que garantizan la descentralización territorial –dentro de la cual se confiere a las Asambleas Departamentales la competencia para elegir al Contralor-, y la inhabilidad para ser Contralor Departamental que establece el artículo 272 de la Constitución para quienes hubiesen ocupado cargos públicos del orden territorial dentro del año anterior. Añade lo siguiente: “Para el caso concreto, arguye que, toda vez que en el municipio de Tumaco existe una Contraloría de esta índole, que ‘representa absolutamente autonomía e independencia en el ejercicio de control fiscal dentro del municipio. Por lo mismo, no existe ninguna razón legal o jurídica para argumentar en definitiva que el Contralor Departamental de Nariño, por haber sido Contralor Municipal de Tumaco, durante el año inmediatamente anterior a la elección, hubiese incurrido en la aplicación de la inhabilidad expresada por la Procuraduría’. Indica que no es lógico pensar en una actitud dolosa, por cuanto no se puede hablar de que el Contralor Municipal de Tumaco hubiera podido influir en la decisión de la Asamblea Departamental de Nariño y menos que la Contraloría Departamental de Nariño tuviera ingerencia en la Contraloría Municipal de Tumaco, por lo de la autonomía e independencia. Califica como absurda la interpretación de la Procuraduría, consignada en el auto de cargos, por cuanto alude a que la figura de la inhabilidad existe para preservar la administración de la corrupción, que fue lo que se dio en la elección que mantuvo la moralidad. Afirma que es un dato curioso que en el auto de cargos se haga alusión a un posible salvamento de voto por parte de algunos de los magistrados que participaron en la escogencia, para la terna, de quien posteriormente fuera elegido como Contralor Departamental de Nariño, ya que esta figura únicamente hace parte de las decisiones judiciales colegiadas y que, del Magistrado (sic) de quien se dice ‘salvo el voto’, no dejó constancia siquiera en el acta respectiva, lo cual indica que nunca objetó dicha escogencia. Aporta como prueba la providencia mediante la cual la Fiscalía General de la Nación decidió inhibirse de investigar a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, por la escogencia del nombre de Armando Rosero García para la conformación de la terna sobre la cual se elegiría al Contralor Departamental de Nariño, solicitando el archivo del expediente ‘teniendo en cuenta que los presupuestos fácticos de esa investigación penal son idénticos a los que ahora soporta mi patrocinado’.” (b) Los diputados Bernardo Otmaro Belalcázar Dorado, Amparo de Jesús Rueda Burbano, Saulo Ernesto Pupiales Gómez y Eduardo Rafael Ordóñez Castillo, por intermedio de apoderado, se opusieron a los cargos formulados con base en la decisión de la Fiscalía General de la nación de inhibirse de investigar a los magistrados que designaron a Armando Rosero García para formar parte de la terna para elección de Contralor Departamental; el representante de los investigados lleva a cabo el siguiente análisis: “Con base en (el artículo 272 de la Constitución), haciendo una interpretación exegética (del mismo), prima facie pareciera que quien se hubiese desempeñado durante el año anterior a la elección en un cargo del orden municipal efectivamente se encuentra inhabilitado para desempeñarse como contralor departamental. Sin embargo, cierto es, conforme a la doctrina centrada en el Consejo de Estado ‘ Sala de Consulta y Servicio Civil, que tal interpretación restrictiva no es de recibo; conforme a lo expuesto en el concepto del 19 de septiembre de 1991 con ponencia del doctor Jaime Betancur Cuartas: ‘En caso concreto los controladores departamentales, no pueden ser elegidos quienes sean o hayan sido en el último año superior a la fecha de elección miembros de las asambleas que hacen la elección, ni quienes en el mismo lapso hayan ocupado cargo público del orden departamental, salvo la docencia’. Nótese entonces cómo la máxima autoridad judicial de lo contencioso administrativo omite incluir el desempeño en cargos del orden distrital o municipal como factor precipitante de la causal de inhabilidad en comento. Continúa su alegato como el defensor antes mencionado (sic), relevando la diferencia entre los niveles departamental y municipal y la autonomía de las Contralorías de este tipo de entes territoriales. Enuncia que una vez realizada la escogencia judicial y constituida la terna, los diputados votaron por la hoja de vida más acreditada, ‘bajo su buena fe’. (...) Dice que no es verdad la existencia de un ‘salvamento de voto’, toda vez que no aparece relacionado en el acápite de pruebas. Releva, con fundamento en lo dicho por la Fiscalía, que la inhabilidad no ha nacido a la vida jurídica y que la conducta es atípica. (...) En un segundo escrito, presentado por fuera del término de descargos, el abogado indica que ciertamente, sus poderdantes aceptan haber votado favorablemente a las pretensiones de quien hoy se desempeña como Contralor Departamental de Nariño, decis...