Sentencia T-108 de 2025

T-108-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-108/25 DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Implica remoción de barreras de acceso al sistema educativo/DERECHO A LA EDUCACIÓN-Continuidad en la prestación del servicio mediante el nombramiento de profesor de planta en escuela rural (La Secretaría de Educación accionada) e incluso el juez de instancia debieron tener en consideración que las decisiones que afectan el derecho a la educación de los niños, las niñas y adolescentes en zonas rurales tienen que ser tomadas considerando las diferentes barreras de acceso al derecho a la educación que frecuentemente enfrentan y, en particular, los que habitan estas zonas. En esos casos, las autoridades deben considerar aspectos que van más allá del simple número de matrículas para la designación de un docente en un centro educativo, por ejemplo: (i) que los niños, niñas y adolescentes matriculados en el Centro Educativo residen en la zona rural de El Copey, que es una zona ZOMAC, es decir, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado; (ii) las manifestaciones de los padres de familia sobre la imposibilidad de trasladar a sus hijos a otras instituciones educativas ante los riesgos que presenta el camino, y (iii) las diversas situaciones que enfrentan los niños y niñas en el acceso a la educación en zonas rurales, especialmente aquellas afectadas por el conflicto armado, pueden poner en riesgo la continuidad del servicio educativo, aumentando la probabilidad de abandono y deserción escolar. DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR RURAL-Inaplicación de norma que exige un número mínimo de estudiantes para la designación de docentes (...) el juez de primera instancia denegó la tutela bajo el argumento de que la vereda solo contaba con la matrícula de seis niños. A su juicio, no existía ninguna obligación de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002, que exige un mínimo de 22 niños por zona rural para la designación de docentes... con ello se pasaron por alto precedentes constitucionales que han llegado a inaplicar esa disposición o han considerado que el número mínimo de estudiantes no puede analizarse al margen del caso estudiado y mucho menos del mínimo que debe garantizar el Estado en materia de educación (artículo 67 de la Constitución Política) y de su garantía progresiva. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se nombró docente en escuela rural ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR RURAL-Procedencia excepcional DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA EDUCACION EN EL SECTOR RURAL-Obligación del Estado de garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los componentes de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Deber de garantizar educación a niños que habitan zona rural de difícil acceso ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Incorpora la accesibilidad como núcleo esencial del derecho a la educación DERECHO A LA EDUCACION DE MENORES DE EDAD-Debe ser interpretado conforme al principio del interés superior del menor DERECHO A LA EDUCACIÓN-Actividad diligente para provisión de cargos docentes REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL —Sala Cuarta de Revisión— SENTENCIA T-108 DE 2025 Referencia: Expediente T-10.184.360 Asunto: Acción de Tutela presentada por Mario, Pablo, Mariela, Mónica, Martha y Andrés en contra de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar. Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade Aclaración preliminar: reserva de la identidad de los niños, niñas y adolescentes. El expediente de la referencia involucra temas relacionados con niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA), por ende, esta Sala de Revisión emitirá dos copias del mismo fallo. La versión que publique la Corte Constitucional en su página web sustituirá los nombres por unos ficticios, con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015 y la Circular 10 de 2022 de la Corte Constitucional. Síntesis de la decisión: La Sala Cuarta de Revisión examinó la acción de tutela promovida por un grupo de padres de familia de la Vereda Tosnovan, zona rural de El Copey (Cesar) –municipio ZOMAC, la que fue presentada en nombre de sus hijos menores de edad. En dicha acción constitucional los accionantes se refirieron al presunto desconocimiento del derecho fundamental a la educación por parte de la accionada al no asignar un docente para el Centro Educativo “Corazones Abajo”-sede Tosnovan, en el que estudian sus hijos, con el argumento de no cumplir con un mínimo de estudiantes. Asimismo, los tutelantes señalaron que la escuela más cercana les queda a una distancia desde sus lugares de residencia, de dos horas o más, entre otras dificultades que se presentan en el camino a otra institución educativa. En este contexto, la Sala comprobó que en el presente caso se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de revisión, identificó que la entidad accionada asignó un docente a la sede educativa. Pese a lo anterior, estimó pertinente emitir un pronunciamiento en el presente caso en el marco de su función de revisión, la realización de pedagogía constitucional y la importancia de garantizar la continuidad y permanencia del servicio educativo en todas las regiones y especialmente en zonas rurales más apartadas del país. En ese sentido, la Corte revocó el fallo de instancia e instó a las autoridades accionadas y al Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey (juez de primera instancia), para que comprendan el derecho a la educación de las niñas y los niños conforme al interés superior, con especial consideración al entorno rural en el que habitan y se abstengan de imponer cualquier tipo de barrera que obstaculice la continuidad y permanencia en el acceso a la educación. Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Miguel Polo Rosero, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, han proferido la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Hechos 1. El Centro Educativo “Corazones Abajo”, sede Tosnovan está ubicado en la zona rural de El Copey, un municipio ZOMAC[1]; es de naturaleza oficial y está administrado por la Diócesis de Valledupar, según la Resolución número 004610 de junio 10 de 2021[2] y un contrato cuyo objeto es la prestación del servicio educativo en el departamento del Cesar[3]. 2. Según la acción de tutela, el 1° marzo de 2024, la entidad accionada informó a Mario, Pablo, Mariela, Mónica, Martha y Andrés (padres de familia del Centro Educativo “Corazones Abajo”, sede Tosnovan en el municipio de El Copey - César[4]), previa solicitud verbal por parte de los accionantes, que esa sede - ubicada en zona rural de ese municipio - debía cerrar sus puertas pues “no había sido favorecida con un profesor”[5]. 3. De acuerdo con los padres de familia mencionados, ante la respuesta por parte de la accionada, relacionada con el presunto el cierre de la sede educativa mencionada, “[l]a escuela más cercana para los niños que dejaron sin educación les queda aproximadamente a dos horas o más”[6]. Por lo tanto, sostuvieron que, como padres de familia “(…) NO nos comprometemos [a] mandar [a] los niños (…) [p]or muchas dificultades que acarrea e[l] trayecto del camino, quebradas e inseguridad [s]ocial”[7]. 4. Así, la acción de tutela plantea una discusión en torno a la garantía del derecho a la educación en favor de seis niñas y niños, estudiantes en el Centro Educativo “Corazones Abajo” sede Tosnovan en el municipio de El Copey - César, entre los grados primero y quinto. En este sentido, en el expediente obra el registro civil de nacimiento del niño Pedro, quien nació el 25 de marzo de 2018 (6 años de edad)[8]; y de Fabio, quien nació el 26 de enero de 2018[9] (6 años de edad)[10] y se matricularon para el grado primero en el referido centro educativo. Asimismo, en relación con los demás menores de edad, en el expediente también se identifican sus documentos de identidad (v.gr. tarjetas de identidad) e información correspondiente a las matrículas educativas en el referido centro escolar, así: (i) René nació el 15 de marzo de 2013 (11 años de edad[11]). En la copia de la matrícula consta que se inscribió para el grado quinto y que su padre, Pablo, quien suscribió la acción de tutela, reporta como acudiente[12]. (ii) Marina nació el 1 de febrero de 2014 (11 años de edad[13]). En la copia de la matrícula consta que se inscribió para el grado quinto y que su madre, Mariela, quien suscribió la acción de tutela, reporta como su acudiente. (iii) Daniel nació el 29 de septiembre de 2013 (11 años de edad[14]). En la copia de la matrícula consta que se matriculó para el grado quinto y que su madre, Mónica, quien suscribió la acción de tutela para la protección de los derechos de su hijo, reporta como su acudiente. (iv) Finalmente, respecto del menor de edad David, se aportó copia de la matrícula, en donde consta que nació el 15 de febrero de 2013 (11 años de edad) y se matriculó para el grado primero[15]. Como acudiente firma el señor Mario, quien es su padre y suscribió la acción de tutela. 5. En ese sentido, los padres de familia de las niñas y niños mencionados indicaron que la accionada había desconocido el derecho a la educación de sus hijos y solicitaron que se nombrara un docente en la sede Tosnovan a la que asisten sus hijos[16]. 2. Trámite de la acción de tutela 2.1. Presentación y admisión 6. El 4 de marzo de 2024[17], Mario, Pablo, Mariela, Mónica, Martha y Andrés interpusieron la acción de tutela de la referencia por la presunta vulneración al derecho a la educación de sus hijos David, René, Marina, Daniel, Pedro y Fabio, quienes en la actualidad tienen menos de 18 años de edad. El Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey (Cesar) admitió la acción de tutela de la referencia, notificó a la entidad accionada (Secretaría de Educación del Departamento de Cesar) y vinculó a la Diócesis de Valledupar y al Ministerio de Educación Nacional. 2.2. Respuesta de la accionada y vinculados 7. La Secretaría de Educación del Departamento de Cesar. La Secretaría de Educación departamental solicitó declarar improcedente el amparo. En su criterio, existían mecanismos ordinarios para tramitar las pretensiones de los accionantes[18] y afirmó no haber vulnerado los derechos de los niños y las niñas porque procedió conforme a derecho, sin exponerlos a “una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales”[19]. Asimismo, sostuvo que no existió un perjuicio irremediable que requiriera medidas urgentes o la protección impostergable que exige la acción de tutela[20]. 8. Finalmente, la accionada refirió un documento del 6 de marzo de 2024, en el que la oficina de inspección y vigilancia del departamento del Cesar comunicó que “la Sede Tosnovan identificada con Código DANE 220238001161 […] se encuentra activa de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 004610 del 10 de junio de 2021”[21]. 9. La Diócesis de Valledupar. La entidad vinculada solicitó “[no tutelar] los derechos fundamentales de petición, por hecho superado o carencia de objeto”; y “[a]bsolver a la accionada Diócesis de Valledupar, por legitimación en pasiva”. Adujo que la “Diócesis de Valledupar no es responsable del cumplimiento de la prestación del servicio de educación en la vereda (…) como quiera que los mismos obedecen a una responsabilidad del Estado en cabeza de la secretaría (…)”[22]. Afirmó que el servicio que presta la Diócesis resulta del “cumplimiento del objeto del Contrato suscrito con la Gobernación del Cesar, desde el 26 de febrero de 2024 y hasta el 30 de noviembre de 2024”. De allí que, prestaría sus servicios en las sedes indicadas, “previa cobertura estudiantil, para poder asignar un docente (…)”, lo que exige “(…) mínimo 15 estudiantes para poder designar un [educador]”. Por esto, adujo que “al momento de la suscripción del contrato solo tenía 4 estudiantes matriculados. Hoy tiene 6 en total (…)”[23]. 10. El Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio solicitó su desvinculación del presente trámite[24], pues la solicitud de amparo se propuso por una presunta violación a los derechos fundamentales por parte del departamento[25]. Agregó que sus actuaciones están “ajustadas a derecho, y [que] no existe vulneración de los derechos fundamentales por parte de [ese] Ministerio”[26]. Asimismo, precisó que carece de “legitimación [por] pasiva en la presente causa, puesto que, la responsabilidad de tal actuación recae en quien ostenta la competencia específica en la materia en cuestión, y no en [esa] entidad, toda vez que, no existe una conexión fáctica – jurídica entre el objeto de amparo de tutela con el Ministerio”[27]. 3. Decisión objeto de revisión 11. El 15 marzo de 2024[28], el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey resolvió “negar por improcedente, la presente acción de tutela”[29]. El juez señaló que los padres de familia interpusieron legítimamente[30] el amparo tras efectuar una solicitud verbal[31] a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar y a la Diócesis para que nombraran un profesor y que ambas entidades justificaron la ausencia del docente en que “la vereda no salió en el listado favorecida con profesor”[32]. Agregó que, pese a que los actores no se expresaron con claridad el ejercicio de esta acción a nombre de sus hijos[33], lo cuestionado en este caso es su posibilidad de estudiar. 12. De otro lado, señaló que no se presenta “una situación concreta y específica de violación o amenaza” y que no se violaron los derechos fundamentales. Destacó que es necesario probar los hechos que soportan las pretensiones y advirtió que “en el presente caso no se configura ninguna de las excepciones que permitan al Juez invertir la carga de la prueba, lo que a la postre da como resultado la imposibilidad de que este Juzgador tome decisión diferente a negar la presente acción por improcedente”[34]. Asimismo, reconoció que en la sede rural Tosnovan se contaba con la matrícula de 6 estudiantes, cuando el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002 dispone que el mínimo de matrícula son 22 niños por cada docente en zona rural. 13. El referido fallo no fue impugnado. 4. Actuaciones en sede de revisión 14. Mediante auto del 24 de mayo de 2024, la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte Constitucional escogió el presente proceso para revisión y lo asignó por reparto a la Sala Cuarta de Revisión, presidida por el magistrado Vladimir Fernández Andrade. 15. El 23 de julio de 2024, el magistrado sustanciador decretó pruebas en el presente trámite con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional. A continuación, se resume la información aportada al expediente de la referencia: 16. La Secretaría de Educación del Departamento del Cesar[35]. La accionada informó que el Centro Educativo Corazones Abajo, Tosnovan, no había sido cerrado. Agregó que esa sede está en operación y presta servicios educativos en el Municipio de El Copey. Asimismo, señaló que su ubicación está aproximadamente a tres horas del corregimiento de Chimila, a cuarenta minutos del citado municipio. Según explicó, esa “zona es de difícil acceso, con caminos de herradura” y “[n]o se dispone de información exacta sobre las distancias entre el lugar de residencia de cada niño y [la sede]” [36]. 17. La Diócesis de Valledupar[37]. La Diócesis aportó copia del contrato de prestación de servicios educativos[38]. También indicó que el centro educativo en cuestión no ha sido cerrado y ha funcionado desde el 2020 a 2024. Si bien en 2020 contaba con 12 y en 2021 con 13 alumnos, ese número de estudiantes disminuyó a 6 en el año 2024. Sin embargo, precisó que “no salió en el contrato inicial 2024 por baja cobertura, pero se ingresó por medio [de una] adición al contrato, es decir hoy tiene cobertura, por lo que no se [está] vulnerando derecho alguno”[39]. De otra parte, en relación con las causas de deserción escolar en ese lugar, se refirió a: (i) el poco número de habitantes en la zona que, en su mayoría, son adultos mayores que residen en fincas; y (ii) la distancia que se debe recorrer para acceder al centro educativo. 18. El Ministerio de Educación Nacional[40]. El Ministerio informó que “[E]l Copey no hace parte de las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC)”. Así, la ETC que corresponde al territorio en cuestión es el Departamento del Cesar. Además, según los datos de esa cartera ministerial, ese departamento cuenta con docentes necesarios para prestar el servicio educativo. Asimismo, informó que “durante la vigencia 2022, se adelantó el estudio técnico de necesidades de planta docente en conjunto con la Entidad Territorial Certificada, revisando cada una de las particularidades del territorio.” 19. Los accionantes (padres de familia)[41]. Los accionantes no se pronunciaron respecto a la información solicitada. 20. Personería Municipal de El Copey[42]. Frente a la solicitud enviada la Personería no allegó respuesta. 21. El 16 de agosto de 2024, la Sala requirió información adicional y dispuso suspender los términos en el proceso de la referencia. Asimismo, de acuerdo con el artículo 65 del reglamento interno de la Corte Constitucional, requirió nuevamente a los accionantes y a la Personería Municipal de El Copey. 22. El 28 de agosto de 2024, el Personero municipal informó a la Corte que las niñas y los niños “se encuentran estudiando en el Centro Educativo Corazones Abajo en la Sede Tosnovan”[43]. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 23. La Sala Cuarta de Revisión es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991; así como en virtud del Auto del 24 de mayo de 2024 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de esta Corte, que decidió someter a revisión la decisión adoptada por el juez de instancia[44]. 1. Análisis de procedencia 24. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela debe acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos a fin de establecer su procedencia: (i) legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva; (ii) inmediatez y; (iii) subsidiariedad. En ese sentido, a continuación, la Sala analizará estos requisitos en el expediente de referencia. 2.1. Legitimación 25. Legitimación en la causa por activa. Los artículos 86 constitucional y 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 prevén que toda persona tiene derecho a interponer una acción de tutela en nombre propio o a través de un representante[45]. Bajo ese entendido, la legitimación por activa se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción de tutela por quien es titular de los derechos fundamentales; (ii) por medio de los representantes legales, como es el caso de los padres respecto de sus hijos menores de 18 años de edad; (iii) a través de apoderado judicial o; (iv) mediante la agencia oficiosa. 26. En este caso, el requisito de legitimación en la causa por activa está acreditado ya que Mario, Pablo, Mariela, Mónica, Martha y Andrés son los padres de familia de seis niñas y niños[46] cuya matrícula corresponde al Centro Educativo Corazones Abajo sede Tosnovan y, quienes interpusieron la presente acción de tutela, aduciendo tal calidad con el fin de obtener el amparo del derecho fundamental a la educación de sus hijas e hijos[47]. En tal sentido, la Sala constata que los accionantes están facultados para actuar en el presente mecanismo constitucional, en ejercicio de la representación legal que ostentan respecto de aquellos, de conformidad con el expediente de tutela (supra, fundamento 4). En todo caso, al tratarse de un asunto relacionado con la garantía del derecho a la educación en favor de niñas y niños, en el marco del artículo 44 de la Constitución Política “[c]ualquier persona puede exigir de la autoridad competente [el] cumplimiento de sus derechos”[48], por lo que la Sala encuentra cumplido este requisito. 27. Legitimación en la causa por pasiva. El artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de toda autoridad pública que viole o amenace un derecho fundamental. Adicionalmente, la Corte ha señalado que la acción de tutela es procedente de forma excepcional contra particulares cuando: estos están encargados de la prestación de un servicio público; su conducta pueda afectar gravemente el interés colectivo; o el accionante se encuentra en una situación de indefensión o subordinación respecto al particular[49]. 28. En el presente caso, la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar es la autoridad pública accionada a quien los padres de familia accionantes acusan de vulnerar presuntamente el derecho a la educación al no asignar un docente para el Centro Educativo Corazones Abajo (sede Tosnovan)[50]. Asimismo, a las secretarías departamentales de educación les corresponde, entre otras funciones, velar por la adecuada prestación del servicio público educativo en su jurisdicción, realizar los concursos para la provisión de cargos de los docentes y, en particular, distribuir adecuadamente ese personal entre los municipios según la necesidad del servicio y de la comunidad[51]. En consecuencia, para esta Sala es claro que la Secretaría de Educación del Departamento de Cesar se encuentra legitimada en la causa por pasiva. 29. De otro lado, respecto a la vinculación de la Diócesis de Valledupar, aunque se trata de un particular, en los términos del Decreto Ley 2591 y según se constató en el presente trámite, esa entidad ostenta un contrato suscrito con el departamento del Cesar para la prestación del servicio público educativo, entre otras, en la sede Tosnovan, de manera que su vinculación al presente trámite por parte del juez de instancia se encuentra adecuada. 30. Asimismo, en relación con la vinculación del Ministerio de Educación Nacional, si bien tal entidad no está a cargo de la prestación efectiva de los servicios educativos en los departamentos, esa cartera ministerial sí tiene la obligación de inspección, vigilancia y control para la adecuada prestación del servicio público educativo[52]. Por ende, al ser la cabeza del sector de educación, tiene entre sus objetivos “garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la atención integral de calidad para la primera infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, media y superior”[53]; así como “efectuar seguimiento y apoyar a las entidades territoriales para una adecuada gestión de los recursos humanos del sector educativo, en función de las políticas nacionales de ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad, la eficiencia del servicio educativo y su pertinencia”[54]. Incluso, el Ministerio viabiliza el número de docentes que cada ente territorial certificado en educación requiere, con base en el correspondiente estudio técnico de planta que le presente cada entidad[55]. En este marco se mantendrá la vinculación realizada (por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey) al Ministerio de Educación Nacional quien explicó en el presente trámite y, con fundamento en sus datos, que el Departamento del Cesar cuenta con los docentes necesarios para prestar el servicio educativo[56]. 2.2. Inmediatez 31. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política el amparo es un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente. En estos términos, quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término razonable y moderado, en cuanto es un instrumento constitucional de protección inmediata de derechos fundamentales[57]. 32. En este sentido, de acuerdo con la acción de tutela en revisión, el 1° de marzo de 2024, los padres de familia promotores de la acción constitucional formularon una solicitud verbal a la accionada, no controvertida, en la que cuestionaron que la sede educativa rural Tosnovan, “no salió en el listado favorecida con un profesor”[58]. De allí que, tras no ser atendida su solicitud de proveer un educador en la mencionada sede, acudieron al presente mecanismo constitucional el 4 de marzo de 2024[59]. Así, trascurrieron tres días entre la formulación de la solicitud, la presunta respuesta negativa de la entidad a asignar un educador y la presentación de la acción de tutela. Por ello, se encuentra acreditado el requisito de inmediatez. 2.3. Subsidiariedad 33. Según los artículos 86 de la Constitución Política y 6.1 del Decreto Ley 2591 de 1991, el requisito de subsidiariedad[60] implica que la tutela se presente cuando no se cuente con otro medio de defensa[61] eficaz[62] e idóneo[63], o bien, cuando se utiliza para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[64], caso en el cual el amparo procede como mecanismo transitorio[65]. 34. En particular, esta exigencia debe ser verificada con especial detenimiento cuando se trata del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes en consideración al artículo 44 de la Constitución. En la Sentencia T-339 de 2008[66], por ejemplo, se hizo alusión a la procedencia de la acción de tutela para la protección de este derecho fundamental y, a su vez, afirmó que: (i) la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales dado que su núcleo esencial comporta un factor de desarrollo individual y social, cuyo ejercicio materializa el desarrollo pleno del ser humano y de sus potencialidades y (ii) es el medio para obtener el reconocimiento y lograr el desarrollo humano. A partir de ello, la Corte determinó la procedencia del amparo solicitado en esa ocasión y explicó que la educación es un derecho fundamental, propio de la esencia del hombre y realiza la dignidad humana[67]. Así, si bien los hechos del caso son diferentes a los estudiados en esta oportunidad, esa decisión es un antecedente relevante al tratarse de niños, niñas y adolescentes que discuten este derecho y, por ello, permite resaltar que la educación “(…) es un instrumento apropiado para neutralizar aquellas acciones u omisiones que comporten la negación o limitación de las prerrogativas en que se materializa este derecho”[68]. 35. La Sentencia T-091 de 2019[69] destacó, para efectos del análisis de subsidiariedad la necesidad de verificar, en cada caso, la posible afectación a la continuidad o el acceso a la prestación del servicio educativo[70]. Así reiteró que, si bien, en principio, las controversias suscitadas deben ser planteadas ante la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativa, según sea el caso, cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales como el de la educación, es necesario evaluar la eficacia en concreto del medio judicial y ser cautelosos en determinar si se afecta la continuidad o el acceso en la prestación del servicio educativo a los menores de edad: “En diferentes oportunidades la jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de continuidad garantiza la efectiva prestación y la permanencia del servicio público de educación, de tal modo que, las interrupciones que excepcionalmente se presenten deben estar debidamente justificadas. En este sentido, es claro que cualquier tipo de controversia que se genere en desarrollo de la prestación del servicio, y que afecte su continuidad, repercute directamente en el ejercicio del derecho fundamental a la educación, de tal modo que, atendiendo a las causales de procedencia excepcional de la acción de tutela señaladas anteriormente, la misma puede usarse con la finalidad de preservar la continuidad del proceso formativo”[71] (Resaltado fuera del texto). 36. Con sustento en lo anterior, si bien esta Sala reconoce la idoneidad y eficacia en abstracto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir el nombramiento de profesores en instituciones educativas de carácter público, la Sentencia T-045 de 2024[72] señaló que la acción de tutela es procedente para amparar el derecho a la educación cuando no se nombra oportunamente a un docente por ser indispensable para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio educativo de las niñas y los niños[73]. De otro lado, respecto a la posible ineficacia de los medios de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Corte adujo lo siguiente: “los mecanismos ordinarios no son eficaces, en tanto no otorgan una protección rápida y oportuna al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, se hace necesario considerar que la alegada afectación del derecho a la educación supone, a su vez, un obstáculo para el correcto desarrollo del proceso educativo de los estudiantes, que requiere una solución urgente. Esta circunstancia adquiere especial relevancia, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los estudiantes ante las falencias que supondría la prestación inadecuada del servicio de educación en su proceso de formación escolar”. 37. En el caso concreto, la Sala constata que la acción de tutela de la referencia procede como un mecanismo definitivo de protección del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas representados por sus padres de familia, estudiantes de la sede educativa Tosnovan, quienes requieren la intervención del juez constitucional, teniendo en cuenta su interés superior y la situación de vulnerabilidad que enfrentan ante posibles interrupciones y falencias del servicio educativo y la presunta indisponibilidad docente en una sede rural susceptible de afectar su proceso de formación escolar. En efecto, (i) el núcleo esencial del derecho fundamental a la educación está integrado por los componentes de acceso y permanencia, facetas que se cuestionan en este caso, en favor de seis niñas y niños entre 6 y 11 años de edad, quienes, además, (ii) hacen parte de la encuesta del Sisbén. Por último, no se puede olvidar que plantearon en la acción de tutela que (iii) el cierre de ese centro educativo podría terminar por acarrear la deserción escolar, debido a las dificultades que se enunciaron para llegar a una escuela diferente, las que no fueron controvertidas en el presente proceso, y que implican que los niños y las niñas tendrían que recorrer un difícil camino de más de dos horas. Así, respecto del asunto bajo examen, el amparo constitucional es procedente al constatarse el cumplimiento del requisito de subsidiariedad. 3. Formulación del problema jurídico y la estructura de la decisión 38. Los accionantes, padres de familia del centro educativo Corazones Abajo, sede Tosnovan, interpusieron la acción de tutela por considerar vulnerado el derecho fundamental a la educación de sus hijos, quienes son niñas y niños, debido a que, según se les informó, esa sede educativa “no salió en el listado de centros educativos favorecidos con profesor”. 39. En este sentido, la Sala de Revisión debe determinar si ¿la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar vulneró el derecho fundamental a la educación de los niños y las niñas, estudiantes del Centro Educativo Corazones Abajo sede Tosnovan al no asignar un docente a esa sede educativa? Además, de ser el caso, reiterará las competencias del Ministerio de Educación Nacional, en relación con el servicio público educativo para las niñas y los niños. 40. Con base en las pruebas que obran en el expediente de la referencia, de manera previa a resolver este planteamiento, la Sala verificará, en primer lugar, si en el presente caso, se ha configurado el fenómeno procesal de carencia actual de objeto por hecho superado. 4. La carencia actual de objeto. Reiteración de jurisprudencia 41. El artículo 86 de la Carta Política prevé que la acción de tutela tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos estén siendo amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una entidad pública o de un particular, en los casos previstos. En ese orden de ideas, la intervención del juez constitucional debe apuntar primordialmente a que cese la situación que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales y, en consecuencia, asegurar su protección efectiva. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que en caso de que, al proferirse sentencia de tutela, se advierta que la acción u omisión que dio origen a la pretensión ha cesado, el pronunciamiento del juez de tutela ya no tendría efecto o “caería al vacío”. 42. La carencia actual de objeto se configura cuando existe alguna de las siguientes tres situaciones: (i) hecho superado[74]; (ii) daño consumado[75] y (iii) situación sobreviniente[76]. El hecho superado, se configura cuando la accionada tomó alguna acción que eliminó la vulneración de los derechos fundamentales del tutelante. Particularmente, se presenta cuando se ha satisfecho por voluntad del obligado la pretensión que motivó la solicitud de amparo, y en tal sentido no tendría efecto alguno la orden emitida por el juez[77]. 43. Ahora bien, puede suceder que, una vez acreditada la ocurrencia de la carencia actual de objeto, la Corte Constitucional en estos casos, considere necesario emitir un pronunciamiento de fondo en su función de revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos fundamentales y realización de pedagogía constitucional[78]. En ese mismo sentido, la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional ha unificado el asunto tras indicar que, si bien en estos casos no es perentorio que el juez de tutela efectúe un pronunciamiento de fondo, esto puede realizarse, por ejemplo, para: “a) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental”[79]. 44. Carencia actual de objeto por hecho superado. El Centro Educativo asignó un docente para la prestación del servicio público de educación en la sede educativa. En el presente caso los accionantes presentaron la acción de tutela al considerar que la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar había vulnerado el derecho fundamental a la educación de sus hijos, al no asignar un docente para la sede educativa, ubicada en zona rural del municipio de El Copey. 45. En ese sentido, en el caso objeto de estudio, de acuerdo con la información aportada por la accionada, la entidad vinculada y corroborada por la personería municipal de El Copey, la Corte encuentra que el Centro Educativo Corazones Abajo está prestando el servicio público de educación, pues se adujo por parte de la Secretaría del Departamento del Cesar que, en realidad, este no se suspendió y, para ello, había sido nombrado un docente destinado a prestar sus servicios en 2024[80], luego de la presentación de la acción de tutela de la referencia el 4 de marzo de 2024. En efecto, la Diócesis de Valledupar indicó que la asignación del profesor se había dado a partir de una adición al contrato inicial, el cual fue suscrito el 26 de febrero de 2024 y, como así se indicó en los antecedentes, buscó cobijar a 248 estudiantes adicionales, para lograr la cobertura en la zona rural y responder a los requerimientos de distintos padres de familia, entre los que se encuentran los padres de familia de la presente institución educativa. En la misma línea, pese al silencio de los accionantes respecto de los requerimientos formulados en el auto de pruebas, la Personería Municipal de El Copey confirmó ante esta Sala que los niños, las niñas y adolescentes en la actualidad “se encuentran estudiando en el Centro Educativo Corazones Abajo en la Sede Tosnovan”[81]. 46. En ese sentido, la Corte puede constatar que la pretensión que motivó la solicitud de amparo, esto es, la asignación de un docente para procurar la continuidad de la prestación del servicio educativo a los niños, las niñas y los adolescentes se ha satisfecho, dando lugar a la configuración de la carencia actual de objeto[82] por “hecho superado”. No obstante, la Sala estima pertinente referirse al derecho fundamental a la educación de los niños y las niñas, especialmente en zonas rurales del país, así como a la importancia de su garantía ininterrumpida. 47. La Sala estima que, en este caso, pronunciarse de fondo es necesario por cuenta de que, de acuerdo con la Sentencia SU-522 de 2019 y la correspondiente jurisprudencia constitucional a la que se hizo referencia, es preciso llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional sobre la situación que originó este amparo, advertir la inconveniencia de su repetición y corregir la decisión judicial de instancia. En efecto, se destaca que antes de proferirse el fallo, se asignó por cuenta de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar un docente para favorecer la educación los niños, niñas y adolescentes. 48. La Sala toma nota de que, si bien para el momento del requerimiento probatorio y de acuerdo con la personería municipal de El Copey, se constató que las niñas y niños ya estaban estudiado, ello se debió a que, según se informó ante la Sala “[a]nte el presunto cierre de la Sede Tosnovan sí se tomaron medidas alternativas, la comunidad apeló a una acción de tutela para evitar dicho cierre ya que los niños quedarían sin acceso a la educación y las otras sedes educativas se encuentran distanciadas de su lugar de residencia, Gracias a estas medidas tomadas logramos evitar el cierre de la sede esperando la continuidad de esta escuela, pues no debemos privar a nuestros niños el derecho a la educación” (Resaltado fuera del texto). De manera que existe, al menos, una duda razonable sobre la razón por la que se suscribió la adición al contrato con la Diócesis de Valledupar y, en todo caso, de forma temporal, los padres y sus hijos tuvieron incertidumbre sobre la continuidad de la prestación del servicio educativo en zona rural para las niñas y los niños por lo que, en estas condiciones, la Sala estima importante que se haga un llamado al respecto. 49. En efecto, es pertinente cuestionar que la solución a esta problemática se presentara con posterioridad a la interposición de la acción de tutela. Así como la necesidad de que los jueces constitucionales -al conocer este tipo de casos- profundicen en la situación concreta que motiva la acción de tutela y adopten medidas dirigidas a responder efectivamente al problema constitucional que se les presenta. De allí que, si bien en este caso el juzgador de instancia fundó su decisión en la existencia de una normatividad sobre el número mínimo de estudiantes, en este análisis no se evaluó el alcance del inciso tercero del artículo 67 de la Constitución Política que, por las edades y el nivel de escolaridad, cobijaba a las niñas y niños involucrados en este caso. Esta disposición constitucional tiene estructura de regla y no de principio. Además, era necesario considerar las barreras de acceso que podría enfrentar una población rural que, como se explicó en los antecedentes del presente caso, forma parte del Sisbén y habita una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno. Incluso, se advierte que, no obstante haberse vinculado al Ministerio de Educación Nacional por parte del juzgador de instancia, sólo en Sede de Revisión esa entidad precisó que el Departamento del Cesar sí cuenta con los docentes necesarios para prestar el servicio educativo[83]. 50. La jurisprudencia constitucional ha determinado que ante determinados supuestos es posible inaplicar el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002, el cual dispone que para la ubicación de personal docente en zona rural se debe contar con un mínimo de 22 estudiantes. En esa dirección, la Sentencia T-690 de 2012 así lo explicó, al estudiar el caso en el que niños rurales debían asistir al colegio por un largo trayecto, no obstante que las condiciones de orden público del lugar habitado no eran las mejores. En ese sentido, concluyó la Corte que “es una responsabilidad prioritaria del Estado Social de Derecho propender para que los menores de edad alcancen en el campo niveles de aprendizaje óptimos, ofreciéndoles similares oportunidades a las que tienen aquellos que reciben educación permanente y de calidad, y permitiéndoles acceder a la educación básica como herramienta para la realización de sus planes de vida basados en el conocimiento”. En consecuencia, un número mínimo de estudiantes no podía exigirse en tanto “se trata de garantizar el derecho fundamental a la educación de sujetos de especial protección constitucional, que por razones de orden público tienen un riesgo relevante para desplazarse hacia la escuela de otra vereda”. Incluso, en esa oportunidad se cuestionó la actuación del Ministerio de Educación Nacional, en tanto “la inactividad del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y la Alcaldía de Pueblo Rico, respecto la obligación de adoptar conjuntamente un programa dirigido a superar el desincentivo en cabeza de los niños de la vereda la Selva para recibir clases, se constituye en una vulneración de sus derechos fundamentales a la educación y la integridad física, además de un incumplimiento de la obligación con efecto inmediato de adoptar políticas y planes para la realización del acceso material a la educación”. 51. Asimismo, de manera más reciente, la Sentencia T-091 de 2018 explicó que la implementación de políticas públicas sobre cobertura puede entrar en tensión con el derecho a la educación. Por ello, al resolver cada caso se deben tener en consideración criterios que atiendan a la razonabilidad y proporcionalidad, para lo que es necesario valorar el contexto y, en particular, de los niños, las niñas y los adolescentes involucrados. No obstante, frente al asunto que ocupa la atención de la Sala, es claro que la propia Constitución adoptó una posición con estructura de regla que dificulta un ejercicio de ponderación en los casos allí contemplados, conforme a la que “[e]l Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica” (Resaltado fuera del texto)[84]. En este sentido, esta Sala efectuará un pronunciamiento de fondo con miras a hacer un llamado encaminado a que en estos asuntos se aplique la disposición constitucional en comento y la jurisprudencia constitucional. 52. El derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes. La Corte Constitucional ha reiterado que la educación es un derecho fundamental, pero también es un servicio público que debe ser garantizado por el Estado, llamado a velar por el acceso, disponibilidad y calidad de la educación[85]. 53. En esta línea, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la educación comprende cuatro componentes fundamentales: (i) disponibilidad, es decir la existencia de instituciones y programas de enseñanza, así como la disponibilidad de estos para los estudiantes; (ii) accesibilidad, parte de la aplicación del principio de igualdad, el cual implica que las instituciones educativas sean accesibles para todas las personas sin ningún tipo de discriminación; (iii) adaptabilidad, el cual busca proteger las condiciones requeridas por los estudiantes y; (iv) aceptabilidad, que propende por la calidad de la forma y fondo de educación[86]. 54. Cada componente del derecho a la educación impone al Estado tres tipos de obligaciones, a saber: (i) de respeto, que se traduce en la imposibilidad de interferir el disfrute de un derecho, por ejemplo, abstenerse a cerrar centros educativos sin un estudio y motivación suficiente; (ii) de protección, que apunta a adoptar medidas para evitar interferencias en el goce de derechos, y (iii) de cumplimiento, en aras de realizar todas las acciones que permitan la garantía de un derecho[87]. En el marco de los deberes de respeto y cumplimiento, la educación de calidad implica: (i) la cualificación y formación de los educadores; (ii) la promoción docente; (iii) la innovación educativa; y (iv) la inspección y evaluación del proceso educativo”[88]. 55. Pese a lo previamente señalado, la Corte ha identificado que el derecho a la educación, en algunos casos presenta barreras para su efectivo goce, en particular, cuando se trata niños y niñas que estudian en zonas apartadas[89]. Por su contexto, las personas que habitan en zonas rurales y apartadas cuentan con menores oportunidades educativas que aquellas que se encuentran en zonas urbanas, por múltiples razones, como la falta de disponibilidad de docentes, la falta de adaptabilidad, entre otras[90]. 56. En el marco del nombramiento de docentes esta corporación ha estudiado diferentes casos en los que los derechos fundamentales de los niños y niñas, estudiantes de centros e instituciones ubicados en zonas rurales, se ven afectados debido a la falta de educadores. A continuación, la Sala presentará un breve recuento de estas decisiones: Sentencia Consideración de la Corte Sentencia T-467 de 1994 En este caso la Corte estudió la vulneración del derecho a la educación de NNA por la ausencia transitoria de un profesor que dictaba clases en zonas rurales. En este caso reconoció que: (i) la exigencia de los profesionales del mañana, en relación con el beneficio de educación básica, no parte de la obtención de un título sino de la calidad de enseñanza recibida por los estudiantes. Al respecto, dijo la corporación “el carácter secuencial y acumulativo del proceso educativo entraña una preocupación especial de los padres respecto de los resultados obtenidos por los niños en cada uno de los cursos de la educación básica.” En ese sentido, no es posible realizar una diferencia entre la educación urbana y rural ya que los alumnos de una escuela rural tienen derecho a recibir un servicio que les permita terminar el proceso educativo sin encontrarse en condiciones de inferioridad frente a otros centros educativos. Sentencia T-963 de 2004 La Corte evaluó la vulneración del derecho a la educación de ciertos niños, niñas y adolescentes que estudiaban en una escuela rural del municipio de Tibú. En esta oportunidad, la corporación llamó la atención al Estado sobre la plena satisfacción del derecho a la educación de los infantes sin importar su lugar de residencia. En este caso la Corte determinó que el Estado debía cumplir con las obligaciones de accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad en materia de educación, con independencia de los procedimientos administrativos para la definición de plantas de personal. Sentencia T-773 de 2006 La Corte resolvió el caso de unos niños que tuvieron que tomar clases fuera de su lugar de residencia y teniendo que atravesar por vías en mal estado o peligrosas debido a que la institución educativa de El Banco Magdalena no contaba con docentes para el grado sexto. En este caso, la corporación indicó que la falta de diligencia de las autoridades accionadas en la adopción de medidas afectaba la continuidad de la prestación del servicio público de educación y previno a la Gobernación del Magdalena-Secretaría de Educación para que tome las medidas pertinentes en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo en su jurisdicción, en todos los elementos que la componen y en especial mediante el oportuno nombramiento de los docentes que se requieran de acuerdo con la necesidad del servicio. Sentencia T-743 de 2013 La Corte estudió el caso de unos niños, niñas y adolescentes que no tenían profesor de química debido a que la docente fue trasladada y la Secretaría de Educación se negó a nombrar el profesor requerido. En este caso se resaltó la diferencia estructural existente entre la educación que reciben los estudiantes en zonas urbanas respecto a los de zonas rurales. Sentencia T-085 de 2017 La Corte estudió el caso de unos niños, niñas y adolescentes que vivían en el Municipio de El Paujil, quienes no recibían clases desde hace cuatro años por falta de nombramiento docentes en la escuela cercana a su residencia. Lo anterior generó: (i) la deserción educativa y; (ii) que los infantes tuvieran que trasladarse a otra institución a través de caminos largos, difíciles y peligrosos. En este caso si bien la corporación determinó la existencia de carencia actual de objeto, llamó la atención a las entidades territoriales sobre el derecho a la educación de las niñas y los niños y les resaltó que, debido a la situación de la institución, varios niños, niñas y adolescentes tuvieron que abandonar sus estudios porque la Gobernación no tenía mecanismos de respuesta ágil para asegurar que, frente a la ausencia de docente, hubiera continuidad en la prestación del servicio de educación. Sentencia T-157 de 2023 La Corte analizó el caso de un niño que vivía en una vereda y quien sólo podía asistir a clases una o dos veces por semana porque debía trasladarse por 3 horas a otra institución educativa, pues en la que se encontraba no había docente debido a que esta institución no contaba con el número suficiente de estudiantes para nombrar un profesor. En este caso la Sala determinó que se había vulnerado el derecho a la educación del menor de edad porque no se garantizó que pudiera acceder efectivamente a la institución educativa. Al ordenarse el traslado del infante no se tuvo en cuenta las distancias que debía recorrer para asistir a clases lo que representó una barrera física y geográfica que afectó su derecho fundamental a la educación. Sentencia T-334 de 2022 La Corte conoció el caso en el que se negó la habilitación de una escuela rural, en contra de los derechos de unos niños, niñas y adolescentes pertenecientes a una comunidad indígena, quienes de forma previa habían recibido etnoeducación conforme al aval del cabildo. Si bien estos niños empezaron a recibir educación en un lugar diferente, el transporte que los movilizaba no era suficiente y supuso que varios padres se abstuvieran de enviarlos, en contra del acceso y la permanencia exigida. Este tribunal, después de reiterar la jurisprudencia sobre el acceso a la educación, la necesidad de eliminar barreras y la vinculación de estos dos temas al servicio de transporte, indicó que entre los deberes a cargo de las entidades públicas está el de nombrar docentes idóneos y suficientes para atender la demanda educativa. 57. En los casos señalados se demuestra que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños y niñas que habitan en zonas rurales, quienes no deben soportar que barreras geográficas, administrativas o de otro tipo frustren o dificulten el acceso a la educación. Además, explicó la Sentencia T-690 de 2012 (supra, fundamento 43), que se necesitan acciones concretas para lograr el efectivo y continuo acceso a la educación. Por ello, concluyó que las entidades que fueron accionadas en su oportunidad tenían una obligación de cumplimiento inmediato frente a los niños campesinos que presentaron el amparo y que consiste en la garantía de accesibilidad material. En particular, el Estado, en su conjunto, debe “adoptar medidas que eliminen las barreras que desincentivan en los menores el aprendizaje”[91]. Lo anterior se justifica en tanto “no pueden dejarse las problemáticas educativas sin propuestas efectivas de solución, pues perdería sentido el compromiso estatal de promover en ellos el conocimiento y la cultura, y se pondría en vilo de manera indefinida el disfrute del derecho fundamental a la igualdad de oportunidades por vía de la educación”[92]. 58. Lo anterior cobra mayor relevancia en virtud del principio de interés superior de las y los menores de edad (artículo 44 Superior)[93] y la regla contenida en el artículo 67 de la Constitución Política que establece que el Estado debe proporcionar una escolaridad mínima: un año de educación preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria[94]. Al respecto, esta corporación ha indicado que: “el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 67 de la Carta Política, tiene estructura de regla y, en esa medida, se trata de un mandato definitivo -por oposición a un principio-. El Estado no puede ser ajeno a esta realidad y, por el contrario, debe materializar su contenido en aras de evitar que se afecte la igualdad de oportunidades en detrimento de los niños, sus habilidades sociales y cognitivas – según lo destacaron los expertos en este proceso-. La educación básica dignifica e integra a la persona a la sociedad. La Constitución no previó ninguna excepción en relación con su protección y con la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado”[95]. Asimismo, de manera reciente, la Sentencia T-009 de 2024 indicó que el derecho a la educación implica que se active “la obligación estatal de asegurar unos grados de escolaridad mínimos: un año de educación preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria”[96]. 59. En conclusión, el derecho a la educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y este tiene la responsabilidad de asegurar su disponibilidad, accesibilidad, permanencia y calidad, especialmente para los niños, niñas y adolescentes. La jurisprudencia constitucional subraya que la educación no solo debe ser accesible desde el punto de vista material y económico, sino también debe ser inclusiva y no discriminatoria. Las barreras que enfrentan los estudiantes en zonas rurales del país, tales como la falta de docentes, la lejanía de las instituciones educativas y las condiciones geográficas difíciles afectan negativamente el acceso a la educación. 60. En este sentido, el Estado debe actuar con especial diligencia en la distribución adecuada de docentes para garantizar la continuidad y permanencia del servicio educativo, eliminando cualquier tipo de discriminación y adoptando políticas que aseguren la calidad educativa en todas las regiones del país, especialmente en las más apartadas. Así, aunque en el presente caso, la Sala constató la designación de un docente en la sede educativa, debe recordar la obligación de las autoridades públicas de garantizar la accesibilidad y especialmente la continuidad del servicio educativo, evitando cualquier tipo de interrupción (por breve que esta sea), por ejemplo, por razones administrativas. 61. En particular, en el presente caso, el juez de primera instancia denegó la tutela bajo el argumento de que la vereda solo contaba con la matrícula de seis niños. A su juicio, no existía ninguna obligación de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002, que exige un mínimo de 22 niños por zona rural para la designación de docentes. Sin embargo, pasó por alto considerar que las niñas y los niños de Tosnovan, al no contar con un docente al momento de la interposición de la tutela, enfrentaban el riesgo de abandonar sus estudios o de deserción, ya que de acuerdo con lo informado a esta Sala, el traslado a otras instituciones educativas implicaría recorrer largas distancias por caminos inseguros[97], situación que no fue refutada y por el contrario, fue reconocida por la accionada al señalar que, esa “zona es de difícil acceso, con caminos de herradura”, lo que llevó a los padres de familia a afirmar en la acción de tutela que si no se nombraba a un docente no podían garantizar la continuidad de estudio de sus hijos[98]. Además, con ello se pasaron por alto precedentes constitucionales que han llegado a inaplicar esa disposición o han considerado que el número mínimo de estudiantes no puede analizarse al margen del caso estudiado y mucho menos del mínimo que debe garantizar el Estado en materia de educación (artículo 67 de la Constitución Política) y de su garantía progresiva[99]. 62. En ese sentido, la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar e incluso el juez de instancia debieron tener en consideración que las decisiones que afectan el derecho a la educación de los niños, las niñas y adolescentes en zonas rurales tienen que ser tomadas considerando las diferentes barreras de acceso al derecho a la educación que frecuentemente enfrentan y, en particular, los que habitan estas zonas. En esos casos, las autoridades deben considerar aspectos que van más allá del simple número de matrículas para la designación de un docente en un centro educativo, por ejemplo: (i) que los niños, niñas y adolescentes matriculados en el Centro Educativo residen en la zona rural de El Copey, que es una zona ZOMAC, es decir, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado; (ii) las manifestaciones de los padres de familia sobre la imposibilidad de trasladar a sus hijos a otras instituciones educativas ante los riesgos que presenta el camino, y (iii) las diversas situaciones que enfrentan los niños y niñas en el acceso a la educación en zonas rurales, especialmente aquellas afectadas por el conflicto armado, pueden poner en riesgo la continuidad del servicio educativo, aumentando la probabilidad de abandono y deserción escolar. 63. En este contexto, aunque la Sala constató la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto por “hecho superado” al haberse nombrado un docente para la sede rural Tosnovan, estima pertinente instar a las entidades encargadas de las prestación del servicio público educativo en esa sede educativa, al Ministerio de Educación Nacional[100] y al Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey, para que, comprendan el derecho a la educación de las niñas y los niños conforme al interés superior, con especial consideración al entorno rural en el que habitan y se abstengan de imponer cualquier tipo de barrera que obstaculice la continuidad y permanencia en el acceso a la educación. 64. En este orden, la Sala revocará el fallo de instancia proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey (Cesar) que “negó por improcedente” el amparo y, en su lugar, declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. III. DECISIÓN En mérito...