Sentencia T-1067 de 2007

T-1067-07 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-1067/07 DESPLAZADOS-Se ordena a Acción Social expedir certificación que acredite su condición DERECHO AL HABEAS DATA-Dimensión positiva que comprende De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho al habeas data tiene una dimensión positiva que comprende, a lo menos, (i) el derecho a figurar en las bases de datos de las cuales depende el acceso a un derecho o servicio básico; (ii) el derecho a que la información sea correcta, completa y actualizada; y (iii) el derecho a que circule por los conductos regulares de manera efectiva y oportuna hasta la autoridad administrativa competente para decidir sobre el acceso al derecho o al servicio. Así lo ha reconocido esta Corte en su jurisprudencia sobre habeas data, tal como fue recogida en la sentencia T-307 de 1999. DERECHO AL HABEAS DATA-Principios por los que se rige la administración de datos personales Tal como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corte, la administración de los datos personales se rige por los principios de (i) libertad, según el cual los datos sólo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular; (ii) necesidad, que establece que los datos incluidos deben ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de datos; (iii) veracidad, que señala que los datos personales deben ser ciertos, libres de falsedad o errores, (iv) integridad, según el cual la información que se registre o se divulgue a partir del suministro de datos personales debe ser completa; (vi) finalidad, que prescribe que el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales debe obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de manera clara, suficiente y previa; (vii) utilidad, que establece que el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales, debe cumplir una función determinada; (viii) circulación restringida, que prohíbe la divulgación indiscriminada de los datos personales y señala que ésta debe estar sometida a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos, (ix) caducidad, según el cual la información desfavorable al titular debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad; (x) individualidad, que señala que las administradoras deben mantener separadas las bases de datos que se encuentren bajo su administración y prohíbe el cruce de datos a partir de la acumulación de informaciones provenientes de diferentes bases de datos, e (xi) incorporación, según el cual la entidad administradora de datos está obligada a incluir en la base todos aquellos datos personales de los cuales puedan derivarse situaciones ventajosas para el titular y prohíbe negar de manera injustificada su incorporación a la base de datos. DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATICA-Caso de personas desplazadas La autodeterminación informática, de acuerdo a lo señalado, se erige como una garantía para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, que en el caso de las personas que se han visto forzadas a desplazarse, tiene una especial protección y debe ser garantizado por las entidades públicas y privadas. DERECHO DE ASOCIACION DE LA POBLACION DESPLAZADA En el artículo 38 de la Carta Política se garantiza “el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.” Este derecho ha sido entendido tanto como (i) la facultad para fundar o integrar de manera voluntaria organizaciones con reconocimiento del Estado para la realización de diversos proyectos de índole social, cultural, político, económico, religioso, o de otro tipo, como (ii) la potestad de negarse o abstenerse de formar parte de una determinada asociación y su derecho correlativo a no ser obligado ni directa ni indirectamente a ello.” REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Se vulneró el derecho al habeas data de los demandantes al oponer la reserva de la información a los titulares y negarse a expedir certificación De acuerdo a las consideraciones realizadas en esta sentencia, la Sala Segunda de Revisión reitera que el derecho al habeas data faculta al titular de este derecho a conocer la información recogida sobre ella en bancos de datos o archivos, ya se trate de entidades públicas o privadas. Si bien es razonable que exista reserva sobre cierto tipo de información personal frente a terceros, tal confidencialidad no es oponible al titular de la misma que la ha suministrado voluntariamente para acceder a derechos que dependen de dicho suministro. Por lo tanto, Acción Social – Unidad Territorial Cesar, vulneró el derecho al habeas data de los demandantes al oponer la reserva de la información que reposa en el Registro Único de Población Desplazada a sus titulares y negarse a expedir la certificación solicitada. Reiteración de jurisprudencia Referencia: expedientes T-1474643 y acumulados Acción de tutela instaurada por Yarlet Baldovino Fuentes, Yaneth Patricia Orsini Sánchez, Eduardo Leonith Salcedo Cantillo, Braulio Zapata Cardona, y otros contra Acción Social – Unidad Territorial Cesar Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil siete (2007). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES Yarlet Baldovino Fuentes, Yaneth Patricia Orsini Sánchez, Eduardo Leonith Salcedo Cantillo, Braulio Zapata Cardona, Ibis Miranda Acuña, Ingrid Yohana Parra, Edilma Robles Torres, Niris Miranda Pérez, Paola Mejía Tapia, Tania Patricia Morón Velásquez, Magdalena Daza Camacho, Héctor Parra Durán, Ayda Vanegas Blanco, Clara Amaya Rosado, Emélida Rosa Durán Sánchez, Eder Navarro, Leydis María Mejía García, Margoth Durán Pérez, Cecilia Esther Armenta Sánchez, Esther Catalina Pérez Peláez, John Farid López Carrillo, Hernán Hidalgo Rodríguez, Aidé Ramírez, Odulia Ramírez, Francisco Plata García, Ciro Alberto Vergel Hernández, Marelvis Orozco Campo, Abel Antonio Jiménez Miranda, Luz Marina Angarita Suárez, Arnoldo Miguel Miranda Acuña, Ana Cecilia Guevara Santiago, Pedro Pablo Jaraba Lora, Enei Novoa Cáceres, Denides Martínez Arias, Doris María Guillén, accionantes en las demandas de la referencia, interpusieron acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Unidad Territorial Cesar, por considerar que dicha entidad había vulnerado su derecho de asociación al negarles un certificado sobre su condición de persona víctima de desplazamiento forzado interno, incluida en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), para integrar una organización en dicho departamento, destinada a velar por sus intereses. La entidad demandada negó la expedición de la certificación por el supuesto carácter reservado de la información sobre las personas desplazadas y porque la misma no es necesaria para constituir una asociación. Los demandantes señalan que no es cierto que la información pedida tenga dicho carácter, dado que esa misma información es publicada a través de listados con nombres, cédulas y hasta fotos expuestos en lugares públicos. También manifiestan que otras certificaciones con fines distintos sí se entregan, como por ejemplo, en los casos en los que se pide dicha constancia con destino al INCODER, al Banco Agrario y a los hospitales. En todos los casos, los jueces de instancia negaron el amparo, acogiendo los argumentos de Acción Social sobre confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. En respuesta al Auto de 25 de enero de 2007, mediante el cual se decretaron medidas cautelares para asegurar a los accionantes el goce efectivo de sus derechos mínimos como víctimas del desplazamiento forzado, Acción Social informó que las tutelas acumuladas a este proceso fueron promovidas por “un grupo de individuos liderados por el señor SELIDES JOSE MARQUEZ SIERRA (…) quien en este momento se encuentra privado de la libertad e incurso en proceso judicial bajo los cargos de rebelión y concierto para delinquir desde el 27 de octubre de 2005. ║ Las acciones de tutela fueron promovidas en su mayoría para garantizar el derecho de petición mediante el cual esperaban obtener una certificación que acreditara su condición de personas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada. ║ Sin embargo la Unidad Territorial recibió en algunos casos quejas suscritas por desplazados en donde manifestaron no haber suscrito ni las tutelas ni los derechos de petición. Conocida esta situación por la Unidad Territorial de Acción Social con el acompañamiento de la Oficina Jurídica, pudo evidenciar que los accionantes y peticionarios en algunos casos estaban siendo asaltados en su buena fe al hacerlos suscribir escritos de tutela cuyo contenido y/o alcance no era de su comprensión. Por el contrario, quien actuaba era un tercero (…) a quien le asistía un interés personal, en la medida que según manifestaciones escritas de los accionantes y peticionarios en muchos casos supuestamente debieron sufragar a favor del señor Márquez sumas de dinero, por concepto de dichos escritos.” La información detallada sobre cada uno de los expedientes acumulados se resume en la siguiente tabla: Exp. Accionantes Situación de la inscripción en RUPD Juzgados de instancia Decisiones de instancia 1474643 Yarlet Baldovino Fuentes[1] La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde diciembre de 2001 Juez Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 4 de agosto de 2006 Niega la tutela y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1474644 Yaneth Patricia Orsini Sánchez La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juez Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 17 de agosto de 2006 Niega la tutela y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1474645 Eduardo Leonith Salcedo Cantillo[2] El peticionario se encuentra registrado como desplazado por la violencia en el RUPD desde julio de 2007 Juez Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 22 de agosto de 2006 Niega la tutela acogiendo los argumentos de Acción Social sobre confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1475533 Braulio Zapata Cardona Incluido junto con su núcleo familiar como desplazado en el RUPD desde septiembre de 2003 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 1 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos. 1475534 Ibis Yaneth Miranda Acuña La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde agosto 1 de 2002 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos 1475535 Ingrid Yohana Parra Pedrozo La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde noviembre de 2003 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 28 de agosto de 2006 Niega el amparo por considerar que entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos. 1475536 Edilma Robles Torres La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos. 1475537 Niris Julieta Miranda Pérez Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde septiembre de 2004 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos. 1475538 Paola Mejía Tapia Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde diciembre de 2002 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 28 de agosto de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos. 1475539 Tania Patricia Morón Velásquez Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde julio de 2003 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 8 de agosto de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos. 1475542 Magdalena Daza Camacho Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde febrero de 2005 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos. 1476759 Héctor Parra Durán El peticionario está inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde noviembre de 2003 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 16 de agosto de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad demandada actuó de acuerdo con las disposiciones legales. 1477236 Aida Vanegas Blanco La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde septiembre de 2000. Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 11 de septiembre de 2006 Niega el amparo por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1477238 Clara Amaya Rosado La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde julio de 2001 Juzgado 2 de Familia de Valledupar, sentencia de 25 de septiembre de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1480304 Emélida Rosa Durán Sánchez Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde febrero de 2003 Juzgado de Menores de Valledupar, sentencia de 12 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que las peticiones formuladas obtuvieron respuesta de fondo, en las que se explica que dicha información no puede ser objeto de certificación por tener carácter reservado al amparo de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000. 1485338 Eder Navarro[3] Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde noviembre de 2005 Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 22 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485339 Leydis María Mejía García Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde abril de 2006 Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 15 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485340 Margoth Durán Pérez Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde junio de 2002. Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 9 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485341 Cecilia Esther Armenta Sánchez Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde septiembre de 2000. Juzgado Penal del Circuito Especializado del Cesar, sentencia de 15 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485342 Esther Catalina Pérez Peláez[4] Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde agosto de 2003. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485343 John Farid López Carrillo[5] Peticionario inscrito como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD agosto de 2000. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 8 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485344 Hernán Hidalgo Rodríguez Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde octubre de 2005 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 14 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485345 Aidé Ramírez[6] Peticionaria inscrita como desplazada en el RUPD desde noviembre de 2005. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 29 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485346 Odulia Ramírez.[7] Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde noviembre de 2005. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485347 Francisco Antonio Plata García. Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde septiembre de 2005. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485348 Ciro Alberto Vergel Hernández. Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde septiembre de 2002. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1485349 Marelvis Orozco Campo[8] Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1519816 Abel Antonio Jiménez Miranda Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1519817 Luz Marina Angarita Suárez Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006, Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1519818 Arnoldo Miguel Miranda Acuña Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 29 de agosto de 2006 Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1519819 Ana Cecilia Guevara Santiago Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006 Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. 1541368 Pedro Pablo Jaraba Lora, Enei Novoa Cáceres, Denides Martínez Arias, Doris María Guillén Peticionarios inscritos como desplazados junto con sus núcleos familiares en el RUPD. Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006 Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial reseñada, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problemas jurídicos Los peticionarios alegan la presunta conculcación de su derecho a la libertad de asociación, como consecuencia de la negativa por parte de Acción Social a expedir una certificación que acredite la condición de desplazamiento forzado en que se encuentran, con el propósito de conformar una asociación, mediante la cual gestionarían sus demandas específicas como grupo poblacional determinado. Por lo tanto, corresponde a la Sala Segunda de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la entidad demandada los derechos al habeas data (Art. 15, CP) y a la libertad de asociación (Art. 38, CP) de los actores, quienes afirman encontrarse en situación de desplazamiento forzado, al negarse a expedir una certificación que acredite dicha condición para la conformación de una asociación, oponiendo el carácter de confidencialidad de la información sobre la población desplazada del país, a los propios titulares de la misma? Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, dado que los accionantes son personas víctimas de desplazamiento forzado interno, se hará referencia a su especial protección constitucional. En segundo lugar, se recordarán brevemente los parámetros jurisprudenciales que ha definido esta Corporación para la protección del derecho al hábeas data. En tercer lugar, se reseñará brevemente la línea jurisprudencial del derecho de asociación. Y, finalmente, se resolverán los casos concretos. 3. La protección especial de los derechos de las personas desplazadas por la violencia La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido con toda claridad que las personas que son víctimas del desplazamiento forzado adquieren, por sus condiciones de especial vulnerabilidad y por la violación masiva de sus derechos constitucionales, el estatus de sujetos de especial protección constitucional, el cual impone a las autoridades competentes el deber perentorio de atender sus necesidades con un especial grado de diligencia y celeridad. En la sentencia T-025 de 2004, en la cual la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno en el país, se explicaron así las razones por las cuales las víctimas de este fenómeno se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad que les confiere el carácter de sujetos de especial protección constitucional: “También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad ‑ que se ven obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional’[9] para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad[10], que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales[11] y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’[12]. En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte ‘la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública’[13], dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional. (…) En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que éstos tienen, en términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato consagrado en el artículo 13 Superior: ‘el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.’[14]. Este punto fue reafirmado en la sentencia T-602 de 2003, en la cual se dijo que ‘si bien el legislador y las entidades gubernamentales deben tratar de igual modo a todas las personas, pues así lo estipula el artículo 13 de la Constitución, las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno sí merecen atención diferencial’. Este derecho al trato preferente constituye, en términos de la Corte, el ‘punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno’[15], y debe caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de estas personas, ya que ‘de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara’[16]”.[17] En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional también reconoció que “existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades a los desplazados, puesto que en ello se juega la subsistencia digna de las personas en esta situación.” Por lo anterior, la Corte precisó el contenido de los derechos que integran el mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado a las víctimas de desplazamiento forzado interno, e incluyó lo siguiente: 1. El derecho a la vida, en el sentido que establece el artículo 11 C.P. y el Principio 10. 2. Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se particularizan en el Principio 11. 3. El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en el Principio 17, especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional ‑niños, personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia‑, quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares. 4. El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.” También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno. (…) 5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable para preservar la vida y la integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas, de conformidad con el Principio 19. Ahora bien respecto de los niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un año, se aplicará el artículo 50 C.P. 6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos que se enuncian en el Principio 22. 7. Para el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.). (…) El Estado está obligado, como mínimo, a garantizar la provisión de un cupo escolar a cada niño desplazado en edad de educación obligatoria, en un establecimiento educativo público. Es decir, la obligación mínima del Estado en relación con la educación de los niños desplazados es la de garantizar su acceso a la educación a través de la provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o privadas de la zona. (…) 8. En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18. (…) [El] deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la información que provee la población desplazada para identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los desplazados. (…) 9. Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las autoridades están obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de llegada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o colectivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento en otro punto geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán comunicarse a los interesados en forma previa al acto de retornar o restablecerse. Adicionalmente, en la sentencia T-025 de 2004 la Corte incluyó los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición, cuyo goce efectivo también debe garantizarse a las víctimas de desplazamiento forzado interno y ordenó que tales derechos fueran mencionados específicamente al divulgar la “Carta de Derechos de los Desplazados.”[18] La condición de sujetos de especial protección constitucional que tienen las víctimas de desplazamiento forzado interno ha llevado a que, entre otras cosas, se haya aceptado que la acción de tutela sea el mecanismo judicial idóneo y expedito para la protección de sus derechos fundamentales, a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.[19] En materia de su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, instrumento a partir del cual se materializan las ayudas previstas en la Ley 387 de 1997, esa condición de sujeto de especial protección constitucional ha llevado a exigir a las autoridades administrativas que deciden sobre la inclusión de una persona que alega ser víctima de desplazamiento forzado interno, que apliquen un criterio de interpretación a favor del desplazado. Ello debe conducir, por ejemplo, a que tengan en cuenta las especiales circunstancias en las que se produce la declaración del desplazamiento y ajusten su actuación a los parámetros que la Corte ha definido para realizar la valoración de la declaración, con el fin de identificar los elementos materiales que reflejan una situación de desplazamiento forzado, independientemente de si formalmente se han vencido los términos para realizar la declaración.[20] 4. El derecho al hábeas data El artículo 15 de la Carta Política consagra expresamente el derecho al habeas data en los siguientes términos: “De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.” Este derecho otorga a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o almacenados la posibilidad jurídica de impedir que terceras personas usen datos falsos, erróneos o reservados y desvirtúen así su identidad o abusen del derecho a informar.[21] De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho al habeas data tiene una dimensión positiva que comprende, a lo menos, (i) el derecho a figurar en las bases de datos de las cuales depende el acceso a un derecho o servicio básico;[22] (ii) el derecho a que la información sea correcta, completa y actualizada;[23] y (iii) el derecho a que circule por los conductos regulares de manera efectiva y oportuna hasta la autoridad administrativa competente para decidir sobre el acceso al derecho o al servicio. Así lo ha reconocido esta Corte en su jurisprudencia sobre habeas data, tal como fue recogida en la sentencia T-307 de 1999, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, “16. El habeas data es un derecho fundamental autónomo que tiene la función primordial de equilibrar el poder entre el sujeto concernido por el dato y aquel que tiene la capacidad de recolectarlo, almacenarlo, usarlo y transmitirlo. En las sociedades tecnológicas contemporáneas el manejo sistemático de datos personales sirve a propósitos tan variados como apoyar los procesos de distribución de las cargas y los bienes públicos; facilitar la gestión de las autoridades militares y de policía; o, fomentar el funcionamiento del mercado. En tales condiciones, quien tiene la posibilidad de acopiar, ordenar, utilizar y difundir datos personales adquiere un poder de facto, denominado “poder informático”, en ejercicio del cual puede influir decisivamente, por ejemplo, en la definición de perfiles poblacionales que servirán de base para decisiones de política económica, o en la clasificación de una persona, según criterios predeterminados, a fin de definir si debe ser sujeto de una determinada acción pública o privada. Como puede advertirse, el abuso o la negligencia en el ejercicio de este enorme poder, apareja un serio riesgo, entre otros, para los derechos fundamentales a la personalidad, a la identidad, a la igualdad, a la intimidad, a la honra, al buen nombre o al debido proceso del sujeto concernido. Por eso, a fin de evitar el abuso del poder informático y garantizar que su ejercicio se encuentre controlado y limitado, se ha consagrado, en el artículo 15 de la Carta, el derecho-garantía a la autodeterminación informática o habeas data. 17. El derecho - garantía a la libertad o autodeterminación informática, tiene dos dimensiones distintas pero complementarias. De una parte, le confiere a las personas el poder jurídico para conocer e incidir sobre el contenido y la difusión de la información personal que les concierne y que se encuentra archivada en un banco de datos. Adicionalmente, establece un conjunto de principios en torno a los cuales debe girar todo el proceso de acopio, uso y transmisión de datos personales. (...) Ahora bien, el derecho de acceso a los bancos de datos no cuenta exclusivamente con una vertiente negativa. Es probable que una persona no quiera que un dato que le concierne forme parte de un banco de datos, pero puede ser que, por el contrario, la inclusión del mencionado dato resulte de su interés. En este caso, corresponde a la ley definir, conforme entre otros, a los principios de igualdad y no discriminación, los eventos en los cuales una persona tendrá derecho a que se incluya en un determinado banco de datos cierta información que le es propia. La vertiente positiva del derecho de acceso a los bancos de datos se encuentra, en principio, supeditada a la reglamentación legal que al respecto se expida para cada sector. (...) 19. En cuanto se refiere a los sujetos obligados, no sobra mencionar que se trata, en principio, de todas las entidades públicas de cualquier nivel de gobierno, así como de las personas jurídicas o naturales de naturaleza privada que operen bancos de datos cuya información esté destinada a divulgarse. (...) Por otra parte, los bancos de datos tienen la obligación de registrar información veraz e imparcial, completa y suficiente. (...)” (subrayado fuera de texto)[24] Tal como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corte, la administración de los datos personales se rige por los principios de (i) libertad, según el cual los datos sólo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular;[25] (ii) necesidad, que establece que los datos incluidos deben ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de datos;[26] (iii) veracidad, que señala que los datos personales deben ser ciertos, libres de falsedad o errores,[27] (iv) integridad, según el cual la información que se registre o se divulgue a partir del suministro de datos personales debe ser completa;[28] (vi) finalidad, que prescribe que el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales debe obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de manera clara, suficiente y previa;[29] (vii) utilidad, que establece que el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales, debe cumplir una función determinada;[30] (viii) circulación restringida, que prohíbe la divulgación indiscriminada de los datos personales y señala que ésta debe estar sometida a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos,[31] (ix) caducidad, según el cual la información desfavorable al titular debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad; [32] (x) individualidad, que señala que las administradoras deben mantener separadas las bases de datos que se encuentren bajo su administración y prohíbe el cruce de datos a partir de la acumulación de informaciones provenientes de diferentes bases de datos,[33] e (xi) incorporación, según el cual la entidad administradora de datos está obligada a incluir en la base todos aquellos datos personales de los cuales puedan derivarse situaciones ventajosas para el titular y prohíbe negar de manera injustificada su incorporación a la base de datos.[34] La Corte Constitucional ha protegido este derecho fundamental en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el campo de la salud, ha garantizado el acceso a la historia clínica[35] y a exigir que esta contenga toda la información relevante.[36] En materia financiera, ha protegido “la facultad de rectificación de los datos en cabeza del titular de los mismos. Esto hace alusión a la posibilidad de exigir (i) que el contenido de la información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas, (iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos legalmente y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros derechos fundamentales, entre otras exigencias.”[37] Este derecho también ha sido protegido en relación con los derechos de la población desplazada, en un caso similar al asunto bajo revisión. En la sentencia T-559 de 2007, la Corte señaló lo siguiente: “El desconocimiento de los principios que regulan el procesamiento de datos, y en particular la violación del derecho fundamental a la autodeterminación informática cuando se niega el acceso a conocer la información, ya sea debido a la negligencia en el manejo de los mismos, error o por cualquier otra razón que no halle justificación constitucional, constituye un abuso de la autorización recibida (Art. 95 C.P.) y desconoce el presupuesto de informar con responsabilidad social (Art. 20 C.P.) en tanto que colisiona con el derecho del titular de los datos para autodeterminarse. Así entonces, se está en presencia de una vulneración del derecho a la autodeterminación informática, en los eventos en que se impide el conocimiento, actualización y rectificación de bases de datos. Por tanto, el habeas data o derecho a la autodeterminación informática constituye una garantía para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales”[38]. En suma, la autodeterminación informática, de acuerdo a lo señalado, se erige como una garantía para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, que en el caso de las personas que se han visto forzadas a desplazarse, tiene una especial protección y debe ser garantizado por las entidades públicas y privadas. 5. El derecho de asociación de la población desplazada En el artículo 38 de la Carta Política se garantiza “el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.” Este derecho ha sido entendido tanto como (i) la facultad para fundar o integrar de manera voluntaria organizaciones con reconocimiento del Estado para la realización de diversos proyectos de índole social, cultural, político, económico, religioso, o de otro tipo, como (ii) la potestad de negarse o abstenerse de formar parte de una determinada asociación y su derecho correlativo a no ser obligado ni directa ni indirectamente a ello.”[39] En la sentencia T-025 de 2004, la Corte resaltó la importante labor que cumplen las asociaciones de desplazados en la promoción y protección de sus derechos y admitió la procedibilidad excepcional de las acciones de tutela interpuestas por asociaciones de desplazados a través de la figura de la agencia oficiosa. En esa oportunidad señaló lo siguiente: Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad ‑, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas. Es por ello que las asociaciones de desplazados, que se han conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados. No obstante, a fin de evitar que por esta vía se desnaturalice la acción de tutela, se promuevan demandas de tutela colectivas sin el consentimiento de sus miembros, o se emplee esta figura para desconocer las normas sobre temeridad, tal posibilidad debe ser ejercida bajo condiciones que a la vez que garanticen el acceso a la justicia a la población desplazada, impida posibles abusos. Por ende, tales organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de sus miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga a través de su representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante una lista o un escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre. En esa medida si se percatan de la amenaza o violación de derechos fundamentales de una persona, pueden interponer la acción en nombre de sus asociados. 6. Los casos concretos Los hechos que dieron lugar a esta acción de tutela fueron originados por Acción Social, Unidad Territorial Cesar, por cuanto esta entidad se negó a expedir una certificación que acreditara la calidad de desplazados de los demandantes, quienes alegaban necesitarla para conformar una asociación para la defensa de sus derechos e intereses. La entidad demandada adujo que la información solicitada era confidencial y únicamente podía ser suministrada a las entidades del sistema nacional de atención a la población desplazada expresamente autorizadas por las normas vigentes. Según lo que establece el inciso primero del artículo 15 Decreto 2569 de 2000, la finalidad perseguida por el legislador al establecer la confidencialidad del Registro Único de Población Desplazada, es “proteger el derecho a la vida, a la intimidad, a la honra y bienes de los inscritos.” Con el fin de alcanzar este fin, el inciso 2 del artículo 15, modificado por el artículo 9° del Decreto 2131 de 2003, permitió el acceso de manera excepcional por “el Incoder, el Banco Agrario, el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, el ICBF, el DANE, las entidades territoriales y las entidades estatales que prestan atención en salud y educación,” únicamente “para efectos de identificar a la población desplazada beneficiaria de los programas de tierras, vivienda, salud y educación”. Según lo establece el inciso 3º del artículo en mención, para acceder a la información, las entidades expresamente autorizadas deben formular su solicitud “ante la Dirección General de la Red de Solidaridad Social, y la suscripción de un acta de compromiso, en la que justifiquen el uso y destino de la información, garantizando su confidencialidad.” De acuerdo a las consideraciones realizadas en esta sentencia, la Sala Segunda de Revisión reitera que el derecho al habeas data faculta al titular de este derecho a conocer la información recogida sobre ella en bancos de datos o archivos, ya se trate de entidades públicas o privadas. Si bien es razonable que exista reserva sobre cierto tipo de información personal frente a terceros, tal confidencialidad no es oponible al titular de la misma que la ha suministrado voluntariamente para acceder a derechos que dependen de dicho suministro. Por lo tanto, Acción Social – Unidad Territorial Cesar, vulneró el derecho al habeas data de los demandantes al oponer la reserva de la información que reposa en el Registro Único de Población Desplazada a sus titulares y negarse a expedir la certificación solicitada. De la información existente sobre los accionantes en el RUPD presentada por la entidad accionada en el presente proceso se evidencian errores graves que afectan los derechos de los peticionarios. En efecto, para cuatro de los accionantes,[40] la información reportada por la Unidad Territorial Cesar y la presentada por la Oficina Jurídica de Acción Social en Bogotá, al dar respuesta al Auto de 25 de enero de 2007, es contradictoria, como quiera que mientras la Unidad Territorial afirma que la persona se encuentra incluida en el RUPD, sobre el mismo sujeto la Oficina Jurídica en Bogotá asegura que no tiene la calidad de desplazado ni se encuentra en el RUPD. Algo similar ocurre con los nombres y datos de algunos de los accionantes[41] que aparecen registrados de manera disímil en los registros de la Unidad Territorial Cesar y en la base de datos centralizada por Acción Social en Bogotá. Los anteriores ejemplos ilustran cómo, aun en los casos en que la certificación solicitada haya sido expedida, la vulneración del derecho al habeas data se produce porque los accionantes no sólo no conocen cuál es la información personal recogida en el RUPD sino que además no han podido verificar su veracidad, integralidad, corrección y actualización. Por lo tanto, a fin de asegurar el goce efectivo de los derechos de los accionantes, Acción Social – Unidad Territorial Cesar deberá verificar la inscripción de estos ciudadanos en el Registro Único de Población Desplazada y, en caso de no encontrarse incluidos, procederá a estudiar la viabilidad de su inclusión como población desplazada, examinando los elementos materiales que reflejen una situación de desplazamiento forzado, sin que pueda negar la inscripción de los peticionarios por considerar que la declaración se ha realizado de manera extemporánea. Adicionalmente, al negarse a expedir la certificación solicitada, la entidad demandada también amenazó el derecho de asociación de los demandantes. Dicha certificación demuestra para ciertas asociaciones la condición de desplazado, requisito que de manera autónoma han establecido para pertenecer a la misma. En ejercicio de su derecho de libre asociación quienes voluntariamente deciden conformar una organización de este tipo pueden, dentro del marco legal que rige para el tipo de organización que decidan crear, definir los requisitos que deben cumplir sus miembros. Sobre este punto, se reitera lo afirmado en la sentencia T-559 de 2007 en la que se señaló lo siguiente: “[R]especto del argumento expuesto según el cual, la certificación no es requisito para la constitución legal de una asociación de desplazados, considera la Sala que, la entidad desbordó el ámbito de sus competencias toda vez que no es ella la llamada a pronunciarse sobre la pertinencia o no de los documentos que los miembros de la asociación gestante han acordado exigir para su conformación o sobre el cumplimiento de los requisitos legales o constitucionales que deban llenar, toda vez que independientemente de la obligación que tienen de sujetarse a una normatividad específica según la forma de asociación de que se trate, o de hacer un uso razonable de la información de que disponen con el fin de no vulnerar la confidencialidad que la propia ley les ha impuesto, el derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución, es una expresión de la autonomía de los ciudadanos y de su libre desarrollo que debe ser garantizado y respetado por todos”. Por lo anterior, y con el fin de proteger los derechos al habeas data y a la libre asociación de los accionantes, se ordenará a Acción Social – Unidad Territorial Cesar que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, además de expedir la certificación solicitada, permita a los accionantes conocer la información existente sobre ellos en el RUPD a fin de que verifiquen su veracidad, integralidad y adecuación y puedan corregir cualquier error existente, así como incluir toda la información personal y familiar que sea pertinente para acceder a las ayudas previstas para la población desplaza en la Ley 387 de 1997 y en la Constitución interpretada de manera armónica con los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, según lo establecido por la sentencia T-025 de 2004. Igualmente, a fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos, Acción Social – Unidad Territorial Cesar deberá informar a los accionantes de manera clara, completa y comprensible sobre sus derechos y sobre los procedimientos establecidos para acceder al goce efectivo de sus derechos constitucionales y legales. Finalmente, con el fin de prevenir que se repitan hechos como los denunciados por Acción Social sobre el abuso del que pudieron ser víctimas los accionantes de la presente tutela por parte del señor Selides José Márquez Sierra, Acción Social – Unidad Territorial Cesar deberá informar a los accionantes que para acceder a los beneficios y servicios que establecen la Constitución y la ley para la población desplazada, no es necesario acudir a intermediarios ni pagar contraprestaciones de ningún tipo, y señalarles que en caso de que sujetos inescrupulosos, aprovechándose de la condición de indefensión en que se encuentra la población desplazada y del desconocimiento de sus derechos, les exijan el pago o contraprestaciones para tramitar dichas ayudas, podrán denunciarlos ante esa oficina. III. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- En relación con los procesos de la referencia, Levantar los términos suspendidos mediante Auto de 25 de enero de 2007. Segundo.- En relación con cada uno de los expedientes acumulados al presente proceso revocar los fallos de instancia de la siguiente manera: 1. Expediente T-1474643, REVOCAR la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 4 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Yorlet Baldovino Fuentes y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 2. Expediente T-1474644, REVOCAR la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 17 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Yaneth Patricia Orsini Sánchez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 3. Expediente T-1474645, REVOCAR la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 22 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Eduardo Leonith Salcedo Cantillo y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 4. Expediente T-1475533, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 1 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Braulio Zapata Cardona y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 5. Expediente T-1475534, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, de 4 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Ibis Yaneth Miranda Acuña y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 6. Expediente T-1475535, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 28 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Ingrid Yohana Parra Pedrozo y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 7. Expediente T-1475536, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por en la acción de tutela instaurada por Edilma Robles Torres y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 8. Expediente T-1475537, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Niris Julieta Miranda Pérez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 9. Expediente T-1475538, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de28 de agosto de 2006, Paola Mejía Tapia y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 10. Expediente T-1475539, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 8 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Tania Patricia Morón Velásquez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación. 1...