Sentencia T-1066 de 2012

T-1066-12 Sentencia T-1066/12 Sentencia T-1066/12 PRIMA DE SERVICIOS A DOCENTES OFICIALES-Reconocimiento y pago según ley 91/89 LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona jurídica de derecho público titular de derechos fundamentales ENTIDAD TERRITORIAL-Persona jurídica de derecho público titular de derechos fundamentales ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Tesis del Consejo de Estado ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedencia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales específicas de procedibilidad DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Inexistencia por el hecho de sostenerse un criterio diferente al de otros operadores judiciales de la misma jerarquía y especialidad RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS A DOCENTES OFICIALES-Procedencia del recurso extraordinario de revisión PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA ANTE LA EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Situaciones excepcionales ACCION DE TUTELA DE MUNICIPIO CONTRA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS A DOCENTES OFICIALES-Irregularidad en interpretación y aplicación del derecho legislado REGIMEN ESPECIAL DE EDUCADORES ESTATALES-Reconocimiento según Ley 115/94 y Ley 91/89 REGIMEN PRESTACIONAL DE DOCENTES ESTATALES-Reconocimiento según Ley 812/03 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS A DOCENTES OFICIALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado DEBIDO PROCESO-Ambitos de protección constitucional PRINCIPIO DE IGUALDAD-Garantías fundamentales PRINCIPIO DE IGUALDAD-No existe violación cuando decisión judicial se sostiene en un criterio diferente al utilizado por otros operadores jurídicos ACCION DE TUTELA DE MUNICIPIO CONTRA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS A DOCENTES OFICIALES-Negar por no interpretación y aplicación irrazonable del derecho legislado Referencia: expediente T-3.534.094 Acción de tutela instaurada por el Municipio de Armenia, Quindío, contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012) La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Alexei Julio Estrada, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, y por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por el Municipio de Armenia, Quindío, contra el Tribunal Administrativo del Quindío. El proceso en referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Siete, mediante Auto proferido el veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012). I. ANTECEDENTES 1. Hechos El Municipio de Armenia, actuando a través de apoderado, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal administrativo del Quindío por la presunta vulneración de sus derechos a la igualdad y al debido proceso, por cuenta de la decisión de esa Corporación de declarar la nulidad y el restablecimiento del derecho en cuarenta y seis (46) procesos sometidos a consideración, en relación con actos administrativos por los cuales el Municipio negaba a docentes el reconocimiento, entre otras prestaciones sociales, de la prima de servicios. Los hechos que dieron lugar a la acción de tutela son los siguientes: Señala el peticionario Municipio de Armenia que actualmente es demandado en más mil doscientos (1200) procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, promovidos por docentes que pretenden el pago de la bonificación por servicios, de la prima de antigüedad y/o incrementos de la misma, de la bonificación por recreación y de la prima de servicios. Asimismo, manifiesta el tutelante que en primera instancia algunos Jueces Administrativos del Circuito de Armenia han proferido fallos concediendo las pretensiones, mientras que otros despachos de la misma jerarquía y especialidad han negando las pretensiones de las demandas instauradas. En otras palabras, señala el actor, no existe un criterio uniforme sobre el reconocimiento de las pretensiones reclamadas por parte de los docentes dentro de los Jueces Administrativos del Circuito de Armenia. Según manifiesta el peticionario, cerca de doscientos diez (210) procesos de nulidad y restablecimiento del derecho adelantados por docentes han llegado en segunda instancia al Tribunal Administrativo del Quindío, de los cuales, hasta el momento, ese Tribunal ha proferido sentencia en cuarenta y seis (46) de ellos, imponiendo a cargo del Municipio de Armenia el pago de la prima de servicios de los docentes reclamantes, al tiempo que rechaza las pretensiones en cuanto al pago de las restantes prestaciones demandadas. Los cuarenta y seis (46) procesos en los cuales, según el Municipio demandante, se ha accedido a la pretensión de condenar al Municipio de Armenia al pago de la prima de servicios a personal docente son los siguientes: No. de radicación Demandante 1 2009-00076 Lesbia Carlota 2 2009-00094 Libardo Giraldo Gil 3 2009-00531 María del Pilar León Villanueva 4 2009-00043 Dalila Girón Duque 5 2009-00082 Walter León Rodríguez 6 2009-00040 Gloria María Aguirre 7 2009-00054 José Jair Peña Fuentes 8 2009-00066 Nelly Echeverry "Deuribe" 9 2009-00047 Juan de Jesús Caro Castellanos 10 2009-00105 Nidia Rodríguez 11 2009-00041 Gloria Elena Cárdenas 12 2009-00087 Blanca Alcira Urruti Hernández 13 2009-00041 Gloria Elena Cárdenas de Fernández 14 2009-00515 Martha Susana Cárdenas Murillo 15 2009-00050 Anunciación Cifuentes Guevara 16 2009-00037 Francisco José Meneses Ariza 17 2009-00504 Emelia Peña Guerrero 18 2009-00074 Mariela Giraldo Henao 19 2009-00071 Edgar Cruz Henao 20 2009-00073 Teodoro Bustos 21 2009-00136 Fanny Posada de Díaz 22 2009-00043 Sara Nora Castaño 23 2009-00540 Jairo Ramírez Salcedo 24 2009-00089 Martha Lucía Gil de Ruíz 25 2009-00059 Alba Lucía Estrada Ocampo 26 2009-00072 Berenice Rodríguez 27 2009-00064 Gloria Sánchez de López 28 2009-00432 Elizabeth Ariza Herreño 29 2009-00065 Domitila Ardila Piedrahita 30 2009-00033 Jairo Emilio Aguirre Pérez 31 2009-00035 Sandra Victoria Arce Osorio 32 2009-00026 Claudia Patricia Sena Soto 33 2009-00118 María Irma Escobar Pineda 34 2009-00070 Rosa Elcira Ortiz Castro 35 2009-00086 Gloria Campuzano Salgado 36 2009-00519 Melba Cristina Meza Franco 37 2009-00038 Stella Pino Martínez 38 2009-00041 Ligia Beltrán Rivera 39 2009-00027 Julia Elena León Giraldo 40 2009-00075 Zoraida Trujillo Marín 41 2009-00048 Amanda Elena Aguirre 42 2009-00062 José Noved Patiño Velázquez 43 2009-00079 Fabio Riaño Montoya 44 2009-00042 Adiela Maldonado Nieto 45 2009-00083 Jorge Eduardo García 46 2009-00048 Adriana Gómez López Para el tutelante, el Tribunal Administrativo del Quindío interpretó erróneamente el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y le dio un alcance equivocado a la tesis sostenida por la Sección Segunda - Subsección A- del Consejo de Estado, la cual, mediante sentencia de 25 de marzo de 2010, determinó que la prima de servicios es factor salarial para la liquidación de cesantías. Para el tutelante lo anterior no supone la existencia de esa prestación económica (prima de servicios) a favor del personal docente. Considera en consecuencia el peticionario que el Tribunal Administrativo del Quindío ha incurrido, en las cuarenta y seis (46) sentencias censuradas, en “vías de hecho” por cuanto efectuó interpretaciones erradas del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 así como por valorar indebidamente las circunstancias que rodean el asunto. Adicionalmente, según manifiesta el actor, estas decisiones implican unas condenas pecuniarias de un enorme impacto en lo fiscal, lo cual permite afirmar la existencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo examen con ocasión de las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío. El Municipio de Armenia manifiesta adicionalmente que se ha vulnerado su derecho a la igualdad, porque los Tribunales Administrativos de Risaralda y de Caldas han negado la prima de servicios al personal docente en procesos con hechos y pretensiones similares. El tutelante Municipio de Armenia concluye entonces manifestando: “De lo expuesto (…) se puede determinar entonces que existe en el presente caso una equivoca e indebida apreciación de la norma legal (representada en el parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989) así como una indebida aplicación del concepto jurisprudencial que se invocó, situación que dio origen a la presentación de una VIA DE HECHO, al imponer con base en dichos supuestos el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, múltiples condenas a cargo del MUNICIPIO DE ARMENIA, situación que como ya se indicó dará origen a un evidente PERJUICIO IRREMEDIABLE, el cual se traducirá en el pago de enormes cantidades de dinero por concepto de una prestación social no reconocida, ni desarrollada por disposición legal alguna, y que generará un consecuente y lógico detrimento de los recursos públicos destinados a la educación, toda vez que según lo señala el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 715 de 2001, es precisamente con dichos dineros con los cuales se deberá asumir y satisfacer dichas sanciones.”[1] El peticionario solicita entonces la protección de sus derechos a la igualdad y al debido proceso, presuntamente conculcados con las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío de reconocer, a través de sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, el pago a favor de personal docente de la prima de servicios con cargo al Municipio de Armenia, Quindío. Por lo anterior, solicita entonces el actor que se dejen sin efecto las cuarenta y seis (46) sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío en igual número de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones del Municipio de negar el pago de la prima de servicios, entre otras prestaciones sociales, a personal docente: “[. .. ] se sirva tutelar a favor del MUNICIPIO DE ARMENIA, los derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad, los cuales han resultado vulnerados con la actuación de la autoridad judicial TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISIRATIVO DEL QUINDÍO; toda vez que esta misma autoridad judicial dio aplicación a una norma claramente improcedente y que de ninguna manera da origen al derecho prestacional indebidamente reconocido; razón por la cual, se dio lugar a la presencia de una vía de hecho con dicho ejercicio de la jurisdicción, y que se encuentra reflejada en la presencia de un "defecto sustantivo" que a su vez constituye una de las denominadas por la Honorable Corte Constitucional "causales genéricas de procedibilidad" de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, situación que además aunada por el diferente tratamiento legal otorgado por esa misma Entidad Judicial respecto a otros casos semejantes conocidos por otra autoridad de semejante jerarquía, hace viable y procedente solicitar su amparo y trámite mediante el ejercicio de la presente acción.”[2] Al conocer sobre la acción de tutela presentada por el Municipio de Armenia, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la solicitud mediante auto de 20 de enero de 2012 y ordenó comunicar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío como entidad accionada, así como a los cuarenta y seis (46) docentes favorecidos en las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho censuradas a través del recurso de amparo, como interesados en el resultado del procedimiento de tutela. 2. Respuesta de la entidad accionada y de terceros con interés en el proceso 2.1. Tribunal Administrativo del Quindío El Tribunal accionado dio respuesta a la tutela interpuesta por el Municipio de Armenia, Quindío, en contra de su interpretación de las normas vigentes en materia de reconocimiento de la prima de servicios a personal docente. En su respuesta el Tribunal manifiesta, en primer lugar, que el amparo solicitado no cumple con las causales genéricas de procedibilidad, porque “el accionante lo que hace es tratar de utilizar la acción de tutela como un recurso de instancia a fin de obtener una modificación de las decisiones que no le resultaron favorables.”[3] Para el Tribunal “de manera lamentable viene haciendo carrera el mal uso de la acción de tutela – por no decir el abuso de la misma - , para tratar de buscar que en un término exiguo, de máximo diez días, se estudie, analice y defina, lo que ya tuvo ocasión de estudiarse, analizarse y definirse en un proceso ordinario con todas las garantías del caso.”[4] En este sentido, afirma el Tribunal que ha estudiado durante largas sesiones los casos, estableciendo que en efecto los docentes, de acuerdo con la normativa vigente y a los pronunciamientos del Consejo de Estado en la materia, tenían derecho a que se les reconociera la prima de servicios. Sigue el Tribunal afirmando “Sobre el punto no se requiere mayor explicación, pues en los fallos del Tribunal se hace el estudio en extenso del tema. Desde luego, que se entiende que la decisión tiene una honda repercusión en el presupuesto de la entidad, pero de lo que se trata no es de verificar esa afectación, sino encontrar si en efecto a dichos servidores (docentes) se les conculca o no un derecho laboral. El Tribunal encontró que sí, en tanto que el accionante en esta acción constitucional insiste en que no; por lo tanto todo gira en torno a establecer cuál de las dos interpretaciones consulta de mejor manera los principios constitucionales y la legalidad en materia laboral, para un sector en concreto de la administración pública.”[5] De otro lado, en cuanto a la presunta vulneración del derecho a la igualdad del Municipio de Armenia por cuenta de la existencia de pronunciamientos de otros tribunales en un sentido opuesto al de las sentencias censuradas, señala el Tribunal: “bien se sabe que las decisiones de un tribunal no pueden atar a otro, en razón de la autonomía e independencia que se reconoce a la rama judicial. Se desconoce el contenido del fallo de dicha Corporación [Tribunal Administrativo de Risaralda], por lo que resultaría de buen recibo que el H. Consejo de Estado, como máximo tribunal contencioso administrativo del país se pronuncie sobre el tema.”[6] Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Quindío solicitó que se resolvería desfavorablemente el recurso de amparo interpuesto por el Municipio de Armenia. 2.2. Terceros interesados en el proceso de tutela: Intervención de los docentes beneficiados con las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío Treinta y tres (33) de los docentes accionantes en las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que dieron lugar a la decisiones del Tribunal Adminstrativo del Quindío censuradas, respondieron mediante apoderado judicial al amparo presentado por el Municipio de Armenia. En su contestación, el apoderado de los docentes manifiesta que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sido enfática en denegar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, porque de otra manera se estaría haciendo uso de la tutela como una tercera instancia, lo cual iría en contra de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y la inmutabilidad de la sentencia. A continuación, recuerda el apoderado de los docentes la posición de la Sala Plena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en cuanto al uso de la acción de tutela como un medio para infirmar providencias judiciales, advirtiendo que, bajo la doctrina de esa Corporación, la tutela procede de forma excepcional cuando se conculquen derechos constitucionales fundamentales relacionados con el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia. A la luz de esas precisiones, afirma el apoderado de los docentes que el Municipio de Armenia considera vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de la errónea interpretación de las normas en que debía fundarse la decisión del Tribunal. En consecuencia, manifiesta que el único propósito de la acción de tutela es modificar el sentido de los fallos del Tribunal Administrativo del Quindío, adoptados luego de un procedimiento en el cual se surtieron dos instancias, con el cumplimiento de las garantías a la defensa y al debido proceso para el Municipio de Armenia. Para el apoderado de los docentes, la modificación de las sentencias del Tribunal Administrativo del Quindío pretendida por el peticionario a través de la acción de tutela, simplemente porque no se comparte el fondo de las mismas, desconocería los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica e incluso de independencia y autonomía de los jueces. Por lo anterior, solicita declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el Municipio de Armenia, porque a su juicio el propósito del tutelante no es otro que modificar la decisión sobre el fondo de la controversia por estar en contravía de sus intereses y no por existir vulneración alguna de sus derechos fundamentales. 3. Sentencia de primera instancia La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 16 de febrero de 2012 negó el amparo de tutela. Consideró el a quo que en el caso bajo examen no se presentan las dos situaciones excepcionales que, para esa Sala, permiten la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales (desconocimiento del acceso a la administración de justicia y del derecho de defensa), pues no se alega ni demuestra que las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío contengan razonamientos caprichosos o arbitrarios, que lesionen los derechos a la defensa o al acceso a la administración de justicia del Municipio de Armenia. Por el contrario, para la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el reclamo del Municipio de Armenia frente a las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío se dirige a modificar el sentido de los cuarenta y seis (46) fallos aludidos, motivado en realidad, únicamente, en no compartir los razonamientos en que el juez de segunda instancia fundó sus conclusiones. En consecuencia, para la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado modificar las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío “implicaría desconocer los principios de cosa juzgada, de seguridad jurídica e incluso de independencia y autonomía de los Jueces consagrados en el artículo 228 de la Carta Política, y representaría la equivocación de admitir que el Juez de tutela puede inmiscuirse en todos los casos en las competencias del Juez natural del asunto por la sola razón del desacuerdo de alguna de las partes con lo que éste resolvió como autoridad judicial en ejercicio de sus legítimas competencias.”[7] 4. Impugnación El apoderado del tutelante impugnó la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por considerar que la decisión de primera instancia desconoció la doctrina de la Corte Constitucional contenida en la sentencia T- 613 de 16 de junio de 2005, acerca de la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales cuando estas son constitutivas de una vía de hecho, situación que no fue analizada mediante el fallo objeto de impugnación. De otro lado, insiste el impugnante acerca de la existencia de un desconocimiento del principio de igualdad por cuenta de la ausencia de un criterio unificado en la jurisprudencia acerca de la posible reclamación de la prima de servicios por parte de docentes, asunto que merece, dice el actor, un pronunciamiento del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 5. Sentencia de segunda instancia La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de mayo de 2012 (M.P. María Elizabeth García Gonzalez) confirmó la sentencia proferida por la Sección Quinta de la misma Corporación, mediante la cual se negó el amparo de tutela de los derechos al debido proceso y a la igualdad solicitado por el Municipio de Armenia. Para el ad quem procede la acción de tutela contra providencias judiciales de manera excepcional, cuando se trata de casos de violación del derecho de acceso a la administración de justicia, “cuando la persona afectada no tuvo siquiera la oportunidad de ingresar al proceso, pues en este caso no se quebranta la cosa juzgada ni la seguridad jurídica que caracterizan a las providencias judiciales que han puesto fin a un proceso, entendiendo la cosa juzgada como aquella que da a los fallos ejecutoriados el carácter de inmutables, intangibles, indiscutibles y obligatorios que, ,por lo mismo no pueden ser modificados.”[8] Concluye la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, manifestando para el caso concreto: “Es claro que, en este caso, el actor no está de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual no constituye una situación excepcional que dé lugar a conceder el amparo de los referidos derechos fundamentales, máxime si el accionante tuvo la oportunidad de controvertir las decisiones que les resultaron desfavorables en los respectivos procesos.”[9] 6. Providencias del Tribunal Administrativo del Quindío aportadas al proceso Mediante auto de noviembre 8 de 2012 esta Sala ordenó al Tribunal accionado que aportara copia de las cuarenta y seis (46) providencias judiciales que el peticionario estima vulneratorias de sus derechos al debido proceso y a la igualdad. Mediante comunicaciones de los días 16 y 29 de noviembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Quindío hizo llegar en medio magnético veintinueve (29) de los pronunciamientos controvertidos, que, sumados a los aportados previamente por la parte actora, completan en total treinta y dos (32) providencias obrantes en el proceso, así: No. de radicación Demandante Providencia 1 2009-00076 Lesbia Carlota Sentencia de octubre 27 de 2011 2 2009-00094 Libardo Giraldo Gil Sentencia de octubre 27 de 2011 3 2009-00043 Dalila Girón Duque Sentencia de octubre 27 de 2011 4 2009-00082 Walter León Rodríguez Muriel Sentencia de octubre 27 de 2011 5 2009-00040 Gloria Marina Aguirre de López Sentencia de octubre 27 de 2011 6 2009-00054 José Jair Peña Fuentes Sentencia de octubre 27 de 2011 7 2009-00066 Nelly Echeverry de Uribe Sentencia de octubre 27 de 2011 8 2009-00047 Juan de Jesús Caro Castellanos Sentencia de octubre 27 de 2011 9 2009-00105 Nidia Rodríguez Sentencia de octubre 27 de 2011 10 2009-00087 Blanca Elcira Urruti Hernández Sentencia de octubre 27 de 2011 11 2009-00041 Gloria Elena Cárdenas de Fernández Sentencia de diciembre 14 de 2011 12 2009-00515 Martha Susana Cárdenas Murillo Sentencia de octubre 27 de 2011 13 2009-00050 Anunciación Cifuentes Guevara Sentencia de octubre 27 de 2011 14 2009-00037 Francisco José Meneses Ariza Sentencia de octubre 27 de 2011 15 2009-00504 Emelia Peña Guerrero Sentencia de octubre 27 de 2011 16 2009-00074 Mariela Henao Giraldo Sentencia de octubre 27 de 2011 17 2009-00071 Edgar Cruz Henao Sentencia de octubre 27 de 2011 18 2009-00073 Teodoro Bustos Sentencia de octubre 27 de 2011 19 2009-00136 Fanny Posada de Díaz Sentencia de octubre 27 de 2011 20 2009-00043 Sara Nora Castaño de Botero Sentencia de octubre 27 de 2011 21 2009-00065 Domitila Ardila Piedrahita Sentencia de octubre 27 de 2011 22 2009-00118 María Irma Escobar Pineda Sentencia de octubre 27 de 2011 23 2009-00519 Melva Cristina Mesa Franco Sentencia de octubre 27 de 2011 24 2009-00038 Stella Pino Martínez Sentencia de octubre 27 de 2011 25 2009-00041 Ligia Beltrán Rivera Sentencia de octubre 27 de 2011 26 2009-00027 Julia Elena León Giraldo Sentencia de octubre 27 de 2011 27 2009-00075 Zoraida Trujillo Marín Sentencia de octubre 27 de 2011 28 2009-00048 Amanda Elena Aguirre Sentencia de octubre 27 de 2011 29 2009-00062 José Noved Patiño Velázquez Sentencia de octubre 27 de 2011 30 2009-00079 Fabio Riaño Montoya Sentencia de octubre 27 de 2011 31 2009-00042 Adiela Maldonado Nieto Sentencia de octubre 27 de 2011 32 2009-00083 Jorge Eduardo García Laverde Sentencia de octubre 27 de 2011 II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico En este caso, el tutelante Municipio de Armenia considera que el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró sus derechos a la igualdad y al debido proceso al ordenar el pago de la prima de servicios a docentes oficiales, con base en lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y en una sentencia de la Subsección “A” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Para el actor se configura un defecto sustantivo en las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío por cuenta de la indebida interpretación y aplicación de la norma y de las sentencias mencionadas, defecto que debe llevar al juez constitucional a invalidar las providencias materia de análisis. De otro lado, el Tribunal accionado y treinta y tres (33) de los docentes demandantes en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que dieron lugar las decisiones acusadas, contestaron la acción de tutela advirtiendo que el Municipio peticionario únicamente pretende modificar, a través del recurso de amparo, decisiones juridiciales que no comparte y que resultan parcialmente contrarias a sus intereses. Coinciden en afirmar que las decisiones del Tribunal demandado no vulneraron garantías iusfundamentales del peticionario. En ese orden de ideas, corresponde a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío, con ocasión de la decisión de reconocer el pago de la prima de servicios a docentes oficiales en el marco de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del Municipio de Armenia. En concreto corresponde entonces a la Sala responder las siguientes preguntas: (i) ¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la interpretación dada por el Tribunal demandado a lo previsto en la Ley 91 de 1989 y su aplicación como fundamento para reconocer la prima de servicios a docentes oficiales? (ii) ¿Vulneró la decisión del Tribunal demandado los derechos fundamentales invocados por la entidad territorial demandante, al haber resuelto, en segunda instancia, dentro de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, condenar al Municipio de Armenia a pagar la prima de servicios a los docentes estatales reclamantes? Con el fin de resolver el anterior problema jurídico y dar cuenta de las preguntas formuladas, la Sala: (i) precisará la legitimación por activa que ostenta el Municipio tutelante para reclamar mediante el recurso de amparo la protección de los derechos fundamentales que le asisten en su condición de persona jurídica de derecho público; (ii) abordará un asunto previo, relacionado con la tesis de las secciones Quinta y Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales únicamente ante “vías de hecho”; (iii) presentará la evolución de la doctrina de esta Corte respecto de la procedencia de la acción de tutela como medio judicial para infirmar providencias judiciales; (iv) reiterará la jurisprudencia constitucional respecto de los requisitos generales y las causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo contra decisiones judiciales; (v) también a la luz de la doctrina de esta Corporación, precisará el sentido y alcance de la causal específica invocada por la entidad demandante, vale decir, el denominado defecto sustantivo o material; (vi) precisará, con base en la jurisprudencia de este Tribunal, que no se configura una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en casos de interpretaciones divergentes de operadores judiciales de la misma jerarquía y especialidad; y, (vii) efectuará un análisis del caso concreto, estableciendo el eventual cumplimiento de los requisitos generales y de la causal específica de procedibilidad del recurso de amparo respecto de las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío controvertidas, así como la posible vulneración de las garantías al debido proceso y a la igualdad invocadas por la parte actora. 3. Legitimación por activa para la presentación de la acción de tutela por una persona jurídica de derecho público, dada su titularidad de algunos derechos de rango fundamental. Reiteración de jurisprudencia El artículo 86 de la Constitución Política contempla que toda persona tiene “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. De otro lado, el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 señala que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto”. De esta manera, con arreglo a estas dos disposiciones, la titularidad para el ejercicio de la acción de tutela, como requisito de procedibilidad de la acción, se encuentra en cabeza de toda persona cuyos derechos fundamentales hayan sido vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares en los casos que la ley establece, pudiendo solicitar el amparo de manera directa o a través de representante, con el fin de alcanzar la protección inmediata de los mismos. En materia de titularidad de la acción de tutela el artículo 86 constitucional no hace entonces distinción alguna, de manera que la misma es predicable no sólo de las personas naturales sino también de las jurídicas. Así se ha sostenido en la jurisprudencia de esta Corporación. Las personas jurídicas, y entre ellas las personas jurídicas de derecho público, se encuentran legitimadas en la causa por activa para interponer acción de tutela para la protección de las garantías de carácter iusfundamental que les asisten, como es el caso, entre otros, de los derechos al debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el habeas data y el derecho al buen nombre. Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación señaló: “Hay derechos de las personas jurídicas, que ellas pueden reclamar dentro del Estado Social de Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y a hacer que les sean respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama de derechos que les corresponden, los hay también fundamentales, en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto. La naturaleza propia de las mismas personas jurídicas, la función específica que cumplen y los contenidos de los derechos constitucionales conducen necesariamente a que no todos los que se enuncian o se derivan de la Carta en favor de la persona humana les resulten aplicables. Pero, de los que sí lo son y deben ser garantizados escrupulosamente por el sistema jurídico en cuanto de una u otra forma se reflejan en las personas naturales que integran la población, la Corte Constitucional ha destacado derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre otros. En conexidad con ese reconocimiento, ha de señalar la Corte que las personas jurídicas tienen todas, sin excepción, los enunciados derechos y que están cobijadas por las garantías constitucionales que aseguran su ejercicio, así como por los mecanismos de defensa que el orden jurídico consagra. De allí que la Corte Constitucional haya sostenido desde sus primeras sentencias que son titulares no solamente de los derechos fundamentales en sí mismos sino de la acción de tutela para obtener su efectividad cuando les sean conculcados o estén amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular (art. 86 C.P.) (…) Dentro de las personas jurídicas, las estatales propiamente dichas así como las de capital mixto -público y privado- no están excluidas de los derechos fundamentales, en lo que se ajuste a su naturaleza, actividad y funciones, toda vez que, por conducto de sus órganos y con indudable repercusión en el interés y en los derechos de los seres humanos, son sujetos que obran con mayor o menor autonomía dentro del cuerpo social, que no puede menos de reconocer su existencia y su influjo, benéfico o perjudicial según cada caso, como tampoco ignorar sus obligaciones, deberes, cargas y prerrogativas. La persona jurídica pública no es un simple enunciado teórico ni una ficción, como durante algún tiempo lo aceptaron la ley y la doctrina, sino una incontrastable y evidente realidad que las normas no ignoran ejerce derechos y contrae obligaciones.”[10] En consecuencia, las personas jurídicas de derecho público, y entre ellas las entidades territoriales, son titulares de derechos fundamentales bajo precisos requerimientos. En este sentido, este Tribunal ha sostenido que “las personas jurídicas de Derecho Público pueden ser titulares de aquellos derechos fundamentales cuya naturaleza así lo admita.”[11] Aceptada en tales términos la titularidad de algunos derechos fundamentales por parte de personas jurídicas, y entre ellas, de las personas jurídicas de derecho público, como son, entre otras, las entidades territoriales, se encuentran entonces éstas constitucionalmente habilitadas para ejercitarlos y defenderlos a través de los recursos que, para tales efectos, ofrece el ordenamiento jurídico, como es el caso de la acción de tutela del artículo 86 constitucional. En atención a lo anterior, encuentra esta Sala que en el caso examinado el municipio de Armenia, como entidad territorial y persona jurídica de derecho público titular de derechos fundamentales, podía presentar acción de tutela a través de su alcalde, con el fin de reclamar la protección de las garantías que considera conculcadas como resultado de las decisiones judiciales del Tribunal Administrativo del Quindío materia de controversia. 4. Un asunto previo: la tesis de las secciones Quinta y Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales únicamente ante “vías de hecho” En los fallos de primera y segunda instancia dentro de este proceso de tutela, las secciones Quinta y Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado denegaron el amparo solicitado con base en la doctrina de la procedencia de la acción de tutela ante la ocurrencia de una “vía de hecho”. En efecto, las dos secciones sostienen en sus decisiones que el recurso de amparo sólo procede excepcionalmente cuando existe un completo desconocimiento del acceso a la administración de justicia y del derecho de defensa, al punto que “la persona afectada no tuvo siquiera la oportunidad de ingresar al proceso, pues en este caso no se quebranta la cosa juzgada ni la seguridad jurídica que caracterizan a las providencias judiciales que han puesto fin a un proceso, entendiendo la cosa juzgada como aquella que da a los fallos ejecutoriados el carácter de inmutables, intangibles, indiscutibles y obligatorios que, por lo mismo, no pueden ser modificados.”[12] Si bien esta Sala comparte la observación de las secciones mencionadas del Consejo de Estado en cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y reconoce que este recurso en ningún momento podrá convertirse en una tercera instancia, ante la cual se puedan discutir nuevamente todos los asuntos judiciales ordinarios, sí encuentra necesario hacer notar la evolución de la jurisprudencia constitucional en materia de procedibilidad del recurso de amparo contra providencias judiciales. Así, esta Sala considera importante relievar cómo a partir de la noción original de vía de hecho, este Tribunal ha construido una amplia y bien establecida jurisprudencia acerca de los requisitos generales y las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, tal como se reitera a continuación. Por lo anterior, y en atención a que en el caso bajo examen se controvierte una decisión judicial por la presunta vulneración de garantías fundamentales del Municipio tutelante, encuentra la Sala necesario hacer algunas precisiones en torno al desarrollo de la jurisprudencia constitucional en materia de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En particular, se hará énfasis en la posición actual de esta Corporación en cuanto a su procedencia cuando se cumplan los requisitos generales y las causales específicas. 5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia Con base en lo dispuesto en el artículo 86 constitucional en cuanto a la procedencia del recurso de amparo respecto de acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, esta Corte se encontró por primera vez ante la posibilidad de admitir la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales al estudiar la constitucionalidad de las normas que al respecto incluía el Decreto 2591 de 1991. En esa oportunidad, mediante la sentencia C-543 de 1992, este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales. No obstante haber declarado la inconstitucionalidad de las normas mencionadas, esta Corporación precisó que existe la posibilidad excepcional de controvertir decisiones judiciales a través del recurso de amparo, cuando tales decisiones conculquen derechos de carácter iusfundamental. En ese sentido, esta Corte manifestó: “De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.”[13] En consecuencia, en la sentencia C-543 de 1992 se admitió la procedencia excepcional[14] de la acción de tutela, pues los jueces y tribunales, en su condición de autoridades públicas y tratándose de operadores judiciales, pueden vulnerar derechos fundamentales en el marco de su función de impartir justicia.[15] Así, para este Tribunal es claro que los jueces no pueden estar exentos del escrutinio que impone el respeto a las garantías fundamentales, ni, en consecuencia, de la posibilidad de que sus decisiones sean infirmadas a través del recurso de amparo, cuando estas decisiones conllevan a vulneraciones de derechos fundamentales. A partir de esos razonamientos, esta Corporación comenzó a utilizar el criterio de vía de hecho, como pauta orientadora para determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Se entendió así que una vía de hecho tenía lugar cuando la decisión judicial conllevaba una violación flagrante y grosera de la Constitución, por cuenta de la actuación caprichosa y arbitraria de la autoridad jurisdiccional. Así adoptada, consideraba esta Corte, la decisión ya no se encuentra en el ámbito de lo jurídico, sino que constituye una vía de hecho judicial: “La vía de hecho judicial y ha señalado que ésta existe ‘cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos constitucionales de la persona’. En efecto, en tales circunstancias, el funcionario judicial antepone de manera arbitraria su propia voluntad a aquella que deriva de manera razonable del ordenamiento jurídico, por lo cual sus actuaciones, manifiestamente contrarias a la Constitución y a la Ley, no son providencias judiciales sino en apariencia. En realidad son vías de hecho, frente a las cuales procede la tutela, siempre y cuando se cumplan los otros requisitos procesales señalados por la Constitución, a saber que se esté vulnerando o amenazando un derecho fundamental, y la persona no cuente con otro medio de defensa judicial adecuado.”[16] Con el tiempo este razonamiento y el concepto original de vía de hecho se vieron superados por una sólida y amplia jurisprudencia constitucional, vigente actualmente. Conforme a esta doctrina constitucional, el concepto de vía de hecho resulta incluido en uno más amplio, relativo a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales: unos de carácter general (requisitos formales de procedibilidad) y otros específicos (de tipo sustancial que corresponden a eventos en los que un fallo puede comportar la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales). Estos requisitos fueron compilados primero en la Sentencia T-462 de 2003 y posteriormente en la Sentencia C-590 de 2005.[17] Así, por ejemplo, en la sentencia C-590 de 2005 este Tribunal partió de advertir que la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales encuentra fundamento no sólo en el artículo 86 constitucional, sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25), incorporados en el orden interno por mandato del artículo 93 de la Carta Superior. Con base en esas disposiciones, el Estado colombiano se encuentra en la obligación de implementar un recurso sencillo, efectivo y breve de protección efectiva de los derechos fundamentales contra cualquier acción u omisión de las autoridades públicas que pudiera vulnerarlos.[18] Conforme a lo anterior, en la perspectiva de asegurar la realización de este derecho se hace necesario disponer de un mecanismo judicial que permita demandar la protección de los derechos de los ciudadanos cuando, en ejercicio de sus atribuciones como autoridad pública, los jueces los desconozcan, vulneren o amenacen con vulnerarlos. Con base en estas consideraciones, esta Corporación en la mencionada sentencia C-590 de 2005 definió entonces los requisitos generales que hacen procedente la acción de tutela contra una providencia judicial, y las causales específicas para su procedibilidad una vez interpuesto el recurso de amparo, vale decir, aquellas que determinan su posible éxito como medio para invalidar providencias judiciales: “[L]os casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela. Esta línea jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido objeto de detenidos desarrollos. En virtud de ellos, la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto.”[19] Así, de un lado, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige a controvertir una providencia judicial son: (i) La relevancia constitucional de la cuestión que se discute a la luz de los derechos fundamentales de las partes.[20] En atención a este primer requisito general de procedencia, la tarea inicial del juez de tutela consiste en “indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.”[21] (ii) El cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, de manera que se hubieren agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial existentes para dirimir la controversia, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.[22] Con esto se pretende asegurar que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales no termine vaciando las atribuciones que la propia Constitución Política y la ley han asignado a otras jurisdicciones, con la consecuente concentración de los poderes inherentes a ellas en la jurisdicción constitucional. (iii) La inmediatez en la interposición de la acción de tutela, vale decir, que ésta se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. Lo anterior encuentra fundamento en el texto mismo del artículo 86 constitucional, que establece la acción de tutela con el fin de asegurar la “protección inmediata” de derechos constitucionales fundamentales. Por el contrario, como ha manifestado esta Corte, permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la providencia judicial, implicaría el sacrificio de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, privando todas las decisiones judiciales de la certidumbre necesaria para ser mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.[23] (iv) El carácter decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, cuando se trate de alegar la existencia de una irregularidad procesal.[24] (v) La identificación por la parte actora en sede de tutela de los hechos que dieron lugar a la presunta vulneración de derechos fundamentales y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial ordinario, siempre que esto haya sido posible. (vi) Por último, la censura de una providencia judicial que no corresponda a una sentencia adoptada en un proceso de tutela, pues admitir el recurso de amparo contra la sentencia que puso fin a un proceso de tutela sería tanto como permitir que los debates sobre la protección de los derechos fundamentales se prolongasen de manera indefinida.[25] De esta manera, la primera tarea que tiene el juez de tutela ante un recurso de amparo contra providencias judiciales consiste en establecer si en el caso bajo examen se cumplen los requisitos o causales de procedibilidad de carácter general que acaba de enumerar la Sala. Sólo cuando quede plenamente establecido el cumplimiento de los anteriores requisitos, el juez constitucional podrá conceder el amparo solicitado, en tanto encuentre probada la ocurrencia de alguno(s) de los defectos constitutivos de las denominadas causales específicas de procedibilidad de la tutela contra sentencias: (i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que dicta la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello. (ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. (iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[26] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (v) Error inducido, cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo ha llevado a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales. (vi) Decisión sin motivación, que se configura cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos en los que se apoya su decisión. (vii) Desconocimiento del precedente, que se manifiesta, por ejemplo, cuando un juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente el alcance de un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. (viii) Violación directa de la Constitución.[27] En síntesis, cumplidos los requisitos o causales de carácter general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, así como alguno(s) de los defectos constitutivos de las causales específicas, el juez constitucional no tiene otro camino que invalidar la providencia judicial atacada mediante la acción de tutela y conceder el amparo solicitado de los derechos fundamentales conculcados con la actuación del administrador de justicia. De esta manera, con el desarrollo de esta jurisprudencia y con la precisión de los requisitos, tanto generales como específicos, de procebibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, este Tribunal ha procurado conservar “un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial –pilares de la administración de justicia en un estado democrático-, y la prevalencia y efectividad de los derechos fundamentales –razón de ser del estado constitucional y democrático de derecho-.”[28] 6. El defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia En primer lugar, conviene recordar cuál es el fundamento del reconocimiento del defecto sustantivo como una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, no obstante el necesario respeto de la autonomía de los jueces y tribunales en su labor de interpretar y aplicar las normas jurídicas. Al respecto, este Tribunal ha señalado que la “construcción dogmática del defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela, parte del reconocimiento de la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.”[29] Al sintetizar los requisitos generales y las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación, en la sentencia C-590 de 2005, describió el defecto sustantivo como “los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.”[30] A partir de esa definición, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una serie de subreglas que permiten determinar la existencia de un defecto sustantivo. En este sentido, son múltiples los pronunciamientos de este Tribunal en los que se han precisado circunstancias en las que se puede estar frente al denominado defecto sustantivo[31]. Al respecto, conviene recordar que la sentencia SU-448 de 2011[32] sintetizó los supuestos de configuración de un defecto material o sustantivo así: (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[33], b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[34], c) es inexistente[35], d) ha sido declarada contraria a la Constitución[36], e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[37] (ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable[38] o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”[39] o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”[40] (iii) cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes[41], (iv) la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva[42] o contraria a la Constitución[43]. (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”[44] (vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[45] (vii) cuando se desconoce la norma del ordenamiento jurídico constitucional o infraconstitucional aplicable al caso concreto.[46] (viii) cuando se adopta una decisión “con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación[47] que afecte derechos fundamentales”[48]; (ix) “cuando se desconoce el precedente judicial[49] sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[50]”[51], o (x) “cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso[52]”[53]. Así las cosas, alegado el defecto sustantivo por parte del tutelante, le corresponde al juez de tutela determinar si se configura alguno(s) de los supuestos mencionados dentro de la actuación de la administración de justicia, y en caso afirmativo, proceder a invalidar las decisiones judiciales así adoptadas. 7. Inexistencia de una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por el hecho de sostenerse un criterio diferente al de otros operadores judiciales de la misma jerarquía y especialidad El tutelante afirma que la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío vulnera su derecho a la igualdad en razón a que otros tribunales administrativos, de Risaralda y Caldas según afirma, sostienen una interpretación diferente de las mismas normas, interpretación que los ha llevado a negar la prima de servicios a docentes estatales. Sin embargo, a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal el hecho de sostenerse, en una decisión judicial, un criterio diferente al utilizado por otros operadores judiciales de la misma jerarquía y especialidad, no implica per se una violación del principio de igualdad, ni constituye en sí mismo una de las causales específicas para la procedibilidad de la acción de tutela respecto de providencias judiciales. Ese supuesto, tal como se acaba de ver, no ha sido considerado por esta Corporación como una de las circunstancias que dan lugar a predicar la existencia de u...