Sentencia T-1061 de 2005

T-1061-05 II Sentencia T-1061/05 LEY 546 de 1999-Doctrina de la Corte Constitucional sobre el artículo 42 parágrafo 3 PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación y archivo de procesos en curso a 31 de diciembre de 1999 una vez efectuada la reliquidación PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación y archivo de procesos Referencia: expedientes T-1180244 Acción de tutela presentada por Carlos Quijano y Stella Guarin contra el Banco Colmena y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué. Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005). La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente. SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo adoptado por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Quijano y Stella Guarin, contra el Banco Colmena y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia. I. ANTECEDENTES. El señor Carlos Quijano y Stella Guarin presentaron acción de tutela el dieciocho (18) de mayo de 2005, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué (reparto), contra el Banco Colmena y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué; porque consideran que las demandadas les están violando los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, a una vivienda digna y derecho de defensa por los hechos que se resumen a continuación: A. Hechos Manifiesta que adquirió una vivienda por medio de un préstamo con el Banco Colmena, pero con el paso del tiempo las cuotas desbordaron su capacidad de pago, por lo cual le fue imposible cumplir con la obligación. En razón a la crisis económica y al cobro excesivo realizado por la entidad financiera, el Banco promovió demanda ejecutiva con título hipotecario, antes del 31 de diciembre de 1999. La sentencia T-701 del 2004, acogiendo varios fallos anteriores y en especial las sentencias de la Corte Constitucional, ordenó la terminación de los procesos iniciados con anterioridad a esa fecha por ministerio de la ley. B. Pretensiones. Solicita el amparo de sus derechos a la igualdad, debido proceso, a una vivienda digna y a la defensa. Que de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional se disponga la suspensión de la entrega del inmueble y se decrete la terminación del proceso ejecutivo hipotecario. C. Respuesta de los demandados al Juez de tutela 1. Respuesta del Juez Cuarto Civil del Circuito de Ibagué. En comunicación de fecha del 31 de mayo de 2005, el Juez se refirió a la solicitud hecha por el juez de tutela en los siguientes términos: “Manifestó que ante este despacho se adelanta el proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por Colmena, contra Carlos Quijano y Stella Guarín. Se adelantó el trámite correspondiente a dicho proceso, se efectuó el remate respectivo, encontrándose pendiente la aprobación del mismo. Es de advertir que no se ha incurrido en vía de hecho en el trámite agotado hasta la fecha, el cual se ajusta a derecho”. Aporta prueba de toda la actuación obrante en el proceso (folio 98). 2. Respuesta de la representante del Banco Colmena. En comunicación de fecha del 8 de junio de 2005, la representante del Banco se opuso a esta acción de tutela al precisar que el señor Carlos Quijano fue titular de un crédito para vivienda (No 0520170017639), desembolsado el 7 de octubre de 1996, por un valor de $ 50.000.000 de pesos, con tasa del 12% y un plazo de 180 cuotas mensuales. El titular del crédito incumplió la obligación incurriendo en mora, por ese motivo el Banco Colmena en su calidad de acreedor hipotecario, inició un proceso ejecutivo con título hipotecario en contra del deudor de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en las normas de procedimiento civil. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, conoció de dicho proceso. La parte demandada fue notificada personalmente, y a partir de esta etapa ha tenido la posibilidad de presentar bien sea en la contestación de la demanda o en los recursos, su inconformidad respecto a las pretensiones de la demanda, con lo que se puede afirmar que el accionante tuvo en su momento la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Surtidas las actuaciones procésales el Juzgado decretó el embargo y el secuestro del inmueble que garantizaba la mencionada obligación. Es importante aclarar que Colmena presentó la liquidación del crédito mencionado, el cual fue reliquidado en los términos de la ley 546 de 1999 y las sentencias de la Corte Constitucional. El 10 de junio de 2004, se realizó la diligencia de remate, y se confirmó por el Tribunal Superior de Ibagué, con fecha 18 de mayo de 2005, la decisión proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito. Igualmente en ejercicio del derecho de defensa Colmena entidad bancaria, manifiesta que la acción de tutela no es el medio idóneo para controvertir una decisión proferida por la jurisdicción ordinaria, porque es ante esa vía que debe controvertir las decisiones y ejercer su derecho al debido proceso (folios 110 al 135). D. Sentencia de Primera instancia. Mediante sentencia del trece (13) de junio de dos mil cinco (2005), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Sala Civil, denegó la tutela solicitada, al considerar que en principio la tutela no procede contra providencias judiciales, salvo cuando los funcionarios en su decisión emplean vías de hecho. Así las cosas, en el caso en estudio indica que la vía de hecho se traduce en no haberse terminado el proceso compulsivo que se le sigue en su contra, ya que para el actor el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C-704 de 2004, ordenó la terminación de los procesos iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, por ministerio de la ley. Ahora bien, los ejecutados elevaron ante el señor Juez de conocimiento la solicitud de nulidad, aduciendo que: “la reliquidación del crédito no se encuentra efectuada de acuerdo a lo establecido en las sentencias de la Corte Constitucional y mucho menos aplicando la ley 546 de 1999...” y por otro lado, “presentaron la objeción a la reliquidación del crédito formulada”. En este orden de ideas los ejecutados, no han elevado la petición ante la Dependencia Judicial, en forma precisa en el sentido de exigir la terminación de la ejecución, tal como lo ordena la sentencia C-704 de 2004, de esta suerte sin haber formulado de una manera clara y leal ante el Juzgado de conocimiento la terminación del proceso, está tutela se torna improcedente, puesto que si la parte no ha hecho uso de las herramientas que la ley procesal ha puesto a su disposición dentro del proceso, ni ha pedido la terminación del mismo, no puede sostenerse validamente la violación mencionada. Por todo lo anterior el amparo deprecado debe rechazarse (folios 137 al 139). E. Impugnación. El actor impugnó la anterior decisión, señalando que es un deber constitucional del Juez impartir la justicia ajustada a la prevalencia del derecho sustancial dentro de los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejerció de la función pública. Agrega que la naturaleza general, abstracta e impersonal de la ley, obliga que el Juez al fallar en un caso concreto haga un juicio de valor con el fin de adecuar la ley a cada situación particular. El actor reitera los argumentos de la demanda de tutela, haciendo especial énfasis en lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, que según sostiene conlleva necesariamente a que se decrete la terminación del proceso adelantado en su contra por el Banco Colmena. Agrega que en su caso, procede la intervención del Juez constitucional para que ordene decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto que libró el mandamiento de pago, para brindar una nueva oportunidad de defensa a la demanda del señor Carlos Quijano y su esposa, quienes se encuentran avocados a desalojar la vivienda. Agrega que, frente al auto que aprobó el remate y dispuso la adjudicación del inmueble a la entidad ejecutante, interpusieron un recurso de apelación que se encuentra en trámite, con el fin que el Tribunal revise la totalidad de la actuación, detecte los errores señalados y decrete la nulidad de lo actuado en el proceso hipotecario. F. Sentencia de segunda instancia Mediante sentencia del veintiocho (28) de julio de dos mil cinco (2005), la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, confirmó el fallo del a quo, por razones diferentes, al reiterar la jurisprudencia esta Corporación la cual ha dicho en diversas oportunidades y en casos similares al aquí planteado, que el despacho accionado no incurrió en vía de hecho en el trámite del proceso ejecutivo adelantado en su contra al no terminar el proceso, con fundamento en el parágrafo 3 del artículo 42 de la ley 546 de 1999, por cuanto no estaban cumplidos los requisitos exigidos en dicha norma para esos efectos. Hay que tener en cuenta que el querer del legislador al expedir la ley de vivienda fue : “... otorgar una oportunidad a los deudores de créditos hipotecarios de vivienda que estuviesen en mora, para efectos de que hicieran el esfuerzo de ponerse al día y evitar la perdida de su vivienda” de tal manera que si los mismos no adelantan las gestiones conducentes a esa finalidad, y a pesar de la reliquidación la obligación no queda solucionada según lo exige la norma sustancial y procesal sobre la materia, no puede pretenderse que el proceso permanezca suspendido definitivamente o que se de por terminado sin más requisitos. El parágrafo 3 del articulo 42 de la ley 546 de 1999, luego del examen de constitucionalidad revela que: “los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales tendrán derecho a solicitar la suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el Juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de la obligación...” Razón por la cual, cuando la obligación no quede al día, ni que las partes comprometidas hayan convenido la refinanciación de la misma, no es viable desde el punto de vista legal, dar por terminado de plano el proceso ejecutivo hipotecario con la sola presentación de la liquidación. Por lo tanto, como en el presente caso el Juzgado accionado al observar que después de aplicado el alivio, persistía la mora, no accedió a terminar el proceso, con ello no hubo vulneración alguna de los derechos del demandante; ya que el proceso se inició por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por los demandados con el Banco Colmena, entidad a la que le asiste el derecho de cobrarlas ejecutivamente, pues aun aplicado el alivió que establece la ley 546 de 1999, la obligación continuaba en mora y el proceso se llevó por los cauces que la ley tiene previstos, lo que cierra el paso a la acción impetrada. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera. Competencia. La Sala es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. Segunda. Lo que se debate. El actor considera que se le han violados sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, vivienda digna y derecho de defensa, tanto por el Banco Colmena como por el Juez en el proceso ejecutivo hipotecario, teniendo en cuenta que su proceso fue iniciado antes del 31 de diciembre de 1999, la deuda debió ser reliquidada por la entidad financiera y el proceso terminado y archivado, tal como lo dispone el artículo 42, inciso 3 de la Ley 546 de 1999 y las sentencias de la Corte Constitucional. Por tanto, corresponderá a esta Sala decidir si en el caso en estudio procede la acción de tutela. Tercera. Artículo 42 de Ley 546 de 1999 y su parágrafo 3. Reiteración de jurisprudencia. Teniendo en cuenta la finalidad de la Ley 546 de 1999 y las consideraciones vertidas en la Sentencia C-955 de 2000, esta Corporación, por vía de acción de tutela, ha reiterado que el parágrafo 3° del artículo 42 no reguló una modalidad de terminación del proceso por pago total de la obligación, institución jurídica que siempre ha mantenido vigencia en nuestro ordenamiento, sino la terminación o culminación, por ministerio de la ley, de los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999, sin tener en cuenta el estado de tales procesos, ni la cuantía del abono sobre los créditos en mora, ni las gestiones que pueda adelantar el deudor para lograr la cancelación de las cuotas insolutas del crédito. La interpretación constitucional en este campo, comenzando inicialmente en la Sentencia C-955 de 2000, y luego en las Sentencias SU 846 de 2000, T-606 de 2003, T-701 de 2004, T-199 de 2005, T-258 de 2005 y T-282 de 2005, entre otras, viene entonces sosteniendo que en virtud del precitado parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre de ese mismo año, cuyos créditos en cobro cumplen las condiciones para ser beneficiarios del alivio ofrecido por la precitada ley (arts. 40 y 41), (i) han debido ser suspendidos para que las entidades financieras procedieran a la reliquidación del crédito y, posteriormente, (ii) han debido terminarse ordenándose su archivo definitivo sin consideración adicional ninguna, ya que la única exigencia dispuesta en el precepto para la terminación y archivo fue la reliquidación de los créditos, que en todo caso, luego del juicio de constitucionalidad, debía adelantarse forzosamente, o bien a petición de parte por el deudor, o bien de oficio por el propio juez de la causa[1]. En recientes pronunciamientos esta Corporación, sobre el tema objeto de estudio ha dicho: en la sentencia T-692 de 2005, M.P. Jaime Cordoba Triviño, se refirió a esta situación en los siguientes términos: “En efecto, desde la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000, por medio de la cual se adelantó el control de constitucionalidad de la Ley 546 de 1999, la Corte indicó que la condición para dar por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999 era la reliquidación de la deuda. En este sentido no distinguió la hipótesis en la cual, luego de la liquidación quedaren saldos insolutos o aquella según la cual las partes no pudieran llegar a un acuerdo respecto de la reestructuración del crédito”. De la misma manera, la sentencia T-391 de 2005 M.P Alfredo Beltrán Sierra, al tratar un asunto igual al que ahora se estudia señaló que: “Era deber del juez acusado, después de aportada la reliquidación del crédito, dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario, por ministerio de la ley, sin necesidad de entrar a establecer si dicha liquidación se ajustaba o no a la misma, ya que de existir algún saldo a favor de la entidad financiera éste debía cobrarse en otro proceso diferente al ejecutivo hipotecario en curso”. Posteriormente, la sentencia T-495 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil al estudiar un caso igual al que ahora ocupa a la Corte indicó que: “En el presente caso, considerando que el proceso ejecutivo se inició antes del 31 de diciembre de 1999, y que el mismo surtió su trámite con posterioridad al pronunciamiento de la Corte que definió con efecto de cosa juzgada constitucional el sentido del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, fuerza es concluir que la autoridad judicial demandada, al dictar sentencia y seguir adelante con la ejecución, interpretó equivocadamente la norma en cita y desconoció el precedente jurisprudencial sobre la materia”. Por último, se aclara que en esta providencia no será necesaria la elaboración de un profundo análisis de dicho artículo, toda vez que la posición adoptada por esta Corporación no ha variado. Cuarta. Análisis del caso concreto. En el presente caso resulta necesario verificar si se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y si la Corte debe proceder a tutelar el derecho al debido proceso presuntamente vulnerado. Las actuaciones que se surtieron dentro del proceso ejecutivo hipotecario del Banco Colmena contra Carlos Quijano y Stella Guarin anexadas a la acción de tutela por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, son las siguientes: - El día 2 de noviembre de 1996, el señor Carlos Quijano y Stella Guarin, recibieron un préstamo del Banco Colmena por la suma de $ 50.000.000., con tasa de interés del 12% y un plazo de 180 cuotas mensuales. El crédito fue respaldado mediante hipoteca abierta sin límite de cuantía. - Al transcurrir el tiempo el señor Carlos Quijano incurrió en mora en el pago de sus cuotas. En razón de la mora presentada, el Banco Colmena interpuso demanda ejecutiva ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué- Tolima, quien libró mandamiento de pago y ordenó el embargo del bien objeto de hipoteca, medida que se formalizó el 23 de septiembre de 1998.(fol 38) - El 31 de julio del 2000, el Banco Colmena presentó la liquidación del crédito. (fol 49) - El 18 de octubre de 2000, dando cumplimiento a lo ordenado por el juzgado, en providencia del 18 de agosto de 2000, se dictó dictamen de avaluó del inmueble embargado. El demandado no presentó objeciones a dicho avaluó. - El 31 de octubre de 2000, se fijó fecha para el remate y el demandado solicitó la terminación del proceso, argumentando que la entidad bancaria no ha efectuado la reliquidación del crédito, como lo ordena la Corte Constitucional en la C-955 de 2000. (fol 60). El 20 de noviembre de 2000, realizó la reliquidación del crédito conforme a la ley 546 de 1999 y la sentencia de la Corte Constitucional. (fol 73) - El 30 de noviembre de 2000, el apoderado de la parte demandada, presentó objeciones a la reliquidación presentada por la entidad bancaria. - El 9 de mayo de 2001, la entidad bancaria certifica que el señor Carlos Quijano y la señora Stella Guarin, por presentar 17 cuotas en mora, de conformidad al parágrafo 1 del articulo 42 de la ley 546 de 1999, “la cliente perdió la reliquidación aplicada a la obligación”. (fol 91) - El 21 de junio de 2001, los peritos presentan la reliquidación del crédito, y el 3 de julio de 2001 el apoderado de la parte demandada, presentó la objeción al dictamen pericial, argumentando que se debía condonar los intereses de mora y efectuarse la reestructuración del crédito si fuere necesario. (fol.103) - El 23 de julio de 2001, el juzgado solicita a la Superintendencia Bancaria, encargada de vigilar la entidad ejecutante, efectué la reliquidación del crédito conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dando respuesta a el juzgado el 18 de diciembre de 2001. El 24 de enero de 2002 el apoderado de la parte demandada, presentó la objeción a la reliquidación presentada por la Superintendencia Bancaria. - El 1 de marzo de 2002, el Juzgado de conocimiento, con el fin de darle trámite a la objeción de la liquidación presentada por la Superintendencia Bancaria, procede a designar dos peritos, para que procedan a efectuar la reliquidación del crédito, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. (fol 137) - El 9 de septiembre de 2002, el apoderado de la parte ejecutante, solicita al juez seguir con el curso del proceso, debido a que la parte demandada ha recurrido todas las actuaciones del proceso, sin ningún fundamento jurídico. - El 26 de septiembre de 2002, el Juzgado de conocimiento aprueba la reliquidación de la Superintendencia Bancaria y declara no probada la objeción propuesta. - El 3 de octubre de 2002, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del auto proferido el 26 de septiembre del año en curso. El juzgado concedió el recurso de apelación en efecto diferido ante el Tribunal Superior de Ibagué Sala Civil. (fol 159) - El 12 de mayo de 2003, el Tribunal Superior de Ibagué Sala Civil, confirmó en todas sus partes, la providencia recurrida. - El 22 de mayo de 2003, el Juzgado de conocimiento señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de remate de los bienes embargados, secuestrados y avaluados dentro del proceso. La postura admisible será el 70% del avaluó (145.275.000), previa consignación del 40% para poder hacer posturas. (fol 164) - El 10 de noviembre del 2003, el apoderado de la parte demandada, solicitó a la entidad demandante que certificará: ¿si al crédito objeto del presente proceso, se le aplicó la reliquidación y si fue así cual fue el valor?, ¿ cuantas cuotas se encontraban en mora al 31 de diciembre de 1999?, ¿cuál fue la condonación de los intereses moratorios?, ¿si con la aplicación de la reliquidación la obligación quedó al día o no? ¿si no quedó al día que conceptos generaban mora a la mencionada fecha? - El 12 de noviembre de 2003, el Juzgado no acepta lo solicitado, anteriormente, por cuanto lo pretendido ya fue objeto de debate. El apoderado de la parte demandada interpone recurso de reposición y en subsidió el de apelación en contra de esta decisión. - El 5 de diciembre de 2003, el juzgado de conocimiento repone el auto atacado y en consecuencia oficia a la entidad ejecutante para que suministre la información solicitada. (fol 172). El 10 de diciembre de 2003, la entidad bancaria aporta la información solicitada. (fol 173) y el 27 de enero de 2004, el apoderado del demandado presenta objeción a dicha información. El 4 de febrero de 2004, el juzgado no le da trámite a la objeción, argumentando que esta ya fue resuelta el 26 de septiembre de 2002, decisión que fue confirmada por el superior. Y señala la hora y fecha (2:pm y la fecha 15 de abril del año en curso), para realizar la diligencia de remate. (fol 181) - El 11 de febrero de 2004, el apoderado de la parte demandada, interpone recurso de reposición en subsidio el de apelación, en contra del auto con fecha del 4 de febrero de 2004, argumentando que según las determinaciones de la Corte Constitucional, se debe revocar el auto que fijó la fecha y hora del remate. (fol 183). El 8 de marzo de 2004, se abstuvo de darle trámite a la objeción y decide no reponer el auto atacado y negar el recurso de apelación. - El aviso de remate se encuentra en el folio 187. Se desfijó el aviso el 15 de abril de 2004, y se dejó constancia, que la diligencia de remate no se pudo llevar a cabo, porque el apoderado de la parte ejecutada interpuso recurso contra dicho auto. Se fijó nueva fecha para el 10 de junio de 2004 a las 2:pm. (fol 189) - El 7 de junio de 2004, el apoderado de la parte demandada, solicita al juez de conocimiento no llevar a cabo la diligencia de remate, argumentando nulidad del proceso ejecutivo. (fol 195) - El 8 de junio de 2004, el juzgado niega lo solicitado, argumentando que el proceso hasta el momento se ha llevado conforme a los artículos 523 al 528 del C.P.C, además que todo lo relacionado con la reliquidación del crédito ya fue objeto de debate. (fol 203) - El 10 de junio de 2004, se lleva a cabo la diligencia de remate del inmueble avaluado en la suma de $ 145.275.000. Dentro del término hábil compareció el señor Ricaute Ramírez Mahecha, quien allega el título del deposito judicial de la consignación correspondiente al 40% del avaluó dado al bien a subastar. (fols 205 a 2007) - El 11 de junio de 2004, el señor Ricaute Ramírez Maecha, allega las consignaciones del excedente del valor del remate y el impuesto correspondiente para que el Juzgado proceda a aprobarlo. (fol 210 y 211) - El 16 de junio de 2004, el apoderado de la parte demandada, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del auto proferido el 8 de junio de 2004, argumentando que se debía tener en cuneta la sentencia C-955 de 2000, de la Corte Constitucional. El 25 de junio de 2004, el Juzgado no repone el auto atacado y niega el recurso de apelación. (fol 213) - El 9 de agosto de 2004, el apoderado de la parte ejecutante, solicita se profiera el correspondiente auto aprobatorio del remate, teniendo en cuenta que no existe ninguna actuación pendiente. (fol 218) - El 7 de junio de 2005, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, aprobó en todas y cada una de sus partes, la diligencia de remate realizada en razón de este proceso, donde se remató y adjudicó a Ricaute Ramírez Mahecha el bien inmueble de la referencia. Ordenó la cancelación del embargo y secuestro decretado sobre el bien adjudicado y ordenó la cancelación del gravamen hipotecario que afectaba el bien inmueble objeto de la adjudicación. ( fol 225) - El 14 de junio de 2005, el apoderado de la parte demandada, interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación, con el fin que se revoque el auto calendado el 7 de junio de 2005. (fol 227) - El 27 de junio de 2005, el Juzgado de conocimiento, no repuso el auto atacado, y concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Ibagué- Sala Civil. (fol 230). Recurso que a la fecha se encuentra pendiente. Por todo lo anterior a la Sala de revisión le queda comprobado que el proceso se inició antes del 31 de diciembre de 1999, el proceso continuó después de esta fecha y el 7 de junio de 2005, se dictó auto aprobatorio del remate, en el cual se ordenó actualizar la liquidación del crédito, dicho auto fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación por parte del apoderado de la parte demandada y también se comprobó que el 27 de junio de 2005, se decidió no reponer el auto del 7 de junio y se concedió el recurso de apelación en el efecto diferido, es decir que está comprobado que el proceso ejecutivo no ha terminado, y está interpuesta la acción de tutela solicitando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna e igualdad. En estas condiciones, la Corte debe reiterar la jurisprudencia citada, y proceder a tutelar los derechos del señor Carlos Quijano y Stella Guarin, y en consecuencia se ordenará al juez demandado que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo hipotecario seguido por el Banco Colmena en contra del actor y su esposa, a partir de la reliquidación del crédito por parte de la entidad financiera y se decrete la terminación del mismo a partir de esa fecha. En consecuencia, se levantarán las medidas cautelares que recaigan sobre el bien hipotecado. III.- DECISIÓN. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero: REVÓCASE la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil que confirmó el fallo del Tribunal Superior de Ibagué Sala Civil, en la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Guarin y Stella Quijano, en contra del Banco Colmena y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué. En consecuencia, ORDÉNASE al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué que si no lo hubiere hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, dé por terminado el proceso ejecutivo adelantado por el Banco Colmena contra el señor Carlos Guarin y Stella Quijano. En consecuencia, se levantarán las medidas cautelares que recaigan sobre el bien hipotecado. Segundo: Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado CON ACLARACIÓN DE VOTO JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA A LA SENTENCIA T-1061 de 2005 PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Aspectos sobre los que la Corte debe pronunciarse en la parte resolutiva cuando ordene la terminación de los procesos (Aclaración de voto) En los eventos en que los procesos ejecutivos han debido ser terminados, la Corte debe incluir en la parte resolutiva de sus sentencias una orden en el sentido de que si el acreedor decide iniciar un nuevo proceso ejecutivo, las pruebas que obraban en el anterior han de ser trasladadas al nuevo proceso en aras de la celeridad y para evitar que el cumplimiento de las obligaciones sea postergado por más de cinco o siete años. JUEZ DE TUTELA-Discrepancias entre jueces por interpretación diferente no puede ser calificada como vía de hecho/PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Las providencias que no terminen los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 no siempre constituyen vía de hecho (Aclaración de voto) PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Interpretación de la ley 546 de 1999 y la sentencia C-955/00 no conduce a la terminación de todos los procesos (Aclaración de voto) ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-No procede por no haberse utilizado los recursos de ley dentro del proceso ejecutivo (Aclaración de voto) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Interpretación de la Sala de Casación Civil sobre continuación de procesos ejecutivos con saldos insolutos (Aclaración de voto) TRIBUNAL SUPERIOR-Interpretación de la sala unitaria sobre terminación de procesos ejecutivos con saldos insolutos (Aclaración de voto) PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Hipótesis fáctica que deben darse para que el proceso continúe (Aclaración de voto) ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia por no haber ejercido los recursos de ley (Aclaración de voto) Referencia: expediente T-1180244 Acción de tutela instaurada por Carlos Quijano y Stella Guarín contra el Banco Colmena y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de la Sala Segunda de Revisión, en la presente aclaración de voto me permito expresar las razones por las cuales, si bien comparto la decisión finalmente adoptada dentro de este proceso de revisión de tutela, considero que la fundamentación jurídica de dicha decisión ha debido tener en cuenta un punto específico que no fue tratado en la sentencia. Si bien es cierto que luego del análisis de las particularidades de este caso en concreto se concluye que la acción de tutela es procedente, no por esto se debe llegar a la conclusión de que todos los procesos ejecutivos iniciados bajo la vigencia del sistema UPAC deben ser terminados automáticamente. Estimo que ni de la ley ni de la jurisprudencia de la Corte sobre la misma se deduce que la terminación de los procesos ejecutivos vigentes antes del 31 de Diciembre de 1999 deba ser automática. Corresponde a los jueces civiles verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en dicha ley, y si éstas se dan, ordenar la terminación. Pero pueden darse casos en que no se reúnan tales condiciones o en los cuales es preciso esperar a que dentro del mismo proceso ejecutivo se esclarezcan ciertos hechos determinantes para definir si tales condiciones se reúnen. En este evento el juez civil no está obligado por la ley a decretar la terminación del proceso y el juez de tutela no puede concluir que la continuación del proceso, en el entretanto, es una vía de hecho del juez civil. Estas son las razones que sustentan mi posición, consignadas en los salvamentos de voto a las sentencias T – 357 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería y T – 391 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. “Si bien comparto algunos apartes de la sentencia y considero que en ciertos casos los procesos ejecutivos iniciados antes de la Ley 546 de 1999 debieron haberse terminado, disiento de varios elementos centrales de la parte resolutiva y de la parte motiva de la presente providencia. Primero, no comparto las afirmaciones tajantes, así puedan ser leídas como obiter dicta, que se han consignado en la parte motiva de la sentencia en el sentido de que todos los procesos ejecutivos con obligaciones denominadas en UPAC debieron haberse terminado. Ni de la ley ni de la sentencia de la Corte Constitucional pertinente se deduce dicha regla absoluta e incondicionada. Estimo que la terminación de tales procesos fue sometida por el legislador a condiciones. Algunas de estas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, pero otras fueron declaradas exequibles. Por lo tanto, la terminación de los procesos ejecutivos sólo esta legalmente ordenada cuando se reúnan dichas condiciones exequible. Posteriormente en este salvamento se desarrollará el punto. Segundo, estimo que en los eventos en que los procesos ejecutivos han debido ser terminados, la Corte debe incluir en la parte resolutiva de sus sentencias una orden en el sentido de que si el acreedor decide iniciar un nuevo proceso ejecutivo, las pruebas que obraban en el anterior han de ser trasladadas al nuevo proceso en aras de la celeridad y para evitar que el cumplimiento de las obligaciones sea postergado por más de cinco o siete años.[2] Al proteger a los deudores que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia deban recibir los beneficios establecidos, la Corte ha de valorar que los alivios y remedios creados en 1999, no fueron una patente de corzo para no pagar las deudas. Tercero, considero que como cada proceso ejecutivo tiene sus especificidades, los jueces civiles competentes tienen, como cualquier juez, un margen razonable para aplicar a los hechos particulares de cada caso las normas vigentes. Por eso, me preocupa que a partir de un caso específico se sienten por vía de una sentencia de tutela reglas que no se derivan de la Constitución, ni de la ley, ni de la jurisprudencia constitucional. Además, en sede de tutela le corresponde a la Corte definir si la providencia del juez acusada incurrió en una vía de hecho. La acción de tutela contra providencias judiciales permite controlar la validez de las mismas, no remplazar a los jueces de instancia para corregir sus decisiones. Este salvamento consta de cuatro partes. La primera enfatiza la diferencia, depurada y pacífica, entre una interpretación de la ley razonable, pero no compartida, de un lado, y una vía de hecho judicial del otro lado. La segunda parte, muestra que la Ley 546 de 1999, aún después de la sentencia C-955 de 2000, no ordena la terminación de todos los procesos ejecutivos con garantía hipotecaria anteriores a 31 de diciembre de 1999, puesto que establece condiciones para que ello ocurra, algunas de las cuales fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional. La tercera indica ciertas hipótesis en que el juez civil puede razonablemente decidir que el proceso ejecutivo ha de continuar, pero para cobrar la deuda reliquidada, convertida a UVR y disminuida con los alivios establecidos por el legislador. La cuarta aplica todo lo dicho, brevemente, al caso concreto para mostrar que la providencia atacada por medio de la acción de tutela no constituye una vía de hecho o que la acción no era procedente. 1. La diferencia entre los procesos ejecutivos y las providencias atacadas debe ser analizada para evitar que la doctrina sobre las vías hecho lleve a que el juez de tutela remplace al juez civil. Empiezo por desarrollar este tercer punto. La Corte ha fijado unos parámetros para determinar si una providencia judicial incurrió en una vía de hecho que la hace inválida. Estos parámetros permiten que los jueces ordinarios ejerzan el margen de interpretación que la Constitución les reconoce y apliquen las normas pertinentes a los hechos particulares de cada caso. Bien puede suceder que dos jueces tomen decisiones diferentes, pero que ninguna de las dos providencias constituya una vía de hecho porque no se ha colocado en los extramuros del derecho. Ello ha sucedido muchas veces, en especial cuando el juez de primera instancia decide en un sentido, pero el de segunda revoca y decide en un sentido diferente o, inclusive, contrario. La Corte no toma esa discrepancia judicial como indicadora de una vía de hecho. Admite que los jueces civiles, penales, laborales, o contencioso administrativos, pueden llegar a conclusiones diversas habida cuenta de los hechos del caso y de la valoración de las pruebas, así como de los márgenes razonables de interpretación de las normas aplicables. Pues bien, a la Corte pueden llegar tutelas contra providencias que ordenaron terminar un proceso ejecutivo, pero también providencias que dispusieron que otro diferente continuara. No todas las segundas constituyen automáticamente una vía de hecho. Por eso, la Corte ha negado acciones de tutela contra providencias que dispusieron la continuación de procesos ejecutivos relativos a obligaciones denominadas en UPAC e iniciados antes de la Ley 546 de 1999. Por ejemplo, en la sentencia T-535 de 2004[3] la Sala Segunda de Revisión declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por un deudor que había omitido solicitar al juez civil que decidiera sobre la terminación del proceso ejecutivo. De tal manera que las afirmaciones contenidas en esta sentencia en el sentido de que las providencias que no ordenen la terminación de tales procesos son, sin más consideraciones, vías de hecho, no solo es difícilmente armonizable con la jurisprudencia de la Corte sobre las vías de hecho, sino que contradice precedentes específicos en que no se invalidó la providencia de un juez que decidió no dar por terminado un proceso ejecutivo atendiendo a las especificidades del caso.[4] Se dirá que la ley ordenó terminar todos los proceso ejecutivos o que, si bien la ley no lo ordenó, esta es la consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional sobre dicha ley. A mi entender, esa conclusión no es clara, por lo menos no lo suficientemente clara como para decidir que los jueces que tengan una interpretación distinta y por las circunstancias del caso decidan no dar por terminado procesos ejecutivos incurren en una arbitrariedad constitutiva de vías de hecho. Detengámonos en la cuestión de la interpretación de las normas y sentencias relevantes. 2. La interpretación de la Ley 546 de 1999 y de la sentencia C-955 de 2000 no conduce a una regla que ordena la terminación de procesos ejecutivos sin condiciones y sin importar la conducta del deudor. La afirmación según la cual todos los procesos ejecutivos hipotecarios que estuvieren en curso a 31 de diciembre de 1999 se deben dar por terminados automáticamente, sin importar las condiciones de cada proceso ni la conducta del deudor, no resulta compatible con la idea de búsqueda de acuerdos que está desarrollada en la ley. En primer lugar, en el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, se establece que la entidad procederá a “condonar los intereses de mora y reestructurar el crédito si fuere necesario.” En segundo lugar, en el parágrafo 3 del artículo 42 se emplea la expresión condicional “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación para que proceda la terminación del proceso.”[5] En tercer lugar, el artículo 43 que regula la excepción de pago, fue interpretado por la Corte en la sentencia C-1140 de 2000[6], en el sentido de que la aplicación de los abonos a las deudas hipotecarias a los que se refiere la Ley 546 de 1999 no eximia al deudor de que contra él se entablaran reclamos judiciales por lo que quedara debiendo. Dijo la Corte en dicha sentencia al admitir que cabía la compensación de deudas entre la entidad financiera y el deudor hipotecario: “Para la Corte el precepto legal en cuestión es exequible, pues no vulnera ningún texto constitucional y, por el contrario, se considera que las medidas establecidas en el artículo 43 tienden a desarrollar eficazmente el derecho consagrado en el artículo 51 de la Carta Política, y a reconocer a la compensación por mutuas deudas el efecto judicial consiguiente. No obstante, con el fin de evitar una situación injusta, se estima pertinente advertir que, desde luego, la excepción que puede oponer una entidad financiera ante demanda del deudor, debe entenderse como de carácter relativo, ya que cobija sólo la parte efectivamente pagada o compensada, y, por tanto, la norma no puede interpretarse en el sentido de que resulten excluidas para el deudor las posibilidades de entablar nuevos reclamos judiciales por lo que todavía considera que se le debe y que ha de ser compensado con lo que él adeuda a la institución financiera”. (Subrayado agregado al texto) Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no ha resuelto que en todos los casos, el juez civil ha de dar por terminado el proceso. Esto se constata al observar el resumen realizado en la sentencia T-1243 de 2004[7], mediante la cual la Sala Tercera de Revisión declaró improcedente una acción de tutela en la cual el accionante, deudor en el proceso ejecutivo había solicitado al juez civil terminar el proceso de manera extemporánea[8]. Esta sentencia se cita en extenso a continuación: “1. Aun cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a los derechos de los deudores y de los acreedores de créditos hipotecarios cuyo valor se calculaba bajo la figura del UPAC es abundante, en relación con los dos problemas jurídicos planteados, la Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones cuando se controvierten, alegándose la existencia de vías de hecho, providencias proferidas en procesos ejecutivos adelantados contra deudores hipotecarios que se encontraban en mora a la fecha de expedición de la Ley 546 de 1999. “2. Primero, en la sentencia T-606 de 2003[9] la Sala Octava de Revisión resolvió una acción de tutela presentada por el Banco Comercial AV Villas S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el cual había anulado el proceso ejecutivo promovido por la entidad bancaria contra la propietaria de un inmueble sobre el cual se había constituido una hipoteca de primer grado. La Sala Octava partió de la base de que la tutela sí era procedente y analizó lo decidido por el Tribunal de Medellín a la luz de la sentencia C-955 de 2000 así como de las expresiones contenidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 relevantes para decidir la tutela.[10] Para el caso concreto, la Corte concluyó lo siguiente: “Así las cosas, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia deberá se confirmada, en cuanto revocó la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero por las consideraciones expuestas en esta providencia, como quiera que – como se vio- esta Corporación encontró ajustadas a la Carta Política las previsiones de Parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que dispuso la suspensión de los procesos en curso, para que la entidad prestamista procediera a convertir los créditos de vivienda concedidos en UPACS, que el 31 de diciembre de 1999 se encontraban en ejecución, como también la terminación de los asuntos, por ministerio de la ley. A fin de que los deudores contaran con la posibilidad de reestructurar el crédito, previa la adecuación de los documentos contentivos de la obligación. De manera que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debía revocar la sentencia de primera instancia, como efectivamente lo hizo, pero por las motivaciones que quedaron expuestas.” “3. Segundo, en la sentencia T-535 de 2004,[11] la Sala Segunda de Revisión revisó una tutela interpuesta por una deudora hipotecaria contra el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, por considerar que éste había incurrido en una vía de hecho al no dar por terminado el proceso ejecutivo adelantado en su contra. La Corte consideró que la tutela era improcedente para invalidar lo actuado dentro del proceso ejecutivo, porque la accionante y deudora del crédito hipotecario, luego de haber solicitado la reliquidación del crédito, no había hecho uso oportuno de los recursos ordinarios disponibles para la defensa de sus derechos. En efecto, luego de hacer el recuento de las distintas etapas del proceso ejecutivo,[12] la Corte señaló lo siguiente: De este recuento, se puede concluir: no existe ninguna solicitud de la actora encaminada a que el juez dé por terminado el proceso y la única actividad que ha realizado en el largo proceso ejecutivo, se encuentra en la objeción que presentó en contra del avalúo del inmueble, objeción que fue resuelta desfavorablemente mediante auto de 14 de julio de 2003. Pero antes de esto no se observa otra actuación procesal, no obstante haber sido notificada personalmente del mandamiento de pago, tampoco compareció como parte demandada a la audiencia de conciliación, ni objetó la liquidación del crédito. Sólo faltando 4 días antes de la fecha señalada para la diligencia de remate, la actora presentó esta acción de tutela. En estas condiciones, para esta Sala de Revisión, no se da la violación al debido proceso por parte de la Juez 16 Civil del Circuito de Bogotá, de la manera como lo presenta la peticionaria, pues si no ha hecho uso de las herramientas que la ley procesal ha puesto a su disposición dentro del proceso, ni ha pedido la terminación del mismo, no puede sostenerse válidamente la violación mencionada. Otra cosa distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la terminación del mismo, y la decisión del juez, aceptando o no la petición, constituye una vía de hecho, evento en el que si se dan los elementos que conforman la denominada vía de hecho, según la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela puede proceder. Pero este no es el caso.”[13] “4. En la sentencia T-701 de 2004[14] la Sala Séptima de Revisión declaró procedente la acción pero, en cuanto al fondo, negó la tutela interpuesta por la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda contra una providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en el proceso de ejecución que la entidad financiera seguía en contra una persona propietaria de un bien inmueble hipotecado.[15] La Sala Séptima de la Corte Constitucional procedió a resolver los problemas jurídicos expuestos a continuación: “(i) ¿vulneró la decisión de la Sala demandada los derechos fundamentales invocados por la entidad demandante al haber resuelto, en grado jurisdiccional de consulta, declarar la nulidad y la terminación y archivo del proceso de la referencia? (ii) ¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia C-955 de 2000?” La Sala respondió a ambas preguntas de forma negativa y respecto del caso concreto concluyó: “[T]eniendo en cuenta que la interpretación del Tribunal es no sólo razonable, sino que es la que más se adecua a la Carta, es obvio que el demandado no incurrió en una vía de hecho. No se activa, pues, la competencia del Juez Constitucional para modificar la resolución de la justicia ordinaria –en punto del defecto sustantivo alegado-, por cuanto en el trámite del proceso, el juez de conocimiento actuó de manera razonable como garante de los postulados superiores. Es más, por los argumentos señalados en los fundamentos anteriores de esta providencia, la Corte Constitucional que la interpretación adelantada por la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal de Medellín es la hermenéutica correcta y constitucionalmente más adecuada del significado del parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la sentencia C-955 de 2000. En consecuencia, la solicitud de amparo elevada por Conavi, no será concedida.” “5. En una reciente decisión, mediante sentencia T- 1207 de 2004[16], la Sala Cuarta resolvió, declarar procedente la acción y “tutelar el derecho al debido proceso” de la entidad financiera CONAVI, quien había interpuesto una acción de tutela contra una providencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en la cual se ordenó la anulación de un proceso ejecutivo iniciado por la entidad bancaria mencionada contra un deudor hipotecario.[17] La Sala Cuarta resaltó que, a pesar de que la deuda hipotecaria había sido inicialmente contraída en UPAC, el proceso ejecutivo había sido iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 546 de 1999, lo cual constituye una especificidad de este caso. “6. Del resumen anterior, en punto a la procedibilidad de la acción de tutela, se puede apreciar que: (i) la Corte ha analizado caso por caso si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad; (ii) en algunas sentencias concluyó que sí los cumplía, y en otras que no; (iii) en ninguna de éstas sentencias la Corte ha impartido órdenes con efectos inter pares, inter comunis, u otra modulación de los alcances de sus órdenes, las cuales están contenidas en sentencias que responden a las especificidades de cada caso y que explican cada resultado; (iv) en dos de los casos en que se reunieron los requisitos de procedibilidad de la acción, la Corte decidió confirmar las respectivas sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero por las razones expuestas en cada providencia, las cuales negaron las acciones de tutela. En otra sentencia la Corte concedió la tutela interpuesta por la entidad financiera contra la providencia del juez civil que anuló el proceso ejecutivo.” Del resumen anterior, es pertinente detenerse en lo establecido por la sentencia T-701 de 2004 precitada. En esta providencia, la Corte reconoció que de la Ley 546 de 1999 surgían varias interpretaciones, no una sola, respecto de la terminación de los procesos ejecutivos. Al respecto dijo: “[C]orresponde a la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ocasión de la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo seguido contra la ciudadana Molina Sanín a partir del 31 de diciembre de 1999 y ordenar, así mismo, la terminación y archivo del expediente, previo levantamiento de las medidas cautelares, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial, a la defensa y a la tutela efectiva de los derechos del banco CONAVI. En concreto, la Sala responderá las siguientes preguntas: (i) ¿vulneró la decisión de la Sala demandada los derechos fundamentales invocados por la entidad demandante al haber resuelto, en grado jurisdiccional de consulta, declarar la nulidad y la terminación y archivo del proceso de la referencia? (ii) ¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia C-955 de 2000? […] “[…] [L]a controversia esencial en el presente caso gira en torno al alcance del parágrafo 3 de este artículo, pues dos interpretaciones de la norma que define las condiciones de procedencia de terminación y archivo de los procesos en curso a 31 de diciembre de 1999 han sido sustentadas por los diversos operadores jurídicos.” […] “La terminación de los procesos ejecutivos en curso, como consecuencia jurídica adjudicable a ciertos supuestos de hecho, es un punto coincidente en ambas interpretaciones de la norma. Así, los jueces aceptan uniformemente que el proceso ejecutivo debe terminar cuando luego de efectuada la reliquidación del crédito (a) no quedan saldos insolutos a favor de la entidad bancaria, (b) aunque hay saldos insolutos, los mismos son cancelados por el deudor y (c) hay saldos de la deuda, pero los extremos de la obligación acuerdan la reestructuración del crédito. El punto de controversia se circunscribe a aquellos casos en los cuales, luego de efectuada la reliquidación del crédito –ya sea a petición de parte o ya sea de manera oficiosa por el juez- hay saldos insolutos a favor del acreedor y el deudor no acuerda la reestructuración del crédito con la entidad financiera. En ese evento, conforme a la interpretación del actor y de la Sala de Casación Civil, el ejecutivo debe proseguir; por el contrario, según la interpretación de la sentencia impugnada del Tribunal Superior de Medellín, también en este caso, el proceso ejecutivo cesa. “Para una mejor ilustración de la existencia de esta doble hermenéutica, la Sala procederá a exponer las tesis que respaldan cada una de ellas, para luego determinar si la sentencia del Tribunal demandado constituye o no una vía de hecho “Primera interpretación: continuación de los procesos ejecutivos con saldos insolutos no sometidos a reestructuración “[…] Para la Sala de Casación Civil y para el actor de la presente tutela, el efecto jurídico de la no reestructuración de los créditos objeto de procesos ejecutivos debe ser el levantamiento de la suspensión y la continuación del mismo en la etapa en que se encontraba. Fundamentan su posición en los siguientes argumentos: a. Lo “racional” en casos como el que provocó la demanda de tutela era que, presentada la reliquidación y sometida al trámite pertinente, las consecuencias procesales que de ello se deriven, debían estar en consonancia con la finalidad del proceso ejecutivo (art. 535 C.P.C.), cual es, el pago total de la obligación. b. La Ley 546 de 1999 dispuso que, si las partes involucradas en el cobro compulsivo llegan a un acuerdo de refinanciación o reestructuración–para el evento en que el alivio fuera menor al monto de la deuda- el proceso se terminaría por tal circunstancia. No es viable, entonces, dar por terminados procesos ejecutivos con título hipotecario con la mera aprobación de la reliquidación de los créditos. c. Aunque la norma empleó indistintamente los términos “reliquidación” y “reestructuración”, un entendimiento sistemático de la misma permite concluir que, cuando el parágrafo dice “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación”, está haciendo mención no sólo al nuevo monto de la obligación (reliquidación), sino también a las condiciones de pago de la misma (reestructuración). No puede, entonces, derivarse la misma consecuencia jurídica de supuestos de hecho diversos. d. Si la finalidad del legislador hubiera sido terminar todos los procesos ejecutivos en curso, sin distinción alguna, así lo habría consignado expresamente. Pero no. Su estrategia para hacer frente a la crisis fue aplicar –de conformidad con las reglas por él mismo fijadas- un alivio a todos los créditos de vivienda. Si el abono fue la estrategia para ayudar a los deudores, no se entiende cómo es derivada, sin más, la obligación de dar por terminados procesos ejecutivos con saldos a favor del deudor respecto de los cuales no hubo acuerdo de pago. e. La tesis de conformidad con la cual todos los procesos ejecutivos terminaron por ministerio de la ley no se sigue ni de la Ley 546 de 1999 ni de la sentencia C-955 de 2000. Por tal razón, la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones judiciales realizadas después del 31 de diciembre de 1999, además de configurar un defecto sustantivo de las providencias, vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las entidades bancarias, las cuales, además, no cuentan con otro medio de defensa ordinario. f. La frase condicional no declarada inexequible por la sentencia C-955 de 2000: “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación”, implica que, si no hay acuerdo, entonces no habrá lugar a la terminación de los procesos. El acuerdo se refiere a lo que técnicamente es denominado reestructuración. Cuando la norma hace referencia a la reliquidación, no establece condicionamiento alguno, por cuanto la misma opera aún sin el concurso de voluntades de deudor y acreedor. g. Si la ley hubiese querido dar por terminados todos los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999, así lo habría consignado expresamente. No hay lugar, entonces, a hacer extensivo el efecto de terminación por ministerio de la ley a hipótesis no contempladas por la misma. “Segunda Interpretación: terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999. “[…] Por su parte, el Tribunal demandado y numerosos operadores jurídicos defienden la hipótesis contraria, esto es, que los procesos ejecutivos también terminan en ese caso, lo cual fundamentan en los siguientes argumentos: a. La sentencia C-955 de 2000 prescribe que los procesos ejecutivos cuya causa fuera un título valor consignado en UPAC, debían terminar a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Los tres meses más otorgados por la ley –hasta marzo 31 de 2000-, era el plazo con que contaban las entidades bancarias y los deudores para reestructurar la forma de pago del saldo insoluto del crédito de vivienda. La única condición que señaló el fallo de control para terminar y archivar los procesos en curso era la reliquidación de los créditos, y aquella, en todo caso, debía realizarse –por petición del interesado o de manera oficiosa por el Juez de conocimiento-. b. Las decisiones judiciales que establecieron la terminación y archivo de los procesos judiciales en curso a 31 de diciembre de 1999, acogieron la hermenéutica expuesta en la sentencia C-955 de 2000 del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Por tal razón, no se configura en aquellos casos una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra actuaciones judiciales por indebida interpretación normativa. c. El 31 de diciembre de 1999, los procesos ejecutivos en los que una entidad financiera cobraba un crédito concedido en UPAC para adquirir vivienda, se suspendieron a efectos de permitir la reliquidación del crédito, de oficio o a petición del deudor. Una vez efectuada la reliquidación del crédito, el proceso finalizó y la actuación fue archivada. d. El parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 no estableció una modalidad de terminación por pago total de la obligación, sino la finalización de los procesos ejecutivos en curso por ministerio de la ley, sin consideración al estado del mismo, ni la cuantía del abono especial, como tampoco las “gestiones” del deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito. Señaló la sentencia de control: “(…) la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma que, en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento del orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principio de prevalencia del derecho sustancial (art. 288C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)”[18] e. La...