Sentencia T-1049 de 2012

T-1049-12 [Proyecto de circulación restringida] Sentencia T-1049/12 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos formales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos genéricos de procedibilidad DEFECTO PROCEDIMENTAL-Configuración DEBIDO PROCESO EN PROCESO PENAL-Vulneración por ausencia de notificación y defensa técnica ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Elementos NOTIFICACION-Finalidad NOTIFICACION EN MATERIA PENAL-Importancia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR IRREGULARIDADES EN LA NOTIFICACION-Procedencia NOTIFICACION PERSONAL DE PROVIDENCIAS EN PROCESO PENAL-Deber especial del operador judicial DEFENSA TECNICA-Contenido doble GARANTIAS JUDICIALES DE LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Defensa técnica ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Desconocimiento del derecho a la defensa técnica ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia para corrección de errores del litigio cometidos por quienes no son favorecidos con un fallo judicial DEFECTO PROCEDIMENTAL POR DESCONOCIMIENTO DE DEFENSA TECNICA-Configuración por errores protuberantes ABOGADO DEFENSOR-Idoneidad y eficacia de actividades ABOGADO O DEFENSOR DE OFICIO-Control sobre la materialidad de la defensa DEFECTO PROCEDIMENTAL POR DESCONOCIMIENTO DE DEFENSA TECNICA-Deficiencias no son imputables al procesado DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Ausencia de motivación de la decisión judicial DERECHO DE CONTRADICCION-Deber de motivar las decisiones judiciales JUEZ EN MATERIA PENAL-Sometimiento a los principios de legalidad y jurisdiccionalidad DEFECTO FACTICO-Configuración JUEZ NATURAL-Principio de la sana crítica DEFECTO FACTICO-Ausencia del decreto y práctica de pruebas DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Dejar sin efecto sentencia de condena a pena de prisión y multa por el delito de estafa agravada por falta de motivación Referencia: expediente T-3.180.208 Acción de tutela promovida por Salvador Vicente Frieri Gallo en contra de los Juzgados Segundo y Sexto Penales del Circuito de Barranquilla, y la Fiscalía 36 Seccional de Barranquilla. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. Bogotá, DC., tres (3) de diciembre de dos mil doce (2012). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES Salvador Vicente Frieri Gallo, por intermedio de apoderado, instauró acción de tutela contra los Juzgados Segundo y Sexto Penales del Circuito de Barranquilla y contra la Fiscalía 36 Seccional de la misma ciudad, por considerar que estas autoridades vulneraron su derecho fundamental al debido proceso en el trámite de la acción penal iniciada en su contra por el delito de estafa agravada, que dio lugar a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla el 19 de octubre de 2010, en la que fue condenado a la pena principal de 39 meses de prisión domiciliaria, multa, y pago de perjuicios por el valor de $700.000.000. En atención a la multiplicidad de actuaciones acusadas dentro del proceso judicial objeto de estudio, a continuación se realizará una síntesis de las etapas procesales y los hechos relevantes a lo largo del trámite de la acción penal, a efecto de establecer el contexto en el cual los apoderados del actor exponen sus cuestionamientos. A. Los hechos que dieron lugar a la acción penal. 1.1 El 22 de mayo de 1996 Salvador Frieri Gallo, entonces representante de la empresa Interoceanic Business, suscribió un contrato de permuta por el monto de $1.275’000.000 con la sociedad Inversiones De Vivo Ltda., en virtud del cual esta última se obligaba a entregar al accionante un globo de terreno de 86.898 metros cuadrados, a cambio de transferir dos apartamentos del edificio Condado del Prado; un apartamento del edificio Cascada del Rodadero; cuatro oficinas del Edificio Bahía; el 50% de la propiedad de dos locales comerciales; y 150 millones de pesos que le adeudaba Orión Construcción Ltda. al accionante. 1.2 El representante legal de la Sociedad Inversiones De Vivo Ltda., Luis Armando de Vivo García, presentó denuncia penal por estafa ante la Fiscalía 59 Seccional de Barranquilla, aduciendo que el accionante incumplió con su obligación contractual valiéndose para ello de engaños y aplazamientos. Específicamente, manifestó que en 1996 el actor entregó los apartamentos del Edificio Condado del Prado, absteniéndose de informar que los inmuebles no estaban a su nombre, y que desde 1995 estaban gravados con un embargo que impedía su comercialización, pese a que se había comprometido a transferir los inmuebles objeto de permuta libres de hipotecas, embargos, demandas, etc.. También se negó a hacer entrega material de los locales comerciales prometidos, y omitió ceder el crédito adquirido por la constructora Orión. De acuerdo con el denunciante, con este propósito se valió de las relaciones de amistad que existían entre ellos por ser de familias italianas asentadas en Barranquilla y Cartagena. Como soporte de su denuncia presentó el contrato de permuta y el número de matrículas inmobiliarias correspondientes a los apartamentos embargados[1]. B. Las actuaciones surtidas ante la Fiscalía General de la Nación. 1.3 El 15 de agosto de 2000, la Fiscalía 59 Delegada ante los Juzgados del Circuito, Unidad de Patrimonio Económico Público y Privado de Barranquilla, ordenó la apertura de la investigación contra el señor Salvador Frieri Gallo por el delito de estafa agravada por la cuantía. 1.4 Durante esta primera etapa procesal, el accionante concedió poder al abogado de confianza, Gaspar Hernández Caamaño, y con él acudió a la diligencia de indagatoria llevada a cabo el 10 de abril de 2001. 1.4.1 En la audiencia, el accionante negó haber incumplido con las obligaciones que adquirió con el señor Luis Armando de Vivo García, excepto en cuanto tiene que ver con la entrega del porcentaje prometido de los locales comerciales, por cuanto en un negocio posterior entre las mismas partes se estipuló que, en caso de incumplimiento de la parte demandante en el proceso penal, el señor Frieri permanecería como propietario de ese porcentaje. Manifestó que varias de las obligaciones que adquirió en el contrato de permuta fueron pagadas a José Luis de Vivo Zaquer, hijo del demandante en el proceso penal, y a las empresas Inversiones de Vivo y Orión Construcciones, propiedad del demandante, con el convencimiento de que estaba cumpliendo con sus obligaciones, dado el vínculo entre estas personas y el demandante[2]. 1.4.2 Sobre los apartamentos hipotecados indicó que él cumplió con su obligación comunicándole al constructor que estos debían ser entregados a Luis Armando de Vivo, y añadió: “Él sabía perfectamente que los inmuebles yo los había adquirido mediante promesa de compraventa del constructor y por lo tanto no puede ahora venir a decir que los inmuebles no estaban a mi nombre porque él lo sabía, él estaba interesado en esos apartamentos y me dijo verbalmente que él con tal de tener la posesión de los mismos estaba satisfecho y que él esperaba que el constructor resolviera los problemas y deshipotecara el bien”[3]. 1.4.3 Para demostrar estas afirmaciones solicitó llamar a declarar a Infante Vergara y al constructor del Edificio Bahía. Además, allegó una certificación del depósito en cheque realizado por el accionante el día 17 de julio de 1997, según puede verse en el volante, con el fin de cancelar una hipoteca[4]. 1.5 Surtida la etapa de investigación, el 20 de diciembre de 2004 la Fiscalía Seccional 36 adscrita a la Unidad de Patrimonio Económico profirió resolución de acusación en contra de Salvador Frieri Gallo, como presunto autor del delito de estafa agravada por la cuantía cometido contra la Sociedad Inversiones de Vivo Ltda. Escuchadas las partes y vistos los documentos allegados, encontró mérito suficiente para considerar que el señor Frieri Gallo pudo haber incurrido en la conducta punible señalada, por cuanto no transfirió la propiedad de dos inmuebles prometidos en permuta, sino solo su posesión, y se abstuvo de informar al permutante sobre el embargo que pesaba sobre los mismos. 1.6 Frente a esta decisión, el 28 de enero de 2005 el señor Hernández anunció la presentación de apelación como único recurso. Sin embargo, el 3 de febrero de 2005, quien sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra esta actuación fue el abogado Jorge Luis Torres Castro, manifestando haber sido llamado como defensor por mandato del apoderado general del accionante, Arturo Rafael Frieri Gallo, desde antes de la fecha de expedición de la resolución de acusación. 1.7 Mediante resolución del 5 de octubre de 2005, la Fiscalía 36 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito decidió no reconocer personería al abogado Jorge Luis Torres Castro, por cuanto existían inconsistencias en cuanto al número de identificación del apoderado general del señor Frieri Gallo -que le dio el poder para defender al accionante-. Además declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gaspar Hernández Caamaño por ausencia de sustentación. C. Las actuaciones surtidas durante la etapa de juicio. 1.8 Ejecutada la resolución de acusación, el 15 de abril del 2008 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla llevó a cabo la audiencia preparatoria en la actuación iniciada contra Salvador Frieri Gallo. Esta diligencia se ciñó a decidir sobre la solicitud hecha por Luis Armando de Vivo García, constituido en parte civil dentro del proceso, en relación con el levantamiento del desembargo de los inmuebles objeto de la investigación. 1.9 Pese a lo anterior, mediante auto del 22 de mayo de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla decretó la nulidad de todo lo actuado “a partir inclusive de la diligencia preparatoria”. El Juzgado se dio cuenta de que el abogado Jorge Luis Torres Castro presentó de nuevo poder especial conferido el 22 de agosto del 2006 por el apoderado general del accionante, Arturo Rafael Frieri Gallo, y que lo radicó dentro del proceso el 13 de diciembre de 2006, así como que el 25 de abril de 2008, el señor Gaspar Emilio Hernández Caamaño presentó escrito renunciando al poder otorgado para la defensa del accionante. Con base en ello, el juez admitió que “omitió convocar para la audiencia preparatoria a quien realmente era el defensor del acusado. (…) [N]ótese que cuando se citó para tal efecto ya el defensor del señor SALVADOR FRIERI GALLO no era el doctor GASPAR HERNÁNDEZ CAAMAÑO, sino el doctor JORGE LUIS TORRES CASTRO, pues a éste se le había conferido poder con suficiente antelación a la fecha de la citación para audiencia preparatoria”. En consecuencia, decidió tener a este último abogado como “defensor del procesado”[5]. 1.10 Subsanada esta irregularidad, el 15 de julio de 2008 se llevó a cabo de nuevo la audiencia preparatoria del señor Frieri Gallo. El Juzgado Segundo Penal del Circuito reiteró la decisión tomada en cuanto a la solicitud de desembargo elevada por la parte civil dentro del proceso, y fijó el 2 de diciembre de 2009 como fecha para la audiencia pública de juzgamiento. 1.11 En la fecha programada para el juicio, el despacho advirtió la ausencia del defensor del señor Frieri Gallo. En consecuencia decidió: “se suspende la presente diligencia y se designa defensor de oficio al DR. JAIME RAFAEL SALAZAR QUINTERO, a quien se le hará saber tal designación. Se le hará saber al sindicado tal designación”[6]. Además, comunicó la nueva fecha de la diligencia a todas las partes, incluyendo al defensor de confianza Jorge Luis Torres Castro. 1.12 Finalmente, el 13 de mayo de 2010, se adelantó la diligencia de audiencia pública de juzgamiento con intervención de la Fiscalía General de la Nación, el representante de la parte civil, y el señor Jaime Rafael Salazar Quintero, defensor de oficio del señor Frieri Gallo, quien sostuvo que no existía suficiente material probatorio que condujera a demostrar que el accionante había incurrido en el delito de estafa. 1.13 El 10 de octubre de 2010 el Juzgado Segundo Penal Adjunto del Circuito de Barranquilla profirió sentencia condenatoria contra Salvador Vicente Frieri Gallo al hallarlo responsable del delito de estafa agravada, del que resultó víctima la empresa Inversiones de Vivo Ltda. El accionante fue condenado a la pena principal de 39 meses de prisión domiciliaria, al pago de multa por 125.570 pesos, y al pago de perjuicios por 700 millones de pesos. Para sustentar su decisión, el juzgado manifestó: “en el plenario emerge con suficiente claridad que el sindicado estafó a LA EMPRESA INVERSIONES DE VIVO LTDA, valiendo de maniobras engañosas y abusando de la buena fe del mismo (sic) desde el momento en que el hoy enjuiciado señor SALVADOR VICENTE FRIERI GALLO, celebró el contrato de permuta en el cual se comprometía a entregar lo dicho en dicho contrato”[7]. 1.14 El 19 de octubre de 2010 la providencia condenatoria fue notificada personalmente al defensor de oficio del señor Frieri Gallo, quien anunció la interposición del recurso de apelación del fallo. No obstante, este fue declarado desierto por ausencia de sustentación. 1.15 El 4 de marzo de 2012 el Juez Sexto Penal del Circuito Adjunto de Barranquilla emitió orden de captura a la SIJIN, CTI e INTERPOL, con el fin de lograr la captura del señor Salvador Vicente Frieri Gallo y su envío a prisión. 1.16 Mediante escrito del 10 de abril de 2012, el abogado Antonio Carlos Torres Castro, quien manifestó sustituir en el cargo al defensor de confianza Jorge Luis Torres Castro, solicitó que se aclarara la orden de captura puesto que ella se emitió para el cumplimiento de la pena en prisión, pese a que la sentencia le concedió prisión domiciliaria. D. Solicitud de tutela. Los apoderados de Salvador Frieri Gallo solicitaron que se amparara el derecho al debido proceso del accionante, declarando la nulidad de todas las actuaciones surtidas dentro del proceso penal inclusive durante la fase de investigación, comoquiera que las actuaciones judiciales surtidas dentro del proceso penal incurrieron en varios defectos, que se explican a continuación: 1.17 En un primer momento, los apoderados señalaron que el proceso surtido contra Salvador Frieri Gallo incurrió en defecto procedimental por indebida notificación, por cuanto si bien el sindicado tenía conocimiento del proceso y ánimo de colaboración con la administración de justicia, las siguientes fallas en las notificaciones a sus abogados impidieron que éste ejerciera adecuadamente sus derechos dentro del proceso: (i) Las actuaciones surtidas durante el período en el que el abogado de confianza del señor Frieri Gallo era Jorge Luis Torres Castro fueron notificadas a la dirección principal de este profesional, aun cuando su abogado suplente, Elkin Eliecer Mendoza Cáceres, informó el 18 de abril de 2005 al Juzgado que la dirección de notificaciones sería la de este último y no la del defensor principal. (ii) No se notificó ni al señor Jorge Luis Torres Castro ni al accionante la resolución de acusación proferida el 5 de octubre de 2005 por la Fiscalía 36 Seccional de Barranquilla. (iii) Las actuaciones surtidas en la etapa de juicio fueron notificadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla tanto al defensor de oficio como a la dirección equivocada del defensor de confianza, confundiendo a la defensa. 1.18 En segundo lugar, adujeron que el proceso bajo estudio adolece de defecto procedimental por ausencia de defensa técnica, pese a que el señor Frieri Gallo contó con la asesoría formal de abogados de confianza y posteriormente con un defensor público. Esto se hace evidente porque: (i) Tanto el defensor de confianza como el de oficio se abstuvieron de sustentar los recursos de apelación interpuestos contra dos de las providencias más importantes dentro del proceso penal, a saber, la resolución de acusación y la sentencia condenatoria, aun cuando existían suficientes argumentos jurídicos para desvirtuar las razones por las cuales se profirieron. (ii) El defensor de oficio y los defensores de confianza con los que contó el accionante se abstuvieron de solicitar pruebas, así como de contradecir las aportadas por el denunciante y la parte civil, tanto durante la fase de investigación como en la de juicio. Para los apoderados del accionante, tales falencias no pueden ser imputadas al procesado porque éste asistió a las audiencias de las que tuvo conocimiento, rindió la información de forma oportuna, y realizó los cambios de abogado de confianza requeridos apenas se percató de la inobservancia de sus deberes profesionales. Por eso, en su sentir, la desidia de los abogados violó el derecho fundamental del accionante a la defensa. 1.19 Adicionalmente, los abogados manifestaron que la sentencia incurrió en defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma, pues no se probaron todos los elementos subjetivos del tipo penal del delito de estafa agravada (art. 356 del Decreto 100 de 1980). Al respecto indicaron que: (i) Nada dijo el fallo en relación con la prueba y la configuración del dolo en la conducta desplegada por el accionante. Se limitó a mencionar de manera sucinta algunos supuestos relativos al incumplimiento de un contrato civil. Sin embargo, de ello no se deriva automáticamente la comisión de una conducta punible. (ii) No se probó de forma suficiente en la sentencia la existencia de artificios o engaños dirigidos a suscitar error en la víctima porque “si bien es cierto a la firma del contrato de promesa de permuta los bienes inmuebles objeto del mismo se encontraban embargados, tal situación no constituía un impedimento para el perfeccionamiento del negocio jurídico de promesa de permuta, que por su naturaleza no comporta la transferencia del derecho real de dominio, ni es razón suficiente para establecer la supuesta comisión del delito de estafa”[8]. Además, tampoco se comprobó que el denunciante hubiera sido inducido efectivamente al error “por cuanto a) tuvo la posibilidad de conocer el hecho posteriormente alegado por él [revisando los certificados de libertad y tradición de los inmuebles en los que aparecía registrada la hipoteca objeto de la controversia], y por tanto, evitar el perfeccionamiento del negocio, por estar contenido en un documento público y b) era una persona profesional y con amplios conocimientos del negocio de bienes raíces, situación que se demuestra en el objeto social de las sociedades que representaba” [9]. (iii) Tampoco consideró el juez en este caso que el accionante no obtuvo provecho ilícito del negocio, puesto que “el inmueble que iba a ser permutado por el denunciante soportaba una hipoteca, que fue posteriormente cancelada por el accionante”[10]. (iv) El juez no presentó razones que justificaran el monto de la indemnización de perjuicios. Se limitó a indicar la normatividad legal relativa a las indemnizaciones pero pasó por alto señalar “los fundamentos fácticos y demostrativos que le permitieran su concreción”[11]. 1.20 Finalmente, indicaron los peticionarios que tanto la Fiscalía Seccional como el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla, omitieron decretar y practicar pruebas que eran determinantes para despejar las dudas sobre la inocencia del accionante, y llevar a la absolución del actor. A su juicio, este defecto fáctico ocurrió por las siguientes razones: (i) En el caso del señor Frieri Gallo “la existencia de la duda fue clara desde el momento en que fue recibida la declaración del accionante en la diligencia de indagatoria, sin embargo (…) los funcionarios judiciales obviaron la solicitud, decreto y práctica de aquellas pruebas que le resultaban favorables al procesado, quebrantando el principio de presunción de inocencia, al darle valor probatorio únicamente a las aportadas por el denunciante”. De este modo, desconocieron el principio de investigación integral que exige a los funcionarios judiciales indagar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del inculpado. (ii) Las autoridades judiciales omitieron solicitar el certificado de existencia y representación legal de Orión Construcciones Ltda e Inversiones Vivo Ltda, pruebas documentales que habrían permitido comprobar con facilidad la cercanía entre estas personas jurídicas, y justificar así la actuación del accionante en relación con el dinero que Orión Construcciones le adeudaba. (iii) Pese a que durante la diligencia de indagatoria el accionante suministró con exactitud nombres de personas que conocían de hechos jurídicamente relevantes para el proceso, incluyendo el del representante legal de la constructora que mantuvo los inmuebles embargados, ni la Fiscalía ni el Juzgado decretaron las pruebas testimoniales pertinentes que le habrían permitido al actor comprobar su buena fe en las negociaciones. 1.22 La acción de tutela fue admitida el 6 de mayo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. Intervención de la parte demandada 2. Andrés Peña Pacheco, Juez Sexto Penal del Circuito Adjunto de Barranquilla, manifestó que no fue su despacho sino el Juzgado Segundo del Circuito Adjunto quien profirió la sentencia condenatoria contra Salvador Frieri Gallo. Sin embargo, debido a las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el circuito, es el juzgado que preside el interviniente quien está a cargo del proceso. Hecha esta salvedad, presentó una síntesis de las oportunidades en que se notificó a los apoderados del accionante sobre las actuaciones procesales adelantadas. Además, resumió la actividad desplegada por su despacho con el fin de resolver las solicitudes elevadas por la tercera incidental, Rita Carolina Martínez de Carvajes, sobre el levantamiento de una medida cautelar impuesta sobre uno de los bienes inmuebles que hicieron parte del negocio que dio lugar al proceso penal. Intervención del demandante en el proceso penal. 3. Roberto Artúz Rúa, apoderado de Inversiones de Vivo Ltda, y tercero con interés en esta acción de tutela, intervino para solicitar que se declare la improcedencia del amparo por cuanto el accionante contó con todas las oportunidades y mecanismos procesales para ejercer su defensa de forma efectiva. En su concepto, acudir ahora a la tutela no es otra cosa que intentar debatir asuntos del fondo de la controversia penal que fueron correctamente decididos por el juez ordinario. De los fallos de tutela. 4. Mediante fallo proferido el 18 de mayo de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla negó la acción de tutela instaurada por el apoderado del ciudadano Salvador Frieri Gallo por cuanto consideró que “ninguna de las propuestas de la parte actora implica afrentas a garantías fundamentales del actor que le sea imputable a alguna de las entidades accionadas, pese a que la causa soporta algunas irregularidades que deben ser ventiladas por los medios ordinarios de justicia”. A juicio de la Sala, el resultado del proceso penal adelantado en contra del actor obedece únicamente a que éste dejó de ejercitar en debida forma los recursos ordinarios que prevé la ley, y este error no puede ser atribuido a la administración de justicia bajo la apariencia de ausencia de defensa técnica o indebida notificación. En cuanto tiene que ver con las pruebas, señaló que podían ser controvertidas en otros escenarios judiciales. Por último, hizo un llamado de atención al despacho accionado en tanto que no presentó un informe en relación con su actuación en el proceso, sino que se limitó a enviar la información al juzgado que por cuestiones de administración judicial asumió el conocimiento de los incidentes surgidos en el proceso luego de ser emitida la sentencia condenatoria. De la impugnación y el fallo de segunda instancia 5. El apoderado de Salvador Frieri Gallo impugnó oportunamente la decisión de primera instancia insistiendo en que la tutela instaurada observa plenamente los requisitos de subsidiariedad y residualidad de la acción. En primer lugar, señaló que es cierto que en el proceso penal se dejaron de interponer y sustentar efectivamente los recursos que habrían permitido llegar a la sentencia absolutoria. Sin embargo, indicó que ello se explica precisamente por la ausencia de defensa técnica que se alega en la tutela. En segundo lugar, manifestó que en el caso del señor Frieri Gallo se cumplen a cabalidad los presupuestos que la Corte ha establecido para considerar que el procesado no tuvo defensa técnica: (i) Las fallas o deficiencias en la defensa no fueron consecuencia de una estrategia planteada por los apoderados. Por el contrario, es evidente que obedecieron a una labor meramente formal y figurativa, puesto que los abogados dejaron de responder a algunas de las diligencias y dejaron de sustentar oportunamente los recursos que ellos mismos habían instaurado. (ii) La ausencia de defensa técnica afectó otros derechos fundamentales del actor, tales como el derecho a solicitar pruebas, contradecir los argumentos de la contraparte, acceder a la segunda instancia y, finalmente, la posibilidad de ser absuelto en el proceso. (iii) Las deficiencias no le pueden ser imputadas ni directa ni indirectamente al procesado, puesto que no fueron el resultado de una maniobra elusiva sino del hecho objetivo de que el actor tiene fijado su domicilio en Italia. (iv) De haber tenido una suficiente defensa jurídica habría cambiado sustancialmente el sentido de la decisión, toda vez que las decisiones habrían sido estudiadas en una segunda instancia, se habrían podido examinar argumentos y pruebas a favor del accionante y, de este modo, establecer la inexistencia de los elementos que constituyen el delito de estafa. 5.1 En cuanto a las notificaciones, recordó el impugnante que la discusión no tiene que ver con el desconocimiento que el señor Frieri Gallo tuviera del proceso, sino del hecho de que todas las notificaciones fueran realizadas a direcciones diferentes a las informadas por los defensores de confianza y de oficio del actor. Al efecto, hizo un recuento de todas las notificaciones hechas a la parte demandada. 5.2 En cuarto lugar, enfatizó en que el defecto fáctico aducido en la demanda de tutela no tiene que ver con la errónea valoración de las pruebas –como indicó el juez a quo- sino en que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma era absolutamente inadecuado y violatorio del principio de investigación integral, razón por la cual debe volver a surtirse esta etapa. 5.3 Finalmente, extrañó que en la sentencia de primera instancia nada se hubiera dicho en relación con el defecto sustantivo alegado por el accionante. Conforme a ello, solicitó el amparo de los derechos del accionante y pidió que se dejaran sin efectos todas las actuaciones adoptadas en el marco del proceso penal. 6. En sentencia del 28 de julio de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión denegatoria del amparo promovido por Salvador Frieri Gallo por cuanto encontró que la tutela carecía de inmediatez. A su juicio, el fallo condenatorio se profirió el 19 de octubre de 2010 y la demanda de tutela se instauró apenas el 3 de mayo de 2011, esto es, 7 meses después de que ocurrió el último acto supuestamente violatorio de los derechos fundamentales. A juicio de la Sala, ese término excede los parámetros de oportunidad y razonabilidad establecidos por la Corte Constitucional a la hora de estudiar la procedencia de las acciones de tutela. En todo caso, sostuvo que el actor contó durante todo el proceso con asesoría de profesionales del derecho elegidos por él mismo, y que no puede trasladar los reproches frente a su labor en sede de tutela. Pruebas solicitadas por la Sala de Revisión. 7. Mediante autos del 21 de febrero y 24 de mayo de 2012, el Magistrado Ponente ofició al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla para que remitiera a esta Corporación copia completa del proceso penal adelantado por Inversiones de Vivo Ltda. contra Salvador Frieri Gallo por el delito de estafa, el cual dio lugar a la sentencia condenatoria proferida el 12 de octubre de 2010 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Adjunto. El despacho del Magistrado Ponente recibió y valoró la copia de todos los cuadernos que conforman el mencionado proceso penal y hará referencia a su contenido según sea necesario a lo largo del proyecto. II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Competencia. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Problemas jurídicos En el presente asunto corresponde a la Sala establecer si se vulneraron los derechos fundamentales de Salvador Frieri Gallo dentro del proceso penal adelantado en su contra, el cual terminó con una sentencia condenatoria por el delito de estafa agravada por la cuantía. Concretamente, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la administración de justicia desconoció el debido proceso en las actuaciones adelantadas dentro del proceso penal (bajo la Ley 600 de 2000) al incurrir en (i) defecto procedimental por indebida notificación a los apoderados, o en (ii) defecto procedimental por ausencia de defensa técnica, pese a la presencia formal de abogados de confianza y de oficio durante el proceso. En caso de que no sea así, en segundo lugar deberá establecer si el juez vulneró los derechos fundamentales del procesado al proferir una sentencia condenatoria (iii) que fue motivada de forma insuficiente en relación con la concurrencia de elementos que configuran la estafa; o (iv) que incurrió en defecto fáctico por omisión de la práctica de pruebas favorables a los intereses del accionante. Valga precisar desde ya que los apoderados del accionante solicitaron que se declarara que las deficiencias en la sustentación fáctica y jurídica de los elementos que constituyen el tipo penal de estafa (problema jurídico (iii)) generaron un defecto sustantivo de la sentencia penal. No obstante, tal como se explicará más adelante, el problema de adecuación típica que presentan los peticionarios está más relacionado con la precariedad de los argumentos fácticos y jurídicos para concluir que la situación de Frieri Gallo se subsume en los supuestos normativos del delito de estafa, y mucho menos con el errada selección de los parámetros normativos o con una interpretación absolutamente irrazonable de los mismos. Por lo tanto, la Sala lo estudiará como un posible defecto por ausencia de motivación. Para abordar el estudio de los problemas descritos, la Sala comenzará por reiterar la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Luego de ello caracterizará brevemente el defecto procedimental y sustantivo, la causal específica “decisión sin motivación”, y el defecto fáctico. Finalmente verificará que la acción de tutela cumpla los requisitos formales de procedibilidad y, en caso de que ellos estén presentes en su totalidad, entrará a analizar los defectos alegados en el caso concreto. 1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 1.1 La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales. Este equilibrio se logra a partir de la configuración de supuestos de procedibilidad cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional, que garantizan el carácter excepcional y subsidiario de la acción[12]. La Corte ha precisado que la tutela contra providencias es excepcional, pues aunque busca responder a la exigencia constitucional de que los derechos fundamentales sean protegidos efectivamente, no puede desconocer el hecho de que la jurisdicción ordinaria constituye el primer espacio de reconocimiento y realización de estos derechos; que los jueces que han proferido las sentencias gozan de autonomía funcional; y que dichos fallos tienen el valor de cosa juzgada. Por ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente litigiosos, en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente válidas, o en las amplias atribuciones del juez para la valoración del material probatorio, mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de los derechos constitucionales[13]. Además, ha dicho la Corte que la tutela contra providencias judiciales tiene un carácter subsidiario, puesto que no puede instaurarse de manera paralela al curso normal de los procesos judiciales, sino que requiere el agotamiento de todas las instancias en las cuales hubiera podido solicitarse la protección del derecho amenazado o vulnerado, salvo que la tutela se instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[14]. En este sentido, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra sentencias judiciales está dirigida a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias que tornan la decisión incompatible con la Constitución. Tal como lo dijo la Corte desde la sentencia T-555 de 2009 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), “la acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia”. Con el fin de salvaguardar las características mencionadas, se ha establecido que la tutela procede únicamente cuando reúne los siguientes requisitos formales de procedibilidad: (i) Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) Que no se trate de sentencias de tutelahttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-189-09.htm - _ftn10. Asimismo, es necesario que la providencia judicial se encuentre dentro de alguno de los requisitos genéricos de procedibilidad que hacen referencia a los posibles defectos de las sentencias[15]: (i) orgánico, (ii) procedimental, (iii) fáctico, (iv) sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (vii) violación directa de la Constitución. Aunque cada una de ellas reviste particularidades, debe tenerse en cuenta que no existe un límite indivisible entre todas ya que, por ejemplo,“resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[16]”[17]. 2. Caracterización del defecto procedimental. Vulneración del debido proceso por ausencia de notificación y ausencia de defensa técnica. Reiteración de jurisprudencia. 2.1 La Corte ha sostenido de manera pacífica y reiterada[18] que el defecto procedimental, como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, encuentra fundamento normativo en los artículos 29 –relativo al debido proceso- y 228 de la Constitución –que consagra el derecho a la administración de justicia-. 2.2 Se presenta cuando se da un desconocimiento absoluto de las formas del juicio porque el funcionario judicial sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto), o porque pretermite etapas o eventos sustanciales del procedimiento legalmente establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. De acuerdo con lo sostenido en la sentencia SU-159 de 2002 (M.P Manuel José Cepeda), este último evento se presenta cuando la ausencia de una etapa procesal o de alguna formalidad del mismo tipo desconoce las garantías previstas en la ley para los sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que: “(i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica[19], que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo[20] y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas[21]”, entre otras. 2.3 En todo caso, cualquiera que sea la situación, la procedencia de la tutela en presencia de un defecto procedimental se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos: (i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales. 2.4 El presente asunto está relacionado principalmente con la pretermisión de dos garantías indispensables para ejercer adecuadamente el derecho a la defensa y la contradicción dentro del proceso penal: la notificación de las providencias correspondientes de acuerdo con la ley y la posibilidad del procesado de contar con defensa técnica, esto es, con la asesoría de un profesional del derecho a lo largo del trámite de la acción. Por ello, a continuación la Sala se detendrá en los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con ambos eventos. 2.5 Vulneración del debido proceso por ausencia de notificación de las actuaciones y providencias. Especificidades del proceso penal. 2.5.1 La notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias proferidas por autoridades judiciales y administrativas. Sin embargo, su realización no es solo una formalidad. La notificación adquiere trascendencia constitucional en la medida en que este acto procesal permite a la persona adquirir conocimiento de las decisiones que le conciernen y establecer el momento exacto en que empiezan a correr los términos procesales, de modo que se convierte en presupuesto para ejercer los derechos de defensa y contradicción en todas las jurisdicciones[22]. 2.5.2 En materia penal, la Corte ha dicho que las notificaciones adquieren especial importancia por cuanto un proceso indebidamente notificado puede culminar en la condena judicial de un ciudadano, en la pérdida de la presunción de inocencia, y en la obligación de soportar el ejercicio del poder sancionador del Estado, que le impone límites al goce de sus derechos fundamentales a la libertad de locomoción, la libertad personal, etc., por un espacio considerable de tiempo[23]. 2.5.3 Teniendo en cuenta lo anterior, cuandoquiera que las notificaciones se dejan de hacer en la oportunidad o mediante el método previsto en la ley, especialmente en los procesos penales, se incurre en una irregularidad que afecta las garantías procesales de una de las partes. Pero dado que buena parte del impacto de estas irregularidades pueden ser corregidas dentro del mismo proceso a través de la institución de la nulidad, y los recursos ordinarios y extraordinarios contra las decisiones, la Corte ha dicho que para que los errores en materia de notificación puedan ser considerados un verdadero defecto procedimental que haga procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, es necesario que ellos sean determinantes en el proceso y estén revestidos de suficiente entidad[24]. 2.5.4 Esto significa que para que proceda la tutela por irregularidades en la notificación, la deficiencia: (i) debe ser tangible y haber tenido un impacto ostensible en las resultas del trámite judicial; (ii) debe haber incidido negativamente en la posibilidad de que el interesado ejerza su derecho de contradicción y de defensa[25]; (iii) no puede ser atribuible al afectado pues, si lo fuera, la acción de tutela contra providencias judiciales perdería su carácter excepcional y se convertiría en una instancia adicional para que se corrijan los errores cometidos por las partes en el proceso. Y, por último, debe verificarse que (iv) la autoridad judicial que adoptó la decisión asumió una conducta evidentemente omisiva en relación con la comunicación de las decisiones judiciales, es decir, que fue negligente en cuanto tiene que ver con los intentos de notificación, realizados en el orden preferencial previsto en las distintas legislaciones procesales[26]. 2.5.5 En cuanto tiene que ver con el cumplimiento de este último requisito dentro de un proceso penal, la Corte ha enfatizado que el operador judicial y el ente investigativo adquieren un deber especial en relación con la notificación personal de las providencias que así lo exigen, en dos eventos. El primero de ellos es el de las personas privadas de la libertad. Para esta Corporación, debido a que estos sujetos se encuentran bajo una relación de especial sujeción con el Estado, la autoridad judicial tiene certeza sobre el lugar en que se encuentran por hallarse privados de su derecho a la libertad de locomoción. Por ello, cuando profiere una decisión dentro del proceso penal, la autoridad no puede limitarse a verificar que los telegramas y otros medios de comunicación de la orden de notificación lleguen efectivamente al centro de reclusión, sino que es preciso que emplee un procedimiento de notificación personal que lleve a la convicción de que la persona privada de la libertad adquirió conocimiento efectivo de la decisión, tanto en su parte motiva como resolutiva, y que entendió los recursos que contra ella caben[27]. El segundo evento tiene que ver con la notificación del inicio de un proceso penal, antes de la declaratoria de persona ausente. Para la Corte, si bien la vinculación del investigado como persona ausente dentro del proceso penal está amparada por la Constitución, el empleo de dicha figura es excepcional, y debe “estar precedida del despliegue de actividades por parte de las autoridades judiciales tendientes a notificar de la existencia del proceso al sindicado”[28]. Por eso, cuando se cuenta con al menos una posibilidad de notificar personalmente al demandado de la iniciación de un proceso judicial en su contra, el emplazamiento y nombramiento de un defensor de oficio, son actuaciones que no sustituyen la obligación de vincular de forma personal al afectado. Si el operador judicial abdica de su obligación de notificar correctamente todas las decisiones tomadas dentro del proceso penal procurando que, en lo posible, las personas adquieran conocimiento efectivo de las mismas, se limita el derecho de las partes procesales a ejercer sus potestades dentro del proceso. Ello puede configurar un defecto procedimental, cuya consecuencia no es otra que ordenar a la autoridad judicial que tramite de nuevo las actuaciones con pleno respeto del debido proceso[29]. 2.6 Vulneración del debido proceso por ausencia de defensa técnica en el proceso penal. 2.6.1 Además de las garantías procesales concretadas en los actos de notificación, la Corte ha enfatizado que el procesado penal tiene derecho a ser asistido por un defensor idóneo y con formación jurídica básica durante todas las etapas del proceso (Art. 29 C.N). Este defensor puede ser el escogido por el propio procesado y, de no ser ello posible, debe ser el asignado de oficio por el Estado para estos fines. El derecho a la defensa técnica tiene un contenido doble: el defensor debe estar presente para hacer valer todas las garantías formales dentro del trámite judicial y, adicionalmente, debe actuar para representar los derechos sustanciales de su prohijado. Ambas facetas implican que el defensor pueda pedir y aportar apruebas, controvertir aquellas que han sido allegadas al proceso e impugnar las decisiones que se adopten en el mismo[30]. Por esta razón, la defensa técnica no se reduce a la presencia formal de un abogado de confianza o de oficio durante el trámite penal. Desde el punto de vista material, el derecho a la defensa exige que el Estado y las autoridades judiciales garanticen que, tanto los defensores de confianza como los de oficio, cuenten con todas las condiciones materiales y formales para desplegar una actividad procesal dirigida a hacer valer ante el juez los derechos subjetivos y los demás intereses jurídicos del imputado, de modo que pueda predicarse del proceso una verdadera igualdad de armas entre el ente investigador y acusador y el procesado. Así lo ha explicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al concluir que la garantía judicial consistente en la defensa técnica[31] requiere (i) que en la medida de lo posible el procesado pueda elegir a su abogado defensor; (ii) que el defensor elegido o designado sea nombrado desde el principio de las diligencias penales, y no solo en la etapa del juicio; (iii) que el defensor pueda comunicarse libre y confidencialmente con su prohijado; (iv) que el abogado pueda tener conocimiento oportuno y completo de los cargos y del contenido del expediente; (v) que ni las autoridades judiciales ni las administrativas interpongan cualquier tipo de obstáculos que impidan al defensor aportar pruebas, controvertir las que han sido allegadas al proceso e impugnar las decisiones[32]. 2.6.2 Visto así este derecho fundamental, se hace evidente que no toda falla o deficiencia en el ejercicio profesional de la defensa penal constituye una vulneración que dé lugar a la acción de tutela contra providencias judiciales. La Corte ha reiterado que solo se configura un defecto procedimental por desconocimiento del derecho a la defensa técnica, cuando se han presentado errores que son protuberantes, y que cumplan las siguientes características: (i) Debe ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal o jurídica. Debe establecerse que las fallas no tuvieron o no pudieron haber tenido como fundamento la estrategia de defensa del abogado, quien cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para elegir sus actuaciones en el ejercicio de su cargo. (ii) Las mencionadas deficiencias no deben ser imputables al procesado o haber resultado de su propósito de evadir la justicia. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte este criterio es doble. No puede alegar violación del derecho a la defensa técnica quien se oculta o intenta evadir por su propia voluntad el proceso judicial; y tampoco puede hacerlo quien renuncia al ejercicio personal de la defensa, al delegar en su totalidad el proceso al apoderado de confianza o al defensor de oficio, con la intención de desatender la acusación en su contra y deslegitimando su interés de protección. En ambos casos, ha dicho la Corte que el procesado debe asumir directamente las consecuencias del proceso[33]. (iii) La falta de defensa material o técnica debe ser trascendente y determinante en los resultados de la decisión judicial. Es necesario comprobar que, de haber tenido una defensa técnica diligente, el sentido de la decisión hubiera podido ser distinto y que, tal como se llevó a cabo el proceso judicial, se desconocieron otras garantías del accionante, por ejemplo, porque se configuraron causales específicas de procedibilidad de la tutela[34]. 2.6.3 Lo dicho hasta aquí permite concluir que el derecho a contar con una defensa técnica no puede ser interpretado como la obligación de las autoridades administrativas y judiciales de garantizar a toda costa que los abogados defensores adopten una estrategia adecuada y diligente que lleve a la defensa exitosa del caso. Una vez las autoridades han garantizado la presencia del abogado y el cumplimiento de las condiciones necesarias para que éste pueda cumplir a cabalidad con su función, entre otras, absteniéndose de cometer las conductas prohibidas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, las aptitudes para conducir una defensa eficiente dependen del profesional individualmente considerado, y sus fallas en la estrategia defensiva son, en principio, responsabilidad exclusiva del mismo. La acción de tutela que –se insiste- solo excepcionalmente procede contra providencias judiciales, no es el escenario propicio para la corrección de los errores de litigio cometidos por quienes no son favorecidos con un fallo judicial. Por ello, en principio, tal como lo señaló la Corte en la síntesis realizada en la sentencia T-068 de 2005 (M.P Rodrigo Escobar Gil) sobre la materia: “en cuanto no existe una relación de necesidad entre una [las fallas o deficiencias en la defensa técnica] y otra [la entonces llamada vía de hecho judicial], las posibles faltas en la asistencia letrada solo habilitan al afectado para reclamar su protección judicial y ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios preestablecidos en el proceso, sin que tal habilitación se extienda por sí misma al amparo constitucional”[35]. 2.6.4 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, solo se desconoce el derecho a la defensa técnica material a pesar de contar con un abogado, cuando en el proceso penal se dejaron de practicar pruebas, controvertir las decretadas y presentar los recursos pertinentes, de forma negligente, pero siempre que no le haya sido posible jurídica y fácticamente intervenir al inculpado para modificar esta situación, tal como ocurre cuando la persona es procesada como persona ausente. En efecto, en las sentencias T-395 de 2010 (M.P Jorge Ignacio Pretelt) y T-654 de 1998 (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte declaró que se vulneró el derecho a la defensa técnica de los accionantes, pues fueron condenados como personas ausentes y, pese a que eran evidentes las actuaciones que podía desplegar la defensa, los defensores de oficio se abstuvieron de llevarlas a cabo. En contraste, en las sentencias T-450 de 2011 (M.P Humberto Sierra Porto), T-831 de 2008 (M.P Mauricio González) y T-068 de 2005 (M.P Rodrigo Escobar Gil) se concluyó que, más allá de los posibles desaciertos de los defensores de confianza de los accionantes, los procesados tuvieron conocimiento del trámite y las oportunidades suficientes para intervenir en él, inclusive a través de la sustitución del poder a sus abogados. En este orden de ideas, los posibles errores que conllevaron a las sentencias condenatorias no podían ser imputados a las autoridades jurisdiccionales o al Estado a título de ausencia de condiciones para el ejercicio de la defensa técnica. Por último, en la sentencia T-962 de 2007 (M.P Clara Inés Vargas Hernández) se concluyó que si bien el accionante fue procesado como persona ausente, el defensor de oficio había ejercido su cargo de forma diligente, teniendo en cuenta las limitaciones en relación con el conocimiento de la versión del acusado y la consecuente dificultad para solicitar la práctica de pruebas conducentes y pertinentes para lograr la absolución del procesado. Por tanto, en este caso tampoco se configuraba un defecto por ausencia de defensa técnica. De este modo, la Corte ha concluido que la procedencia de la acción de tutela por ausencia de idoneidad y eficacia de las actividades desplegadas por el abogado defensor, depende del conocimiento que pudo tener el procesado sobre el trámite adelantado en su contra, y las posibilidades razonables de intervenir en él, estando atento por lo menos al curso del proceso. Ello apareja, en algunos casos, que en sede constitucional sea necesario exigir mayor idoneidad al defensor de quien no pudo conocer del proceso, que usualmente es representado por un abogado de oficio, que al abogado de confianza de quien tuvo todo el tiempo acceso al proceso. En cuanto a los abogados de oficio, si bien la Corte entiende que en algunas ocasiones la labor del defensor de oficio se ve entorpecida por la ausencia de la versión del procesado, en todo caso se trata de la representación de los intereses de personas que no tienen la posibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos y, sin embargo, pueden verse abocados a la pérdida de su libertad[36]. Por ello, es necesario ejercer un estricto control sobre la materialidad de la defensa llevada a cabo por los defensores de oficio. En los demás casos, la obligación de las autoridades jurisdiccionales y administrativas de garantizar que el defensor de confianza lleve a cabo su labor con diligencia disminuye en grado, siempre que el procesado haya podido conocer del proceso e intervenir efectivamente en él, y que las autoridades judiciales no hayan interpuesto obstáculos para el buen ejercicio de la defensa. La Corte asume que, en principio, quien pudo contratar un abogado de confianza tiene conocimiento de que cursa un proceso en su contra y, por tanto, en caso de que observe fallas protuberantes en su defensa podrá cambiar de abogado o al menos presentar sus dudas ante el ente investigador. Todo esto, por supuesto, debe ser analizado en el caso concreto, dentro del margen de lo que es razonable exigir al ciudadano pues, tampoco podría la Corte pedirle al inculpado tal grado de pericia en materia judicial que estuviera obligado a conocer cada detalle del proceso o que tuviera que estar blindado frente a los abusos propios de la posición de poder en que se encuentra el abogado dentro del proceso. En este sentido, debe reiterarse que la jurisprudencia referida es un desarrollo del principio general según el cual el defecto procedimental por ausencia de defensa técnica exige que las deficiencias en la estrategia defensiva no sean imputables al procesado, asunto que debe resolverse atendiendo a las características de cada caso en particular. 2.6.5 Por supuesto, esto no significa que quienes son defendidos por abogados de confianza cuentan con una garantía menos efectiva que la otorgada a los procesados que acceden a un defensor de oficio. Frente a quienes eligen defensor de confianza, los jueces deben asegurar la observancia estricta del debido proceso practicando en cuanto sean necesarias pruebas de oficio; dando pleno valor a la presunción de inocencia que ampara al procesado; garantizando la igualdad de armas; y, sobre todo, tomando medidas positivas y negativas que lleven a los defensores de confianza a ejercer su cargo de forma eficaz. Por su parte, los abogados mantienen su deber profesional de poner todo su conocimiento y experticia a favor de su defendido, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias y penales[37]. 3. Breve caracterización del defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia[38]. 3.1 Este defecto se configura cuando se advierten yerros en una providencia judicial originados en el proceso de interpretación y aplicación de las normas jurídicas concernientes al caso sometido al conocimiento del juez porque: (i) se pasa por inadvertida una norma claramente aplicable al caso; (ii) se emplea una norma que es evidentemente inaplicable o (iii) se interpreta la norma pertinente de forma contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los legítimos intereses de una de las partes (interpretación manifiestamente irrazonable o desproporcionada)[39]. 3.2 La segunda hipótesis tiene lugar cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto “(i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[40], (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[41] o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.”[42] 3.3 En cuanto a la tercera motivación del defecto sustantivo, ha dicho la Corte que se configura excepcionalmente un defecto sustantivo cuando la opción hermenéutica escogida por el juez frente a un conjunto normativo resulta insostenible desde el punto de vista constitucional al “(i) entrar en conflicto con normas constitucionales; (ii) ser irrazonable, pues la arbitrariedad es incompatible con el respeto por el debido proceso; o (iii) devenir desproporcionada, al lesionar excesivamente los intereses de una de las partes, siempre que esa afectación ostente relevancia constitucional”[43]. En todos los casos, atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela, para que proceda la acción de tutela por configurarse un defecto sustantivo, es preciso que la irregularidad comprobada sea capaz de modificar el sentido de la actuación judicial objeto de la acción de tutela. 4. Ausencia de motivación de la decisión judicial. Causal específica de procedibilidad de la tutela...