Sentencia T-1024 de 2007

T-1024-07 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-1024/07 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Designación de miembros de comisión estatutaria de reclamos cuando en una empresa existe más de un sindicato Los fundamentos expuestos por la Corte en la sentencia C-201 de 2002 hacen inadmisible la interpretación de AEROREPÚBLICA S.A. acerca de qué sindicato tiene derecho tanto a designar los miembros de la comisión estatutaria de reclamos como a que ellos estén amparados por el fuero. En la mencionada sentencia se expresa que el criterio para establecer cuál de los sindicatos presentes en una empresa tiene el derecho de designar a los miembros de la comisión estatutaria de reclamos no puede ser el del número de afiliados. Al respecto expresa que ello atenta contra los derechos de participación e igualdad de los sindicatos minoritarios. Este mismo argumento cabe contra la interpretación defendida por AEROREPÚBLICA S.A. De acuerdo con esta interpretación, siempre quedaría un sindicato sin la posibilidad de nombrar miembros en la comisión estatutaria de reclamos, y sin el fuero sindical que dicha designación genera. Ello significa negarle la posibilidad de participación y de recibir un tratamiento igualitario al sindicato que no notificó de primero la integración de su comisión estatutaria de reclamos. Pero, además, en este caso puede llegarse también a la situación absurda de que se quede sin protección sindical para su comisión estatutaria de reclamos el sindicato cuyos afiliados constituyan la abrumadora mayoría de los trabajadores de una empresa, simplemente porque esa organización sindical, años atrás, tardó en inscribir a los integrantes de la comisión de reclamos. Por consiguiente, la interpretación avalada por la sociedad demandada no es aceptable a la luz de la Constitución. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Despido de piloto de Aerorepública amparado con fuero sindical VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-El Tribunal no valoró la prueba de la notificación del despido del actor El Tribunal incurrió en dos vías de hecho al dictar su sentencia, las cuales están interrelacionadas. Por una parte, en el pronunciamiento se configuró una vía de hecho por defecto fáctico, por cuanto en la sentencia se dejó de valorar una prueba obrante en el proceso que permitía establecer con claridad que ACDAC le comunicó a AEROREPÚBLICA S.A. su decisión de nombrar al actor en la comisión estatutaria de reclamos antes de que la empresa informara al sindicato y al señor sobre su decisión de despedir al último. La notificación sobre la decisión del despido fue hecha horas – y días - después de que el sindicato le hubiera comunicado a la empresa que había nombrado al actor como miembro de la comisión estatutaria de reclamos. Pues bien, el Tribunal no se refirió ni valoró en su sentencia este hecho acerca de la notificación, prueba que es determinante para decidir la cuestión de si el señor gozaba de fuero sindical cuando recibió la comunicación de la empresa acerca de que había sido despedido. Por eso, la sentencia del Tribunal incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico. VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-El Tribunal no resolvió la duda en forma favorable al trabajador en aplicación del artículo 53 de la CP El Sindicato ya le había informado a la empresa, en la audiencia de descargos, que había designado al señor como miembro de la comisión estatutaria de reclamos. Esto plantea una duda sobre lo sucedido y sobre la “aplicación” de las normas legales relevantes. Ante esta duda en la aplicación, el artículo 53 de la Carta ordena preferir la situación más favorable al trabajador. Por lo tanto, en este caso, en atención a lo establecido por el artículo 53 de la Constitución, la duda en la apreciación de las pruebas debía resolverse a favor de los trabajadores. De allí que pueda afirmarse que la sentencia del Tribunal incurrió también en una vía de hecho por defecto sustantivo, por cuanto no resolvió la duda en forma favorable al trabajador, a pesar de lo preceptuado en la misma Constitución, y no explicó por qué se abstenía de aplicar el artículo 53 de la Carta. SINDICATO-Facultades para determinar a que afiliados protege a través del fuero sindical Los documentos obrantes en el proceso ofrecen buenos argumentos para aceptar la afirmación de la empresa acerca de que el sindicato quería proteger al actor. La citación al actor para que acudiera a la audiencia de descargos daba pie para que el sindicato presumiera que la empresa pretendía tomar una decisión disciplinaria contra el señor. Ahora bien, sobre este punto es importante mencionar que dentro de las facultades del sindicato está la de determinar a cuáles de sus afiliados protege a través de la figura del fuero sindical. Y eso fue lo que ACDAC hizo en este caso, en ejercicio de su autonomía sindical. Al ver que muy probablemente el actor iba a ser despedido por causa de sus resultados en el simulador de vuelo decidió ampararlo con el fuero sindical. Para ello habrá tenido en cuenta los aportes del señor al sindicato. DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Conexidad/DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-El actor fue debidamente amparado con el fuero sindical por ACDAC Referencia: expediente T-1621439 Acción de tutela instaurada por Juan Manuel Vega León y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – ACDAC - contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil siete (2007). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de tutela instaurado por Juan Manuel Vega León y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – ACDAC - contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. I. ANTECEDENTES A través de un apoderado común, el ciudadano Juan Manuel Vega León y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – ACDAC – instauraron una acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, bajo la consideración de que esta autoridad judicial había vulnerado distintos derechos fundamentales al dictar su sentencia dentro del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) iniciado por el primero contra AEROREPÚBLICA S.A. 1. El 16 de mayo de 1993, Juan Manuel Vega León ingresó a trabajar como piloto de la empresa AEROREPÚBLICA S.A., mediante un contrato de trabajo a término indefinido. La relación laboral se prolongó hasta el 13 de noviembre de 2004, día partir del cual la empresa decidió dar por terminado el contrato de trabajo, en forma unilateral. AEROREPÚBLICA S.A. manifestó que el despido se producía con justa causa, por cuanto el piloto no había aprobado en dos ocasiones las pruebas de simulador de vuelo exigidas para la renovación de su licencia. Con ello se había configurado la causal de despido justo contemplada en el contrato de trabajo, en la cláusula 8 k), consistente en que el piloto no “ten[ga] permanentemente actualizados todos sus documentos técnicos y sanitarios necesarios para ejercitar las actividades de vuelo.” 2. Juan Manuel Vega León instauró una demanda de fuero sindical (acción de reintegro) contra AEROREPÚBLICA S.A., con el objeto de que se declarara que en el momento de la terminación del contrato de trabajo él gozaba de fuero sindical, como miembro de la comisión estatutaria de reclamos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –ACDAC, y que, dado que la empresa no había solicitado previamente la autorización judicial para su despido, él debía ser reintegrado. Así mismo, solicitó que, entre otras cosas, se ordenara a la empresa el pago de los salarios y prestaciones dejados de devengar y el pago de los intereses moratorios. En la demanda se expone que el actor era socio activo de ACDAC y que mediante escrito del 11 de noviembre de 2004, radicado el día 12, esta organización sindical le informó al Ministerio de la Protección Social y a la empresa demandada que él había sido designado como miembro de la comisión estatutaria de reclamos. A pesar de ello, el actor fue despedido a partir del día 13 de noviembre, sin contar con la autorización judicial requerida y sin cumplir con el trámite para los procedimientos disciplinarios que se establecen en el laudo arbitral que rige las relaciones colectivas en la empresa. La junta directiva de ACDAC interpuso contra la decisión el recurso de revisión contemplado en el laudo arbitral señalado, pero el presidente de la compañía la confirmó el día 26 de noviembre. 3. En la contestación de la demanda, el apoderado de AEROREPÚBLICA S.A. expresa que el señor Vega no gozaba de fuero sindical en el momento en que fue despedido. Al respecto afirma, en primer lugar, que en la empresa actúan dos organizaciones sindicales de gremio, ACDAC y ACVA – la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo, respectivamente. Luego dice que el literal d) del artículo 406 del CST, con sus respectivas reformas, dispone que en una empresa no puede existir más de una comisión estatutaria de reclamos, norma que fue declarada constitucional por la Corte en la sentencia C-201 de 2002. Así, expresa que puesto que ACVA fue el primer sindicato que procedió a nombrar y notificar a AEROREPÚBLICA S.A. sobre los miembros de la Comisión de Reclamos – el 19 de enero de 2000 - debe entenderse que ese sindicato es el que tiene derecho a designar los integrantes de la comisión estatuaria de reclamos que gozarán del fuero sindical dentro de AEROREPÚBLICA S.A. Por lo tanto, afirma que el nombramiento del señor Vega en la comisión de reclamos no tenía efectos para la garantía del fuero sindical. De otra parte, manifiesta que ACDAC “incurre en mala fe y abuso del derecho cuando pretendió crearle un fuero sindical [al señor Vega], el mismo día en que ya se había surtido la ceremonia de cargos y descargos, es decir, que su trabajador que no tenía fuero sindical había incumplido gravemente sus obligaciones laborales al no pasar su segundo simulador y por ende quedar su licencia de piloto suspendida, y con ello la imposibilidad de AEROREPÚBLICA S.A. de programarle asignaciones de vuelo, y ante ese gravísimo hecho, desconociendo la institución del fuero sindical que no es para proteger a los que incumplen las obligaciones laborales sino una garantía para que los sindicatos puedan ejercer más libremente el derecho constitucional de asociación, trató de protegerlo con esa figura, lo que tipifica un inequívoco acto de mala fe.” Menciona que después de haber obtenido evaluaciones insatisfactorias en dos pruebas de simuladores la empresa citó al señor Vega a descargos para el día 12 de noviembre de 2004. Luego de la diligencia, la empresa le comunicó al señor Vega y a ACDAC, por conducto de SERVIENTREGA, su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo, con justa causa. La comunicación también le fue enviada a ACDAC el mismo día, por fax transmitido a las 5:14 p.m. Dice entonces que después de conocer la decisión de la empresa, ACDAC radicó el mismo día una carta al representante de la empresa en la que anunciaba que el señor Vega había sido nombrado como integrante de la comisión estatutaria de reclamos. Esa carta habría sido redactada en un gran apuro, como lo demuestran varios errores que contenía, tanto así que el mismo día ACDAC envió otra comunicación a la empresa en la que aclaraba que la designación del señor Vega como miembro de la comisión estatutaria de reclamos había sido hecha por la junta directiva del sindicato el día 11 de noviembre de 2004, y no el 19 de abril, como aparecía en la carta original. 4. En su sentencia del día 4 de agosto de 2006, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá condenó a AEROREPÚBLICA S.A. a reintegrar al demandante al cargo que venía desempeñando, o a uno de igual o mayor categoría. En la sentencia se condenó también a la empresa a que le pagara al actor, a título de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del despido hasta el día en que efectivamente se produjera el reintegro. Manifiesta el Juzgado que en el expediente constaba que, el día 11 de noviembre de 2004, el sindicato le informó por escrito a la empresa demandada y al Ministerio de la Protección Social que el actor había sido nombrado en el comité de reclamaciones de ACDAC. Después de transcribir distintos apartes de la Sentencia C-201 de 2002 de la Corte Constitucional, el Juzgado examinó los argumentos expuestos por AEROREPÚBLICA S.A., de la siguiente manera: “Al expediente se encuentran aportadas las notificaciones que han realizado los Sindicatos ACAV y ACDAC a la empresa demandada informando sobre su comisión de reclamos (fls. 547-548). De las cuales se encuentra respaldo en cuanto a que existen dos comisiones de reclamos en la empresa. “Señala la demandada que se le debe dar validez a la comisión al Sindicato que primero notificó su designación, sin embargo se encuentra que si bien la organización sindical ACAV notificó a la empresa primeramente la designación de su comité, lo cierto es que ante el Ministerio de la Protección no tiene inscrita comisión de reclamos, tal como consta en la certificación del Ministerio de la Protección (fls. 609). “Por lo que se ha de dar validez a la Comisión designada por el Sindicato ACDAC, ya que se encuentra aportada la notificación tanto a la empresa empleadora como al Ministerio de la Protección Social, conforme a la Ley (fls. 33-36). “Ahora bien, a la manifestación que hace la demandada que se le creó la garantía foral el mismo día en que ya se había surtido la ceremonia de cargos y de descargos, se ha de tener que la carta de despido fue notificada al Sindicato vía fax el 12 de noviembre de 2004, a las 5:14 p.m. (fls. 543-546) y entregada personalmente a la Organización sindical el 16 de noviembre de 2004 (fls. 30-32). “Así mismo se encuentra que la notificación realizada al Ministerio de la Protección Social se hizo el 12 de noviembre de 2004, a la hora de las 2:30 p.m. (fl. 34) y a la empresa demandada en la misma fecha, sin que conste hora. Igualmente se encuentra que para la pluricitada calenda 12 de noviembre de 2004 fue citado el demandante para rendir descargos los cuales obran a folios 39-42 del expediente, audiencia que finalizó a las 12:20 p.m. “Sin que de los anteriores pueda presumirse que el Sindicato buscó favorecer al trabajador creándole una garantía, pues se tiene que antes de conocer la decisión de la empresa con respecto al demandante, el Sindicato ya había notificado al Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social la designación del señor Juan Manuel Vega como miembro del comité de reclamos. “Por lo tanto, en conclusión se encuentra demostrado que el actor al momento del retiro gozaba del fuero sindical, por ser parte del comité de reclamos y que tal situación fue debidamente notificada ante la empleadora y el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.” Luego de la anterior exposición, el Juzgado menciona que la misma empresa reconoce que no solicitó la autorización judicial para despedir al demandante, razón por la cual concluye que es imperioso condenar a AEROREPÚBLICA S.A. a reintegrar al actor. 5. En su escrito de apelación la empresa reiteró que lo que ACDAC y el demandante pretendieron “fue obtener una estabilidad laboral y no defender los intereses propios de la organización sindical, que es el objetivo primordial de la garantía de fuero sindical.” Por otro lado, expresa que no se sustenta en el expediente la afirmación del Juez acerca de que ACDAC era el sindicato que había notificado primero al Ministerio de la Protección Social y a AEROREPÚBLICA S.A. sobre la conformación de la comisión estatutaria de reclamos y que, por lo tanto, esa era la comisión de reclamos protegida con el fuero sindical. Dice que el primer sindicato en informar a AEROREPÚBLICA S.A. sobre la integración de la comisión estatutaria de reclamos fue ACAV y que en el expediente no aparece un solo documento en el que el Ministerio certifique que la comisión de reclamos de ACDAC aparece inscrita en el registro sindical. 6. En providencia del día 30 de noviembre de 2006, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia. En su lugar, decidió absolver a AEROREPÚBLICA S.A. de todas las pretensiones incoadas por el actor. En primer lugar, el Tribunal confirmó lo decidido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito acerca de que no se había demostrado que ACAV fuera el sindicato que hubiera notificado primero al Ministerio de la Protección Social acerca de la composición de la comisión de reclamos: “En punto a la primera inconformidad del apelante, cierto es que obran en el proceso las comunicaciones con que la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo - ACAV – notificó a la demandada sobre la designación de sus diversas comisiones de reclamos (fls. 547, 549, 551, 552, 554), sin embargo, de esas elecciones no fue enterado el Ministro de la Protección Social, para que pudieran surtir plenos efectos jurídicos; por lo menos, de ello no se allegó prueba…” (…) “ (…) [el recuento de las ocasiones en que ACAV informó a la empresa sobre los nombramientos efectuados en su comisión estatutaria de reclamos] permite desvirtuar la aseveración del apelante en el sentido de que la Comisión de Reclamos de la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo ACAV era la que gozaba de la garantía foral, por haber sido la primera en notificar su conformación a la empresa accionada y al Ministerio de la Protección Social, pues no se demostró que de las varias comisiones de reclamos que nombró aquella organización sindical se hubieran efectuado las notificaciones que pregona el impugnante, lo que se corrobora con la certificación que reposa a folio 609 expedida por la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical Ministro de la Protección Social y que da cuenta de que ACAV no tiene inscrita comisión alguna de reclamos. Luego, concluye que el actor no gozaba de fuero sindical en el momento en que fue despedido de la empresa: “Evidenciado lo anterior, se centra entones la controversia en determinar si la otra organización sindical que existe en la demanda, esto es, ACDAC, a la que pertenece el actor (fl. 8), lo eligió como miembro de su comisión estatutaria de reclamos, y si de este hecho se notificó en debida forma a la empleadora y al Ministro de la Protección Social, pues sabido es que estas constituyen formalidades que la ley ha impuesto con el objeto de que el fuero sindical que de aquel acto nace, surta los efectos correspondientes. “Sea lo primero aclarar que sobre la fecha de terminación del contrato no existió discusión alguna. Consta en la carta de despido (fl. 544) calendada 12 de noviembre de 2004, que la finalización fue efectiva a partir del día 13 de noviembre de 2004. Con la documental obrante a folio 543 se demuestra que al demandante y a la organización sindical se le informó esta decisión vía fax enviado el 12 de noviembre de 2004, a las 5:17 p.m., y aunque se dudara de la validez de esta forma electrónica de comunicación obra a fl. 30 la misiva del despido con constancia de recibido por el sindicato el día 16 de noviembre de 2004. “Ahora bien, en aras de determinar si en el momento en que se produce el despido y se notifica esta determinación el accionante gozaba de fuero sindical originado en su condición de miembro de la comisión de reclamos, se remite la Sala a la documental de fl. 33 mediante la cual el Sindicato comunica a la empleadora la designación de aquél como miembro de dicha comisión, el mismo 12 de noviembre de 2004. Allí se expresa que ‘en reunión de junta directiva’, se nombró como miembros de la comisión estatutaria de reclamos a que hace referencia el art. 57 de la Ley 50 de 1990, a los capitanes Juan Manuel Vega L., de la empresa AEROREPÚBLICA S.A. y Orlando Cantillo Higuera’, respecto de esta comunicación destaca la Sala que no se tiene certeza sobre a cuál reunión de junta directiva se refiere, ni la fecha de su celebración, pues la comunicación no lo dice; tampoco se aportó al plenario el acta respectiva de tales nombramientos, siendo necesaria su incorporación tratándose de la elección de la comisión estatutaria de reclamos; lo anterior, para verificar si la designación que se hizo al demandante corresponde o no a los dos miembros de la comisión de reclamos de que habla la ley, o a una comisión que no gozaba de fuero sindical. “Pero, aún aceptando que la elección del demandante como miembro de la comisión de reclamos correspondió a los que gozan de protección foral, se advierte que la comunicación sobre esta elección, dirigida al Ministro de la Protección Social, según sello de recibido de la documental que obra a fl. 36, repetida al fl. 38, data del día 18 de noviembre de 2004, fecha posterior a la terminación del vínculo laboral, lo que conlleva a concluir que al momento de acaecer el finiquito contractual no habría surgido este beneficio para el demandante,. “Ninguna fuerza probatoria se puede atribuir al documento que obra a fl. 34 repetido al fl. 35, dirigido al Ministerio del Trabajo anunciando tal designación, pues no se logra determinar con la certeza suficiente que fuera radicado en la oficina destinataria, dada la ilegibilidad de lo que pareciera ser un recibido fechado el 12 de noviembre de 2004 y sin sello del mismo Ministerio. “No se acreditó, por tanto, que cuando se produjo la desvinculación del demandante éste gozaba de la protección foral prevista en el literal d) del art. 406 del CST, modificado por el art. 12 de la Ley 584 de 2000, pues las pruebas allegadas no tienen la virtualidad de demostrar lo contrario, lo que conduce a revocar la sentencia de primera instancia, y, en su lugar, absolver a la enjuiciada de las pretensiones incoadas en su contra.” 7. El día 5 de febrero de 2007, a través de apoderada judicial común, el ciudadano Juan Manuel Vega León y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – ACDAC – instauraron una acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, bajo la consideración de que su sentencia del 30 de noviembre de 2006 constituye una vía de hecho, que vulnera los derechos al trabajo, al debido proceso y a la asociación sindical. Exponen que el actor se vinculó a ACDAC a partir del 12 de junio de 1997. Anotan que él ya había sido despedido en una ocasión de AEROREPÚBLICA S.A. Sin embargo, dado que en ese momento disfrutaba de la garantía del fuero sindical, la justicia laboral ordenó su reintegro. En el escrito se manifiesta que la sentencia acusada incurre en cuatro vías de hecho, a saber: - por defecto sustantivo, por interpretación inaceptable de normas sustanciales improcedentes en el caso concreto. Sobre este punto se asegura que en los estatutos de ACDAC se establece que la Junta Directiva del Sindicato designa a los miembros de la comisión estatutaria de reclamos y que, en ejercicio de esa facultad, el 11 de noviembre de 2004, se designó al capitán Juan Manuel Vega de AEROREPÚBLICA S.A. como miembro de la comisión. Afirman que, a diferencia de lo que ocurre con la designación de los miembros de la junta directiva - la cual debe ser comunicada al empleador, como lo disponen los arts. 363, 371 y 406 del CST - ninguna norma legal exige que se notifique al patrono acerca de la designación de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos. Concluyen, entonces, que si la ley no establece esa obligación, mal puede el intérprete erigirla, pues con ello está vulnerando el principio de la autonomía sindical, al mismo tiempo que el derecho fundamental a la asociación sindical. Por lo tanto, consideran que el Tribunal incurrió en una vía de hecho en este punto, pues consideró – equivocadamente - que el sindicato debía haber notificado a AEROREPÚBLICA S.A. sobre el nombramiento del capitán Vega en la comisión estatutaria de reclamos. - por defecto sustantivo, por violación del principio constitucional de la favorabilidad. Al respecto expresa que, al referirse a la comunicación que ACDAC le dirigió a AEROREPÚBLICA S.A. para notificarle la designación del señor Vega, el Tribunal manifestó que respecto de esa comunicación “no se tiene certeza sobre a cuál reunión de junta directiva se refiere, ni a la fecha de su celebración, pues la comunicación no lo dice...” Consideran que el principio de favorabilidad, en armonía con el de la buena fe, imponían que la controversia se resolviera a favor del trabajador: “la Sala no estaba en la obligación de presumir cierto lo que el Sindicato manifestó, porque esa misma afirmación la hizo ante el organismo estatal que vigila y controla a los sindicatos, sino que no podía invertir el beneficio de la duda como lo hizo a favor del empleador.” Remite al respecto a la Sentencia T-01 de 1999. Estiman que la notificación a AEROREPÚBLICA S.A. y al Ministro de la Protección Social acerca de la designación del señor Vega como miembro de la comisión de reclamos constituye una prueba de que el sindicato actúa de buena fe, pues no existe ninguna obligación legal para ello. También se puede observar la buena fe del sindicato en el hecho de que hubiera corregido, el mismo día, los errores de digitación en que incurrió al hacer la mencionada notificación a AEROREPÚBLICA S.A. - por defecto fáctico, por valoración arbitraria de las pruebas que demostraban que se había notificado a AEROREPÚBLICA S.A. y al Ministro de la Protección Social sobre la designación del actor como miembro de la comisión de reclamos, antes de su despido. La carta enviada por ACDAC para corregir los errores involuntarios consignados en la comunicación en que se informaba sobre el nombramiento del capitán Vega permite probar que “antes de las 5:15 de la tarde del 12 de noviembre de 2004, la Empresa se había enterado de tal elección.” La carta en que se comunicaba al Ministerio sobre la misma elección se radicó el mismo 12 de noviembre a las 2:30 p.m. “y se sobreentiende que el empleador será informado por ese organismo.” Mencionan que el parágrafo segundo del art. 406 del CST dispone que el fuero sindical se demuestra con la comunicación al empleador o con el certificado de inscripción del Ministerio, y a partir de ello afirman que para estos casos “el certificado se reemplaza con la notificación al Ministerio, entidad, que no inscribe comisiones estatutarias de reclamos, sino juntas directivas y sindicatos.” Remiten también al art. 363 del mismo Código, que dispone que cuando se constituye un sindicato se debe comunicar por escrito sobre ello al empleador y al inspector del trabajo, y que el inspector debe comunicar inmediatamente al empleador sobre el mismo hecho. De esta manera, afirman que, si se aceptara que el sindicato tiene la obligación legal de notificar a la empresa acerca del nombramiento de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, habría que concluir que ACDAC cumplió con esta prescripción. Dicen que ACDAC le notificó al Ministerio sobre el nombramiento del capitán Vega, y que el Ministerio estaba en la obligación de informar sobre este hecho a AEROREPÚBLICA S.A.: “La eventual omisión del Ministerio de la Protección Social no es responsabilidad de mis representadas, sino del inspector que debía cumplir con el mandato del artículo 363 del CST.” Por otra parte, en el escrito se afirma que constituye una valoración arbitraria de las pruebas el “tener en cuenta solamente la hora en que AEROREPÚBLICA S.A. le informó a ACDAC que había despedido al Capitán Vega (5:17 de la tarde) y no la hora de notificación al Ministerio o de radicación en la empresa de la carta que notificaba la designación del piloto en la comisión estatutaria de reclamos...” - por defecto orgánico, por cuanto el Magistrado William Hernández Pérez “participó en la decisión, a pesar de tener clara conciencia de que, en su condición de Juez Trece Laboral del Circuito, se declaró como grave enemigo de la suscrita apoderada y, por lo tanto, quedó impedido para actuar como juzgador en los procesos que tengo a mi cargo. En este caso, y a pesar de su propia expresión, desconoció su estado frente a este proceso y participó en la decisión que se tomó en la sentencia llamada a ser nula.” En este punto se anota que el Magistrado William Hernández Pérez se desempeñó como Juez Trece Laboral del Circuito de Bogotá, hasta pocos días antes de que el Tribunal dictara la sentencia acusada en la acción de tutela. Indica que en su calidad de Juez Trece Laboral del Circuito, el ahora Magistrado se declaró impedido para fallar un proceso, por cuanto en ella actuaba como apoderada la representante judicial del capitán Vega, y que en vista de ello “los procesos en los cuales soy apoderada de los trabajadores que han sido repartidos al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá pasan al Juzgado Catorce para su trámite.” A la demanda se acompaña copia de un auto fechado el día 15 de diciembre de 2005, dictado dentro del proceso ordinario de Guillermo Patiño contra ECOPETROL S.A. y suscrito por William Hernández Pérez, en su calidad de Juez Trece Laboral del Circuito, el cual reza: “Sería esta la oportunidad para proceder a resolver sobre la admisión de la demanda, de conformidad con el informe secretarial que nos antecede, si no fuera porque el suscrito se encuentra incurso en la causal del numeral 9° del art. 150 del CPC, que dice: ‘Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima ente el Juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.’ “Como quiera que la apoderada aquí demandante y algunos de sus clientes han instaurado denuncias temerarias contra el titular del despacho es razón que constituye motivo suficiente para no conocer del presente asunto, por lo tanto se declara impedido y se ordena su remisión al juzgado que sigue en turno de conformidad con lo instituido en el inciso 2° del art. 149 del CPC...” Considera la apoderada que el Magistrado Hernández también debió haberse declarado impedido en este proceso, lo cual habría conducido a que la Sala se integrara con otra persona. Dado que no fue eso lo que ocurrió, la sentencia adolece de un defecto fáctico orgánico. Con base en los argumentos expuestos, la apoderada de los demandantes solicita que se anule la sentencia del Tribunal y se ordene la confirmación del fallo dictado por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá. II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 8. En su sentencia del 19 de febrero de 2007, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió negar la tutela impetrada. Consideró la Sala de Casación Laboral que la tutela impetrada debe ser negada, por cuanto la decisión atacada “(...) fue fruto de la interpretación de las normas de derecho aplicables al caso concreto, las cuales fueron valoradas y sopesadas por el juzgador dentro del ámbito de autonomía que la misma Constitución le ha otorgado, de tal manera que no es la acción de tutela la llamada a cuestionarla. “Encuentra la Sala que fue la libertad de valoración probatoria la que permitió al operador del derecho basar su decisión en argumentos que de ninguna manera se apartan de consultar reglas mínimas de razonabilidad jurídica, que por lo mismo pueda permitir la injerencia del juez constitucional en un asunto que fue fallado con reflexiones válidas a la luz del ordenamiento legal vigente. “Por otra parte, cumple aclarar que si en su momento existieron motivos suficientes por parte de la apoderada de la parte actora para recusar a uno de los Magistrados integrantes de la Sala atacada, por cualquiera de los motivos que expone en su escrito de tutela, y no se hizo así, ello implica que confió en la imparcialidad del fallador y en razón a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela, no es posible ahora utilizarla como instrumento jurídico para subsanar deficiencias como la señalada.” 9. En su sentencia del día 12 de abril de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia. Expone que en su sentencia el Tribunal Superior de Bogotá “explicó en forma seria, juiciosa y razonada los motivos que de conformidad con las normas y los hechos acreditados le permitían revocar el fallo de primera instancia...” Por eso, concluye que “es evidente que la corporación judicial accionada actuó con competencia para proferir la sentencia reseñada, en la cual, se reitera, señaló las razones fácticas y legales que la llevaron a adoptarla, sin que se observe capricho o arbitrariedad de su parte...” También confirmó la decisión de primera instancia acerca del cuestionamiento de la apoderada de los actores por el hecho de que uno de los magistrados del Tribunal no se hubiera declarado impedido para fallar: “(...) acertó el juez colegiado de tutela al señalar que si existió motivo suficiente para recusar al funcionario, así debió proceder en los términos previstos por el artículo 151 y ss. de ejusdem [el Código de Procedimiento Civil], conforme con la remisión normativa del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, más no ahora cuando la decisión que cuestiona está revestida de legalidad y ha hecho tránsito a cosa juzgada.” III. PRUEBAS RECOPILADAS 10. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá remitió a la Corte Constitucional el expediente de fuero sindical al que se hace referencia dentro de la tutela, de acuerdo con solicitud que le fuera formulada por el Magistrado Ponente. Además, la apoderada del actor de la tutela remitió a la Sala de Revisión copia de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, el día 29 de agosto de 2007, dentro del proceso laboral ordinario instaurado por Juan Manuel Vega León contra AEROREPÚBLICA S.A. En la demanda se perseguía que la justicia declarara que el señor Vega había sido despedido, sin justa causa, durante la negociación del pliego de peticiones presentado por ACDAC a la empresa, con lo cual se habría vulnerado el fuero circunstancial que establece el art. 25 del Decreto 2351 de 1965, amparo del que gozaba el señor Vega como miembro de ACDAC. En la sentencia, el Juzgado declaró que el despido había sido sin justa causa. Al respecto expuso que, a pesar de que se habían calificado como No Satisfactorias las pruebas de simulador efectuadas por el actor de la tutela, dentro del expediente también obraba una constancia del representante de la empresa que prestaba los servicios de simulador que utilizaba AEROREPÚBLICA S.A. acerca de que el simulador había tenido problemas durante los días en que el señor Vega se sometió a las pruebas. Por lo tanto, y dado que el despido había ocurrido durante la etapa de negociación colectiva, el Juzgado determinó que AEROREPÚBLICA S.A. había violado el fuero circunstancial del actor y la condenó a reintegrarlo “al mismo cargo del cual fue despedido el 12 de noviembre de 2004, y al pago de los salarios dejados de percibir desde dicha fecha incluyendo las 50 horas garantizadas vuélese o no incluyendo los incrementos convencionales. En igual sentido, al pago de las prestaciones compatibles con el reintegro, es decir, aquellas cuya causación no depende de la prestación efectiva del servicio, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.” IV. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CONSIDERACIONES y fundamentos Competencia 1. Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política. Problema Jurídico 2. La empresa AEROREPÚBLICA S.A. decidió dar por terminado el contrato de piloto del señor Juan Manuel Vega. Adujo justa causa, por cuanto el señor Vega no había aprobado las pruebas del simulador de vuelo, requeridas para la renovación de la licencia de piloto. El señor Vega instauró contra AEROREPÚBLICA S.A. una acción de reintegro por violación del fuero sindical. Aseguró que él formaba parte de la comisión estatutaria de reclamos y gozaba del fuero sindical, razón por la cual no podía ser despedido sin que la empresa contara con una autorización judicial. En su respuesta a la demanda, la empresa manifestó que en ella hacían presencia dos sindicatos, ACAV y ACDAC, y que ACAV era el que tenía derecho a que su comisión de reclamos estuviera amparada por el fuero sindical, pues había sido el primero en notificar a la compañía acerca de la conformación de la comisión. Manifiesta que el actor había sido citado a descargos debido a la evaluación insatisfactoria que había obtenido en las pruebas del simulador de vuelo y que el sindicato decidió nombrarlo en la comisión estatutaria de reclamos con el fin de impedir que fuera despedido. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá condenó a AEROREPÚBLICA S.A. a reintegrar al actor. Estimó que de las pruebas aportadas al expediente se derivaba (i) que el sindicato que tenía inscrita su comisión estatutaria de reclamos ante el Ministerio de la Protección Social era ACDAC; y (ii) que el actor había sido nombrado miembro de la comisión estatutaria de reclamos y que, a pesar de ello, la empresa había decidido despedirlo sin solicitar la autorización del juez laboral. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de primera instancia de ordenar el reintegro del actor. Expuso, en primer lugar, que de las pruebas aportadas al legajo no se podía concluir que el sindicato ACAV era el que gozaba de la garantía foral para los integrantes de la comisión estatutaria de reclamos. Luego, consideró que no se había probado que el actor gozara de fuero sindical en el momento en que fue despedido de la empresa. Manifiesta que la carta donde se anunciaba su designación como miembro de la comisión estatutaria de reclamos no mencionó la fecha en que se celebró la reunión de la junta directiva. Tampoco se anexó al proceso copia del acta de esa reunión. Además, dice que la carta de despido fue enviada al sindicato antes que la de notificación al Ministerio de la Protección Social sobre la designación del señor Vega en la comisión estatutaria de reclamos. Al respecto aclara que el despido fue comunicado por fax el 12 de noviembre de 2004, a las 5:30 p.m., mientras que la designación apenas fue notificada el día 18 de noviembre. Anota que si bien el actor manifiesta que su nombramiento fue notificado el mismo día 12, a las 2:30 p.m., el sello que consta en el oficio que se aporta como prueba no permite distinguir que la notificación haya sido efectuada al Ministerio de la Protección Social. El actor y el sindicato entablaron una acción de tutela contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Consideran que este Despacho incurrió en distintas vías de hecho al dictar su providencia, y que ello vulnera sus derechos fundamentales. Tanto la primera como la segunda instancia en la tutela denegaron la protección constitucional solicitada. Afirmaron que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá era fruto de una interpretación razonable de las normas y de las pruebas aportadas al proceso. Por lo tanto, en este proceso la Sala de Revisión resolverá los siguientes problemas jurídicos: ¿al dictar su sentencia del 30 de noviembre de 2006, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, al no valorar pruebas determinantes que obraban en el expediente, o por defecto sustantivo, al dejar de aplicar las normas constitucionales relevantes? La necesidad de pronunciarse sobre la sentencia que avaló el despido del actor 3. Luego de que la presente tutela fuera seleccionada, la apoderada del demandante le informó a la Sala de Revisión que, el 29 de agosto de 2007, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá había fallado a favor del actor dentro de un proceso ordinario laboral que había instaurado contra AEROREPÚBLICA S.A. El Juzgado concluyó que el actor gozaba de fuero circunstancial cuando fue despedido – el día 12 de noviembre de 2004 –, por cuanto ACDAC se encontraba negociando en ese momento un pliego de peticiones con la empresa. Además, estableció que el actor había sido despedido sin justa causa, puesto que el simulador había presentado problemas durante los días en que acudió a las pruebas. Por lo tanto, el Juzgado ordenó reintegrar al señor Vega al cargo que desempeñaba en el momento en que fue despedido de la empresa. Al observar lo anterior, la pregunta que surge es si la Sala de Revisión se encuentra ante un hecho superado y si tiene sentido que se pronuncie. La Sala considera que sí debe fallar de fondo sobre el caso. El fallo al que se hace referencia es una sentencia de primera instancia, que muy probablemente fue apelada por la empresa. En vista de lo anterior, tiene sentido pronunciarse de fondo, puesto que es posible que la sentencia de primera instancia sea revocada. Por otro lado, si bien el resultado perseguido por el actor en los dos procesos es el mismo – ser reintegrado a la empresa - este proceso plantea interrogantes jurídicos propios que es importante dilucidar. Por eso, la Sala de Revisión decidirá de fondo sobre los problemas jurídicos planteados en la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia sobre la tutela contra providencias judiciales 4. El caso plantea un problema jurídico que ya ha sido abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia judicial en la que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales? La Corte ha respondido afirmativamente esta pregunta y no es necesario en este caso hacer un recuento detallado de la evolución que ha tenido la jurisprudencia al respecto, desde la sentencia C-543 de 1992[1] y las sentencias T-079 de 1993[2] y T-158 de 1993[3] - estas últimas proferidas inmediatamente después de la expedición de la sentencia C-543 de 1992. La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994[4] se determinara cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como una vía de hecho. En la providencia se indicaron los casos excepcionales en que procede la acción de tutela, indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Esta doctrina constitucional ha sido precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001[5] y SU-159 de 2002[6]. Ahora bien, en los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha conducido a la conclusión de que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y de que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de 2004[7] se describe dicha evolución. Finalmente, es importante señalar que en la Sentencia C–590 de 2005[8], la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la expresión “ni acción”, que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal). Dicha expresión fue declarada inconstitucional por cuanto desconoce el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º C.P.), al restringir el alcance de un mecanismo constitucional que, como la acción de tutela, fue diseñado para la protección de los derechos fundamentales frente a “cualquier autoridad pública” (artículo 86 C.P). La Corte distinguió en este fallo, que tiene efectos erga omnes, que una cosa es que el legislador no permita la utilización de recursos contra las sentencias que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de configuración, y otra muy distinta que excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad pública, concepto que evidentemente también incluye a las autoridades judiciales. De esta manera, en una sentencia que produce efectos erga omnes, se reafirmó la posición que ha venido adoptando la Corte Constitucional desde 1993, la cual reitera la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en casos excepcionales y estima contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la instauración de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluidas las proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. En el presente caso, antes de entrar a analizar las vías de hecho alegadas, es importante recordar la esencia de la controversia que se ha planteado. La designación de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos cuando en una empresa hay más de un sindicato 5. La empresa demandada destaca que el literal d) del art. 12 de la Ley 584 de 2000 – el actual artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo - dispone que en las empresas solamente podrá existir una comisión estatutaria de reclamos y que solamente dos de sus miembros gozarán de fuero sindical. Manifiesta también que el artículo anotado establecía que cuando hubiera más de un sindicato en una entidad el sindicato mayoritario dentro de la misma nombraría a los miembros de la comisión estatutaria de reclamo. Esta última norma fue declarada inexequible en la sentencia C-201 de 2002. Por eso, considera que, a partir de esa providencia, el sindicato que primero notifique al Ministerio sobre la designación de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos será el que puede nombrar en adelante a los integrantes de la comisión de reclamos, de los cuales dos gozarán de la garantía foral. Entonces, plantea que ACDAC no tenía derecho a nombrar la comisión estatutaria de reclamos, puesto que en AEROREPÚBLICA S.A. existen dos sindicatos gremiales, y el otro sindicato – ACAV – había designado primero a los miembros de la comisión de reclamos. Eso significaría que los miembros de la comisión estatutaria de reclamos designados por ACDAC no estarían protegidos por el fuero sindical. 6. Tanto el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá como la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá consideraron que en este caso no se había demostrado que el sindicato ACAV hubiera sido el primero en inscribir a los integrantes de la comisión estatutaria de reclamos ante la empresa AEROREPÚBLICA S.A. Por el contrario, encontraron que el Ministerio de la Protección Social certificaba que el sindicato que tenía registrados a los miembros de la comisión estatutaria de reclamos era ACDAC. Esta situación condujo a ambos despachos judiciales a descartar el argumento expuesto por AEROREPÚBLICA S.A. En este punto, entonces, no existe divergencia entre las autoridades judiciales que conocieron sobre el proceso laboral. A pesar de lo anterior, la Sala de Revisión considera necesario referirse a la interpretación que hace la empresa AEROREPÚBLICA S.A. acerca de los efectos de la sentencia C-201 de 2002. 7. En la sentencia C-201 de 2002[9], la Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada contra varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo y contra el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. Entre las normas demandadas estaba el artículo 406 – parcial - del Código Sustantivo del Trabajo, el cual reza: “Artículo 406. (Modificado por los artículos 57 de la ley 50 de 1990 y 12 de la ley 584 de 2000) Trabajadores amparados por el fuero sindical. Están amparados por el fuero sindical: “(...) “d. Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores.”(la parte en negrillas y subrayada era la demandada) En la sentencia la Corte decidió que era conforme a la Constitución la limitación establecida en el literal d) acerca de que solamente podía haber una comisión estatutaria de reclamos por empresa.[10] Luego determinó que era inconstitucional la norma que disponía que cuando hubiera más de un sindicato en un establecimiento la comisión estatutaria de reclamos sería designada por el sindicato mayoritario. Sobre este punto anotó: “(…) la designación de sus miembros [de la comisión estatutaria de reclamos], tal como está contemplada en la norma acusada, sí constituye una violación a los derechos de igualdad y de participación de los trabajadores afiliados al sindicato minoritario, y es contraria al mandato constitucional según el cual la estructura y funcionamiento de los sindicatos deben sujetarse a los principios democráticos, como pasa a demostrarse. “Una determinada disposición es discriminatoria cuando no se puede justificar razonablemente el trato diferencial que ella establece respecto de dos situaciones similares. En el presente caso, los sindicatos minoritarios y mayoritarios que coexistan en una misma empresa, pueden elevar sus reclamaciones ante su empleador común a través de la comisión estatutaria de reclamos. Por ello, la designación de sus miembros es un asunto que afecta directamente a unos y otros, independientemente del número de trabajadores que cada sindicato agrupe. “En este orden de ideas, el número de trabajadores afiliados no constituye un fundamento razonable para que la ley excluya a los sindicatos minoritarios de la designación de los miembros de la comisión de reclamos. Se concluye entonces que, ante situaciones iguales, el legislador da un tratamiento jurídico diferente sin justificación alguna, por lo cual el segmento indicado vulnera el artículo 13 de la Constitución Política. “Además, así como los sindicatos gozan de autonomía para autoregularse, funcionar y organizarse conforme al orden legal y los principios democráticos, el ordenamiento jurídico expedido por el legislador debe, por un lado, respetar dicha autonomía sindical y, por el otro, propugnar el respeto a los referidos principios. En el presente caso, como se vio, el legislador impide que los sindicatos minoritarios en la misma empresa tomen parte activa en los asuntos que los afectan, a pesar de que dichos principios están incorporados al derecho de asociación sindical (…) “(…) “Impedir que las minorías participen de manera efectiva en la designación de las personas que los representan ante su empleador, como ocurre con la comisión estatutaria de reclamos, constituye sin duda alguna una manera de ignorar los principios democráticos que orientan el ejercicio de los derechos de asociación y libertad sindical. En efecto, la norma acusada desconoce que la ley de mayorías que rige, por regla general, la elección de representantes en los ámbitos político, social o comunitario, en todo caso está sujeta a la participación sin exclusión de las minorías, como sucede con los sindicatos que no agrupan al mayor número de trabajadores dentro de una misma empresa (…) “(…) “En síntesis, el artículo 406 parcialmente acusado vulnera el artículo 39 de la Constitución, al consagrar un mecanismo antidemocrático de elección de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que representa a todos los trabajadores de una misma empresa, sin importar el sindicato al que estén afiliados y, con ello, excluye a los miembros de los sindicatos minoritarios de los mecanismos de participación propios de cualquier forma asociativa en una sociedad democrática. Por el contrario, deben crearse mecanismos en las organizaciones sindicales que garanticen la participación de todos los trabajadores sindicalizados, en igualdad de condiciones, en la designación de dicha comisión.” Con base en los anteriores planteamientos, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores”, contenida en el literal d) del artículo 406 del C.S.T. 8. La sociedad demandada manifiesta que, cuando hay más de un sindicato en una empresa, el sindicato que notifica primero acerca de la conformación de la comisión estatutaria de reclamos es el que tiene derecho a nombrar en adelante a los miembros de esa comisión, dos de los cuales contarán con la protección del fuero sindical. Los fundamentos expuestos por la Corte en la sentencia C-201 de 2002 hacen inadmisible la interpretación de AEROREPÚBLICA S.A. acerca de qué sindicato tiene derecho tanto a designar los miembros de la comisión estatutaria de reclamos como a que ellos estén amparados por el fuero. En la mencionada sentencia se expresa que el criterio para establecer cuál de los sindicatos presentes en una empresa tiene el derecho de designar a los miembros de la comisión estatutaria de reclamos no puede ser el del número de afiliados. Al respecto expresa que ello atenta contra los derechos de participación e igualdad de los sindicatos minoritarios. Este mismo argumento cabe contra la interpretación defendida por AEROREPÚBLICA S.A. De acuerdo con esta interpretación, siempre quedaría un sindicato sin la posibilidad de nombrar miembros en la comisión estatutaria de reclamos, y sin el fuero sindical que dicha designación genera. Ello significa negarle la posibilidad de participación y de recibir un tratamiento igualitario al sindicato que no notificó de primero la integración de su comisión estatutaria de reclamos. Pero, además, en este caso puede llegarse también a la situación absurda de que se quede sin protección sindical para su comisión estatutaria de reclamos el sindicato cuyos afiliados constituyan la abrumadora mayoría de los trabajadores de una empresa, simplemente porque esa organización sindical, años atrás, tardó en inscribir a los integrantes de la comisión de reclamos. Por consiguiente, la interpretación avalada por la sociedad demandada no es aceptable a la luz de la Constitución. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico y en una vía de hecho por defecto sustantivo 9. El actor y ACDAC aseveran que aquel estaba amparado por el fuero sindical, razón por la cual no podía ser despedido sin autorización judicial. Esta posición fue acogida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá. Por su parte, la empresa y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá afirman que el señor Vega no estaba protegido por el fuero. Así, el problema jurídico que ahora debe ser resuelto es si el actor gozaba de fuero sindical en el momento del despido. Para poder dar respuesta al problema planteado es conveniente recapitular los hechos sucedidos alrededor de la cuestión, así: (i) Con el fin de mantener habilitada su licencia de piloto comercial, el actor fue citado por AEROREPÚBLICA S.A. para realizar las pruebas del simulador de vuelo, los días 24 y 25 de septiembre de 2004, en la ciudad de Miami. Luego de efectuadas las pruebas, el instructor conceptuó que el señor Vega no había aprobado el examen. En vista de lo anterior, la empresa citó nuevamente al actor para un segundo entrenamiento en simulador, los días 13, 14 y 15 de octubre de 2004. Después de anular el entrenamiento del día 14, por fallas en el equipo, el instructor concluyó que el actor no había aprobado tampoco las pruebas de los días 13 y 15 de octubre. (ii) En atención a los resultados, mediante comunicación fechada el 27 de octubre de 2004, la empresa convocó al señor Vega León a rendir sus descargos el día 12 de noviembre de 2004. La diligencia de descargos tuvo lugar entre las 10:45 a.m. y las 12.20 p.m. Por parte de la empresa estuvieron presentes Nelcy Bayona Lemus, Jefe de Recursos Humanos; Jaime A. Maloof, Director de Operaciones y Entrenamiento; y Félix Rodríguez, asesor laboral. En la diligencia intervinieron también los dirigentes de ACDAC Julián Pinzón, Director de la Secretaría Laboral, y Roberto Ballén, miembro de la Junta Directiva. En el acta de la diligencia consta que en el transcurso de la misma el señor Ballén hizo entrega de distintos documentos, varios de ellos referidos a quejas de pilotos acerca de los procedimientos y el trato recibido durante las pruebas de los simuladores (fls. 39-42).[11] En el acta se consignó también que entre los documentos aportados se encontraba el “oficio P-834 de la ACDAC dirigida al representante legal de AEROREPÚBLICA S.A. de la Secretaría de Asuntos Laborales en la cual se le notifica el nombramiento del Cap. Juan M. Vega como miembro del Comité de Reclamos.” (fl. 41). (iii) En la misma fecha de la diligencia, AEROREPÚBLICA S.A. decidió dar por terminado el contrato de trabajo firmado con el señor Vega, con el argumento de que éste no había cumplido con su obligación contractual de “tener permanentemente actualizados todos su documentos técnicos y sanitarios necesarios para ejercer las actividades de vuelo.” Al respecto expuso la empresa: “(…) no pasar ni el primer ni el segundo simulador de vuelo programados y facilitados por AEROREPÚBLICA S.A., constituyen un grave incumplimiento a sus obligaciones laborales y, por ende, la empresa le comunica su decisión de dar por terminado su contrato de trabajo en forma unilateral pero con justa causa a partir del 13 de noviembre de 2004.” (fl. 30) La carta de despido fue enviada a ACDAC, por medio de fax, el mismo día 12 de noviembre, a las 5:14 p.m. (fl. 543), y luego fue radicada en el sindicato el 16 de noviembre (f. 202). (iv) El mismo día 12 de noviembre de 2004, el sindicato ACDAC radicó distintas comunicaciones en el Ministerio de la Protección Social y en la empresa AEROREPÚBLICA S.A., todas fechadas el día 11 de noviembre. En el Ministerio fue radicado el memorando P-833. El texto del memorando es el sigui...