Sentencia T-096 de 2010

T-096-10 Sentencia T-096/10 Sentencia T-096/10 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por no existir otro medio de defensa judicial FUERO SINDICAL-Garantía constitucional/FUERO SINDICAL-Término de prescripción de dos meses para las acciones que emanan de éste La imposición de un término de prescripción en torno a las acciones emanadas del fuero sindical, ha dicho esta Corte, es legítima y razonable, ya que con ella se pretende lograr mayor seguridad jurídica y promover la paz social evitando reclamos desfasados; a la par que da sentido a la figura del fuero sindical, por cuanto la imprescriptibilidad de los reclamos podría hacer perder a esta garantía constitucional su significado, cual es, proteger el derecho de asociación. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clasificación de defectos para que prosperen acciones emanadas del fuero sindical FUERO SINDICAL-Justas causas para despedir a trabajadores aforados/FUERO SINDICAL Y NATURALEZA DESPIDOS COLECTIVOS DERECHO DE ASOCIACION-Finalidad real y material La garantía constitucional de fuero a los representantes sindicales está estrechamente ligada con la protección al ejercicio del derecho de asociación sindical, cuya finalidad es procurar que los sindicatos, mediante sus representantes, puedan ejercer la función para la cual fueron constituidos, esto es, la defensa de los intereses económicos y sociales de sus afiliados. La garantía foral va dirigida a la protección del fin más alto que es el amparo del grupo organizado, mediante la estabilidad de las directivas, lo cual redunda en la estabilidad de la organización, como quiera que el representante está instituido para ejecutar la voluntad colectiva. FUERO SINDICAL Y AUTORIZACION DADA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL NO CONSTITUYE UNA JUSTA CAUSA-Caso en que se levantó y trabajadores fueron despedidos DERECHO DE ASOCIACION-Vulneración cuando mediante autorización para despido colectivo se suprimen únicamente cargos de trabajadores aforados ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia por cuanto las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo al no hacer análisis riguroso de la justa causa aducida por el empleador para solicitar el levantamiento del fuero sindical Referencia: expediente T-2.125.771 Acción de tutela instaurada por Orlando Díaz Lizarazo, Álvaro Castañeda, Norberto Durán Navarro, Eddison Porras Acevedo, Belcen Alejandro Bohórquez, Horacio Ortíz Rueda, Jaime Castillo Ordóñez, Yolanda Baez Lizarazo, Isnardo Jaimes Alvarado, Juan Evangelista Moreno, César Manuel Niño Lineros, Manuel Prada Carvajal, Hugo Reyes Archila, Salomón Baez González, Luis Ernesto Hernández, Luis Francisco Farias Barrera, Obed Ortiz, Esteban Niño Rueda, Erney García, Pedro Pablo Cruz, Luís Ernesto Sequeda, Ruth Monsalve de Rojas, Pedro José Gómez Velandia y Manuel Antonio Sánchez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad. Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diez (2010) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA dentro del trámite de revisión de los fallos emitidos por la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda instancia, respectivamente. I. ANTECEDENTES. 1. Hechos. Orlando Díaz Lizarazo, Álvaro Castañeda, Norberto Durán Navarro, Eddison Porras Acevedo, Belcen Alejandro Bohórquez, Horacio Ortiz Rueda, Jaime Castillo Ordóñez, Yolanda Baez Lizarazo, Isnardo Jaimes Alvarado, Juan Evangelista Moreno, César Manuel Niño Lineros, Manuel Prada Carvajal, Hugo Reyes Archila, Salomón Baez González, Luis Ernesto Hernández, Luis Francisco Farias Barrera, Obed Ortiz, Esteban Niño Rueda, Erney García, Pedro Pablo Cruz, Luis Ernesto Sequeda, Ruth Monsalve de Rojas, Pedro José Gómez Velandia y Manuel Antonio Sánchez formularon acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la asociación sindical, aparentemente transgredidos por los despachos judiciales accionados en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por Telebucaramanga S.A. E.S.P., contra Ricardo Aldana León y otros. Los gestores de la acción de tutela señalaron que Telebucaramanga S.A. E.S.P., amparada en la Resolución A 668 del 21 de julio de 2004 del Ministerio de la Protección Social, por la cual se autorizó el despido colectivo de 95 trabajadores, presentó acción especial de levantamiento de fuero sindical, con el fin de obtener permiso judicial para concretar el mencionado despido. En consideración a que algunos de los accionantes ostentaban cargos de directivos sindicales y, otros, de socios fundadores, se hicieron parte en el trámite objeto de censura y formularon “como excepción previa y de fondo la prescripción de la acción e inexistencia de la causa para pedir (sic), por cuanto la demanda fue presentada luego de los 2 meses establecidos por las normas procesales laborales y por que la causal esgrimida por TELEBUCARAMANGA que propició el despido colectivo no daba lugar al levantamiento del fuero sindical”. Mediante providencia del 24 de septiembre de 2007 el Juez Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, declaró no probada la excepción de prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical y concedió el permiso para su despido, por considerar que los hechos de la autorización se encuadraban a las justas causas del despido; apelada esa decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 22 de febrero de 2008, confirmó la sentencia impugnada; con lo cual se configuraron los “despidos en (…) condición de directivos sindicales… mediante cartas de terminación unilateral e individual de fecha 11 de marzo de 2008”. Estiman los solicitantes que los juzgadores de instancia no tuvieron en cuenta en relación con la excepción de prescripción, que la Empresa Telebucaramanga “se había notificado de manera personal de la resolución… el día 21 de julio de 2004 y por tanto el término de prescripción debía contarse a partir del 22 de julio de 2004 y no a partir de la notificación por edicto del acto administrativo, es decir del 19 de octubre de 2004, como evidentemente sucedió en el caso de autos”; adicionalmente, “no tuvieron en cuenta en sus decisiones de fondo, que no existía justa causa para despedir a los aforados sindicales desconociendo la jurisprudencia que sobre el tema ha establecido la Corte Constitucional…”. En consecuencia, concluyen que las autoridades accionadas “no debieron autorizar nuestro despido masivo por ser directivos sindicales de las organizaciones… SINTRATEL,…SINTRAINCOAMETRO… y USTC- Seccional Bucaramanga y Floridablanca...”, pues la medida resulta discriminatoria. Adicionalmente señalaron que “no se cumplían en su momento con los motivos establecidos en los artículos 406 y 410 del C. S. del T., como lo eran la suspensión parcial o total de actividades por más de 120 días o el incumplimiento grave y culpable de una cualquiera de las obligaciones que nos correspondían como trabajadores”, de forma que la autorización de despido colectivo que otorga el Ministerio de la Protección Social “no comprende a los sindicales aforados, porque el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo no lo considera”. En esos términos, las autoridades judiciales accionadas desconocieron, en su entender, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que expresa que el despido colectivo “…en sentir mayoritario de la Sala…se trata de una terminación unilateral sin justa causa…”. Finalmente, recuerdan que a propósito de un caso similar al aquí planteado, la Corte Constitucional en sentencia de tutela T-249 de 2008 amparó los derechos invocados por Paulino Barrera Beltrán, y declaró nula la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por la cual se confirmó la sentencia que autorizó el despido del mencionado accionante luego de levantar el fuero sindical, de manera que ordenó a la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga -Telebucaramanga S.A.-, reintegrar al señor Barrera. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, indican los accionantes que el asunto es de relevancia constitucional, al tratarse del levantamiento del fuero sindical que dio lugar al despido masivo de los directivos sindicales; que fueron agotados los medios ordinarios de defensa; que la acción de tutela se interpuso en un término razonable y que no se está censurando una sentencia de tutela. 2. Solicitud de tutela. Por lo expuesto, los accionantes solicitaron: “declarar nula, sin valor y efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Bucaramanga de fecha 27 de febrero de 2008, al resolver el recurso de apelación instaurado contra el fallo de 24 de septiembre de 2007, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, dentro de la acción de levantamiento de fuero sindical promovida por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA TELEBUCARAMANGA S.A…” y “ordenar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga TELEBUCARAMANGA… reintegrarnos a los cargos que veníamos ocupando el 11 de marzo de 2008, sin solución de continuidad…, pagarnos los salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales dejados de percibir, desde el momento en que se produjeron nuestros despidos y hasta cuando se hagan efectivamente nuestros reintegros”. 3. Intervención de la parte demandada. 3.1 El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga señaló que el “Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Comunicaciones del Área Metropolitana de Bucaramanga -SINTRAINCOAMETRO- no fue parte en el proceso especial que conoció este Juzgado, sino la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones USTC y SINTRATELEBUCARAMANGA …”. 3.2 Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, indicó que: “[…] el asunto que se controvierte difiere sustancialmente del que abrevan los actores - T-249 de 2008 - para plantear la nulidad del fallo proferido el 22 de febrero de 2008 y el consecuente reintegro a sus cargos, toda vez que en esta decisión se hizo un amplio examen de la enervante de prescripción, el término para su proposición y los aspectos jurídicos que llevaron a la Sala a declararla fallida” y en el caso en que se pretende igualar la “Corte Constitucional… dispuso el reintegro del trabajador bajo la consideración de no haberse pronunciado la Sala sobre la excepción de prescripción propuesta en el citado proceso”. 4. Intervención de tercero interesado. 4.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P., por medio de apoderado judicial, solicitó que “se deniegue el amparo impetrado, pues las decisiones judiciales cuestionadas se ajustan a la Constitución y la ley”, en tanto los demandantes no han probado, ni siquiera en forma sumaria, la vulneración de ningún derecho fundamental. En sus términos, se adelantó un procedimiento administrativo ajustado a la Constitución y a la ley, en virtud del cual el Ministerio de la Protección Social la autorizó mediante la Resolución No. 0668 de 21 de julio de 2004, despedir a 95 trabajadores, y que como dentro de éstos se encontraban directivos sindicales, adelantó el proceso de levantamiento de fuero sindical, en el cual se garantizó el debido proceso a los accionantes. Concluye que “en relación con la pretensión tendiente a obtener el reintegro en la planta de personal de telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P., la aplicación del fuero sindical y el reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir…se trata de asuntos de orden eminentemente laboral, así las cosas es la justicia ordinaria quien está llamada a prestar su servicio para resolver la presente controversia, máxime si se tiene en cuenta que los trabajadores retirados del servicio fueron indemnizados, tal como lo ordenó el Ministerio de Protección Social, en la resolución que autorizó el despido colectivo”. 4.2 El 27 de noviembre de 2009 el apoderado de Telebucaramanga S.A. E.S.P. solicitó “oficiar al Consejo de Estado para que con destino al proceso remita copia de la totalidad del expediente contentivo de la acción de nulidad iniciada por UNIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES –SUBDIRECTIVA BUCARAMANGA, contra las resoluciones A-0668 del 21 de julio de 2004, A-0887 del 15 de septiembre de 2004 y A-0003398 del 15 de octubre de 2004, por medio de las cuales el Ministerio de la Protección Social autorizó a TELEBUCARAMANGA para el despido colectivo de 95 de trabajadores de la empresa”. Al respecto señaló que es “de especial interés que al momento de proferir sentencia dentro del presente proceso, tenga en cuenta la Sala que el acto administrativo que originó el despido de los accionantes fue demandado por la organización sindical de la cual forma parte, hecho que demuestra la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, lo que de plano descarta la procedencia del amparo solicitado, pues ya la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce del asunto, que, por lo demás, es propio de su competencia”. Finalmente, manifestó que “es preciso llamar la atención de la Sala, en otro aspecto fundamental: los demandantes dejaron caducar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que procedía contra las resoluciones del Ministerio, y ahora pretenden dejarlas sin efecto a través del ejercicio indebido de la acción de tutela, a pesar de haber iniciado la acción de nulidad”. 5. Pruebas aportadas al proceso. Las pruebas aportadas y valoradas son las siguientes: a. Sentencia del 24 de septiembre de 2007, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por Telebucaramanga S.A. E.S.P., contra Ricardo Aldana León y otros (fl.20-37 cdno. de pruebas) El mencionado juzgado partiendo de la “existencia de la relación laboral y la vinculación gremial dentro de los amparados por la misma”, consideró respecto de la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada que: “…efectivamente para el 15 de octubre de 2004 no había quedado en firme y ejecutoriada la resolución por medio de la cual se autorizó el despido de los trabajadores por parte del Ministerio de la Protección Social, pues como consta en los documentos sólo a través del edicto de fecha 05 de noviembre de 2004 y por el término de diez días hábiles contados a partir de dicha fecha se notificó a los interesados. En consecuencia y tal como lo asegura la parte demandante el término que debe correr para efectos de la prescripción de la acción inicia a partir del 22 de noviembre de 2004; es decir, que el empleador contaba con dos meses a partir de dicha fecha para dar inicio a la acción judicial en contra de los trabajadores y para el caso éste iría hasta el 22 de enero de 2005. Pero si se observa el calendario del año 2005 dicha fecha corresponde a un sábado, día no hábil y por ello tiene razón el demandante al señalar que su término corrió hasta el 24 de enero de 2004 (sic). En ese orden de ideas como la demanda fue presentada el día 17 de enero de 2005(fl.57) y el plazo legal para iniciar la acción vencía el 24 de enero de 2004 (sic), se actuó bajo los límites legales y por ende no se encuentra prescrita la acción judicial presentada”. Afirmó el despacho, con base en antecedentes jurisprudenciales respecto de la naturaleza del despido colectivo que: “ (…) es necesario señalar que existiendo la justificación de la solicitud que efectuó el demandante y siendo esta aceptada por el Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución citada en varias oportunidades, el empleador estaba facultado para dar trámite al despido de sus trabajadores que en este caso por estar amparados bajo un fuero sindical, necesitan indispensablemente la autorización del Juez Laboral” y concluyó que “dadas las anteriores consideraciones y existiendo prueba contundente de la autorización dada por el Ministerio de la Protección Social, es imperioso el levantamiento de los fueros sindicales y el permiso de despido perseguido por la parte demandante”. b. Sentencia del 22 de febrero de 2008 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana León y otros (fl.38-52 cdno de pruebas). Esta autoridad judicial adujo argumentos idénticos a los mencionadas por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga acerca de la excepción de prescripción propuesta en el proceso de levantamiento de fuero sindical referenciado y, por otra parte, señaló que “la autorización ministerial otorgada al empleador para el despido de los trabajadores señalados en la demanda, constituye un móvil legítimo para demandar el levantamiento de la garantía foral y autorizar el despido, por manera que la determinación patronal no fue producto de una decisión arbitraria o contraria a la estabilidad laboral de los trabajadores aforados y por tanto, la petición de levantamiento de la garantía foral y permiso para despedir, dispuesta por el cognoscente, se ajusta a derecho y por tanto se confirmará”. c. Certificaciones emanadas del Coordinador Grupo Archivo Sindical del Ministerio de la Protección Social, en las que consta que los accionantes ocupan diversos cargos como directivos en diversos sindicatos (fl. 87-94 cdno. de pruebas). d. Copia de la notificación personal realizada el 19 de octubre de 2004 al apoderado de la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P -Telebucarmanga-, del contenido de la Resolución número 003398 del 15 de octubre de 2004 proferida por el Ministerio de la Protección Social, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación presentado contra la Resolución número 668 del 21 de julio de 2007, que autorizó el despido colectivo de 95 trabajadores de la mencionada empresa (fl. 95 cdno. de pruebas). En la notificación personal se lee: “En Bogotá, D.C.; a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004) siendo las 2:45 p.m., notifiqué personalmente al doctor ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 9.525.069 de Sogamoso (Boyacá) y T.P. No. 60947 del C.S.J., en su condición de apoderado de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. ‘TELEBUCARAMANGA’, el contenido de la resolución número 003398 del 15 de octubre de 2004, por la cual se resuelve un recurso de apelación. Se le hace entrega de la mencionada resolución. EL NOTIFICADO: ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ; Secretaria ad-hoc: ELISA RONCANCIO PARDO”. e. Comunicación del 11 de marzo de 2008, mediante la cual se informa la terminación del contrato de trabajo a cada uno de los accionantes por parte del gerente de Telebucaramanga y constancias emitidas por la Subgerente de Gestión Humana de Telebucaramanga de que los contratos de los accionantes eran a término indefinido (fl. 97-175 cdno. de pruebas). II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN. 1. Sentencia de primera instancia. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 2 de septiembre de 2008 resolvió “NEGAR la tutela impetrada”. Consideró que “las sentencias de los juzgadores de instancia, cuestionadas por los accionantes, se encuentran sustentadas en las normas que regulan la prescripción de las acciones que emanan del fuero sindical” y que no se puede inferir que a los accionantes se les haya dado un trato discriminatorio, pues su situación es diferente a la expuesta en la sentencia de tutela T-249 de 2008 de la Corte Constitucional, como quiera que en ésta “se protegió ‘el derecho y libertad sindical’ respecto de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES USTC, que según las constancias visibles a folios 91 y 92, fue registrada el 13 de diciembre de 1993, mientras que la agremiación sindical a la cual dicen pertenecer los accionantes, SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., ‘SINTRATELEBUCARAMNGA’, fue creada el 15 de octubre de 2004, ‘el mismo día que se dictó la resolución mediante la cual se resolvía confirmatoriamente el recurso de apelación contra la resolución que autorizaba el despido de los noventa y cinco trabajadores de la demandante’” (fl. 20 cdno. 1ª instancia). 2. Impugnación. Los demandantes impugnaron el fallo de primera instancia. Consideraron que en la sentencia de tutela T-249 de 2008 la Corte Constitucional no sólo protegió “el derecho a la igualdad, sino el derecho al debido proceso, al trabajo y los derechos humanos y a la asociación sindical” y reiteraron que se encuentran en la misma situación del accionante en la sentencia de tutela atrás citada “ya que fuimos despedidos en el mismo momento, con la misma autorización objeto de debate y en las mismas condiciones de directivos sindicales…”. Señalaron que con la decisión las autoridades accionadas no “sólo desconocieron el artículo 39 de la Constitución Política, sino además las Convenciones de la OIT sobre derechos de sindicación y negociación colectiva, en especial el Convenio 87 y 98”. Indicaron que pertenecen a tres organizaciones sindicales: el Sindicato de Trabajadores de Telebucaramanga SINTRATEL, Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Comunicaciones del Área Metropolitana de Bucaramanga SINTRAINCOAMETRO y Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones USTC- Seccional Bucaramanga y Floridablanca-. Finalmente, adujeron que la empresa Telebucaramanga “no desvirtuó el carácter discriminatorio y antisindical de la medida, con lo que violó los derechos y libertades constitucionales de los aquí demandantes” y “que el hecho que se advierte como causal para autorizar el despido, no está autorizado de manera taxativa en el artículo 410”. 3. Sentencia de segunda instancia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 11 de noviembre de 2008 resolvió “CONFIRMAR el fallo impugnado”. Argumentó la Sala que “para los efectos de lo que interesa a la presente decisión, los presupuestos fácticos de la providencia que se pone de presente como parámetro de referencia, no son similares a los del acto jurisdiccional cuestionado, pues los hechos que condujeron a la Corte Constitucional a amparar los derechos fundamentales al debido proceso, asociación sindical, trabajo e igualdad, del entonces demandante, mediante sentencia T-249 de 2008, fueron básicamente: 1. El Tribunal demandado no se pronunció sobre la excepción de prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical y 2. El trabajador despedido estaba claramente amparado por el instituto del fuero, por cuanto la organización de la cual hacía parte, fue registrada el 13 de diciembre de 1993. Por el contrario, en el caso sub examine, el sindicato al cual pertenecen los accionantes fue creado el mismo día de la resolución mediante el cual el Ministerio de la Protección Social resolvió el recurso de apelación contra el acto administrativo que autorizó el despido de los mismos y el Tribunal accionado se pronunció sobre todas las excepciones planteadas por los trabajadores” (fl.12-13 cdno. 2ª instancia). III. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de Selección Número Doce, mediante auto de doce (12) de diciembre de dos mil ocho (2008), dispuso su revisión por la Corte Constitucional. 1. Competencia. Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en las demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia que del caso hizo la Sala de Selección. 2. Trámite surtido ante la Corte Constitucional – suspensión del término para resolver la revisión. 2.1 Mediante auto de 5 de marzo de 2009, esta Sala de Revisión en razón a que la censura en la demanda de tutela se basa en la decisión adoptada en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana León y otros, ordenó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga allegar a esta Corporación el expediente número 0007-2005 contentivo del proceso mencionado. De igual manera, solicitó al Ministerio de la Protección Social allegar copia íntegra del proceso adelantado ante esa entidad por Telebucaramanga S.A. E.S.P., a fin de conseguir la autorización para efectuar el despido colectivo que concluyó con la expedición de la Resolución No. 003398 del 15 de octubre de 2004, por la cual se confirmó la autorización contenida en la Resolución No. 0668 del 21 de julio de 2004. Igualmente, dispuso suspender el término para la resolución del trámite de revisión de los fallos proferidos dentro del expediente de la referencia, hasta tanto se recibiera y evaluara por esta Sala la información antes citada. 2.2 El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga allegó el expediente solicitado (Exp. No. 2005-0007). De su inspección se resaltan los siguientes documentos: 2.2.1 Resolución No. A- 0668 del 21 de julio de 2004, proferida por la Dirección Territorial de Santander del Ministerio de la Protección Social por medio de la cual se expresó que “es claro que el empleador requiere la modernización de procesos y sistemas de trabajo que incrementen la productividad y la calidad de sus servicios para sostenerse en el mercado de las telecomunicaciones y con el tiempo, su situación financiera no se vea afectada dado que además presenta una carga nominal y pensional costosa de acuerdo a los balances y soportes financieros que fueron estudiados y analizados por las Doctoras ERSINDA TORRES SABOGAL (Ingeniera Industrial), ROSA INÉS PERALTA (Economista) y LUZ DARY GUTIÉRREZ (Economista)”, resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA –TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. … , para el Despido Colectivo de noventa y cinco (95) trabajadores del total de 220 que fueron solicitados; propendiendo por mantener la relación de equilibrio entre el personal Técnico-Operativo (Misional) y el Administrativo (de apoyo), cuya distribución será así: 28 trabajadores que ocupan cargos asignados al área comercial y 63 trabajadores que ocupan cargos de las áreas técnico-operativos, una vez se encuentre en firma la presente providencia…” (fl. 10-18 cdno. 1). 2.2.2 Resolución No. 003398 de 15 de octubre de 2004 por medio de la cual la Jefe de Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, previa interposición del recurso de apelación, resolvió “ARTÍCULO PRIMERO- Confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución Número 0668 del 21 de julio de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar a las partes jurídicamente interesadas el presente acto administrativo, por intermedio de la Dirección Territorial de Santander, advirtiendo que con este, queda agotada la vía gubernativa, de conformidad con el Decreto 01 de 1984” (fl. 19-38 cdno. 1). 2.2.3 Resolución G-1061 de 10 de noviembre de 2004, emitida por la Dirección Territorial de Santander, por medio de la cual se resolvió “ARTÍCULO PRIMERO: INSCRIBIR en el registro sindical a la organización sindical de Primer Grado y de Empresa, denominada SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. ‘SINTRATELEBUCARAMANGA’, con domicilio en el municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander” (fl. 39 cdno. 1). 2.2.4 Copia del Edicto: A-0033 de 5 de noviembre de 2004 “PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN 003398 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2004. En mérito de lo expuesto, este Despacho: RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas y en cada una de sus partes la Resolución número 00668 del 21 de julio de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído…. Para notificar a los jurídicamente interesados doctor ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ, Apoderado de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES U.S.T.C., y a los demás TRABAJADORES DE LA EMPRESA Telebucaramanga S.A. E.S.P., se fija el edicto en un lugar público de la Secretaría del Despacho de la Dirección Territorial por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de hoy cinco (5) de noviembre de dos mil cuatro (2004), siendo las siete y quince de la mañana (7:15)…” (fl. 208 cdno. 3) “CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: A-0042 El presente edicto se defija hoy diecinueve (19) de noviembre de dos mil cuatro (2004) siendo las seis (6:00) pm” (fl. 208 cdno. 3 reverso). 2.3 La Dirección Territorial de Santander del Ministerio de la Protección Social, por medio de oficio DTS-A-14311-0422 allegado a esta Corporación el 24 de marzo de esta anualidad, señaló que “el expediente A-0038 de 1° de diciembre de 2003, relacionado con la solicitud de despido colectivo de la empresa TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA consta de 16 cuadernos (más de 6.454 folios útiles) los cuales se encuentran a su disposición y/o en su defecto ordenar a quien corresponda aportar los recursos, en virtud a que esta entidad carece de presupuesto para la toma de fotocopias y el flete del mismo” (Resaltado en el texto original) (fl. 22 cdno. Corte). En razón a lo expuesto por la Dirección Territorial de Santander, esta Sala considera que no es necesario que a este proceso de tutela sea allegada la copia íntegra del proceso adelantado en dicha dependencia por Telebucaramanga S.A. E.S.P., que concluyó con la expedición de la Resolución No. 003398 del 15 de octubre de 2004 que confirmó la Resolución No. 0668 del 21 de julio de 2004, en razón a que estos actos administrativos se encuentran en el expediente No. 0007-2005 remitido a esta Sala por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, contentivo del proceso especial de levantamiento de fuero sindical adelantado por Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana León y otros. 2.4 Sandra Carolina Corzo Zarate actuando en representación de Edgar Alejandro Badillo (T-2065339), Donaldo Díaz Correa (T-2083224), Carlos Humberto Santos Méndez (T-2047289), Pablo Rodríguez Florez (T-2087206), Lorenzo Betancourt, Carlos Julio Mejía Pinto, Jhon Jairo Arenas Obregón, Humberto Suárez Vargas, Luis Enrique Osses García, Efraín Carrillo Puentes, Amalia Vanegas Herreño (T-2214223) y Telmo Sanguino Porras, intervino en esta acción constitucional a fin de que, en caso de proferir un fallo favorable, se extienda sus alcances a sus poderdantes. La interviniente señaló que: a. [L]a Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga, Telebucaramanga, desde el año 2004, soportada en una falsa motivación de inviabilidad económica inicia una política de reestructuración ofreciendo a sus trabajadores a través de escritos, suma dinerarias a cambio de renuncias, so pena de ser desvinculados unilateralmente, anunciándoles de esta forma el adelantamiento del trámite correspondiente ante el Ministerio de la Protección Social para obtener el permiso de despido colectivo. b. [E]l fallador de instancia no advirtió los resultados que la Coordinación del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial de Santander, del Ministerio de la Protección Social, obtuvo dentro de la investigación que se inició contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga, al establecer conforme a lo probado que la accionante vulneró el derecho a la Asociación Sindical y a lo dispuesto en el artículo 25 del decreto legislativo 2351 de 1965 en concordancia con el artículo 36 del decreto reglamentario 1469 de 1978, por lo cual mediante Resolución DQ0110 del 11 de febrero de 2005, el Ministerio de la Protección Social, SANCIONÓ a Telebucaramanga por haber indebidamente el permiso otorgado”. 3. CONSIDERACIONES. 3.1 Problema jurídico y esquema de resolución. Esta Sala pasa a determinar, con base en el supuesto de hecho anteriormente descrito, si en las sentencias proferidas por las autoridades accionadas se incurrió en una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales capaz de vulnerar los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la asociación sindical de los accionantes, en razón a que en el curso del proceso especial de levantamiento de fuero sindical, las instancias judiciales estimaron que la acción impetrada por Telebucaramanga S.A. E.S.P., no había prescrito y, consideraron como justa causa para autorizar el despido de los trabajadores aforados, la autorización de despido colectivo emitida por el Ministerio de la Protección Social. Previo a la resolución de los problemas jurídicos que se derivan de esta solicitud de amparo, esta Sala analizará la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales –Reiteración jurisprudencial. 1. El artículo 86 de la Constitución Política señala que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazadas por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. La acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 2. Esta Corporación en diversas ocasiones[1] ha establecido que la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional, por cuanto: a) las autoridades judiciales, al igual que todas las autoridades de la República, están instituidas para proteger los derechos fundamentales de todas las personas (artículo 2° de la C.P.), por ende sus determinaciones “constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales”[2]; b) al estar las autoridades judiciales sujetas al imperio de la ley, sus decisiones están amparadas por los principios de independencia y autonomía (artículo 228[3] y 230[4] de la C.P. y artículo 5° de la Ley 270 de 1996[5]), los cuales excluyen la posibilidad de injerencia de alguna otra autoridad en la adopción de sus decisiones y c) sus pronunciamientos están cobijados por el principio de cosa juzgada, que implica que una vez ejecutado el procedimiento para la resolución de un conflicto, la determinación adoptada, no puede ser revisada nuevamente, generando de esta forma seguridad en el ordenamiento jurídico. 3. Así, las actuaciones judiciales deben ser la expresión de los principios que gobiernan el Estado Social de Derecho, esto es, deben estar acordes con el imperio de la ley y propender por la realización de los derechos fundamentales. De este modo, sólo cuando en las decisiones judiciales se configure una ostensible desviación de las normas sustanciales o procesales, es procedente su anulación a fin de dar primacía al derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados. En otros términos, la acción de tutela contra providencias judiciales se constituye en un mecanismo idóneo, cuando no habiendo otro mecanismo de defensa judicial o ante la configuración de un perjuicio irremediable, éstas han sido “el resultado de una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”[6]. 4. Con base en lo expuesto, esta Corporación ha determinado que la competencia del juez de tutela para pronunciarse sobre la validez constitucional de las decisiones judiciales es excepcional y procede cuando: a. La cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; c. Se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d. La parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal transgresión en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y que e. No se trate de sentencias de tutela. 5. En el presente caso, esta Sala considera que la acción de tutela es procedente, como quiera que: a. La cuestión que se discute es de relevancia constitucional, pues se pretende con esta acción de tutela el amparo de los derechos a la asociación sindical (artículo 39 de la C.P) y al debido proceso (artículo 29 de la C.P.), los cuales han sido reconocidos como fundamentales en este ordenamiento jurídico; b. Los accionantes dentro del proceso especial de levantamiento de fuero sindical que se censura, agotaron los medios de defensa judicial ordinarios que tenían a su disposición, ya que presentaron recurso de apelación contra la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, la cual fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, providencia que hoy se controvierte por medio de esta acción constitucional y frente a la cual no procede recurso extraordinario (artículo 117 del C.P.L[7].); c. La acción de tutela fue presentada (21 de agosto de 2008) transcurridos seis (6) meses luego de la sentencia de segunda instancia (22 de febrero de 2008) que concluyó el proceso que se censura; d. Los argumentos y las pruebas que se invocan en esta solicitud de amparo, fueron igualmente mencionados por los accionantes en el proceso que se reprocha y e. no se trata de la controversia contra una sentencia de tutela. 6. Con ocasión de la intervención realizada el 27 de noviembre de 2009 por el apoderado de Telebucaramanga S.A. E.S.P., se ha de resaltar que la acción de tutela fue presentada contra las sentencias producidas en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido en primera instancia ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga (Exp. No. 2005-0007) y no contra las Resoluciones proferidas por el Ministerio de la Protección Social por medio de las cuales se autorizó la realización del despido colectivo de 95 trabajadores de la mencionada empresa. De este modo, el hecho de que hubiesen sido demandadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo las resoluciones mencionadas, no constituye dentro del marco de esta acción de tutela la existencia de otro medio de defensa judicial que la haga improcedente, como quiera que el objeto de análisis de esta acción constitucional no lo son las mencionadas resoluciones. En efecto, la competencia del juez constitucional está determinada, como en general sucede en todo proceso judicial, por los hechos que advierten los accionantes en su demanda como causantes de la vulneración de un derecho fundamental, pues es ésta la que hace patente la naturaleza del conflicto, y permite el ejercicio del derecho a la defensa de la parte demandada y la configuración del contradictorio base de la decisión final del juez. En razón a lo anterior, reitera esta Sala que en las sentencias de tutela que se revisan, el centro de la litis lo configura las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical y no las resoluciones emitidas por el Ministerio de la Protección Social, de allí que la impugnación de éstas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no constituya el centro de atención en este debate constitucional. 7. Ahora bien, esta Corporación ha dispuesto que el amparo de un derecho fundamental contra una providencia judicial prospera cuando se satisfaga alguno de los siguientes defectos:“i) Defecto orgánico: si el funcionario judicial que profirió la providencia cuestionada, carece por completo de competencia para surtir dicha actuación; ii) Defecto procedimental: si la autoridad judicial adelanta el proceso judicial cuestionado por fuera del procedimiento establecido en las normas correspondientes; iii) Defecto fáctico: si el supuesto legal del cual se deriva la providencia judicial, no tiene sustento en el material probatorio allegado al proceso; iv) Defecto sustantivo: si las normas acogidas para tomar la decisión judicial, no son aplicables al caso concreto, o la interpretación que de ellas hace el juez, desborda en perjuicio de los derechos fundamentales del actor”. 8. Determinada la procedencia de esta acción de tutela y las reseñadas causales de prosperidad del amparo contra una decisión judicial, esta Sala pasa a definir si los hechos que inspiran esta solicitud de amparo configuran alguna de las causales que ameriten la protección de los derechos fundamentales invocados. Prescripción de la acción de levantamiento del fuero sindical. 9. El primer problema jurídico que debe resolver la Sala se centra en determinar, a partir de qué momento se contabilizaba el término de prescripción para que el empleador formulara la acción de levantamiento de fuero sindical, si se tiene en cuenta que la justa causa que se invocó tiene origen en un acto administrativo proferido por el Ministerio de la Protección Social. 9.1 Lo anterior, por cuanto la prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical fue alegada por los accionantes como excepción en el proceso que se censura. En su concepto, los dos (2) meses con que contaba el empleador para adelantar el proceso de levantamiento de fuero sindical debían contarse “a partir del 15 de octubre de 2004 fecha en que quedó agotada la vía gubernativa y en firme la resolución A-0668 del 21 de julio del año 2.004 que autoriza el despido colectivo de trabajadores en Telebucaramanga y el cual invoca la actora como causa para deprecar el permiso de parte de la justicia ordinaria laboral, (…) lo que significa que tenía como plazo máximo para presentar la demanda el día 15 de diciembre de 2004. La demanda contra los trabajadores demandados fue presentada el 17 de enero de 2005 fecha en la cual la acción había prescrito”. 9.2 El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, al momento de resolver sobre estos argumentos, consideró que “…efectivamente para el 15 de octubre de 2004 no había quedado en firme y ejecutoriada la resolución por medio de la cual se autorizó el despido de los trabajadores por parte del Ministerio de la Protección Social, pues como consta en los documentos sólo a través del edicto de fecha 05 de noviembre de 2004 y por el término de diez días hábiles contados a partir de dicha fecha se notificó a los interesados. En consecuencia y tal como lo asegura la parte demandante el término que debe correr para efectos de la prescripción de la acción inicia a partir del 22 de noviembre de 2004; es decir, que el empleador contaba con dos meses a partir de dicha fecha para dar inicio a la acción judicial en contra de los trabajadores y para el caso éste iría hasta el 22 de enero de 2005. Pero si se observa el calendario del año 2005 dicha fecha corresponde a un sábado, día no hábil y por ello tiene razón el demandante al señalar que su término corrió hasta el 24 de enero de 2004 (sic). En ese orden de ideas como la demanda fue presentada el día 17 de enero de 2005(fl.57) y el plazo legal para iniciar la acción vencía el 24 de enero de 2004 (sic), se actuó bajo los límites legales y por ende no se encuentra prescrita la acción judicial presentada” (fl. 256 cdno. 3 Exp. No. 2005-0007) (Resalta la Sala) Consideraciones que fueron confirmadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, una vez apelada por los hoy accionantes la decisión de primera instancia. 10. Con base en lo expuesto, la Sala pasa a determinar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de los accionantes, en el curso del trámite especial de levantamiento de fuero sindical, al decidir que no prosperaba la excepción de prescripción, teniendo en cuenta que el término comenzaba a correr desde la fecha de desfijación del edicto de 5 de noviembre de 2004, fecha a partir de la cual el acto administrativo que fue la causa para solicitar el levantamiento del fuero sindical quedó en firme y ejecutoriado. 11. A fin de resolver la cuestión jurídica esbozada, esta Sala se referirá a la importancia de la prescripción en las acciones derivadas de la garantía constitucional del fuero sindical, al deber de notificar las decisiones que concluyen una actuación administrativa como aspecto esencial del derecho fundamental al debido proceso y, finalmente desatará el asunto puesto a consideración. 12. El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social respecto de la prescripción de las acciones derivadas de la garantía constitucional del fuero sindical establece: “Artículo 118 A: Adicionado L.712/2001 Las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha del despido, traslado o desmejora. Para el empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso (…)” (Resalta la Sala). 12.1 La imposición de un término de prescripción en torno a las acciones emanadas del fuero sindical, ha dicho esta Corte[8], es legítima y razonable, ya que con ella se pretende lograr mayor seguridad jurídica y promover la paz social evitando reclamos desfasados; a la par que da sentido a la figura del fuero sindical, por cuanto la imprescriptibilidad de los reclamos podría hacer perder a esta garantía constitucional su significado, cual es, proteger el derecho de asociación, pues “¿qué beneficio tiene para la libertad sindical reintegrar a un trabajador treinta años después de ocurridos los hechos?”[9], es decir, la prescripción de estas acciones se acompasan con la garantía constitucional del fuero sindical que implica la resolución rápida de los conflictos, a fin de evitar que el daño ocasionado al sindicato sea irreversible. 12.2 La contabilización del término de prescripción de la acción de levantamiento del fuero sindical a favor del empleador, según dispone la norma mencionada, se contabiliza a partir de “la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa…”. En anterior oportunidad esta Corporación señaló que la misma naturaleza de las acciones emanadas del fuero sindical, implica que sea lo más cercanamente posible al conocimiento de la existencia de la justa causa, pues su desconocimiento conllevaría a desvirtuar la protección constitucional al fuero sindical, cual es, “la estabilidad o la definición de una situación jurídica relacionada con un trabajador aforado y con los derechos sindicales”[10]. De allí que si esta justa causa se esgrime en momentos diversos a los que dieron origen a la posibilidad de levantar el fuero sindical, “el fundamento mismo o la causal que autorizaba legítimamente el levantamiento desaparece y en consecuencia se controvierte la razón misma de su consagración”. 13. En el presente caso, Telebucaramanga S.A. E.S.P., invocó como justa causa para ejercer la acción de levantamiento de fuero sindical, la autorización otorgada por el Ministerio de la Protección Social para el despido colectivo de 95 trabajadores. Al respecto, se ha de señalar que el proceso adelantado ante el Ministerio de la Protección Social concluyó con la Resolución No. 003398 de 15 de octubre de 2004, por medio de la cual la Jefe de Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, previa interposición del recurso de apelación, resolvió confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución Número 0668 del 21 de julio de 2004, por medio de la cual se autorizó a Telebucaramanga S.A. E.S.P. despedir colectivamente a 95 trabajadores. En dicho acto dispuso “[n]otificar a las partes jurídicamente interesadas el presente acto administrativo, por intermedio de la Dirección Territorial de Santander, advirtiendo que con este, queda agotada la vía gubernativa, de conformidad con el Decreto 01 de 1984” (fl. 19-38 cdno. 1). 14. El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental al debido proceso y determinó que éste: “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” y que “[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. El derecho al debido proceso ha definido esta Corte “no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo mas importante: el derecho mismo”[11] (Resalta la Sala). Al respecto, ha dicho esta Corporación que “el principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa… controvertir pruebas que se alleguen en su contra,… aportar pruebas para su defensa… impugnar la sentencia condenatoria y…no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”[12]. 15. La publicidad es un elemento esencial del derecho al debido proceso en el desarrollo de la función administrativa. Así lo dispone el artículo 209 de la Constitución Política al señalar que “[l]a función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, claridad, imparcialidad y publicidad (…)”. Por su parte el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo señala que “[e]n virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley” y que “[e]n virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales”. 16. El acto administrativo, aún el que pone término a una actuación administrativa agotando la vía gubernativa, debe ser notificado. Así lo dispone el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo al señalar que “[l]as demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado (…)”. La notificación es un acto de comunicación que constituye una condición de eficacia del acto administrativo, por cuanto una vez el administrado conoce el acto, puede la Administración coaccionar a su cumplimiento, de lo contrario, resulta imposible obligar a alguien a acatar una resolución que desconoce. En este sentido la notificación del acto administrativo dista del contenido del propio acto y de este modo su irregularidad constituye un factor de su ineficacia, más no de su nulidad, pues “el acto administrativo que nació viciado no se sanará, porque con posterioridad, se notifique legalmente; y al revés, el acto que nace válido no pierde validez porque se deje de notificar o porque la notificación sea irregular”[13]. 17. La notificación no sólo constituye un factor que da eficacia al acto administrativo en el sentido de que una vez surtida, el contenido de éste resulta oponible al notificado, sino que también es un elemento indispensable para determinar la firmeza[14], como quiera que una vez surtida la comunicación se le da al interesado la oportunidad de impugnar lo dispuesto por la administración o se le otorga certeza sobre el agotamiento de la vía gubernativa y la posibilidad de acudir a las instancias judiciales para impugnar dicho acto. 18. La notificación de un acto administrativo de carácter particular constituye un elemento indispensable para la ejecutoria del mismo, ya que sólo puede producir efectos cuando se ha dado a conocer a los interesados en virtud del principio de publicidad inmerso en la garantía constitucional al debido proceso. De este modo, hasta tanto se surta la notificación del acto administrativo particular, éste se hace obligatorio y exigible al notificado. Lo anterior, se deduce asimismo del artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, que inmerso en el capítulo X de la parte primera título I correspondiente a publicaciones, comunicaciones y notificaciones, dispone que: “Artículo 48: Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales. Tampoco producirá efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo 46” (Resalta la Sala). 19. Con base en lo expuesto, esta Sala considera que: 19.1 No es admisible la razón aducida por los accionantes en cuanto señalan que el término de prescripción de la acción del empleador para solicitar el levantamiento del fuero sindical debía contarse “a partir del 15 de octubre de 2004 fecha en que quedó agotada la vía gubernativa y en firme la resolución A-0668 del 21 de julio del año 2.004 que autoriza el despido colectivo de trabajadores en Telebucaramanga” (Resalta la Sala). 19.1.1 Lo anterior por cuanto la Resolución No. 003398 del 15 de octubre de 2004, que concluyó el proceso surtido en el Ministerio de la Protección Social para autorizar el despido colectivo de trabajadores de Telebucaramanga S.A. E.S.P., debía ser notificada (artículo 44 del Código Contencioso Administrativo) a los interesados a efecto de ser vinculante, así con ella se concluyera el procedimiento administrativo. 19.1.2 Además, la norma que establece la prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical expresamente dispone que el término de prescripción para el empleador corre desde la fecha en que tuvo conocimiento de la justa causa. Si se tiene en cuenta que la justa causa invocada tiene origen en acto administrativo, el mismo debe ser vinculante a todos los destinatarios, es decir, debe estar produciendo efectos. 19.2 En torno a la excepción de prescripción las autoridades judiciales accionadas en el proceso objeto de censura argumentaron que “…efectivamente para el 15 de octubre de 2004 no había quedado en firme y ejecutoriada la resolución por medio de la cual se autorizó el despido de los trabajadores por parte del Ministerio de la Protección Social, pues como consta en los documentos sólo a través del edicto de fecha 05 de noviembre de 2004 y por el término de diez días hábiles contados a partir de dicha fecha se notificó a los interesados” (Resalta la Sala). 19.2.1 En lo que atañe a la ejecutoria de la Resolución No. 003398, esta Sala considera que dicho acto administrativo sólo era exigible hasta tanto las partes interesadas se hubieran notificado de su contenido. Esto es, que dicho acto administrativo podía ejecutarse una vez surtida la notificación a todas las partes interesadas, ya que sólo de esa forma se podía hacer exigible a ambas partes la facultad otorgada a una de éstas en armonía con el principio de publicidad que gobierna las actuaciones procesales de la administración. 19.2.1.1 Es así como la Resolución No. 003398 de 15 de octubre de 2004 resolvió “ARTÍCULO PRIMERO- Confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución Número 0668 del 21 de julio de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar a las partes jurídicamente interesadas el presente acto administrativo, por intermedio de la Dirección Territorial de Santander, advirtiendo que con este, queda agotada la vía gubernativa, de conformidad con el Decreto 01 de 1984” (fl. 19-38 cdno. 1). Y la Resolución No. A- 0668 del 21 de julio de 2004 resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA –TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. (…) , para el Despido Colectivo de noventa y cinco (95) trabajadores del total de 220 que fueron solicitados; propendiendo por mantener la relación de equilibrio entre el personal Técnico-Operativo (Misional) y el Administrativo (de apoyo), cuya distribución será así: 28 trabajadores que ocupan cargos asignados al área comercial y 63 trabajadores que ocupan cargos de las áreas técnico-operativos, una vez se encuentre en firma la presente providencia (…)ARTÍCULO QUINTO; NOTIFICAR a las partes jurídicamente interesadas, el contenido de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y siguientes (…)” (fl. 10-18 cdno. 1). 19.2.1.2 En desarrollo de dicha disposición, esta Sala constató que a folio 95 del cuaderno de tutela está el documento por medio del cual se notificó personalmente al apoderado de Telebucaramanga S.A. E.S.P., de la resolución que puso fin al proceso de autorización de despido colectivo. Dice el mencionado documento: “En Bogotá, D.C.; a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004) siendo las 2:45 p.m., notifiqué personalmente al doctor ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 9.525.069 de Sogamoso (Boyacá) y T.P. No. 60947 del C.S.J., en su condición de apoderado de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. ‘TELEBUCARAMNAGA’, el contenido de la resolución número 003398 del 15 de octubre de 2004, por la cual se resuelve un recurso de apelación. Se le hace entrega de la mencionada resolución. EL NOTIFICADO: ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ; Secretaria ad-hoc: ELISA RONCANCIO PARDO”. 19.2.1.3 Igualmente...