Sentencia T-091 de 2019

T-091-19 Sentencia T-091/19 DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Vulneración del derecho a la educación en su faceta de permanencia al no emitir orden de matrícula ante proceso disciplinario adelantado que terminó en exclusión y del cual nunca fue informado el accionante PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Acreditación cuando se está afectando continuidad en proceso educativo y no se cuenta con acto administrativo La Corte encuentra que el amparo solicitado acredita el presupuesto de subsidiariedad, no solo porque se podría estar afectando la continuidad en un proceso educativo lo que haría ineficaz el mecanismo judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, sino porque tal y como lo corrobora la entidad accionada, “la sugerencia” de cambiar de institución educativa no estuvo acompañada de un acto administrativo. Por el contrario, fue informada y consignada en “el anotador” del estudiante y, por ello, en estricto sentido no existía al menos prima facie un acto demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo DERECHO A LA EDUCACION-Servicio público con función social DERECHO A LA EDUCACION-Niveles EDUCACION PARA ADULTOS-Marco normativo DERECHO A LA EDUCACION-Modalidades DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental tanto para los menores de edad como para los adultos (i) el derecho a la educación es fundamental para los menores de edad en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución y será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá, como mínimo, un año preescolar y nueve de educación básica. En el caso de los mayores de edad (ii) el derecho a la educación es un derecho fundamental de desarrollo progresivo y flexible de manera que admite diferentes modalidades de realización y, en consecuencia, no impone al Estado ni la sociedad obligaciones equivalentes en materia de acceso y permanencia. Sin embargo, (iii) cualquier restricción a la permanencia de un estudiante que cumple la mayoría de edad estando en curso la educación media debe, además de sustentarse en forma clara y precisa, encontrarse precedida de un procedimiento acorde con las exigencias del debido proceso y las reglas fijadas en el manual de convivencia. En este sentido, se vulnera el derecho cuando se desconocen las facetas de acceso y permanencia, por ejemplo, ante la suspensión abrupta de la prestación del servicio AUTONOMIA DE INSTITUCION EDUCATIVA-Límites DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Requisitos del manual de convivencia DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Orden a Institución Educativa comunicar al accionante por escrito la posibilidad que tiene, si es de su interés, reintegrarse al proceso formativo de la institución DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Advertir a accionante que, en su condición de estudiante, debe cumplir sus deberes académicos, administrativos y disciplinarios Referencia: Expediente T-6.747.388. Acción de tutela instaurada por Juan Diego Suaza Gutiérrez contra la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca). Magistrado Sustanciador: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil diecinueve (2019). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pasca (Cundinamarca) que negó el amparo de los derechos solicitados por Juan Diego Suaza Gutiérrez. I. ANTECEDENTES A. LA DEMANDA DE TUTELA[1] 1. Juan Diego Suaza Gutiérrez interpuso acción de tutela contra la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca) para la defensa de sus derechos fundamentales a la educación, la igualdad, el debido proceso y la dignidad humana. En consecuencia, solicitó que se ordene a la accionada garantizarle la matrícula y la permanencia, para el año lectivo 2018, en el grado décimo dado que fue retirado de la accionada sin que, en ningún momento, se le hubiera adelantado un proceso disciplinario, ni existiera un acto de la rectoría o de otra dependencia que lo hubiese sancionado con la expulsión. B. HECHOS RELEVANTES 2. Indica el accionante que para el año 2017, cursó el grado décimo en la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca)[2]. 3. Después de haber reprobado dicho año lectivo[3], el actor se dirigió a la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca), con el fin de realizar la matrícula correspondiente al período académico de 2018. No obstante, asegura que, en dicho momento, se le indicó que no existía orden de matrícula a su nombre y que desconocían los motivos de tal situación[4]. 4. Después de acudir al rector de la accionada, Juan Diego Suaza Gutiérrez fue remitido a la coordinadora, quien le sugirió cambiar de institución, tras argumentar problemas de convivencia[5]. El actor cuestiona tal determinación porque durante el tiempo en el que estuvo vinculado al plantel educativo accionado no fue notificado de ningún proceso disciplinario o académico que hubiera culminado con la expulsión, ni con la imposición de matrícula condicional. 5. Manifiesta Juan Diego Suaza Gutiérrez que, si bien su desempeño académico en los últimos tres (3) años no ha sido ideal[6], esto se ha debido a problemas personales y que además, en sus propias palabras, no cuenta con los recursos suficientes para “(…) asumir los gastos y garantizar el desplazamiento a otra institución, ni cubrir los costos educativos de forma independiente en una institución privada” al residir en el Municipio de Pasca y no contar con un empleo que le permita cubrir sus necesidades y educación[7]. 6. El 30 de enero de 2018, Juan Diego Suaza Gutiérrez –de 19 años[8]- interpuso acción de tutela contra la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca) para la defensa de sus derechos fundamentales a la educación, la igualdad, el debido proceso y la dignidad humana. El amparo fue acompañado de una solicitud de medida provisional, en la que el actor requirió una orden en contra de la accionada para que, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, garantizara su matrícula y permanencia a fin de poder cursar el grado décimo. En la acción de tutela advirtió Juan Diego Suaza Gutiérrez que sus derechos fueron afectados al ser retirado de la accionada sin que, en ningún momento, se le hubiera adelantado un proceso disciplinario, ni existiera un acto de la rectoría o de otra dependencia que lo hubiese sancionado con la expulsión. Además, cuestionó que sólo se hubiese enterado de tal determinación cuando pretendía efectuar la matrícula para el 2018, circunstancia que –ya para dicho momento- le dificultaría obtener un cupo en otro plantel educativo[9]. C. CONTESTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR –NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN- PASCA, CUNDINAMARCA 7. Mediante auto del treintaiuno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Promiscuo Municipal de Pasca (Cundinamarca) admitió la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, ordenó ponerla en conocimiento de la Institución Educativa Normal Superior de Pasca para que, en el término de tres (3) días, rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones que dieron origen a la interposición de la acción de tutela[10]. En la misma providencia, se dispuso negar la concesión de la medida provisional solicitada, tras considerar el a quo que el accionante no había aportado la documentación suficiente para demostrar que con la desescolarización la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca) violó el derecho a la educación o se rehusó a prestar el servicio público. Institución Educativa Normal Superior -Nuestra Señora de la Encarnación- de Pasca[11] 8. El seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), la accionada dio respuesta[12]. Sobre los antecedentes, afirmó que era cierto que: (i) Juan Diego Suaza Gutiérrez cursó el grado décimo en la institución educativa accionada en el año 2017; (ii) el rector no tenía conocimiento sobre las razones por las cuales se le había negado al actor el cupo en la institución –pues para dicho momento no ocupaba tal cargo- y, por tanto, lo remitió a la coordinadora, quien le sugirió el cambio de institución por problemas de convivencia y bajo rendimiento académico; (iii) al momento en el que el accionante se presentó en la Institución Educativa Normal Superior de Pasca no existía orden de matrícula en su favor; y (iv) durante el tiempo en el que Juan Diego Suaza Gutiérrez estudió en tal institución “(…) no fue notificado de algún proceso disciplinario que culminara con expulsión o matrícula condicional, lo que permite deducir que la institución no le negó el derecho a la educación y SÍ le recomienda cambio de colegio”[13]. No obstante, afirmó que –de acuerdo con el acta del Comité de Convivencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)[14]- se sugirió reconsiderar el ingreso de algunos estudiantes y el cambio de institución, entre los que se encontraba el actor. 9. Según consideró la accionada, a Juan Diego Suaza Gutiérrez se le dio la oportunidad de buscar otros ambientes favorables a él, en consideración a que sus antecedentes disciplinarios y académicos demuestran una actitud poco colaboradora. Tal afirmación es derivada de la siguiente enunciación de hechos que se registran en “el observador”[15]: (i) desde el 16 de marzo de 2017, el estudiante ha incurrido en faltas al manual de convivencia, tales como evasión a ciertas clases, reincidencia en llegadas tarde, pasar copias durante la evaluación a la nivelación en la asignatura de química y la inasistencia de los acudientes a las diferentes citaciones enviadas por coordinación y (ii) falta de compromiso, durante los últimos tres (3) años, con su rendimiento académico[16]. Por tales cuestiones, el colegio afirma que el actor presentó un “(…) comportamiento poco coherente con su edad[17] cronológica y [la] poca responsabilidad que lo caracteriza teniendo en cuenta la falta de compromiso ante las faltas reiteradas”[18]. 10. Se reitera que el Comité de Evaluación y Promoción de Grado[19] encontró mérito para “sugerir” el cambio de institución del actor, ya que de conformidad con lo establecido en el sistema institucional de evaluación –literal d) del artículo 28- es función de la comisión emitir recomendaciones para docentes, estudiantes, padres de familia y demás instancias que “(…) favorezcan (…) el mejoramiento en los desempeños de los estudiantes”[20]. En efecto, en la sesión se adoptó tal determinación y para respaldarla, a dicha sesión fue invitada la Comisaria de Familia Sorangela Infante y la psicóloga Municipal Luz Adriana Molina. 11. Frente a las preocupaciones del accionante sobre los costos que implicaría un cambio de institución educativa, se afirma que de acuerdo a la normatividad vigente en los establecimientos públicos la educación es gratuita. Cosa diferente es que el accionante, según se expresa, “(…) ha desaprovechado la oportunidad que le ha brindado la institución de prepararse conforme a los requerimientos y lineamientos establecidos en el manual de convivencia y demás normas legales vigentes, al incumplir reiteradamente los deberes que como estudiante le asisten entendiendo que todo derecho implica el cumplimiento de deberes básicos, que siendo de fácil cumplimiento, para este joven le son indiferentes y por ende de poca importancia, más aún cuando en éste momento ha cumplido la mayoría de edad”[21]. Por las razones enunciadas, la institución educativa señaló que no existe vulneración del derecho a la educación. Por el contrario, para salvaguardar su dignidad y buen nombre se recomendó separarlo de la institución accionada. Ser estudiante, incluso del grado décimo, no lo libera de las responsabilidades propias de su proceso educativo y de acatar el manual de convivencia. La sentencia T-625 de 2013 reconoció que los estudiantes que incumplan las exigencias académicas y disciplinarias del manual de convivencia no podrán justificar su conducta invocando la protección del derecho a la educación y que, además, los padres deben estar atentos al rendimiento académico y disciplinario de éste dentro del plantel. Sobre esto último, la accionada precisó que “(…) para el caso del accionante no se cuenta con un acudiente continuo que asuma tales obligaciones, pues a los diversos requerimientos de las directivas dada la conducta del educando, no asisten oportunamente”[22]. En consecuencia, solicitó al juez de instancia denegar las pretensiones de Juan Diego Suaza Gutiérrez. D. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN Tramitado en primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pasca (Cundinamarca), el trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018)[23] 12. El juez de instancia negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por Juan Diego Suaza Gutiérrez. Después de referirse a los antecedentes que motivaron el amparo y a algunas providencias de esta Corporación[24], consideró que existe el deber de los establecimientos educativos de ofrecer una educación integral, la cual debe comprender la implementación de procesos didácticos y pedagógicos que aseguren un acompañamiento individual al estudiante. En este contexto, se expidió la Ley 115 de 1994. No obstante, también existen deberes de los docentes dentro del proceso educativo, de la familia e, incluso, de los estudiantes, los cuales -a su vez- habilitan la imposición de sanciones disciplinarias y académicas, siempre que se acate lo preceptuado en el manual de convivencia y la autonomía de las instituciones, así como el debido proceso y los derechos fundamentales de los estudiantes. 13. De acuerdo con dichas consideraciones, el juez de instancia indicó que las autoridades de la institución educativa recomendaron el cambio de colegio, con sustento en que el accionante cuenta con siete (7) anotaciones, de las cuales la mayoría son por evadir clase. En consecuencia, afirmó que para el despacho era claro que Juan Diego Suaza Gutiérrez no deseaba continuar con su proyecto educativo en dicha institución y como evidencia de ello están sus bajas calificaciones. En relación con la violación del debido proceso consideró que “[e]s cierto que no se le ha notificado de ningún proceso disciplinario en su contra, pero también es cierto que ha conocido todo el proceso desde hace 3 años, en los cuales su mal comportamiento consignado en el observador deja entrever que no es su deseo continuar la formación media”[25]. En consecuencia, debía valorarse que el estudiante incurrió en faltas gravísimas contra el manual de convivencia y el colegio respetó el debido proceso del accionante al permitirle efectuar descargos. No obstante los compromisos que fueron adquiridos por el actor. Además, cuestionó lo siguiente: “Se pregunta también este fallador, (¿) en dónde ha estado la familia de este joven en 3 años seguidos en los cuales ha asistido al colegio por asistir? (sic) (¿) y hasta ahora que cumplió la mayoría de edad, se percatan que debe continuar estudiando? Máxime que se encuentra en extra edad; pues la situación fáctica es que reiteradamente el señor SUAZA ha faltado a sus deberes como estudiante y con la institución en un proceso integral que debe ser reforzado con la asistencia de la familia y no atribuir única y exclusivamente tal responsabilidad a la Institución Educativa, quien ha hecho lo que la norma le indica y la psicología le orienta, situaciones de las que no se percató el joven SUAZA GUTIÉRREZ. Finalmente, en estas condiciones el amparo constitucional no puede pretermitir una parte de la educación integral donde todos los actores son de suma importancia y el más importante es el del educando; y si es su deseo terminar su educación media, lo puede hacer a través de otras modalidades de educación y así las cosas, el amparo deprecado no procederá”[26]. 14. En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones expuestas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pasca (Cundinamarca), se negó el amparo solicitado por Juan Diego Suaza Gutiérrez. E. ACTUACIONES ADELANTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN 15. Mediante auto del veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018)[27], proferido por el Magistrado Sustanciador[28], se solicitó complementar la información allegada al proceso[29]. 16. También se ofició al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación de Cundinamarca para que absolviera algunos interrogantes sobre el caso estudiado. Mientras que, por su parte, a la Alcaldía Municipal de Pasca se le requirió –entre otras circunstancias- para que informara a esta Corporación cuántas instituciones públicas existen en este municipio para cursar el grado décimo, así como los índices de deserción escolar, de escolaridad y de analfabetismo. Institución Educativa Normal Superior de Pasca[30] 17. La accionada indicó que, el 21 de noviembre de 2017, quien en su momento se desempeñaba como rectora encargada de la institución, le informó y notificó en el “observador” al señor Juan Pablo Suaza –padre de Juan Diego Suaza Gutiérrez-, que se recomendaba el cambio de colegio de su hijo, pues el accionante “(…) seguía incurriendo en faltas al manual de convivencia y no daba muestra de mejoramiento en sus desempeños, comportamiento y actitud”[31]. En similar sentido, el docente y asesor del grado 10.03, afirma que el 5 de diciembre del mismo año, al momento de la entrega de boletines y clausura del año le informó “de manera verbal”[32] que el estudiante no contaba con la orden de matrícula por tener recomendaciones vigentes de cambio de institución, las cuales habían sido ratificadas por Comisión de Evaluación y de Promoción. 18. Juan Diego Suaza Gutiérrez estuvo vinculado a la accionada siete (7) años, donde cursó el grado sexto en el 2010, pero después de haber reprobado el año y repetirlo en otra institución, reingresó para cursar el grado séptimo en 2012, octavo en 2013 –el cual debió repetir en el año 2014-, grado noveno en 2015, grado décimo en 2016 que debió cursar nuevamente en 2017. Los problemas que determinaron su exclusión se centraron en la evasión de clases, arribo tarde al salón, incumplimiento de los compromisos de mejoramiento, evasión de la institución, cierta actitud rebelde y desafiante con las normas e irrespeto a sus compañeros, el supuesto “mal manejo de las relaciones de pareja y demostraciones afectivas durante la jornada escolar”[33], establecer un noviazgo con una menor de edad e inasistencia de los padres a algunas reuniones citadas con los docentes y directivos. En consecuencia, se aclara que “[a]l estudiante no se le inició como tal un proceso disciplinario dado que los correctivos siempre fueron de carácter pedagógico y formativo como es la pretensión de los nuevos manuales de convivencia institucional y siempre buscando establecer un vínculo con la familia para que desde allí se orientaran acciones en búsqueda de mejores y mayores niveles de responsabilidad y compromisos del estudiante”[34]. En este marco se argumenta que el comportamiento del joven es poco coherente con su edad, afirmación que se considera validada por la psicología evolutiva, pues al cumplir 17 y 18 años de edad, se esperaba del estudiante que pudiera establecer hábitos de estudio y un mayor grado de responsabilidad que, según se advierte, no demostraron sus conductas. En efecto, en el año 2017, el accionante debido a su falta de interés reprobó el grado décimo y, no obstante que sus padres no siempre asistían a las reuniones, el 21 de noviembre de 2017, en una reunión con el padre se pudo establecer que existían ciertos problemas familiares que han terminado por afectar la vida emocional del estudiante y que, a su vez, contaba con ciertos problemas de autoridad frente a las normas impuestas en su casa. Con sustento en ello, se indica que es por ello que -en su oportunidad- se afirmó que al estudiante las normas le eran indiferentes. 19. Ante la conducta descrita, la preocupación de la institución se centró en concluir que el proyecto educativo de la accionada no respondía a los intereses y necesidades del educando. Por lo que se consideró que el cambio de institución podía darle “un nuevo aire” a su proceso formativo. En efecto, “sugerir” el cambio de institución se consideró como la opción más viable para el accionante. Con mayor razón, si existe la posibilidad de que el estudiante se vincule a la Institución Educativa Adolfo León Gómez o a un programa de educación para adultos. Además, según reporte del Sistema Nacional de Matrícula –SIMAT-, se estableció que el accionante se encuentra matriculado y estudiando en la Institución Educativa San Gabriel del Municipio de Viotá (Cundinamarca). Finalmente, se adujo que “la sugerencia de cambio de institución” va acompañada de la retención de la orden de matrícula en la rectoría, mientras que la expulsión, por su parte, es una figura que implicaría la cancelación de la matrícula a través de un acto administrativo, como correctivo de última instancia[35]. Ministerio de Educación Nacional[36] 20. La Oficina Asesora Jurídica dio respuesta a los requerimientos del auto de pruebas e indicó que, con sustento en la jurisprudencia de esta Corporación, la negativa de expedir la orden de matrícula debe fundarse en faltas al manual de convivencia y, por tratarse de una sanción disciplinaria, deben estar tales causales previamente establecidas en el manual de convivencia para respetar el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho a la educación de los alumnos. En consecuencia, se expone que “(…) sancionar a un estudiante sin las debidas garantías procedimentales y a partir de unos hechos que no son claros o que no constituyen faltas disciplinarias, es contrario a la Constitución y afecta el derecho a la educación”[37]. 21. En relación con el momento hasta el cual debe garantizarse en una institución educativa pública tal servicio, se indica que el artículo 8° del Decreto 1680 de 1994 establece el marco legal sobre la garantía del derecho a la educación de la población que, por algún motivo, se encuentra por fuera de los rangos de edad para cursar determinado grado, los cuales son definidos por los establecimientos educativos y las Secretarías de Educación. De acuerdo a tal norma, las instituciones deben brindar formas de validación o nivelación, con el fin de incorporarlos al grado que corresponda, según el plan de estudio. De forma ideal, deben ser atendidos mediante un modelo flexible en el mismo establecimiento, pero ante tal imposibilidad, no es posible que el establecimiento o la Secretaría de Educación evadan la responsabilidad de garantizar la atención educativa. Sobre las causas que se han identificado del bajo rendimiento escolar y del deber de las instituciones de adoptar ciertas medidas preventivas, antes de adoptar la decisión de desvincular al estudiante, indicó que de acuerdo a la normatividad vigente, en un establecimiento educativo no debe existir -al evaluar los aprendizajes desde los académico y el comportamiento social-, “(…) una mezcla innecesaria y confusa entre los criterios de promoción desde lo académico y los criterios de permanencia y promoción de lo disciplinario”[38]. En tal contexto, estableció que el Decreto 1290 de 2009 “(…) construye y propone al país para evaluar los aprendizajes desde lo académico, estableciendo en el artículo 4º, los elementos del Sistema de Evaluación de Estudiantes, tal como se aclara en el Documento No. 11 del Ministerio de Educación, desde un paradigma de evaluación diagnóstica, formativa y no solamente sumativa”[39]. Allí, se fijaron las funciones propias del Consejo Académico y de la Comisión de Evaluación que, de existir, debe verificar el conducto regular y únicamente el debido proceso de carácter formativo. Por su parte, el Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la Ley 1620 de 2013, propone la actualización de los manuales de convivencia para que manejen el conflicto escolar y valoren el comportamiento social, desde el aula, como garantía de más y mejores aprendizajes. En tal marco, se encuentran las funciones del Comité de Convivencia Escolar y del Consejo Directivo. 22. Agrega que el Ministerio de Educación ha emprendido distintas medidas para mitigar la deserción escolar, pero que las mismas dependen de la capacidad instalada de la entidad territorial y de que el municipio garantice la asignación de cupos. Precisa que en Pasca (Cundinamarca) existen dos instituciones educativas públicas, esto es, la Normal Superior –Nuestra Señora de la Encarnación- y la Institución Educativa Departamental Rural –Adolfo León Gómez-. 23. De acuerdo al Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), que es reportado por los rectores de los establecimientos y la Secretaría de Educación de Cundinamarca, para el año 2017, las siguientes son las tasas de deserción y de matrícula: Tasa de deserción Intra-anual en el sector oficial del municipio de Pasca Transición Primaría Secundaria Media Total 4,17% 2,10% 6,28% 5,08% 4,45% Tasa de matriculación 5 años 6 a 10 años 11 a 14 años 15 a 16 años 5 a 14 años 5 a 16 años 53,33% 58,35% 93,07% 97,19% 71,59% 75,45% 24. Finalmente, como alternativa de acceso al sistema educativo de un estudiante de décimo grado –mayor de edad- que es desvinculado de una institución educativa pública, afirma el Ministerio de Educación que una opción a considerar es la educación para adultos regulada en el Decreto 1075 de 2015 y, en particular, lo dispuesto en el artículo 2.3.3.5.3.5.1. Secretaría de Educación de Pasca (Cundinamarca)[40] 25. A través de la de la Oficina Asesora Jurídica, se indicó que la garantía al debido proceso debe aplicarse a los procesos disciplinarios, adelantados por los centros educativos públicos y privados. En consecuencia, la imposición de la sanción debe efectuarse mediante un procedimiento en el cual el implicado pueda presentar su defensa y controvertir las pruebas. En consecuencia, la regulación de tales circunstancias en los manuales de convivencia deben garantizar: (i) la comunicación de apertura del proceso disciplinario en contra del estudiante; (ii) la formulación verbal o escrita de los cargos, con la precisa indicación de las normas violadas, las posibles pruebas y sanciones; (iii) el término para rendir los descargos y solicitar las pruebas; y, finalmente, (iv) la decisión de fondo adoptada mediante resolución motivada y supeditada a los recursos de ley. En consecuencia, se consideró que una institución educativa “(…) no puede negarse a matricular a un estudiante por una situación disciplinaria, sin haber surtido el debido proceso establecido en la norma y de esta manera violar el derecho fundamental a la educación del estudiante”. Sobre la permanencia en el establecimiento educativo, después de hacer referencia al artículo 98 de la Ley 117 de 1994 y a otras disposiciones reglamentarias, indicó que a un estudiante mayor de dieciocho años, que cursa el grado décimo en una institución pública, se le debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio hasta la culminación del proceso educativo, salvo que existan graves faltas disciplinarias que lleven a la imposición de una sanción. Asimismo, entre otras cuestiones, hizo referencia al procedimiento de asignación de cupos, a los desarrollos reglamentarios para evitar la deserción escolar, a que en el Municipio de Pasca existen dos instituciones educativas de carácter público y que, de acuerdo al Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT-, Juan Diego Suaza Gutiérrez se encuentra matriculado en el grado décimo en la Institución Educativa Departamental San Gabriel del Municipio de Viotá (Cundinamarca). Alcaldía Municipal de Pasca[41] 26. El Alcalde indicó que tal municipio cuenta con dos instituciones educativas de carácter oficial a saber: (i) la Normal Superior –Nuestra Señora de la Encarnación- de Pasca que cuenta con una educación básica, media y formación complementaria y (ii) la Institución Educativa Departamental Rural –Adolfo León Gómez- que se encuentra, a diferencia de la anterior, en el perímetro rural y ofrece educación básica, media, así como algunos programas para educación formal en favor de adultos. De acuerdo a un estudio del DANE, para el año 2014, el analfabetismo en dicho municipio fue del 6.3 % y la tasa de deserción escolar del 2.3% e informa que, de cualquier forma, la Institución Educativa Departamental Rural –Adolfo León Gómez- se encuentra a un (1) kilómetro de distancia de la primera, por lo cual una opción para el accionante es vincularse a la educación formal que se presta allí para adultos los días sábados. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 27. Esta Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018), proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte, que decidió someter a revisión la decisión adoptada por el juez de instancia. B. CUESTIONES PREVIAS RELATIVAS A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 28. Previo al análisis del objeto de la acción de tutela interpuesta, es necesario estudiar los requisitos de procedencia de la demanda relativos a (i) la legitimación por activa y por pasiva, (ii) la observancia de la exigencia de inmediatez y (iv) la subsidiariedad. 29. Legitimación por activa: Juan Diego Suaza Gutiérrez interpuso acción de tutela contra la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca), acorde con el artículo 86 de la Carta Política, conforme al cual toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. El actor aduce la presunta afectación de sus derechos fundamentales a la educación, la igualdad, el debido proceso y la dignidad humana por parte del referido centro educativo al cual estuvo vinculado. 30. Legitimación por pasiva: El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[42] establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que vulnere o amenace un derecho fundamental. En el caso estudiado, al dirigirse la acción de tutela contra la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca), entidad educativa del orden departamental, se entiende acreditado este requisito de procedencia. 31. Inmediatez: En relación con el presupuesto de inmediatez, que presupone la interposición de la acción en un término razonable desde la presunta afectación del derecho, se advierte que Juan Diego Suaza Gutiérrez interpuso acción de tutela el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018)[43], después de que se le informara que -de acuerdo al Acta del Comité de Convivencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)- se había “sugerido” un cambio de institución. En consecuencia, se constata que han trascurrido menos de dos meses entre la adopción de la medida de desescolarización y la interposición de la acción de tutela de la referencia, por lo que al ser tal lapso razonable, debe entenderse que la solicitud de amparo fue oportuna. 32. Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en los cuales sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. La sentencia T-763 de 2006[44] indicó -en un caso relacionado con la protección del derecho a la educación- que en principio las controversias suscitadas deben ser planteadas ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa. No obstante, cuando se encuentren comprometidos derechos fundamentales, es necesario evaluar la eficacia en concreto del medio judicial y, en particular, valorar que frente al derecho a la educación, el juez constitucional debe ser cuidadoso y analizar si se afecta la continuidad en la prestación del servicio: “En diferentes oportunidades la jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de continuidad garantiza la efectiva prestación y la permanencia del servicio público de educación, de tal modo que, las interrupciones que excepcionalmente se presenten deben estar debidamente justificadas. En este sentido, es claro que cualquier tipo de controversia que se genere en desarrollo de la prestación del servicio, y que afecte su continuidad, repercute directamente en el ejercicio del derecho fundamental a la educación, de tal modo que, atendiendo a las causales de procedencia excepcional de la acción de tutela señaladas anteriormente, la misma puede usarse con la finalidad de preservar la continuidad del proceso formativo. Tal procedencia puede darse, según las circunstancias del caso, de manera definitiva o transitoriamente mientras el asunto se decide en la vía ordinaria”[45]. En esa dirección, la sentencia T-129 de 2016 -que estudió la solicitud de un menor de edad que pretendía, por sus graves circunstancias personales, acceder a un cupo de educación media para adultos- afirmó que en tales supuestos debía estudiarse si se estaba afectando la continuidad del proceso educativo, lo que haría procedente la acción de tutela, ante el carácter urgente de la pretensión de reintegro y la necesidad de evitar la interrupción del mismo. Ello incluso cuando -en abstracto- podría proceder el mecanismo de control de nulidad y restablecimiento de derechos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al ser el objeto de debate un acto proferido por un colegio público[46]. 33. Con fundamento en lo anterior, la Corte encuentra que el amparo solicitado por Juan Diego Suaza Gutiérrez acredita el presupuesto de subsidiariedad, no sólo porque se podría estar afectando la continuidad en su proceso educativo lo que haría ineficaz el mecanismo judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, sino porque tal y como lo corrobora la entidad accionada, “la sugerencia” de cambiar de institución educativa no estuvo acompañada de un acto administrativo. Por el contrario, fue informada y consignada en “el anotador” del estudiante y, por ello, en estricto sentido no existía -al menos prima facie- un acto demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN 34. En esta oportunidad le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca) vulneró los derechos a la educación, a la igualdad y al debido proceso de Juan Diego Suaza Gutiérrez -de 19 años-, por la negativa de emitir la orden de matrícula en su favor para el grado décimo, a pesar de que nunca fue informado de proceso disciplinario o académico alguno que hubiere culminado con su exclusión. Con la finalidad de resolver el referido problema jurídico, la presente sentencia referirá la jurisprudencia relativa a la naturaleza jurídica del derecho a la educación básica y media (sección D) y los supuestos en los cuales es posible su restricción en los colegios (sección E). Luego de ello, resolverá la situación planteada por el accionante (Sección F). D. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. 35. Fundamento y naturaleza del derecho a la educación. El derecho a la educación fue previsto de forma expresa en la Constitución de 1991 y definido para los menores de edad como fundamental (arts. 44 y 67). A su vez, el artículo 45 de la Carta Política impone expresamente al Estado y a la sociedad la obligación de garantizar la protección y la formación integral del adolescente y de la juventud: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. // El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”. En esa dirección, la Constitución prevé que el Estado debe (i) regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia sobre la educación[47]. Igualmente, (ii) le atribuye a la educación la condición de servicio público a la que se adscribe una función social que, en los términos del inciso 1º del artículo 67 de la Constitución, (iii) tiene por objeto promover el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura[48]. Esta definición constitucional del papel central de la educación fue reconocida en la ley 115 de 1994 al definirla como “(…) un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”[49]. A su vez, (iv) el inciso 3º del artículo 67 de la Carta Política indica que la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de prescolar y nueve de educación básica. Por su parte, (v) el inciso 4º de la misma disposición prescribe que [l]a educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”[50]. 36. Esta Corporación ha precisado la naturaleza jurídica del derecho a la educación de los mayores de edad y la procedencia de la acción de tutela para garantizar su protección. Como señaló en la sentencia T-356 de 2017[51], este derecho también es fundamental para dicho grupo. Sin embargo, el alcance de su protección es diferenciado en función (i) del nivel de enseñanza “alcanzando su mayor nivel de protección en la educación básica, disminuyendo progresivamente hasta la educación superior y de posgrado, en las que los elementos prestacionales se vuelven preponderantes”. En adición a ello las posiciones jurídicamente garantizadas por tal derecho dependen de otros factores relativos, por ejemplo, (ii) a la edad del estudiante. El carácter fundamental del derecho a la educación -aun en el caso de los adultos- tiene apoyo en la idea según la cual“(…) la educación es inherente y esencial al ser humano, dignificadora de la persona (…), además de constituir el medio a través del cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura”[52] . De acuerdo a lo anterior, la sentencia T-428 de 2012 –en la que se estudiaron los compromisos educativos del Estado con la población joven y adulta- precisó que se vulnera tal derecho cuando se desconocen las facetas de acceso y permanencia ante “la suspensión abrupta de la prestación del servicio”. La Corte, en todo caso, advirtió que la universalidad del derecho a la educación no supone la equiparación de las obligaciones del Estado en cada caso. En ese sentido precisó que habrá de valorarse el grupo poblacional al que pertenece el estudiante de acuerdo a su edad y su nivel educativo pues, a modo de ejemplo, a pesar de que el acceso a la educación básica de los adultos es una obligación de aplicación inmediata, “[e]l acceso a la educación de los mayores de edad en los restantes niveles –entre los cuales se encuentra la educación media, esto es, el grado décimo y undécimo- supone un esfuerzo progresivo (…)”. 37. Contenidos constitucionales del derecho a la educación. Teniendo en cuenta lo señalado es necesario precisar, de una parte, los contenidos del derecho a educación media y algunas de sus diferencias con aquella que se desarrolla en los niveles preescolar y básico[53]. A su vez, de otra parte, es indispensable establecer el alcance de dichos contenidos respecto de las personas que han llegado a la mayoría de edad. 38. El inciso 1º del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 precisa que “(…) [l]a instrucción elemental será obligatoria” y que “[l]a instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. Tal disposición contrasta con el inciso tercero del artículo 67, según el cual la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y deberá comprender, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. Este Tribunal ha indicado que la armonización de tales disposiciones exige considerar que “(…) el compromiso del Estado colombiano con respecto a la educación se predica respecto de todos los niveles educativos -desde el preescolar hasta el superior- pero con primacía de un mínimo -un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria- el cual deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para la enseñanza primaria, es decir universalidad, gratuidad y obligatoriedad, a partir del cual se debe avanzar progresivamente hacia la asequibilidad de dos años más de preescolar, dos años adicionales de secundaria y educación superior”[54]. 38.1. Según se señaló el derecho a la educación es fundamental en los menores de edad en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución[55]. Tal reconocimiento se complementa con la regla del inciso tercero del artículo 67, según la cual “(…) será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y (…) comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Esta obligación, en todo caso, no excluye la educación media como uno de los componentes del derecho fundamental de los menores de edad[56]. 38.2. Ahora bien, en lo relativo al alcance del derecho a la educación respecto de los servicios de educación básica y media para los mayores de edad, es indispensable precisar que su forma de realización, y en particular la garantía de acceso y permanencia, variará en función de las particularidades de cada situación. En efecto, la garantía de acceso a la educación de los mayores de edad puede contemplar un marco diferenciado de protección, de manera que –como lo ha dicho este tribunal- en el caso de los adultos “la obligación estatal de proveer educación (…) se materializa en la creación de un sistema especial que consulte los intereses de un grupo poblacional específico, con el fin de que la necesidad de trabajar no impida que las personas mayores de edad reciban la educación que no les fue impartida durante su infancia y adolescencia”[57]. De manera que “(…) responde a la realidad de los adultos como personas que se encuentran activas en el trabajo y que, en razón a su actividad, requieren de una flexibilidad especial que posibilite el acceso al sistema educativo”[58]. En atención a ello, la regulación legal vigente ha previsto la necesidad de establecer formas especiales de enseñanza para la población mayor de edad[59]. El carácter diferenciado en la prestación del servicio no implica, sin embargo, que el Estado pierda interés en ello y, de hecho, el artículo 51 de la Ley 115 de 1994 prescribe como objetivos de la educación para adultos, entre otros, (i) adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos y (ii) desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. 38.3. La posibilidad de implementar modalidades diferenciadas en la educación para adultos implica, al mismo tiempo, la facultad de las instituciones educativas para adoptar medidas particulares en aquellos casos en los cuales: (i) se demuestre -de forma clara y precisa- la vinculación de un estudiante mayor de edad con actuaciones académicas o disciplinarias insatisfactorias, o dificultades comportamentales significativas y, además, que tales hechos (ii) puedan afectar el desarrollo de los programas educativos de aquellos colegios cuyo proyecto se dirige principalmente a menores de edad. En esos casos, como ha quedado expuesto, las autoridades públicas tienen el deber y las competencias -con fundamento en el artículo 67 constitucional- para implementar planes de educación que permitan a las personas que han alcanzado la mayoría de edad acceder a servicios educativos. Ahora bien y en esto debe insistir la Corte, la regla anterior no habilita a las instituciones educativas para afectar la permanencia de los alumnos que han desarrollado su proceso académico en tales instituciones, invocando únicamente la circunstancia de que el estudiante exceda la edad promedio de las personas. Toda limitación a la permanencia educativa, aun de un mayor de edad, exige encontrarse motivada, fundarse en el respeto del debido proceso y sujetarse al manual de convivencia. 39. En síntesis, (i) el derecho a la educación es fundamental para los menores de edad en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución y será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. En el caso de los mayores de edad (ii) el derecho a la educación es un derecho fundamental de desarrollo progresivo y flexible de manera que admite diferentes modalidades de realización y, en consecuencia, no impone al Estado ni a la sociedad obligaciones equivalentes en materia de acceso y permanencia. Sin embargo, (iii) cualquier restricción a la permanencia de un estudiante que cumple la mayoría de edad estando en curso la educación media debe, además de sustentarse en forma clara y precisa, encontrarse precedida de un procedimiento acorde con las exigencias del debido proceso y las reglas fijadas en el manual de convivencia. En ese sentido, se vulnera el derecho cuando se desconocen las facetas de acceso y permanencia, por ejemplo, ante la suspensión abrupta de la prestación del servicio. E. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS COLEGIOS Y LA GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO COMO SUPUESTO INDISPENSABLE PARA SU RESTRICCIÓN. 40. Teniendo en cuenta la controversia planteada, la Corte se ocupará (i) del alcance general de la autonomía de los colegios; (ii) de los límites que la Corte ha impuesto a las actuaciones de los colegios en aquellos casos en los que sus decisiones afectan el derecho a la educación; y (iii) de los procedimientos que -por regla general- deben preceder o acompañar la imposición de cualquier restricción de dicho derecho. 41. El grado de autonomía de los colegios no es equivalente al que se reconoce a las universidades[60] cuyo fundamento se encuentra en lo dispuesto por el artículo 69 de la Carta Política. En efecto, en el ámbito de escolaridad básica y media el estudiante se encuentra en un proceso de formación académica que apenas comienza y que pretende cimentar las bases familiares y sociales, “(…) de suerte que no hay una verdadera disposición para que asuma por su propia iniciativa de manera responsable las cargas académicas”. Los colegios, en consecuencia, tienen deberes especiales en tales etapas dado que el estudiante es un ser en formación que, gradualmente, asumirá de forma autónoma sus obligaciones y las consecuencias de sus comportamientos. Por ello, las obligaciones de atención y seguimiento de los colegios se acentúan y se concretan en los objetivos que han sido definidos en los artículos 16 -educación preescolar-, 21 –educación básica y 30 –educación media- de la Ley 115 de 1994. Conforme a esa regulación, es indispensable promover las competencias y actitudes adecuadas para avanzar, posteriormente, a la educación universitaria en la que la madurez alcanzada implica, a su vez, reconocer a los estudiantes un mayor grado de independencia. Dicho de otra forma, en la educación formal –art. 10 de la ley 115 de 1994- debe asegurarse un esfuerzo educativo particular que varía, significativamente, de aquel que tiene lugar cuando se emprenden estudios universitarios. Ello explica, entonces, que la intervención estatal en la actividad de colegios y universidades no resulte equivalente. Por tanto, en el caso de los colegios -por estar este ciclo diseñado para niños y adolescentes- se inicia un proceso gradual de formación que no es igual al del estudiante universitario, quien cuenta con una mayor madurez e independencia dado que, al menos prima facie, ha adquirido las competencias mínimas que deben promoverse en las etapas que conforman la educación formal –preescolar, básica y media-. Esto explica que la jurisprudencia constitucional se haya esforzado por precisar el alcance concreto de la autonomía de los colegios, estableciendo las pautas generales que deben regir los procesos educativos a su cargo. En ese contexto ha determinado límites sustantivos y procedimentales de dicha autonomía a partir de una interpretación conjunta de la obligación de proteger los derechos fundamentales de los estudiantes y la calificación de la educación como un derecho-deber que compromete al estudiante al Estado, a la sociedad y a su familia. 41.1. Límites constitucionales a la facultad disciplinaria y a la regulación de los manuales de convivencia en los colegios[61]. Desde que se promulgó la Constitución, la Corte ha identificado los límites a los manuales de convivencia. Entre ellos se encuentran los que se desprenden del derecho al libre desarrollo de la personalidad[62]. Este tribunal ha establecido que “(…) los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico cultural y social principio de práxis general”[63]. Con fundamento en ese derecho (art. 16 C.P), ha establecido en sede de tutela que no resulta posible: (i) exigirle a los hombres un corte de pelo determinado[64] o dejar de utilizar accesorios como aretes[65], pues ha considerado que ello supondría imponer un “patrón estético excluyente”[66] proscrito por la Constitución; (ii) la expulsión de alumnas que han quedado embarazadas[67] mientras estudian en el colegio o la desmejora de sus condiciones de vinculación[68]; (iii) impedir a una alumna utilizar el uniforme de la institución por encontrarse en unión libre y, posteriormente, desvincularla por tal razón[69]; (iv) la suspensión de alumnas con calificaciones satisfactorias por el hecho de haber contraído matrimonio civil[70]; (v) establecer la prohibición de asistir con normalidad a la institución educativa por haber sido sorprendida, por fuera del colegio, desnuda con un hombre casado[71]; o (vi) coartar la libertad de definir la orientación sexual e, incluso, plasmar en el manual de convivencia la prohibición de exteriorizar conductas homosexuales en las mujeres[72]. 41.2. De otra parte, la dignidad humana ha sido amparada en el ámbito escolar. Así, en su faceta de vivir sin humillaciones, la Corte (i) exigió contrarrestar la segregación psicológica sufrida por una niña de nueve años propiciada por la indicación de su profesora de ser portadora de VIH[73]; (ii) prohibió el escarnio público como sanción en los colegios, al considerar que trata de “(…) una forma de violencia moral contra el menor (de edad), que no puede ser adoptada como práctica pedagógica o sanción disciplinaria sin faltar al respeto que se debe a la dignidad de la persona, y contra la cual debe ser protegido el niño”[74]; (iii) determinó que los mecanismos de disciplina no pueden terminar por distorsionar la personalidad del sujeto[75]; y (iv) señaló que la educación debe prestarse en condiciones aptas para desarrollar el proceso educativo, de modo que los estudiantes no pueden verse sometidos a suplir la falta del personal de un colegio con su propio trabajo[76]. 41.3. En adición a ello la jurisprudencia constitucional ha concluido que (i) el derecho a la igualdad prohíbe a los colegios adoptar medidas discriminatorias, tales como impedir el reingreso de estudiantes debido a su preferencia homosexual[77]; (ii) la intimidad y la integridad física proscribe que en ejercicio de sus facultades disciplinarias los colegios fuercen a los estudiantes a practicarse en la enfermería del colegio pruebas de sangre con el fin de determinar si han consumido alucinógenos[78]; y (iii) el derecho a la libertad religiosa y de cultos impide exigir, como requisito para estudiar en una institución educativa determinada, que las mujeres porten uniforme[79] con pantalones, pues ello podría afectar a alumnas que pertenecían a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia[80]. 41.4. En suma, los manuales de convivencia y, en general, la autonomía de los colegios se subordina al estricto respeto de los derechos contenidos en la Constitución Política de 1991, tales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la igualdad y la libertad religiosa. Por ende, “[s]iempre se aplicarán las disposiciones constitucionales en caso de existir incompatibilidad entre ellas y las disposiciones jurídicas de jerarquía inferior, como lo es el reglamento de un colegio”[81]. 42. La educación como derecho-deber y el debido proceso. Desde sus primeros pronunciamientos la Corte Constitucional estableció que la educación es un derecho-deber, de manera que su titular se sujeta al cumplimiento de algunas cargas[82]. En consecuencia, “[e]l estudiante tiene una obligación consigo mismo -en primer lugar-, con la familia, la sociedad y el Estado -en segundo lugar-, para lograr el progreso en su formación académica”[83]. Así, la sentencia T-491 de 2003 estableció que la educación tiene proyecciones múltiples como derecho fundamental y deber, por lo que existen obligaciones de instituciones y estudiantes derivadas de su función social: “La educación es también de proyección múltiple: es un derecho fundamental y a la vez es un deber. Así, una de las características esenciales del derecho a la educación, en virtud de su función social, es generar obligaciones recíprocas entre los actores del proceso educativo. Estas obligaciones significan que la institución educativa, de un lado, tiene el deber de ofrecer una educación acorde con los parámetros sociales y culturales exigidos por la comunidad, bajo los supuestos de libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación científica o tecnológica. Y por otra parte, desde la óptica del estudiante, el deber se traduce en el cumplimiento de las normas sobre comportamiento, rendimiento personal y académico previamente establecidas en el manual de convivencia pero que no se restringen exclusivamente al centro educativo sino que se reflejan en otros ámbitos, según se explicará más adelante. Las obligaciones correlativas constituyen entonces condiciones indispensables para el goce efectivo del derecho a la educación. Dentro de la órbita de su autonomía los establecimientos educativos deben proporcionar una educación acorde con las políticas que fije el Estado. A su turno, los educandos tienen el derecho a adquirir los conocimientos propios y adecuados para su desarrollo personal y moral, pero se les exige un determinado rendimiento académico, sin olvidar el cumplimiento al régimen interno administrativo y disciplinario adoptado en la comunidad educativa a la que pertenecen”[84]. En este contexto, la imposición de medidas disciplinarias o sancionatorias por parte de las instituciones educativas si bien hace parte de sus atribuciones, debe articularse con fines educativos[85], puesto que se trata de “(…) una actividad formativa, no autoritaria, que requiere de alumnos activos, creativos y participantes en lugar de pasivos, repetidores y sumisos”[86]. En efecto, pese a que se ha reconocido que los colegios cuentan con un amplio margen de regulación y actuación en materia disciplinaria[87], las medidas de carácter sancionatorio son, ante todo, “(…) herramientas legítimas de todo plantel educativo para conducir y guiar el proceso formativo de sus estudiantes”[88]. De manera que las mismas no son un instrumento de retaliación, sino que constituyen medios y oportunidades para facilitar la educación del alumno y fomentar sus potencialidades[89]. 43. A partir de lo anterior, se ha concluido que no existe un listado taxativo de instrumentos a disposición de las instituciones educativas siempre que sean acordes con la Constitución y con los manuales de convivencia de cada colegio. En esa dirección, el incumplimiento de las cargas asociadas a la disciplina[90] y al rendimiento académico[91], ha sido entendido como un motivo que, en principio, justifica la imposición de sanciones[92], incluyendo la expulsión del establecimiento educativo[93]. 44. En todo caso, en el marco de los procesos disciplinarios –regidos por el manual de convivencia- y de acuerdo a la gravedad de la conducta, antes de desvincular a un alumno de una institución educativa, es necesario asegurar un diálogo real con las diferentes instancias académicas y administrativas, que haga posible identificar “(…) los problemas, necesidades y carencias específicas del alumno, de manera tal que esté en capacidad de orientarlo en la búsqueda de alternativas que propicien su formación integral”[94]. En ese contexto deben los interesados, con el acompañamiento profesional que se requiera, (i) identificar las causas que han propiciado las dificultades del estudiante; (ii) definir las oportunidades de actuación disponibles atendiendo las circunstancias concretas; (iii) valorar la efectividad de las medidas adoptadas; e (iv) identificar formas de seguimiento oportuno y periódico. En todo caso, en función de la edad de cada estudiante la etapa formativa que por regla general debe ser previa a la sanción, podrá ajustarse en virtud del grado de madurez y la capacidad jurídica[95] del estudiante para asumir los compromisos acordados. 45. En este contexto, es siempre posible imponer restricciones o sanciones de mayor intensidad las cuales, en todo caso, deben sujetarse a las garantías que integran el debido proceso escolar. De acuerdo con la sentencia T-967 de 2007, tal derecho exige considerar los siguientes factores: (i) la edad del estudiante, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción puede tener para el estudiante y su futuro educativo; y (vi) la obligación del Estado de garantizar a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo. Asimismo el procedimiento debe contempl...