Sentencia T-087 de 2004

T-087-04 Referencia: expediente T- 701698 Sentencia T-087/04 MENOR DECLARADO EN SITUACION DE ABANDONO-Trámites de adopción INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Concepto INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Prevalece sobre los demás pero no es excluyente ni absoluto ADOPCION-Finalidad ADOPCION-Se involucran los derechos de los menores y demás miembros de la familia DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA-Alcance PRESUNCION A FAVOR DE LA FAMILIA BIOLOGICA-Condiciones de aplicación PRESUNCION A FAVOR DE LA FAMILIA BIOLOGICA-condiciones para desvirtuarse INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Valoración de efectos psicológicos respecto a los vínculos establecidos con quienes los han cuidado En el proceso de adopción tanto la autoridad administrativa como el juez de familia, en función de la protección del interés superior del menor han de valorar los efectos que pueden generar sus decisiones sobre la estabilidad psicológica del menor a adoptar, en atención a su nivel de madurez, y al grado de solidez e importancia de los vínculos que haya establecido con quienes se han encargado de su cuidado. ADOPCION-Sujeción a la Constitución INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Sujeción al derecho/JUECES ADMINISTRATIVOS Y DE FAMILIA-Competencia para resolver controversias relacionadas con el ICBF/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Perjuicio irremediable por amenaza de derechos fundamentales El ICBF, como todos los restantes órganos del poder público, se encuentra sometido al derecho y, en consecuencia, si a través de sus acciones u omisiones viola el derecho vigente y, sobre todo, los derechos fundamentales, nada obsta para que éstas o aquéllas sean objeto de controversia judicial. En este sentido, es necesario indicar que son los jueces contencioso administrativos y, en algunos casos, los jueces de familia, los órganos competentes para asegurar que el Instituto demandado se sujete al derecho. No obstante, si se ha violado o se encuentra amenazado un derecho fundamental y no existe otro medio de defensa judicial o de existir su utilización puede permitir que se ocasione un perjuicio iusfundamental de carácter irremediable, procederá la tutela como mecanismo transitorio, sin que ello signifique que el juez constitucional haya suplantado a la autoridad administrativa. DEBIDO PROCESO-Prueba de la legitimación para actuar ADOPCION POR CONYUGE DEL PADRE O MADRE DEL MENOR-Legitimación para intervenir en el proceso De las consideraciones preliminares de esta sentencia se desprende que en el caso de la adopción de un menor por el cónyuge del padre o madre consanguíneo de dicho menor, las personas llamadas a intervenir en el procedimiento respectivo son exclusivamente quien solicita la adopción y su cónyuge quien debe dar su consentimiento para el efecto -, así como el defensor de menores, quien debe emitir concepto. Dentro de las normas aplicables a este tipo particular de adopción, no figuran en efecto otros personas con legitimación para intervenir. DEBIDO PROCESO-No se vulnero por el ICBF al no hacer parte del proceso a los abuelos de la menor/VIA DE HECHO-Inexistencia Si bien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hizo parte del proceso administrativo a los abuelos maternos de la menor adoptada -accionantes en este proceso.-, tanto su solicitud de intervención, como sus entrevistas con los responsables del proceso respectivo, llevaron a esa institución a considerar la situación particular en la que se encontraba la menor y su relación con los abuelos maternos. Ello no implica que el Instituto de Bienestar Familiar haya vulnerado el debido proceso aplicable en este caso por el hecho de que no los haya hecho parte formal del proceso administrativo de adopción, pues las normas aplicables a la solicitud de adopción que le fue presentada no lo establecen. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-No requería iniciar proceso de declaración de abandono En ese orden de ideas ha de concluirse que en el presente caso no se reúnen los elementos señalados por la jurisprudencia para la configuración de una vía de hecho, por el desconocimiento del debido proceso Referencia: expediente T- 701698 Acción de tutela instaurada por Leonardo Unda Gonzáles y Ana Olga Calderón de Unda contra el Instituto Colombiano de Bienestar familiar Magistrado Ponente: Dr. ÁLVARO TAFUR GALVIS Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004). En desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Veintitrés Civil de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, dentro de la acción de tutela instaurada por Leonardo Unda González y Ana Olga Calderón de Unda contra el Instituto Colombiano de Bienestar familiar. I. ANTECEDENTES 1.1 La demanda de tutela Leonardo Unda González y Ana Olga Calderón de Unda instauraron acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se amparen sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y, consecuencialmente, se “Declare sin efecto jurídico alguno la actuación administrativa adelantada por el Centro Zonal de Usaquén y el Comité de Adopciones de la Regional Bogotá del ICBF, incluyendo el acta No. 19 del 18 de julio de 2002 y la Resolución que decretó el estado de abandono o de peligro o cualquier otra determinación similar a través de la cual finalmente se aprobó la adopción de MARIANA GRANADOS UNDA, a favor de ANGELA MARCELA FORERO M”; se “oficie al Juzgado Décimo de Familia de Bogotá con el fin de que suspenda el proceso de adopción de la menor MARIANA GRANADOS UNDA, hasta tanto haya un pronunciamiento de fondo de parte del Juez de Tutela”; se “prevenga a la entidad accionada para que en lo sucesivo, ante una nueva solicitud de adopción por cualquier interesado, la actuación administrativa se adelante con estricto acatamiento a las disposiciones consagradas en los artículos 13, 29, 42 y 44 de la Constitución Política”, y se ordene a la entidad accionada el “levantamiento de la reserva de la actuación administrativa por existir graves motivos que lo justifican” o en su defecto que “certifique si es cierto que la actuación terminó con la autorización de Adopción por parte de esa entidad y si en desarrollo de la misma”, les reconoció personería para actuar. Los demandante fundamentaron su acción en los siguientes hechos: 1.1.1 Como fruto de la relación sostenida entre la señora Andrea Paola Unda de 20 años de edad y el señor Granados Cabrera, nació la menor Mariana, el 29 de octubre de 1997. No obstante que la madre de la menor sufrió desde su nacimiento por problemas de salud (reducción del arco aórtico y una CIV), una vez enterada de su estado de embarazo y pese a las advertencias que le habían formulado los médicos sobre el riesgo que corría su vida y la de su bebé, decidió continuar adelante. Tres días después de dar a luz, falleció en la Unidad de C.I. de la Clínica Cardio Infantil de Bogotá, como consecuencia del daño cardio-vascular sufrido. 1.1.2. La menor al nacer por pesar 1400 gramos, debió permanecer treinta (30) días en la Unidad de neonatos del Centro Asistencial. Tan pronto como se le dio de alta fue traída a la ciudad de Neiva por su abuela materna -demandante-, quien a partir de ese momento afirma “se convirtió en su madre”. 1.1.3. Un tiempo después de que la niña cumplió dos años, su padre se trasladó a Bogotá, razón por la cual “los contactos con ella se limitaron a las visitas esporádicas que hacia a la ciudad de Neiva”. 1.1.4. A comienzos del año 2001 en visita a la ciudad de Neiva el padre de la menor les informó a los abuelos maternos de la menor -demandantes- su intención de contraer matrimonio en el mes de junio de ese año y de llevarse a su menor hija con su nueva esposa. Afirman que pese a que trataron de convencer al padre para que desistiera de la idea de llevarse a la niña (pues ésta ya contaba con una familia), no lograron persuadirlo; por tal motivo y teniendo en cuenta el estrés que le generaban las visitas, le hablaron de la necesidad de iniciar un trabajo que le facilitara su partida. Como la petición elevada por ellos no fue atendida, en octubre de 2001, acudieron a la regional del ICBF en la ciudad de Neiva, la cual fijó fecha para una reunión en la que con la presencia de un psicólogo, se concretó un acuerdo para que en el plazo de seis (6) meses la niña fuera preparada para el ingreso a su nuevo hogar. 1.1.5. Pocos días después de la citada reunión afirman que el padre de la menor con el pretexto de querer pasar un par de semanas en compañía de la misma, aprovechando las vacaciones de su esposa, se comunicó con los abuelos maternos demandantes con el fin de solicitarles que le permitieran viajar; pensando siempre en el bienestar de la menor, consintieron en que lo hiciera, afirman haberse dado cuenta tarde de que “se trató de una trampa para apoderarse de la menor”. 1.1.6. En razón a las circunstancias anotadas, los abuelos maternos decidieron iniciar un proceso de regulación de visitas, que por reparto correspondió al Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Bogotá. 1.1.7. En el mes de febrero del año 2002, los demandantes fueron informados a través de una de sus hijas residente en Bogotá que la señora Forero esposa del padre de la menor tenía la intención de adoptarla con el consentimiento de su esposo. En los días siguientes, constataron que la petición había sido radicada en el Centro Zonal de Usaquén. Acto seguido dirigieron un escrito al Defensor de Familia de ese centro zonal, expresándole su oposición a la petición y solicitándole que los reconociera como parte dentro del procedimiento respectivo. 1.1.8. El 3 de julio del año 2002, aprovechando un viaje a Bogotá con el fin de asistir a la conciliación en el Juzgado de Familia en el procedimiento de regulación de visitas, los demandantes se presentaron en el Centro Zonal, con el fin de averiguar con el Defensor de Familia sobre el estado de la actuación. Fueron informados por el funcionario que para esa fecha, ya se había dado curso a la misma y que solo faltaba su concepto, el cual se limitaría a señalar que se había cumplido con las exigencias de forma, para posteriormente remitirlo al Comité de Adopciones del Distrito, quien tomaría la decisión final. 1.1.9. El 8 de mayo de 2002, los demandantes radicaron en la Dirección de la Regional Bogotá del ICBF, un escrito a través del cual reiteraban su oposición a la petición de adopción y solicitaban se les notificara personalmente de cualquier decisión sobre el particular. Afirman que la única notificación que recibieron fue la copia de un oficio dirigido por la Subdirectora de Intervenciones Especializadas a la Directora Regional, donde se les expresaba que dicha oficina había recibido el citado escrito. 1.1.10. Como el tiempo pasó y nunca recibieron notificación alguna, el 13 de agosto de 2002, dirigieron una petición al Defensor de Familia, con el fin de que les informara sobre el estado de la actuación, y fueron “sorprendidos” cuando al recibir la respuesta el 11 de septiembre de 2002, se les comunicó que “la menor había sido asignada a la Señora Forero Moreno”. 1.1.11. Con base en esa información, el abuelo materno demandante en su calidad de abogado en ejercicio, se comunicó telefónicamente con la Defensora de Adopciones del Distrito, a fin de que le informara sobre las razones por las cuales el ICBF había actuado desconociendo lo solicitado por ellos. La respuesta de ésta funcionaria fue que debido a que el padre de la menor es la persona que detenta su patria potestad, y como tal es el poseedor de “el mejor derecho”; en consecuencia, su solo consentimiento con el fin de que su esposa hiciera la petición de adopción era suficiente y nadie más tenía personería para intervenir en el trámite. 1.1.12. El 16 de septiembre de 2002, los demandantes se reunieron con la Directora de la Regional Bogotá en su oficina, quien les ratificó los argumentos ya esgrimidos por la Defensora del Comité, sin embargo, ésta se comprometió a impartir la orden con el fin de que se les suministraran las copias de la actuación al día siguiente. Posteriormente, se reunieron con la Defensora del Comité, quien les expresó que el tramite administrativo de la adopción en relación con la menor estaba concluido, agregando que era imposible entregarles las copias solicitadas en virtud de la reserva de la ley. 1.1.13. Como una última opción el 18 de septiembre de 2002, los demandantes, radicaron ante la Directora de la Regional de Bogotá del ICBF, una solicitud de suspensión del proceso de adopción, con base en lo dispuesto en el artículo 110 del Decreto 2737 de 1989, petición que tuvo como fundamento una serie de consideraciones de orden constitucional tales como los artículos 14 y 44 constitucionales y los artículos 10, 20, 22 y 28 del Código del Menor. La citada petición fue analizada en el Comité Extraordinario de Adopciones del 26 de septiembre de 2002, quién autorizó la suspensión del proceso de adopción en el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, bajo la consideración de las malas relaciones existentes entre el padre de la niña, su esposa y los abuelos de la misma, las que en el futuro pueden afectar gravemente su desarrollo emocional. 1.1.14. Los demandantes afirman que con la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se les violaron todas las garantías constitucionales, “lo que constituye un acto grave”, pero mas grave aún consideran que se hayan vulnerado “todos los derechos fundamentales de la menor, en especial los que disponen que los derechos de los niños prevalecen sobre los de todas las demás personas, igualmente se vulneró el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, al cuidado y el amor, la libre expresión de opinión, el derecho a conocer su progenitura y por ende su personalidad jurídica, que no es otra cosa que el conjunto de todos los atributos de la personalidad, entre los cuales se encuentran su nombre y estado civil”. 1.1.15. Afirman finalmente que el 25 de octubre del año 2002, el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, negó una tutela instaurada por el padre de Mariana y su esposa, contra el ICBF, dentro de la cual argumentaban la presunta violación a una serie de derechos fundamentales por la suspensión del proceso de adopción por el término de tres meses. 2. Argumentos de la defensa El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá, una vez notificado de la demanda de tutela, expuso en su defensa las consideraciones que a continuación se resumen. En primer término el apoderado en nombre de dicho instituto, afirmó que no se podía acceder a la petición de declarar sin efecto jurídico las actuaciones administrativas adelantadas por el Centro Zonal de Usaquén y el Comité de Adopciones de la Regional Bogotá del ICBF, por cuanto estas se surtieron cumpliendo los requisitos legales que establece el Código del Menor para la adopción por parte del Cónyuge del padre o madre del adoptado. Sostiene que en el proceso de adopción que se analiza, no se declaró el estado de abandono ni de peligro de la menor, por lo que el Defensor de Familia, no debía dar aplicación a los artículos 37 y 39 del Código del Menor que exigen para ese caso específico la notificación de quienes tuvieren a su cargo la crianza o educación del menor. Explica además que en el presente caso, por no proceder la declaratoria de peligro, ni de abandono, el señor Juan Pablo Granados simplemente otorgó consentimiento, mediante acto voluntario y libre de todo apremio, de conformidad con lo exigido por la ley, dándosele a conocer en el momento de la diligencia lo atinente a la posibilidad de revocar su decisión hasta en el término de un mes. Afirma que si pasado el mes el padre de la menor, no revocó la decisión, mal podía el Defensor de Familia hacerlo. Respecto de la petición de suspensión del procedimiento judicial de adopción planteada en la demanda de tutela indica que esta no resulta pertinente. Recuerda al respecto además que el Juzgado Décimo de Familia de la ciudad de Bogotá, luego de que la Dirección Regional del ICBF lo solicitara, autorizó la suspensión de dicho procedimiento por el término de tres meses de acuerdo con el artículo 110 del Código del Menor, con el fin de “mejorar las relaciones entre el progenitor, la futura adoptante y abuelos maternos de Mariana, adelantando acciones preventivas, preferiblemente de orden terapéutico, para que los adultos, tomen conciencia de sus actitudes, y se posibilite que a futuro la niña pueda disfrutar del afecto de padres y abuelos que hasta el momento han permitido su desarrollo integral.” Afirma que en consecuencia en ningún momento se violó, el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso, el derecho a la familia, ni los derechos fundamentales de los niños, por cuanto las partes en el proceso administrativo de adopción, de un hijo del cónyuge por parte del otro, son: el cónyuge, el futuro padre adoptante y el niño, quien si es púber deberá otorgar su consentimiento. Por lo tanto el Defensor de Familia no tiene la obligación legal de hacer parte dentro del proceso técnico administrativo a los consanguíneos y por consiguiente otorgar personería jurídica para actuar. Respecto de la petición del levantamiento de la reserva del expediente de adopción, sostiene que el artículo 114 del Código del Menor establece claramente los precisos casos en que es posible levantar la reserva de todos los documentos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales propios del proceso de adopción. Al respecto anexa el concepto del Doctor Fernando Ojeda Orejarena, Jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias de la Sede Nacional del ICBF donde se afirma que el caso analizado no se encuentra dentro de aquellos en que resulta posible levantar dicha reserva. Con respecto a la certificación de si es cierto que la actuación terminó con la autorización de Adopción por parte del ICBF, afirma que se debe aclarar que el proceso de adopción requiere sentencia judicial, tal como lo establece el artículo 96 del Código del Menor. 4. Decisiones judiciales objeto de revisión 4.1. Decisión de Primera Instancia El Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 27 de noviembre de 2002, decidió negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, invocados como vulnerados por los accionantes. Para el juez constitucional de instancia la actuación de la entidad accionada corresponde a una decisión administrativa adoptada por el Centro Zonal de Usaquén y el Comité de Adopciones de la Regional de Bogotá del ICBF, en todo ajustada al procedimiento establecido en el Código del Menor para el caso de la adopción de un menor por el esposo o esposa del padre o madre de la persona a adoptar. Aclara que contrariamente a lo afirmado por los accionantes, en el caso en estudio no se declaró el estado de abandono ni de peligro de la menor por lo que el señor Juan Pablo Granados -padre da la menor a adoptar- simplemente otorgó consentimiento, mediante acto voluntario y libre de todo apremio, que no revocó dentro del mes que le otorga la ley, por lo que mal podía el Defensor de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desconocer dicha circunstancia. Considera que si bien es loable el “afán, apoyo y sentido de protección” de los accionantes (abuelos maternos) no por ello puede el juez de tutela controvertir las diligencias administrativas desarrolladas por la entidad accionada y por supuesto las del juez de menores, quien finalmente es el que dispone mediante sentencia la adopción o no de la menor, so pretexto de considerar que la menor puede estar en mejores condiciones con los abuelos que con el padre de la misma y su esposa quien la pretende adoptar, juicio de valor que no corresponde al juez de tutela. Afirma que nada impide a los accionantes intervenir en el proceso de adopción, adelantado en el Juzgado Décimo de Familia, “juicio y juez competentes para decidir finalmente lo atinente a las relaciones familiares (padre de la menor, su esposa, y abuelos paternos), circunstancia esta última que muestra la existencia de otra vía, en donde se habrá de debatir (proceso de adopción) lo aquí cuestionado”. En ese orden de ideas, es claro para ese Despacho la imposibilidad de acceder al amparo solicitado, pues no se ha violado ningún derecho fundamental, ni mucho menos se ha incurrido en una vía de hecho que viole específicamente el principio fundamental del debido proceso ( artículo 29 C.P.). Finalmente considera que “mediante comunicación de julio 23 de 2002, la Defensora de Familia les expuso -a los accionantes- la imposibilidad de reconocimiento de personería con el propósito de oponerse a la solicitud de adopción formulada por Marcela Forero Moreno, actual esposa de Juan Pablo Granados Cabrera, padre legítimo de la menor Mariana Granados Unda, quien dio su consentimiento para tal acto, documento este suficientemente explicativo de la actuación adelantada por la entidad accionada y demás personas que conocieron del caso como psicólogos y fonoaudiólogas, circunstancias todas que permiten concluir que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sí ha tenido en cuenta las peticiones formuladas por los accionantes y por tanto no es predicable la violación del derecho de “igualdad de parte” que se afirma equivocadamente ha sido vulnerado”. 4.2 Impugnación. Los accionantes impugnaron ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la decisión adoptada por el Juez de Tutela en primera instancia. Afirman los accionantes, que el Juez de Primera Instancia tomó como suyo el concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en su entender encuentra respaldo en el artículo 94 del Código del Menor, así no lo diga expresamente, cuando señala que la adopción requiere del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o de uno de ellos cuando falta el otro, manifestada personalmente al defensor de familia y no revocada dentro del mes siguiente, desde la fecha en que se otorgó. En su parecer tanto el ICBF, como el Juez de Tutela no tuvieron en cuenta el contenido de los artículos 36, 37, 49, 61, 88, entre otros, del mismo Código del Menor, que indican claramente que el ya mencionado artículo 94, “no se puede interpretar con tan estricta literalidad”. Cuestionan al respecto dónde quedan entonces los derechos prevalentes del menor, aún sobre los derechos de sus progenitores, el derecho a su libre expresión en todos los casos, a su estado civil y a tener una familia y no ser separado de ella, entre otros. A su juicio, en este caso se invirtió la pirámide normativa pues las disposiciones constitucionales fueron desconocidas por la aplicación de un precepto legal, que por lo demás es anterior a la Carta Política de 1991. Indican que la comunicación con fecha 23 de julio de 2003, en la que les manifestaba la imposibilidad de reconocerles personería jurídica con el propósito de oponerlos a la adopción, no puede considerarse como prueba del acatamiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de las normas procesales aplicables en este caso. Afirman que por lo demás la accionada nunca les hizo llegar el escrito a que alude el Juez y solamente se enteraron de su existencia cuando la actuación ya se encontraba concluida, en una entrevista que sostuvieron en la ciudad de Bogotá con la Defensora de Familia del Comité de Adopciones del Distrito, en la que les hizo entrega de ésta personalmente. Igualmente, consideran que el proveído pasó por alto que de lo que se estaba hablando era de la actuación contraria a derecho que adelantó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la actuación administrativa de adopción y que si en sede judicial no había concluido, era precisamente por que la actuación había sido suspendida por la accionada para buscar un acercamiento entre el padre y su esposa con los abuelos maternos de la menor, pero de ninguna manera porque considerara que les asistía algún derecho, como lo deja plasmado en el escrito. Por lo demás, pasó por alto que en el proceso de adopción el juez de familia se limita a analizar si la entidad accionada cumplió con los requisitos de forma, para decretar seguidamente la adopción del menor. Precisan que en ninguno momento le ocultaron al juez de tutela que ya se habían hecho parte en el proceso judicial con el fin de oponerse a una sentencia de adopción de su nieta, pero dada la celeridad con que se surten los mismos, consideran que no se tuvo en cuenta su posición. 4.3 Decisión de Segunda Instancia La Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., mediante fallo del 16 de enero de 2003, decidió confirmar la decisión de primera instancia exponiendo las consideraciones que enseguida se resumen. En criterio del ad-quem, en la controversia bajo examen el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelantó el trámite administrativo tendiente a autorizar la adopción de Mariana Granados Unda a favor de Angela Marcela Forero, que se requiere como anexo de la demanda que debe presentarse ante el Juez de Familia respectivo según el artículo 105-d del Decreto 2737 de 1989. Sin embargo, el trámite no se adelantó por la situación de abandono de la menor prevista en el artículo 31 de ese Decreto, sino por la autorización que para el efecto dio el padre de la menor en los términos del artículo 94 del Código del Menor. De allí que en el trámite no resultara pertinente aplicar el artículo 37 del mismo Código, que dispone citar a quienes, de acuerdo con la ley, deban asumir el cuidado personal de la crianza y educación de la menor, o de quienes de hecho lo tuvieran a su cargo. Y esa es la razón para que a Leonardo Unda González y Ana Olga Calderón de Unda no se les haya citado ni tenido como parte en el trámite administrativo en comento. De otro lado, considera que la autorización que dio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que la menor Mariana Granados Unda sea adoptada por Angela Marcela Forero, no es la adopción misma, ya que ésta únicamente puede efectuarse a través de sentencia judicial ejecutoriada proferida por el juez de familia conforme a los artículos 108 y 109 ibídem. Y justamente en esa sentencia compete al Juez decidir lo que mejor convenga a la menor, sino se olvida que la adopción es principalmente una medida de protección a través de la cual se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tiene por naturaleza. De ahí que, si aún no se ha producido la sentencia de adopción, aún tampoco se ha desligado a la menor de su familia materna y ello impide la vulneración de los derechos a la familia que se invocan en la tutela. Recuerda que la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior como Juez Constitucional no puede resolver el conflicto planteado en este asunto, ya que este legalmente corresponde decidirlo es a los jueces ordinarios. Afirma así mismo que la tutela no se encuentra establecida para sustituir los procedimientos legales ni mucho menos para reemplazar la actuación de los funcionarios judiciales encargados de resolver determinados asuntos. 5. Actuación en sede de revisión Mediante auto del 14 de julio de 2003 la Sala de Revisión tomando en cuenta que el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento del proceso que se revisa ordenando la notificación del auto admisorio al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero omitió proferir una orden en tal sentido respecto del Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, el padre de la menor y la adoptante, decidió: “Primero.- ABSTENERSE de realizar la revisión de la sentencia de tutela dictada en el asunto de la referencia, dada la existencia de la causal de nulidad por indebida notificación. Segundo.- ORDENAR al Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, que, de conformidad con lo expuesto en el presente auto, ponga en conocimiento del Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, de Juan Pablo Granados Cabrera y de Angélica Marcela Forero M. la nulidad a la que se ha hecho mención en la parte motiva de esta providencia para que se manifiesten al respecto. Tercero.- DISPONER que si los afectados no convalidan lo actuado el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá actúe como corresponde. Para el efecto la Secretaría General de esta Corporación debe remitir el expediente.” En cumplimiento de dicho auto el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá procedió a efectuar las notificaciones aludidas. Al respecto el señor Juan Pablo Granados Cabrera y la señora Ángela Marcela Forero Moreno dirigieron a ese juzgado, con copia a esta Sala de revisión, escrito en el que manifiestan que convalidan la actuación surtida, al tiempo que exponen argumentos para defender la legalidad de la actuación adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por el Juez de familia que decidió mediante sentencia, que para la fecha de presentación del escrito se encontraba ejecutoriada, la adopción de la menor por parte de la señora Ángela Marcela Forero Forero. Dado que en dicho escrito el señor Juan Pablo Granados Cabrera y la señora Ángela Marcela Forero Moreno controvierten la asignación que fuera hecha al Magistrado ponente del presente expediente en el que éste había presentado una solicitud de insistencia, dicho Magistrado planteó a la Sala de Revisión la posible configuración de un impedimento para resolver el presente asunto. Mediante auto del 22 de octubre de 2003 la Sala de Revisión decidió no aceptar el impedimento aludido. Así las cosas habiéndose convalidado por los interesados la actuación adelantada y habiéndose rechazado el impedimento a que se ha hecho referencia, procede la Sala de Revisión a efectuar el examen de las providencias sometidas a su consideración. 6. Pruebas que obran en el expediente a. Fotocopia del registro civil de matrimonio de los accionantes. b. Fotocopias de los registros civiles de nacimiento y defunción de Andrea Paola Unda Calderón. c. Fotocopia del registro civil de nacimiento de Stephania Unda Calderón. d. Fotocopia de los informes de evaluación de los años 1999, 2000 y 2001, realizados a Mariana en el Jardín Infantil Los Crisoles de la ciudad de Neiva. e. Fotocopia del concepto del psicólogo Julian Vanegas López, relacionado con el informe de evaluación y evolución que efectuará la Fonoaudiología y psicóloga Mabel T. Alvarez R. f. Fotocopia de la Historia integral sociofamiliar abierta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional Neiva, por la solicitud de valoración psicológica efectuada por el padre de la menor y su abuelo materno con el fin de facilitar el proceso de cambio del hogar de la misma. g. Fotocopia del escrito de fecha 5 de julio de 2002, radicado ante la Dirección Regional del ICBF en Bogotá, por el accionante Leonardo Unda González. h. Fotocopia de la comunicación dirigida por la Subdirectora de Intervenciones Especializadas del ICBF, regional Bogotá, a la Directora Regional de la Institución. i. Fotocopia del escrito que contiene el derecho de petición formulado por los accionantes al Defensor de Familia del Centro Zonal de Usaquén y del oficio de respuesta recibido el 11 de septiembre de 2002. j. Fotocopia del fax dirigido por la Defensora de Familia del Comité de Adopciones del distrito en el cual se expresa su imposibilidad de poder suministrar las copias de la actuación relativas al proceso de adopción solicitadas. k. Fotocopia del escrito radicado el 18 de septiembre de 2002, en el que los accionantes en el presente proceso solicitan a la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la suspensión del proceso de adopción de la menor. l. Fotocopia de la comunicación dirigida a los accionantes por la Directora Regional del Instituto Colombiano de Bienestar familiar señalando que de manera preventiva se autoriza la suspensión del procedimiento de adopción con el propósito de que las relaciones entre el padre de la menor y su esposa con los abuelos mejore a través del apoyo terapéutico de un psicólogo, dado el riesgo que pueda tener esa circunstancia para el desarrollo emocional de la menor por las circunstancias jurídicas de la adopción con respecto a la pérdida de los vínculos consanguíneos de esta con la familia materna. m. Fotocopia de la comunicación del 8 de febrero de 2002, a través de la cual la Defensora de Familia del equipo de adopciones solicita la presencia de los abuelos maternos en el Departamento de Sicología del Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá, con el fin de iniciar el tratamiento terapéutico. n. Fotocopia de la comunicación del 23 de julio de 2002, entregada a los accionantes el 18 de agosto de 2002, en donde la Defensora del Comité de Adopciones explica las razones que tuvo el Instituto para autorizar la adopción. o. Escrito de los accionantes dirigido a la Corte constitucional solicitando se insistiera en la selección de la acción de tutela. p. Fotocopia del registro civil de nacimiento de Mariana Granados Forero inscrita en la Notaría 25 de Bogotá el 19 de junio de 2003. q. Copia de las comunicaciones dirigidas por el Juzgado 23 del Circuito al Juzgado Décimo de Familia y de la diligencia de notificación efectuada por el Juzgado Décimo de Familia al señor Juan Pablo Granados Cabrera y Ángela Marcela Forero Moreno en cumplimiento del Auto de la Sala de Revisión del 14 de julio de 2003 r. Copia del escrito dirigido al juez 23 del Circuito de Bogotá, con copia a esta Sala de Revisión, en el que el señor Juan Pablo Granados Cabrera y la señora Ángela Marcela Forero Moreno manifiestan que convalidan la actuación surtida por los jueces de instancia, al tiempo que exponen argumentos para defender la legalidad de la actuación adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por el Juez de Familia que decidió mediante sentencia, que para la fecha de presentación del escrito se encontraba ejecutoriada, la adopción de la menor por parte de la señora Ángela Marcela Forero Moreno. s. Fotografías de “la presencia de Juan Pablo en la vida de Mariana desde su nacimiento”; “del proceso de adaptación de mariana con Marcela y Juan Pablo”; “de la situación actual de mariana en su nuevo hogar” y “de las visitas realizadas por la familia Unda a Mariana en su nuevo hogar”. t. Recorte de prensa de la página social del periódico La Nación de Neiva en el que se reseña la visita de la menor a la casa de los accionantes en julio de 2003. u. Copia de carta manuscrita de los accionantes dirigida a la menor con motivo de sus vacaciones v. Copia de las comunicaciones dirigidas por la psicóloga Sara Elena Ardila Gómez al Instituto Colombiano de Bienestar familiar de 31 de octubre y 19 de noviembre de 2002 en el que reseña las entrevistas realizadas con los accionantes y con el padre de la menor y su esposa. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Corte es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en este proceso, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes. 2. Problema jurídico Corresponde a la Corte establecer si en la actuación administrativa llevada a cabo por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante el cual se aprobó la adopción de la menor nieta de los accionantes se vulneraron o no sus derechos al debido proceso (29 C.P.) y a la igualdad (art 13 C.P.) y en particular si se configuró o no una vía de hecho por no habérseles reconocido como parte en el referido proceso en atención al interés que les podía asistir para participar en él en su calidad de abuelos maternos que luego de la muerte de su hija y madre de la menor habitaron con ella y la tuvieron a su cuidado durante cerca de cuatro años con la anuencia del padre de la misma, quien luego de contraer matrimonio y de encargarse directamente de la menor dio su consentimiento para la adopción de la misma por parte de su esposa. 3. Consideraciones preliminares Previamente la Sala de Decisión considera necesario hacer algunas precisiones en torno a i) las medidas de protección establecidas en el Código del Menor y el procedimiento previsto en dicho Código para la adopción de un menor por el cónyuge del padre o madre del menor a adoptar, ii) el interés superior del menor frente a los derechos de los demás miembros de la familia en los procesos de adopción, iii) el alcance de la jurisprudencia sobre el derecho de los niños a tener una familia y a no ser separado de ella y la presunción en favor de la familia biológica, que resultan pertinentes para el análisis del caso sometido a revisión de la Sala. 3.1 Las medidas de protección establecidas en el Código del Menor y el procedimiento previsto en dicho Código para la adopción de un menor por el cónyuge del padre o madre del menor a adoptar De acuerdo con los artículos 29 a 31 del Decreto 2737 de 1989 -Código del menor-, contenidos en el título primero, -sobre clasificación-, de la Parte primera -sobre los menores en situación irregular-, de dicho Código, el menor que se encuentre en algunas de las situaciones irregulares definidas en ellos, estará sujeto a las medidas de protección tanto preventivas como especiales, establecidas en el artículo 57 del mismo Código. De acuerdo con el artículo 30 del mismo cuerpo normativo un menor se halla en situación irregular cuando: 1. Se encuentre en situación de abandono o de peligro. 2. Carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas. 3. Su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 4. Haya sido autor o partícipe de una infracción penal. 5. Carezca de representante legal. 6. Presente deficiencia física, sensorial o mental. 7. Sea adicto a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en la adicción. 8. Sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley. 9. Se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad. Por su parte el artículo 31 precisa que un menor se encuentra en situación de abandono o de peligro cuando: 1. Fuere expósito. 2. Faltaren en forma absoluta o temporal las personas que, conforme a la ley, han de tener el cuidado personal de su crianza y educación; o existiendo, incumplieren las obligaciones o deberes correspondientes, o carecieren de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación del menor[1]. 3. No fuere reclamado en un plazo razonable del establecimiento hospitalario, de asistencia social o del hogar sustituto en que hubiere ingresado, por las personas a quienes corresponde legalmente el cuidado personal de su crianza y educación. 4. Fuere objeto de abuso sexual o se le hubiere sometido a maltrato físico o mental por parte de sus padres o de las personas de quienes el menor dependa; o cuando unos u otros lo toleren. 5. Fuere explotado en cualquier forma, o utilizado en actividades contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o cuando tales actividades se ejecutaren en su presencia. 6. Presentare graves problemas de comportamiento o desadaptación social. 7. Cuando su salud física o mental se vea amenazada gravemente por las desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho o de derecho, en el divorcio, en la nulidad del matrimonio, o en cualesquiera otros motivos[2]. En el título II -Del menor abandonado o en peligro físico o moral- de la parte primera del Código del Menor se establece en el capítulo I - artículos 32 a 35- las situaciones típicas y las obligaciones especiales en relación con los menores abandonados o en peligro físico o moral[3]. El capítulo II del mismo título -artículos 36 a 56- establece la competencia y el procedimiento aplicable para declarar la situación de abandono, así como los recursos que proceden contra dicha declaración[4]. Al respecto cabe destacar -por ser una de las normas invocadas por los accionantes- que en el artículo 37 de dicho Código se establece que en el auto de apertura de la investigación de la situación de abandono o de peligro ordenará la citación de quienes, de acuerdo con la ley, deban asumir el cuidado personal de la crianza y educación del menor, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, si se conociere su identidad y residencia. El artículo 39 precisa que la citación se surtirá mediante notificación personal, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del auto de apertura de la investigación y que si los citados no se hallaren en la dirección que aparece en las diligencias, la citación deberá entregarse a la persona que allí se encuentre, quien firmará la copia. Si se negare a hacerlo, firmará un testigo que dará fe de ello. En todo caso la citación se fijará en la puerta de acceso al lugar y así se hará constar en la copia que se adjunte a la historia del menor. De acuerdo con el artículo 57 del Código del Menor, cumplido el procedimiento a que aluden los artículos 37 a 41 del mismo Código, en la resolución por medio de la cual se declare a un menor abandonado o en peligro, se podrá ordenar una o varias de las siguientes medidas de protección: 1. La prevención o amonestación a los padres o a las personas de quienes dependa. 2. La atribución de su custodia o cuidado personal al pariente más cercano que se encuentre en condiciones de ejercerlos. 3. La colocación familiar. 4. La atención integral en un centro de protección especial. 5. La iniciación de los trámites de adopción del menor declarado en situación de abandono. (Destaca la Corte) 6. Cualesquiera otras cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, prever a la atención de sus necesidades básicas o poner fin a los peligros que amenacen su salud o su formación moral. Cabe precisar que si bien “la iniciación de los trámites de adopción del menor declarado en situación de abandono” figura dentro de las medidas de protección que se pueden tomar como consecuencia de dicha declaración, y que el artículo 88 del Código del Menor señala que la adopción es, “principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza”, ello no significa que todas las adopciones obedezcan a dicha circunstancia. Así en el Código del Menor se alude a por lo menos cuatro situaciones claramente diferentes en materia de adopción como se desprende del artículo 92 de dicho cuerpo normativo[5], a saber: a. los menores de 18 años declarados en situación de abandono b. los menores de 18 años cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres c. los menores de 18 años cuya adopción haya sido autorizada por el defensor de familia cuando el menor no se encuentre en situación de abandono y carezca de representante legal. d. el mayor de esta edad cuando el adoptante hubiere tenido el cuidado personal del adoptable antes de que éste cumpliera 18 años. La adopción, regulada en la sección quinta del capítulo IV, del título II de la parte primera del Código del Menor -artículos 88 a 128- puede obedecer entonces a cualquiera de estas circunstancias y en consecuencia el trámite específico aplicable en cada caso dependerá de la situación de que se trate. Al respecto los artículos 88 a 103 del Código del Menor establecen las “reglas generales” en materia de adopción, a saber la definición de la adopción (art. 88), la capacidad para adoptar (art. 89), la adopción conjunta (art. 90), la aclaración de que la existencia de hijos no impide la adopción (art. 91), las reglas sobre la edad del adoptado y los casos en que estos pueden ser sujetos de la misma (art. 92), las normas particulares para el caso de la adopción de menores indígenas (art. 93), las reglas sobre el consentimiento necesario para la adopción (art. 94), los caso en que no tendrá validez el consentimiento otorgado (art. 95), el requerimiento de sentencia judicial para la adopción (art. 96), los efectos de la adopción (art. 97), las consecuencias específicas en materia de extinción del parentesco de consanguinidad (art. 98), la imposibilidad de interponer acciones para establecer la filiación de sangre del adoptivo, ni reconocerle como hijo extramatrimonial (art. 99), en tanto que los artículos 104 a 117 regulan la “actuación procesal” que debe seguirse en materia de adopción. De dichos artículos cabe destacar que el artículo 89 del Código del Menor establece que podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar hogar adecuado y estable a un menor. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. El mismo artículo precisa que el adoptante casado y no separado de cuerpos sólo podrá adoptar con el consentimiento de su cónyuge, a menos que este último sea absolutamente incapaz para otorgarlo. Igualmente señala que dicho artículo no se aplicará, en cuanto a la edad, en el caso de adopción por parte del cónyuge conforme a lo previsto en el artículo 91 del presente código[6]. Por su parte el artículo 94 de la misma normativa establece que la adopción requiere el consentimiento previo de quienes ejercen la patria potestad, o el de uno de ellos a falta del otro, manifestado personalmente ante el defensor de familia, quien los informará ampliamente sobre las consecuencias e irrevocabilidad de la adopción. El consentimiento del padre o madre menor de edad tendrá plena validez si se manifiesta con las formalidades señaladas en el inciso anterior. A falta de las personas designadas en el referido artículo, será necesaria la autorización del defensor de familia expresada por medio de resolución motivada. Si el menor fuere púber será necesario, además, su consentimiento. El parágrafo primero de dicho artículo precisa que en todo caso, antes de transcurrido un (1) mes desde la fecha en que los padres otorgaron su consentimiento podrán revocarlo. Transcurrido este plazo el consentimiento será irrevocable. El parágrafo segundo del mismo artículo precisa de otra parte que para los efectos del consentimiento a la adopción, se entenderá faltar el padre o la madre, no sólo cuando ha fallecido, sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica certificada por la dirección de medicina legal, y en su defecto, por la sección de salud mental de los servicios seccionales de salud de la respectiva entidad territorial, a solicitud del defensor de familia. El artículo 104 establece por su parte que la adopción únicamente podrá ser solicitada por los interesados en ser declarados adoptantes, mediante demanda presentada por medio de apoderado ante el juez de familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cuidado se encuentra el menor. A la demanda, de acuerdo con el artículo 105 del mismo Código se deben acompañar los siguientes documentos: a) El consentimiento para la adopción, si fuere el caso; (destaca la Corte) b) El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del menor; c) El registro civil de matrimonio o la prueba idónea de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes, sin perjuicio de las que correspondan a los demás requisitos exigidos por este código[7]; d) La copia de la declaración de abandono o autorización para la adopción, según el caso; (destaca la Corte) e) La certificación, con vigencia no mayor de seis (6) meses, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o una entidad autorizada para el efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y moral de los adoptantes, y constancia de la entidad respectiva sobre la integración personal del menor con el adoptante o adoptantes; f) La solicitud de adopción suscrita por el adoptante o adoptantes, presentada personalmente por ellos; g) El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes, expedido por autoridad competente, y h) La certificación actualizada sobre vigencia de la licencia de funcionamiento de la institución donde se encuentre albergado el menor, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De acuerdo con el artículo 108 del mismo Código, cuando la demanda sea presentada por el defensor de familia, deberá acompañarla de la autorización motivada del jefe de la sección o división jurídica de la respectiva regional. El juez dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes, si estima que con la demanda se presentaron las pruebas suficientes para decretar la adopción. Cuando la demanda fuere presentada por un apoderado particular se correrá traslado al defensor de familia por el término de cinco (5) días. Si el defensor se allanare a ella, el juez dictará sentencia dentro de los términos del inciso anterior. Cuando el juez estime insuficientes las pruebas acompañadas, señalará un término máximo de diez (10) días para decretar y practicar las que considere necesarias. Vencido este término, el juez tomará la decisión correspondiente. La sentencia que decrete la adopción producirá todos los derechos y obligaciones propios de la relación paterno-filial y deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. En la sentencia se omitirá el nombre de los padres de sangre si fueren conocidos. La sentencia que resuelva sobre la adopción podrá ser apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de acuerdo con el trámite establecido en el Código de Procedimiento Civil, donde intervendrá el defensor de familia pero en ningún caso será objeto de consulta. Cabe precisar que de acuerdo con el artículo 114 del mismo Código todos los documentos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de treinta (30) años; de ellos sólo se podrá expedir copia por solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del defensor de familia, del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad o de la Procuraduría General de la Nación para efecto de las investigaciones a que hubiere lugar. El funcionario que permitiere el acceso a los documentos aquí referidos o que expidiere copia de los mismos a personas distintas de las señaladas en este artículo, incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada con la destitución del cargo. Con todo, cuando se presenten graves motivos que justifiquen el levantamiento de la reserva o se haya admitido el recurso extraordinario de revisión a que se refiere el artículo 113, el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente al juzgado que decretó la adopción ordenará el levantamiento, previo un trámite incidental El artículo 115 precisa que sin perjuicio de lo anterior, todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar, al tiempo que señala que los padres juzgarán el momento y las condiciones en que no resulte desfavorable para el menor conocer dicha información. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el Tribunal Superior correspondiente, mediante apoderado o asistido por el defensor de familia, según el caso, para solicitar que se ordene el levantamiento de la reserva y el acceso a la información. 3.2 El interés superior del menor frente a los derechos de los demás miembros de la familia en los procesos de adopción. Esta Corporación ha señalado, que en general existe por parte del Estado y de la sociedad, la obligación de prodigar una especial protección a aquellos grupos sociales cuya debilidad sea manifiesta, art. 13 de la C. P., y entre estos grupos se destaca la especial protección de los niños, artículo 44 de la C.P. , la cual adquiere el carácter de derecho fundamental y su protección es prevalente inclusive en relación con los demás grupos sociales. Sobre el particular ha dicho la Corte: “El artículo 44 de la Constitución Política es inequívoco al establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación. Una de las principales manifestaciones de este precepto constitucional, que se enmarca en el contexto del Estado Social de Derecho y del deber general de solidaridad, es el principio de preservación del interés superior del menor, que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional[8] y consagrado en los artículos 20 y 22 del Código del Menor.[9] Dicho principio refleja una norma amplia­mente aceptada por el derecho internacional,[10] consistente en que al menor se le debe otorgar un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad. ¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos prevalecientes e intereses superiores? La respuesta únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en particular. Esta Corte ha sido enfática al aclarar que el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional,[11] sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal. Esta regla no excluye, sin embargo, la existencia de parámetros generales que pueden tomarse en cuenta como criterios orientadores del análisis de casos individuales. En efecto, existen ciertos lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar de los niños, tanto a nivel general (en la Constitución, la ley y los tratados e instrumentos internacionales que regulan la situación de los menores de edad) como derivados de la resolución de casos particulares (es decir, de la jurisprudencia nacional e internacional aplicable), que sirven para guiar el estudio del interés superior de menores, en atención a las circunstancias de cada caso”[12]. La Corte ha señalado que el interés del menor “debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo”[13]; no obstante, ha explicado igualmente que ello no implica que al momento de determinar cuál es la opción más favorable para un menor en particular, no se puedan tener en cuenta los derechos e intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial los de sus padres. Por el contrario, el interés superior del menor prevalece sobre los intereses de los demás, pero no es de ninguna manera excluyente ni absoluto frente a ellos. Ha dicho la Corte: “El sentido mismo del verbo “prevalecer”[14] implica, necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización; por lo mismo, los derechos e intereses conexos de los padres y demás personas relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés superior del menor. De hecho, sólo así se logra satisfacer plenamente el mandato de prioridad de los intereses de los niños, ya que éstos son titulares del derecho fundamental a formar parte de una familia, por lo cual su situación no debe ser estudiada en forma aislada, sino en el contexto real de sus relaciones con padres, acudientes y demás familiares e interesados. Esta es la regla que establece el artículo 3-2 de la Convención sobre Derechos del Niño, según el cual ‘los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley’[15]”. La finalidad de la adopción se enmarca entonces necesariamente dentro del referido interés superior del menor y, consiste en este caso en “(...) dar protección al menor garantizándole un hogar adecuado y estable en el que pueda desarrollarse de manera armónica e integral, no sólo en su aspecto físico e intelectual sino también emocional, espiritual y social. El fin de la adopción no es solamente la trasmisión del apellido y del patrimonio, sino el establecimiento de una verdadera familia, como la que existe entre los unidos por lazos de sangre, con todos los derechos y deberes que ello comporta. En virtud de la adopción, el adoptante se obliga a cuidar y asistir al hijo adoptivo, a educarlo, apoyarlo, amarlo y proveerlo de todas las condiciones necesarias para que crezca en un ambiente de bienestar, afecto y solidaridad[16]. La Corte ha precisado que en dicho proceso se encuentran involucrados no solamente los derechos de los menores sino los de los demás miembros de la familia, los cuales empero deben considerarse a partir de la prevalencia reconocida en la Constitución para los derechos del menor: “En un proceso de adopción se encuentran involucrados no sólo el derecho fundamental del menor a tener una familia, sino un conjunto mucho más amplio de derechos fundamentales constitucionales cuyo titular no es únicamente el niño sujeto de la eventual adopción. En efecto, el derecho fundamental a tener una familia y a no ser separado de ella tiende a garantizar todo el plexo constitucional de los derechos del niño, así como derechos fundamentales de otros miembros de la familia. En consecuencia, todas las decisiones que se tomen en el curso de un proceso de adopción deben estar plenamente justificadas en la aplicación de normas claras, unívocas, públicas y sometidas a los valores, principios y derechos constitucionales que tienden a garantizar la adecuada formación de los menores y su desarrollo libre y armónico”[17]. Así las cosas es claro que tanto los derechos de los padres como de los demás miembros de la familia, por ejemplo los abuelos en el presente caso, deben ser evaluados en función de dicho interés superior. 3.3 El alcance de la jurisprudencia sobre el derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella y la presunción en favor de la familia biológica El artículo 44 de la Constitución Política consagra como uno de los derechos fundamentales de...