Sentencia T-085 de 2024

T-085-24 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-085/24 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico por indebida valoración probatoria (…) la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas en tanto llegó a la conclusión de que se habían acreditado los requisitos de necesidad de la alimentaria y capacidad del alimentante, a pesar de que el material probatorio obrante en el expediente no permitía de manera razonable llegar a dicha conclusión. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DERECHO DE ALIMENTOS-Concepto OBLIGACION ALIMENTARIA-Fundamento en la solidaridad OBLIGACION ALIMENTARIA-Características DERECHO DE ALIMENTOS-Requisitos El vínculo se refiere a que exista un vínculo de parentesco o un supuesto que origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos. La necesidad del alimentario implica que el peticionario requiera los alimentos que demanda. Y la capacidad del alimentante implica que la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos. ALIMENTOS QUE SE DEBEN ENTRE CONYUGES DIVORCIADOS-Fundamento normativo DERECHO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES DIVORCIADOS-Debe comprobarse que persiste la necesidad de la obligación alimentaria TRABAJO DOMESTICO-Constituye un valioso aporte para la familia y debe ser tenido como aporte social DERECHO HUMANO AL CUIDADO-Disimetría de género en la distribución del trabajo (actividad de cuidado personal) CUOTA ALIMENTARIA-Naturaleza de la obligación alimentaria en caso de violencia por razón de género contra la mujer ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Forma de combatir la violencia contra la mujer ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Obligación de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, a través de la Rama Judicial DERECHO A LA IGUALDAD EN OBLIGACION ALIMENTARIA-Compañeros permanentes REPARACION DE DAÑOS EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Extensiva a la unión marital de hecho DERECHO DE ALIMENTOS DE COMPAÑEROS O COMPAÑERAS PERMANENTES-Obligación de solidaridad y el deber de auxilio mutuo (…) se deben alimentos: (i) a los compañeros permanentes mientras persista la necesidad y capacidad; (ii) a los excompañeros permanentes, independientemente de la necesidad, en casos de violencia; y (iii) a los excompañeros permanentes, según el caso concreto, por solidaridad y enfoque de género, cuando se acrediten la necesidad y la capacidad. DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico como causal especial de procedibilidad DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-085 DE 2024 Referencia: Expediente T-9.677.926 Acción de tutela presentada por Anacleto Rojas Sánchez contra el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá Magistrado/a ponente: Cristina Pardo Schlesinger Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Cristina Pardo Schlesinger –quien la preside– y Natalia Ángel Cabo, y por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos dictados el 28 de junio de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en primera instancia, y el 2 de agosto de 2023 por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en sede de impugnación, dentro del expediente T-9.677.926. I. ANTECEDENTES A. Hechos relevantes 1. Entre Anacleto Rojas Sánchez y Eulalia Rodríguez Rivera existió una unión marital de hecho, con la consecuente sociedad patrimonial, que duró desde el 31 de diciembre de 1994 hasta el 12 de noviembre de 2018[1]. 2. El señor Rojas Sánchez: (i) tiene 68 años[2]; (ii) recibe una asignación mensual de retiro a cargo de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur por el valor de $2.018.339[3]; (iii) hace parte de la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad – Cooseguridad en calidad de asociado y devenga una compensación de acuerdo a la cantidad de turnos como guardia de seguridad que realice al mes[4]; (iv) tuvo dos hijas durante su primer matrimonio y, según afirma, él le colabora económicamente a una de ellas pues esta cuenta con “una patología incapacitante que le impide trabajar”[5]; (v) tuvo dos hijos[6] durante la unión marital de hecho con la señora Rodríguez Rivera, los cuales son “adultos, profesionales, […] autónomos, capaces y conviven con la señora Eulalia […] en un apartamento que adquiri[eron] durante la convivencia”[7]; y (vi) tiene a su cargo un crédito por el valor de $59.791.586, razón por la que debe pagar una cuota mensual de $836.756. 3. Por su parte, la señora Rodríguez Rivera: (i) tiene 49 años[8]; (ii) durante la unión marital de hecho se encargó de la crianza de los hijos[9]; (iii) estuvo afiliada en el Plan Obligatorio de Salud de la Policía Nacional como beneficiaria de Anacleto Rojas Sánchez desde el 4 de enero de 2007 hasta el 7 de noviembre de 2021[10]; (iv) actualmente realiza oficios varios en casas de familia[11]; (v) está afiliada al sistema de salud como beneficiaria de su hijo Jhon Jairo Rojas Rodríguez; y (vi) fue diagnosticada en 2004 con “carcinoma in situ del endocérvix”[12] y la señora manifestó que se le diagnosticó cáncer uterino en 2005, enfermedad que, según afirma en la demanda de alimentos, fue tratada pero que “es de permanente control porque puede aparecer en cualquier momento”[13]. 4. En noviembre de 2018, Anacleto se fue del apartamento que compartía con su compañera y comenzó a vivir con su padre. 5. El 13 de noviembre de 2020, en el marco de una demanda adelantada por Anacleto Rojas Sánchez en contra de Eulalia Rodríguez Rivera, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá declaró “disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial formada por los compañeros permanentes”[14]. A pesar de haber sido notificada, la señora Eulalia no participó en dicho proceso ya que, según afirma, no se enteró de este sino hasta noviembre de 2021 cuando le negaron el servicio médico del cual era beneficiaria[15]. 6. El 20 de junio de 2023, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá informó que “a la fecha se encuentra en trámite el proceso de Liquidación de Sociedad Patrimonial en espera de designar partidor de la lista de auxiliares de la justicia”[16]. B. Proceso de fijación de cuota alimentaria 7. El 24 de febrero de 2022[17], Eulalia Rodríguez Rivera adelantó una demanda en contra de Anacleto Rojas Sánchez con el objetivo de solicitar que se ordene al demandado suministrarle una cuota alimentaria equivalente al 50% de los ingresos percibidos por este[18]. Lo anterior, bajo el argumento de que “durante la convivencia con el causante se dedicó al hogar y crianza de sus hijos menores para aquel entonces, por lo cual depende económica[mente] de aquel, sin que pueda subsistir por sus propios medios con ocasión a su estado de salud”[19]. 8. En la contestación de la demanda, Anacleto Rojas Sánchez propuso las excepciones de “falta de legitimidad en la causa por activa”, “abuso del derecho”, “enriquecimiento sin justa causa” y “mala fe”. En ese sentido, solicitó que se negaran las pretensiones de la demandante en tanto: (i) la señora Eulalia Rodríguez Rivera no es adulta mayor ni está en situación de discapacidad; (ii) la sociedad conyugal está disuelta y en estado de liquidación; (iii) “para efectos patrimoniales, la acción de suministro de alimentos, se debe intentar en la acción de reconocimiento de la existencia de unión marital de hecho, dentro del año siguiente a la separación de cuerpos, so pena de prescribir la acción”[20]; (iv) él no fue condenado como cónyuge culpable; (v) fue la señora Eulalia quien dio origen a la separación de hecho al sacarlo del hogar; (vi) la señora aún vive en el apartamento que adquirieron durante la convivencia y que se pagó con créditos bancarios que él sigue asumiendo; (vii) la señora cuenta con el apoyo económico de sus hijos, (viii) él cuenta con pocos ingresos para su sustento. 9. El 15 de mayo de 2023, el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, dictó sentencia de única instancia en la que resolvió: (i) declarar infundadas las excepciones propuestas por el demandado[21]; (ii) “Fijar como cuota alimentaria en favor de Eulalia Rodríguez Rivera y cargo de Anacleto Rojas Sánchez, una cuota mensual de alimentos definitiva equivalente al 15% de los ingresos[22] que mensualmente percibe el demandado de la asignación de retiro de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur, porcentaje que también recaerá sobre las primas que recibe en junio y diciembre de cada año”[23]; (iii) librar “oficio al pagador de la entidad correspondiente, para que modifique el valor de los descuentos ordenados por este Juzgado, a cargo del demandado”[24]; y (iv) imponer condena en costas al demandado por un valor de $500.000 por agencias en derecho. 10. Al respecto, el juez se pronunció sobre cada una de las excepciones[25] y concluyó que la señora Eulalia “es titular del derecho de alimentos respecto de su excompañero permanente Anacleto Rojas Sánchez”[26] porque, aunque no es adulta mayor, esta cobijada por el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil. Lo anterior, puesto que la obligación alimentaria tiene sustento en los deberes de solidaridad, socorro y ayuda mutua que surgen por virtud del vínculo matrimonial o marital y, por tanto, es lógico que puedan “subsistir inclusive cuando media separación de cuerpos o su disolución”[27]. 11. Ahora bien, en lo relacionado con los elementos para la fijación de la cuota alimentaria el juez concluyó que: (i) el vínculo jurídico entre Eulalia Rodríguez Rivera y Anacleto Rojas Sánchez es claro, pues quedó demostrada la existencia de su unión marital de hecho; (ii) la necesidad del alimentario se encuentra acreditada[28] pues la señora Eulalia “se dedicó a los temas del hogar y a la crianza de sus hijos, por lo que no cuenta con estudios culminados y tampoco con experiencia laboral acreditada, además, que en el año 2005 fue diagnosticada con cáncer uterino y […] presenta inconvenientes de salud en sus extremidades superiores”[29]; y (iii) se cumple con la capacidad económica del alimentante en tanto este devenga de manera fija $2.018.339 mensuales. En consecuencia, el juez condenó al señor Anacleto a pagar un porcentaje del 15% de su asignación de retiro que equivale a la mitad de las necesidades alimentarias acreditadas por la actora. C. Pretensiones y solicitudes de la acción de tutela 12. El 14 de junio de 2023, Anacleto Rojas Sánchez interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna e igualdad. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, la sentencia emitida por el juzgado desconoció que “no h[a] sido vencido en juicio como cónyuge culpable, para ser víctima de una condena alimentaria perenne mientras viva la alimentada, sin estar legitimado por cuanto ya no conviv[en], la sociedad conyugal de la unión marital de hecho esta disuelta y en estado de liquidación desde el mes de noviembre de 2020”[30]. 13. Al respecto, argumentó que la señora Eulalia Rodríguez Rivera: (i) es una persona que aún puede trabajar, pues no está discapacitada ni es adulta mayor; (ii) cuenta con dos hijos mayores de edad que podrían suministrarle alimentos si llegare a necesitarlos verdaderamente; (iii) vive en el apartamento que adquirieron cuando eran compañeros permanentes sin pagar arriendo; y (iv) está afiliada al sistema de salud como beneficiaria de su hijo Jhon Jairo Rojas Rodríguez. 14. Y, en lo relacionado con su situación económica, el señor Anacleto argumentó: (i) que sólo podrá prestar servicios de seguridad en Cooseguridad hasta que cumpla la edad máxima de servicio que son setenta años; (ii) que durante la vigencia de la sociedad conyugal adquirió créditos bancarios para el pago de los estudios de los hijos, “para reparaciones locativas del apartamento y para cubrir obligaciones de la sociedad conyugal” [31], pero que como esas obligaciones se tornaron muy difíciles de pagar optó por iniciar “un crédito con otra entidad bancaria (Banco AV Villas) donde [l]e compraron la cartera que tenía con otras entidades bancarias y esa obligación fue tomada como un acreencia propia después de decretada la disolución de la sociedad conyugal”[32] por un valor de $59.791.586, razón por la que debe pagar una cuota mensual de $836.756; y (iii) que lo anterior lo ha dejado casi sin ingresos para su sustento, para ayudar a su hija discapacitada y para mantener el nuevo hogar. 15. Por lo anterior, el accionante solicitó: (i) que se deje sin efectos el fallo proferido el 15 de mayo de 2023 por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá y se profiera una nueva decisión exonerándolo del pago de alimentos, y (ii) que se condene a Eulalia Rodríguez Rivera al pago de costas procesales, agencias en derecho, daños y perjuicios. D. Decisión de primera instancia en sede de tutela 16. El 28 de junio de 2023, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó el amparo al considerar que “en el actuar del Juez encartado no se advierte arbitrariedad ni vía de hecho que comprometa los derechos fundamentales invocados”[33]. Al respecto, señaló que (i) “el proceso de alimentos se adelantó con sujeción al trámite procedimental previsto en el Código General del Proceso”[34]; (ii) el demandado ejerció su derecho de defensa; (iii) la sentencia cuenta con “sustento normativo, jurisprudencial y probatorio debidamente analizados”[35]; (iv) no se configuró vía de hecho ni vulneración de los derechos alegados pues “el Juez no dejó por fuera ninguna circunstancia o prueba que eventualmente pudiera haber cambiado o variado la decisión en este caso”[36]. E. Impugnación en sede de tutela 17. El accionante impugnó el fallo de primera instancia por considerar que el juez no valoró la afectación a su mínimo vital y vida digna[37]. Además, reiteró los argumentos mencionados en su primera intervención. F. Decisión de segunda instancia en sede de tutela 18. El 2 de agosto de 2023, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de primera instancia, amparó los derechos del accionante y ordenó al Juzgado Quinto de Familia de Bogotá dejar sin efecto la sentencia de 15 de mayo de 2023 y volver a proferir una decisión de fondo en el proceso de fijación de cuota alimentaria con radicado 2022-000095-00, teniendo en cuenta lo expuesto por la Sala en dicha providencia[38]. 19. Al respecto, la Sala manifestó que “en la decisión cuestionada se incurrió en una «vía de hecho» […] por cuanto el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá […] inaplicó las normas que rigen los procesos de alimentos entre mayores de edad”[39]. Y señaló que no se realizó “un debido análisis del cumplimiento de los requisitos necesarios para establecer la obligación alimentaria, de cara a las pruebas que reposan en el expediente”[40]. 20. Lo anterior, puesto que, en primer lugar, no se acreditó el vínculo, pues la señora Eulalia “cuatro años después de finalizada la convivencia promovió demanda de «fijación de cuota alimentaria para compañera permanente» [a pesar de que] para la fecha en que se instauró la demanda […] la demandante ya no tenía la calidad de compañera permanente”[41]. 21. Y, en segundo lugar, no se acreditó la necesidad de la alimentaria que permita solicitar de manera excepcional alimentos a su expareja, porque la señora Eulalia (i) tiene 49 años, (ii) se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud como beneficiaria de su hijo, (iii) vive con sus dos hijos quienes son mayores de edad y su hijo devenga un salario de $2.600.000, (iv) reside en el inmueble que adquirió junto con el accionante en vigencia de la sociedad patrimonial, y (v) “no se probó algún tipo de discapacidad actual, que le impida valerse por sí misma, pues si bien, afirmó tener «cáncer de útero» […] lo único aportado fue la consulta médica efectuada en el año 2004”[42]. G. Actuaciones realizadas durante el trámite de revisión ante la Corte Constitucional 22. El expediente T-9.677.926 fue enviado a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Y, mediante Auto del 30 de octubre de 2023, notificado el 15 de noviembre del mismo año, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez escogió el expediente para su revisión[43]. II. CONSIDERACIONES A. Competencia 23. Con fundamento en los artículos 86 y 241 –numeral 9– de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia. B. Acción de tutela contra providencias judiciales 24. En aras de garantizar la autonomía judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica, la Corte Constitucional ha establecido que el uso de la tutela para atacar decisiones judiciales solo procederá de manera excepcional si se cumplen rigurosos supuestos. Así las cosas, la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada a dos tipos de requisitos “unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”[44]. 25. Según la jurisprudencia constitucional[45], los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: a. Que se acredite la legitimación en la causa por activa y por pasiva.[46] b. Que se cumpla con el requisito de inmediatez.[47] c. Que se cumpla con el requisito de subsidiariedad.[48] d. Que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional.[49] e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[50] f. Cuando se trate de una irregularidad procesal, que la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.[51] g. Que no se trate de sentencias de tutela, de control abstracto de constitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado.[52] 26. Por su parte, en cuanto a los requisitos o causales especiales de procedibilidad, la Corte ha señalado que, para que en los casos de tutela contra sentencia prospere el amparo, se requiere que se presente al menos uno de los siguientes vicios o defectos[53]: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución[54]. 27. En este sentido, la vulneración al debido proceso por parte de los funcionarios judiciales sólo se da cuando incurren en alguno de dichos defectos[55]. 28. Cabe resaltar que “estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”[56]. C. Procedencia de la acción de tutela 29. Antes de definir el problema jurídico que deberá resolver la Sala, es necesario determinar si el caso objeto de estudio reúne los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. A continuación, la Sala analizará el cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez, subsidiariedad, relevancia constitucional, identificación razonable de los hechos que generaron la posible vulneración y de los derechos vulnerados, y tipo de decisión cuestionada. Legitimación en la causa por activa 30. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política[57] y 10 del Decreto 2591 de 1991[58], la acción de tutela sub judice satisface el requisito de legitimación en la causa por activa, puesto que el accionante, Anacleto Rojas Sánchez, es la persona cuyos derechos fundamentales podrían verse vulnerados por la sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Bogotá que fijó una cuota alimentaria a su cargo y en favor de su excompañera permanente. Legitimación en la causa por pasiva 31. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política[59] y 5 del Decreto 2591 de 1991[60], en el presente caso se cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior, en tanto el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, una autoridad que pertenece a la jurisdicción ordinaria, es quien emitió la sentencia cuestionada mediante la cual se podrían haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Inmediatez 32. El requisito de inmediatez plantea que la acción de tutela debe formularse en un plazo razonable desde el momento en que se produjo la vulneración. Esto se satisface en el caso concreto, puesto que el accionante interpuso la acción de tutela el 14 de junio de 2023, cuando la sentencia había sido dictada el 15 de mayo de 2023. Es decir, transcurrió menos de un mes desde el momento en que Anacleto Rojas Sánchez tuvo conocimiento de dicha decisión y el momento en que solicitó el amparo. Subsidiariedad 33. Según el artículo 86 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, el requisito de subsidiariedad implica que la tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o cuando los mecanismos disponibles no resulten eficaces para el caso concreto, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 34. De acuerdo con los artículos 21[61] y 390[62] del Código General del Proceso, la fijación de cuota alimentaria se adelanta a través de un proceso verbal sumario de única instancia en cabeza de los jueces de familia. Lo cual implica que no existen recursos ordinarios contra la decisión que pone fin al proceso[63]. 35. En consecuencia, ante la ausencia de un medio ordinario de defensa judicial que permita a Anacleto Rojas Sánchez controvertir la decisión del Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, en el presente caso la Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad. Relevancia constitucional 36. De conformidad con lo establecido por la Corte, la relevancia constitucional implica que la controversia: (i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico, (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, y (iii) no pretenda utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir debates meramente legales[64]. 37. Para la Sala es claro que se encuentra acreditada la relevancia constitucional en el presente caso, pues no se trata de un asunto que sea meramente legal o económico ni tampoco que pretenda reabrir debates concluidos en el proceso ordinario. Lo anterior, en tanto la controversia gira en torno a la protección de los derechos fundamentales de Anacleto Rojas Sánchez al debido proceso, mínimo vital, vida digna e igualdad posiblemente vulnerados por la sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Bogotá. 38. En efecto, es un asunto constitucional y no legal o pecuniario, porque, aunque involucra una prestación de carácter económico, el origen de la discusión se centra en determinar si en la sentencia atacada se aplicaron indebidamente las normas que regulan los procesos de alimentos, si se desconoció la realidad fáctica del caso y si se afectaron con ello los derechos del accionante a la vida digna y al mínimo vital. 39. En suma, de lo que se trata es de cuestionar una providencia que ordenó el pago de una cuota de alimentos con fundamento en argumentos de índole constitucional. Identificación razonable de los hechos que generaron la posible vulneración y de los derechos fundamentales vulnerados 40. Como ha señalado la Corte, “sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”[65]. 41. Aquí es importante resaltar que si bien el accionante debe identificar de manera clara las irregularidades de la providencia cuestionada que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales, ello no implica que deba mencionar expresamente los defectos en los que incurrió dicha decisión[66]. Al respecto, la Corte ha señalado que: el adecuado balance entre la exigencia de las mencionadas causales y la eficacia del derecho de acceso a la justicia impide la exigencia de una técnica particular en la acción de tutela, por lo que es exigible únicamente la presencia de los elementos de juicio necesarios para comprender cuál es la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados[67]. 42. En otras palabras, aunque no es necesario que se identifiquen de manera concreta los defectos específicos alegados, sí se requiere que “del relato de los hechos puedan comprenderse las irregularidades en las que probablemente incurrió la autoridad judicial al expedir la sentencia”[68]. 43. En el caso concreto, el accionante argumentó que la sentencia emitida el 15 de mayo de 2023 por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá que le ordenó pagar alimentos a su excompañera permanente vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna e igualdad. Lo anterior, puesto que desconoció que: (i) la unión marital de hecho terminó en noviembre de 2018 y la sociedad patrimonial fue disuelta judicialmente en noviembre de 2020; (ii) Eulalia Rodríguez Rivera no se encuentra en un estado de vulnerabilidad que dé lugar a la obligación alimentaria; y (iii) él es un adulto mayor y no tiene capacidad económica para asumir ese pago sin que se afecten sus derechos al mínimo vital y vida digna. Además, señaló que debe aplicársele el análisis realizado por la Corte en las sentencias T-685 de 2014 y T-854 de 2012, pues se trata de casos similares. Cabe resaltar que, en lo sustancial, los reproches mencionados por el accionante en el escrito de tutela fueron alegados también en la contestación de la demanda al interior del proceso de fijación de cuota alimentaria. 44. En consecuencia, para la Sala es claro que este requisito se cumple en el presente asunto, pues si bien Anacleto Rojas Sánchez no señaló de manera expresa las causales especiales de procedibilidad que se configuraron, sí realizó una identificación razonable los hechos y razones que generaron la vulneración de derechos fundamentales a partir de las cuales es posible deducir las causales. Que la sentencia cuestionada no sea de tutela, de control abstracto de constitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado 45. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela[69], no solo porque los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida sino también porque todas las decisiones de tutela están sometidas a un riguroso proceso de selección y eventual revisión ante la Corte Constitucional[70]. 46. Además, en la sentencia SU-391 de 2016[71], esta Corporación estableció que la tutela tampoco procede contra sentencias de control abstracto de constitucionalidad o sentencias del Consejo de Estado de nulidad por inconstitucionalidad[72]. 47. Por tanto, teniendo en cuenta que la presente acción de tutela no se dirige contra una sentencia de tutela, de control abstracto de constitucionalidad ni de nulidad por inconstitucionalidad, sino contra un fallo adoptado en el marco de un proceso verbal sumario de fijación de alimentos, se encuentra acreditado este requisito. 48. Así las cosas, la Sala concluye que la presente acción de tutela satisface los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. D. Problema jurídico y metodología 49. Problema jurídico. Corresponde a la a la Sala Octava de Revisión resolver si el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá vulneró los derechos al debido proceso, igualdad, mínimo vital y vida digna de Anacleto Rojas Sánchez, al emitir la sentencia del 15 de mayo de 2023 en la que fijó una cuota alimentaria a su cargo y en favor de su excompañera permanente. 50. Metodología. Para solucionar el problema jurídico propuesto, la Sala: (i) se referirá a la obligación alimentaria entre excompañeros permanentes, y (ii) analizará el caso concreto para determinar si las irregularidades alegadas por el accionante dan lugar a la vulneración de sus derechos fundamentales. E. La obligación alimentaria entre excompañeros permanentes 51. El derecho de alimentos[73] es la facultad que tiene una persona de exigir a quien tiene la obligación de suministrarlo[74] “el dinero necesario para su subsistencia, cuando no se encuentre en las condiciones para procurárselo por sí misma”[75]. Este derecho se fundamenta en el principio de solidaridad[76] y tiene el fin de “garantizar la vida digna, el mínimo vital y los derechos fundamentales de aquellas personas, primordialmente miembros de la familia o vinculadas legalmente, frente a quienes asiste una obligación de solidaridad y equidad”[77]. 52. En lo relacionado con las características de la obligación alimentaria, la Corte ha señalado que: (i) su naturaleza es principalmente de carácter civil; (ii) se fundamenta constitucionalmente en los principios de solidaridad, equidad, protección de la familia, necesidad y proporcionalidad; (iii) tiene una finalidad asistencial de prestación de alimentos por parte del obligado o alimentante al beneficiario o alimentario; (iv) adquiere un carácter patrimonial cuando se reconoce la pensión alimentaria; (v) el bien jurídico protegido es la vida y subsistencia del alimentario y, como consecuencia, sus demás derechos fundamentales; (vi) exige como requisitos para su configuración que (a) el peticionario necesite los alimentos que solicita; (b) que el alimentante tenga la capacidad para otorgarlos; y (c) que exista un vínculo filial o legal que origine la obligación; (vii) se concreta jurídicamente cuando se hace exigible por las vías previstas por la ley –administrativas o judiciales-, en aquellos casos en que el alimentante elude su obligación frente al beneficiario o alimentario […].[78] 53. En esa línea, resulta relevante destacar que los requisitos necesarios para que proceda la obligación alimentaria son: el vínculo, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante[79]. El vínculo se refiere a “que exista un vínculo de parentesco o un supuesto[80] que origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos”[81]. La necesidad del alimentario implica que el peticionario requiera los alimentos que demanda. Y la capacidad del alimentante implica que “la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos”[82]. 54. En principio, según los artículos 160 y 422 del Código Civil[83], los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del alimentario siempre que continúen las circunstancias que les dieron origen. Sin embargo, cuando estas cambian, el derecho de alimentos se modifica o extingue[84]. 55. Los cónyuges o compañeros permanentes no tienen “un grado de parentesco de consanguinidad, afinidad o civil, [sin embargo] éstos, al unirse, constituyen una familia, y, por ende, contraen obligaciones recíprocas, a saber: guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida […]. Obligaciones que comprenden diversas esferas, tales como las prestaciones de carácter económico que hacen posible la vida en común”[85]. Por ello, en ambos casos, la obligación alimentaria se deriva del deber de auxilio mutuo de quienes libremente deciden formar una familia[86]. 56. En el caso de los cónyuges, existen tres supuestos en los que hay lugar al pago de alimentos. En primer lugar, el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil establece que se deben alimentos entre los cónyuges. Cabe resaltar que esta obligación está sujeta a que se demuestre la configuración de los requisitos anteriormente mencionados: el vínculo matrimonial, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante. 57. En segundo lugar, con fundamento en el principio de solidaridad, se ha reconocido también la posibilidad de solicitar alimentos entre excónyuges, pues “el divorcio es la reconfiguración de las relaciones familiares y no su extinción”[87], por lo que, en ocasiones, subsisten derechos y deberes entre los cónyuges divorciados[88]. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional[89] establece que “la obligación alimentaria no se extingue con la cesación de efectos civiles del matrimonio o divorcio, pues para que la misma desaparezca se debe demostrar que i) el beneficiario no los necesita y [/o] ii) la falta de capacidad económica del deudor”[90]. 58. Esta obligación alimentaria entre excónyuges se comprende mejor si se analiza el fenómeno del matrimonio con un enfoque de género. Al respecto, la sentencia T-462 de 2021 señaló que: En el matrimonio, los cónyuges deben realizar un trabajo remunerado para garantizar su subsistencia a la par que están obligados a acordar quién llevará a cabo las labores del hogar necesarias para la propia reproducción de la vida social –i.e. levantar a las personas, darles de comer, asearlas, apoyarlas en su estudio, atenderlas ante la enfermedad, etc.–. En algunos pactos, ambas partes trabajan remuneradamente y deben conciliar cómo distribuyen esas tareas luego de culminada su jornada laboral –aquí las mujeres ejecutan mayoritariamente esa clase de actividades–. En otras implícitamente se imponen esas labores, por ejemplo, para quienes no realizan un trabajo remunerado. Estas asignaciones también recaen mayoritariamente en mujeres[91] y tiene unos efectos diferenciados en relación al disfrute y goce de sus derechos, particularmente los económicos y sociales. […] De similar forma, las mujeres que desarrollan trabajos de cuidado tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral, lo que reduce su posibilidad de tener ingresos propios y cotizar para una eventual pensión. […] En ese sentido, la abrumadora carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es un factor estructural de la desigualdad de género y, ello apareja las siguientes implicaciones: (i) menor tiempo para el aprendizaje, la especialización, el ocio, la participación social y política o el cuidado personal; (ii) mayores dificultades para situarse en un trabajo fuera del hogar; (iii) mayores obstáculos para avanzar en carreras educativas y laborales; (iv) mayor participación en trabajos de menor valoración y menores ingresos; (v) mayor participación en el trabajo informal, en el cual las mujeres pueden tener un mayor control sobre su tiempo, aunque este tipo de trabajo no brinda protección social; (vi) menor acceso a ingresos propios, lo que limita su autonomía económica, su poder de negociación e incrementa su exposición a situaciones de violencia. (vii) menor protección social ante los riesgos de desempleo, invalidez, vejez, muerte. […] El acceso nulo o intermitente al mercado laboral que tienen las mujeres que se dedican al trabajo de cuidado es una barrera para lograr acumular cualquier tipo de capital que haga frente a vivir sin trabajar remuneradamente. Eso las coloca en un ciclo de pobreza. Por demás, la informalidad que recae con mayor rigor sobre las mujeres y se materializa en la falta de acceso a la seguridad social, es decir, no pueden protegerse ante la vejez, o cuando se enferman o si se invalidan[92]. 59. Partiendo de esa distribución asimétrica de las labores del cuidado, la Corte ha entendido los alimentos como una forma de “paliar la discriminación y de disminuir la tensión que existe ante la ausencia de remuneración del trabajo de cuidado”[93]. Lo anterior, ya que aquellas mujeres que se dedican de manera exclusiva al cuidado del hogar se ven profundamente afectadas cuando se separan de sus parejas, pues no han recibido ninguna retribución económica por el trabajo de cuidado realizado. Sobre esto, la Corte ha señalado que: Como consecuencia de la poca participación de la mujer en el mercado laboral y de su inversión de tiempo en trabajos que no son remunerados, muchas mujeres afrontan situaciones de pobreza después de la separación, como consecuencia (i) del difícil acceso de las mujeres a las opciones de trabajo remunerado; (ii) la construcción y el éxito laboral de los hombres ha dependido mayoritariamente de que las mujeres realicen casi que con exclusividad el trabajo de cuidado; y (iii) es altamente probable que las labores de cuidado de los hijos recaigan en la mujer separada. Así las cosas, la mujer mantiene su rol esencial de cuidadora, incluso ante las rupturas matrimoniales, con pocas prerrogativas para continuar siendo sostén sin pago y por ello se ve obligada a acceder a realizar labores de trabajo flexibles o informales[94]. 60. En suma, la Corte ha reconocido que los alimentos entre excónyuges constituyen “una de las formas mediante las cuales es posible equilibrar las asimetrías que pueden haberse presentado en la familia y que se agudizan en la etapa del divorcio”[95]. Pues “[l]as cuotas alimentarias -que no son asuntos exclusivamente indemnizatorios- son un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las personas que pueden quedar en desventaja al momento de terminar la institución del matrimonio”[96]. 61. Cabe recordar que, para que se concedan alimentos entre excónyuges, es necesario demostrar la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante[97]. 62. En tercer lugar, el numeral 4 del artículo 411 del Código Civil señala que se deben alimentos “a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa”. En este caso, “la naturaleza jurídica de la obligación alimenticia entre divorciados es reconocida como indemnización y, a su vez, como pensión alimentaria”[98]. Puesto que “cuando el vínculo familiar se rompe por una de las partes afectando a la otra es posible que se mantenga [la] obligación [alimentaria] como una forma de paliar el daño –así lo señala el régimen causalista de divorcio–”[99]. 63. Particularmente, en aquellos casos en que se determine al cónyuge culpable bajo la causal de “ultrajes, trato cruel y maltratamiento de obra”[100], la Corte ha señalado que los alimentos deben ser analizados teniendo en cuenta la obligación de eliminar todas las formas de violencia de género y haciendo particular énfasis en la importancia de garantizar la reparación integral de las víctimas de violencia. Esta lógica ha sido aplicada en reiterada jurisprudencia[101] “al contemplar la posibilidad de que los alimentos que se fundan en esta causal tengan la posibilidad de contar con un carácter resarcitorio”[102]. 64. Así las cosas, “es razonable que, a la luz del enfoque de género, las autoridades judiciales evalúen diferentes formas de reparación, entre las cuales puede estar la cuota alimentaria en favor del cónyuge inocente, para lo cual es necesario trascender de la noción estricta y tradicional del Código Civil que limitaba el análisis a la capacidad, la necesidad y el vínculo, al no tratarse -en estos precisos eventos- de una cuestión restringida a la solidaridad y a la sanción del cónyuge responsable del divorcio[103], sino también a su reconfiguración, en cumplimiento de mandatos internacionales de reparación a la mujer víctima de violencia intrafamiliar” [104]. 65. En ese sentido, la Corte ha reconocido la posibilidad de otorgar alimentos a excónyuges, sin analizar el requisito de la necesidad del alimentario, como una forma de reparar a las víctimas de violencia de género. Es decir, que, en estos casos, la revisión de los alimentos “debe obedecer a criterios de (i) capacidad económica exclusivamente bajo circunstancias extremas del alimentante, es decir que se debe demostrar que la persona se encuentre en imposibilidad de cumplir; y (ii) el de proporcionalidad, para proteger en mejor medida los derechos de la mujer”[105]. 66. El matrimonio y las uniones maritales de hecho son dos formas de construir familia que cuentan con marcadas diferencias. Por un lado, el matrimonio es un contrato solemne, que requiere de ciertas formalidades para su formación y que solo puede terminarse por declaración judicial o mutuo acuerdo ante notario cuando exista una de las causales dispuestas para ello en el artículo 154 del Código Civil. Por el otro, la unión marital de hecho se encuentra regulada en la Ley 54 de 1990 y hace referencia a aquel vínculo entre parejas que se fundamenta en la libertad de convivir, por ello, para su terminación solo se requiere la voluntad de uno de sus miembros. En este caso las formalidades establecidas en la ley no giran en torno a la conformación de la unión “sino a los supuestos en donde existirá una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Así, pese al establecimiento de algunas formalidades para liquidar la sociedad patrimonialhttps://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-117-21.htm - _ftn23, la terminación del vínculo no se supedita a la declaración judicial, sino a la cesación material de la convivencia”[106]. Por ello, no puede considerarse que exista absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión marital. 67. Sin perder de vista estas diferencias, la Corte ha sido clara en que el Estado debe proteger ambas instituciones, pues se trata de dos opciones vitales para constituir familia[107]. De manera que “si bien no es posible la equiparación completa de regímenes, la jurisprudencia ha acortado las diferencias existentes entre ambas formas de familia y ha conferido ciertos derechos, por vía de analogía, en favor de las uniones maritales de hecho”[108]. 68. Así las cosas, para el caso de los compañeros permanentes, existen también tres supuestos de reconocimiento de alimentos. El primer supuesto está regulado en la sentencia C-1033 de 2002, en la que la Corte Constitucional señaló que, por igualdad, el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil es aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho, siempre que se acrediten los requisitos para la existencia de la obligación alimentaria –vínculo, necesidad y capacidad–. Lo anterior, puesto que: […] si la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, y la unión marital de hecho al igual que el matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los compañeros permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del vínculo familiar, más aun teniendo en cuenta la expresa prohibición que hace el artículo 13 Superior[109]. 69. Aquí es importante aclarar que, para aquellos casos en que la relación ha terminado, la obligación alimentaria entre excompañeros permanentes debe ser analizada caso a caso, pues, aunque debe procurarse proteger todas las formas de constituir familia, no en todos los casos se puede equiparar el matrimonio y la unión marital de hecho. 70. Así, por ejemplo, en la sentencia C-1033 de 2002, al analizar si el numeral 4 del artículo 411 del Código Civil –que regula la obligación alimentaria que se debe al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa– debía extenderse a los compañeros permanentes, la Corte señaló que: El divorcio y la separación de cuerpos son figuras jurídicas que operan en el campo exclusivo del contrato matrimonial y por lo mismo no regulan las relaciones entre los miembros de la unión marital de hecho. Pretender que ello sea así, es partir del supuesto de que el matrimonio y la unión marital de hecho son instituciones equiparables y tienen los mismos efectos jurídicos, lo cual, como se ha explicado, es un supuesto interpretativo equivocado. En efecto, al no existir regulación normativa que permita determinar la culpabilidad de uno de los compañeros permanentes en la ruptura de la unión marital de hecho, no puede equipararse la condición del cónyuge culpable a la de un "compañero culpable" y mucho menos la existencia de un "compañero permanente divorciado o separado de cuerpos" […][110]. 71. Y aunque la sentencia T-506 de 2011 podría llevar a pensar que la obligación alimentaria entre excompañeros permanentes es la misma que entre excónyuges, pues la Corte señaló que “las disposiciones en materia de alimentos no se limitan a los cónyuges, sino que se hacen extensivas a los compañeros permanentes, por cuanto el origen de esta obligación se encuentra en el deber de solidaridad, según fuera dispuesto en sentencia C-1033 de 2002”[111], lo cierto es que (i) dicha afirmación debe entenderse en la misma línea de lo establecido en la sentencia C-1033 de 2002 que toma como fundamento y (ii) lo relacionado con los excompañeros permanentes no hace parte de la ratio decidendi de la sentencia T-506 de 2011 pues esta señala que “sobre este punto no se profundiza en la presente providencia por cuanto la accionante, en el momento que se ordenaron los alimentos, ostentaba la calidad de cónyuge”[112]. 72. Sin embargo, esto no significa que la Corte haya negado la existencia de la obligación alimentaria entre compañeros permanentes cuya relación haya terminado. De hecho, el segundo y tercer supuesto de reconocimiento de alimentos hacen referencia precisamente a escenarios entre excompañeros permanentes. 73. El segundo supuesto de reconocimiento de alimentos se da entre excompañeros permanentes en casos de violencia. Lo anterior, puesto que la Corte ha reconocido que el déficit de protección de las mujeres víctimas de violencia al interior de la familia que existe en el matrimonio también está presente en el marco de una unión marital de hecho, por lo que extendió a estos vínculos la posibilidad de solicitar alimentos como forma de reparación. 74. En efecto, en la Sentencia C-117 de 2021, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del numeral 4 del artículo 411 del Código Civil “bajo el entendido de que esta disposición es aplicable a los compañeros permanentes que, al término de una unión marital de hecho, les sea imputable una situación de violencia intrafamiliar o conductas a las que se refiere el numeral 3º del artículo 154 del Código Civil”[113]. 75. De este modo, se deben alimentos entre excompañeros permanentes cuando exista una situación de violencia. Pues resulta importante “garantizar que las mujeres que, como parte de una unión marital de hecho, sean víctimas de violencia intrafamiliar (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154.3 del Código Civil) puedan ventilar su pretensión de acceso al resarcimiento o reparación del daño mediante la solicitud de “alimentos” definidos en el artículo 411.4 del Código Civil, en el marco del proceso que corresponda”[114]. 76. En lo relacionado con el tercer supuesto, aunque la Corte Constitucional no haya profundizado sobre la materia, para la Sala resulta claro que, en virtud del principio de solidaridad y el enfoque de género anteriormente mencionados, es razonable que también haya lugar a la obligación alimentaria entre excompañeros permanentes –incluso en aquellos asuntos en los que no se esté ante un caso de violencia–. Pues, aunque es cierto que el matrimonio y la unión marital de hecho son instituciones distintas, en ambas es relevante proteger a las personas que pueden quedar en desventaja al momento de terminar la relación de pareja, particularmente si se tiene en cuenta el deber de solidaridad, la asimetría en las labores de cuidado y la discriminación de género. 77. En esa línea, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “tratándose de compañeros o de cónyuges, al margen de la culpabilidad o del elemento subjetivo que puede imputarse a su conducta para efectos de la terminación de su vida de pareja, así esa extinción se surta con respecto al vínculo solemne o meramente consensual; sin duda, pueden reclamarse alimentos entre sí”[115]. Lo anterior, en el entendido de que no se “trata de la continuación de la unión postdisolución, o del surgimiento de una carga prestacional eterna, sino dependiente de la permanencia o vigencia de la necesidad del alimentario y de la capacidad del obligado”[116]. 78. Al respecto, dicha Corte señaló que este es un régimen excepcional, pues “incumbe a un tratamiento singular y extraordinario, no común ni habitual de las prestaciones alimentarias entre la pareja que da por terminada su convivencia, coherente con el concepto de Estado Constitucional y social de derecho, que defiende la familia, el socorro, la ayuda mutua, la ética social y familiar en las relaciones familiares de pareja y en la buena fe en la celebración de los negocios o actos jurídicos familiares como los concernientes a los acuerdos de una pareja que edificara una familia, frente a la regla general de la cesación de toda obligación recíproca entre excompañeros o excónyuges”[117]. 79. Y aclaró que, al estudiar ese deber de solidaridad posterminación de la relación, “en el caso de las uniones de hecho, ante las intermitencias y veleidades de algunas de ellas, el juez debe analizar los tiempos de permanencia de la convivencia […], esto es, su duración; los roles de la pareja, la situación patrimonial, el estado de salud o enfermedades graves, la edad de las partes, las posibilidades de acceso al mercado laboral del necesitado, la colaboración prestada a las actividades del otro, las responsabilidades en la economía del hogar, etc.” [118]. 80. Por ello, la Sala considera que, en aquellos asuntos en los que no se esté ante un caso de violencia, los jueces deberán analizar, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, si hay lugar a la obligación alimentaria entre excompañeros permanentes[119]. 81. En suma, con base en la jurisprudencia reseñada anteriormente, se puede afirmar que, para el caso de los cónyuges, se deben alimentos: (i) a los cónyuges cuando se acrediten la necesidad y la capacidad[120], (ii) a los excónyuges, por solidaridad y enfoque de género, cuando se acrediten la necesidad y la capacidad[121] y (iii) a los excónyuges, independientemente de la necesidad, en casos de violencia[122]. Y, para el caso de los compañeros permanentes, se deben alimentos: (i) a los compañeros permanentes mientras persista la necesidad y capacidad[123]; (ii) a los excompañeros permanentes, independientemente de la necesidad, en casos de violencia[124]; y (iii) a los excompañeros permanentes, según el caso concreto, por solidaridad y enfoque de género, cuando se acrediten la necesidad y la capacidad[125]. III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 82. La Sala considera que el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá vulneró los derechos al debido proceso, mínimo vital y vida digna de Anacleto Rojas Sánchez, al emitir la sentencia del 15 de mayo de 2023 en la que fijó una cuota alimentaria a su cargo y en favor de su excompañera permanente. Sobre los requisitos o causales especiales para que prospere la acción de tutela contra providencias judiciales 83. Como se mencionó anteriormente, “además del cumplimiento de las causales genéricas, para que la acción de tutela resulte favorable a los intereses de quien la ejerce, se debe verificar al menos una de las causales específicas de procedencia contra providencias judiciales”[126]. 84. En el caso concreto, para la Sala es claro que el accionante resaltó de manera general varias irregularidades de la sentencia que podrían vulnerar sus derechos y, aunque no expuso de manera expresa los defectos a los que corresponden, de los argumentos del escrito de tutela se desprende que la sentencia proferida pudo haber incurrido en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente. Por ello, se procederá a analizar los referidos defectos, así como la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante. Sobre el defecto sustantivo 85. Según la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando las normas son aplicadas o interpretadas de manera errada por el operador judicial. Esto puede ocurrir: (i) cuando se aplica una norma que no es aplicable al caso concreto, (ii) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida, o (iii) cuando la interpretación de la norma carece de razonabilidad jurídica[127]. Cabe resaltar que “no cualquier divergencia frente al criterio interpretativo en una decisión judicial configura un defecto sustantivo”[128], pues la intervención constitucional sólo procederá cuando “se trate de evitar una evidente arbitrariedad, o una clara violación de los derechos fundamentales de las partes”[129]. 86. En el caso concreto, el accionante argumentó que la sentencia del 15 de mayo de 2023 vulneró sus derechos al aplicar indebidamente el artículo 411 del Código Civil para ordenar el pago de alimentos, a pesar de que ya no eran compañeros permanentes y él no fue el culpable de la separación. 87. Si bien el accionante tiene razón en que entre él y la señora Eulalia Rodríguez Rivera ya no existía una unión marital de hecho para el momento en que se presentó la solicitud de alimentos ni tampoco había sido declarado culpable de la terminación de la relación, lo cierto es que el fundamento jurídico del juez ordinario para ordenar el pago de alimentos radicó en afirmar que la obligación alimentaria tiene sustento en los deberes de solidaridad, socorro y ayuda mutua que surgen por virtud del vínculo matrimonial o marital y, por tanto, es lógico que puedan “subsistir inclusive cuando media separación de cuerpos o su disolución”[130]. De manera que el vínculo no se sustentó en la vigencia de la unión marital, sino en el deber de solidaridad que permanece incluso ante la terminación de la relación. 88. Teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas en esta providencia, para la Sala es claro que la interpretación normativa realizada por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá no es arbitraria. Pues, aunque es cierto que ya no son compañeros permanentes, es razonable interpretar que se deben alimentos a los excompañeros permanentes, por solidaridad y enfoque de género, cuando se acrediten la necesidad y la capacidad. 89. En vista de que el análisis jurídico realizado por el juzgado es razonable, la Sala encuentra que no se incurrió en el defecto sustantivo alegado. Sobre el defecto fáctico 90. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se presenta cuando existe una indebida valoración probatoria, “bien porque el juez no contaba con pruebas para sustentar sus afirmaciones, o porque al estimar su valor demostrativo fue arbitrario”[131]. Cabe resaltar que este defecto requiere (i) que la arbitrariedad sea “de tal magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante, sin que quepa margen de objetividad alguno que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual llegó el juez”[132] y (ii) “que tal yerro tenga una trascendencia fundamental en el sentido del fallo, de manera que, si no se hubiera incurrido en él, el funcionario judicial hubiera adoptado una decisión completamente opuesta”[133]. 91. Existen dos dimensiones del defecto fáctico: la dimensión negativa que ocurre “cuando el funcionario judicial niega la prueba, […] la valora de manera arbitraria, [u] omite su valoración y sin razón da por no probado el hecho”[134] y la dimensión positiva, que se da cuando “el juez efectúa una valoración por completo equivocada, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello”[135]. 92. En el presente caso, el defecto fáctico alegado por el accionante consiste en la presunta indebida valoración del material probatorio al declarar acreditados, sin estarlo, los requisitos de la obligación alimentaria –vínculo, necesidad y capacidad–. Lo anterior, puesto que, en su criterio, el juez desconoció: (i) que la unión marital de hecho terminó en noviembre de 2018 y la sociedad patrimonial fue disuelta judicialmente en noviembre de 2020; (ii) que Eulalia Rodríguez Rivera no se encuentra en un estado de vulnerabilidad que dé lugar a la obligación alimentaria; y (iii) que él es un adulto mayor y no tiene capacidad económica para asumir ese pago sin que se afecten sus...