Sentencia T-085 de 2009

T-085-09 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-085/09 ACCION DE TUTELA PARA OBTENER LA REPARACION DE PERJUCIOS SUFRIDOS POR LOS DESPLAZADOS-Procedencia VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sujetos de especial protección constitucional DAÑO PUBLICO O SOCIAL Y DAÑO INDIVIDUAL O PARTICULAR-Diferencias VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Derecho a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido/ VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-La reparación comprende la restitución, la indemnización, la rehabilitación y las medidas de no repetición Así, las victimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, comoquiera que no estaban obligadas a soportarlo. La reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional al daño sufrido y comprende la restitución de la persona afectada al estado en que se encontraba antes de la violación; la indemnización de los perjuicios ocasionados, de los daños físicos y morales, la rehabilitación de la víctima y la adopción de medidas de no repetición VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Le corresponde al Estado proporcionar los recursos ágiles y eficaces para obtener la reparación e investigar las violaciones de forma rápida, completa e imparcial La víctima tiene derecho a un recurso ágil y sencillo para obtener la satisfacción de su derecho a la reparación y el Estado tiene la obligación de proporcionar a la víctima esos recursos eficaces e investigar las violaciones de forma rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional. De este modo, someter a los accionantes, víctimas del desplazamiento forzado, a procesos penales en los cuales es necesaria la aceptación de cargos por parte del victimario para la satisfacción del derecho a la reparación; o esperar la labor investigativa de determinación del responsable de esa conducta delictuosa para exigir la reparación del daño ocasionado; o someterlos a un proceso administrativo donde la llamada reparación no corresponde a los postulados normativos expuestos, sino que es la manifestación de la asistencia social que el Estado está obligado a brindar a todas las personas, en especial a las más vulnerables, es revictimizar a quien ha sido objeto de una masiva y constante vulneración de los derechos humanos, es desconocer los derechos fundamentales que de la condición de víctima se derivan y que le impone al Estado el deber de salvaguardar. En otros términos, no es tarea de las víctimas promover ni impulsar la investigación de los crímenes que las han afectado; esta carga corresponde a las autoridades judiciales, en cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar que tiene el Estado. DERECHO A LA INDEMNIZACION DE LAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Vulneración por las trabas y cargas impuestas a los accionantes Referencia expedientes: T-2.050.591, T-2.056.396, T-2.056.402 (Acumulados). Acciones de tutela instauradas, respectivamente por Luis Francisco Orozco García, María de los Ángeles Brochero Bolaño, Alfonso Rafael Orozco Bolaño y María de los Ángeles Navarro Orozco; Yoleidy Yance Villa, y Roberto Antonio Yance Martínez y Yohemis Mercedes Villa Cantillo en su nombre y en representación de su hijo menor Roberto Carlos Yance Villa; y Osvaldo Martínez Arias y Martha Helena Meneses Roldán en su nombre y en representación de sus hijos Luis Javier, Alexander, Osvaldo Enrique, Leonardo y Leydis Milena Martínez Meneses en contra de la Presidencia de la República- Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social. Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil nueve (2009) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ (E), JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA dentro del trámite de revisión de los fallos dictados por los despachos judiciales de instancia de la siguiente forma: Número del expediente Primera instancia Segunda instancia T-2.050.591 Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena. Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. T-2.056.396 Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación. T- 2.056.402 Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación. I. ANTECEDENTES Luis Francisco Orozco García, María de los Ángeles Brochero Bolaño, Alfonso Rafael Orozco Bolaño, María de los Ángeles Navarro Orozco (T-2.050.591), Yoleidy Yance Villa, Roberto Antonio Yance Martínez, Yohemis Mercedes Villa Cantillo estos últimos en su nombre y en representación de su hijo menor Roberto Carlos Yance Villa (T-2.056.396), Osvaldo Martínez Arias y Martha Helena Meneses Roldán en su nombre y en representación de sus hijos Luis Javier, Alexander, Osvaldo Enrique, Leonardo y Leydis Milena Martínez Meneses (T-2.056.402) todos por medio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra la Presidencia de la República-Acción Social, por la presunta vulneración del “derecho fundamental a la justa indemnización, esto es, pronta, adecuada y efectiva, de todos los daños causados… por el desplazamiento forzado del Corregimiento de Bellavista, sufrido a partir del 12 de octubre de 2001”. En forma concordante, en las tres demandas, manifestaron los accionantes que la presencia paramilitar en el corregimiento de Bellavista, municipio de Algarrobo, departamento del Magdalena, comenzó en 1998 y que “…para comienzos del 2001, por sus implacables y consentidos crímenes, convertidos en hechos notorios, que ultrajaban la dignidad humana de toda una comunidad y, habiendo desvirtuado la cotidianidad de la propia guerrilla, los paramilitares terminaron adueñándose de todo el corregimiento, estableciendo su base en pleno pueblo, ante la actitud omisiva y complaciente de todas las autoridades. Desde allí lanzaban sus frenteros ataques a la población civil… era un grupo de 66 miembros,… tenían el pueblo plenamente controlado”. Adujeron que el “12 de octubre de 2001 a las seis de la mañana, la guerrilla rodeo el pueblo y comenzó a disparar para una base que tenían los paramilitares en el mismo sitio donde había funcionado el puesto de policía. Se encendió un confuso combate. Los guerrilleros lanzaron un cilindro o bomba a la base de los paramilitares. La explosión se escuchó en varios kilómetros a la redonda sembrando pánico y zozobra entre todos los habitantes… al cabo de media hora todo había concluido…no hubo afectados pero enseguida los paramilitares volvieron a reunir el pueblo para decirles que definitivamente todos los bellavisteros eran guerrilleros, que habían colaborado con el atentado y que tenían que desocupar el pueblo… salieron todos forzada e involuntariamente en busca de opciones de protección en otros lugares dentro y fuera del territorio nacional. …Salieron más de 350 familias, dejando la casa, la tierra, los enseres, los cultivos, los animales y las actividades que desempeñaban para el sustento de su familia…la gente huyó inmediatamente dejándolo todo…”. Dijeron los demandantes en tutela que “los paramilitares permanecieron por meses en Bellavista en plena operación de saqueo de todo el pueblo y el corregimiento en general,…seguían haciendo sus retenes ilegales expropiando los animales, saqueando las fincas y saqueando a todo el que venía de la Sierra con sus productos, Bellavista se convirtió en un pueblo fantasma…”. Expusieron que nadie denunció el hecho en aquella época y que sólo “con la desmovilización de los paramilitares en el año 2005 fue cuando algunos de los afectados con el asesinato, desplazamiento y expropiaciones denunciaron el delito como primer requisito de la reparación…” ante las Fiscalías Veintiséis y Veintisiete Seccionales de Fundación. Adicionalmente, en cada una de las demandas se señaló lo siguiente: 1. (T-2.050.591) Luis Francisco Orozco García y María de los Ángeles Brochero señalaron que se unieron libremente en 1950, y que entre sus hijos está Alfonso Rafael Orozco Bolaño y entre sus nietos María de los Ángeles Brochero Bolaño. Manifestaron que en el corregimiento de Bellavista tienen un predio denominado La Esperanza, adjudicado por el extinto INCORA a María de los Ángeles Brochero Bolaño mediante Resolución No.00675 del 23 de mayo de 1989 y que Rafael Alfonso Orozco Bolaño había adquirido en 1998 un predio de nombre Campo Alegre, el cual fue hipotecado a favor del Banco Agrario en abril del 2001 como garantía de un crédito adquirido por éste con el fin de “organizarse”. Señalaron los accionantes que en Bellavista llevaban una vida sencilla y desarrollaban su trabajo en su lugar tradicional. Estos predios, según adujeron los accionantes, hace más de cinco años fueron abandonados y el segundo de éstos está a punto de ser rematado por el Banco Agrario, toda vez que Rafael Alfonso Orozco no pudo pagar el préstamo adquirido. Arguyeron que se desplazaron el mismo 12 de octubre de 2001 “con tanta prisa que no les dio tiempo para recoger o asegurar sus enceres (sic) y medios de subsistencia; dejando todas sus pertenencias abandonadas para regresar por ellas después, pero que va, el pánico que infundieron los paramilitares, a ciencia y paciencia de todas las autoridades, y que se apoderó de toda la región, se los (sic) impidió…”. Señalaron que María de los Ángeles Brochero Bolaño rindió declaración de desplazamiento forzado ante Acción Social el 26 de octubre de 2001, narró lo sucedido e indicó quienes conformaban su grupo familiar según consta en el Certificado de Registro Único de Población Desplazada que le expidió la Unidad Territorial de Acción Social del Cesar. Finalmente, dijeron que después de unos meses se fueron a vivir a Fundación y que no denunciaron lo ocurrido por miedo, por motivos de supervivencia y dado su gran grado de vulnerabilidad. 2. (T-2.056.396) Roberto Antonio Yance Martínez y Yohemis Mercedes Villa Cantillo se unieron libremente en 1985 y tuvieron a Roberto Carlos y Yoleidy Yance Villa, “vivían felices y al día en Bellavista en su casa propia cuyos documentos privados de adquisición se perdió (sic) en el saqueo y el despelote de la rapiña que armaron los paramilitares en las casas abandonadas. Don Roberto tenía una de las 47 plataformas de secado de café en asocio con el comerciante Ever Chinchilla. Cuando no había cosecha del grano se dedicaba a la compraventa de maíz”. Indicaron los accionantes que “se desplazaron el 12 de octubre de 2001 para la Loma del Bálsamo, allí estuvieron en casa alquilada por siete meses después viendo que la violencia no paraba y definitivamente el pueblo estaba erradicado se [fueron] para Fundación, y aquí viven todavía, sin fortuna y pasando todos los trabajos y necesidades de este mundo”. Roberto Antonio Yance Martínez rindió declaración ante la Personería Municipal de Fundación donde narró el desplazamiento sucedido, declaración que según adujo, fue remitida a la Defensoría del Pueblo y a Acción Social correspondiéndole el registro No. 47288319585049. Señalaron que recibieron tres mercados por concepto de la ayuda solidaria. Finalmente, dijeron que Yohemis Mercedes y su pequeño hijo… “aún sufren los estragos de haber tenido que salir huyendo de Bellavista” y que no denunciaron lo ocurrido por miedo, por motivos de supervivencia y dado su gran grado de vulnerabilidad. 3. (T-2.056.402) Los gestores del amparo indicaron que vivían felices en Bellavista y que no les faltaba nada. Adujeron que Osvaldo Martínez era agricultor, beneficiario de un programa de la UMATA y que en El Dorado “tenía sembrados de frutales yuca y maíz…” Dijeron que “se desplazaron el 15 de octubre de 2001 para la Loma del Bálsamo, allí llegaron, y viven todavía, sin casa, sin trabajo y sin fortuna, a pasar todos los trabajos y necesidades de este mundo con los menores Leonardo de once años, Alexander de nueve, Luis Javier de seis, Leydis Milena de cuatro y Osvaldo Enrique de tres añitos”. Manifestaron que “han pasado todos estos años arañando y viviendo de la nada para subsistir a diario con sus pequeños hijos…”, que aparecen inscritos “en el listado de personas de Bellavista registradas en el Sisben entre 1999 y 2004” y que no han recibido nada por concepto de ayuda solidaria. Señalaron que Osvaldo Enrique Martínez Arias rindió declaración del desplazamiento sucedido ante la Personería Municipal de Algarrobo, declaración que según adujo, fue remitida a la Defensoría del Pueblo y a Acción Social correspondiéndole el registro No. 4728835585049. Finalmente, señalaron que no denunciaron lo ocurrido por miedo, por motivos de supervivencia y dado su gran grado de vulnerabilidad. Afirman los accionantes que la acción de tutela es el único medio para que los perjuicios ocasionados por el desplazamiento forzado sean resarcidos de manera inmediata y adecuada, y que Acción Social es el ente encargado para suplir esa pretensión, comoquiera que es la entidad ordenadora del gasto del Fondo Para la Reparación de las Víctimas de conformidad con la Ley 975 de 2005 y que por tanto es la encargada de indemnizar una vez sean liquidados los perjuicios. Adujeron que solicitaron[1], en virtud del artículo 15 de la Ley 418 de 1997, a Acción Social de la Unidad Territorial del Magdalena “adelantar la actuación administrativa para que se h[iciera] efectivo el derecho al restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación”; ante lo cual, dicha entidad contestó[2], según señalaron los accionantes, que debían participar en el proceso determinado por la Ley de Justicia y Paz, comoquiera que según esta ley, la obligación de reparar a la víctima recae primordialmente en el victimario considerado individualmente o en el grupo del que este último hace parte, y que esos derechos son complementarios a los que tienen como personas en situación de desplazamiento forzado frente al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Arguyeron los accionantes que la Ley 975 de 2005 dispone un proceso para que se indemnicen los perjuicios cuando los afectados están interesados en identificar al autor; que no están obligados a participar en éste, según el artículo 45 de esa normatividad y el artículo 11 del Decreto 4760 de 2005; que estos trámites legales son muy dispendiosos, complejos y arduos y que tienen derecho a un recurso judicial ágil, sencillo y eficaz y a una indemnización-reparación pronta y justa, ya que someterlos a una larga espera, según señalaron, prolongaría de manera indeterminada su eterna condición de víctimas del conflicto armado. Adujeron así que tenían derecho a una reparación suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño sufrido, y que el programa de reparación individual por vía administrativa y la Ley de Justicia y Paz son instrumentos de dilación y burlan el derecho a la reparación. Señalaron que “…con independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, puede exigir medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional, sin perjuicio de que el estado pueda dirigirse contra los responsables de la vulneración …”. Finalmente indicaron que es deber de Acción Social tramitar la actuación administrativa solicitada para reparar de manera inmediata sus perjuicios, ya que la Ley 975 de 2005 le otorga esa competencia “en su condición de ordenadora del gasto del FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS, de conformidad con el artículo 54 [y] por el artículo 2 del decreto 1290 de 2008…Además el artículo 56.3 [Ley 975 de 2005] le da la función a Acción Social de adelantar otras acciones de reparación cuando haya lugar a ello”, de este modo, señalaron que “Acción Social tiene facultades también para reparar, más concretamente para indemnizar las víctimas del conflicto”. Solicitud Por lo expuesto solicitaron “se ordene a Acción Social, como giradora del gasto del Fondo Nacional de Reparación y de acuerdo con las facultades conferidas en el numeral 56.3 de la Ley 975 de 2005, que restablezca en forma rápida y adecuada, esto es de manera proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño causado,… para ello debe ordenarse el solicitado trámite del incidente de reparación, evitando con esto que… no tengan (sic) que atravesar el dispendioso proceso de justicia y paz, ni mucho menos el del programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados al margen de la ley a los cuales, reiteramos no est[amos] obligados a vincular[nos]”(Resaltado original). 2. Intervención de la entidad accionada T- 2.050.591 Acción Social dijo que en virtud de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y modificada y prorrogada por la Ley 782 de 2002 y 1106 de 2006, “asume el conocimiento de la atención de las víctimas de la violencia, única y exclusivamente respecto a la asistencia humanitaria, para lo cual debe tener en cuenta el concepto y las formas de atención señaladas en la citada Ley, siguiendo los lineamientos de la Constitución Política de Colombia, la Ley, el Plan Nacional de Desarrollo y especialmente la coordinación interinstitucional y la participación de la comunidad” (Resaltado en el original). Señaló que según el artículo 16 de la Ley 418 de 1997 “la asistencia humanitaria, consistente en la ayuda para sufragar los requerimientos necesarios a fin de satisfacer los derechos constitucionales, será prestada por la Red de Solidaridad hoy Acción Social y las demás entidades públicas dentro del marco de su competencia a todas aquellas personas víctimas que hayan sufrido un daño especial, siempre y cuando la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho” (Resaltado en el original). Determinó que los accionantes solicitan las ayudas que se entregan a través de la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia y que “no figuran en la base de datos ni en los archivos físicos de esta Subdirección solicitud alguna de reparación administrativa por parte de ninguno de los accionantes” y que “la Subdirección de Atención a Victimas de la Violencia otorga una ayuda correspondiente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes al año de la ocurrencia del hecho, para aquellas personas de la población civil que hayan sufrido perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates…, pero en el caso de la referencia la misma no procede debido a que la pérdida de los bienes de los accionantes se debe al desplazamiento de quienes tal como lo establece en la demanda ‘Dejaron su casa y sus tierras abandonadas para siempre , teniendo que huir de donde residían de manera permanente y ejercían allí la explotación de sus tierras’, situación que se reitera, se atiende a través de la Ley 387 de 1997”(Resaltado en el Original). Indicó que “hay que hacer precisión en el contenido y alcance de la asistencia humanitaria de emergencia que conforme a la Ley brinda Acción Social a los desplazados inscritos en el Registro Único de Población Desplazada por la Violencia. Este tipo de ayuda temporal e inmediata… no tiene el carácter de reparación que solicitan los accionantes en su escrito de tutela”(Resaltado en el original). Finalmente, señaló que los accionantes cuentan con otros mecanismos dentro del proceso para controvertir las decisiones de la Entidad y acceder a la ayuda humanitaria que eventualmente les pueda corresponder y que “no ha violado derecho fundamental alguno a los accionantes, teniendo en cuenta que no adelant[aron] trámite alguno encaminado a obtener la asistencia humanitaria por parte de esta entidad”, por lo que solicitó denegar las peticiones de los accionantes. T- 2.056.396 Acción Social señaló que “no figura en la base de datos ni en los archivos físicos de ésta subdirección solicitud alguna para la reclamación de la reparación administrativa por parte de los accionantes”, que “no es el Fondo para la Reparación de la Víctimas, al que le corresponde entrar (a indemnizar como lo señala el apoderado del accionante) para el caso objeto de la acción de amparo, toda vez que éste fondo otorga ayuda solidaria cuando se presentan circunstancias expuestas anteriormente y no el desplazamiento forzado”, que “el incidente de liquidación señalado en la demanda de tutela es un procedimiento totalmente diferente que adelantan las víctimas cuando han sufrido perjuicios en su vida o bienes por miembros de grupos de subversión acogidos a la ley de justicia y paz, si los señores Roberto Antonio Yance Martínez, Yohemis Villa Cantillo e hijos, fueron víctimas de actuaciones realizadas por parte de alguno de los postulados a la ley de justicia y paz, deben acercarse a la fiscalía donde se adelanta la correspondiente investigación… y de esta manera se busque se reparado (sic) de manera suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño causado”. Determinó que la figura expuesta en el artículo 46 de la Ley 975 de 2005 es diferente a la reparación administrativa establecida en la Ley 418 de 1997 que se da en desarrollo del principio de solidaridad social dado el daño especial sufrido por las víctimas, entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos y que no se da con el fin de restituir o indemnizar. Finalmente, señaló similares argumentos a los aducidos en la respuesta a la petición formulada por los accionantes y solicitó denegar la acción de tutela incoada. T-2.056.402 Acción Social solicitó negar el amparo pedido por los accionantes, con similares argumentos a los expresados en la contestación de las demandas de tutela T-2.050.591 y T-2.056.402. 3. Pruebas relevantes aportadas al proceso a. Copia de la solicitud presentada ante Acción Social el 26 de noviembre de 2007 por Luis Francisco Orozco García y María de los Ángeles Brochero Bolaño (T-2.050.591 fl. 112 cdno. 1ª instancia); copia de la solicitud presentada ante Acción Social el 20 de diciembre de 2007 por Roberto Antonio Yance Martínez y Yohemis Mercedes Villa Cantillo, a nombre propio y como representantes de su hijo menor Roberto Carlos Yance Villa (T-2.056.396 fl. 49-50 cdno. 1ª instancia) y copia de la solicitud presentada ante Acción Social el 6 de diciembre de 2007 por Osvaldo Martínez Arias y Martha Helena Meneses Roldán en su nombre y en representación de sus hijos Luis Javier, Alexander, Leydis Milena, Osvaldo Enrique y Leonardo Martínez Meneses (T-2.056.402 fl. 49 cdno. 1ª instancia), a fin de que se iniciara “la correspondiente actuación administrativa para efectos de que se haga efectivo nuestro derecho al restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario en relación con los artículos 2 inciso primero, 9º y 93 de la C.N.” . b. Copia de la respuesta emitida por Acción Social acerca de las solicitudes presentadas en la que consta: “Entonces, en relación con los hechos que motivan sus peticiones: el desplazamiento forzado a ‘causa del conflicto armado’, en primer lugar debe tenerse certeza sobre los perpetradores de este hecho, y si éste (os) han decidido desmovilizarse y ha(n) sido postulado(s) por el Gobierno Nacional para el proceso penal especial de Justicia y Paz, ustedes, en la medida que acrediten por lo menos sumariamente el daño puede intervenir en el proceso… Es decir, si acreditan su condición de víctimas con base en cualquiera de los medios referidos (Decreto 315 de 2007, artículo 4), tienen derecho a participar en todas las diligencias relacionadas con los hechos que le generaron el daño… las víctimas que intervengan en el proceso dentro de los lineamientos precitados tienen derecho a la justicia, verdad y reparación,… en cuanto a la obligación de reparar ésta recae (1) En primera medida sobre el victimario, a título personal, (2) En el grupo armado al margen de la ley que se desmovilizó, a título de solidaridad entre los miembros del grupo causante del daño, (3) Por último, en el Estado, de manera residual y subsidiaria…En este orden de ideas, sus derechos dentro del proceso de Justicia y Paz son complementarios a los derechos que, como personas en situación de desplazamiento forzado, tienen frente al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIP) y a la eventualidad de implementación de un Plan Nacional de Reparación Administrativa”(Resaltado en el Original) (T- 2.050.591: Respuesta del 26 de diciembre de 2007 fl. 114-125 cdno. 1ª instancia, del 15 de enero de 2008 fl. 126-137 cdno. 1ª instancia), (T-2.056.396 Respuesta de 4 de febrero de 2008 fl. 51-70 cdno. 1ª instancia), (T-2.056.402 Respuesta de 15 de enero de 2008 fl. 50-61 cdno. 1ª instancia). T-2.050.591 a. Folio de matricula inmobiliaria de 8 de noviembre de 2001 No. 2 225-006303 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fundación, Magdalena, en el que consta que el predio La Esperanza es de propiedad de María de los Ángeles Brochero Bolaño y que éste le fue adjudicado por el Incora mediante Resolución No. 00675 del 23 de mayo de 1989, ubicado en el municipio de Fundación (fl. 138 cdno. 1ª instancia). b. Folio de matricula inmobiliaria de 7 de marzo de 2003 No. 225-0007091de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fundación, Magdalena, en el que consta la propiedad de Alfonso Rafael Orozco Bolaño sobre el predio Campo Alegre, ubicado en la vereda Bellavista, del municipio de Fundación (fl. 139 cdno. 1ª instancia). c. Certificación de Registro Único de Población Desplazada de “María de los Ángeles Brochero Bolaño, María Navarro Bolaño, Luis Orozco García, Alfonso Orozco Bolaños…” (fl. 142 cdno. 1ª instancia). d. Declaración Jurada de Alfonso Rafael Orozco Bolaño del 27 de mayo de 2008 en el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, en la que adujo que antes del desplazamiento “vivía bien, trabajaba, dependía de [sí] mismo, vivía en paz” y que después del desplazamiento “ha sido pésima, porque estuvimos por allá por Valledupar Cesar, para ver que conseguíamos por allá pero nada, después nos vinimos para Fundación Magdalena, donde sobrevivimos un tiempo y yo me devolví para Valledupar a trabajar de taxista” (fl. 158-159 cdno. 1ª instancia). e. Declaración Jurada de María de los Ángeles Brochero Bolaño del 27 de mayo de 2008 en el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, en la que adujo que antes del desplazamiento “vivía[n] bien, bien, teníamos una casa grande, tenía el sustento diario, teníamos todo para vivir” y después del desplazamiento “hemos pasado mal” (fl. 160-161 cdno. 1ª instancia). f. Declaración Jurada de Luis Francisco Orozco García del 27 de mayo de 2008 en el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, en la que adujo que antes del desplazamiento “yo tenía una vida bien, trabajaba y no dependía de nadie, la mujer vendía los animales y vivíamos de eso” y después del desplazamiento “maluca, bastante mala y bastante necesidad” (fl. 162-163 cdno. 1ª instancia). T-2.056.396 a. Registro Civil de Nacimiento de Roberto Carlos Yance Milla en donde consta la fecha de su nacimiento el día 14 de agosto de 1999 y como sus padres Yohemis Mercedes Villa Cantillo y Roberto Antonio Yance Martínez (fl. 71 cdno. 1ª instancia). b. Declaración Jurada de Yohemis Mercedes Villa Cantillo del 16 de junio de 2008 en el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación, Magdalena, en la que adujo “yo me inscribí como desplazada en Algarrobo el 14 de octubre de 2000”, señaló que no tiene servicios médicos, que no ha recibido capacitación en una determinada área por parte de Acción Social, que vivía en una casa arrendada antes del desplazamiento, que trabaja en casa de familia y que con lo que gana no le alcanza “para todo” y que “[su] marido está enfermo no oye por un oído” (fl. 77 cdno. 1ª instancia). c. Declaración Jurada de Roberto Yance Martínez del 16 de junio de 2008 en el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación, Magdalena, en la que adujo que no ha recibido ninguna ayuda por parte de Acción Social y ante el cuestionamiento acerca de dónde se deriva el sustento diario de su familia arguyó que “ahorita mismo trabajo como 3 meses en la época del café y ahí quedo sin hacer nada en adelante a la mujer le ha tocado trabajar de domestica para sostener la familia”. Finalmente señaló que “necesito que se me ayudara (sic), la verdad es que son casi 7 años de sufrimiento” (fl. 78-79 cdno. 1ª instancia). T-2.056.402 a. Registro Civil de Nacimiento de Luis Javier Martínez Meneses en la que consta como fecha de su nacimiento el día 2 de julio de 1995 (fl. 62 cdno. 1ª instancia), de Alexander Martínez Meneses en la que consta como fecha de su nacimiento el 3 de junio de 1992 (fl. 63 cdno. 1ª instancia), Osvaldo Enrique Martínez Meneses en la que consta como fecha de su nacimiento el 7 de junio de 1998 (fl. 64 cdno. 1ª instancia) b. Declaración Jurada de Osvaldo Martínez Arias del 17 de junio de 2008 en el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación, Magdalena, en la que adujo que se inscribió como desplazado ante Acción Social en la “loma del Bálsamo, en el 2002 en octubre”, dijo que no tiene servicio médico, que no ha recibido capacitación por parte de Acción Social, que ésta les “dieron compra por tres meses”, que antes de ser desplazado vivía en casa propia (fl. 74 cdno. 1ª instancia). II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN T-2.050.591 El Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, el 6 de junio de 2008, decidió conceder el “amparo constitucional a la reparación por los daños causados por el desplazamiento del grupo familiar ocasionado por los grupos alzados en armas, en hechos ocurridos en el corregimiento de Bellavista” y ordenó a la entidad accionada que incluyera a los accionantes “en los programas de asistencia a la población afectada por el conflicto armado y los indemnizara por los perjuicios causados, de conformidad con el monto que fijará la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo dispone el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991”. Consideró como fundamento de su determinación que “la población desarraigada puede reclamar una indemnización por los perjuicios causados por el desplazamiento forzado de los distintos grupos armados y adelantar las acciones dirigidas a establecer la responsabilidad civil o administrativa por lo acontecido. Lo anterior sin perjuicio de su derecho a acudir ante el juez de amparo, puesto que el sistema de protección internacional de los derechos humanos fundamentales prevé que la población civil, necesitada de ayuda humanitaria, a causa de emergencias naturales o conflictos armados, tiene derecho a contar con recursos apropiados a sus circunstancias de apremio y desprotección, para acceder a los obligatorios programas estatales de asistencia y reparación….… [T]oda víctima, tanto por la vía penal, como por la civil, administrativa o disciplinaria, deberá contar con la posibilidad de acceder a una pronta y justa reparación…”. Impugnada por la entidad accionada la decisión del juez de primera instancia con base en similares argumentos a los aducidos en repuestas de esta solicitud de amparo y arguyendo además que, comoquiera que para la atención al Desplazado la Ley 387 de 1997 creó el Sistema Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, los accionantes deben acercarse a las entidades que conforman ese sistema, en razón a que Acción Social no puede entrar a asumir competencias que no le corresponden, “es por ello que Acción Social no tiene calidad de ente ejecutor de los programas que se adopten con destino a la población desplazada, sino que debe coordinar con las entidades ejecutoras la atención de esta población”. Asimismo, señaló que “la atención a víctimas de la violencia es diferente a la atención que se brinda a la población desplazada y de igual manera se establece de manera separada la normatividad e información que las rige; ya que se prestan ayudas diferentes y su atención corresponde a dos dependencias diferentes”. Finalmente, determinó que la reparación administrativa establecida en la Ley 418 de 1997 entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, no se da con el fin de indemnizar y que “en consideración a que el Gobierno Colombiano expidió el Decreto NO. 1290 de 22 de abril de 2008 ‘Por el cual se crea el Programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”, una vez se expida el formulario de solicitud oficial… podrán los accionantes iniciar el trámite respectivo y así acceder al programa de reparación administrativa”. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 6 de agosto de 2008, consideró que por vía tutelar no es posible obtener la indemnización económica a las víctimas del conflicto armado, porque ello es consecuencia de un juicio de atribución de responsabilidad, “por ello es errada la decisión del A quo, cuando concede el pago de la indemnización de acuerdo al monto que señala la jurisdicción contenciosa, dando por sentado que existe una responsabilidad, es decir, adelantándose a la actuación que debe surtirse y señalando el sentido de la decisión que haya de adoptarse”. Determinó que la violación que puede endilgársele a la entidad accionada se relaciona con el objetivo para el cual fue creada, esto es, “respecto de la población desplazada o menos favorecida, de desarrollar planes de atención humanitaria, y de manera alguna reconocimientos de indemnizaciones integrales” y adujo que “la accionada no ha facilitado la atención que deben brindar a la población desplazada, puesto que aún no ha cumplido con las obligaciones que les asiste como entidad encargada de atención y suministro de ayudas a los desplazados para que su situación mejore”, en razón de lo cual modificó el fallo impugnado en el sentido de negar el derecho a la reparación y conceder el amparo de los derechos que les asiste como víctimas del desplazamiento forzado y ordenó proporcionarles información acerca de cuando van a ser entregada las ayudas humanitarias. T-2.056.396 El Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación el 23 de junio de 2008 resolvió “negar por improcedente” la acción de tutela de la referencia, tras considerar que “el artículo 45 de la mencionada ley [Ley 975 de 2005], establece las acciones pertinentes ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial y la posibilidad de acudir a la Jurisdicción de Justicia y Paz, adicional a lo anterior el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 782 de 2002 que establece entre otras acciones propias de la Red de Solidaridad, consagra la asistencia humanitaria siempre y cuando se eleve el derecho o solicitud dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos, en conclusión los demandantes pueden acudir a la Jurisdicción Contenciosa y la Jurisdicción de Justicia y Paz para resarcir sus derechos, así mismo no puede desconocerse la vigencia señalada para efectos de la asistencia social”. T-2.056.402 El Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación, Magdalena, el 23 de junio de 2008 resolvió “negar por improcedente” la solicitud de amparo presentada por los accionantes. Consideró que “el artículo 45 de la mencionada ley [Ley 975 de 2005], establece las acciones pertinentes ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial y la posibilidad de acudir a la Jurisdicción de Justicia y Paz, adicional a lo anterior el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 782 de 2002 que establece entre otras acciones propias de la Red de Solidaridad, consagra la asistencia humanitaria siempre y cuando se eleve el derecho o solicitud dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos, en conclusión los demandantes pueden acudir a la Jurisdicción Contenciosa y la Jurisdicción de Justicia y Paz para resarcir sus derechos, así mismo no puede desconocerse la vigencia señalada para efectos de la asistencia social”. III. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de Selección Número Diez mediante auto de veintidós (22) de octubre de dos mil ocho (2008), dispuso su revisión por la Corte Constitucional. 1. Competencia Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por la Sala de Selección. 2. Trámite surtido ante la Corte Constitucional – Suspensión del término para resolver la revisión 2.1 Mediante auto de 12 de diciembre de 2008 esta Sala de Revisión solicitó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional información acerca de ¿Qué acciones ha desarrollado para satisfacer a los gestores de este amparo constitucional el derecho fundamental a recibir atención humanitaria de emergencia, a la consolidación y estabilización socioeconómica y a la justicia, verdad y reparación?; “[l]as actuaciones realizadas para la restitución de los bienes, el retorno o reubicación y la indemnización de los daños causados a los demandantes de este amparo constitucional” y ¿Qué actuaciones se han realizado respecto de los gestores del amparo en el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley de que trata el Decreto 1290 de 2008?. Asimismo se dispuso suspender el término para la resolución del trámite de revisión de los fallos proferidos dentro de los expedientes de la referencia, hasta cuando sea recibida y evaluada por esta Corporación la información indicada anteriormente. 2.2 El apoderado judicial de los demandantes aportó copia de los oficios “313 del 25 de abril de 2008 de la FISCALÍA QUINTA ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA”, “469 de 25 junio 25 de 2008 también del FISCAL QUINTO ESPECIALIZADO DE SANTA MARTA dirigido al SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUNDACIÓN con destino al mismo funcionario” y “0339 DE 17 DE JULIO DE 200 (sic) DEL ASITENTE FISCALIA PRIMERA SECCIONAL DE FUNDACIÓN” y adujo que “las comunicaciones relacionadas dan cuenta del estado de las investigaciones que cursan sobre el EXTERMINIO Y LA ERRADICACIÓN DE BELLAVISTA, apreciándose que impera la más absoluta impunidad” (fl. 26 cdno. Corte). 2.3 La Subdirectora de Atención a Víctimas de la Violencia de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional arguyó que “teniendo en cuenta el alcance y las limitaciones de las funciones de esta Subdirección en particular y de ACCIÓN SOCIAL en general, dentro del sistema procesal penal especial de Justicia y Paz, esta oficina no podía más sino informar a los peticionarios sobre la forma de hacer efectivos sus derechos en los procesos de esclarecimiento judicial, pues la misma Ley 975 de 2005, en el inciso final del artículo 8 y en el artículo 55, numeral 56.1° ibídem, establecen que el Fondo para la Reparación de las Víctimas está diseñado para cubrir el costo de las providencias judiciales sobre reparación, pero quien reconoce el carácter de víctima dentro del proceso y decide sobre las reparaciones no es ACCIÓN SOCIAL sino las autoridades judiciales” (fl. 49 cdno. Corte). Señaló que “en cuanto a la restitución directa de bienes, le informamos, que según los artículos 8, 42, 44 y 46 de la Ley 975 de 2005, es posible que el Fiscal competente de la UNFJyP haga restitución de bienes directamente a las víctimas, es decir, sin entregarlos a ACCIÓN SOCIAL-FRV, igualmente a través de la intervención en los procesos de esclarecimiento judicial, bien directamente, a través de abogado (de confianza o designado por la Defensoría del Pueblo) o mediante asociaciones u organizaciones de víctimas”. Adujo que en lo que atañe con las actuaciones respecto de los gestores del amparo en el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley de que trata el Decreto 1290 de 2008, que “a la fecha en que se presentaron los derechos de petición por parte de los ciudadanos accionantes en los procesos de la referencia el Programa de Reparación Individual por Vía administrativa no había sido creado aún”; que “la única persona, de las citadas, que ha presentado solicitud de reparación individual por vía administrativa, es ROBERTO ANTONIO YANCE MARTÍNEZ, el 11 de septiembre de 2008…, según reporte del sistema de información del programa de reparación individual por vía administrativa”; que “la población en situación de desplazamiento forzado que está inscrita en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) no debe diligenciar el formulario para acceder al programa de reparación individual por vía administrativa , porque su información reposa en la base de datos de ACCIÓN SOCIAL y de allí será extraída…” (Resaltado en el original). Igualmente indicó que “la indemnización solidaria (una de las medidas de reparación posibles, según cada caso, según el artículo 4 del Decreto 1290) para la población en situación de desplazamiento forzado sólo tiene una forma de ser otorgada, de manera especial, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de los destinatarios, esto, según lo prevé el mismo Decreto, en su artículo 5, parágrafo 5… una de las medidas de reparación posible, se entrega en las siguientes circunstancias: (i) Por núcleo familiar, (ii) se reconocerá y pagará a través de FONVIVIENDA, (iii) El reconocimiento y pago de la reparación a este grupo de población se hará a través de la bolsa preferencial,…(v) Para vivienda nueva o usada … (viii) Esta medida de reparación se reconocerá a quienes no hayan sido incluidos en anteriores programas por la misma causa…”. Finalmente adujo que “mal podría esta Subdirección haber vulnerado derecho fundamental alguno de los ciudadanos citados, cuando es evidente que sólo uno de ellos ha acudido al conducto regular para acceder al programa de reparación administrativa…” y que entre sus funciones en cuanto al programa de reparación individual por vía administrativa está la de “recibir y tramitar las solicitudes de reparación, presentar al CRA el estudio técnico sobre la acreditación de víctima y ejecutar las medidas de reparación (D.1290/2008, art.19)… En general, son de competencia de Acción Social, el pago de la indemnización solidaria y de las medidas de reparación que no sean de competencia de otras entidades (D.1290/2008, art. 30 y 18)” (Resalta la Sala). 2.4 La Subdirectora de Atención a las Víctimas del Desplazamiento Forzado señaló que “con ocasión del desplazamiento de LUIS FRANCISCO OROZCO GARCIA, ROBERTO ANTONIO YANCE MARTÍNEZ Y OSVALDO ARIAS MARTÍNEZ (sic), junto con sus respectivos núcleos familiares, me permito informarle que los mismos están siendo objeto de la Atención Humanitaria de Emergencia”; “en lo relacionado con los programas de generación de ingresos en estos casos en particular, le informamos que los accionantes se han preinscrito, para ellos serán contactados para dar inicio a la ruta dentro de la estrategia diseñada para atender a las familias desplazadas en la fase de estabilización económica” y que “al revisar en las distintas bases de datos en materia de ayudas por conceptos de reubicaciones, retornos, no existen solicitudes o trámites sobre este tipo de atención. Es pertinente aclarar que dicha atención se concede a las personas que voluntariamente lo hayan solicitado y previo estudio de seguridad de la zona a la cual desea retornar o reubicarse”. 3. Consideraciones y fundamentos 3.1. Problema jurídico y esquema de resolución Pasa esta Sala a analizar si se vulnera el derecho fundamental a la reparación de los desplazados por la violencia frente a la negativa de Acción Social de acceder a la petición de justa indemnización y someterlos al proceso penal previsto en la Ley 975 de 2005 o al proceso de reparación por vía administrativa dispuesto en el Decreto reglamentario 1290 de 2008. Previamente a resolver el problema jurídico puesto a consideración, esta Sala reiterará i) la condición especial de protección constitucional que ostentan las víctimas del desplazamiento forzado y la satisfacción de derechos fundamentales que de esa condición se deriva, y en especial determinará ii) el alcance del derecho a la reparación a las víctimas del desplazamiento forzado. Sin embargo, antes de pasar a señalar los enunciados que se derivan del problema jurídico expuesto, esta Sala examinará los requisitos de procedibilidad de este tipo de acción de tutela. Procedencia de la acción de tutela para obtener la reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas del desplazamiento forzado La Constitución Política en su artículo 2° consagra como fines esenciales del Estado “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…”. Concatenado a ello “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. La efectividad de los derechos es una finalidad esencial del Estado, es lo que, entre otros aspectos, constituye su naturaleza, lo que implica que ausente esta característica se desnaturalizaría esta institución, de allí el carácter fundamental de su cumplimiento para la existencia del Estado mismo. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, entre otras acciones, busca la efectividad de los derechos fundamentales otorgando a toda persona un medio “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública…esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Lo expuesto conduce a que si la persona no dispone de otros medios de defensa judicial o, si existiendo, es inminente la configuración de un perjuicio irremediable, entonces se justifica el accionar de la tutela para el amparo de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados, en el primer caso al no existir o no ser idóneos los medios ordinarios de defensa judicial y en el segundo en razón de que hay un perjuicio irremediable con las características que ha señalado esta Corporación. La existencia de otro medio de defensa judicial debe apreciarse en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante[3], es decir, “cuando, primero, se vulnere o amenace un derecho constitucional fundamental, a juicio del juez de tutela en el caso concreto, y segundo, no se disponga de otro medio judicial de defensa verdaderamente idóneo para la protección efectiva de tales derechos”[4]. Adicionalmente y conforme a una interpretación sistemática de la Constitución Política, se ha de tener en cuenta en el análisis de la procedencia de la acción de tutela las condiciones particulares[5] en que se encuentre el presuntamente afectado en los derechos fundamentales; ello en razón de que constitucionalmente existen sujetos de especial protección que son acreedores de la acción positiva del Estado debido a sus condiciones de vulnerabilidad manifiesta, a fin de conseguir la satisfacción plena de sus derechos. De este modo, la Constitución Política de Colombia le atribuyó al Estado la obligación de garantizar una protección especial a determinados sujetos[6], entre éstos expresamente se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, y las mujeres cabeza de familia, entre otros. Igualmente, dentro del ordenamiento colombiano existen grupos de personas que debido a las situaciones de particular debilidad y vulnerabilidad son sujetos de protección especial como es el caso de los desplazados forzados a causa de la violencia. Al respecto, esta Corporación ha dicho que “la acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial…[que] obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una población especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática por haber soportado cargas excepcionales…en consecuencia, la Corte ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios como requisito para la procedencia de la acción[7]”[8] (Resalta la Sala). En lo que atañe a la formulación de la acción de tutela a fin de obtener la satisfacción del derecho a la reparación de los daños sufridos por las víctimas del desplazamiento forzado, esta Sala considera que los medios procesales existentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria no resultan ser idóneos, pues quienes solicitan el amparo son sujetos de especial protección constitucional, con fundamento en sus condiciones de debilidad manifiesta (art.13 C. Pol.), y víctimas de violaciones a derechos fundamentales, por lo que requieren un instrumento judicial ágil y eficaz que les brinde la posibilidad de acceder a una pronta y justa reparación, características que al ser propias de la acción de tutela, configuran su procedencia. Bajo este entendido se reiteran los argumentos que en precedente ocasión expuso esta Corporación[9]: “Siendo así es claro que la actora podría reclamar, dentro de la causa criminal que tendría que haber cursado en la jurisdicción penal, la indemnización por los perjuicios causados o adelantar acciones dirigidas a establecer la responsabilidad civil o administrativa por lo acontecido y obtener así la subsiguiente condena de los responsables, a reparar el daño causado. Lo anterior sin perjuicio de su derecho a acudir ante el juez de amparo, puesto que el sistema de protección internacional de los derechos humanos fundamentales prevé que la población civil, necesitada de ayuda humanitaria, a causa de emergencias naturales o conflictos armados, tiene derecho a contar con recursos apropiados a sus circunstancias de apremio y desprotección[10], para acceder a los obligatorios programas estatales de asistencia y reparación, como prolongación natural i) del derecho a la vida[11], ii) de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes[12] y iii) del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y de un nivel de vida adecuado[13] –artículos 1°, 2°, 5° 9°, 11, 12 y 93 C.P.-. Dispone el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a demandar de los jueces o tribunales, haciendo uso de mecanismos sencillos y eficaces, amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales y del Conjunto de Principios formulados por la Comisión de Derechos Humanos para la protección y promoción de los mismos[14] se desprende que toda víctima, tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, deberá contar con la posibilidad de acceder a una pronta y justa reparación, como también a participar activamente en la elaboración, aplicación y evaluación de los programas estatales que la pretenden” (Resalta la Sala). De este modo, las personas víctimas del desplazamiento forzado pueden acudir a la acción de tutela para el amparo de los derechos fundamentales con carácter definitivo y, por tanto, sin necesidad de invocar y demostrar un perjuicio irremediable a dichos derechos, ya que la naturaleza de esta acción se dirige a la protección inmediata de los mismos (artículo 86 Constitución Política) ante una vulneración o amenaza. 3.2 Las víctimas del desplazamiento forzado como sujetos de especial protección constitucional Según lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. El desplazado, según la Ley 387 de 1997 (artículo 1°), es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”. El desplazamiento genera un desarraigo de quien es sujeto pasivo del mismo, debido a que es apartado de todo aquello que forma su identidad, como lo es su trabajo, su familia, sus costumbres, su cultura, y trasladado a un lugar extraño para intentar rehacer lo que fue deshecho por causas ajenas a su voluntad y por la falta de atención del Estado como garante de sus derechos y de su statu quo. La situación del desplazado no implica solamente el “ir de un lugar a otro”; encierra una vulneración masiva de los derechos fundamentales, ya que “se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida[15]; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen[16]; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social[17]”[18]. Precisamente por el hecho del desplazamiento se derivan situaciones de particular debilidad y vulnerabilidad manifiestas que hace a las víctimas sujetos de especial protección constitucional, tanto es así que esta Corporación calificó su situación como un estado de “cosas inconstitucional”[19], debido a la violación flagrante, masiva y continua de los derechos fundamentales. Esas circunstancias en las que se encuentran las personas víctimas del desplazamiento forzado los sitúan en una situación de desigualdad que le impone al Estado el deber de superar esa condición adoptando medidas afirmativas a su favor con el objetivo de que la igualdad sea real y efectiva. En este sentido, advierte la Sala que la satisfacción de los derechos a todas las personas es una de las finalidades propias del Estado Social de Derecho[20]. De este modo, si por el simple hecho de ser personas se tiene derecho a que sean garantizadas unas condiciones mínimas de existencia, que se convierten por su esencia en derechos reclamables al Estado como garante de los mismos, ello es predicable en mayor medida de quien está en una situación de desigualdad[21]. Así, bajo el postulado constitucional que impone la satisfacción de los derechos de todas las personas y a fin de superar el estado de debilidad y vulnerabilidad en que se encuentran las personas víctimas del desplazamiento forzado, el Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia[22] pretende otorgar una atención humanitaria de emergencia[23] inmediatamente ocurrido el hecho del desplazamiento y prorrogable hasta cuando sea lograda la consolidación y estabilización socio económica[24] como etapa final, pues una vez surtida ésta, cesa[25] la condición de sujeto de especial protección constitucional, al superarse el estado de debilidad y vulnerabilidad manifiesta. La consolidación y estabilización socioeconómica constituye un elemento primordial dentro del programa de atención a la población desplazada, toda vez que con ésta se pretende el establecimiento de condiciones de sostenibilidad económica y social en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas e implica la ejecución de programas relacionados con “proyectos productivos… fomento a la microempresa…atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad… planes de empleo urbano…”, entre otros. Así, el desplazamiento forzado implica atención integral a sus víctimas para la satisfacción de condiciones mínimas de existencia, de manera prioritaria debido a su peculiar condición. Sin embargo, del hecho del desplazamiento forzado no sólo se derivan estos derechos, a fin de superar el estado de cosas inconstitucional en que se encuentran por la masiva vulneración de los derechos fundamentales, sino que también se deriva el derecho a la reparación de los daños causados por el mismo. 3.3 Alcance del derecho fundamental a la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado En términos generales, cuando alguien ha realizado un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona le genera la obligación de realizar en provecho de ésta una prestación resarcitoria, comoquiera que ésta no está obligada a soportar la conducta antijurídica de la que fue objeto. En este sentido el artículo 2341 del Código Civil establece que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”. Cuando las conductas trascienden el campo de las relaciones personales y tienen una repercusión social, el derecho sanciona ese comportamiento con la finalidad de proteger no sólo el interés o bien individual sino también el social, lo que constituye el objeto jurídico del delito y genera la acción penal pública que por regla general corresponde emprender de oficio al Estado. De este modo, el daño producto del delito tiene dos connotaciones “a) el daño público o social que se produce al lesionar el bien o interés jurídico protegido por el Estado y que explica su intervención poniendo en marcha el aparato punitivo, imponiendo las sanciones a quien ha inf...