Sentencia T-075 de 2016

T-075-16 Sentencia T-075/16 DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por hacinamiento carcelario y falta de salubridad al interior de los establecimientos carcelarios DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suministro periódico y oportuno de elementos de aseo RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de la libertad RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Elementos característicos De la relación de especial sujeción administrativa, emerge (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación), (ii) la imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros) y (iii) el deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos. DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Condiciones carcelarias y deber de prevención del Estado para garantizar derechos del interno, según CIDH DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO-Es deber del Estado garantizar a las personas privadas de la libertad el goce de una adecuada alimentación, a la salud, a contar con suficientes implementos de aseo personal, al suministro suficiente de agua potable y a instalaciones higiénicas ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Obligación de suministrar elementos de aseo al interno, de forma periódica y puntual PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS PRESTACIONALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración al no actualizar reglamento interno donde se estipula entrega de elementos de aseo para los internos DIGNIDAD HUMANA-Accionantes sostienen que el centro penitenciario donde se encuentran recluidos no les ha suministrado los elementos de aseo y uso personal cada cuatro meses DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden a establecimiento carcelario, con efectos inter comunis, distribuya los elementos de aseo a todos los internos, en adelante continúe efectuando la entrega oportuna de los mismos Referencia: expediente 5.170.112 Acciones de tutela instauradas por Juan Carlos Leyton Arandía, Jhon Fredy Jiménez, David Perea Mena, Alejandro Duque Molina, José Martín Torres, José Martín Torres Galvís, Jonathan Fernando Villa Rodríguez, contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacias-Meta y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RIOS Bogotá D.C, veintidós (22) de febrero de dos mil dieciséis (2016) La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los Artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido el veinticuatro (24) de julio de dos mil quince (2015) por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que acumuló seis acciones de tutela presentadas ante el Juzgado promiscuo de Familia del Circuito de Acacias (Meta), y falladas individualmente el diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015). I. ANTECEDENTES El cinco (5) de mayo del año dos mil quince (2015) los ciudadanos David Perea Mena, Jhon Fredy Jiménez, Juan Carlos Leyton Arandia, Alejandro Duque Molina, José Martín Torres Galvís y Jhonatan Fernando Villa Rodríguez, presentaron, cada uno de manera individual, sendas acciones de tutela por los siguientes hechos[1]: 1. Hechos Los seis peticionarios relatan que se encuentran recluidos en el establecimiento penitenciario y carcelario de Acacias (Meta) en cumpliendo de sentencias condenatorias. Alegan que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de salubridad y dignidad, para lo cual debe distribuir entre los internos utensilios de aseo. A pesar de ello, la entrega de insumos como cepillos de dientes, un rollo de papel sanitario, una barra de jabón, etc. se realiza cada cuatro meses. Indican que “el kit de aseo no alcanza siquiera para un mes completo, siendo muy escaso y de mala calidad…”[2]. Los ciudadanos denuncian que la falta de los elementos para la limpieza personal tiene consecuencias en el disfrute de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones de dignidad, a la resocialización y a la redención de pena, debido a que el régimen disciplinario del establecimiento penitenciario y carcelario exige “buena presentación” para acceder a espacios donde, a través de trabajo y el estudio, se permiten la redención de pena. Afirman que “no se nos permite salir a nuestros descuentos que son la base de la resocialización y esperanza de estar pronto en libertad; ello si no estamos perfectamente afeitados a diario…”[3]. 2. Solicitud de tutela Con fundamento en los hechos narrados, los accionantes solicitaron al juez de tutela que se ordene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y al Director del establecimiento de Acacias (Meta) que el suministro del “Kit de aseo” deje de ser trimestral, para pasar a ser mensual, mejore la calidad y cantidad de los elementos que lo componente, y se proporcionen periódicamente toallas, medias y ropa interior a la población carcelaria vulnerable. Los seis procesos de tutela fueron repartidos al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Acacías (Meta), y admitidas en sendos autos del seis (6) de mayo de dos mil quince (2015). En las mismas providencias se ordenó: (i) dar trámite al amparo constitucional; (ii) vincular a la Defensoría del Pueblo y (iii) notificar, tanto al establecimiento penitenciario y carcelario de Acacías (Meta), como al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-. 3. Respuesta de las entidades accionadas 3.1 Director del establecimiento penitenciario y carcelario de Acacias, Meta. Entre el once (11) y doce (12) de mayo de dos mil quince (2015), el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta) presentó respuestas a las seis solicitudes de amparo constitucional de los accionantes. Sostuvo que en cumplimiento del Memorando 251 de 2 de febrero de 2004 y circulares y reglamentos del INPEC, los elementos de aseo a los reclusos se entregan con una periodicidad de cuatro meses. Igualmente hace una descripción de los elementos: “02 rollos de papel higiénico marca Elite Mega rollo, 01 crema dental grande marca Flour Cardent, 01 Cepillo Dental marca Flou Cardent, 02 sobre de desodorante marca For Men, 01 jabón de baño antibacterial, 01 máquina de afeitar o presto barba que son totalmente nuevos…”[4] El Director del establecimiento pone de relieve que si a un interno no le satisfacen en calidad ni cantidad de los insumos para la higiene personal que se le entregan, tiene la posibilidad de adquirirlos en los comercios que se ubican en interior del reclusorio, o los puede recibir a través de encomiendas que envían sus familiares durante los días de visitas. Frente a la petición de entrega de elementos como toallas, medias, e interiores afirma que “no es viable la entrega de estos elementos toda vez no (sic) se encuentra establecida su entrega en ninguna disposición del INPEC ni interna de ese establecimiento, por lo tanto, es una pretensión sin sentido.” Sobre las afirmaciones de los internos referidas a que la mala presentación personal tiene como consecuencia la imposibilidad de acceder a espacios de resocialización, trabajo y educación encaminadas al descuento de penas, el Director del Establecimiento de Acacias, explicó que “el aseo personal es un hábito que casi todo ser humano tiene dentro su o sus haberes diarios, y si le exigen dentro de este establecimiento para el desarrollo o participación de cualquier actividad, una buena presentación, es únicamente por actos de disciplina por recomendación que hace un funcionario del INPEC, cuando la apariencia física esta descuidada por el interno, se le hace la sugerencia cuando se trata por ejemplo de afeitarse, se le requiere para que se afeite luego de hacerlo, pueda continuar desarrollando la actividad a la que se disponía; pero de ninguna manera, por una simple afeitada se le ha negado el derecho que tiene todos los internos en participar en los programas de resocialización o redención de pena…”[5] Finalmente solicitó al juez de instancia negar la acción de tutela invocada por cada uno de los reclusos del establecimiento en razón a que no ha existido vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados. Anexa con la respuesta a la acción constitucional: (i) acta de entrega de los elementos de aseo fechada el veintiséis (26) de marzo de 2015, donde consta que los seis peticionarios recibieron los insumos de limpieza personal; (ii) copia simple del Memorando No. 0251 de diez (10) de marzo de dos mil cuatro (2004) proferido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, donde se reglamenta la cantidad y periodicidad de los elementos de aseo de los internos. 3.2 Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Coordinadora-Grupo Tutelas. El doce (12) de mayo de 2015, la Dirección Nacional del INPEC, a través de su grupo de coordinación de acciones de tutela, presentó respuesta a las peticiones de los seis solicitantes. En dicho documento afirma que no se han vulnerado derechos fundamentales de los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, ya que se ha dado aplicación al Memorando Interno No. 0251 de 2004. Refuerza su tesis de defensa, en el hecho que la Resolución No. 000035 de nueve (9) de enero de 2014 estableció el rublo presupuestal destinado a la dotación de elementos de aseo del establecimiento penitenciario y carcelario de Acacias (Meta). La asignación de las partidas para la vigencia fiscal del año dos mil catorce (2014) asciende a ciento cuarenta y cuatro millones, cuatrocientos mil pesos ($144´400.000). Indica que la entrega de los elementos de aseo a los internos se realiza en los meses de abril, agosto y diciembre (cada cuatro meses) tal como lo prevé el Memorando No. 0251 de marzo de 2004. Finaliza la contestación de tutela mencionando al juez de primera instancia, que otros cuatro reclusos[6] del mismo centro penitenciario han iniciado acciones de tutela por hechos similares. Se trata de los internos Fortunato Godoy, Miguel Stiven Mosquera, Fredy Alexander Bautista, Jimmy Alexander Gutiérrez Martínez y Manuel Bolaños Bernal. Anexa a su libelo de respuesta la Resolución No. 002822 de cinco (5) de julio de 2011 “Por la cual se aprueba la modificación al reglamento de régimen interno del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Acacias”. 3.3. Defensoría del Pueblo, Regional Meta. Dado que en auto admisorio de las seis acciones de tutela se vinculó al trámite del proceso constitucional a la Defensoría del Pueblo, el trece (13) de mayo de dos mil quince (2015) el Defensor Regional del Departamento del Meta, presentó respuesta a las peticiones de los accionantes. Afirma que la Defensoría del Pueblo “carece de competencia para tomar decisiones administrativas al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del País, el suministro de kit (sic) de aseo junto con la cuchilla de afeitar para los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, no es la excepción.”[7] 4. Decisión judicial objeto de revisión 4.1. Sentencia de primera instancia. El diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Acacías (Meta) profirió sendas sentencias amparando de la misma manera los derechos fundamentales de los seis reclusos. En dichas providencias, el juez unipersonal ordenó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, que conjuntamente con la Defensoría del Pueblo Regional Meta: (i) “Creen un grupo interdisciplinario para determinar cuáles son los implementos de aseo necesarios y requeridos por los reclusos para una vida en condiciones dignas, debiendo si es el caso, inaplicar el reglamento interno en cuanto a la periodicidad de la entrega o al número de suministros de productos”[8]. La juez de primera instancia consideró que “lo pretendido por los reclusos de la penitenciaria de Acacías, está relacionado concretamente en (sic) el deficiente suministro de elementos requeridos para el aseo personal, los cuales no les alcanza para cubrir la periodicidad correspondiente”[9] Resaltó que el Artículo 5 de la Ley 1709 de 2014 estableció como principios fundamentales del tratamiento a los reclusos la dignidad humana, el respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, “recalcando que la carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad” La providencia recordó que las personas privadas de la libertad se encuentran en una relación especial de subordinación frente al Estado, motivo por el cual, “surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, lo cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado”. Frente al caso de los seis accionantes considero acreditado que conforme al reglamento del establecimiento a cada interno se le suministra cada cuatro meses: 2 rollos de papel higiénico, 1 jabón de baño, 1 crema dental, 1 cepillo de dientes, 2 cojines de desodorante, 1 presto barba. Concluyó: “Las cantidades y la periodicidad con que se entregan, vulneran los derechos a la dignidad humana de los reclusos, en la medida que los citados elementos son claramente insuficientes para una higiene adecuada, pues aún bajo criterio razonados de utilización no alcanzan para los cuatro meses que se pretende.” Finalmente señaló: “Debe tenerse en cuenta que el derecho a la dignidad humana y el mínimo vital de los internos también está relacionado con las buenas condiciones de higiene, pues de la ausencia de una higiene adecuada derivan problemas sanitarios y de salud pública”. Aunado a lo anterior, el Juzgado de Instancia consideró que las entidades accionadas no habían aumentado ni la cobertura ni la periodicidad, en las entrega de los elementos de aseo personal. Afirmó: “es decir, hace aproximadamente once (11) años con la población carcelaria menor a la que actualmente tiene el penal, lo que permite evidenciar que el presupuesto es insuficiente para dotar a los internos de los productos de higiene necesarios”[10] Por estos motivos, y como ya se referenció, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Acacías (Meta) tuteló los derechos fundamentales de los peticionarios y ordenó la conformación de una comisión interdisciplinar, para determinar cuáles son los implementos de salud necesarios para garantizar condiciones dignas, debiendo, si es el caso, inaplicar el reglamento interno. 4.2 Impugnación de la sentencia de primera instancia El Director del Establecimiento penitenciario y carcelario de Acacías (Meta) formuló sendos recursos de apelación contra cada una de las seis providencias del diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015) del Juzgado promiscuo de familia del circuito de Acacías. En los escritos de impugnación el director del penal sostuvo que el juez de primera instancia incurrió en un error de derecho “al pretender dejar sin efectos actos administrativos por vía de acción de tutela – reglamento interno penitenciario-, no siendo esta la vía adecuada para anular o atacar esta clase de actos administrativos- desconoce el juez de primera instancia que la asignación del presupuesto por parte del respetivo ministerio se asigna con vigencia anterior, por ende la acción de tutela no puede incrementar o modificar el presupuesto ya asignado”[11]. Indicó el impugnante que de la sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito no se concluye en qué consistió la vulneración a los derechos humanos a cada uno de los seis accionantes, y por el contrario pone de relieve que durante once (11) años se ha venido entregando esos mismos elementos “de la misma manera en igualdad de cantidades y nuevas calidades, sin que la población de reclusos de estas instalaciones haya presentado objeción, en nada afectara la cantidad o número de internos que haya estado en nuestra custodia, como tampoco se ha registrado afectación a la salud de cada recluso o presentado problema de salubridad generalizada”[12]. Finaliza su impugnación, recordando al Tribunal del Distrito Judicial que los internos pueden adquirir los elementos de aseo en el comercio interno del centro penitenciario a precios inferiores a los del mercado o almacenes de cadena, así como a través de sus familiares, en las visitas semanales. Solicita, entonces, se revoque las seis sentencias de primera instancia. 4.3 Sentencia de segunda instancia Debido a que los seis procesos de tutela guarda total identidad, no solo en su objeto y partes, sino en el contenido de sus piezas procesales, el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil-Familia-Laboral, acumuló las acciones constitucionales de los accionantes Alejandro Duque Molina, Jhon Fredy Jiménez, David Perea Mena, Jhonatan Fernando Villa Rodríguez, José Martín Torres Galvis y Juan Carlos Leyton Arandia. El veinticuatro (24) de julio de dos mil quince (2015) la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio profirió sentencia revocatoria en consideración a que, si bien existe una relación de especial sujeción entre el Estado y los internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, en su condición de reclusos deben sujetarse estrictamente al Régimen penitenciario y carcelario es decir, como son los Reglamentos Internos de cada centro de reclusión del país. Sostuvo el Tribunal que “las normas que orientan la actividad carcelaria al interior del penal accionado, tiene determinado la frecuencia con la que se entregan los elementos de aseo, fijándola como se vio con una periodicidad de 4 meses, razón por la cual no hay lugar a ordenar su entrega mensual como se solicitó en el libelo inicial”[13]. 5. Pruebas relevantes que obran dentro del expediente. · Copia simple de planilla de entrega de elementos de aseo por parte de la administración del establecimiento penitenciario y carcelario de Acacías (Meta) a los seis accionantes, de veinte seis (26) de abril de dos mil quince (2015). · Copia simple del Memorando Interno No. 0251 de diez (10) de marzo de dos mil cuatro (2004), en el que consta la periodicidad de la entrega a los reclusos de los insumos de aseos personal. · Copia simple de la Resolución No. 002822 de cinco (05) de julio de dos mil once (2011), por medio de la cual se aprueba la modificación al reglamento interno del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Acacías. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de las acciones de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema Jurídico Los seis internos del establecimiento penitenciario y carcelario de Acacias (Meta) formularon acción de tutela contra dicho establecimiento y el Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC- por considerar transgredidos sus derechos a la vida en condiciones de digna y a la salud, dado que los elementos de aseo personal que reciben son pocos, de mala calidad y además son distribuidos con una periodicidad de cuatro meses. Teniendo en cuenta los antecedentes reseñados, le corresponde a esta Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional determinar si el Establecimiento Penitenciario y carcelario de Acacias (Meta) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, vulneran el derecho a la vida en condiciones de dignidad de los seis accionantes, cuando entregan los elementos de aseo personal en la cantidad, calidad y periodicidad prevista en el Memorando Interno No. 0251 de marzo de dos mil cuatro (2004), especialmente teniendo en cuenta (i) que los internos del sistema penitenciario se encuentran bajo una especial sujeción administrativa, por lo cual la Administración Pública debe proveer las condiciones mínimas de dignidad; y (ii) los accionante denuncian que los elementos de aseos solo cubren sus necesidades de un mes. Con el fin de resolver el caso, la Sala se pronunciará sobre: (i) la situación carcelaria del país, (ii) la relación de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad; (iii) los derechos fundamentales de las personas que se encuentran recluidas; (iv) reiteración de jurisprudencia en relación con los elementos de aseo de las personas privadas de la libertad y (v) la obligación de garantizar la progresividad de los derechos sociales, especialmente, en casos de internos del sistema penitenciario y (vi) finalmente abordará el análisis del caso en concreto de acuerdo a las solicitudes hechas por los accionantes. 3. Situación carcelaria del país. En dos ocasiones la Corte Constitucional se ha ocupado de la dramática situación carcelaria que viven cientos de miles de internos del país. En la primera de ellas, la Corporación se refirió a la falta de infraestructura y establecimientos carcelarios y penitenciarios, y el consecuente hacinamiento generalizado[14]. En la segunda, el análisis se dirigió a visibilizar la falta de servicios y prestaciones básicas, constitutivas de un goce efectivo de los derechos humanos, tales como acceso al sistema de salud, alimentación suficiente y de calidad, trabajo y estudio con miras a redimir pena, etc.[15] En esas dos oportunidades la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional, como consecuencia de la generalizada violación de un amplio abanico de derechos fundamentales, donde la salud, la higiene y las condiciones mínimas de dignidad, fueron elementos esenciales para describir el escenario físico donde cientos de miles de personas deben pasar día tras día. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional considera que, los hechos que motivaron a los de los seis accionantes a formular las acciones constitucionales de amparo deben ser enmarcados dentro de los desarrollos jurisprudenciales de estos dos Estados de Cosas inconstitucionales. Los argumentos y conclusiones de las dos sentencias resultan pertinentes para afrontar la situación de reclusión de los seis peticionarios, en especial, en lo que tiene que ver con los derechos prestacionales de los reclusos. Por ello, a continuación la Sala Octava pone de relieve los principales fundamentos de las dos decisiones. En el caso de la Sentencia T-153 de 1998 se resolvía si la situación de reclusión de los internos de las cárceles de la Modelo (Bogotá) y Bellavista (Medellín), resultaban compatibles con la dignidad humana, toda vez que las condiciones de hacinamiento implican una restricción generalizada y permanente de diversos derechos fundamentales. En su momento, la Corte constató la sobrepoblación en todo el sistema penitenciario del país, y buscó visibilizar las causas de la misma. Entre los motivos del hacinamiento la Sala de Revisión encontró factores como la criminalización de conductas que en su momento eran contravencionales, así como el aumento generalizado de las penas, o el abandono y falta de inversión pública en la infraestructura carcelaria. Tras evidenciar que estadísticamente la situación de las cárceles Modelo (Bogotá) y Bellavista (Medellín) eran extensibles a todo el sistema penitenciario, la Corte puso de manifiesto las consecuencias humanitarias y en el disfrute de los derechos fundamentales de este escenario. Sostuvo que además de “dantesco” e “infernal”, la sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios tenía como consecuencia la imposibilidad de “brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.).” Agregó que el aumento de la población reclusa, implicaba que los internos “ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc.” Estas consideraciones de la Sala de Revisión, muestran que el hacinamiento penitenciario (i) por sí mismo es vulneratorio de los derechos fundamentales de los reclusos; y (ii) más allá de la sobrepoblación, lo que se buscó revertir en la mencionada decisión, entre otras cosas, fue la falta de acceso a elementos y servicios para el goce del derecho a la salud, la higiene personal y la intimidad personal. No sólo el hacinamiento impide el ejercicio del trabajo y el estudio como mecanismos de resocialización y redención de pena, o el disfrute del derecho a la salud, alimentación e intimidad. Cualquier situación que impida el disfrute de estos derechos a la población reclusa tiene un efecto equivalente al hacinamiento. Lo que la Sala quiere poner de relieve es que no tendría sentido un sistema penitenciario y carcelario en el cual no existiera sobrepoblación ni hacinamiento, pero en el cual la Administración Pública no prestara los servicios y prestaciones mínimas para la población reclusa. Aquella fue la primera ocasión que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario, lo cual trajo como consecuencia que, (i) de manera inmediata diversas entidades nacionales (Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Departamento Nacional de Planeación) debieron presentar actividades y soluciones de choque con el fin de disminuir y aliviar la situación de hacinamiento; y (ii) a mediano y largo plazo, que el Estado ampliará, a través de la construcción de nueva infraestructura penitenciaria, los cupos para la población reclusa. En la Sentencia T-388 de 2013[16] la Sala de revisión evidenció la relación que existe entre la condición diferenciada de recluso del sistema penitenciario y la potencia vulneración a derechos fundamentales como la vida y la salud, esto de la mano de (i) un contexto de violencia agudizado por condiciones de hacinamiento; y (ii) por escenarios poco salubres, y donde las prácticas de higiene se ven alteradas por múltiples factores. Señaló la Sala de revisión: “El estado de salud personal, que de por sí se ve amenazado por la reclusión, está expuesto a graves riesgos cuando, además, existen condiciones insalubres, sin higiene y con la posibilidad de sufrir agresiones a la integridad física y mental.” En la mencionada sentencia la Corte indicó que el sistema penitenciario y carcelario del país tiene un funcionamiento errático y desestructurado en la medida en que priva a personas de la libertad, pero, en ocasiones, lo hace con infraestructura inadecuada e insuficiente, dado que se encuentra sobrepoblado, ofrece deficiente alimentación, no ocupa a las personas ni les brinda la posibilidad de realizar ejercicios, ni garantiza el acceso a los servicios de salud e higiene. “Es tanto como encerrar bajo llave a personas que se sabe se van a enfermar gravemente, y abandonarlas a su propia suerte. En otras palabras, se trata de una doble violación. Por una parte, el Sistema penitenciario y carcelario desprotege el derecho a la salud, al dejar de tomar acciones y medidas orientadas a superar las afecciones a la salud de las personas privadas de la libertad; pero a la vez lo irrespeta, por cuanto emprende acciones (recluir a una persona en condiciones extremas, insalubres y no higiénicas) que privan del grado de salud que tenían.”. La Sala Octava siguiendo la letra de la Sentencia T-388 de 2013 considera que se trata de bodegas de personas. En relación con el derecho a la salud y la higiene personal de quienes están privados de la liberad, en la sentencia referenciada se reiteró que corresponde a las autoridades penitenciarias y carcelarias suministrar los elementos de aseo, independientemente de que se trate de una persona recluida en condición de condenada o de sindicada. Se puso de relieve que los problemas de aseo e higiene “no sólo son aquellos protuberantes que saltan a la vista o al olfato; también se trata de riesgos cotidianos e invisibles, como ocurre en el corte de pelo.” (Negrillas y subrayado fuera del texto). Es por eso que en la providencia que se comenta, la Corte declaró nuevamente un Estado de Cosas Inconstitucional por la situación carcelaria del país. Esta vez no por las condiciones de hacinamiento, falta de infraestructura y establecimientos – como fue el caso de la T-153 de 1998-, sino por las condiciones indignas de poblaciones diferenciadas (indígenas, mujeres, extranjeros etc.), en especial en lo que tiene que ver con (i) violencia al interior de los establecimientos penitenciarios; (ii) falta de condiciones adecuadas para la resocialización, trabajo y educación; y (iii) vulneración a los derechos a la salud, intimidad, vida en condiciones de dignidad, por la falta de condiciones de higiene[17]. Como efecto de esta nueva declaración de un Estado de cosas Inconstitucional, se dieron órdenes concretas encaminadas a aumentar tanto la cobertura como la calidad de los servicios que se prestan a los reclusos del sistema carcelario. En relación con los indicadores destinados a la satisfacción plena de derechos sociales, la Corte consideró que “ las facetas prestacionales de un derecho fundamental son, excepcionalmente, de aplicación inmediata y, usualmente, de realización progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, se esté implementando. La violación o la amenaza de las facetas prestacionales de realización progresiva suelen demandar del juez de tutela que se impartan órdenes complejas, que busquen la efectividad de los derechos, respetuosas de las competencias democráticas y administrativas constitucionalmente establecidas, que sean prudente y abiertas al diálogo institucional.”(Negrilla y subrayado fuera del texto). Por ello, y con el fin de garantizar mayor calidad y periodicidad, se ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC que convocará al Consejo Superior de Política Criminal para que continuará tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta, de forma preponderante, los parámetros establecidos en la providencia. 4. Relación de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Reiteración de jurisprudencia. Desde muy temprano[18], la Corte Constitucional ha explicado la relación de especial sujeción administrativa de los internos del sistema penitenciario y carcelario de país, así como las consecuencias de la misma en el ejercicio de los derechos fundamentales. Frente a este punto, tanto la jurisprudencia de esta corporación[19] como la doctrina especializada[20], señalan que la relación de especial sujeción es el estrecho y fuerte vínculo que surge entre la Administración pública[21] (Carcelaria) y los reclusos, a partir de la cual una persona queda a merced del poder público, esto debido a la situación de dependencia de los últimos sobre la primera. Se entiende que esta relación especial tiene como efecto que la administración pública queda dotada de extraordinarias facultades debido al debilitamiento o restricción de algunos derechos de los ciudadanos. La Corte Constitucional ha acudido en otras ocasiones a la doctrina especializada para describir la particular situación en la que se encuentran, entre otros, los reclusos del sistema penitenciario y carcelario. Sobre la relación especial sujeción señaló que se trata de: “(…) las relaciones jurídico-administrativas caracterizadas por una duradera y efectiva inserción del administrado en la esfera organizativa de la Administración, a resueltas de la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a los fines típicos de cada relación.”[22] (Negrillas y subrayado fuera del texto) Se suelen destacar tres elementos de la anterior definición. Por un lado, lo referido con la posición de la administración respecto de ciudadano o administrado. Por otro lado, lo relativo a la noción de inserción del administrado en la esfera de regulación más cercana o estrecha. Y finalmente a los fines especiales que busca la mencionada regulación especial. Por ello, en virtud de la permanencia, finalidad, cercanía y fuerte restricción de derechos fundamentales, la Administración adquiere una posición de superioridad jerárquica, lo cual, además de otorgarle facultades extraordinarias, tiene como efecto, el reforzamiento de algunas obligaciones. Así, si bien los establecimientos carcelarios deben restringir derechos fundamentales con el fin, por ejemplo, de garantizar condiciones de disciplina, asumen obligaciones reforzadas frente a otros derechos fundamentales que permanecen intactos, a pesar de la situación de privación de la libertad. De la jurisprudencia constitucional se extraen seis elementos característicos de la relación de especial sujeción administrativa de internos del sistema penitenciario y carcelario. Existe subordinación[23] de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se materializa en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos fundamentales); (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial debe estar autorizado por la Constitución y la ley; (iv) la finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos y lograr el cometido principal de la pena. Como consecuencia de ello: “(…) surgen ciertos derechos especiales[24] (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser[25] especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar[26] de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).”[27] De esta manera, de la relación de especial sujeción administrativa, emerge (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación), (ii) la imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros) y (iii) el deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos. En la Sentencia T-815 de 2013[28] se recordó que las obligaciones surgidas del ordenamiento constitucional y administrativo interno, tiene respaldo y refuerzo en documentos y tratados internacionales. Según pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[29], cuando se desarrolla una relación de especial sujeción en virtud de la imposición de una pena privativa de la libertad, el Estado asume una serie de responsabilidades específicas y debe tomar iniciativas concretas en aras de garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de sus derechos. “Al respecto, este órgano judicial internacional ha establecido que -de conformidad con la Convención Americana (…) toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal[30]. Además, ha considerado al igual que esta Corporación que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de la posición especial de garante con respecto a dichas personas, y dado que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas[31].” [32] Recientemente la Sentencia T-111 de 2015[33] acudió a instrumentos internacional con el fin de caracterizar la relación jurídica que surge entre el Estado y una persona privada de la libertad, especialmente en la forma en que se concretizan las obligaciones del primero. La providencia indicó que para el sistema interamericano de Derechos Humanos “el principal elemento que define la privación de libertad, es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde este se encuentra recluido”[34]. Ese particular contexto de subordinación del recluso frente al Estado, explica la Comisión, se encuadra dentro de la categoría ius administrativista conocida como relación de sujeción especial, en virtud de la cual “el Estado, al privar de libertad a una persona, se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad; y el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que debe observar”[35]. 5. Derechos fundamentales de las personas que se encuentran recluidas. Se ha resaltado que si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, otros derechos permanecen incólumes y deben ser garantizados por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de la administración de los establecimientos. Derechos fundamentales que indudablemente son suspendidos son los derechos a la libertad física y a la libre locomoción y como consecuencia de la pena de prisión, también los derechos políticos. Derechos como los de la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión sufren fuertes restricciones. No obstante, otro grupo de derechos, entre los cuales podemos encontrar algunos como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de petición, mantienen su integralidad y contenido esencial intacto. En la Sentencia T-815 de 2013[36], esta misma Sala de Revisión señaló: “La jurisprudencia constitucional ha mantenido una línea jurisprudencial que clasifica los derechos fundamentales de los internos en tres grupos: “(i) aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. (…) (ii) los derechos intocables conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de éstos: los derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación.”[37].(Negrillas y subrayado fuera del texto) Ahora bien, como se acabó de mostrar ésta misma Corporación también ha manifestado que en virtud de la especial relación de sujeción administrativa el Estado es titular de deberes cuyos beneficiarios son los reclusos. Esto con el objetivo que puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquéllos que les han sido restringidos. En la Sentencia T- 153 de 1998 se precisó que estos deberes no implican que el Estado no debe interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también - y de manera especial – “que el Estado debe ponerse en acción para garantizarle a los internos el pleno goce de otros derechos, tales como la dignidad, la salud, la alimentación, el trabajo”[38], etc. De esta manera, nace para el Estado la obligación de “garantizar que los [internos] puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquellos que les han sido [limitados]. Ello implica, no solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos”[39]. Lo anterior obedece a que las personas que están detenidas intramuros se encuentran en una condición de indefensión y vulnerabilidad en relación con la dificultad que tienen para satisfacer por sí solas sus necesidades[40]. Esta Corporación ha precisado un contenido mínimo de las obligaciones que surgen para el Estado en relación con los internos, de acuerdo con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobado por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977[41]. A propósito de los hechos que motivan a los accionantes vale la pena poner de presente los principios 15 y 16 del documento: “Higiene personal 15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.” (Negrillas y subrayado fuera del texto) La jurisprudencia constitucional ha indicado que este contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas de la libertad son de imperativo cumplimiento independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico del Estado.[42] 6. Reiteración de jurisprudencia en relación con los elementos de aseo de las personas privadas de la libertad. Han sido varias las providencias en las que la Corte Constitucional ha estudiado el sistema de distribución de los elementos de aseo que hacen los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país a personas privadas de la libertad. En la Sentencia T-900 de 2005[43] la Sala de segunda Revisión definió el caso de varios reclusos del sistema penitenciario y carcelario de dos cárceles del país (Valledupar y Vichada), quienes alegaban la falta de entrega de los elementos de aseo que prevén los reglamentos internos, o manifestaban que los mismos son insuficientes. Las autoridades penitencias y carcelaria, argumentaron en sus escritos de contestación de la acción de tutela, que la periodicidad y cantidad de los elementos de aseo está regulada por el memorando interno No. 0251 de 2004 y que, en cualquier caso, es posible en caso de falta de utensilios de higiene, estos sean provistos por los familiares de los reclusos. Al respeto, la Sala consideró que “los argumentos del juez de instancia al considerar que el suministro de los elementos y la regularidad de su entrega obedece a disposiciones contenidas en la reglamentación interna, y que los internos de la entidad carcelaria, pueden adquirir tales elementos a través de familiares o personas cercanas; además, que conforme al rubro asignado para tales fines, las autoridades del INPEC disponen en su reglamento interno la cantidad y la periodicidad con que se deben suministrar los elementos de aseo destinados a la higiene de los internos, no es acertado para esta Sala, ya que como quedó establecido en la jurisprudencia transcrita, si la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto, razón por la cual el fallo del a quo habrá de revocarse y en su lugar conceder el amparo constitucional de dichos derechos fundamentales.” (negrillas y subrayado fuera del texto) Por ello, la parte resolutiva de la providencia ordenó que en el término de 48 horas se procediera a entregar los elementos que constituyen dotación completa de la forma estipulada en el Reglamento interno en el cual se rige. En la Sentencia T-1145 de 2005[44], la Sala quinta de Revisión de la Corte Constitucional decidió dos casos acumulados de internos recluidos en la cárcel de la Dorada (Caldas), donde por un lapso superior a cuatro meses no se había distribuido entre los internos los elementos de aseo personal. En la oportunidad procesal el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC- y el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de la Dorada (Caldas), solicitan que las acciones de tutela fueran denegadas, toda vez que los implementos de aseo fueron entregados dentro del plazo señalado en el reglamento interno, además afirman que los internos pueden adquirir tales elementos en los expendios o cafeterías ubicados en los establecimientos o a través del envío por parte de sus familiares. En aquella oportunidad la Sala sostuvo que es innegable que el Estado asume deberes para con los reclusos con el propósito de que éstos puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos por razón de la privación de la libertad. Estos deberes implican de manera especial que la administración penitenciaria y carcelaria realice conductas positivas tendientes a garantizar el goce pleno de dichos derechos, tales como, la dignidad humana, la salud, la alimentación, etc. “Precisamente, dentro de las obligaciones que el Estado tiene frente a las personas privadas de la libertad y que se aviene al caso sub examine, está la de suministrarles los elementos de aseo, lo cual, en la medida que permite unas condiciones materiales mínimas de existencia (…)”[45] . La Sala revocó los fallos de instancia y en su lugar ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y al Establecimiento Penitenciario y Carcelaria de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada (Caldas), que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de este fallo, proceda a suministrar en los términos previstos en el Memorando N° 0251 del 10 de marzo de 2004 y en la Resolución N° 364 del 14 de abril de 2004, los elementos de aseo e higiene personal a los accionantes. En atención a la insuficiencia en la cantidad de los elementos de aseo, en aquella ocasión se exhortó a las autoridades penitenciaria y carcelaria para que “en la medida de sus posibilidades administrativas y presupuestales analicen la posibilidad de aumentar las cantidades de los elementos de aseo y uso personal que se suministran a los internos u, opcionalmente, se reduzcan los plazos para la entrega de los mismos”[46]. Posteriormente, en la Sentencia T-793 de 2008[47] la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional resolvió la acción de amparo constitucional presentada por un recluso del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad “San Isidro” de Popayán dado que, había sufrido llamados de atención en los libros de conducta por la falta de aseo persona y afeitarse diariamente. Esto resultaba paradójico en atención a que los elementos de aseo (incluida la máquina de afeitar) era suministrados con poca regularidad. En esa ocasión, la Sala de Revisión, a partir de las obligaciones Estatales surgidas de la relación de especial sujeción, y de los contenidos de documentos internacionales como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, concedió el amparo constitucional al accionante y ordenó entregar los elementos de aseo al accionante “y en adelante continúe efectuando la entrega de los mismos cada cuatro meses según lo dispuesto por las normas en la materia, o cada dos meses, si el interno no cuenta con recursos suficientes para proveerse el mencionado suministro”[48].(negrillas y subrayado fuera del texto) Finalmente, la Sentencia T-266 de 2013 proferida por la Sala Quinta de Revisión[49], resolvió la acción de amparo presentada por varios reclusos del establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Florencia (Caquetá), dado que el mismo, no contaba ni con la infraestructura ni los medios para proveer una estancia digna. Puntualmente se alegó (i) falta de atención médica, (ii) ausencia de medicamentos requeridos, (iii) deficiente cocción de los alimentos, (iv) inadecuada medios para la higiene personal. A partir de consideraciones sobre las obligaciones estatales surgidas de la relación de especial sujeción entre la Administración y la población carcelaria, así como de los derechos fundamentales cuya garantía corresponde directamente a las Instituciones Penitenciarias y Carcelarias, la Sala Quinta, concedió el amparo constitucional a los acciones y ordenó al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia (Caquetá) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por intermedio de sus directores que en el término de dos (2) meses debían iniciar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para iniciar las obras de infraestructura: (i) contar con espacios para la visita conyugal; (ii) talleres con los elementos que permitan a los internos cumplir con sus actividades laborales; (iii) lugares y elementos de aseo suficientes. Del precedente constitucional reiterado la Sala Octava de Revisión extrae las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) la Administración pública, puntualmente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así como los directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, en virtud de la relación de especial sujeción se encuentran obligados a proveer los elementos básicos para el aseo e higiene de los reclusos; (ii) la periodicidad de cuatro meses en la distribución de los elementos de aseo a los internos, en muchos casos resulta insuficiente, y por lo tanto es vulneratorio de los derechos fundamentales de los accionantes; (iii) en esa medida las Salas de Revisión han ordenado que: (a) como mínimo se respete y garantice que la distribución de los utensilios de limpieza persona cada cuatro meses; (b) que en caso de reclusos de bajos recursos económicos la periodicidad debe aumentar a dos (2) meses. 6. Reiteración del precedente constitucional frente a la progresividad y no regresión y los derechos de las personas privadas de la libertad. La Corte Constitucional ha reiterado que en los casos de los derechos que implican prestaciones o erogaciones, su efectividad se desarrolla de manera progresiva. Es decir, la obligación estatal no consiste en garantizar de manera inmediata la prestación, sino, en tener planes y programas para que de manera gradual y progresiva se aumente los estándares de cobertura y calidad. El principio de progresividad encuentra su fundamento normativo originario en el artículo 4º del Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en la Convención Americana sobre Derechos humanos en su Artículo 26[50]. El alcance ha sido ampliamente analizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), en su Observación General No. 3, relativa a la naturaleza de las obligaciones contraídas por los Estados que suscribieron el Pacto. La Observación General No. 3 señala que la realización de los derechos sociales se da de manera paulatina y teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta. No obstante, también impone varias obligaciones con efecto inmediato. Una de las obligaciones inmediatas encuentra su fundamento en párrafo 1 del Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, cuando menciona que los Estados deben “adoptar medidas” compromiso que en sí mismo no queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración. Concluye el Comité del Pacto en su Observación: “Así pues, si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.”[51] En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha recalcado, que si bien no es posible hacer efectivo de manera inmediata el contenido de un derecho prestacional, si existen dimensiones o ámbitos que si son tutelables a través de acción constitucional de amparo. Es el caso de la obligación de la administración pública de contar con planes o proyectos en caminados a que en un futuro mediato, y en la medida de las posibilidades técnicas y económicas, se aumente gradual y progresivamente la protección de un derechos fundamental con contenido o facetas prestacionales. Puntualizó la Corte en la Sentencia T-428 de 2012: “La constatación de que los derechos ubicados históricamente en ese grupo poseen facetas prestacionales, sin embargo, no debe restarles fuerza normativa, sino que permite evidenciar la existencia de componentes prestacionales de los derechos constitucionales que son directamente aplicables y judicialmente exigibles.”[52] Así en el caso de derechos con facetas prestacionales, la Corte Constitucional ha establecido que: (i) existen mínimos de inmediato cumplimiento; (ii) el Estado es titular del deber de observar el principio de no discriminación en todas las medidas o políticas destinadas a ampliar el rango de eficacia de un derecho; y “(iii) la obligación de adoptar medidas positivas, deliberadas y en un plazo razonable para lograr una mayor realización de las dimensiones positivas de cada derecho, razón por la cual la progresividad es incompatible, por definición, con la inacción estatal”; Esta obligación de extender la cobertura y calidad del contenido de un derecho fundamental, si resulta de aplicación inmediata, es decir, de protección judicial a través de acción de tutela. Dichos principios han sido aplicados en el ámbito carcelario en la Sentencia T-388 de 2013 dado que, en el Estado de Cosas Inconstitucional se constataron los altos costos que tienen para la administración pública la garantía inmediata y automática de varios derechos prestacionales. En la mencionada sentencia se precisó que las “facetas prestacionales de un derecho fundamental son, excepcionalmente, de aplicación inmediata y, usualmente, de realización progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, se esté implementando”[53]. En relación con los remedios judiciales por la violación de un derecho prestacional en su faceta de plan o programa para aumentar la cobertura, la misma decisión T-388 de 2013 concluyó “La violación o la amenaza de las facetas prestacionales de realización progresiva suelen demandar del juez de tutela que se impartan órdenes complejas, que busquen la efectividad de los derechos, respetuosas de las competencias democráticas y administrativas constitucionalmente establecidas, que sean prudente y abiertas al diálogo institucional. De esta manera, es procedente que la Corte Constitucional ofrezca alternativas de protección judicial, siempre que respeten el principio de separación armónica de las ramas del poder público. 7. Análisis del caso en concreto. La situación de los seis accionantes no es ajena al Estado de Cosas Inconstitucional que viven las cárceles del país, y que fue recientemente decretado en la Sentencia T-388 de 2013. Los hechos que motivaron las acciones de amparo, no son sino una muestra representativa de las dimensiones que toma la crueldad de las penitenciarías de la Nación, en relación con el disfrute de las condiciones íntimas del aseo personal. Si las Sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013 se concentraron en condiciones como el hacinamiento, la violencia interna, o la falta de infraestructura, los fundamentos facticos sub judice ilustran los matices y dimensiones relacionados con la perdida de las condiciones materiales para efectuar el aseo personal diario. Con esto lo que pretende ilustrar la Sala, es que los hechos deben ser fallados, teniendo en cuenta las crisis carcelaria. Este caso, es solo una fracción de la crisis humanitaria del sistema penitenciario. Por ello, la parte resolutiva de la providencia buscará articularse con las órdenes dadas dentro de la providencia de 2013. 7.1Vulneración al derecho a la vida en condiciones de dignidad. Para la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, resulta claro que los peticionarios sufren vulneraciones y amenazas a sus derechos fundamentales en atención a que la periodicidad de entrega de los elementos de aseo person...