Sentencia T-073 de 2023

T-073-23 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no configurarse defectos alegados por el accionante en proceso penal (…) no existe un defecto fáctico pues la condena se basó en pruebas indiciarias que demostraron que los dos condenados participaron de los hechos delictivos como autores de manera indirecta; (…), tampoco se configuraron los demás defectos alegados ya que la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia no desconoció ninguna garantía constitucional, observó los lineamientos establecidos por la jurisprudencia para valorar y construir la prueba indiciaria y explicó de manera amplia y suficiente cada una de las razones que llevó a la confirmación de la condena. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad son más estrictos INDICIO-Concepto (…) todo hecho o circunstancia conocida, del cual se infiere, por sí solo o conjuntamente con otros, la existencia de otro hecho desconocido, mediante una operación lógica y/o de raciocinio. PRUEBA INDICIARIA-Elementos que la configuran (i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso; (ii) una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; (iii) una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar y (iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental. DOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (…) no es relevante que los procesados hayan realizado materialmente la acción pues, bajo esta teoría (dominio funcional del hecho), lo importante es que los imputados tuvieron el dominio del acto delictivo. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-073 de 2023 Referencia: Expediente T-8.676.333 Acción de tutela instaurada por Luis Hernán Jaramillo Osorio en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de 2023 La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Natalia Ángel Cabo -quien la preside-, Diana Fajardo Rivera y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, y en los artículos 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente SENTENCIA, en el trámite de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de diciembre de 2021, y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Laboral de esa misma corporación, el 11 de febrero de 2022, dentro de la acción de tutela instaurada por el ciudadano Luis Hernán Jaramillo Osorio en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, remitió a la Corte Constitucional el expediente T-8.676.333. La Sala de Selección de Tutelas Número Siete de esta Corporación, mediante el auto del 29 de julio de 2022, eligió dicho expediente para efectos de su revisión[1] y se repartió al despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo para la elaboración de la ponencia. I. ANTECEDENTES El 30 de noviembre de 2021 el señor Luis Hernán Jaramillo Osorio presentó acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a impugnar la primera sentencia condenatoria. A continuación, se resumen los hechos relevantes. A. Hechos[2] 1. El 15 de septiembre de 2006, los señores Gustavo de Jesús Martínez Zuleta y Peterson Lopera Cardona, contador de profesión, adquirieron en proporciones iguales un microbús, afiliado a la empresa de servicio público de transporte Flota Occidental[3]. 2. El 15 agosto de 2008, el señor Lopera Cardona le vendió el microbús al abogado Luis Hernán Jaramillo Osorio por la suma de sesenta millones de pesos ($60,000,000). En la venta, el señor Lopera Cardona se presentó como el único propietario del vehículo[4]. 3. El señor Martínez Zuleta falleció el 28 de marzo de 2012[5]. En consecuencia, su hijo, Jhon Alejandro Martínez Franco, inició el trámite de sucesión. Durante dicho proceso, el señor Martínez Franco encontró que el 28 de septiembre de 2012, los señores Lopera Cardona y Jaramillo Osorio realizaron, ante la Secretaría de Tránsito del municipio de La Virginia, el traspaso del vehículo[6]. El señor Martínez Franco notó además que en los documentos que respaldaron la venta aparecía el nombre y la firma de su padre, a pesar de que éste ya había muerto para el momento en que se celebró dicha transacción. 4. Por estos hechos el señor Martínez Franco presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el 16 de enero de 2013. En su escrito, el denunciante manifestó que para el traspaso del automotor no sólo falsificaron la firma de su padre, sino que para el registro del RUNT se aportó una fotocopia de una cédula de ciudadanía alterada, ya que ni la fotografía ni los datos contenidos eran los del señor Martínez Zuleta.[7] 5. Por estos hechos, el 15 de marzo de 2015, la Fiscalía 27 Seccional de La Virginia (Risaralda) imputó[8] a los señores Lopera Cardona y Jaramillo Osorio, en calidad de coautores y en concurso heterogéneo y simultáneo, los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa, con las circunstancias de agravación punitiva contenidas en los numerales 9 y 10 del artículo 58 del Código Penal[9]. 6. En primera instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, en sentencia del 27 de septiembre de 2016, absolvió de todos los cargos a los señores Lopera Cardona y Jaramillo Osorio. El juez concluyó que no era posible imputarles a los acusados alguna responsabilidad penal ya que éstos no tuvieron el dominio material del hecho. Lo anterior, pues en el proceso se practicaron dos peritajes, uno por la Fiscalía[10] y otro por la defensa del señor Jaramillo Osorio[11], a partir de los cuales se determinó que la identidad el señor Martínez Zuleta sí fue suplantada pero que los procesados no fueron los autores materiales de dicha conducta[12]. 7. Tanto la Fiscalía como los representantes de las víctimas impugnaron la decisión. Las víctimas señalaron que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta varias pruebas indiciarias que demuestran que los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona son los responsables penales de los delitos denunciados, a pesar de no haber realizado la conducta de manera directa[13]. A su vez, para la Fiscalía el hecho de que los acusados no suplantaran directamente la identidad del señor Martínez Zuleta no hace que deban ser absueltos[14]. 8. En sentencia del 17 de noviembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira revocó parcialmente la decisión del juez penal de primera instancia. El Tribunal confirmó la absolución dictada por el delito de estafa, pero condenó a los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal a 96 meses de prisión, multa equivalente a 400 salarios mínimos y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 73 meses y 15 días. Igualmente, concedió el sustituto de la prisión domiciliaria. El juzgador de segunda instancia señaló que el juez promiscuo aplicó una visión restrictiva de la autoría material propia, según la cual solo hay responsabilidad penal por un delito que se comete de manera directa. 9. Para el Tribunal, el caso se “[debe] analizar a la luz de una teoría del dominio funcional del hecho”[15]. En virtud de esta teoría, la conclusión a la que se llega es que los dos acusados son responsables de los delitos como coautores impropios, pues de acuerdo con las pruebas es claro que hubo un acuerdo previo y una división del trabajo que permitió suplantar la identidad del señor Martínez Zuleta y realizar una transacción comercial en favor de ellos de manera ilícita. 10. Para justificar esta conclusión, el Tribunal consideró que, aunque las pruebas periciales practicadas en el proceso no demuestran que los imputados fueron quienes cometieron de manera directa los delitos de falsedad documental y fraude procesal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal es posible construir una condena a partir de indicios. En esa medida, el juez de segunda instancia consideró que una sentencia condenatoria puede estar sustentada “con base en inferencias lógicas provenientes de hechos indicantes debidamente probados, siempre que sean graves y cumplan con los requisitos de convergencia y concordancia”[16]. Este tipo de indicios, como lo explicó el Tribunal en su sentencia, son aquellos en los cuales “son pocas las conclusiones (hechos indicados) que pueden obtenerse a partir de un hecho indicador”[17]. 11. Al analizar el caso concreto, de acuerdo con las pruebas presentadas y las inferencias lógicas que de las mismas se extraen de manera inequívoca, el Tribunal concluyó que se encontraron probados cinco indicios que superan la duda razonable y que permiten condenar a los señores Lopera y Jaramillo Osorio: indicios de interés personal, mala justificación, mentira y manifestaciones posteriores al delito, de oportunidad y actos posteriores al hecho punible. 12. Frente al indicio de interés personal, el Tribunal examinó el argumento de la defensa según el cual el señor Jhon Alejandro Martínez Franco tenía un interés en el traspaso fraudulento del vehículo que fue propiedad de su padre y llegó a la conclusión que esta hipótesis no era válida “ya que sería absurdo que este fuera a atentar contra el patrimonio suyo y de su familia”[18]. En esa medida, concluyó que “no había ninguna otra persona distinta a los acusados que tuviera interés en consolidar ese acto jurídico relacionado con la transferencia del vehículo”[19]. 13. En cuanto al indicio de mala justificación, el Tribunal determinó que el señor Lopera Cardona no pudo explicar la razón por la cual “se presentó como único propietario del vehículo cuando se lo transfirió al señor Jaramillo Osorio en 2008”[20]. Por otra parte, el Tribunal analizó el argumento que presentó la defensa del señor Jaramillo Osorio según el cual, por falta de tiempo y por confiar en la relación de amistad que tenía con el señor Lopera Cardona, no pudo revisar la tarjeta de propiedad, y solo se dio cuenta de que el automotor tenía dos propietarios al momento de la denuncia. Para el Tribunal, dicho argumento no es válido pues se trata de “una conducta inexplicable en un avezado profesional del derecho que hizo una cuantiosa inversión pagando las cuotas restantes de ese vehículo”[21]. Además, agregó el Tribunal, no se entiende porqué, pese a adquirir la propiedad del automotor, el señor Jaramillo Osorio nunca le solicitó al señor Peterson Lopera hacer el traspaso, y sólo tuvo esta iniciativa luego de que se hubiera presentado el deceso del señor Martínez Zuleta. 14. Con respecto al indicio de mentira y manifestaciones posteriores al delito, el Tribunal consideró que se configuró porque se presentaron una serie de contradicciones entre las versiones de los hechos manifestadas por los dos procesados. Una primera contradicción surgió en la explicación que los imputados dieron frente a los motivos que tuvieron para celebrar el negocio de compraventa del vehículo. Por un lado, el señor Lopera Cardona manifestó que le vendió el microbús al señor Jaramillo Osorio porque no tenía el dinero suficiente para asumir las cuotas del vehículo. Por otro, el señor Jaramillo Osorio indicó que había recibido el automotor porque una empresa llamada Casinos el Faraón, de la que hacía parte el señor Peterson Lopera, le adeudaba un dinero y, por lo tanto, “casi que obligado debió acceder a recibir el vehículo y hacerse cargo de las cuotas insolutas”[22]. 15. La segunda contradicción está relacionada con el hecho de que “los procesados entregaron versiones distintas sobre las gestiones que se hicieron ante la empresa que gestionó el traspaso en esta ciudad que fue la firma Tabares Tovar Sucesores”.[23] En efecto, el señor Lopera Cardona manifestó que había ido solo a las oficinas de dicha empresa a firmar los documentos de traspaso como vendedor, pero el señor Jaramillo Osorio afirmó que los dos habían asistido el mismo día a suscribir esos documentos. 16. Frente al indicio de oportunidad, el Tribunal consideró que éste se configuró porque, aunque el traspaso del microbús pudo “hacerse en vida de Gustavo Martínez Zuleta entre los años 2008 a 2012”[24], los procesados esperaron 6 meses después de su muerte para hacerlo. 17. Finalmente, en cuanto al indicio de actos posteriores al delito, el Tribunal consideró que las pruebas permiten concluir que los procesados realizaron actuaciones ilegales posteriores a la falsificación de la firma del señor Martínez Zuleta. En esa medida, el Tribunal analizó un documento del 13 de septiembre de 2012, es decir en una fecha posterior a la muerte del señor Martínez Zuleta, donde el señor Lopera Cardona le cedió el contrato de afiliación del vehículo con la empresa Flota Occidental al señor Jaramillo Osorio con el fin de que este último se beneficiara del producto de la explotación del bien. El Tribunal encontró que, en ese escrito, al igual que en el contrato de compraventa, el señor Lopera Cardona se presentó como el único dueño del microbús. Para el juez de segunda instancia, dicho documento confirmó que los procesados tuvieron la intención “no solo de consolidar el dominio del señor Jaramillo Osorio sobre el vehículo, sino [de consolidar también] la transferencia del contrato de vinculación o cupo del citado automotor en la empresa Flota Occidental[25]. 18. A partir del análisis de estos cinco indicios, el Tribunal concluyó que “se cuenta con hechos indicantes debidamente probados que generan indicios graves, convergentes y concordantes”[26] por lo que condenó a los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautores. En cuanto al delito de estafa, el Tribunal consideró que en el proceso no se demostró la comisión de esta infracción penal pues el Código Penal “exige que se induzca o se mantenga en error al afectado por medio de artificios o engaños y esta situación no se puede predicar frente a los descendientes del señor Martínez Zuleta”[27]. 19. Por medio de sus apoderados judiciales, los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona, presentaron un recurso de impugnación especial contra la condena en segunda instancia. El defensor del señor Jaramillo Osorio manifestó en su recurso que su defendido no sabía que el microbús también era del señor Martínez Zuleta, y que sólo se enteró de esta situación al momento de la denuncia formulada por el señor Martínez Franco. En esa medida, indicó el apoderado que “sin existir prueba directa que involucre a Jaramillo Osorio, el Tribunal dictó una sentencia condenatoria en su contra, fundamentado en prueba indiciaria que no fue establecida para el régimen de la ley 906 de 2004”[28]. Por tanto, solicitó a la Corte revocar la sentencia condenatoria proferida en contra del señor Jaramillo Osorio. 20. A su vez, el defensor del señor Lopera Cardona también requirió a la Corte revocar la sentencia dictada por el juez de segunda instancia porque “no existe prueba directa que lo vincule con los delitos investigados, como tampoco la prueba indiciaria argumentada erróneamente por el Tribunal permite establecer que el señor Lopera Cardona haya tenido alguna responsabilidad de estos.”[29] 21. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 12 de mayo de 2021, confirmó la sentencia condenatoria. En primer lugar, la Corte señaló que la prueba indiciaria hace parte del sistema probatorio colombiano y por lo tanto “son válidas la inferencias lógico-jurídicas fundadas en indicios”[30]. En la primera parte de sus consideraciones, la Corte explicó cómo, según la doctrina y reglas de experiencia vigentes, se deben construir y valorar los indicios en un proceso penal. 22. Frente al caso específico, la Corte revisó cada uno de los hechos indicantes que usó el Tribunal en la valoración de los cinco indicios que condujeron a la condena impugnada. En primer lugar, frente al indicio de interés personal la Sala de Casación Penal explicó que en el proceso se probaron cuatro hechos indicantes: (i) que el señor Lopera se presentó como el único dueño del vehículo que compró el señor Jaramillo Osorio; (ii) que la identidad del señor Martínez Zuleta fue adulterada en los documentos del traspaso del microbús; (iii) que el señor Lopera “al ser el propietario de múltiples vehículos utilizados en el negocio de transporte, tenía experiencia en la realización de estos trámites y sabía de la gravedad de consignar en los formatos información que no corresponde a la realidad”[31]; y (iv) que no es cierto que el hijo del señor Martínez Zuleta tuviera interés en que se realizara el traspaso ilegal del vehículo de su padre. 23. A partir de estos hechos probados, la Corte recurrió a la regla de experiencia en virtud de las cuales “cuando una persona vende un carro y el otro lo compra ambos tienen interés en llevar el traspaso correspondiente”[32]. Al analizar de forma conjunta la existencia de los hechos indicantes y la regla de la experiencia enunciada, la Sala Penal validó la conclusión del Tribunal Superior de Pereira en el sentido de que este caso se configuró el indicio de móvil de interés personal. 24. En segundo lugar, la Corte analizó el indicio de mala justificación y ratificó el análisis hecho por el juez de segunda instancia. En efecto, la Sala Penal examinó los argumentos expuestos en la sentencia del Tribunal donde se estableció que había una mala justificación porque, por un lado, el señor Lopera Cardona no había podido explicar la razón por la que se presentó como único propietario y, por el otro lado, el señor Jaramillo Osorio no aclaró porqué, a pesar de ser un abogado y conocer el ordenamiento jurídico aplicable, solo realizó el traspaso del vehículo 4 años después de la compraventa del mismo. 25. La Corte encontró que el señor Lopera Cardona, cuando fue interrogado sobre las razones por las cuales se presentó como único propietario, “eludió dar una respuesta concreta y se limitó a señalar que el negocio debió hacerse rápido”[33]. En cuanto al señor Jaramillo Osorio, la Sala Penal determinó que éste simplemente manifestó “no exigir ningún documento como prueba de la propiedad del automotor”[34], sin referirse a su condición de abogado. Para terminar el análisis de este indicio, la Corte indicó que la justificación que la defensa planteó en su momento, según la cual el traspaso no se perfeccionó antes de la muerte del señor Martínez Zuleta porque no se había realizado el pago total del microbús, era incorrecta pues al examinar el contrato de prenda que suscribieron los señores Peterson Lopera y Martínez Zuleta para financiar la compra del bien se confirmó que no existía ninguna cláusula que impedía la venta o cesión del automotor. 26. En tercer lugar, la Corte analizó la configuración del indicio de mentira y manifestaciones posteriores al delito. La Sala Penal analizó los testimonios de los dos condenados y confirmó que se contradijeron al explicar los motivos que originaron la compraventa del microbús. El señor Lopera Cardona “aseveró que no tenía como cubrir las cuotas del microbús que ascendían a dos millones quinientos mil mensuales”[35] mientras que el señor Jaramillo Osorio manifestó que con el negocio “pretendía recuperar los 45 millones que le adeudaba Casinos el Faraón”[36], una empresa de la que era socio el señor Lopera Cardona. 27. En cuanto a la contradicción sobre la gestión realizada para el traspaso, la Sala de Casación confirmó que Lopera Cardona dijo que “fue hasta Tabares Tovar Sucesores para firmar los documentos, diligencia que hizo solo”[37], mientras que Jaramillo Osorio señaló que los dos habían asistido al mismo tiempo. Para confirmar lo anterior, la Corte referenció el testimonio dado por la señora Lina María Idárraga Tabares, representante legal de la empresa Tabares Tovar Sucesores, quien manifestó que los procesados fueron en fechas diferentes a realizar las correspondientes gestiones. Con todo, la Corte concluyó que el Tribunal hizo una adecuada valoración de la prueba porque en efecto hay contradicciones manifiestas que permiten inferir el indicio de mentira. 28. En cuarto lugar, la Corte se ocupó del indicio de oportunidad. La sentencia resaltó que el Tribunal construyó este indicio a partir del hecho que los procesados, a pesar de haber podido realizar el traspaso desde el momento mismo de la compraventa, esperaron seis meses después de la muerte del señor Martínez Zuleta para hacerlo. Por ello, la Sala Penal reiteró la conclusión del Tribunal y descartó el argumento planteado por la defensa del señor Lopera Cardona según el cual los procesados esperaron tanto tiempo para perfeccionar el contrato pues debían esperar hasta finalizar el pago de las cuotas del vehículo. 29. En cuanto a la situación del señor Jaramillo Osorio, la Corte manifestó que del análisis de las pruebas es posible concluir que el procesado, cuando firmó el contrato con el señor Lopera Cardona, no sabía que el vehículo tenía dos propietarios. Sin embargo, la Corte advirtió que el señor Jaramillo Osorio tuvo conocimiento de este hecho después de la venta y antes de la muerte del señor Martínez Zuleta. Para llegar a esta conclusión, la Sala de Casación Penal tuvo en cuenta que en el proceso se probó que el 5 de mayo de 2010, es decir en una fecha posterior al contrato de compraventa que celebraron los señores Peterson Lopera y Jaramillo Osorio, se suspendió un pago que venía recibiendo el señor Martínez Zuleta en calidad de administrador del microbús. 30. Para la Corte, con este hecho se probó que el señor Jaramillo Osorio conoció que el señor Lopera Cardona no era el único propietario del microbús ya que hasta la fecha referida Martínez Zuleta recibió un pago como resultado de la operación del bien[38]. Además, la Corte resaltó que los dos procesados reconocieron que el señor Martínez Zuleta aparecía registrado en la tarjeta de propiedad del vehículo a pesar de que no había asumido el pago de éste[39]. Por esto, no solo la Corte confirmó que se configuró el indicio de oportunidad, sino que descartó el argumento presentado por la defensa del señor Jaramillo Osorio según el cual él no era penalmente responsable por los hechos ya que actuó por error invencible al desconocer que existían dos propietarios del microbús objeto de la controversia. 31. En quinto lugar, la Corte estudió el indicio de actos posteriores al hecho punible. La Sala de Casación ratificó el análisis realizado por el Tribunal en virtud del cual este indicio se materializó a partir del hecho indicante de que la cesión de los derechos de afiliación del vehículo se realizó el 13 de septiembre de 2012, es decir en una fecha posterior a la muerte del señor Martínez Zuleta[40]. Esto prueba para la Corte que después de consumado el delito se realizaron otras acciones ilegales. 32. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia confirmó en su integridad la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira. Para la Corte Suprema, la valoración que el Tribunal realizó de los indicios fue ajustada a la ley. Así, la Sala Plena ratificó que los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona actuaron en calidad de coautores funcionales impropios de los delitos de falsedad en documento y fraude procesal. En ese sentido, la Sala de Casación señalo que “como se demostró, no solo hubo acuerdo entre ellos para la realización de los hechos punibles, sino que además tuvieron pleno dominio del hecho”.[41] 33. Contra esta decisión, el señor Jaramillo Osorio, por medio de apoderada judicial, presentó una acción de tutela el 30 de noviembre de 2021. En ella, manifestó que la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la libertad y a la igualdad pues incurrió en un defecto fáctico, desconoció el precedente judicial, tomó una decisión sin motivación y violó de forma directa la Constitución. Por lo anterior, solicitó que se dejara sin efectos la decisión de la Corte Suprema de Justicia y se ordenara expedir una nueva decisión judicial que corrigiera los errores identificados. 34. En lo relativo al defecto fáctico, el actor presentó dos argumentos. Primero, afirmó que la Corte Suprema decidió confirmar su condena con base en indicios, “a sabiendas que existe una prueba directa, pericial, que corroboró que los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona no fueron los autores materiales de la falsificación de la firma y huella de Gustavo de Jesús Martínez Zuleta”[42]. Segundo, indicó que en la sentencia atacada no se construyeron ni valoraron de manera adecuada los indicios, pues, a su juicio “las pruebas indiciarias estimadas judicialmente no apuntan a acreditar una única hipótesis fáctica o una misma conclusión”[43]. 35. En cuanto al defecto de decisión sin motivación, el escrito de tutela alegó que la decisión de la Corte Suprema no justificó el motivo por el cual se abstuvo de pronunciarse sobre todas las hipótesis derivadas de los hechos indicadores. En cuanto al desconocimiento del precedente, la apoderada del accionante expuso que la sentencia pasó por alto otros pronunciamientos en los que, en sede de casación, se había establecido cuál era la forma correcta en la que corresponde edificar y valorar los indicios cuando se imputa un delito en calidad de coautoría. Por último, la tutela aseguró que en la decisión de condena se materializó una violación directa de la Constitución pues la Corte no tuvo en cuenta la presunción de inocencia, la regla en virtud de la cual para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda razonable y la proscripción de responsabilidad objetiva en materia penal. B. Sentencias objeto de revisión constitucional 1. Sentencia de primera instancia 36. El 15 de diciembre de 2021, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema decidió negar el amparo porque consideró que el razonamiento probatorio de la Sala de Casación Penal no era arbitrario. El juez de tutela de primera instancia argumentó que la sentencia que confirmó la condena del señor Jaramillo Osorio desarrolló de manera amplia y clara las hipótesis que existían alrededor de los distintos indicios en su contra. Además, la decisión reiteró que los jueces constitucionales no deben reemplazar a los jueces ordinarios en el análisis probatorio cuando estos no actúan de manera irrazonable. 2. Impugnación 37. El señor Jaramillo Osorio impugnó la decisión. Reiteró los argumentos que presentó en la tutela y resaltó que no se trata de una simple diferencia de criterio con respecto a la valoración de las pruebas sino de un evidente error en el que incurrió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al no analizar las demás tesis o conclusiones derivadas de la prueba indiciaria. En esa medida, señaló que no se construyó adecuadamente el indicio, pues no se valoraron elementos materiales de prueba que descartaban la responsabilidad del accionante, y que fueron citados y explicados en el escrito de amparo. Por último, el accionante señaló que el juez de primera instancia no se pronunció sobre el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente. 3. Sentencia de segunda instancia 38. El 11 de febrero de 2022, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de tutela de primera instancia. La Sala consideró que los jueces de tutela no deben intervenir en el análisis probatorio de los jueces ordinarios cuando, como en este caso, su argumentación es razonable. En ese sentido, la Sala de Casación Laboral encontró que la decisión que se atacó por medio de la tutela justificó cada una de sus conclusiones probatorias. Por lo tanto, concluyó que no era procedente revocar esa decisión. C. Actuaciones en sede de revisión y pruebas 39. Con el fin de obtener los elementos necesarios para adoptar una decisión dentro del asunto de la referencia, mediante el auto del 28 de abril de 2022, la Sala Novena de Revisión de Tutelas solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el señor Luis Hernán Jaramillo Osorio. 40. El 4 de octubre de 2022, la Sala de Casación Penal remitió un informe en el que solicitó declarar improcedente la tutela de la referencia por las razones que a continuación se indican. Primero, porque la Sala no incurrió en un defecto fáctico; aunque la prueba pericial no ubicó al accionante como autor material, los indicios plurales y convergentes sí demostraron que participó como autor de los hechos. Segundo, porque la Sala no desconoció su precedente ni el de la Corte Constitucional, en tanto que su decisión se apegó a la línea jurisprudencial sobre la materia. Tercero, la Sala no falló de manera arbitraria porque respetó las normas que regulan el asunto objeto de la sentencia condenatoria. 41. El día 5 de octubre de 2022, el señor Jaramillo Osorio envió a la Corte Constitucional una solicitud especial de protección. En ese escrito reiteró que en su caso la prueba pericial aportada por la Fiscalía demostraba que él no había realizado materialmente los delitos y que por lo tanto no debió ser condenado. En el mismo sentido, relató que como su condena está basada en indicios, la Corte Suprema desconoció su derecho a la presunción de inocencia. Ante la duda, insiste el señor Jaramillo Osorio, la decisión debió resolverse a su favor. 42. El 27 de septiembre de 2022, el señor Lopera Cardona presentó un escrito mediante el cual solicitó ser vinculado al trámite de la presente tutela. En su memorial, el señor Lopera Cardona explicó que también presentó una tutela contra la decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “que condenó en el mismo proceso gravosa e injustamente a dos ciudadanos en contra de toda evidencia probatoria” pero que su acción no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. 43. En consecuencia, mediante auto del 20 de octubre de 2022, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional decidió vincular al señor Peterson Lopera dentro del proceso de tutela y le concedió un término dos días para que se pronunciara sobre los hechos del caso y la prueba decretada en sede de revisión. 44. El 26 de octubre de 2022, la magistrada ponente presentó ante la Sala Plena el informe previsto en el artículo 61 del Reglamento Interno de esta Corporación, dado que la tutela se dirige contra una sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Plena decidió mantener la competencia en la Sala Novena de Revisión. 45. El 31 de octubre de 2022, el señor Lopera Cardona presentó a la Corte un escrito donde reiteró que la Corte Suprema de Justicia no tuvo en cuenta los hechos que fueron debidamente probados y realizó una valoración inadecuada de las pruebas. Por lo tanto, en su opinión, se configuró un defecto fáctico pues las autoridades judiciales, en vez de analizar las pruebas directas en su caso, es decir los peritajes grafológicos, acudieron solo a unos indicios para determinar su responsabilidad penal. A su juicio, la Corte desconoció hechos claros que demuestran que ni el señor Jaramillo Osorio ni él acordaron suplantar la identidad del señor Martínez Zuleta durante el trámite de compraventa del microbús, ni que existió una división funcional entre los dos para cometer un delito. 46. En particular, el señor Lopera Cardona cuestionó el indicio de interés personal que aplicó la Corte para confirmar su condena ya que, bajo su criterio, no se apreció de forma correcta los términos del contrato de compraventa que suscribió con el señor Jaramillo Osorio. En dicho documento, según lo explicó el señor Lopera Cardona, solo se indicó que se iba a transferir el derecho de propiedad que poseía sobre el vehículo por lo que no se trataba de una venta total del microbús. Con respecto al defecto por indebida motivación, el accionante vinculado señaló que la Sala Penal de la Corte Suprema no analizó todos los argumentos presentados en la impugnación especial relacionados con la falta de los elementos necesarios para construir los indicios graves que fueron usados en su contra. El señor Lopera Cardona manifestó además que en las sentencias condenatorias se cometió lo que calificó como un error protuberante pues fue absuelto del delito de estafa bajo el argumento de que era posible que el señor Martínez Zuleta hubiera autorizado el negocio de compraventa del vehículo. Por último, el interviniente manifestó que hubo una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así, mencionó que cuando existen varias hipótesis en la creación de los indicios, debe aplicarse el principio de duda favorable (in dubio pro reo) y, en esa medida, no condenar cuando no exista certeza más allá de toda duda razonable. Para sustentar este argumento, el señor Lopera Cardona hizo referencia a la sentencia de primera instancia, en donde el juez promiscuo de La Virginia decidió que no se podía condenar a los procesados porque no existía claridad total de que fueran los coautores de los delitos imputados. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia 1. La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y los artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Análisis de procedencia formal de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 2. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional[44], la acción de tutela contra providencias judiciales procede única y excepcionalmente cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y en la decisión judicial cuestionada se materialice una violación de derechos fundamentales, mediante la configuración de alguno de los defectos específicos desarrollados por la Corte Constitucional. 3. El juez constitucional debe realizar el análisis anterior de manera rigurosa, particularmente cuando se trata de un caso en contra de una decisión de una alta corte, debido a que estos son tribunales de cierre y tienen un papel de unificación de la jurisprudencia ordinaria que les confiere el deber de zanjar las diferencias interpretativas relativas a su propia jurisdicción. Por esta razón, el juez constitucional debe procurar salvaguardar el principio de seguridad jurídica y de cosa juzgada en las sentencias proferidas por este tipo de autoridades judiciales. 4. Los requisitos generales de procedencia son que: (i) la cuestión sea de relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona que invoca la protección de tutela; (iii) se cumpla el principio de inmediatez; (iv) si existe una irregularidad procesal, esta sea decisiva en el proceso; (v) se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales; y (vi) no se trate de una tutela contra otra tutela. 5. A continuación, la Sala verificará si la acción de tutela presentada por el señor Jaramillo Osorio, y en la cual fue vinculado el señor Lopera Cardona, supera el examen de procedencia antes mencionado. 6. Primero, esta acción de tutela tiene relevancia constitucional porque trata sobre la posible condena injusta contra dos personas, lo que tiene una relación directa con la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad personal. El reparo alegado, según el cual los jueces penales hicieron un uso indebido de la prueba indiciaria y desconocieron otros medios probatorios para derribar la presunción de inocencia de los procesados, tiene una clara relación con derechos protegidos en la Carta Política y, por ende, va más allá de cuestiones de mera legalidad. No obstante, frente al cargo relacionado con la violación de los derechos a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a impugnar la primera sentencia condenatoria, los procesados no argumentaron con suficiencia cómo lo planteado comprometió esos derechos en el proceso penal del que fueron parte ante jueces competentes y en el que les fue posible impugnar la primera condena. Por lo anterior, no se evidencia la relevancia constitucional respecto de estos derechos. 7. Segundo, los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona agotaron todos los recursos antes de acudir a la acción de tutela. Así, los accionantes presentaron el recurso de impugnación especial contra la primera condena que se les impuso en segunda instancia. En cuanto a los recursos extraordinarios, no es procedente la casación, puesto que, de acuerdo con el auto AP2118 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia[45] y la jurisprudencia de la Corte Constitucional[46], dicho mecanismo no procede contra la sentencia que resuelve la impugnación especial. Finalmente, como en la tutela tampoco se da cuenta de la existencia de nuevos hechos o pruebas para demostrar la inocencia de los acusados o de la configuración de alguna de las causales de la acción de revisión, es claro que no es procedente dicha acción, de acuerdo con los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal. 8. Tercero, se cumple con el requisito de inmediatez. En el contexto de las tutelas contra providencias judiciales, este requisito exige que se interponga dicha acción constitucional tan pronto se produzca “la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial[47]”. Por lo tanto, para revisar si se cumplió dicho requisito se debe verificar que no haya transcurrido un tiempo excesivo entre la providencia judicial y la tutela, pues esto puede además afectar el principio de seguridad jurídica. En este caso, el tiempo entre la decisión de la Corte Suprema y la presentación de la tutela es razonable, pues el fallo fue notificado el 8 de junio de 2021 y la acción de amparo se interpuso el 20 de noviembre siguiente. 9. Cuarto, los actores no alegan una irregularidad procesal por lo que la Sala no debe abordar el examen de este requisito. 10. Quinto, en la tutela se identifican de manera clara los hechos que, en apariencia, generaron una vulneración a los derechos fundamentales de los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona. Para ellos, la Corte Suprema de Justicia desconoció la existencia de una prueba pericial que los eximió de la responsabilidad penal y acudió a una serie de indicios débiles para imponer una condena; lo que su juicio, además, transgredió su propio precedente. Los accionantes especificaron con claridad las evidencias y los argumentos que ponen en duda la construcción de cada indicio y las falencias en el razonamiento de los jueces penales. 11. Por último, este caso no se refiere a una tutela contra otra tutela sino, como ya se explicó, se promueve en contra de una decisión de impugnación especial proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 12. En consecuencia, la acción de tutela presentada por el señor Jaramillo Osorio, y en la cual fue vinculado el señor Lopera Cardona, cumple con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. Por lo tanto, la Sala Novena de Revisión pasa a analizar de fondo las peticiones del accionante. 3. Problema jurídico 13. A partir de lo anterior, y en atención a las facultades que le asisten al juez de tutela para estudiar la controversia constitucional y concretarla a los derechos fundamentales del accionante que posiblemente se ven comprometidos[48], para resolver este caso, la Corte Constitucional debe solucionar el siguiente problema jurídico: 14. ¿Vulnera el derecho fundamental al debido proceso y a la libertad el hecho de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de un proceso de impugnación especial, haya confirmado una condena por fraude procesal y falsedad en documento privado con base en pruebas indiciarias que muestran que los condenados tuvieron dominio funcional del hecho así existan pruebas que indican que éstos no son los autores materiales de los delitos? 15. Para resolver este problema jurídico la Sala: (i) reiterará la definición y contenido los defectos alegados; (ii) explicará las reglas sobre el uso de indicios en el proceso penal; y (iii) resolverá el caso concreto. 4. Reiteración jurisprudencial sobre los defectos alegados en la presente tutela. 16. En su tutela, la apoderada judicial del señor Jaramillo Osorio, indicó que la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto fáctico, desconoció el precedente judicial, tomó una decisión sin motivación y violó de forma directa la Constitución al imponer una condena contra su defendido, al igual que contra el señor Lopera Cardona, con base en cinco indicios, a pesar de que existen unos peritajes grafológicos que demuestran que los condenados no falsificaron de manera directa la identidad del señor Gustavo de Jesús Martínez Zuleta. 17. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico se presenta cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado o cuando éste hace una valoración probatoria manifiestamente incoherente en su providencia[49]. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha concluido que el defecto fáctico se presenta en tres dimensiones: (i) omisiones por parte del juez en el decreto y práctica de pruebas[50]; (ii) no valoración del material probatorio allegado al proceso judicial[51]; y (iii) valoración defectuosa del acervo probatorio[52]. Esta situación tiene lugar cuando el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia una prueba allegada al proceso que se encuentra viciada. 18. A su vez, la jurisprudencia de este Tribunal ha definido que el desconocimiento del precedente sucede cuando una autoridad judicial no aplica de manera correcta la regla jurisprudencial que estableció ella misma (precedente horizontal) o un tribunal de cierre (precedente vertical) [53]. En ese sentido, las tutelas contra las decisiones judiciales proceden cuando los jueces se apartan de los precedentes sin ofrecer razones claras por las cuales consideran que en un caso concreto no se debe aplicar una regla de decisión definida. 19. En cuanto al defecto por proferir una decisión sin motivación, este Tribunal ha señalado que ocurre cuando el juez no presenta los fundamentos jurídicos y fácticos que motivan la decisión que tomó[54]. Es importante advertir que no todo desacuerdo con los fundamentos de un juez implican una falta de motivación de su decisión. Por el contrario, ese defecto solo se cumple si la argumentación del juez es abiertamente defectuosa o inexistente[55]. 20. Por último, el defecto por violación directa de la Constitución se consuma cuando en la sentencia se presenta una evidente contradicción entre la interpretación aplicada por el operador jurídico para tomar una decisión y el contenido del texto constitucional[56]. Así, según los precedentes de este Tribunal, dicho defecto ocurre cuando: (i) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; (iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución y; (iv) el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales (excepción de inconstitucionalidad). 5. Las reglas constitucionales y ordinarias sobre el razonamiento por indicios 21. La Corte Constitucional ha estudiado cuál es la estructura correcta del razonamiento por indicios en una decisión judicial. Si bien este estudio lo ha hecho en asuntos que no son propiamente penales, sí ha hecho algunas menciones generales a su uso en la jurisdicción penal. A continuación, la Sala presentará las reglas que en esas decisiones judiciales se han establecido para poder comprobar un hecho mediante indicios. Posteriormente, la Sala presentará qué reglas ha establecido la Sala de Casación Penal para este tipo de casos. 22. Como se indicó, esta Corporación ha analizado la prueba por indicios en temas por fuera del derecho penal. Por ejemplo, en la sentencia SU-035 de 2018, la Corte Constitucional estudió cómo se debía probar un hecho mediante indicios en los procesos contencioso-administrativos en los que se debate si ocurrió una grave violación de derechos humanos como, en el caso en ese entonces estudiado, de las ejecuciones extrajudiciales. En la mencionada decisión, la Corte estableció la definición básica de una prueba indiciaria. Así, la Sala Plena, a partir de los precedentes fijados por el Consejo de Estado, determinó que el indicio es una prueba indirecta a través de la cual el juez llega a conocer de un hecho que no puede percibir directamente. Aunque no analizó el uso de la prueba indiciaria en el campo penal, la Sala resaltó en esta decisión que la valoración que se realiza de los indicios en esa jurisdicción debe ser menos flexible que la que se hace en otras. 23. Así mismo, en la mencionada decisión la Corte explicó cuáles son los tres elementos constitutivos del indicio. El primero es que un indicio parte de un hecho claro y conocido y que el juez puede apreciar de manera directa. A este elemento se le conoce como hecho indicador o indicante. El segundo es una regla de experiencia, la cual permite que a partir del hecho conocido se llegue a una conclusión sobre algo que no se conoce. El tercero es una inferencia mental o razonamiento sobre la relación entre el hecho indicador y el hecho desconocido, y el cuarto se le conoce como hecho indicado o conclusión. Cuando se acredita de manera clara la existencia de esos cuatro elementos, es posible probar judicialmente un hecho a través de una prueba indiciaria. 24. En el mismo sentido, en la sentencia SU-060 de 2021, la Corte estableció que la prueba por indicios es válida en los procesos judiciales siempre que se respeten las reglas de su estructura. En dicha decisión, la Corte resolvió una acción de tutela contra una decisión del Consejo de Estado que negó la responsabilidad del Estado en casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes públicos. La Corte no solo retomó el concepto del indicio, sino que también recordó, en los siguientes términos, cuál es su estructura: “(i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso; (ii) una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; (iii) una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar y (iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental”[57]. 25. Ahora bien, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado en extenso acerca de la validez de las pruebas indiciarias en el proceso penal. En ese sentido, la Corte Suprema ha señalado con toda claridad que los indicios también hacen parte del sistema probatorio colombiano, a pesar de que no aparecen consagradas expresamente en la Ley 906 de 2004[58]. 26. El juez de casación ha definido al indicio como “todo hecho o circunstancia conocida, del cual se infiere, por sí solo o conjuntamente con otros, la existencia de otro hecho desconocido, mediante una operación lógica y/o de raciocinio”[59]. Siguiendo esa definición, la Corte Suprema ha señalado que si el juez puede desvirtuar la presunción de inocencia mediante pruebas también lo puede hacer mediante indicios, pues es claro que estos también tienen un valor probatorio relevante y también le permiten al juez extraer conclusiones probatorias determinantes en los procesos[60]. Por tanto, incluso cuando las pruebas directas no acreditan completamente la responsabilidad penal sí es posible complementarlas con indicios[61]. En otras palabras, según la jurisprudencia vigente del Tribunal de Casación, el derecho constitucional a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal se pueda formar sobre la base de una prueba indiciaria, siempre y cuando ésta sea valorada de manera adecuada. 27. Al igual que la Corte Constitucional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que para la construcción de un indicio, se deben observar tres elementos indispensables: (i) debe existir un hecho indicador debidamente probado, (ii) un juicio de raciocinio explícito[62] que consiste en la aplicación de una máxima de la experiencia, principio de la lógica o postulado científico que le otorga fuerza probatoria al indicio y conectan el hecho indicador con el hecho indicado; y (iii) un hecho indicado o conclusión, que es la consecuencia extraída de la aplicación de esa máxima, principio o postulado al hecho indicador[63]. 28. La Corte Suprema también ha señalado que el alto grado de probabilidad para probar un delito no solo está dado por la construcción correcta de un indicio, sino también por la concordancia y convergencia entre distintos indicios, luego de analizarlos de manera conjunta. La concordancia hace referencia a que los indicios no se excluyan entre sí y la convergencia, a que todos apunten a la misma conclusión de cara a constituir certeza[64]. 29. En cuanto a la valoración que el juez penal debe hacer de estos indicios, la Corte Suprema ha establecido que el estándar de conocimiento requerido para emitir un fallo condenatorio se logra cuando, al revisar la relación, convergencia y concordancia de los hechos demostrados y su relación lógica con el hecho indiciado, existe un grado de veracidad alto sobre la responsabilidad penal. Así, con el fin de que los indicios resulten concluyentes, la jurisprudencia ha enfatizado que la conexión entre hecho indicador y hecho indicado debe ser lógica, no debe surgir de la imaginación o arbitrariedad del juez[65] y no deben existir pruebas en contrario[66] que desestimen la validez de los elementos constitutivos del indicio. 30. En suma, para que los indicios tengan fuerza probatoria para fundamentar una condena penal, de acuerdo a los precedentes fijados por la Corte Suprema de Justicia, es necesario que: (i) cada indicio esté debidamente construido a partir de un hecho efectivamente probado, una máxima de experiencia, principio de lógica o regla de la ciencia y que, una vez hecho ese juicio de raciocinio, se pueda extraer un hecho indicador o una conclusión; y (ii) al ser analizados de manera conjunta, los indicios tengan concordancia y convergencia. 31. Dicho en otras palabras, la correcta valoración de la prueba indiciaria le exige al juez penal demostrar que los indicios son graves, es decir que son la causa más probable de un hecho,[67] y que sean convergentes[68]. Esto último quiere decir, que los indicios deben llevar a la misma conclusión y no probar distintas hipótesis. Finalmente, se requiere que la regla de la experiencia tenga fuerza argumentativa complementada por la convergencia de los hechos demostrados[69]. 32. En conclusión, como se puede deducir de este apartado, la Corte Suprema de Justicia ha validado el uso de indicios para determinar la responsabilidad penal y la Corte Constitucional se ha referido a que estos medios probatorios también son aplicables en materia penal, aunque su uso podría tener un rasero mayor. En todo caso, ambas corporaciones han coincidido en que el uso correcto de los indicios siempre estará atado a lo siguiente: que su construcción sea adecuada, que los indicios guarden convergencia y concordancia y que no existan pruebas en contrario que debiliten su validez. 6. Caso concreto 33. A partir de estas consideraciones, la Sala analizará, uno a uno, los defectos alegados por el accionante y, como se mostrará de manera detallada, se explicará porqué la decisión atacada no incurrió en ninguno de los yerros presentados en la tutela. 34. En primer lugar, en cuanto al defecto fáctico, los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona alegaron que éste se configuró por dos razones. En primer lugar, porque la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión del Tribunal Superior de Pereira, se fundamentó en pruebas indiciarias y desconoció una prueba directa que demostró que los acusados no fueron los autores materiales de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. 35. En cuanto al primer argumento, esta Sala considera que no le asiste razón al accionante y al tercero vinculado por dos razones. Primero, como se explicó en las consideraciones de esta sentencia, los indicios son un método aceptado para determinar la responsabilidad penal, siempre que se cumplan con los límites establecidos por la jurisprudencia y las reglas de experiencia de la valoración de la relación entre los hechos indicantes y el hecho indicado. En ese sentido, en cada uno de los cinco indicios la Corte Suprema explicó de forma cuidadosa cuáles eran los tres elementos constitutivos de cada indicio y la regla de experiencia aplicada para llegar a una conclusión clara a partir de los hechos indicantes. 36. Segundo, en el presente caso tampoco se evidencia la existencia de una prueba directa que permita exculpar a los imputados bajo la teoría del dominio funcional del hecho. En efecto, las pruebas directas a las que hace alusión la tutela (informe presentado por la Fiscalía y dictamen pericial grafológico presentado por la defensa) pueden demostrar que los procesados no alteraron directamente la identidad del señor Martínez Zuleta, pero no desvirtúa, como bien lo explicó el juez penal, que tenían el dominio funcional del hecho. Como lo explicaron de manera extensa los jueces penales que conocieron del caso en segunda instancia y en la etapa de impugnación especial, los indicios construidos permiten determinar la responsabilidad penal de los señores Jaramillo Osorio y Lopera Cardona en la medida en que tenían un claro interés en el hecho ilícito, se beneficiaron directamente del mismo y actuaron de forma engañosa. A partir del análisis detallado de esos hechos indicadores, los jueces penales llegaron a la conclusión de que, además de existir un acuerdo y aportes para la comisión de la conducta punible, hubo una distribución de funciones esenciales de los procesados en la que otras personas se encargaron de la falsificación en términos materiales, lo que configuró su coautoría funcional. 37. La Sala de Casación Penal fundamentó su decisión en la hipótesis del dominio funcional del hecho, en virtud de la cual no es relevante que los procesados hayan realizado materialmente la acción pues, bajo esta teoría, lo importante es que los imputados tuvieron el dominio del acto delictivo. Por lo tanto, dicha prueba perital no puede exculparlos, porque precisamente no logró demostrar que no se contrató a un tercero para que se hiciera pasar por el señor Martínez Zuleta o intercediera en la alteración de su identidad. Así, aunque se demostró que las firmas falsificadas no fueron directamente impuestas por los procesados, esto no significa, como lo afirman los condenados, que no haya ninguna prueba que acredite que no son responsables por el delito de falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de autores funcionales. De hecho, todo el desarrollo indiciario desplegado por los jueces penales se esmeró en superar el análisis de culpabilidad más allá de toda duda y tanto el Tribunal como la Corte detallaron uno a uno los indicios que demostraron la responsabilidad penal de los condenados. 38. El segundo argumento que plantearon los señores Osorio Jaramillo y Lopera Cardona para justificar el supuesto defecto fáctico consiste en afirmar que no se valoró adecuadamente el material probatorio. Subrayaron que los cinco indicios a partir de los cuales se estableció su responsabilidad penal fueron indebidamente construidos. Para dar respuesta a este argumento, la Sala analizará cada uno de los indicios y la forma como el juez penal los construyó. 39. Con respecto al indicio del móvil del interés personal, los accionantes cuestionaron su convergencia y concordancia toda vez que, en su opinión, la Corte Suprema descartó otras hipótesis y conclusiones posibles que se derivan del hecho indicante. Así, por ejemplo, los señores Osorio Jaramillo y Lopera Cardona proponen que una hipótesis que dejó de valorarse fue la estipulada en el artículo 1871 del Código Civil que establece que “la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo”. Es decir, para los accionantes el hecho de que los procesados fueran los únicos interesados en el negocio no permite concluir que se consumó una actuación delictiva, pues si se aplica la presunción del Código Civil es claro que el ordenamiento legal permite la venta de la cosa ajena sin perjuicio de los derechos de su dueño. En opinión de los actores, a pesar de que el contrato de compraventa del microbús es legítimo, los jueces penales optaron por utilizar un indicio que se basó en la presunción de la mala fe y desconoció la validez del acto jurídico que celebraron. 40. Frente a este reproche, la Corte Constitucional reitera su propia jurisprudencia y concluye que no hay argumentos...