Sentencia T-073 de 1999

T-073-99 Sentencia T-073/99 Sentencia T-073/99 DERECHO DE PETICION-Pronta resolución y decisión de fondo Reiteración de Jurisprudencia Referencia: Expediente T-192599 Acción de Tutela instaurada por Gustavo Antonio Maya Orrego contra Caja Nacional de Previsión Social. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA. Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C. a los once (11) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999). I. ANTECEDENTES GUSTAVO ANTONIO MAYA ORREGO, ejerció acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social, por estimar que dicha entidad vulneró su derecho fundamental de petición. Señala el demandante que desde el 25 de agosto del año pasado presentó ante la Caja Nacional de Previsión, petición para la reliquidación de su pensión de jubilación de acuerdo con los últimos factores salariales y hasta la fecha de presentación de la tutela (noviembre de 1998) aún no había recibido respuesta alguna. Ha solicitado verbalmente información y le responden que su solicitud está en trámite. La entidad demandada no aportó respuesta alguna, ni explicó las razones por las cuales no ha respondido al peticionario. . Conoció en primera y única instancia el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, quien en providencia del once de noviembre de 1998, resolvió no tutelar el derecho invocado, señalando que los términos para las peticiones de entidades como la demandada están dados por el artículo 40 del C. C. A. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia Esta Corte es competente para revisar la sentencia antes relacionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 86, inciso 2, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, y en el Decreto 2591 de 1991. 2. Certidumbre de una respuesta oportuna y de fondo: El contenido intangible del derecho de petición. Es constante la jurisprudencia sobre el derecho cuya protección se invoca y que esta vez, procede reiterar. “Debe precisarse, sin embargo, que el derecho de petición no impone a las autoridades una obligación de resolver positiva o negativamente las inquietudes del solicitante, ya que el contenido del pronunciamiento de la administración se sujetará a cada caso en particular. Sin embargo, lo que si determina la eficacia de este derecho y le da su razón de ser, es la posibilidad que tiene cualquier persona de obtener una respuesta real y concreta a su inquietud presentada. Por consiguiente, la respuesta que la Administración otorgue deberá ser de “fondo, clara precisa”[1] y oportuna, haciendo que dicha contestación se convierta en un elemento esencial del derecho de petición, sin el cual este derecho no se realiza.[2] “En ese orden de ideas, ni el silencio ni una respuesta vaga e imprecisa, pueden satisfacer el derecho de petición, ya que no definen ni material ni substancialmente la solicitud del ciudadano. En este sentido la Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición sino que la contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución”.(Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martínez Caballero). De igual manera, en sentencia aún más reciente también señaló: “El derecho de petición, debe entenderlo el juez de instancia, no se satisface con la respuesta del trámite interno que la accionada esta obligada a seguir. Casi que es un dato irrelevante para el interesado, máxime si se constituye en una negativa a su petición. La garantía de la que estamos hablando se satisface sólo con respuestas. Las evasivas, las dilaciones, las confusiones, escapan al contenido del artículo 23 de la Constitución. Es que en el marco del derecho de petición, sólo tiene la categoría de respuesta, aquello que decide, que concluye, que afirma una realidad, que satisface una inquietud, que ofrece certeza al interesado”(Cfr. T- 439 de 1998. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). No consta en el expediente ninguna respuesta dada por la accionada al actor y la solicitud fue presentada desde el mes de agosto de año pasado de donde se deduce la clara violación al artículo 23 constitucional. RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia del Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá. Segundo.- CONCÉDESE la tutela impetrada por GUSTAVO ANTONIO MAYA ORREGO. En consecuencia, ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión CAJANAL -Subdirección de Prestaciones Económicas- que, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, resuelva de fondo, sobre la solicitud elevada por el actor el 25 de agosto de 1998. Tercero.- DÉSE cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado PABLO ENRIQUE LEAL RUÍZ Secretario General (E) [1] Sentencia Corte Constitucional T-481 de 1992. M.P. Jaime Sanín Greiffestein. [2] Cfr. Sentencia T-567 de 1992.