Sentencia T-072 de 2021

T-072-21 Sentencia T-072/21 DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía política y autogobierno AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Concepto DERECHO A LA AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Límites y ámbitos de aplicación RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS-Criterios subjetivos y objetivos para identificarlos como población étnica y cultural, según parámetros establecidos en el Convenio 169 de la OIT AUTONOMIA Y AUTOGOBIERNO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS-Reiteración de jurisprudencia La protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación significó un cambio trascendental en la concepción del Estado implementada en la Constitución de 1991. Una de las principales garantías reconocidas a las comunidades indígenas fue la autonomía o autodeterminación de los pueblos. Esto es, el derecho que les asiste a decidir sobre los asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos, de acuerdo con sus usos y costumbres. Dentro de los ámbitos de aplicación de la autonomía de los pueblos indígenas se encuentra el derecho al autogobierno. Este busca garantizar la autonomía en el establecimiento de sus instituciones jurídicas y sistemas tanto normativos como de gobierno. En consecuencia, no son las comunidades indígenas las que deben ajustar su funcionamiento interno a la normatividad de la sociedad mayoritaria. Es esta última la que debe respetar el derecho de los pueblos a autoidentificarse e identificar a sus miembros, es decir, reconocer la existencia y validez legal del sistema de derecho propio indígena. ENTIDADES TERRITORIALES INDIGENAS-Funcionamiento en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés ENTIDADES TERRITORIALES INDIGENAS-Alcance y contenido del Decreto 632 de 2018 RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y DE LA PERTENENCIA DE UNO DE SUS MIEMBROS Las autoridades administrativas y judiciales no son las llamadas a determinar si una comunidad existe o si un individuo pertenece a ella. Según lo establecido en los artículos 7° y 330 de la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT y en la jurisprudencia constitucional e interamericana, las propias comunidades son las que definen tal pertenencia de acuerdo a la conciencia de su identidad. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Vulneración por imponer actuaciones administrativas ajenas al procedimiento de inscripción del Decreto 632 de 2018 Referencia. Expedientes T-7.910.068 y T-7.979.604 (acumulados). Acciones de tutela instauradas por el Consejo Territorial Indígena del Pirá Paraná (T-7.910.068) y el Consejo Territorial Indígena del Medio Río Guainía (T-7.979.604) contra la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Magistrado Ponente: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Bogotá D.C. veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021) La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional integrada por la magistrada Diana Constanza Fajardo Rivera y los magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA I. Antecedentes 1. Expediente T-7.910.068 1. El señor Fabio Valencia Vanegas, en calidad de representante legal del Consejo Indígena del Territorio del Pirá Piraná (Vaupés)[1], promovió acción de tutela contra el Ministerio del Interior por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, la autodeterminación, la autonomía y el gobierno propio. El actor se fundó en los siguientes hechos. 1.1. Hechos[2] 2. El accionante expuso que el 10 de abril de 2018, el Gobierno nacional sancionó el Decreto 632 de 2018. Se trata de las normas para el funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. 3. El ciudadano indicó que los pueblos que habitan el territorio del Pirá Paraná[3] iniciaron el proceso para conformar su gobierno indígena según lo establecido en el referido decreto. En concreto, realizaron las siguientes acciones: i) entre el 14 de marzo y el 15 de abril de 2019 se realizaron recorridos en todo el territorio para establecer la voluntad de la comunidad de integrarse al Consejo; ii) entre el 3, 4 y 5 de mayo se determinó que 27 personas conformarían el Consejo Indígena y iii) el 5 de mayo se aprobó el reglamento, la integración, las funciones y se designó al representante legal del Consejo. 4. El actor señaló que el 26 de septiembre de 2019, solicitó al Ministerio del Interior el registro del Consejo Indígena (oficio con radicado EXTMI19-40681). Según el Decreto 632, la entidad contaba con quince días para contestar esa solicitud; sin embargo, esta no fue resuelta. De manera que el 23 de octubre, el ciudadano realizó una petición de vigilancia ante la Procuraduría General de la Nación. 5. El señor Valencia Vanegas mencionó que el 25 de octubre de 2019, el Ministerio del Interior respondió la petición y lo requirió para que: i) informara si las comunidades de Yoayá y Puerto Inaya tenían continuidad con las ubicadas dentro del resguardo y ii) remitiera el certificado de posesión de algunos capitanes relacionados en las actas comunitarias que no se encontraban registrados en las bases de datos del Ministerio. Según el actor, esos requerimientos vulneraron el debido proceso porque la solicitud de información no se ajustó a lo estipulado en el artículo 8° del Decreto 632 de 2018. 6. El accionante sostuvo que -no obstante la arbitrariedad del Ministerio- el 5 de noviembre de 2019 envió un escrito a tal autoridad: “advirtiendo que los requerimientos hechos exceden la regulación contenida en el Decreto Ley 632 de 2018 y solicitando que se procediera con el registro de manera inmediata”[4]. 7. El ciudadano agregó que el 20 de noviembre de 2019, el Ministerio respondió el último comunicado: “insistiendo en exigir dicha información y requisitos adicionales a los contemplados en el artículo 8 del mencionado Decreto Ley, es decir, reiterando la vía de hecho por defecto procedimental absoluto”[5]. 8. Con fundamento en lo expuesto solicitó: i) ordenar a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior (en adelante DAIRM) realizar el registro inmediato del Consejo Indígena por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8 referido; ii) prevenir a esa cartera para que se abstenga de incurrir en dilaciones injustificadas que vulneren los derechos de las comunidades indígenas y iii) ordenar a la Procuraduría General de la Nación realizar el seguimiento que le corresponde de acuerdo con sus competencias. 1.2. Trámite procesal 9. Mediante auto del 28 de noviembre de 2019[6], el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela y dispuso correr traslado del escrito. Igualmente ofició a la Procuraduría General de la Nación para que rindiera concepto respecto de las pretensiones de la parte accionante. 1.3. Contestación de la acción de tutela Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos[7] 10. El Procurador Delegado para Asuntos Étnicos indicó que, como lo describe el artículo 8° del Decreto 632 de 2018, el procedimiento administrativo de registro se surte en varias etapas y concluye con la negación o la inscripción del Consejo Indígena. El Ministerio Público sostuvo que la administración puede requerir información adicional para tomar la decisión correspondiente y que el ciudadano puede interponer los recursos en la vía administrativa[8]. La Procuraduría añadió que no existen antecedentes relacionados con la solicitud de vigilancia presentada por el actor. En todo caso, se manifestó dispuesta a realizar un seguimiento preventivo. Ministerio del Interior[9] 11. La entidad señaló que se configura una carencia de objeto por hecho superado porque la petición del 26 de septiembre de 2019 fue resuelta mediante el oficio OFI19-43543-DAI-2200 del 9 de octubre de 2019. Este se le notificó al actor tanto a los correos electrónicos como a la dirección física[10]. 12. La cartera ministerial aseguró que no ha dilatado el registro por cuanto las autoridades tradicionales y/o capitanes deben estar registrados en la DAIRM. Así lo dispone el numeral 3 de la Circular Externa CIR15-000000044-DAI-2200 del 29 de diciembre de 2015. Por último, el Ministerio indicó que no ha incurrido en vía de hecho por defecto procedimental porque no ha exigido requisitos adicionales a los contemplados en el artículo 8 del Decreto 632 de 2018. 1.4. Sentencias objeto de revisión Primera instancia 13. El 10 de diciembre de 2019, el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá concedió de manera parcial el amparo invocado[11]. 14. El juzgado hizo referencia a la situación de las comunidades Yoayá y Puerto Inaya a la luz de los artículos 9 y siguientes del Decreto 632 de 2018. Al respecto, el despacho sostuvo que el amparo no es el mecanismo idóneo para satisfacer tal pretensión porque la no municipalización de dichas comunidades implica la intervención de distintos organismos para completar el procedimiento. Por esa razón, declaró la improcedencia de la tutela para tales efectos. 15. Posteriormente, el juzgado se refirió a las inconsistencias en los datos de algunas autoridades de la comunidad y afirmó que las actas de posesión solicitadas por el Ministerio no eran documentos requeridos por el Decreto 632 de 2018. El despacho señaló que la entidad puede solicitar información adicional en virtud de la Circular Externa CIR 000000044 DAI 2200, pero ello no es óbice para dejar de realizar el respectivo registro si la solicitud satisface los requisitos que la ley establece. 16. La instancia determinó que las razones de la accionada frente a este punto no eran aceptables para abstenerse de realizar el registro de la comunidad porque en las actas comunitarias se encuentra plasmada la voluntad de la parte accionante[12]. Para el despacho, las razones del Ministerio son barreras administrativas que impiden el goce del derecho de asociación. Por lo tanto, le ordenó a la accionada que en 48 horas realizara los respectivos ajustes en sus bases de datos frente a ciertos capitanes de comunidad[13] y procediera con el registro del Consejo Indígena accionante: “salvo las comunidades de Yoayá y Puerto Inaya, frente a las cuales se conminará a las partes a seguir el procedimiento descrito en el artículo 9 del Decreto 632 de 2018”[14]. Impugnación 17. A través de apoderado[15], el accionante señaló que el a quo fundó su decisión en el artículo 9 del Decreto 632 de 2018. Sin embargo, sostuvo que la fase de conformación y registro de los Consejos Indígenas se regula exclusivamente por el artículo 8 de la mencionada norma. El abogado explicó que la interpretación restrictiva del Ministerio y del juez se basó en la diferencia entre Consejos Indígenas y Territorios Indígenas. Esto, en tanto “un asunto es el derecho de las comunidades a participar en la conformación del órgano de gobierno y otro distinto es la delimitación territorial”[16]. 18. Con fundamento en lo anterior, el ciudadano solicitó revocar la decisión de primera instancia y conceder todas las pretensiones contenidas en la acción de tutela. Segunda instancia 19. El 17 de febrero de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia[17]. El Tribunal resaltó que la respuesta ofrecida por el Ministerio del Interior fue completa, clara y de fondo respecto de lo solicitado. A su juicio, resultaba razonable, pertinente y adecuada la información adicional requerida dado que procuraba la finalidad integral prevista por el Decreto 632 de 2018. 1.5. Pruebas que obran en el expediente 20. A continuación se relacionan las pruebas que obran en el expediente: i) actas comunitarias de reconocimiento de las autoridades tradicionales para la conformación del Consejo Indígena del Río Pirá Paraná[18]; ii) quorum de las autoridades tradicionales y capitanes certificados por las diecisiete comunidades[19]; iii) petición del 26 de septiembre de 2019 mediante la cual se solicitó el registro del Consejo Indígena[20]; iv) respuesta del 9 de octubre de 2019 emitida por el Ministerio del Interior a la solicitud de registro[21]; v) oficio del 27 de marzo de 2020 por medio del cual se procedió a darle cumplimiento al fallo de tutela[22]; vi) recurso presentado por el Consejo Indígena del Pirá Paraná al oficio del 27 de marzo de 2020[23]; y vii) oficio del 21 de abril de 2020 que resolvió el recurso de reposición por parte del Ministerio del Interior[24]. 2. Expediente T-7.979.604 21. El señor Luis Uriel Carianil Pérez, en calidad de representante legal del Consejo Indígena del Territorio del Medio Río Guainía[25], promovió acción de tutela contra el Ministerio del Interior por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, la autodeterminación, la autonomía y el gobierno propio. El actor se fundó en los siguientes hechos. 2.1. Hechos[26] 22. El accionante señaló que el 10 de abril de 2018, el Gobierno nacional sancionó el Decreto 632 de 2018[27]. Se trata de las normas para el funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. 23. El actor indicó que los pueblos que habitan el territorio de la parte Media del Río Guainía[28] iniciaron el proceso para poner en funcionamiento su gobierno indígena. En concreto, ejecutaron las siguientes acciones: i) entre el 8 y el 14 de agosto de 2019 se realizaron recorridos en los cuales cada una de las comunidades del territorio certificó a sus autoridades tradicionales que los representarían en la asamblea general y expresó en actas su voluntad de integrarse al Consejo; ii) los días 16 y 17 de agosto de 2019, las autoridades tradicionales certificadas por las comunidades determinaron que 27 personas conformarían el Consejo Indígena y iii) el 18 de agosto de 2019 se aprobó el reglamento, la integración, las funciones generales y se designó al representante legal del Consejo. 24. El ciudadano adujo que el 26 de septiembre de 2019 solicitó al Ministerio del Interior el registro del Consejo Indígena (oficio con radicado EXTMI19-40683). Según el Decreto 632 de 2018, la entidad contaba con quince días para contestar esa solicitud. Sin embargo, el accionante indicó que esta no fue resuelta. De manera que el 23 de octubre de 2019, el ciudadano realizó una petición de vigilancia ante la Procuraduría General de la Nación. 25. El señor Carianil mencionó que el 25 de octubre de 2019, el Ministerio del Interior respondió la petición y lo requirió para que: i) informara si las comunidades de Amanaven y La Esperanza tenían continuidad con las ubicadas dentro del resguardo; ii) remitiera el certificado de posesión de algunos capitanes relacionados en las actas comunitarias que no se encontraban registrados en las bases de datos del Ministerio; y iii) remitiera copia del documento de identidad de un capitán registrado con otro número de documento. Según el actor, esos requerimientos constituyen una vía de hecho que vulnera el debido proceso porque la solicitud de información no se ajustó a lo estipulado en el artículo 8° del Decreto 632 de 2018. 26. El accionante sostuvo que, no obstante la arbitrariedad del Ministerio, el 5 de noviembre de 2019 envió escrito a tal autoridad: “advirtiendo que los requerimientos hechos exceden la regulación contenida en el Decreto Ley 632 de 2018”[29]. 27. El actor agregó que el 20 de noviembre de 2019, el Ministerio respondió el último comunicado: “insistiendo en exigir dicha información y requisitos adicionales a los contemplados en el artículo 8 del mencionado Decreto Ley, es decir, reiterando la vía de hecho por defecto procedimental absoluto”[30]. 28. Con fundamento en ello, solicitó: i) ordenar al Ministerio del Interior realizar el registro inmediato del Consejo Indígena del Medio Río Guainía; ii) prevenir a esa cartera para que se abstenga de incurrir en dilaciones injustificadas y iii) ordenar a la Procuraduría General de la Nación realizar el seguimiento que le corresponde de acuerdo con sus competencias. 2.2. Trámite procesal 29. Mediante auto del 11 de febrero de 2020[31], el Juzgado 12 de Familia de Bogotá admitió la acción de tutela. En esa providencia, dispuso: i) vincular a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, y a los señores Jairo Garrido Chico, Moisés Lauriano Soila, Nepo Evaristo, Gabriel Alberto Yavinape y Wilson Ventura Carianil[32] y ii) oficiar a la entidad accionada y a los vinculados para que se pronunciaran sobre los hechos planteados por el accionante. 2.3. Contestación de la acción de tutela Ministerio del Interior[33] 30. La entidad sostuvo que se configuraba una carencia de objeto por hecho superado porque la petición del 26 de septiembre de 2019 fue resuelta de fondo mediante oficio OFI19-43539-DAI-2200 del 9 de octubre de 2019[34]. 31. La cartera aseguró que no ha dilatado el registro porque las autoridades tradicionales y/o capitanes deben estar registrados en la DAIRM, como lo dispone el numeral 3 de la Circular Externa CIR15-000000044-DAI-2200 del 29 de diciembre de 2015. El Ministerio también señaló que no ha incurrido en vía de hecho por defecto procedimental porque no ha exigido requisitos adicionales a los contemplados en el artículo 8 del Decreto 632 de 2018. Finalmente, indicó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el registro del Consejo Indígena. Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior[35] 32. El director encargado de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior reiteró la respuesta allegada por la oficina asesora jurídica de esa cartera. Accionante 33. El señor Luis Uriel Carianil recordó que es él quien actúa en nombre de las autoridades tradicionales vinculadas al proceso. Aseguró que ninguno de ellos tiene correo electrónico y que la comunidad se encuentra en territorios aislados donde el acceso a la tecnología es prácticamente nulo debido al abandono estatal. 2.4. Sentencias objeto de revisión Primera instancia[36] 34. En sentencia del 25 de febrero de 2020, el Juzgado 12 de Familia de Bogotá concluyó que la acción de tutela era improcedente ante la configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior debido a que la petición fue respondida de conformidad con el estándar de protección establecido por la Corte Constitucional. El juzgado señaló que la autonomía de las comunidades indígenas no es absoluta porque estas se encuentran sujetas a la Constitución y a la ley, específicamente y para el caso que se estudia, a los requisitos contemplados en el Decreto 632 de 2018. Además, aseguró que no se demostró la ausencia de otros medios de defensa judicial[37]. Impugnación[38] 35. El accionante señaló que la decisión, además de incongruente, no resolvió la pretensión pues se concentró en el análisis del derecho de petición y en la autonomía de las comunidades, pero no abordó el asunto desde la totalidad de los derechos invocados. El recurrente argumentó que la decisión de primera instancia fue discriminatoria porque desconoció los derechos fundamentales “por razones de prejuicios sociales o personales”[39] al señalar que la acción de tutela solo procede para la protección de derechos individuales de manera que excluyó de ese amparo a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 36. Con fundamento en lo expuesto, el accionante solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y que se ordenara al Ministerio del Interior registrar al Consejo Indígena del medio Río Guainía dentro del término de 48 horas. Segunda instancia 37. El 24 de marzo de 2020, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia[40]. El Tribunal resaltó que la información adicional requerida por el Ministerio del Interior era necesaria para la adecuada ejecución del trámite del registro. Para la Sala resultaba pertinente verificar si dos comunidades pertenecen al resguardo con el fin de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9° del Decreto 632 de 2018. Asimismo, el Tribunal consideró que era necesario aclarar las inconsistencias evidenciadas con miras a la adecuada y transparente ejecución del trámite. 2.5. Pruebas que obran en el expediente 38. A continuación, se relacionan las pruebas que obran en el expediente: i) actas comunitarias que certifican a las autoridades tradicionales del Medio Río Guainía; ii) acta de la asamblea de autoridades tradicionales del Medio Río Guainía que designa a los 27 miembros del Consejo Indígena; iii) acta de la reunión del consejo indígena del Medio Río Guainía en la que se adoptó su correspondiente reglamento y se eligió a su representante legal; iv) petición del 26 de septiembre de 2019 con radicado EXTMI19-40683 dirigido a la entidad accionada, en el cual se solicitó el registro del Consejo Indígena; v) solicitud dirigida al Grupo de Supervigilancia de la Procuraduría General de la Nación, para que se brindara apoyo en el trámite de registro; vi) contestación del Ministerio del Interior, mediante oficio OFI-19-43539-DAI-2200 del 9 de octubre de 2019 a la solicitud de registro; vii) respuesta al oficio OFI-19-43539-DAI-2200 del 9 de octubre de 2019; viii) contestación del Ministerio del Interior del 20 de noviembre de 2019 a la insistencia de registro del Consejo Indígena. 3. Trámite en sede de revisión 39. Los asuntos fueron seleccionados por la Corte Constitucional para revisión y asignados al despacho del magistrado sustanciador[41]. 40. Mediante autos del 2 de noviembre de 2020 (expediente T-7.910.068) y 29 de enero de 2021 (expediente T-7.979.604), se requirieron diferentes elementos de juicio con el fin de constatar: i) el estado actual de los trámites de inscripción de las comunidades indígenas; ii) si los requisitos exigidos por el Ministerio del Interior están contemplados en el artículo 8 del Decreto Ley 632 de 2018; iii) si los accionantes remitieron la información solicitada por esa cartera y si habían recibido acompañamiento por parte de la Procuraduría General de la Nación; y iv) si las comunidades pertenecen a los resguardos indígenas correspondientes. 41. Además, en el primer proveído se invitó a diferentes organizaciones y entidades a presentar su concepto sobre la controversia y, en concreto, a indicar si se vulneraron los derechos invocados y a señalar qué acciones o medidas se podrían adoptar para evitar futuras transgresiones[42]. En respuesta a lo solicitado en los referidos autos se recibieron las siguientes intervenciones: Expediente T-7.910.068 Interviniente Argumentos Ministerio del Interior 1. En cumplimiento al fallo de tutela del 27 de marzo de 2020, expidió un acto administrativo que registró al señor Fabio Valencia Vanegas como representante legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná. Con ocasión de los recursos de reposición y en subsidio de apelación que interpuso el señor Valencia Vanegas, expidió un nuevo acto administrativo mediante el cual registró la conformación del Consejo Indígena y su representante Legal designado. 2. Sobre el registro de las comunidades de Yoayá y Puerto Inaya como partes del consejo referido, el 9 de octubre de 2019 se había solicitado información a la parte actora para que determinara si aquellas tenían continuidad dentro del resguardo y si no estaban dentro de las áreas municipalizadas. Ante la falta de respuesta, el 5 de diciembre emitió nuevamente el requerimiento reiterando la información solicitada. Fabio Valencia Vanegas, representante legal del Consejo Indígena del Territorio Pirá Paraná 1. El Ministerio del Interior no motivó la decisión de solicitar información adicional, ni las razones que impiden que las comunidades listadas integren el Consejo Indígena. 2. La entidad desconoció los tres momentos que consagra el Decreto 632 de 2018. El primero de ellos hace referencia a la conformación del Consejo Indígena. Este “no depende de la delimitación espacial sino de la conformación del órgano de gobierno propio”. En el segundo se alude a la puesta en funcionamiento de dicho consejo, momento en el que sí se establecen medidas para la delimitación territorial; y el tercer momento consiste en la “administración directa de recursos por parte de los Territorios Indígenas”. 3. En el oficio que dio cumplimiento al fallo de tutela, la autoridad faltó a la verdad al señalar que el Consejo Indígena del Pirá Paraná estaba compuesto por quince autoridades comunitarias o comunidades porque realmente está integrada por diecisiete. Procuraduría General de la Nación La Procuraduría se pronunció en los mismos términos referidos por el Ministerio del Interior. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 1. No tiene la competencia ni la información para determinar si las comunidades Yoayá y Puerto Inaya integran el Resguardo o la Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales del Río Pirá-Paraná Vaupés; y si tienen continuidad con las comunidades ubicadas dentro del Resguardo. 2. El procedimiento para construir, ampliar, restructurar y sanear los resguardos indígenas es competencia de la Agencia Nacional de Tierras (en adelante ANT) según lo establecido en el Decreto 2164 de 2015 y en el Decreto 071 de 2015. Solo cuando la ANT emite un acto administrativo sobre la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos indígenas, al IGAC le corresponde incluir la información catastral en los registros cartográficos oficiales. Departamento Nacional de Estadística (DANE) 1. Sus competencias en el marco del Decreto 632 de 2018, hacen necesario que previamente la ANT emita un acto administrativo de verificación, visita y estudio técnico de delimitación y linderos del territorio indígena, para proceder con la certificación de la proporción de población total que ocupa el resguardo indígena. 2. El Consejo Indígena Pirá Paraná es el que tiene el conocimiento de qué comunidades pertenecen a la Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales del Río Pirá-Paraná. 3. El DANE no puede inferir qué comunidades integran la ACAIPI en tanto que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 solo indagó sobre aspectos relacionados con territorialidades definidas por actos administrativos (ordenanzas departamentales, acuerdos municipales o acuerdos de constitución de territorios étnicos). Agencia Nacional de Tierras 1. Verificadas las bases de datos de la entidad no se registró acto administrativo alguno en favor de la comunidad accionante. 2. No tiene certeza si las comunidades Yoayá y Puerto Inaya integran el resguardo al que se refiere la acción de tutela, por lo que requiere más información, ya sea un mapa de localización, un plano de levantamiento topográfico, u otro insumo similar para precisar si dichas comunidades se encuentran dentro de los territorios adjudicados. 3. La información geográfica que tiene la entidad corresponde al levantamiento topográfico en los territorios colectivos constituidos, ampliados y/o saneados. Dentro de estos no se delimita espacialmente la distribución de sus parcelas o las comunidades étnicas que los ocupen. Ello, acorde con el artículo 22 del Decreto 2164 de 1995, el cual estableció que “las áreas que se constituyan con el carácter de resguardo indígena serán manejadas y administradas por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres (…)”. Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) 1. No es aceptable que el Ministerio del Interior registre a unas comunidades y a otras no bajo la lectura parcializada del sistema integral del territorio y del gobierno propio. De ahí la necesidad de entender el alcance de las etapas contempladas en el Decreto Ley 632 de 2018. 2. La lectura errada del Decreto 632 de 2018 por parte del Ministerio induce a yerros al juez de instancia, que efectivamente reconoce una barrera institucional, pero predicable a los trámites del Decreto 1088 de 1993 que regula el derecho de asociación. Sin embargo, no se advierte que el registro de los consejos indígenas está reglado en otra normativa que se expidió solamente para los territorios indígenas de Amazonas, Guainía y Vaupés. 3. Medidas que se podrían adoptar para evitar futuras transgresiones: i) declarar la vulneración a los derechos invocados y ordenar el registro de las 17 comunidades; ii) disponer la adecuación institucional del Ministerio del Interior y definir un protocolo para que diferencien claramente las etapas del Decreto 632 de 2018; iii) materializar el marco normativo atendiendo a los principios que debe seguir todo el procedimiento; y iv) exhortar al Ministerio Público para que emplee un enfoque diferencial indígena como garante de la promoción y vigilancia de los derechos de las comunidades. Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) 1. Para el cumplimiento de su objeto, el Decreto 632 de 2018 establece dos capítulos que persiguen un fin diferenciado: i) el Capítulo III hace referencia a la conformación, registro e inscripción de los Consejos Indígenas y ii) el Capítulo IV regula la “solicitud para poner en funcionamiento los territorios indígenas”. Para esta segunda etapa, los Consejos Indígenas ya deben estar registrados y constituidos, acorde con las propias instituciones, usos, reglas, costumbres y demás expresiones organizadas en su ámbito territorial específico. 2. Por ende, el Ministerio del Interior vulneró los derechos del Consejo Indígena del Territorio Indígena del Pirá Paraná. Esta vulneración se configuró en la etapa inicial del procedimiento al haberse obstruido, dilatado y negado el registro. Fundación Gaia Amazonas 1. El Ministerio del Interior intervino de forma indebida en la esfera de autodeterminación de los pueblos. El registro parcial y la solicitud de información adicional a la contemplada en la norma desconoció los derechos, usos, costumbres y el artículo 330 de la Constitución que faculta determinar la propia conformación de los consejos indígenas. 2. Los jueces de instancia fundamentaron sus decisiones en el derecho de asociación. Eso denota la incomprensión del asunto pues las comunidades indígenas son titulares de derechos fundamentales distintos e independientes de los derechos de sus miembros individualmente considerados. El debate gira en torno a los derechos de autonomía, autodeterminación y gobierno propio. 3. Para evitar futuras transgresiones se debe: i) precisar, delimitar y reiterar el alcance de la función de registro; ii) sentar las bases interpretativas que permitan dar un tratamiento adecuado a las situaciones de traslape parcial de algunos municipios con los territorios indígenas; iii) precisar las diferencias entre los derechos de autogobierno y asociación de los pueblos y territorios indígenas; iv) conminar al Ministerio para que internamente se adecúe en función de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios; y v) brindar orientación a las entidades públicas con el fin de evitar mayores dilaciones que obstaculicen el ejercicio pleno de los derechos. Defensoría del Pueblo 1. El registro busca promover y defender la diversidad étnica del país, por lo que es un contrasentido imponer requisitos formales contrarios a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. 2. Es necesario que la Corte fije un precedente donde ajuste el ejercicio de las competencias propias de la DAIRM a los requisitos específicos previstos en la normativa vigente. 3. El requerimiento de información adicional hecho por la DAIRM a los accionantes traslada injustificadamente la carga de la prueba al representante legal del Consejo Indígena. El Ministerio del Interior tiene la competencia para requerir y coordinar con distintas entidades cuando se trata de verificar si las comunidades integran el resguardo. Instituto Colombiano de Antropología e Historia El Ministerio del Interior no debía imponer trabas para efectuar la inscripción del registro del Consejo Indígena. Dicho consejo tomó una decisión en el marco de sus derechos de autogobierno y autodeterminación. Por lo tanto, le es facultativo definir su jurisdicción, máxime cuando la misma tiene sustrato en su resguardo indígena. Esther Sánchez Botero 1. Se vulneraron los derechos de las comunidades porque no hubo una valoración de las razones culturales por parte de la entidad para obtener un conocimiento adecuado para aplicar el Decreto 632 de 2018. 2. Según Andrés Hoekma: “el derecho indígena aporta al derecho positivo nacional en los ámbitos sociales donde su aplicabilidad debe ser prevalente. Entonces, se da una simultaneidad igualitaria de los dos sistemas de derecho y ambos pueden complementarse en la aplicación de las leyes y los reglamentos nacionales, pues se toma en consideración la cosmovisión y la cultura específica de los involucrados”. Por lo tanto, ambos sistemas se complementan y subsisten de forma simultánea en el funcionamiento de todo el orden y de ese modo se incluye la cosmovisión y la cultura de todos los involucrados. 3. En el marco aplicativo del decreto referido y en virtud de la construcción de la comprensión intercultural en el ámbito del pluralismo jurídico, se torna imperativo fortalecer los principios constitucionales que edifican el Estado social de derecho, a través de ajustes concertados que conlleven a una mayor igualdad para los pueblos indígenas. Pronunciamiento del actor sobre las pruebas trasladadas 1. La respuesta del Ministerio del Interior exhibe inconsistencias y afirmaciones que faltan a la verdad, pues el Consejo indígena ha dado respuesta oportuna a cada uno de los requerimientos. 2. Por parte de la Procuraduría no se aprecia mayor diligencia para el cumplimiento certero de la orden de proteger a las dos comunidades excluidas del registro. 3. De manera contraevidente, el Instituto Geográfico Agustín CodazzI (en adelante IGAC) indicó que no tiene competencia en el marco de la implementación del Decreto ley 632 de 2018, cuando en la fase II se avizoran claras competencias concurrentes con la ANT y otras entidades. Además, respuestas como la brindada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE) evidencian la desarticulación institucional. 4. Lo informado por la ANT muestra que quienes administran y verifican la información de los territorios indígenas son las autoridades tradicionales. Para el caso de la primera fase del Decreto Ley 632 (registro) es suficiente la información certificada que aportan las autoridades indígenas. 5. Comparte en su totalidad los conceptos de la Organización Nacional de los Pueblos de la Amazonía Colombiana, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Fundación Gaia Amazonas, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la doctora Esther Sánchez Botero. Expediente T-7.979.604 Interviniente Argumentos Luis Uriel Carianil Pérez, representante legal del Consejo Territorial Indígena del Medio Río Guainía 1. Siempre ha dado respuesta oportuna a las solicitudes del Ministerio, aun cuando estas no fueron motivadas ni se ajustaban a los requisitos establecidos en el Decreto 632 de 2018. 2. El Consejo Indígena se conformó por 27 autoridades del territorio, no todas ellas capitanes de las comunidades. Al exigir las actas de posesión de los capitanes, el Ministerio impuso una única forma de autoridad, lo cual no es consecuente con el Decreto 632. 3. A la fecha, no han recibido acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Ministerio del Interior 1. Después de una revisión exhaustiva de la información que reposa en las bases de datos de la entidad, el 7 de julio de 2020 se emitió el Oficio No. OFI2020-22309-DAI-2200 con el cual se registró el Consejo Indígena del Territorio Indígena Medio Río Guainía. 2. En el registro se incluyó a la autoridad de la comunidad indígena Amanaven Yari. Sin embargo, no se incluyó a la autoridad de la comunidad La Esperanza, porque no se encuentra registrada en tal calidad ante el Ministerio. Instituto Geográfico Agustín Codazzi 1. No tiene la competencia ni la información para determinar si las comunidades Amanaven y La Esperanza pertenecen al Resguardo del Medio Río Guainía. 2. En lo demás, el IGAC reiteró la respuesta brindada para el expediente T-7.910.068. Agencia Nacional de Tierras Verificadas las bases de datos de la entidad “no existe evidencia de la inclusión o no de las comunidades de Amanaven y La Esperanza como parte de dicho Resguardo, al momento de su constitución”. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 1. Debido a que para el Consejo Indígena del Medio Río Guainía no se ha agotado en debida forma el procedimiento contemplado en el Decreto 632 de 2018, no está en la posibilidad de generar información demográfica de ese territorio indígena. Por lo tanto, no es posible inferir cuáles comunidades pertenecen al resguardo. 2. En lo demás, el DANE reiteró la respuesta brindada para el expediente T-7.910.068. Pronunciamiento del actor sobre las pruebas trasladadas El hecho de que el IGAC indique que no tiene competencia en la implementación del Decreto 632 de 2018, ratifica su desconocimiento del marco legal contenido en esa normatividad. II. Consideraciones de la Corte Constitucional 1. Competencia 42. Esta Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991. 2. Presentación de los casos, planteamiento del problema jurídico y metodología de decisión 43. Los representantes legales de los Consejos Indígenas del Pirá Paraná y del Medio Río Guainía iniciaron el proceso de puesta en funcionamiento de sus territorios. Para ello presentaron la solicitud de registro ante la DAIRM del Ministerio del Interior. En respuesta a ambas solicitudes, la entidad requirió información adicional relacionada con la ubicación de las comunidades, las actas de posesión de algunos capitanes no registrados y la verificación de datos inconsistentes. A juicio de los accionantes, el Ministerio del Interior está exigiendo información adicional a la contemplada en el artículo 8° del Decreto 632 de 2018, lo que desconoce sus derechos fundamentales a la autodeterminación, la autonomía y el gobierno propio. 44. En el caso del Consejo Indígena del Pirá Paraná (T-7.910.068) el juez de primera instancia concedió parcialmente el amparo. El despacho indicó que la información adicional requerida se convirtió en una barrera administrativa que impidió el goce del derecho de asociación. Por lo tanto, el juzgado le ordenó a la accionada registrar el Consejo Indígena salvo las comunidades de Yoayá y Puerto Inaya, frente a las cuales conminó a las partes a seguir el procedimiento descrito en el artículo 9 del Decreto 632 de 2018. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia. 45. En el asunto del Consejo Indígena del Medio Río Guainía (T-7.979.604) los jueces de instancia declararon la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior porque la petición fue respondida de conformidad con el estándar de protección establecido por la Corte Constitucional. 46. En sede de revisión, la Sala recaudó diferentes medios probatorios que permitieron constatar el estado actual de los trámites de inscripción, así como conceptos de diferentes organizaciones y entidades sobre el objeto de la controversia. 47. A partir de lo anterior, le corresponde a esta Corporación determinar si ¿la DAIRM vulneró los derechos al debido proceso, al autogobierno y a la autodeterminación de los pueblos indígenas, al imponer exigencias no contempladas en el artículo 8° del Decreto 632 de 2018 para culminar el trámite de registro de los Consejos Territoriales del Pirá Paraná y del Medio Río Guainía? 48. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a: i) la autonomía de los pueblos indígenas y el derecho a autoidentificarse e identificar a sus semejantes como parte de la comunidad y ii) la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés en virtud de lo consagrado en el Decreto 632 de 2018. Con fundamento en lo anterior, la Sala resolverá los casos concretos. 3. La autonomía de los pueblos indígenas y el derecho a autoidentificarse e identificar a sus semejantes como parte de la comunidad. Reiteración de jurisprudencia[43] 49. Uno de los principales cambios que trajo la Constitución Política de 1991 fue el reconocimiento del carácter pluralista del Estado y la consecuente reivindicación y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Este pilar se consolidó a través de la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas, es decir, la Carta reconoció a estos grupos como titulares de derechos. Significa entonces que la Constitución declaró a las comunidades indígenas como sujetos colectivos “y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (C.P. art. 88)”[44]. 50. La diversidad se materializa de múltiples maneras, desde el lenguaje y las tradiciones, hasta la forma en que una comunidad decide organizarse económica, social y jurídicamente, de manera que se garantice su supervivencia[45]. Precisamente una de las garantías de los pueblos indígenas es la libre determinación o autonomía “fundada en el reconocimiento de la coexistencia de diversas concepciones del mundo -pluralidad- y el valor de esa diversidad”[46]. 51. La autonomía de las comunidades indígenas ha sido definida como la capacidad con la que cuentan de darse su propia organización social, económica y política, es decir, “el derecho que tienen a decidir sobre los asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos de la comunidad, de conformidad con sus referentes culturales y cosmovisión”[47]. 52. La Corte Constitucional se ha referido al alcance del derecho a la autonomía de los pueblos a través de la identificación de tres ámbitos de aplicación[48]: i) la participación en las decisiones que involucren sus derechos e intereses (ámbito externo); ii) la participación en la toma de decisiones políticas y iii) el autogobierno de los pueblos. Este se manifiesta en la jurisdicción especial indígena, la identificación de los territorios indígenas como entidades territoriales, y el gobierno propio mediante consejos conformados de acuerdo con sus usos y costumbres (ámbito interno, artículo 330 de la Constitución)[49]. 53. Sobre este último, la Corte ha señalado que es fundamental para la preservación de la cultura de los pueblos indígenas, de manera que el Estado debe adoptar medidas en favor del cumplimiento de esta prerrogativa y abstenerse de realizar acciones tendientes a interferir de manera indebida en las decisiones que los pueblos indígenas tomen frente a sus autoridades tradicionales y sus representantes. Esta Corporación lo explicó en los siguientes términos: “[al Estado le] compete el deber de abstenerse de interferir de cualquier manera en la toma de decisiones que en desarrollo de su autonomía corresponde adoptar a los integrantes de las comunidades indígenas. Siendo sin duda una de tales decisiones, e incluso una de las más importantes, la referente a la elección de las autoridades que de conformidad con sus propias tradiciones, usos y costumbres, habrán de gobernar a la comunidad indígena en cuestión, dentro del ámbito de sus competencias reconocidas por la Constitución de 1991”[50]. 54. En concordancia con lo anterior, es preciso hacer mención al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes[51]. Se trata del principal referente en Colombia para el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados. Este instrumento internacional parte del reconocimiento de las aspiraciones de esos pueblos “a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones”[52]. De ahí que consagre los deberes de respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de los pueblos[53], así como de establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos[54]. 55. De lo descrito se deriva, además, el autorreconocimiento. Este es el núcleo del derecho de las comunidades indígenas a autoidentificarse e identificar a sus semejantes como parte de la comunidad. Se trata de otro elemento de la autonomía de los pueblos que resulta determinante para la identificación de los grupos indígenas y de sus miembros[55]. 56. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) ha resaltado que el “criterio de autoidentificación es el principal para determinar la condición de indígena, tanto individual como colectivamente en tanto pueblos”[56]. En cuanto a la autoidentificación colectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) explicó: “La identificación de la Comunidad, desde su nombre hasta su composición, es un hecho histórico social que hace parte de su autonomía. Este ha sido el criterio del Tribunal en similares situaciones[57]. Por tanto, la Corte y el Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la Comunidad, es decir, la forma cómo ésta se auto-identifique”[58]. 57. En la sentencia sobre el caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam la Corte IDH resaltó que el hecho de que algunos miembros individuales del pueblo Saramaka vivan fuera del territorio tradicional y en un modo que difiere de otros Saramakas no afecta la distinción de este grupo tribal ni tampoco el uso y goce comunal de su propiedad. La Corte también resaltó que la cuestión de si algunos miembros autoidentificados pueden afirmar ciertos derechos comunales en nombre de la personalidad jurídica de dicho pueblo la “debe resolver sólo el pueblo Saramaka de conformidad con sus propias costumbres, y no el Estado o esta Corte en el presente caso”[59]. Asimismo, el tribunal interamericano indicó que “la falta de identificación individual respecto de las tradiciones y leyes Saramaka por parte de algunos miembros de la comunidad no puede utilizarse como un pretexto para denegar al pueblo Saramaka el derecho a la personalidad jurídica”[60]. 58. Este referente de la jurisprudencia interamericana es de especial relevancia. Lo anterior porque reconoce que son los propios pueblos indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres, los que identifican su funcionamiento y la pertenencia de sus miembros a la comunidad. 59. La Corte Constitucional no ha sido ajena a la importancia de la autoidentificación de los pueblos en los términos previamente referidos. Aunque la jurisprudencia ha determinado algunos factores que pueden ser indicativos de la calidad de indígena (i.e. usos, costumbres o la relación con el territorio), lo cierto es que el elemento principal de identificación se deriva de la consciencia, el reconocimiento y la reivindicación de su condición de indígena. Esto, porque el carácter pluralista del Estado “impide la imposición, desde la concepción de la sociedad mayoritaria, de criterios formales y sustanciales para la definición, determinación e identificación de los pueblos indígenas”[61]. De ahí que esta corporación haya reiterado que la Constitución “rechaza posturas universalistas y de asimilación de la diferencia, basadas en la homogeneidad en la comprensión de los derechos”[62]. 60. Si bien el reconocimiento formal de una comunidad por parte del Estado contribuye a demostrar su existencia, no la determina. En otras palabras, “el hecho de que una comunidad no aparezca en un registro institucional o en un censo no descarta que ‘exista’, pues la identidad colectiva parte de un ejercicio de reconocimiento propio”[63]. Por lo tanto: “No son las autoridades administrativas ni judiciales las llamadas a establecer si una comunidad étnica ‘existe’, si es ‘étnicamente diversa’ o si determinando individuo pertenece o no a ella. Tal ejercicio debe ser efectuado por las propias comunidades, en ejercicio de su autonomía, por ser la conciencia de identidad el elemento que define, en los términos del Convenio 169 de 1989, si un sujeto colectivo puede ser considerado como titular de los derechos especiales que allí se contemplan”[64]. 61. Se concluye entonces que la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación significó un cambio trascendental en la concepción del Estado implementada en la Constitución de 1991. Una de las principales garantías reconocidas a las comunidades indígenas fue la autonomía o autodeterminación de los pueblos. Esto es, el derecho que les asiste a decidir sobre los asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos, de acuerdo con sus usos y costumbres. Dentro de los ámbitos de aplicación de la autonomía de los pueblos indígenas se encuentra el derecho al autogobierno. Este busca garantizar la autonomía en el establecimiento de sus instituciones jurídicas y sistemas tanto normativos como de gobierno. En consecuencia, no son las comunidades indígenas las que deben ajustar su funcionamiento interno a la normatividad de la sociedad mayoritaria. Es esta última la que debe respetar el derecho de los pueblos a autoidentificarse e identificar a sus miembros, es decir, reconocer la existencia y validez legal del sistema de derecho propio indígena[65]. 4. La puesta en funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. El contenido del Decreto 632 de 2018 62. La Constitución de 1991 estableció las Entidades Territoriales Indígenas (en adelante ETIs) como parte de la organización política del territorio colombiano. El artículo 329 de la Carta condicionó el funcionamiento de las ETIs a la expedición de una ley orgánica de ordenamiento territorial. Sin embargo, hasta el momento dicha ley no se ha promulgado. Por esa razón, el Congreso de la República autorizó al Gobierno nacional para que expidiera decretos que permitieran regular la materia (artículo 56 transitorio), dentro de los cuales se encuentra el Decreto 632 de 2018[66]. 63. Ese decreto ha sido reconocido como “el avance más significativo en la reglamentación del funcionamiento de las ETIs como figuras político-administrativas en igualdad de condiciones con los municipios y los departamentos”[67]. Lo anterior, en la medida que permite a las comunidades indígenas diseñar y ejecutar sus propias políticas económicas y sociales[68]. Como se reconoció en el considerando del Decreto 632 de 2018, era necesario desarrollar un régimen específico para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés “en razón de las particularidades dadas por su dispersión geográfica, la alta diversidad cultural y los valores ambientales de sus territorios”[69], de manera que se materialice el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas que ostentan estas condiciones. 64. Por lo tanto, el referido decreto llenó un vacío legal de aproximadamente 27 años respecto de los pueblos de la Amazonía que, “a pesar de estar gobernada, conservada y manejada por los pueblos indígenas, sus formas de gobierno, sus sistemas de educación, salud y manejo territorial y ambiental no estaban reconocidas formalmente por el Estado Colombiano”[70]. De ahí que la adopción del Decreto 632 marcara “un hito para los pueblos indígenas amazónicos y su lucha por el reconocimiento de sus Territorios ancestrales”[71]. 65. Según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Ley 2893 de 2011[72], el Ministerio del Interior tiene la competencia de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en diversas materias, entre las que se incluyen los asuntos étnicos y minorías. Una de las dependencias del Ministerio es la DAIRM, la cual está adscrita al Despacho del Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos. 66. El artículo 13 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 1° del Decreto 2340 de 2015, establece las funciones a cargo de la DAIRM. Dentro de estas se encuentra la de “[l]levar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su actualización” (numeral 7°). 67. Esta función de registro está relacionada con las disposiciones contenidas en el Decreto 632 de 2018. El objetivo es establecer normas transitorias relativas a la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas ubicados al interior de los resguardos en áreas no municipalizadas[73] de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés (artículo 1°). 68. Según dicha normatividad, los territorios indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas de los referidos departamentos serán organizaciones político-administrativas de carácter especial, para el ejercicio de las funciones públicas establecidas en el decreto, a través de sus autoridades propias (artículo 3°). Estos territorios serán gobernados a través de los Consejos Indígenas que son entendidos como la forma de gobierno indígena, conformados y reglamentados a través de sus usos y costumbres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución (artículo 6°). 69. El funcionamiento de los territorios indígenas se lleva a cabo en tres etapas: i) conformación, registro e inscripción del Consejo Indígena; ii) solicitud para la puesta en funcionamiento del territorio indígena; y iii) administración de las fuentes de financiamiento. Estas fases se pueden explicar de la siguiente manera: Procedimiento para la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas ubicados al interior de los resguardos en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. Decreto 632 de 2018 ETAPA REQUISITOS Primera etapa Artículos 6 a 8 Conformación, registro e inscripción del Consejo Indígena 1. Los territorios indígenas serán gobernados por los Consejos Indígenas. 2. El Consejo Indígena designará un representante. Este ejercerá la representación legal y las funciones administrativas para la solicitud de registro, delimitación y puesta en funcionamiento. 3. El representante legal presentará la solicitud de registro del Consejo Indígena ante la DAIRM, en el formulario establecido para tal efecto, el cual se acompañará de los siguientes documentos: - Actas comunitarias que certifiquen a las Autoridades Tradicionales. - Actas de designación de los miembros del Consejo Indígena, por parte de las Autoridades Tradicionales. - Acta de reunión del Consejo Indígena, en la que se debe indicar: i) reglamento del Consejo Indígena aprobado, que contenga la forma de integración y funciones de sus miembros; ii) designación del representante legal del Consejo Indígena. 4. La DAIRM tendrá de 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud. Si hace falta algún documento, requerirá por escrito y por una sola vez al representante legal del Consejo Indígena para que aporte la información faltante en un plazo de 30 días hábiles. Si vencido el plazo no se aporta la documentación requerida, se entenderá que el representante legal desiste de la solicitud, sin perjuicio de que pueda ser presentada nuevamente. Si la solicitud cumple con los requisitos descritos, la DAIRM expedirá un acto administrativo de inscripción del Consejo Indígena en el registro. Segunda etapa Artículos 9 a 18 Solicitud para la puesta en funcionamiento del territorio indígena. 1. El representante legal del Consejo Indígena presentará la solicitud para la puesta en funcionamiento del territorio indígena ante la DAIRM, en el formulario establecido para tal efecto, el cual se deberá acompañar de los siguientes documentos: - Acto administrativo de registro. - Actas suscritas por cada una de las comunidades que integrarán el territorio donde expresa su voluntad de poner en funcionamiento y autoriza al representante legal del Consejo Indígena a suscribir los documentos y adelantar los trámites requeridos para ese propósito. - Propuesta de delimitación del territorio indígena. Es necesario que se trate de áreas que no se encuentren en jurisdicción municipal alguna, y que, al mismo tiempo, se encuentren dentro del ámbito territorial indígena en el área de resguardo, pudiendo coincidir de manera parcial o total con uno o varios resguardos. - Propuesta del régimen administrativo. - Propuesta de las funciones que asumirá el territorio indígena. - Plan Integral de Vida del territorio indígena o su equivalente. - Plan de fortalecimiento institucional, especificando las acciones y el presupuesto requerido. 2. Si hace falta algún documento, la DAIRM requerirá por escrito y por una sola vez al representante legal para que aporte la información faltante, en un plazo de 30 días hábiles. Si vencido el plazo no se aporta la documentación requerida, se entenderá que desiste de la solicitud, sin perjuicio de que pueda presentarla nuevamente. Si la solicitud cumple con la totalidad de los requisitos descritos, la DAIRM continuará con el trámite de traslado de la solicitud. 3. La DAIRM pondrá en conocimiento de los departamentos en cuya jurisdicción se pretende poner en funcionamiento el territorio indígena, la solicitud para que presenten observaciones o sugerencias. 4. La DAIRM dará traslado de la solicitud de delimitación del territorio indígena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para que suministre la cartografía oficial a escala disponible, debiendo remitirla a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entidad que deberá hacer una visita a las comunidades y realizar un estudio técnico que contendrá la delimitación del territorio. 5. El DANE realizará la identificación de la población del territorio indígena luego de lo cual la ANT expedirá el acto administrativo de delimitación del territorio indígena y el Ministerio del Interior protocolizará el acuerdo intercultural de puesta en funcionamiento del territorio indígena. Tercera etapa Artículos 19 a 33 Administración de las fuentes de financiamiento El Decreto 632 de 2018 establece las fuentes de financiamiento, el régimen de ejecución de los recursos, así como la posibilidad de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas puestos en funcionamiento de administrar y ejecutar los recursos...