Sentencia T-070 de 2007

T-070-07 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-070/07 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Procedencia excepcional CORTE CONSTITUCIONAL-Aplicación precedente atendiendo el efecto erga omnes de los fallos de constitucionalidad VIA DE HECHO-Defectos para calificar una sentencia como tal ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad” que el de “vía de hecho” SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Obligatoriedad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debe verificar en cada caso concreto la procedencia ACCION DE TUTELA-Procedencia por vulneración o amenaza de derechos fundamentales por acción u omisión de cualquier autoridad pública/JUEZ-Es autoridad pública y sus providencias constituyen su principal forma de acción/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia cuando constituyen vías de hecho/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos erga omnes CORTE CONSTITUCIONAL-Interpretación con autoridad de sus mismas sentencias ACCION DE TUTELA PARA RELIQUIDACION DE PENSIONES-Cumplimiento de requisitos genéricos de procedencia ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Decisión de darle trámite se ajusta a lo establecido por la Corte Constitucional/CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva REGIMEN DE TRANSICION SEGUN LEY 100 DE 1993-Pensionados cumplen requisitos previstos en la Ley 33 de 1985 INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Fórmula de cálculo INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reconocimiento en sentencias de instancia/INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Inconformidad con fórmula aplicada por los jueces SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No incurrió en vía de hecho pues aplicó la fórmula y lo previsto en artículo 36 de la ley 100/93 para obtener la indexación de la primera mesada pensional INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Actualización del promedio devengado anualmente y no globalmente según artículo 36 de la Ley 100/93 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia por interpretación de la ley ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No existe falta de motivación ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No desconoció el precedente jurisprudencial Reiteración de Jurisprudencia Referencia: expedientes acumulados T-1424117 y T-1431017.[1] Acciones de tutela instauradas por separado por Jorge Rubio Ávila; y por Gustavo Patiño Carrillo y otros contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Bogotá D.C., primero (1) de febrero de dos mil siete (2007). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dentro del expediente T-1424117 en el proceso instaurado a través de apoderado judicial por Jorge Rubio Ávila y dentro del expediente T-1431017 en el proceso instaurado por Gustavo Patiño Carrillo, Antonio Gómez, Hugo Salvador Zambrano Acuña, Bernarda Alicia Garreta, Leonel Rivas Minota, Héctor Jaime López Gil, José Antonio Macias Sopo y Esau Andrade Obregón actuando en nombre propio y como agentes oficiosos de los señores Salvador Triana, Luis Eduardo Silva Cortés, Carlos Alberto Arciniégas Galindo, Nolasco Olaya Prieto, Nohora Herrera de Quintero, Álvaro León Martínez Balcazar y Ramón Eugenio Duque Hincapié contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. I. ANTECEDENTES 1. Demandas de tutela - Expediente T-1424117 Jorge Rubio Ávila a través de apoderado judicial instauró el 10 de mayo de 2006, acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que ésta le vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso. Sostiene que la accionada incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo al inaplicar normas constitucionales. Los hechos que fundamentan la acción de tutela son los siguientes: 1. Afirma el accionante, que estuvo vinculado al Banco Cafetero entre el 2 de noviembre de 1963 y el 31 de julio de 1988, razón por la que mediante Resolución No.030 del 6 de marzo de 2000, la entidad bancaria le reconoció la pensión de jubilación oficial, en la que no tuvo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y desconoció que el promedio salarial para determinar el monto de la pensión debería ser indexado. 2. Por lo anterior, instauró demanda en proceso ordinario laboral contra el Banco Cafetero, para obtener la reliquidación de la primera mesada pensional, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando la variación del Índice de Precios al Consumidor – IPC, que afectó la base de liquidación a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha en que empezó a disfrutar de la pensión de jubilación. 3. Al contestar la demanda el Banco Cafetero, aceptó la relación laboral y el salario devengado y argumentó que la pensión que reconoció es la prevista en el régimen pensional de la ley 100 de 1993 y por tanto la primera mesada pensional deberá indexarla el ISS o la entidad administradora de pensiones, cuando asuma la pensión del actor en la parte que corresponda. 4. En su sentencia del 13 de mayo de 2003, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, D.C. condenó a la demandada a reajustar el valor inicial de la pensión de jubilación a la cantidad mensual de $1.120.170 y a pagar las diferencias que resulten al realizar la reliquidación de la mesada y el reajuste de las mesadas adicionales. 5. El Banco apeló la sentencia del Juzgado, la cual fue modificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en providencia del día 29 de octubre de 2004, al considerar que la mesada inicial de la pensión de jubilación a que tiene derecho el actor debía ser la cantidad de $942.474.17 a partir del 19 de enero de 2000. 6. El Banco Cafetero interpuso recurso de casación, el cual fue resuelto mediante sentencia del día 14 de marzo de 2006, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que decidió casar la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., y por tanto modificó el fallo de primera instancia al ordenar al Banco Cafetero reajustar la pensión en la suma de $388.705, con los incrementos legales. Por lo anterior, considera que el fallo proferido por el alto tribunal, ha vulnerado su derecho fundamental a la igualdad por cuanto pese a encontrarse en circunstancias similares a la de otros pensionados en los que la misma corporación ha reconocido la indexación de la primera mesada pensional, se apartó de su propio precedente y resolvió desfavorablemente las pretensiones del actor profiriendo un fallo abiertamente discriminatorio. En su escrito de demanda, cita algunas de las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia para señalar la vulneración aludida y la vía de hecho en que se ha incurrido. Así las cosas, solicita se deje sin efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se libren las órdenes que el fallo contenga, directamente a la entidad bancaria por ser la que debe reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación del accionante. Trámite previo. Previo a iniciar el trámite de la presente acción de tutela, la misma fue instaurada a través de apoderado judicial por el señor Jorge Rubio Ávila, contra la sentencia de casación dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 14 de marzo de 2006. Mediante providencia proferida el 30 de mayo de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó la demanda de tutela, por cuanto estaba dirigida contra una sentencia de casación de la Sala Laboral, la cual es “intangible e inmutable”, y por tanto sus decisiones expedidas en su condición de órgano límite pueden controvertirse por ninguna otra autoridad judicial, bajo ningún pretexto por cuanto no existe corporación o entidad que tenga jerarquía superior en esa área funcional. En vista de lo anterior, y con fundamento en el Auto 004 del 17 de febrero de 2004 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que autoriza, como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, acudir ante cualquier juez para presentar las acciones de tutela, en caso de rechazo del trámite de la acción de tutela contra providencias judiciales, mediante auto del 20 de junio de 2006, la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, admitió el trámite de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Rubio Ávila. - Expediente T-1431017 Gustavo Patiño Carrillo, Antonio Gómez, Hugo Salvador Zambrano Acuña, Bernarda Alicia Carreta, Leones Rivas Minota, Héctor Jaime López Gil, José Antonio Macias Sopo y Esas Andrade Obregón actuando en nombre propio y como agentes oficiosos de los señores Salvador Tirana, Luís Eduardo Silva Cortés, Carlos Alberto Arciniegas Galindo, Nolasco Olaya Prieto, Nohora Herrera de Quintero, Álvaro León Martínez Balcazar y Ramón Eugenio Duque Hincapié, instauraron acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Los hechos que fundamentan la acción son los siguientes: 1. Los accionantes mediante apoderado judicial demandaron laboralmente al Banco Popular S.A., con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con la indexación de la primera mesada. 2. Mediante sentencia proferida el 21 de febrero de 2003, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., condenó a la entidad bancaria a pagar la pensión de jubilación a la mayoría de los demandantes excepto a José Antonio Macias Sopo, Esau Andrade Obregón, Bernarda Garreta de Ortega, Carlos Arciniegas Galindo y Álvaro León Martínez Balcazar.[2] Consideró el Juzgado que para establecer el monto de la pensión de jubilación se debía actualizar el ingreso base “tal como lo ha entendido la Corte, apoyada en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100/93”. 3. No obstante que el despacho judicial accedió a indexar la primera mesada, con la fórmula matemática que incluye el IPC, al momento de aplicar la fórmula, se cometieron errores que antes de actualizar los salarios arrojaron guarismos por debajo del salario mínimo. Por lo anterior, en el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia, los demandantes efectuaron de manera correcta la operación matemática que el Juzgado había anunciado, arrojando ese ejercicio resultados distintos a los liquidados por el Juzgado. 4. Pese a lo anterior, mediante sentencia proferida el 16 de mayo de 2003, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., incurrió en el mismo error respecto de la operación matemática y además tomó como bases salariales sumas que no corresponden a la realidad.[3] 5. Los demandantes interpusieron recurso extraordinario de casación, sustentado básicamente en los errores cometidos por los falladores de instancia en la indexación de la primera mesada pensional, el cual fue resuelto mediante sentencia del 2 de febrero de 2005, por la Sala de Casación Laboral, en la que concluyó que el sentenciador no incurrió en el error anunciado. Por lo anterior, estiman los accionantes que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad, toda vez que en casos similares, cuyos radicados citan en el escrito, ha ordenado actualizar la base salarial para liquidar el monto de las mesadas pensionales de los extrabajadores del Banco Popular, con lo cual se ha dado en este caso un trato desigual y discriminatorio alejado de toda razonabilidad. Adicionalmente consideran que el alto Tribunal ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso al no haber aplicado en debida forma las normas de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 y la propia jurisprudencia sobre indexación del salario base para liquidar el moto de la primera mesada pensional. Así las cosas, solicitan se restablezca los derechos fundamentales que consideran vulnerados y se ordene a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia modificar la Sentencia del 2 de febrero de 2005, para aplicar de manera correcta la actualización de la base salarial para liquidar el monto de las mesadas pensionales y se efectúen las operaciones matemáticas del caso. Trámite previo. Previo a iniciar el trámite de la presente acción de tutela, la misma fue instaurada a nombre propio por el señor Gustavo Patiño Carrillo y otros, contra la sentencia de casación dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 2 de febrero de 2005. Mediante providencia proferida el 9 de mayo de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó la acción de tutela, por cuanto estaba dirigida contra una sentencia de casación de la Sala Laboral, la cual es “intangible e inmutable”, y por tanto sus decisiones, expedidas en su condición de órgano límite no pueden ser controvertidas por ninguna otra autoridad judicial, bajo ningún pretexto por cuanto no existe corporación o entidad que tenga jerarquía superior en esa área funcional. En vista de lo anterior, y con fundamento en el Auto 004 del 17 de febrero de 2004 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, el 23 de junio de 2006, los accionantes a nombre propio instauraron la demanda de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la cual fue admitida mediante auto del 6 de julio de 2006. 2. Contestación de las entidades accionadas - Expediente T-1424117. Corte Suprema de Justicia. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante memorial radicado el 30 de junio de 2006, dio respuesta a la acción de tutela precisando que el Consejo Superior de la Judicatura no puede asumir el conocimiento y el trámite de la presente acción de tutela, toda vez que el asunto fue objeto de sentencia por parte de esa corporación, a través de la sentencia que puso fin al recurso extraordinario de casación interpuesto por Bancafé y en consecuencia no puede ser nuevamente intentada ante una autoridad judicial diferente. De otra parte, sostiene que la Constitución Política no previó expresamente la tutela contra decisiones judiciales y el conocimiento del recurso de casación es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, ningún otro órgano ni corporación de justicia puede producir decisiones en este campo. Como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es el órgano de límite y sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad pues son intangibles, últimas y definitivas. Adicionalmente, considera que el Decreto 1382 de 2000, revisado en su legalidad por el Consejo de Estado, asigna a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las demandas que se presenten contra sus propios actos y no al Consejo Superior de la Judicatura. Así mismo considera que la Corte Constitucional no se encuentra autorizada para atribuir competencias judiciales toda vez que la misma esta reservada al legislador. Esa arbitraria atribución de competencias induce en error al usuario del servicio y congestiona los órganos judiciales, así lo ha sostenido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en reciente fallo. Por lo anterior, concluye que no tiene ningún efecto jurídico la atribución de competencias efectuada por la Corte Constitucional para conocer de esas acciones a otras autoridades judiciales distintas de las señaladas en el ordenamiento legal y, en consecuencia considera que la Corte Constitucional ha actuado por fuera de sus funciones, con desconocimiento de los principios propios del estado de derecho, razón por la cual debe declararse la nulidad de lo actuado y rechazarse la presente acción de tutela. Banco Cafetero. Mediante escrito presentado ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la apoderada general del Banco Cafetero en Liquidación dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: En primer lugar, efectuó algunas precisiones en relación con la naturaleza jurídica de la entidad accionada y sobre las decisiones judiciales y su cumplimiento por parte del Banco. Aseguró que, en acatamiento del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, procedió a realizar la reliquidación correcta mensual y reconciliación de valores pagados a los pensionados, lo que arrojó la suma de $10.095.922 a favor del accionante, que fue consignada en depósito judicial el día 25 de mayo de 2006, correspondiente al reajuste de la mesadas pensionales durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2000 y el 18 de enero de 2005, fecha a partir de la cual fue extinguida la pensión de jubilación oficial en virtud de las normas que regulan la compatibilidad de pensiones. Así entonces, siendo claro la forma como el Banco ha dado cumplimiento al fallo, es imperioso concluir la improcedencia del amparo solicitado por estar conforme a lo dispuesto a las sentencias judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada y además por cuanto no se dan los presupuesto de hecho y de derecho para solicitar la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados, en tanto que mediante sentencia judicial ya se dispuso la actualización de la pensión y las sumas que resultaron a favor del accionante ya fueron pagadas. Concluye que al no evidenciarse una trasgresión del ordenamiento en la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, ni la existencia de una vía de hecho, ésta no puede ser revocada por vía de tutela, pues se vulneraría el principio de la cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía funcional de los jueces. Por último, en relación con la fórmula empleada para la liquidación, sostiene que es la más acertada y la que ha sido reiterada en innumerables oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, en varios de sus fallos que cita en el escrito de respuesta. También afirma que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ha concluido la inexistencia de una vía de hecho en algunos de sus fallos en los que se solicitó por vía de tutela que la actualización de la mesada pensional se liquidara de diferente manera. - Expediente T-1431017. Corte Suprema de Justicia. Mediante memorial del 12 de julio de 2006 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta a la acción de tutela para indicar en primer lugar que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca carece de competencia para conocer de la acción de tutela instaurada contra la Corte Suprema de Justicia, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000, actualmente vigente, lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión que corresponda. En segundo lugar, insiste en que la acción de tutela debe ser rechazada pues la Constitución Política no previó expresamente la tutela contra decisiones judiciales y por cuanto el conocimiento del recurso extraordinario de casación es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, ningún órgano ni corporación de justicia puede producir decisiones en este campo. Como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria la Corte Suprema de Justicia es un órgano límite y por tanto sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, son intangibles, últimas y definitivas dentro de la respectiva especialidad. En consecuencia, se deberá declarar la falta de competencia para conocer la presente acción de tutela, rechazarla, o en su defecto, declararla improcedente. Banco Popular. Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2006 la Asistente de Asuntos Laborales (E) del Banco Popular intervino como entidad con interés jurídico en la presente acción de tutela para solicitar el rechazo de la misma, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: En primer lugar, considera que la acción de tutela no procede contra sentencias debidamente ejecutoriadas y, además por cuanto este mecanismo no fue creado como una instancia adicional o paralela a las establecidas legalmente o como un mecanismo para lograr la reapertura de procesos ya fallados y corregir las deficiencias en que incurrió en su trámite. Al declararse la inexequibilidad de las normas que permitían la tutela contra decisiones judiciales es claro que ninguna otra autoridad tiene la facultad legal o constitucional de modificar o alterar las sentencias que han hecho transito de cosa juzgada . Sostiene que en virtud del principio de la autonomía de los jueces las decisiones judiciales no pueden ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario diferente al del proceso y, por tanto, un juez de tutela no puede invadir el ámbito de otras jurisdicciones para resolver puntos, aspectos de derecho, cuyo conocimiento ha reservado a la misma Constitución para éstas. Con el proceder del demandante al acudir a este mecanismo, se están violando principios constitucionales como el de la cosa juzgada y el de la autonomía funcional de los jueces a mas de que incurre en obstrucción del acceso a la administración de justicia y al rompimiento de la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, con lo cual se concluye que el amparo no procede contra ninguna providencia judicial. 3. Decisiones de Instancia Expediente T-1424117 Primera instancia. Mediante Sentencia proferida el 5 de julio de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó el amparo solicitado. Precisa en primer lugar el fallador, la competencia de la Sala de decisión para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y el carácter extraordinario, supletivo y subsidiario de ese mecanismo constitucional ante la inexistencia de otros medios de defensa judicial y su utilización transitoria ante la presencia de un prejuicio irremediable. Dados los anteriores planteamientos, sostiene que en el presente caso, la competencia de la acción fue asumida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en virtud del contenido del auto del 3 de febrero de 2003, proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional que autoriza a los accionantes para solicitar ante cualquier juez la protección de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela siempre que, como en este caso, el amparo haya sido rechazado por el órgano competente para fallar de fondo. Considera el fallador que no se presenta la vía de hecho alegada por el tutelante, en tanto que se dispuso la actualización de su primera mesada pensional, y además por que el fallo cuestionado se encuentra sustentado en la Sentencia del 30 de noviembre de 2000, proferida por la misma corporación, que determina la manera como se actualiza la pensión cuando el actor no ha devengado salario alguno ni cotizado durante el periodo de tiempo previsto en la Ley. Otra cosa, es que sin expresarlo en concreto pretenda el accionante atacar por vía de tutela la aplicación de la fórmula que empleó la Sala de Casación para liquidar la actualización de su pensión, que inclusive generó una reliquidación y un pago por parte del Banco. Por el hecho de no acoger la fórmula usada por el Tribunal para determinar el monto de la indexación, no puede tildarse la decisión de caprichosa o arbitraría, pues al contrario denota una posición razonada ante el tema en cuestión y además, alcanzó el valor de cosa juzgada. Tampoco se puede predicar del fallo cuestionado la incurrencia en una vía de hecho, pues la interpretación dada al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ante las diversas posiciones interpretativas existentes al interior de la corporación, ha sido sustentada en la jurisprudencia de manera razonada y dentro de un marco jurídico que depende de la autonomía funcional y la independencia propia de los jueces, lo que hace improcedente entonces la acción de tutela. De otra parte sostiene que estando los funcionarios judiciales al dictar sus providencias sometidos al imperio de la ley y siendo la jurisprudencia un criterio auxiliar, el precedente judicial no es obligatorio y en consecuencia no puede tacharse tales decisiones de irregulares máxime cuando en las mismas se ha observado el principio de la equidad. Por lo anterior concluye que no es posible afirmar que la autoridad accionada, haya incurrido en una arbitrariedad contraria al ordenamiento legal, toda vez que la decisión cuestionada fue adoptada con un criterio jurisprudencial mayoritario, sometido al imperio de la ley y no a su voluntad o capricho, dado que han sido tomadas dentro del marco funcional que le asiste a la Sala accionada. Segunda Instancia. Impugnada la anterior decisión el Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 2 de agosto de 2006, resolvió confirmar el fallo, teniendo en cuenta las siguientes razones: Previo al estudio de fondo del asunto precisó que el trámite y decisión de la presente acción de tutela, se efectuará con base en la posición mayoritaria de la Sala de aplicar el Decreto 1382 de 2000, acompasada con el criterio de la Corte Constitucional plasmada en el auto de Sala Plena del 3 de febrero de 2004, que permite al accionante escoger el juez ante el cual reclamará mediante la acción de tutela la protección de sus derechos, ante el rechazo de las demandas de tutela contra providencias judiciales por parte de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se agota la posibilidad de revisión de los fallos dictados en esa corporación. En relación con la vía de hecho alegada, concluye que en el caso bajo análisis la Sala de Casación Laboral demandada, no incurrió en el yerro cuestionado al aplicar la fórmula para calcular el valor de la pensión de los accionantes, ni avisora una interpretación amañada o caprichosa. Para sustentar su decisión, cita apartes de una sentencia proferida por esa Corporación, en la que se resolvió un caso similar en la que sostiene que cuando la fórmula a aplicar ha sido fruto de análisis serio y ponderado o basada incluso en precedentes jurisprudenciales, no es posible acceder al amparo solicitado, en tanto que sus decisiones provienen de la prevalencia de determinadas interpretaciones frente a otras. Así mismo advierte que en tal fallo no se evidencia una vía de hecho en tanto que en la misma se explican claramente con argumentos razonables los motivos por los cuales no se aplica para el caso el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995 y además por cuanto la fórmula que se aplicó obedece a la misma consagrada en fallo de la Corte Suprema de Justicia 1336 del 30 de noviembre de 2000, asumida bajo criterios mayoritarios ampliamente debatidos, y por tanto no puede ser tachada de caprichosa o arbitraria. Expediente T-1431017 Primera instancia. Mediante providencia proferida el 18 de julio de julio de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca resolvió tutelar los derechos fundamentales de los accionantes, baso las siguientes consideraciones: Precisa previamente que la Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, por mandato de la máxima autoridad constitucional ante los eventos en que, como en el presente caso, las acciones de tutela contra providencias judiciales sean rechazadas por los despachos judiciales. Agrega que en relación con la legitimidad de los demandantes para actuar a nombre de otra persona de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, mediante declaraciones rendidas el día 6 de julio de 2006, (Fls. 67, 69 y 71 del cuaderno original) ante el despacho judicial por los agentes oficiosos, señores Antonio Gómez, Bernarda Alicia Garreta de Ortega y Gustavo Patiño Carrillo, no se logró determinar los presupuestos legales para su procedencia puesto que no acreditaron tal calidad. Por lo anterior, mediante auto proferido el 10 de julio de 2006, el fallador rechazó la presente acción de tutela respecto de los señores Salvador Triana, Luis Eduardo Silva Cortés, Carlos Alberto Arciniegas Galindo, Nolasco Olaya Prieto, Nohora Herrera de Quintero, Álvaro León Martínez Balcazar y Ramón Eugenio Duque Hincapié. En desarrollo de los principios de igualdad y de seguridad jurídica, considera la Sala que toda decisión judicial en torno al tema de la indexación de la primera mesada pensional, está regida por categorías conceptuales, tales como la no previsión legal de la congelación del salario para acceder a la pensión de jubilación, el principio pro operario, el mantenimiento del poder adquisitivo en la liquidación de las pensiones, los principios de equidad e igualdad y el respecto al precedente judicial, que representan construcciones jurisprudenciales efectuadas por el máximo intérprete de la Constitución, las cuales han sido convalidadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Frente al caso que ocupa la atención de la Sala, encuentra que la corporación accionada incurrió en vía de hecho pues al no casar y negar el reajuste de la indexación solicitada, desconoció el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en materia de derechos fundamentales obligatoria para todos los jueces y se apartó de los dictados constitucionales de igualdad, equidad, favorabilidad y de conservación del poder adquisitivo de las pensiones que constituyen el debido proceso en materia laboral. Por lo anterior, negó la declaratoria de nulidad solicitada por la corporación demanda, amparó los derechos fundamentales invocados por los accionantes ante la presencia de una vía de hecho en la sentencia cuestionada y ordenó dejar sin efectos las sentencias del 2 de febrero y 30 de junio de 2005 proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así como las del 16 de mayo de 2003 y 21 de febrero de 2003, dictadas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 16 Laboral de Circuito de Bogotá, respectivamente. Adicionalmente, teniendo presente “…la conocida posición de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de desacatar los fallos de tutela que le imponen la obligación de emitir nuevas sentencias de casación…”, ordenó al Banco Popular S.A., liquidar y pagar la indexación desconocida utilizando la fórmula que la Corte Constitucional ordenó en la sentencia T-098 de 2005, “…según la cual el valor presente de la condena R se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir índice final de precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial, que es el existente al 27 de enero de 1974.” Impugnación. 1. Los Magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia impugnaron la decisión adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y reiteraron la posición expuesta en varias oportunidades en relación con la improsperidad de la acción. Sostienen que ningún otro órgano o corporación de justicia puede actuar como Tribunal de casación, en virtud de la atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Como máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, es un órgano límite y por tanto sus decisiones no pueden ser modificadas, a más de que no existe órgano judicial superior según la Carta Política. De otra parte, insisten en que las sentencias de casación no tienen recurso alguno, por tanto hacen tránsito a cosa juzgada y no admiten posteriores modificaciones, con lo cual se desarrolla el debido proceso y se preserva el principio de la seguridad jurídica y la fe en las instituciones por parte de la ciudadanía. Cada una de las jurisdicciones previstas en la Constitución son independientes, gozan de autonomía sin otro límite que el estar sometidos al imperio de la ley y a su recto juicio, sin que les esté permitido vulnerar el ámbito de las funciones que se le han asignado constitucional o legalmente a las demás. Por tanto es inadmisible que la Corte Constitucional pretenda afectar una decisión tomada por las otras corporaciones, puesto que traspasa el marco de sus funciones, lo cual es extraño a todo Estado Social de Derecho. Concluye afirmando que, de una parte la Constitución no previo expresamente la tutela contra decisiones judiciales y de otra, el comportamiento de los Magistrados de la Sala, lejos de ser arbitrario o infundado, se apoyó en sólidas razones constitucionales y legales sobre la naturaleza de las decisiones que profiere y no se encuentra fundamento jurídico alguno que amerite un juicio de reproche a la conducta desplegada dentro del asunto judicial, pues procedieron en forma fundada y con la razonable convicción de estar actuando conforme a derecho, por lo cual afirman que debe revocarse el fallo y declarar la improsperidad de la acción por su improcedencia. 2. Mediante escrito presentado por la Asistente de Asuntos Laborales (E), el Banco Popular S.A., impugnó la sentencia del 18 de junio de 2006, con el propósito de obtener que el Consejo Superior de la Judicatura en segunda instancia revoque el fallo y deniegue la acción de tutela por improcedente. Consideró la representante judicial que contrario a lo afirmado por el Consejo Seccional, las sentencias que han sido dejadas sin efecto no han presentado ninguno de los defectos en que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede incurrir una sentencia, máxime cuando la indexación alegada fue reconocida y tiene efecto de cosa juzgada. Tampoco considera viable que por medio de la acción de tutela, se pretenda que un juez diferente al que conoció el proceso ordinario, so pretexto de una vía de hecho, condene al Banco Popular a la reliquidación de la pensión cuya indexación fue liquidada en los términos de un juicio ordinario. Segunda Instancia. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 10 de agosto de 2006, resolvió revocar el fallo impugnado con base en las siguientes razones: Teniendo en cuenta el alcance e importancia del precedente jurisprudencial para fundamentar las decisiones, puesto que con ello se garantiza el respeto por la seguridad jurídica, la libertad ciudadana, el desarrollo económico, la igualdad y el control de la propia actividad judicial, la Sala decidió el caso siguiendo los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia T-440 del 1 de junio de 2006 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra, mediante la cual negó la protección solicitada por el actor al considerar que la discrepancia surgida respecto de la fórmula utilizada para hacerse el cálculo de la indexación de la primera mesada pensional del demandante no es razón suficiente para alegar la existencia de una vía de hecho que haga procedente la acción de tutela. En dicha sentencia, la Corte Constitucional afirmó que la decisión del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia, fue debidamente sustentada y motivada en la necesidad de adoptar la fórmula de cálculo contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no la del Decreto 1748 de 1995, en tanto que de conformidad con providencias anteriores de la Corporación accionada, se sostuvo que la primera norma resultaba más apropiada para hacer la liquidación, toda vez que, el derecho a pensionarse fue adquirido bajo las normas de la Ley 100 de 1993. Del análisis de varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo tema, que cita en la providencia T-440 de 2006, la Corte Constitucional concluye que es evidente que las decisiones cuestionadas se acogieron al precedente jurisprudencial tanto de la propia Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional surgida de la sentencia SU-120 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, relacionada con la indexación de la primera mesada pensional, no encontrando por tanto, inconsistencia alguna entre lo previamente decidido y la solución a la que se llegó en el caso bajo estudio. Así entonces, al considerar el Consejo Superior de la Judicatura que la situación anteriormente descrita se presenta en el presente asunto, con base en tales lineamientos jurisprudenciales negó la tutela solicitada. II. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CONSIDERACIONES y fundamentos Competencia 1. Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en el artículo 241 numeral 9 de la Constitución Política. Problema jurídico 2. La Sala de revisión deberá resolver la siguiente pregunta: ¿Incurrió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en una vía de hecho en sus sentencias de casación, al aplicar para la liquidación de la indexación de la primera mesada pensional reconocida mediante las sentencias de instancia, la fórmula establecida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1994 y no la fórmula solicitada por los actores que sería más benéfica para ellos? Reiteración de jurisprudencia. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones judiciales 3. Vistos los antecedentes, la Sala de Revisión considera que el caso plantea un problema jurídico que ya ha sido abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia judicial en la que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales? 4. Como ya ha sido señalado por esta Sala en otra ocasión,[4] la sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), citada como precedente aplicable al presente caso por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En esta sentencia se resolvió declarar inexequibles las disposiciones acusadas, por considerar que desconocían las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica. 5. No obstante, la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional no se adoptó en términos absolutos, pues matizó sus efectos al prever casos en los cuales, de forma excepcional, la acción de tutela es procedente contra actuaciones que aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de hecho. Al respecto dijo la Sala Plena en la mencionada sentencia C-543 de 1992: “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.” 6. Atendiendo al efecto erga omnes de los fallos de constitucionalidad, es decir, a su fuerza vinculante, las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional pasaron a aplicar e interpretar en los casos concretos el precedente establecido por la Sala Plena. Así se hizo, por ejemplo, en las sentencias T-079 de 1993[5] y T-158 de 1993[6] - proferidas inmediatamente después de la expedición de la sentencia C-543 de 1992. En esta línea es importante citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo –el mimo ponente de la sentencia C-543 de 1992–, se consideró lo siguiente: "Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte - pese a su forma - en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. “(..) "De los párrafos transcritos aparece claro que la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales -que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. "En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.” 7. La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) se determinara cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como una vía de hecho. En la providencia se indicaron los casos excepcionales en que procede la acción de tutela, indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Esta doctrina constitucional ha sido precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 8. Ahora bien, en los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha conducido a la conclusión de que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y de que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se describe la evolución presentada de la siguiente manera: “(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desbor­da en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’[7] En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’ “Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos, ‘Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucional­mente ad­mi­sible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.’[8] “Esta posición fue reiterada recientemente en la sentencia T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas), caso en el que se confirmó la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de conceder una tutela por haberse incurrido en una ‘vía de hecho’.[9] 9. Por lo tanto, coincide parcialmente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las sentencias de constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992, pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de tutela contra una actuación judicial, incluso cuando esta configure una vía de hecho. La Corte ha indicado que, en lugar de descartar de manera absoluta la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, debe verificarse en cada caso concreto si ella es procedente, observando si reúne los estrictos requisitos precisados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El artículo 86 de la Constitución dice que la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal forma de acción. Además, como se dijo, la Corte Constitucional en sus salas de revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo sentido.[10] No desconoce esta Sala de Revisión que una sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, así como esta Corporación ha reconocido que quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte Suprema de Justicia - en razón a que su doctrina relativa al alcance de las leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (artículo 234 C.P.), constituye un derecho viviente[11] -, es obvio que quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la misma Corte Constitucional. 10. Finalmente, es importante señalar que en la Sentencia C–590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la expresión “ni acción”, que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal). Dicha expresión fue declarada inconstitucional por cuanto desconoce el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º C.P.), al restringir el alcance de un mecanismo constitucional que, como la acción de tutela, fue diseñado para la protección de los derechos fundamentales frente a “cualquier autoridad pública” (artículo 86 C.P). La Corte distinguió en este fallo, que tiene efectos erga omnes, que una cosa es que el legislador no permita la utilización de recursos contra las sentencias que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de configuración, y otra muy distinta que excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad pública, concepto que evidentemente también incluye a las autoridades judiciales. De esta manera, en una sentencia que produce efectos erga omnes, se reafirmó la posición que ha venido adoptando la Corte Constitucional desde 1993, la cual reitera la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en casos excepcionales y estima contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluidas las proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. 11. En relación con el cumplimiento de los requisitos genéricos de procedencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, cuando se trate de conflictos jurídicos relacionado con el reconocimiento, reajuste o reliquidación de las pensiones, se tiene que: i) las presentes acciones de tutela involucran la posible vulneración un derecho fundamental, que se incorpora en el mínimo vital de que son titulares los actores, personas pertenecientes a la tercera edad y que podría verse afectado por la decisión de la justicia ordinaria de reducirles en más de la mitad el monto de la primera mesada pensional; ii) los actores agotaron todos los mecanismos judiciales de defensa requeridos para obtener el reconocimiento de su derecho pensional, por lo que debe considerarse que no les queda opción distinta a la de la acción de tutela; iii) los demandante ejercieron oportunamente la acción de tutela en contra de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que en expediente T-1424117, es del 14 de marzo de 2006 y en el expediente T-1431017, es del 2 de febrero y 30 de junio de 2005. El hecho de que las demandas de tutela hubieran sido presentadas ante el Consejo Seccional de la Judicatura el 16 de junio de 2006, en el primero de los expedientes y el 27 de junio de 2006 en el segundo, no se debe, con todo, a la desidia de los actores, como se verá enseguida, sino al hecho de que las primeras acciones de tutela que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia fueron rechazadas, en el expediente T-1424117, mediante providencia del 30 de mayo de 2006 y en expediente T-1431017, mediante providencia del 9 de mayo de 2006, ambos con el argumento de que no procede la tutela contra providencias judiciales, iv) finalmente, la irregularidad puesta de presente por los actores constituye la pieza fundamental de la supuesta vulneración de su derecho fundamental, pues es a partir de la equivocada aplicación de una fórmula matemática que se reduce el monto de la primera mesada pensional de cada uno de ellos y, por tanto, los recursos con que los accionantes cuentan para proveerse su subsistencia. Competencia de la jurisdicción disciplinaria para conocer de las presentes acciones de tutela. 12. Los actores instauraron inicialmente la acción de tutela ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual decidió rechazarlas, sin darle trámite. Por lo tanto, los actores acudieron ante la Jurisdicción Disciplinaria para que ella conociera de las acciones de tutela, razón por la que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca admitió las demandas y avocó el conocimiento de las mismas. Al respecto basta con manifestar que la decisión de darle trámite a la acción de tutela se ajustó a lo establecido por la Corte Constitucional en vista de la renuencia de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia para conocer sobre acciones de tutela presentadas contra sentencias de esa Corporación, así como de su decisión de no enviar esos procesos a la Corte Constitucional para su eventual revisión. En el Auto de Sala Plena 004 del 3 de febrero de 2004, esta Corte determinó que la mencionada actuación de las Salas de la Corte Suprema de Justicia constituía una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y a obtener la tutela judicial efectiva: “... si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede contra cualquier autoridad pública y no solo en contra de las autoridades administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).” Y con el objeto de brindarle una solución a la situación planteada, la Corte Constitucional dispuso: “En estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su trámite. “Tampoco podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela. “Finalmente, es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse en la misma situación aquí advertida. Por ello, para los casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.” Por lo tanto, esta Sala de Revisión confirmará la decisión de los órganos de la Jurisdicción Disciplinaria de declararse competentes para conocer sobre las presentes acciones de tutela, contenidas en los expedientes bajo estudio. La fórmula que aplicó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para obtener la indexación de la primera mesada pensional reconocida a los accionantes. 13. En los expedientes que ocupan la atención de la Sala, los accionantes interponen las acciones de tutela con el fin de que se les amparen sus derechos fundamentales en especial el debido proceso y el de igualdad, los cuales consideran vulnerados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al proferir las sentencias del 14 de marzo de 2006 (Expediente T-1424117) y del 2 de febrero y 30 de junio de 2005 (Expediente T-1431017), en las que se aplicó la fórmula allí señalada para liquidar la actualización o indexación de la primera mesada pensional, desconociendo en todo caso los precedentes existentes de la misma corporación en casos similares al de ellos. También acusan los demandantes a la Sala accionada de incurrir en interpretación errónea de varias normas en especial del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la inaplicación de la fórmula expresamente señalada en el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995. Los actores fueron pensionados como consecuencia del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, de conformidad con las prerrogativas derivadas del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Las sentencias de instancia reconocen en todos los casos el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, según la terminología utilizada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional o a la actualización anual del ingreso base...