Sentencia T-065 de 2015

T-065-15 Sentencia T-065/15 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad JURISDICCION CONSTITUCIONAL-Sentido orgánico y sentido funcional AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y LIBERTAD CONTRACTUAL EN MATERIA DE SEGUROS-Límites PERIODO DE GRACIA EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE VIDA-Reiteración de jurisprudencia Dentro de aquellas normas que restringen la libertad contractual y la autonomía privada en la celebración de contratos de seguros, se encuentra el artículo 1152 del Código de Comercio, el cual regula lo que sucede cuando el tomador de un seguro de vida ha incurrido en mora por no haber pagado oportunamente una de las primas correspondientes. Especialmente, la norma descrita señala que “[…] el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas”. Así, el legislador le concedió un “periodo de gracia” al deudor para ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones antes de autorizar a la empresa a dar por terminado el contrato. La Superintendencia Financiera ha sostenido que el periodo de gracia “[…] corresponde al lapso que el acreedor le otorga al deudor para cumplir con su correspondiente prestación”. Es decir, que se trata de un periodo en el cual el deudor debe cumplir con sus obligaciones con el fin de evitar una consecuencia para él adversa, a saber, la terminación del contrato. De acuerdo con lo anterior, la entidad aseguradora no puede dar por terminado este acuerdo, ni suspender la cobertura de la póliza a la que él se refiere, tan pronto el tomador incurre en mora, sino solo cuando este deja pasar un mes sin ponerse al día. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y LA BUENA FE COMO PRINCIPIOS RECTORES DE LOS CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES-Reiteración de jurisprudencia La celebración y ejecución de un contrato de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe, le permite a cada uno de los contratantes confiar en la palabra del otro y tener una expectativa cierta de los efectos jurídicos del acuerdo celebrado. De esta manera, la alteración unilateral de alguno de los términos contractuales, o su lectura literal y maliciosa, se traducirían en un acto sorpresivo que traicionaría la confianza depositada. CONTRATO DE SEGUROS-Terminación automática por mora en el pago de la prima contempla periodo de gracia de un mes La regla general según la cual la mora conduce a la terminación automática del contrato de seguro debe ser complementada con lo dispuesto en el artículo 1152 del Código de Comercio, el cual regula la manera en que opera dicha terminación cuando se trata, específicamente, de un contrato de seguro de vida. Dicha norma señala que “[…] el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas”. Así pues, el mencionado artículo otorga un “periodo de gracia” dándole al asegurado la posibilidad de pagar la prima dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento para evitar la terminación del contrato. DEBERES OFICIOSOS DEL JUEZ CIVIL-Importancia Si el juez civil encuentra a partir de la demanda y los elementos de juicio aportados por el accionante que existen razones suficientes para concluir que es imprescindible vincular a una parte (persona natural o jurídica) que no fue demandada para alcanzar una respuesta al problema jurídico que respete la prevalencia del derecho sustancial y se acerque al máximo a la verdad real, deberá llamarla al juicio, como presupuesto de la adecuada integración del contradictorio. De lo contrario, no podrá cumplir con las finalidades constitucionales del proceso, pues le será imposible esclarecer todos los hechos del caso y adoptar una decisión justa, en tanto refleje la prevalencia del derecho material sobre las formas del juicio. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo o material por la no vinculación oficiosa de Banco, en proceso de responsabilidad civil contractual adelantado contra Aseguradora La Sala encuentra que los jueces civiles, incurrieron en un error sustantivo o material al omitir la vinculación oficiosa de Bancolombia al proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que iniciaron las herederas contra Seguros de Vida Suramericana S.A. y es que el juez civil tiene el deber oficioso de vincular a todas las personas cuya comparecencia sea necesaria para resolver el asunto que estudia, pues la indebida conformación del contradictorio, incluso si se debe a la negligencia o incapacidad de la parte activa, debe ser superada por el funcionario judicial. Siendo evidente en el caso concreto que la omisión en el pago de la prima tuvo que ver con una actuación u omisión de la entidad financiera, en tanto no autorizó el débito automático a pesar de que existían fondos suficientes en la cuenta de ahorros del difunto, y resultaba posible, además, afectar su cuenta corriente, entre otros productos bancarios autorizados, los jueces naturales tenían el deber de vincular al Banco Referencia: expediente T-4525242 Acción de tutela presentada por Ana Lucía Laverde de Strauss, Peggy Erika Strauss Laverde y Yeimey Esther Strauss Laverde contra el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá y la Sala Séptima (7ª) de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil quince (2015) La Sala Primera (1ª) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo al cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos dictados en primera (1ª) instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el dos (2) de julio de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014), en el proceso de tutela iniciado por las señoras Ana Lucía Laverde de Strauss, Peggy Erika Strauss Laverde y Yeimey Esther Strauss Laverde contra el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá y la Sala Séptima (7ª) de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Mediante Auto del seis (6) de octubre de dos mil catorce (2014), la Sala de Selección Número Diez (10) de la Corte Constitucional seleccionó este proceso para revisión. I. DEMANDA Y SOLICITUD 1. Las accionantes fundan su solicitud de tutela en los siguientes hechos 1.1. El señor Robert Carl Edward Strauss falleció el dos (2) de enero de dos mil nueve (2009). El siete (7) de enero del mismo año, las señoras Ana Lucía Laverde de Strauss, Peggy Erika Strauss Laverde y Yeimey Esther Strauss Laverde, cónyuge e hijas del difunto, le solicitaron a la compañía Seguros de Vida Suramericana S.A. que hiciera efectiva la póliza No. 2062458 “Plan Vida Ideal” que él había tomado en su beneficio y en caso de muerte desde el diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) como cliente de Bancolombia y por conducto del sistema de Banca Seguros. La aseguradora se opuso a dicha pretensión bajo el argumento de que el respectivo contrato había terminado de manera automática dos (2) meses atrás por mandato legal, es decir, el primero (1º) de noviembre de dos mil ocho (2008), porque el difunto había incurrido en mora al no realizar el pago de las primas mensuales posteriores al mes de octubre y, especialmente, aquella correspondiente al mes de noviembre. En la comunicación que sostuvo con las accionantes, les explicó que (i) el débito automático había sido autorizado únicamente de la cuenta corriente que tenía el señor Strauss en Bancolombia por haber sido esta la que marcó con una “X” en el formulario a través del cual suscribió la póliza, razón por la cual, la seguradora no podría cargar la cuenta a la tarjeta de crédito, o a cualquiera otro producto financiero del difunto; (ii) que la cuenta autorizada presentó fondos insuficientes al momento de realizar el cobro, razón por la cual, nunca se obtuvo el pago, y (iii) que la aseguradora solicitó el débito al Banco durante los tres (3) meses siguientes a noviembre, sin obtener ningún resultado. 1.2. Inconformes con esta respuesta, las accionantes demandaron a la aseguradora por responsabilidad civil contractual. Solicitaron el pago de la póliza, estimada en cincuenta y un millones quinientos noventa y siete mil ochocientos cuatro pesos ($51.597.804)[1]. Así mismo, reclamaron el pago de los intereses moratorios y de los perjuicios por daño emergente y moral[2], para una cuantía total de más de ciento nueve millones doscientos setenta y dos mil ochocientos cuatro pesos ($109.272.804)[3]. Alegaron que (i) la aseguradora no podía dar por terminado el contrato el primero (1º) de noviembre de dos mil ocho (2008) porque esto desconocía el periodo de gracia que se extendía desde esa fecha hasta el día treinta (30) de ese mes; (ii) que no había sido la intención del señor Strauss restringir el débito automático a uno solo de sus productos financieros porque el formulario a través del cual suscribió la póliza estaba pre-impreso y sólo permitía referenciar una de sus cuentas en la parte superior; (iii) que en caso de no haber autorizado expresamente el débito de sus demás productos, debía entenderse así porque adquirió la póliza por intermedio de Bancolombia y a través del sistema Banca Seguros; (iv) que según los extractos bancarios de su cuenta corriente, existía saldo suficiente desde octubre de dos mil ocho (2008) hasta la fecha de su defunción; (v) que si Bancolombia no había podido realizar el débito, era porque el contrato de seguro había terminado abruptamente el primero (1º) de noviembre de dos mil ocho (2008) por orden de la aseguradora, y (vi) que nunca le informaron al tomador y asegurado sobre el problema ocurrido con el débito automático, así como tampoco le comunicaron la terminación unilateral del contrato. 1.3. El dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, quien conoció del proceso ordinario en primera (1ª) instancia, señaló que después de analizar el contrato de seguros celebrado, era cierto que el señor Strauss había autorizado a Bancolombia para que hiciera el débito automático de todos sus productos bancarios, incluyendo su cuenta de ahorros, su cuenta corriente y su tarjeta de crédito[4]. Sin embargo, el Juzgado negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a las accionantes acogiendo el argumento expuesto por la aseguradora en los alegatos de conclusión, según el cual, la omisión en que presuntamente había incurrido Bancolombia a la hora de realizar el débito automático de la prima, no excusaba al difunto del incumplimiento de sus obligaciones contractuales[5]. No siendo así objeto de discusión la responsabilidad de la entidad financiera en el débito de la suma adeudada, sino, por el contrario, la viabilidad de la terminación automática del contrato por parte de la aseguradora, el Juzgado concluyó, que al no haberse efectuado el pago de la prima correspondiente al mes de noviembre, y al no serle oponible a la parte demandada los problemas emanados de la relación entre el cliente y su banco, la terminación estaba plenamente justificada. 1.4. Las accionantes apelaron la decisión manifestando que la relación entre el tomador de la póliza y Bancolombia había sido puesta de presente por la aseguradora únicamente en los alegatos de conclusión, razón por la cual, una decisión judicial basada en ella resultaba sorpresiva e incongruente. Señalaron, además, que no era lícito que la aseguradora hubiese solicitado el débito durante noviembre, diciembre y enero porque, habiéndose terminado el contrato automáticamente el primero (1º) de noviembre, y excediendo dicho plazo el periodo de gracia consagrado en el artículo 1152 del Código de Comercio[6], carecía de autorización para afectar las cuentas del señor Strauss. 1.5. El veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce (2014), la Sala Séptima (7ª) de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá conoció del proceso ordinario en segunda (2ª) instancia y confirmó el fallo del a quo[7]. Explicó que (i) un amplio número de documentos dieron cuenta de la relación que tenía el difunto con Bancolombia, razón por la cual, la Sentencia de primera (1ª) instancia no resultó novedosa o sorpresiva por referirse a ella toda vez que, si bien los fallos encontraron allí su sustento y esta solo había sido puesta de presente de manera detallada en los alegatos de conclusión, podía ser inferida desde la misma demanda; (ii) que la terminación automática del contrato estuvo plenamente justificada toda vez que se demostró que la accionada, acatando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el periodo de gracia para el pago de la prima de los contratos de seguros de vida, intentó infructuosamente y en repetidas oportunidades obtener el pago de la misma, superando el mes de gracia a favor de la parte actora[8]; (iii) que siendo la independencia entre la compañía aseguradora y la entidad financiera una de las características estipuladas en el Decreto 2555 de 2010[9] sobre los contratos de seguros celebrados mediante el uso de redes de establecimientos de crédito, nada interesaba esclarecer si se había autorizado el descuento de todos los productos financieros del difunto, o si había saldo suficiente para pagarla, pues la aseguradora no tenía incidencia alguna en la operación de débito automático y no era posible extenderle a ellas las consecuencias negativas generadas por los inconvenientes presentados en la misma; (iv) que la única obligación que tenía la aseguradora referente a la cancelación de la prima era la de “solicitarle a Bancolombia el pago de dicha suma de dinero”, y (iv) que según el artículo 1066 del Código de Comercio[10], era el tomador el que estaba obligado a pagar la prima, no pudiendo ser exonerado por los pactos que había celebrado con la entidad financiera. 1.6. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, las accionantes presentaron la acción de amparo objeto de revisión contra los fallos descritos. A su juicio, en las mencionadas providencias se incurrió en una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por la comisión de los siguientes yerros: (i) un defecto sustancial o material que se configuró, por un lado, cuando los jueces consideraron válida la terminación unilateral del contrato a pesar de que esta tuvo lugar antes de que culminara el periodo de gracia estipulado en el artículo 1152 del Código de Comercio[11] y, por el otro, cuando no prestaron atención al hecho de que la aseguradora hubiera persistido en recaudar el pago de la prima después de que terminara el contrato; (ii) un defecto fáctico porque los jueces ordinarios no tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la parte actora, las cuales demostraron que el señor Strauss tenía fondos suficientes en su cuenta corriente, así como que el débito automático estaba autorizado de todos sus productos bancarios, y (iii) una violación directa de la Constitución por haber vulnerado sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad. Adicionalmente, manifestaron que, al no haberse hecho efectivo el pago de la póliza, la esposa del difunto tuvo que celebrar dos (2) contratos de mutuo por un valor de doce millones quinientos mil pesos ($12.500.000), toda vez que contrajo una enfermedad catastrófica y carecía de los recursos propios para cubrir los gastos respectivos. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitaron la revocatoria de ambas providencias. 1.2. Respuesta de las entidades accionadas 1.2.1. El Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá y la Sala Séptima (7ª) de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá se abstuvieron de realizar un pronunciamiento sobre la demanda, limitándose a remitir el expediente del proceso ordinario. 1.2.2. El primero (1º) de julio de dos mil catorce (2014), la compañía Seguros de Vida Suramericana S.A. argumentó que la acción de tutela era improcedente por violación del principio de subsidiariedad dado que las accionantes debían haber agotado el recurso extraordinario de casación antes de acudir a la jurisdicción constitucional[12]. Adicionalmente, señaló que de acuerdo con el artículo 1081 del Código de Comercio[13], la acción ordinaria había prescrito porque la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial había sido interpuesta más de dos (2) años después del hecho que dio base a la accin, esto es, el dos (2) de enero de dos mil nueve (2009). base a la accintes no hab(2008). po de sobregiro disponible. ) y, comoón, a saber, el fallecimiento del señor Strauss. Así mismo, manifestó que no era obligación de la aseguradora informarle al tomador la terminación automática del contrato porque esta constituía una sanción a la mora en que había él incurrido y era de público conocimiento al estar consagrada en la ley. Por último, indicó que las accionantes carecían de legitimación por activa porque no tenían ningún vínculo con la aseguradora para el momento en que interpusieron la acción de tutela, toda vez que el contrato de seguro había terminado años atrás. 1.3. Decisión del juez de tutela en primera instancia El dos (2) de julio de dos mil catorce (2014), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado por considerar que las autoridades acusadas no habían incurrido en una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ya que, si bien algunas pruebas indicaban que el señor Strauss había autorizado el débito de todos sus productos financieros y que estos contaban con fondos suficientes para que se hiciere el débito automático de la prima, dicha valoración probatoria era irrelevante puesto que correspondía a la relación entre el cliente y el banco, y no a aquella que el primero tenía con la aseguradora. Específicamente, la Corte señaló que “[…] la autoridad acusada no incurrió en la providencia en comento en los defectos que se le pretender atribuir, toda vez que sus inferencias obedecen al ejercicio propio de sus funciones, sin que puedan tildarse de arbitrarias o antojadizas y si bien eventualmente pudiera disentirse de ellas, no se erige en razón suficiente para conceder el amparo […]”. 1.4. Impugnación Las accionantes impugnaron la decisión de primera (1ª) instancia aduciendo las mismas razones que expusieron en el escrito de tutela. 1.5. Decisión del juez de tutela en segunda instancia El doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoció del proceso en segunda (2ª) instancia y confirmó el fallo impugnado bajo el argumento de que no existía un vicio manifiesto que afectara los derechos fundamentales de la parte actora y que mereciera la especial intervención del juez constitucional. A su juicio, los jueces ordinarios habían hecho una razonable valoración del acervo probatorio encontrando ajustada a Derecho la terminación automática del contrato. Adicionalmente, señaló que las accionantes debieron haber hecho uso del recurso extraordinario de casación antes de recurrir a la acción de tutela. Razón por la cual, no habían cumplido con el principio de subsidiariedad. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del proceso de referencia con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991[14]. 2. Presentación del caso y problema jurídico 2.1. En el presente caso, la viuda y las dos (2) hijas sobrevivientes de una persona que suscribió un seguro de vida y que falleció diez (10) años después, exigen el pago de la respectiva póliza, de sus intereses y de los perjuicios que han sufrido como consecuencia de su impago. La aseguradora se opuso a sus pretensiones arguyendo que el contrato había terminado antes de la muerte del tomador porque la entidad bancaria a la que este le había encargado la labor de realizar el débito automático de las primas mensuales, no realizó el pago de una de ellas. Las tutelantes demandaron a la aseguradora por responsabilidad civil contractual, pero los jueces ordinarios, quienes no vincularon al banco, profirieron sentencia absolutoria en primera (1ª) y segunda (2ª) instancia. A su juicio, si bien existía saldo suficiente en la cuenta corriente del difunto para el momento en que debía realizarse el pago, y la entidad financiera podía debitar el dinero de cualquiera de sus otros productos bancarios, los errores, omisiones o fallas que se hubiesen presentado en dichas operaciones no excusaban al asegurado de realizar el pago, toda vez que estos problemas eran parte de la relación entre el cliente y el banco y no le eran oponibles a la aseguradora. Inconformes con estas decisiones, las tutelantes presentaron la acción objeto de revisión por la presunta comisión de un defecto sustancial o material, un defecto fáctico y una violación directa de la Constitución, causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2.2. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, le corresponde a la Sala de Revisión responder el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera una autoridad judicial el derecho fundamental al debido proceso del tomador de un seguro de vida cuando omite realizar la vinculación oficiosa de la entidad financiera autorizada por el tomador para efectuar el débito automático de la prima de un seguro de vida, bajo el argumento de que para efectos de la terminación del contrato por mora en el pago de la misma son irrelevantes las razones por las cuales no se efectuó la cancelación de dicha obligación? 2.3. Para responder a estos interrogantes, la Sala se referirá a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre (i) el periodo de gracia en los contratos de seguro de vida; (ii) la autonomía de la voluntad y la buena fe como principios rectores de los contratos civiles y comerciales; (iii) las implicaciones de la terminación automática del contrato de seguros sobre el derecho fundamental al debido proceso, y (iv) los deberes oficiosos del juez civil. No obstante, antes de ocuparse de estos temas, verificará el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, según lo dispuesto en los artículos 86 superior y 1° del Decreto 2591 de 1991[15]. Específicamente, recordará lo que ha dicho la Corte sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 3. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales – Reiteración de jurisprudencia 3.1. De la lectura del artículo 86 superior y del Decreto 2591 de 1991[16], la Corte Constitucional ha interpretado que la acción de tutela puede ser promovida contra todas las autoridades, incluidas las judiciales, cuando violan o amenazan derechos fundamentales e incumplen su obligación de velar por la vigencia de la justicia material en el proceso de aplicación de la ley que se les ha encomendado. Así lo ha indicado desde la Sentencia C-543 de 1992[17], donde afirmó: “[…] nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente […]”. 3.2. A partir de allí, la Corte ha desarrollado una doctrina acerca de la procedencia excepcional del amparo constitucional contra providencias judiciales, “basada en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial -pilares de todo Estado democrático de derecho- y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales -razón de ser primordial del Estado constitucional y democrático de derecho-”[18]. Esta interpretación ha sido reiterada por la Sala Plena en diversas Sentencias, dentro de las cuales se encuentra la C-037 de 1996[19], la SU-159 de 2002[20], la C-590 de 2005[21] y la SU-353 de 2013[22]. También la han reiterado las diversas Salas de Revisión de tutela desde que la Corporación inició funciones, tal como se evidencia en las Sentencias T-079 de 1993[23], T-158 de 1993[24], T-264 de 2009[25] y T-183 de 2014[26]. De modo que la jurisprudencia constitucional ha sido coherente desde sus inicios al sostener que algunos actos judiciales en determinadas condiciones pueden ser cuestionados mediante la acción de tutela si violan derechos fundamentales. 3.3. Así pues, la Corte ha señalado que si una providencia judicial, de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos fundamentales, la tutela constituye el mecanismo procedente y expedito para solicitar su protección. Actualmente, y como lo sostuvo la Sala Plena en la mencionada sentencia C-590 de 2005[27], la procedencia de dicha acción contra providencias judiciales está sujeta a la afectación de un derecho fundamental y al cumplimiento de dos (2) grupos de causales[28]. Por una parte, se encuentran las denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez constitucional, quien debe verificar si se cumplen en su totalidad. Por la otra parte, se encuentran las causales ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘de procedibilidad propiamente dichas’, mediante las cuales se establece si una providencia judicial violó los derechos fundamentales de una persona. A diferencia de las primeras, es suficiente con que se cumpla con una sola de las segundas, estando su análisis directamente ligado al estudio de fondo. 3.4. Las causales de procedibilidad generales, o requisitos de procedibilidad, son las siguientes: (i) que el tema sujeto a discusión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, o de proteger a un sujeto de especial protección constitucional que no fue bien representado[29]; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez[30]; (iv) que cuando se trate de una presunta irregularidad procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la Sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre y cuando hubiere sido posible, y (vi) que la providencia que se demanda no sea de tutela. 3.5. Las causales de procedibilidad especiales, específicas o propiamente dichas, comprendidas como los defectos en los que el funcionario judicial puede incurrir, han sido clasificados así: (i) defecto orgánico[31]; (ii) defecto procedimental[32]; (iii) defecto fáctico[33]; (iv) defecto material y sustantivo[34]; (v) error inducido[35]; (vi) decisión sin motivación[36]; (vii) desconocimiento del precedente[37], y (viii) violación directa de la Constitución[38]. 3.6. De acuerdo con el debate que hoy ocupa a la Sala, es necesario ahondar en la configuración de tres (3) de estos defectos por ser en ellos en los que la parte actora considera que incurrieron los jueces ordinarios: (i) el defecto material o sustantivo; (ii) el defecto fáctico, y (iii) la violación directa a la constitución. El defecto material o sustantivo se presenta cuando, en ejercicio de su autonomía e independencia, la autoridad judicial desborda con su interpretación la Constitución o la ley[39]. Específicamente, se presenta cuando el juez: (i) fundamenta su decisión en una norma derogada o declarada inexequible; (ii) basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones normativas aplicables; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía judicial, interpreta o aplica la norma al caso concreto por fuera del ámbito de interpretación razonable, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes, o cuando en la decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial. Sin embargo, no cualquier divergencia frente al criterio interpretativo en una decisión judicial configura un defecto sustantivo. Solo aquellas que resultan irrazonables, desproporcionadas, arbitrarias y caprichosas pueden ser objeto de la acción de tutela. Frente a la configuración de este defecto puede decirse entonces que, si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho. En consecuencia, la Corte ha dicho que el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta de interpretar el Derecho Penal, Civil, Laboral, Comercial, etc. Sin embargo, en aquellos eventos en los que la interpretación dada por el juez ordinario carece de razonabilidad, y cuando se cumplen los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente la intervención del juez constitucional. En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los jueces ordinarios o contenciosos administrativos son intérpretes autorizados de las normas que integran las respectivas ramas del Derecho y el juez constitucional no puede oponerles su propia interpretación, salvo que se trate de evitar una evidente arbitrariedad, o una clara violación de los derechos fundamentales de las partes. En este caso, el juez de tutela tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una vulneración del Derecho Constitucional de los derechos fundamentales como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada. 3.7. El defecto fáctico, por su parte, surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permite la aplicación del supuesto legal en el que sustenta la decisión[40]. Según lo ha explicado la Corte, este defecto se produce: (i) en una dimensión positiva cuando el juez toma una decisión sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, de una valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una prueba o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios, o (ii) en una dimensión negativa como consecuencia de una omisión en el decreto o en la valoración de las pruebas. No obstante, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio. En similar sentido, la Corte ha reiterado que las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos como tal pues, frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. Gracias a esto, el juez en su labor no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe. En consecuencia, quien conoce de la tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural. Así, por ejemplo, lo expresó la Sala Tercera (3ª) de Revisión en la Sentencia T-008 de 1998[41] en los siguientes términos: “(…) al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías”. 3.8. En relación con la violación directa de la Constitución, es importante referir que todas las causas específicas que originan la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales entrañan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta Política. No obstante, se estableció específicamente una causal denominada “violación directa de la Constitución”, que puede originarse por una interpretación legal inconstitucional, o porque la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad[42]. El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene su cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual jerarquiza la Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de fuentes jurídico-colombiano. Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría principios, valores o reglas de rango constitucional, es un deber de las autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución. 3.9. Por último, es necesario resaltar que la interposición de acciones de tutela contra providencias judiciales y la consecuente intervención del juez de tutela en pronunciamientos de otras jurisdicciones por cualquiera de los defectos descritos, no lastima la independencia o autonomía judicial cuando dicho funcionario se mantiene al margen de los asuntos puramente litigiosos, de la escogencia de interpretaciones legales válidas, o del ejercicio de las amplias atribuciones con las que cuenta el juez natural para valorar el material probatorio. La intervención específica de la Corte en los procesos judiciales está permitida cuando su competencia se restringe a los asuntos de relevancia estrictamente constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales en virtud de su posición como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, según lo previsto en el artículo 241 superior[43]. Tal como fue puesto de presente en la Sentencia T-264 de 2009[44], y reiterado en la Sentencia T-183 de 2014[45], la Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico y en sentido funcional, señalando que “[d]esde el primer punto de vista, el único órgano que hace parte de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela […]”. Razón por la cual, cuando la Corte revisa las decisiones tomadas en el curso de uno de estos procesos contra una providencia judicial, actúa como superior jerárquica de la autoridad judicial sin importar su especialidad, aplicando directamente la Constitución y estableciendo su interpretación correcta. Procedibilidad del caso concreto 3.10. En el caso concreto, la acción de amparo objeto de revisión resulta procedente, en primer lugar, porque trata de una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso. Según alegaron las accionantes, y de acuerdo con los hechos expuestos en el acápite primero (1º) de esta providencia, el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá y la Sala Séptima (7ª) de Decisión Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, incurrieron en una supuesta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el transcurso del proceso de responsabilidad civil contractual que adelantaron contra la compañía Seguros de Vida Suramericana S.A. al cometer un defecto sustantivo o material, un defecto fáctico y una violación directa a la Constitución. 3.11. En segundo lugar, la acción de tutela que se revisa es procedente porque satisface los requisitos generales de procedibilidad que la jurisprudencia constitucional ha exigido cuando se trata de tutelas interpuestas contra providencias judiciales, a saber, (i) el tema sujeto a discusión es de evidente relevancia constitucional porque alude a la supuesta comisión de un error en la impartición de justicia en detrimento de los derechos de la parte actora; (ii) se agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance en la medida en que las accionantes impugnaron la decisión de primera (1ª) instancia y no era factible presentar el recurso extraordinario de casación, toda vez que la cuantía del proceso no lo permitía[46] y se encontraban ante el riesgo de sufrir un perjuicio irremediable como consecuencia de la insolvencia económica que atravesaba la señora Ana Lucía Laverde de Strauss para atender su delicado estado de salud, el cual se había visto deteriorado por la aparición de una enfermedad catastrófica[47]; (iii) se cumplió con el requisito de inmediatez porque la acción de tutela fue presentada dentro de los tres meses siguientes a aquel en que se produjo el fallo de segunda (2ª) instancia en el proceso civil ordinario[48]; (iv) las peticionarias identificaron de manera razonable los hechos que supuestamente generaron la vulneración, así como los derechos vulnerados, tanto en su escrito de tutela, como en el marco del proceso civil ordinario[49], y (vi) las providencias que atacaron no son de tutela. 3.12. Como resultado de lo anterior, la Sala entrará a estudiar el fondo analizando el cumplimiento de las causales ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘de procedibilidad propiamente dichas’, para determinar si efectivamente las mencionadas autoridades judiciales lesionaron los derechos fundamentales de las accionantes y merecen ser revocadas. No obstante, antes de hacer lo dicho, recordará la jurisprudencia de la Corte sobre el pago de la prima como la obligación principal del tomador y como causal de terminación automática del contrato de seguro, a la luz del derecho fundamental al debido proceso y del principio pacta sunt servanda. 4. El periodo de gracia en los contratos de seguro de vida – Reiteración de jurisprudencia 4.1. La Constitución reconoce la libertad contractual y la autonomía privada en materia de contratación. Sin embargo, el artículo 335 superior impone un límite a esta voluntad al señalar que “[l]as actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”. Así, aun cuando la Constitución reconoce la libertad para contraer derechos y obligaciones, el ejercicio de las actividades descritas en la norma citada debe enmarcarse dentro de los límites del bien común, los cuales han sido demarcados por la ley y la propia Carta Política. 4.2. En la Sentencia T-490 de 2009[50] la Sala Tercera (3ª) de Revisión se refirió a los límites constitucionales a la libertad contractual en materia de seguros de vida. Al respecto, cabe anotar que la relación que surge entre una compañía de esta naturaleza y sus clientes nace y se regula a través del contrato de seguro y sus anexos contienen el monto de las coberturas pactadas. 4.3. La actividad aseguradora, por ser de interés público, habilita al legislador para regular en mayor grado los requisitos y procedimientos a que deben ceñirse los contratantes, sin que ello signifique que se eliminen de un todo principios inherentes a la contratación privada. 4.4. Dentro de aquellas normas que restringen la libertad contractual y la autonomía privada en la celebración de este tipo de contratos, se encuentra el artículo 1152 del Código de Comercio, el cual regula lo que sucede cuando el tomador de un seguro de vida ha incurrido en mora por no haber pagado oportunamente una de las primas correspondientes. Especialmente, la norma descrita señala que “[…] el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas”. Así, el legislador le concedió un “periodo de gracia” al deudor para ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones antes de autorizar a la empresa a dar por terminado el contrato. 4.5. La Superintendencia Financiera ha sostenido que el periodo de gracia “[…] corresponde al lapso que el acreedor le otorga al deudor para cumplir con su correspondiente prestación[51]”. Es decir, que se trata de un periodo en el cual el deudor debe cumplir con sus obligaciones con el fin de evitar una consecuencia para él adversa, a saber, la terminación del contrato. De acuerdo con lo anterior, la entidad aseguradora no puede dar por terminado este acuerdo, ni suspender la cobertura de la póliza a la que él se refiere, tan pronto el tomador incurre en mora, sino solo cuando este deja pasar un mes sin ponerse al día. Se hace alusión a este tema porque es uno de los aspectos a considerar con respecto al problema jurídico que analizará la Sala. 5. La autonomía de la voluntad y la buena fe como principios rectores de los contratos civiles y comerciales – Reiteración de jurisprudencia[52] 5.1. La celebración y ejecución de los contratos civiles y comerciales debe desarrollarse de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe. Así lo señala el Código Civil en sus artículos 1602[53] y 1603[54], y la Constitución Política en su artículo 83[55]. El primero de estos principios, también conocido como pacta sunt servanda, establece que las personas naturales o jurídicas tienen la facultad de contraer libremente obligaciones y/o derechos mediante la celebración de contratos. Una vez manifiestan allí su voluntad y llegan a un acuerdo, el contrato se transforma en una ley para las partes. Su terminación queda sujeta a la realización de un nuevo acuerdo, o al cumplimiento de una de las causales previstas en la ley o en el mismo contrato. Por lo tanto, mientras no hayan establecido otra cosa, ninguna de ellas queda autorizada para alterar los términos contractuales de manera unilateral porque, de lo contrario, le impondría a la otra una obligación, o le concedería un derecho que jamás consintió[56]. Lo anterior implica que, por regla general y sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley, cualquier modificación de un contrato debe estar sometida al concurso de todas las personas que lo celebraron. 5.2. El principio de la buena fe, por su parte, obliga a las partes contratantes a dar, hacer o abstenerse de hacer aquello que está de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica que entablaron y que responde a la finalidad perseguida por ambas[57]. Es decir, que según dicho principio, ambas partes deben abogar por el cumplimiento efectivo e integral de los pactos convenidos y la verdadera satisfacción de las prestaciones acordadas, mas no limitarse a cumplir estrictamente con lo que fue consagrado en el texto de manera escueta. De lo contrario, esto es, si el contrato es interpretado de manera literal olvidando los motivos que llevaron a las partes a suscribirlo, puede arrojar consecuencias jurídicas distintas a las deseadas. 5.3. Según lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corte, tratándose específicamente de un contrato de seguro, la buena fe que se espera de las partes es cualificada[58]. Es decir, que la persona no solo debe tener conciencia de celebrar y ejecutar el contrato de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y la finalidad que persiguen los firmantes. Sino que, además, debe tener certeza de que efectivamente lo está haciendo[59]. De esta manera, la buena fe aplicable a este tipo de situaciones exige un elemento subjetivo, que se refiere a la intensión del actor, y uno objetivo, que tiene que ver con la efectiva realización del comportamiento esperado. 5.4. En conclusión, la celebración y ejecución de un contrato de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe, le permite a cada uno de los contratantes confiar en la palabra del otro y tener una expectativa cierta de los efectos jurídicos del acuerdo celebrado. De esta manera, la alteración unilateral de alguno de los términos contractuales, o su lectura literal y maliciosa, se traducirían en un acto sorpresivo que traicionaría la confianza depositada. 6. Las implicaciones de la terminación automática del contrato de seguros sobre el derecho fundamental al debido proceso – Reiteración de jurisprudencia 6.1. A propósito de la terminación automática de los contratos de seguro por mora en el pago de la prima, el artículo 1068 del Código de Comercio, modificado por el artículo 82 de la Ley 45 de 1990[60], establece: “La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. || Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la carátula de la póliza, en caracteres destacados.|| Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes.” Al introducir esta reforma, el Legislador suprimió la obligación que tenía el asegurador de notificarle al tomador la terminación del contrato por mora en el pago de la prima y, este último fenómeno jurídico (la terminación) empieza a operar de manera automática, siendo deber del asegurador consignarla con caracteres destacados en la carátula de la póliza esta circunstancia. 6.2. Dicha reforma fue declara exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-269 de 1999[61]. Allí conoció de una demanda presentada contra el artículo 82 de la Ley 45 de 1990[62] por una presunta vulneración al derecho a la igualdad entre las partes contratantes y al debido proceso, bajo el argumento de que la supresión del trámite de notificación le impedía al tomador y/o asegurado realizar acciones tendientes a mantener la protección contratada. Después de señalar que la prima es un elemento esencial del contrato de seguro y la obligación principal del tomador, la Sala Plena recordó la exposición de motivos y las discusiones que atravesó la Ley 45 de 1990[63]. A este respecto, puso de presente cómo el Legislador intencionalmente suprimió el requisito de notificación con el propósito de garantizar los principios de buena fe, diligencia, equilibrio e igualdad, evitando que una de las partes pudiera beneficiarse del contrato y exigir a la otra su cumplimiento, mientras ella misma no cumplía con sus propias obligaciones por mala fe, torpeza, negligencia o descuido. Teniendo en cuenta que dicha consecuencia goza de la publicidad necesaria para que todos los interesados la conozcan y actúen en consecuencia, la Corte consideró constitucionalmente admisible que, dada la naturaleza bilateral y onerosa del contrato de seguro, operara la condición resolutoria tácita de manera automática sin necesidad de ningún tipo de aviso para sancionar el incumplimiento. Específicamente, concluyó lo siguiente: “[L]a finalidad de la reforma legal que hoy se acusa, con la sanción implementada para el incumplimiento del tomador por el no pago de esa prima, alivia en forma inmediata la carga del asegurador y lo libera de su obligación de continuar asumiendo el riesgo asegurado y, en consecuencia, si bien sanciona al tomador por la actuación despreocupada en el cumplimiento de sus obligaciones frente al contrato y al asegurador, de la misma manera impide que en mayor escala se genere un colapso en el sector que atente gravemente contra su solvencia financiera y ponga en peligro los derechos e intereses de todos los que participan en ella, en clara protección de ese interés público que la misma encierra, lo que constituye un desarrollo acorde con la Carta Política”. 6.3. No obstante, la regla general según la cual la mora conduce a la terminación automática del contrato de seguro debe ser complementada con lo dispuesto en el artículo 1152 del Código de Comercio, el cual regula la manera en que opera dicha terminación cuando se trata, específicamente, de un contrato de seguro de vida. Dicha norma señala que “[…] el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas”. Así pues, el mencionado artículo otorga un “periodo de gracia” dándole al asegurado la posibilidad de pagar la prima dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento para evitar la terminación del contrato. 7. Los deberes oficiosos del juez civil – reiteración de jurisprudencia 7.1. El proceso civil colombiano es de interés público al buscar la verdad real, la realización de la justicia y la prevalencia del derecho sustancial[64], mientras simultáneamente asigna ciertos asuntos estrictamente a las partes, tales como la decisión de acudir a la jurisdicción con el fin de presentar la demanda. Razón por la cual, nuestro sistema ostenta un carácter mixto, pues es parcialmente dispositivo y parcialmente inquisitivo. Por un lado, la iniciativa de acudir y activar la jurisdicción recae en las partes, quienes, además, tienen la obligación de ser diligentes en el cuidado de sus asuntos y de brindar al juez todos los elementos que consideren necesarios para la prosperidad de sus pretensiones o excepciones. El juez, por su parte, no es un simple espectador del proceso como sucede en sistemas puramente dispositivos, pues la ley le asigna, entre otras, las funciones de dirigir el proceso, de adoptar todas las medidas que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, de eliminar los obstáculos que le impiden llegar a decisiones de fondo y de decretar las pruebas de oficio que considere necesarias, tanto en primera (1ª) como en segunda (2ª) instancia[65]. 7.2. En relación con la debida integración del contradictorio, el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil le atribuyó dicho deber a las partes, señalando que cuando el proceso versa sobre “[…] relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas”. Sin embargo, a reglón seguido, el mismo artículo contempló la posibilidad de que los demandantes falten a su deber o se vean imposibilitados para cumplirlo, indicando que si no se logra integrar el contradictorio “[…] el juez en el auto que admit[a] la demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado”[66]. 7.3. De esta manera, si el juez civil encuentra a partir de la demanda y los elementos de juicio aportados por el accionante que existen razones suficientes para concluir que es imprescindible vincular a una parte (persona natural o jurídica) que no fue demandada para alcanzar una respuesta al problema jurídico que respete la prevalencia del derecho sustancial y se acerque al máximo a la verdad real, deberá llamarla al juicio, como presupuesto de la adecuada integración del contradictorio. De lo contrario, no podrá cumplir con las finalidades constitucionales del proceso, pues le será imposible esclarecer todos los hechos del caso y adoptar una decisión justa, en tanto refleje la prevalencia del derecho material sobre las formas del juicio. 8. Caso concreto 8.1. En el caso objeto de estudio, las señoras Ana Lucía Laverde de Strauss, Peggy Erika Strauss Laverde y Yeimey Esther Strauss Laverde interpusieron una acción de amparo contra el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá y la Sala Séptima (7ª) de Decisión Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, por la presunta configuración de una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el trascurso del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que se adelantó contra la compañía Seguros de Vida Suramericana S.A. A su juicio, las providencias atacadas adolecen de: (i) un defecto sustancial o material que se configuró, por un lado, cuando los jueces consideraron válida la terminación unilateral del contrato a pesar de que esta tuvo lugar antes de que culminara el periodo de gracia estipulado en el artículo 1152 del Código de Comercio[67] y, por el otro, porque no prestaron atención al hecho de que la aseguradora hubiera persistido en recaudar el pago de la prima después de que terminara el contrato; (ii) un defecto fáctico porque los jueces ordinarios no tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la parte actora, las cuales demostraron que el señor Strauss tenían fondos suficientes en su cuenta corriente, así como que el débito automático estaba autorizado de todos sus productos bancarios, y (iii) una violación directa de la Constitución por haber vulnerado sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad. Dado que este último defecto no fue expuesto con claridad por las accionantes, la Sala infiere que se circunscribe a una presunta interpretación legal inconstitucional, o a la inaplicación injustificada de una excepción de inconstitucionalidad, relacionada con la terminación del contrato sin notificación previa. 8.2. Los jueces de instancia negaron el amparo solicitado por considerar que las autoridades acusadas no incurrieron en una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que (i) la terminación del contrato de seguro de vida tuvo lugar después del vencimiento del periodo de gracia, surtió efectos desde el día en que se incurrió en mora porque, no habiéndose puesto al día el tomador en el cumplimiento de sus obligaciones durante el mes siguiente, la aseguradora no podía ofrecerle al tomador del seguro cubrimiento en los periodos no cancelados, y (ii) si bien las pruebas aportadas por la parte actora indicaban que el señor Strauss había autorizado el débito automático de todos sus productos financieros y éstos contaban con fondos suficientes para que se hiciera la operación para la cancelación de la prima, dicha valoración probatoria era irrelevante puesto que correspondía a la relación entre el cliente y el banco, y no a aquella que el primero tenía con la aseguradora. De acuerdo con lo anterior, sostuvieron que no existía un vicio manifiesto que afectara los derechos fundamentales de la parte actora, que violara la Constitución y que mereciera la especial intervención del juez de tutela. 8.3. La Sala Primera de Revisión comparte parcialmente la anterior apreciación en el sentido en que no advierte la comisión de un defecto sustantivo o material, de un defecto fáctico, ni de una violación directa a la Constitución en los términos expuestos por las accionantes. Con respecto al argumento de las tutelantes, según el cual la terminación automática del contrato de seguro no debía ser fechada el primero (1º) de noviembre de dos mil ocho (2008), sino el primero (1º) de diciembre del mismo año, porque consideran que surte efectos por mora en el pago de la prima cuando el tomador no se pone al día en el cumplimiento de sus obligaciones durante el mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, según lo ordena el artículo 1152 del Código de Comercio, en el caso concreto no se puede inferir que la interpretación realizada por las autoridades judiciales haya vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora. 8.4. Tampoco considera la Sala que los jueces ordinarios incurrieron en un defecto sustantivo o material al pasar por alto que la empresa aseguradora intentó cobrar las primas atrasadas después de que venciera el periodo de gracia porque no se desprende de allí una afectación a sus derechos fundamentales. Si bien es cierto que dicho periodo se extiende por solo un mes y que, posteriormente, se produce la terminación automática del contrato de seguro de vida por mandato expreso del artículo 1152 del Código de Comercio[68], el cobro fue infructuoso y la aseguradora manifestó haberlo extendido con el ánimo de favorecer al deudor. 8.5. Respecto de la presunta comisión de un defecto fáctico en dimensión negativa por haber omitido valorar aquellas pruebas que demostraron que existían fondos suficientes en la cuenta de ahorros del señor Strauss para el momento del cobro de la prima, de los cuales podía haberse realizado el débito automático, solo bastaba corroborar que el difunto hubiese incurrido en mora y no se hubiese puesto al día durante el mes de gracia. Las razones que lo llevaron a incumplir sus obligaciones eran ciertamente irrelevantes para efectos del proceso porque, independientemente de la responsabilidad que tuviera la entidad financiera o cualquiera otra persona en el débito fallido, lo que se debatía era estrictamente la legitimidad de la terminación automática del contrato por parte de la aseguradora. Esta lectura del ordenamiento jurídico resulta acorde con la Carta Política pues se fundamenta en el principio pacta sunt servanda, así como en los principios de buena fe, diligencia, equilibrio e igualdad...